Sábado, 21 Febrero 2009 20:22

Estigmatización, persecución y muerte juvenil: Bogotá, jóvenes

Escrito por Julian Carreño
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La acumulación de acontecimientos no menores propicia una crisis que procede de la Administración Distrital de Bogotá. Se trata de hechos recurrentes: desaparición, persecución y estigmatización juvenil en las distintas localidades de la urbe. Sucesos salidos a la luz pública luego de la muerte de un estudiante de la Universidad Javeriana en la Zona Rosa y la posterior implementación de medidas restrictivas como el toque de queda. No obstante, y desde tiempo atrás, la cotidianidad que se vive en la capital es el pan de cada día para los jóvenes de la ciudad.

 
La persecución contra los jóvenes en Colombia se recrudece. A la escalada de cientos de asesinatos, presentados como muertos en combate –conocidos como “falsos positivos”–, se suma la criminalización de quien permanece en la calle luego de las 10 o las 11 de la noche, los “toques de queda” vigentes en varias localidades de la urbe, los señalamientos por el pelo largo, los aretes y hasta el caminado. La cosa se pone grave, según el decir de los propios muchachos. En Bogotá, las retenciones injustificadas y el encarcelamiento en calabozos de las otrora comisarías, ahora UPJ, se hacen asunto de cada día. Según algunas fuentes, durante 2008 “hubo más de 25 mil retenciones, de las cuales 14 mil no tendrían justificación”.
 
En la capital de la república, el ambiente público para la juventud se enrarece. En diversos territorios se reproduce el modelo de seguridad basado en la restricción de los derechos humanos, con nombres diferentes pero acciones similares. La llamada ‘seguridad democrática’ y “Bogotá Positiva” inciden en que las nuevas generaciones estén bajo el control del miedo y los toques de queda.
 
Pero no sólo esto, como lo han hecho saber distintos colectivos juveniles. En la ciudad no son extrañas las incursiones de personas que se identifican como paramilitares del Bloque Centro, en pleno corazón capitalino. Agentes del control y la muerte. Por el simple hecho de circular en alguna calle del viejo centro bogotano, según ellos a deshoras, requisan a los jóvenes, ya por su ropa, ya por su apariencia, que los “hace propensos al crimen”.
 
Esta situación pone ya en entredicho la periferización de las dinámicas de control y revela que este es continuo, siempre y cuando se trate de apropiación de territorios geoestratégicos para actividades ilícitas, como, por ejemplo, zonas comerciales en las cuales se lava dinero, o de ‘esparcimiento’ para el control de la prostitución y el comercio de estupefacientes.
 
Incursiones que, sin embargo, hacen mella en todos los rincones de la ciudad. Se recuerda el ‘toque de queda’ que instauraron grupos paramilitares en la Universidad Nacional a finales del año pasado, en el que se les prohibía a ciertos estudiantes su permanencia en el claustro universitario después de las 6 de la tarde.
 
La comunidad universitaria fue testigo de señalamientos de todo tipo, a los cuales siguieron judicializaciones, lista en mano, de docenas de estudiantes. Cacería de brujas promovida por altas dignidades del Estado, como la entonces senadora Gina Parody, denuncias que encontraron eco en funcionarios de la fuerza pública luego de aseverar que la guerrilla, para hacer acción política, se encubría en el discurso de la objeción de conciencia.
 
Copamiento urbano
 
Entre tanto, la paulatina militarización y paramilitarización de espacios públicos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Suba, Kennedy y Usaquén, entre otras, agudiza sus tenazas. Con los ‘toques de queda’, de los paramilitares dicen que responden al llamado de las comunidades ante los altos índices de inseguridad, vicio y pandillismo, por lo cual ellos llegan a imponer el orden. En verdad, imposición de miedo y terror, y, por su conducto, extensión del control político.
 
Ejemplo de ello es la localidad de Suba, una de las más influidas por este panorama de persecución juvenil. Entre abril y mayo de 2008 fueron asesinados cuatro jóvenes, previamente expuestos a la palestra como jíbaros (o muertos producto de enfrentamientos por el manejo de ollas), reconociéndose por parte de las autoridades que sólo el deceso de uno de ellos había ocurrido por estas causas. En muchos de los barrios de esta localidad persisten los ‘toques de queda’ paramilitares, con muchos jóvenes golpeados por encontrase en la calle en horas ‘prohibidas’, por su ropa o por cantar ritmos musicales de protesta social.
 
Sitio por doquier. Los habitantes de esta parte de la ciudad tienen, además, que hacerles frente a los toque de queda impuestos desde la Alcaldía Local en tres de sus UPZ más populares: Suba Centro, Tibabuyes y Rincón, en consonancia con las medidas de control adoptadas por grupos paramilitares *.
 
Allanando la vida
 
16 de enero. Casa Cultural El Salmón. Un día más para elevar los sueños de expresión, intercambio cultural, musical, que sin embargo fue opacado cuando, en horas de la tarde, integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acompañados por agentes del CTI, lo allanaron al considerar que allí se presentaban movimientos ‘terroristas’. Afligidos, pero con espíritu altivo, los cientos de jóvenes y organizaciones amigas hicieron presencia, solidarizándose e impidiendo incidentes que implicaran manipulación de pruebas.
 
