Jueves, 20 Noviembre 2008 20:07

La Universidad se piensa

Escrito por Gonzalo Arcila, Manuel Hernández y Diego Marín
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Preocupados por el presente y el futuro de la educación superior, cada vez con mayor tendencia a su privatización, e incluso sometida a una regresión “para reducirla a una educación de élites”, Manuel Hernández (centro), abogado, literato y docente universitario; Gonzalo Arcila (derecha), psicólogo y profesor; y Diego Marín (izquierda), estudiante y representante de los educandos ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, sede Bogotá, entablaron un diálogo que los llevó por distintos espacios e interrogantes atinentes a la Universidad.

Gonzalo. Lo primero que deseo expresar, para provocar sus opiniones sobre esta temática de la educación superior y el futuro de la Universidad, es que el uribismo tiene una gran preocupación con los maestros, los estudiantes y la institución universitaria. Le preocupa no tener capacidad de influir en las universidades porque el uribismo no argumenta; trabaja con la modalidad carismática, la universidad para ellos es un enigma y el modo de enfrentarlo ha sido crear la idea de que la Universidad es un escenario del conflicto armado; que es una escuela de terrorismo.

Diego. Ese es un aspecto, que se denota con la inexistencia de una política pública de educación superior en el actual gobierno, porque de hecho las reformas que implanta son muy similares a las globales de la educación superior. En eso nos parecemos mucho, por ejemplo, a las actuales reformas europeas que están articuladas a fenómenos como los acuerdos internacionales de comercio. Si uno detalla las reformas en la universidad europea, tanto en la francesa como en el norte de Europa, se percata de que pretenden lo mismo: disminuir los períodos de permanencia de los estudiantes dentro del centro de estudios, priorizar las carreras técnicas o tecnológicas, y desmontar los auxilios directos del Estado. Incluso, donde no existían instituciones privadas, Noruega, Suecia, Dinamarca, donde toda la educación era pública, se financia la aparición de instituciones privadas y su funcionamiento. La política pública de educación en Colombia es un calco de lo que están implementando en la mayoría de universidades del mundo.
Y esa no es la Universidad que necesitamos ni las reformas que se debieran implementar para que ganen calidad y cobertura. Si detallan, lo que esas reformas tratan es de acoplar la universidad colombiana a las reformas que hoy exige la propia transformación del capital.
Bien. Pero aunque estas reformas en curso en el país sean similares a las ya implementadas en otros países, aquí, con el uribismo, el tratamiento brindado a las universidades se minimiza a una cuestión de orden público. En eso hay cifras para presentar; por ejemplo, si miramos el informe de derechos humanos correspondiente al primer período del gobierno de Uribe, nos aterramos. Violaciones en derechos humanos a los estudiantes universitarios por semana: desplazamiento, amenazas y asesinatos. En lo que va corrido del gobierno de Uribe, van 16 estudiantes asesinados, lo que prácticamente nos da un estudiante asesinado por semestre. Esto nos obliga a preguntar, ¿Qué significa hoy la Universidad para el poder?
Ustedes recordarán que la Universidad del Atlántico fue, digamos, el proyecto piloto del actual gobierno para implementar las reformas que luego se extenderá a todas las universidades vía Plan Nacional de Desarrollo. Por eso se presentó una reacción tan fuerte del estudiantado, la cual terminó con una bomba en el estadio de softbol de la sede norte de la Universidad del Atlántico, donde muere un estudiante; otros, creo, resultan heridos y hoy tenemos a cinco estudiantes en la cárcel acusados de haber puesto la bomba, cuando todos sabemos que fue un montaje.

