Viernes, 23 Enero 2009 12:15

Diez años después del pacto Paramedellín

Escrito por Jaime Sorín
Valora este artículo
(0 votos)

A finales de 1999, Carlos Castaño brinda una entrevista al noticiero Caracol en la cual anuncia su ingreso oficial en Medellín, atendiendo un llamado que empresarios y políticos de la región le habían hecho, situación confirmada por el entonces alcalde Juan Gómez Martínez. Pasan dos años y, luego de tres meses de la posesión de Luis Pérez como alcalde de la capital antioqueña (2001), al despacho de Jorge Enrique Vélez, secretario de Gobierno, llega una misiva vía fax en la que Carlos Castaño anuncia la llegada de las auc a la ciudad.

El primer acto de paramilitarismo relativo a este anuncio se presentó el 30 de abril de 2001 en el barrio Picacho (Comuna noroccidental), lugar donde tres personas fueron ejecutadas por un grupo de aproximadamente 20 militares de la Cuarta Brigada, al mando para la época del general Mario Montoya. Este barrio contaba con presencia de La Banda de Frank, uno de los grupos armados de delincuencia común que no firmaron el pacto con Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’, para conformar el Bloque Cacique Nutibara. Hay que recordar que a nombre de esta banda se había amenazado al entonces Secretario de Tránsito de Medellín, el ya mencionado Jorge Enrique Vélez.

Desde ese año, la Secretaría de Gobierno inicia el proceso de conformación de mesas barriales, espacio en el cual se les abre un escenario político a los representantes paramilitares, así como al impulso de la campaña electoral que llevaría como candidato de los mismos a Jorge Enrique Vélez. Es de recordar, igualmente, que las mesas surgen luego de una conversación que tuvo con Carlos Castaño el obispo auxiliar de Medellín, Darío Monsalve. A esas mesas, el municipio vincularía a la Secretaría de Gobierno y la Iglesia Católica, la Universidad Pontificia Bolivariana y el naciente Programa Arquidiocesano de Reconciliación (PARE).

En 2002, en la saliente Presidencia de Andrés Pastrana y la entrante de Álvaro Uribe Vélez, se desarrollan operaciones militares que permiten la consolidación militar y paramilitar en varios barrios de Medellín, entre ellas las recordadas operaciones Mariscal y Orión. Durante aquel año, según manifestó uno de los sacerdotes encargados del PARE, contactaron a Mario Uribe Escobar, primo del actual Presidente, quien sirvió de puente para conformar la dinámica de ‘desmovilización’ del Bloque Cacique Nutibara, primer componente militar que iniciaría este proceso de las auc.

En 2003 se llevan a cabo las elecciones para Alcaldía, con el triunfo de Sergio Fajardo. El 25 de noviembre se ‘desmoviliza’ el Bloque Cacique Nutibara de las auc, y cinco semanas después, el 1 de enero de 2004, se posesiona Fajardo, quien designa como secretario de Gobierno a Alonso Salazar.

Para nadie era un secreto que la desmovilización no era tal. Ni todos los supuestos desmovilizados le habían servido al paramilitarismo ni todos los paramilitares se habían presentado. Esto lo sabía la recién instalada administración. Durante las dos primeras semanas, las denuncias sobre paramilitarismo en la ciudad, de boca de Alonso Salazar, no se hicieron esperar. Sin embargo, dos semanas después la versión cambió. Como se pudo conocer en ese momento, el Presidente y algunos empresarios se comunicaron con el Alcalde de Medellín y lo presionaron para que no se tratara el tema de esa manera, recomendando omitir esa expresión, y resaltando la necesidad de enfatizar en la pertinencia económica y política de la ‘desmovilización’. A partir de allí, los dos renovadores de la política local asumen el lenguaje oficial. Por su parte, los ‘desmovilizados’ constituyen la Corporación Democracia y una serie de filiales (a ella pertenecían Antonio López, conocido como Job, y alias Rogelio). Dentro de tal dinámica, Jorge Gaviria, ex convicto por delitos de narcotráfico en Estados Unidos y hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, es nombrado en el proceso de seguimiento y acompañamiento como Director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.

La propaganda oficial sobre el efecto positivo de la ‘desmovilización’ paramilitar en Medellín se alimentó con la reducción de las cifras de homicidios, datos que en 2002 tuvieron su máximo pico e iniciaron un proceso de descenso hasta 2007. Sin embargo, las cifras departamentales eran contrarias. Una de las explicaciones halladas por los investigadores del comportamiento de la violencia municipal y departamental, es que muchas de las víctimas de Medellín fueron reportadas como homicidios en otras jurisdicciones.