Al día siguiente, como prolongación de las sombras que estuvieron en el local, dos sicarios arribaron a Casa Salmón preguntando por Yuri Neira. De inmediato se advirtió la confusión de género, en el preciso momento en que uno de ellos empujaba la puerta como queriendo concretar su cometido. Con el aliento perturbado, bocanadas de respiración que delataban nervios, uno de ellos preguntó por ella y el otro dijo: “Yury es él, hágale, hágale, es él”. Un forcejeo que duró un par de minutos culminó sin que sucediera una situación lamentable. Esta vez fallaron en su propósito.
 
Fueron días de inquietud, tristeza e impotencia para quienes han liderado y quienes les acompañan en este espacio alternativo. Pese a la presión y la amenaza, jóvenes convencidos de que la opción no es el miedo levantaron nuevamente el Centro Cultural el viernes 6 de febrero. Hasta allí llegó una amplia variedad de personas de todos los rincones de la ciudad, partícipes de esta construcción cultural, artística y de resistencia política, para lanzar la campaña En contra de la criminalización juvenil. Su presencia fue un manifiesto a favor de la vida y la reivindicación de los jóvenes como actores políticos válidos.
 
“El fuego purifica”
 
Los jóvenes siempre en el blanco. Los hechos ocurren en la segunda semana de febrero. Luego de ser retenidos por “riña callejera”, dos jóvenes son llevados a la sureña estación policial de la localidad Rafael Uribe Uribe e internados en ella. Una vez allí, esposados y puestos en estado de indefensión, sus pieles sintieron el líquido que los humedecía para luego sentir el ardor del fuego que penetraba sus cuerpos. Las lesiones de segundo y tercer grado dan cuenta de la crueldad de quienes tenían que protegerlos y que previamente, con el fuego encendido, les decían “esto es para que aprendan”.
 
Ante estos hechos, que exceden los límites de la brutalidad, cabe la pregunta: ¿Cómo puede una política basada en la restricción, con miras a “promover la vida y la seguridad de los jóvenes”, al mismo tiempo defender los derechos de éstos?
 
¿Seguridad social o criminal?
 
El Grupo de Reflexión sobre Políticas Públicas de la Secretaría de Gobierno enfatiza respecto a la presencia paramilitar en la ciudad: “En particular, los grupos paramilitares se han interesado en Bogotá por el control de las zonas de tolerancia, los sanandresitos, los mercados de abastos y las ventas ambulantes […] Los sectores comerciales de Unilago, Corabastos y Sanandresito de Bogotá tienen focos de grupos paramilitares que extorsionan, secuestran y asesinan a comerciantes de la zona”.
 
Contradicción palpable. Sobre todo si la Administración distrital aduce como recurso último, para restringir la venta de licor, medidas como los toques de queda. ¿Por qué no incidir en la erradicación del paramilitarismo que maneja varios de estos establecimientos, antes que reprimir a los jóvenes con medidas represivas?
 
Es un hecho. Atrás quedaron las políticas públicas de la juventud, que avanzaron en términos consultivos y jurídicos a partir de la Ley 375 de 1999, las que años después, con los nuevos gobiernos, han tenido traspiés considerables. Se habla desde este marco jurídico de los jóvenes como “el cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y el futuro de la sociedad, que pueden asumir responsabilidades y funciones en el progreso de la comunidad colombiana”. Definición abstracta y esotérica, en el decir de los teóricos, pues le resta importancia a la pluralidad de expresiones que entraña el hecho de ser joven, característica desaparecida, incluso, del lenguaje político.
 
Según el investigador Libardo Sarmiento, “en general, las políticas públicas de juventud fueron una fachada detrás de la cual no había contenidos estructurales. Si bien el tema de juventud sigue siendo importante, tanto en agendas nacionales e internacionales, lo que no está claro es el objetivo último de la intervención, el sentido de las políticas de la juventud y de las instituciones dedicadas a la atención de jóvenes”.
 
Tras el señalamiento y la estigmatización se esconde la negación de los derechos de los jóvenes, como estudio, recreación, alimentación, salud y otros, a los cuales tiene acceso seguro un pequeño porcentaje de los mismos: de 100 niños que inician estudios primarios, apenas 5 terminan universidad. La posibilidad de trabajo también es una quimera, lo que propicia la emigración de muchos de ellos, o que se arriesguen al ‘oficio’ de raspachín, sicario o cualquier otro oficio ‘maldito’ que le dé lo necesario para sobrevivir.
 
Con todo, los jóvenes continúan proponiendo escenarios artísticos, culturales y de debate político. Sin estos escenarios, seguirán expuestos a la criminalización, aún más si no se toman medidas estructurales, integrales y humanitarias frente al tema de la seguridad. El reto es grande: la Alcaldía Distrital debe superar su afán por los resultados mediáticos, y centrarse en lograr avances en derechos efectivos y hechos concretos que favorezcan a las nuevas generaciones que habitan en Bogotá.
 
  • Informe presentado por la Coordinadora Juvenil de Bogotá para el Tribunal en Contra de la Estigmatización Juvenil. Bogotá, diciembre de 2008.
 
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