Manuel. Importante lo anotado. No hay mucha diferencia en lo que se pretende hacer con la universidad colombiana de lo abordado para distintos países en sus documentos y proyecciones por el Banco Mundial del año 94. O sea, hay una labor de intimidación y terrorismo de Estado frente a la libertad del estudiante para escoger el modelo de educación que quiere. También me parece que en Colombia avanza con éxito el proceso de una reproducción ideológica sumamente perniciosa, muy atrasada y que contempla los peores vicios de la educación autoritaria, religiosa, machista, logocéntrica, faloegocéntrica del momento mundial.
El modelo de universidad del Banco Mundial se aplicó. Pero nadie ha querido decir que fracasó, que el empleo sigue brillando por su inexistencia, que la juventud no tiene empleo. En el nivel estadístico, la multitud de estudiantes universitarios del mundo no tiene empleo. Tendrán empleo, máximo, un 17 ó 19 por ciento de los egresados de la universidad. Ya en el 80 circulaba el chiste de que un matemático en Londres se había ganado la tesis laureada del doctorado demostrando una fórmula matemática según la cual él nunca iba a tener empleo.

Gonzalo. En Saldo en rojo, libro de Constanza Cubillos, un diagnóstico de la universidad colombiana en su momento, el prologo a cargo de Antanas Mockus subrayó un hecho: la presencia del narcotráfico en universidades colombianas y el clientelismo político más rampante. Eso hace una década, una situación que se ha agravado.
La universidad fue siempre un ciclo de formación de las élites. Históricamente fue para núcleos muy reducidos, lo que se altera en el siglo pasado, en la década del 60. Esa modificación es la premisa sobre la cual se movilizan los jóvenes estudiantes y se convierten en actores planetarios de la política. Eso es Mayo del 68. Luego de 40 años, la situación quiere ser revertida.
En el informe del Banco Mundial sobre crecimiento económico de 2008, se sostiene la siguiente tesis: para estos países, el Estado y la sociedad en su conjunto deben garantizar el ciclo básico de formación: lo cual requiere recursos inmensos. En esa perspectiva, la Universidad no es importante y no debe recibir recursos. Se sostiene finalmente que para el funcionamiento de los procesos económicos y productivos es suficiente con la inversión extranjera, que trae su tecnología; por tanto, no se necesitan universidades. Lo que se requiere es una formación básica, y, en caso de que se insistiera en formación universitaria, ésta debe ser privada. Eso hay que pagarlo; no es un derecho. Ya no se puede pensar la política universitaria como un asunto sectorial. Entonces, tal política hoy se articula con los problemas estructurales del conjunto social.

Diego. Hay ejemplos que así lo indican. Con la aparición de los modelos de las llamadas universidades corporativas, son estos centros de instrucción, como el de Colsanitas (McDonald’s tiene una universidad, al igual que Disney y Microsoft), donde se aprende lo básico para ser absorbido por la propia empresa que brinda la educación. Es claro que no son universidades sino institutos, pues allí no se accede a lo más avanzado de la cultura universal sino a técnicas. En Bogotá tenemos el ejemplo de este tipo de educación, brindado en la Universidad de Ciencias de la Salud –que queda por El Salitre–, donde forman los profesionales para trabajar en una EPS. Dudo de que allí se forme un profesional integral de la salud.

Gonzalo. Comparto lo expresado por Diego. Las llamadas universidades de las organizaciones corporativas no son tales; en el nombre hay una falacia retórica. En realidad son centros de entrenamiento para resolver problemas prácticos de una organización, asunto que no me parece negativo, pero hay que llamarlos como lo que son: centros de adiestramiento, no universidades.

Diego. Un debate muy fuerte, y nosotros acabamos de vivirlo en la Universidad Nacional a propósito del cambio en el reglamento estudiantil. En el discurso, ellos decían que hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, que hacen que el estudiante de hoy tenga que ser distinto del de hace 20 años, y por eso el estatuto estudiantil no contempla esa posibilidad; es un reglamento estudiantil, digamos rígido, que no se adapta a las flexibilidades que hoy son necesarias para el proceso de formación de la gente en la Universidad. Un debate que a mí me parece que hay que plantear, y es si efectivamente uno va a la Universidad a recibir un paquete de conocimientos que uno encuentra en internet.

