Miércoles, 27 Noviembre 2019 08:38

Cataluña: la disputa por la lógica democrática

Escrito por Toni Garcia Villaraco
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Cataluña: la disputa por la lógica democrática

El pasado 14 de octubre, tras aproximadamente dos años de juicio, el Tribunal Supremo español dio a conocer la Sentencia por medio de la cual juzgó a diversos líderes del proceso independentista catalán por la organización y realización de un referéndum de autodeterminación. Lo duro de las sentencias no deja dudas de sus pretensiones.

 

Noventa y nueve (99) años de prisión, este es el total de años que suma la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo español en contra de líderes políticos y soliciales del proceso indepedentista catalán. Todo un exhabruto.

Sin duda, estamos ante una decisión judicial que niega la realidad política de un conflicto territorial, por el derecho a la soberania de los pueblos, y con la cual, se expresa un poder autoritario que pretende mantener la unidad del Estado español a las malas, más allá de la realidad.

Entre las condenas proferidas, la más alta afecta a Oriol Junqueras, ex-Vicepresidente de Cataluña, condenado a trece años. Asimismo, destacan penas como la de la anterior presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, quien deberá cumplir once años y medio. Y no solamente cargos políticos electos han sido juzgados y condenados, sino también líderes sociales como Jordi Sánchez o Jordi Cuixart (pertenecientes a las organizaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural respectivamente), cada uno delos cuales deberán cumplir nueve años tras las rejas.

Lo decidido por los jueces, que condenan principalmente por delito de sedición, ha generado un importantísimo rechazo por parte de las instituciones catalanas así como por parte de las organizaciones sociales y los movimientos populares. Se destaca que ha sido un juicio político, a todas luces con una resolución desproporcionada que ha condenado las ideas de los acusados y no sus actos, y que ha buscado más la venganza que la justicia.

 

El Procés

 

Pero todo esto tiene su antecedente. Con el nombre de Procés se conoce al proceso social y político que desde 2012 reivindica la posibilidad de que Cataluña decida libremente, a través de un referéndum de autodeterminación, si quiere mantenerse vinculada al Estado español o si, por el contrario, prefiere independizarse y formar un Estado propio en forma de República.

Desde 2012 este movimiento de carácter soberanista no ha hecho más que crecer, tanto en el ámbito social (en el cual se ha mostrado un apoyo popular masivo, unitario y basado en la no-violencia como herramienta de transformación) como en el ámbito institucional (donde se han conseguido diversas mayorías parlamentarias inequívocamente independentistas).

En todo el tiempo transcurrido el soberanismo catalán ha interpelado constantemente al Estado español para buscar una solución pactada al conflicto territorial. Nunca se ha encontrado, sin embargo, con un interlocutor dispuesto a dialogar y acordar una solución política (cosa que sí se ha hecho con toda normalidad en otros lugares como por ejemplo en Quebec o Escocia). Esto ha ido suponiendo, como es lógico, una creciente desafección y un deterioro de los vínculos políticos y sociales entre Cataluña y España.

Con esta situación de bloqueo político se decidió, desde las instituciones políticas catalanas, realizar un referéndum de forma unilateral, el cual fue previsto para el día 1 de octubre de 2017,el que, defendido masivamente por la población catalana, se llevó a cabo en unas condiciones especialmente anómalas de represión desproporcionada. Recordemos: este uso de la fuerza se ejercía simplemente porque la ciudadanía quería votar. Más allá de la postura de cada cual hay en todo esto, por lo tanto, una disputa por el sentido y la calidad de la democracia en el Estado español. 

Aquella jornada marcó un punto de inflexión y de ruptura que tuvo como principales consecuencias la intervención de la autonomía política de Cataluña (a través del Artículo 155 de la Constitución española) y el inicio del proceso judicial al que aludimosal inicio de este artículo. Esta judicialización, cabe destacar, supuso el exilio de diversos cargos políticos, entre ellos el ex-presidente de Cataluña, Carles Puigdemont).

Los dos años que van desde la realización del referéndum hasta la actual sentencia judicial condenatoria han supuesto un tiempo marcado por la situación de prisión provisional para todos aquellos políticos y líderes sociales acusados que decidieron no ir al exilio. Esta medida carcelaria, cabe destacar, ha sido denunciada como excesiva por parte organismos reputados y prestigiosos como por ejemplo Amnistía Internacional. Más allá de este hecho, estos dos años han transcurrido como un período de recomposición de fuerzas donde ha reinado una calma tensa.

 

Sin tregua

 

Esta aparente tranquilidad, sin embargo, se ha visto completamente desbordada tras la Sentencia. La sociedad civil de Cataluña ha respondido masivamente exigiendo la inmediata puesta en libertad de los presos políticos. Las acciones se han dado en todo el territorio catalán desde el mismo día en que se hizo pública la sentencia, y han supuesto multitud de protestas descentralizadas, tales como concentraciones, acampadas, marchas o cortes de carretera.

En la organización de estas acciones cabe destacar a Tsunami Democrático. Esta ha liderado (de forma anónima, sin estructura organizativa conocida y mediante comunicados a través de redes sociales y app’s) las principales y más contundentes movilizaciones, entre las que destaca la ocupación del aeropuerto de Barcelona (que supuso la cancelación de más de un centenar de vuelos) o el boicot que forzó la suspensión del ‘clásico’ del futbol, el Barcelona - Real Madrid, el cual debía jugarse en la capital catalana.

La respuesta de estas y muchas otras acciones no han supuesto cambio alguno en el Estado español, que ha seguido abogando por la vía represiva y judicial. Así pues, como consecuencia de las jornadas de protesta, ha habido en el último mes centenares de detenidos y hasta veintiocho personas que se encuentran actualmente en prisión provisional. Cabe destacar, además, un gran número de represaliados que han sufrido abusos y excesos de violencia por parte de las fuerzas policiales.

Lo hasta aquí narrado permite sacar dos conclusiones interesantes. La primera: el Estado español sigue negando el sentido de la política y, manteniendo su actitud demofóbica, se muestra incapaz de usar la negociación y el pacto como herramientas de resolución. Por el contrario, ha puesto (y seguirá poniendo) todos sus instrumentos de judicialización y represión al servicio de la (supuestamente) indisoluble unidad de España.

La segunda: cuando la ciudadanía ha trabajado de forma masiva y unitaria, a través de la desobediencia y la no-violencia, ha conseguido desbordar democráticamente al Estado. Solo así, con el poder de la gente organizada, los derechos son conquistados y la democracia puede ser ejercida.Ante esto la política institucional catalana debe estar a la altura y saber acompañar a su ciudadanía en este proceso de autodeterminación.

Esperemos que la comunidad internacional, que hasta el momento ha hecho oídos sordos en esta cuestión, termine también por ayudar a fundamentar una respuesta a este conflicto que, por más que se pretenda judicializar, siempre tendrá una naturaleza eminentemente política y exigirá una lógica democrática.

Información adicional

  • Antetítulo:La judicialización y represión del Estado español
  • Autor:Toni Garcia Villaraco
  • Edición:Nº263
  • Sección:Internacional
  • Fecha:Noviembre 20 - diciembre 20 de 2019
Visto 429 vecesModificado por última vez en Miércoles, 27 Noviembre 2019 15:11

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