Inscritos en la historia oficial, Sergio Fajardo y Alonso Salazar inician una cruzada nacional e internacional por afirmar que en Medellín no había grupos paramilitares, y, como el lenguaje se reinventa, se acuñó la nueva expresión “bandas emergentes”. Mientras tanto, en las barriadas de Medellín los habitantes se sometían al control territorial y las normas que los ‘paras’ imponían. Para muchos, se estableció un acuerdo de gobernabilidad entre la administración municipal y los paramilitares, acuerdo conocido satíricamente como donbernabilidad.

Elecciones, acuerdos y disputas

Durante 2006 y parte de 2007, Alonso Salazar inicia su campaña electoral para la Alcaldía de Medellín y es remplazado como Secretario de Gobierno por Gustavo Villegas, apasionado defensor del supuesto proceso de negociación, crítico fuerte de los denunciantes de la presencia paramilitar en la ciudad y servil constante de la Corporación Democracia. En este último año, Alonso vence en las urnas con acuerdos que todavía no son claros. Por debajo, llegó a negociaciones con sectores del Polo Democrático; con partidos y personalidades uribistas, entre éstas José Obdulio Gaviria y Lina Moreno, esposa del Presidente de la República; con sectores independientes y con líderes sociales que eran relacionados con el paramilitarismo. No obstante, oficialmente los paramilitares apoyaron a Luis Pérez. Según declaraciones de Diego Fernando Murillo, éste apoyó económicamente la campaña de Alonso Salazar. Luego la duda cabe.

Alonso, como alcalde, fiel a la doctrina del lenguaje oficial, conservó en su primer año de gobierno una postura de no reconocimiento de la existencia del paramilitarismo en la ciudad. Pero, a través de su secretario de Gobierno, Jesús Ramírez, un día después de su posesión se embarcó en lucha contra el grupo paramilitar que controla el centro de Medellín. No es claro aún si la confrontación era contra todos los sectores y bandas que integran el paramilitarismo, pero la actuación oficial despertó susceptibilidades entre las bandas, las cuales decidieron actuar contra la nueva Administración.

En poco tiempo el avispero se alborota. Es así como se inicia una persecución contra la ‘oficina’ de Envigado, filial de Diego Fernando Murillo, y la Corporación Democracia, al igual que el grupo paramilitar liderado por Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, hecho que termina con la captura de Gustavo Villegas, funcionario de la administración municipal, y del jefe de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, hermano de Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior. Asimismo, se abre investigación contra el general de la Policía Marco Antonio Pedreros, director operacional de la institución, cuando se desempeñaba como comandante de la región 6 (Antioquia y Córdoba).

A pesar de lo anterior, el auge del control de los grupos paramilitares en la ciudad se hace cada vez más notorio. Desde 2004 no se veía la presencia abierta ni el patrullaje de civiles armados en barrios de Medellín. En su zona nororiental, de nuevo se evidencia el control de algunos sectores donde las personas son observadas o interceptadas por armados. Según fuentes oficiales, cada barrio de la Comuna 13 tiene en promedio tres combos, conformados por ‘desmovilizados’, nuevos paramilitares y delincuentes comunes que venden sus servicios al mejor postor.

Esta situación cambia la cotidianidad y la apariencia de seguridad en la urbe. Los poderes se enfrentan. No es claro si la disputa entre algún sector de la administración municipal y grupos paramilitares haya hecho que se rompiera el pacto de no agresión, pero éste ha explotado: los muertos ya aparecen en la ciudad (la tasa de homicidios creció en un 35 por ciento en 2008). Esta ruptura puede ser fruto también de la extradición de los principales capos, lo que hace que el poder de la ciudad esté en disputa. Lo cierto es que el reinado paramilitar de estos últimos seis años en Medellín está creciendo, pero, a diferencia de hace un año, su incremento es amorfo, y resulta evidente la disputa entre sectores por el control de pequeños territorios.

Por su parte, hay un sector político de Medellín que cohabita de manera más abierta con el paramilitarismo y que hoy quiere retomar el poder. Por ello las constantes denuncias de Luis Pérez Gutiérrez, candidato perdedor en las pasadas elecciones a la Alcaldía, o de parlamentarios como Jorge Enrique Vélez, este último ficha clave en la parapolítica antioqueña a quien la Corte Suprema de Justicia está en mora de abrirle investigación.


Visto 7935 vecesModificado por última vez en Viernes, 23 Enero 2009 17:07

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.