Gonzalo. Ese es el reto hoy, y hay que enfrentarlo teniendo en cuenta de qué se trata: de nuevas generaciones. ¿Cómo llegan a la Universidad? Por ejemplo, se dice: “Esos muchachos que llegan no saben leer ni escribir; eso es un desastre. Llegan, además jovenciticos; hay unos hasta de 15 años; no tienen disciplina; eso es un desastre total”. Y al mismo tiempo se dice, “Véanlo todo, ahí está internet”, que coja su bolsita de créditos, y que él vaya armando su carrera como un rompecabezas. Entonces, esas son formulaciones que muestran que no hay –y eso es lo preocupante– un debate de verdad, no hay una preocupación genuina, no se están buscando soluciones; se está trabajando con automatismo, se está trabajando con formulaciones de la pragmática de la Administración.

Manuel. Un rector de una universidad privada gana, más o menos, 70 millones de pesos mensuales, y un profesor, que corre a trabajar en varias universidades, a lo sumo cuatro millones quinientos. A mí me parece sumamente importante que digamos las cifras. Es decir, si hay un sitio donde la explotación es salvaje, es en la Universidad, como está entendida hoy. Es mucho más grande la explotación que en una fábrica.

Gonzalo. Por eso es una falacia hablar de educación para toda la vida. A uno lo educan las generaciones mayores hasta un ciclo, y uno llega a la conclusión biográfica de que ya no necesita que lo eduquen. Necesita cómo tratar de sobrevivir, porque la lógica de la existencia lo llevó ahí. Entonces, uno ya no puede suscribir esa formulación de “educar para toda la vida”. No. A las nuevas generaciones hay que formarlas para la investigación como proyecto personal de realización.

Diego. Partiendo de la idea de que no se trata de defender lo que tenemos sino más bien de problematizar sobre qué tipo de instituciones se necesita para esa emancipación. El hecho de que hoy los jóvenes tengan que enfrentarse a esta sociedad deteriorada culturalmente, que el profesor Gonzalo llamó de administración pragmática, es lo que ratifica a la Universidad como ese escenario para el debate. Porque la otra opción es dejar que todos los jóvenes se vuelquen a la internet en busca de que Wikipedia les resuelva sus preguntas sin que efectivamente haya posibilidad alguna de liberación conceptual o de filosofar, que es lo que permite el escenario de la universidad.
En efecto, tiene que haber transformación, pero ratifico la necesidad de la existencia de una institución como la Universidad. Es decir, yo no veo, en el caso colombiano, la posibilidad de avanzar en una sociedad distinta sin contar con esa institución. Va a ser muy difícil. Y, por eso, me baso un poco en el hecho de que, sin tratar de defender lo existente, por lo menos lo que hay es mucho mejor de lo que me están ofreciendo. Y el primer paso es defender eso que tenemos ahí, pero desde la perspectiva de que también necesitamos transformarlo, y de que construir esa sociedad más democrática, más igualitaria, tiene que ver también con problematizar el tema de la Universidad.

Manuel. Reconozcamos que lo que hay es mejor que lo que nos ofrecen, y que no estamos de acuerdo con lo existente. Es decir, nosotros no estamos aquí para trazar caminos sino para reconocer aporías, dificultades, callejones sin salida que la vida también presenta. Es obvio que lo que hay es mejor que lo que nos ofrecen, si lo que nos ofrecen es esa universidad de administración de bolsas de créditos. Es mucho mejor lo que hay. Pero también lo que hay es una servidumbre de los peores intereses capitalistas.

Diego. De todas maneras, hay que ubicar cosas claras. Primero, que no podemos bajarnos de la idea de que, a pesar de todo lo malo que nos ofrecen, en el centro del debate siguen estando las mismas reivindicaciones clásicas de la Universidad: temas como la educación como derecho, la cobertura, la autonomía, la democracia. Es decir, cuando uno coge todo esto que hemos debatido acá, aplicándolo a lo que sería esa nueva institución, y luego se pone en el papel de defender lo que hay, que es el primer paso, frente al avance de la política educativa del Gobierno, se da cuenta de que estamos ante una lucha con los mismo ejes centrales que la lucha clásica sobre la Universidad en este país: cobertura, autonomía, financiación estatal. Es decir, no ha variado; no hemos avanzado mucho. Y ahí ya viene otro cuestionamiento que quiero poner acá, que no quiero dejarlo para una futura charla, y es: ¿Quiénes son los que tienen que defender la Universidad? ¿Solamente los estudiantes? ¿El conjunto del estamento universitario? ¿La sociedad en pleno? Porque el problema en nuestra sociedad es que, en medio del deterioro cultural que padecemos, cada uno defiende sus intereses y necesidades.

Gonzalo. En esa lógica, defendiendo la Universidad, situándola en perspectiva presente y futura, diré que no necesitamos profesores de hora cátedra; necesitamos profesorado. Es decir, el profesor que dicta clase pertenece al pasado. Ahora se necesitan equipos que desarrollen programas de investigación que, además, respondan, por ejemplo, a la lógica que planteó Thomas Kuhn. La lógica de las revoluciones científicas, de revoluciones permanentes en la ciencia que involucran un esfuerzo muy exigente, que es un esfuerzo que los jóvenes desean. ¿Por qué a los jóvenes les gustan los deportes extremos? Es obvio, porque los llevan a exigirse al máximo.

Manuel. Entonces, ¿cuál es la idea que hay que meterle a la Universidad para que pueda tener esas dos potencias dentro de sí? Ser crítica del progreso y, sin embargo, generar los avances kuhnianos de las revoluciones científicas. Cómo hacer eso en serio, sistémicamente, para que el estudiante lo entienda y, en vez de volverse un escéptico rumbero, se convierta en un rumbero capaz de emanciparse a través de la inteligencia.

Gonzalo. Para avanzar en esa dirección, por ejemplo, cosas que podemos hacer ya con respecto a la Universidad: abrir o estimular el debate, potenciar una reforma radical a la Ley 30. Otra cosa que debemos y podemos hacer, sobre los maestros universitarios, es que cuenten con un estatuto docente universitario que sea para todos. Es decir, que si usted es maestro universitario en La Guajira o en Bogotá, tenga el mismo estatuto.
Estas son algunas de las ideas que incitaron a esta cita. Debemos continuar la reflexión. Esperemos a ver qué dicen los lectores del periódico, para retomar lo ya enunciado, además de otros temas que tienen que ver con la Universidad, la real y la soñada por la juventud, no sólo la que anhelan los empresarios.


 

Universidad Distrital. Corrupción, lucha política y capucha


Por, Fernando Salazar Riveros

Hace algunos días, la senadora Gina Parody y el concejal Felipe Ríos aterrorizaban a los padres de familia de los jóvenes que estudian en las universidades públicas, en especial a los de la Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá, refiriéndose a este centro educativo como nido de terroristas, donde hasta sus directivas aceptan y estimulan tan bochornoso escenario.

¿Pero, que significa realmente la Distrital para la capital y el país? En realidad, en este momento es la segunda universidad en cobertura en la ciudad después de la Nacional, y la quinta en el país, con 27 mil estudiantes. Pero el elemento que la caracteriza es su composición social y popular. A diferencia del resto de universidades capitalinas, la mayoría de sus estudiantes, el 72,2 por ciento, es de los estratos 1 y 2, con costo promedio de matricula de $ 97.000 a $ 135.000.

La Institución ha estado jugando en medio de dos bandos: problemas estructurales de administración y gobernabilidad interna, y francos adversarios fuera de ella. En su interior, la autonomía universitaria estipulada por la Constitución Nacional de 1991 se utilizó para el control burocrático y contractual de unos pocos que desde allí apalancaron sus intereses políticos y económicos, y no el espíritu de autonomía y libertad de una comunidad académica. Producto de este proceso, la Universidad tan solo tiene 254 empleados públicos, mientras cuenta con casi 900 órdenes de prestación de servicios cada año, que mueven la lucha interna de la participación política de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, egresados, directivos y trabajadores); asimismo, en el ámbito docente, para 2007 había 1.738 profesores, de los cuales 522 eran de planta, con estabilidad laboral, y 1.226 de vinculación especial u hora-cátedra en la mayor de las inestabilidades laborales y las más inequitativas condiciones salariales frente a sus colegas, lo cual los lleva a asumir no sólo el principio de subordinación laboral sino también la subordinación político-electoral.

Es de considerar que en la década de los 90 del siglo XX, muchos de quienes gozaban de legal y legitima estabilidad laboral pública, expresada en la Convención Colectiva, rompieron cualquier ética del movimiento de los trabajadores frente a lo público y popular. Ni qué decir de los administradores, como es el caso de un ex rector encargado por tres meses y que en la actualidad percibe $ 16.000.000 mensuales de pensión, presupuesto que, si bien no genera gran impacto en el monto global del presupuesto de la Institución, sí repara mucho de las intenciones de un liderazgo y la representación en el interior de la misma. Este caso es uno más de los 430 procesos de pensiones demandadas ante el Consejo de Estado por factores extralegales.

Pero no sólo hay contradicciones en el régimen laboral o burocrático de la Universidad. Vale la pena observar el Control de Advertencia de la Contraloría de Bogotá al Alcalde Mayor de la ciudad sobre la Institución, emitido el 23 de junio del 2006, en que le expresa la debilidad del centro de estudios frente a sus estados financieros, el control interno y las garantías a los procesos contractuales, lo que pudiera llevar hoy a intervenir el Instituto de Extensión de la Universidad y quizás el Bienestar Universitario, que tiene por reglamento el 10 por ciento de los ingresos del Centro.
 
Estos errores han servido para que los enemigos de lo público propongan desde el cierre de la Universidad hasta políticas de autofinanciación vía pago de matriculas y venta de servicios, lo cual puede resultar inviable porque el pago actual de matriculas no cubre ni el 10 por ciento de sus ingresos. Claro que no es una propuesta ingenua; la universidad debiera incrementar el valor de la matrícula en algo más del ciento por ciento, de modo que esté en igualdad de condiciones frente a cualquier universidad privada. Esto hace que el Distrito se pliegue a la política nacional de subsidio a la demanda, es decir, créditos para poder otorgar un mínimo de cobertura en educación superior, difícil para los estratos 1 y 2, los cuales pudieran verse empujados hacia los institutos privados de garaje que montan en las esquinas de los barrios populares de Bogotá y que ofrecen supuestas carreras tecnológicas cuyos costos van de 300 mil a 900 mil pesos, sin supervisión administrativa, curricular o de infraestructura y dotación. ¡Buen negocio! Para algunos políticos y mercaderes de la educación.
 
Hoy, la Universidad se enfrenta a otro momento crucial, social y político, para su comunidad educativa. Este año, cuando se eligió nuevo rector, los interesados, para bien o para mal del alma máter, sabían lo que estaba en juego: se llevaría a cabo la ejecución de un presupuesto de $ 158 mil millones de pesos en los siguientes tres años, provenientes del impuesto de estampilla de la Distrital, en reconocimiento a sus 50 años de funcionamiento (1950-2000). Está determinado que estos dineros se distribuyan así: “40 por ciento para desarrollo físico, 20 por ciento para planta física, 15 por ciento para fondo de pensiones, 10 por ciento para desarrollo científico, 5 por ciento para promover doctorados, 5 por ciento para bibliotecas y 5 por ciento para red de datos”. Este presupuesto, más la voluntad política que hoy ofrece el Distrito de fortalecer la Distrital, es una posibilidad para construir la universidad pública y popular de la ciudad, que ofrezca respuesta para las necesidades en materia de innovación en ciencia y tecnología, que amplíe cobertura con calidad, que dé ejemplo de gobernabilidad con democracia, que sea del tamaño de la ciudad.

Estas aspiraciones serán posibles únicamente si la Universidad cruza por una reestructuración a fondo y en la cual sus actores reflexionen más allá de intereses inmediatos, y la comunidad académica se apropie de unos claros propósitos, y esté dispuesta a luchar contra la corrupción y los privatizadores que, encapuchados en distintas instancias, quieren impedir que la Distri sea una universidad pública y popular.
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