Domingo, 22 Febrero 2009 11:13

Sembrando petróleo. La Economía venezolana 1999-2008

Escrito por Luciano Wexell Severo
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La economía venezolana entre 1999 y 20081
 
Luciano Wexell Severo2
 
La profunda crisis de los últimos años del siglo XX abrió cauce a nuevos intentos de proyectos autónomos para la solución de los problemas nacionales en diversos países de América Latina. En un escenario de repudio a los programas de desnacionalización y desindustrialización del FMI y el Banco Mundial, en diciembre de 1998 los venezolanos apoyaron la candidatura de Hugo Chávez y su Polo Patriótico. La elección presidencial representó nada más que el resultado de un proceso histórico, que desde la perforación de los primeros yacimientos petroleros había beneficiado a las compañías petroleras y asimismo a una reducida élite, en detrimento de la inmensa mayoría de la población.
 
Surgió, exactamente en Venezuela, un nuevo movimiento continental y tercermundista en defensa de la independencia, la soberanía, la autodeterminación y la integración latinoamericana caribeña. En pocos años, en diversos países de América Latina emergieron movimientos populares de gran magnitud en oposición a las políticas neoliberales. Se levantaron en el continente olas transformadoras muy fuertes, desde las entrañas de los pueblos. Tales movimientos lograron derrocar presidentes neoliberales y elegir líderes progresistas, nacionalistas e integracionistas.
 
Según José Luis Fiori (2001, p. 7), “al empezar el siglo XXI, aumentan las señales, en América Latina, de una reversión de la hegemonía neoliberal, que asfixió la creatividad intelectual y aprisionó el pensamiento político y económico de las élites latinoamericanas durante la década del 90. La nueva crisis, que se alastra por el continente, rescata y restablece en la agenda académica el viejo problema del desarrollo y de la identidad económica, política y cultural de la periferia capitalista”. Continúa: “El actual regreso de problemas ampliamente debatidos desde el final de la II Guerra Mundial y la desautorización progresiva de las ideas que formaron el mainstream económico y político durante las dos últimas décadas [80 y 90] nos remeten nuevamente a una otra tradición intelectual, la del pensamiento crítico latinoamericano y, dentro de ese pensamiento, a sus dos raíces más importantes: el estructuralismo y cierto marxismo que se distanció, en la década del 50, de las tesis y directrices oficiales de los partidos comunistas”.
 
Las principales medidas del nuevo gobierno, en el campo económico y en el social, han sido en el sentido de corregir las históricas distorsiones estructurales y refundar el país. Siguiendo por ese camino, habrá –como efectivamente ha ocurrido desde 1999– enfrentamientos frontales e irremediables con los sectores privilegiados. Cualquier cambio para mejor pasa obligatoriamente por la ruptura con el injusto estado de cosas. Por ese motivo, desde la toma de posesión, el gobierno de Hugo Chávez ha enfrentado situaciones políticas y económicas muy desfavorables, generadas por la alianza entre los intereses internacionales –sobre todo estadounidenses– y la oligarquía criolla.
 
 

Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), en los últimos nueve años el Producto Interno Bruto (PIB) ha acumulado tres fuertes caídas (el -6,0% en 1999, el -8,9% en 2002 y el -7,8% en 2003) y seis elevaciones (dos suaves: el 3,7% en 2000 y el 3,4% en 2001; y cuatro fuertes: el 18,3% en 2004, el 10,3 en 2005, el 10,3 en 2006 y el 8,4 en 2007). Hasta septiembre de 2008, es decir, hasta el tercer trimestre, el crecimiento del PIB acumuló un 5,6 por ciento. Se puede decir que entre 1999 y 2008 la economía venezolana ha tenido cinco etapas distintas y claramente definidas
3. El presente trabajo está dividido en partes que se proponen analizar separadamente esos períodos. En cada una de las etapas se verifican diferencias considerables en la dirección de los instrumentos de política económica: no existió una forma única de adopción de esas acciones; cambiaron conforme las circunstancias. Algunas veces fueron establecidas por decisiones consecuentes del propio gobierno, otras como respuesta a las reacciones de la oposición.
 
Tales períodos son los siguientes: 1) Toma de posesión, en febrero de 1999, mediante un escenario económico, político e institucional bastante desfavorable, interna y externamente; 2) Adopción de medidas intervencionistas y políticas más desarrollistas a partir del segundo semestre de 1999; 3) Golpe de Estado y sabotaje económico, llevados a cabo por la élite asociada a los intereses transnacionales, entre el cuarto trimestre de 2001 y el tercero de 2003, como respuesta al avance del Estado sobre la economía y la industria del petróleo; 4) La reactivación económica a partir del cuarto trimestre de 2003, desde un nivel bastante superior al anterior: el Estado pasó a interferir más decisivamente en los temas económicos (Banco Central, políticas públicas y, lo más importante, PDVSA); 5) Siembra del petróleo y avance del “rumbo al socialismo”, esfuerzo por un nuevo proceso de industrialización, pago de la deuda social y expansión del poder estatal sobre los sectores estratégicos de la economía.
 
La actual efervescencia de la economía venezolana es fruto directo, aunque no exclusivo, de la expansión de los precios del petróleo hasta alcanzar un promedio de 135,2 dólares por barril tipo Brent en julio de 2008 (hasta finales de diciembre, los precios habían caído a 43,4 dólares). El país acumula cinco años de permanente crecimiento. Obviamente, los hidrocarburos son y continuarán siendo por muchos años un poderoso instrumento de soporte de la economía. Sin embargo, lo novedoso es que definitivamente Venezuela está depositando los recursos petroleros en los sectores productivos, en la estructuración y el fortalecimiento del mercado interno, en un proceso soberano de industrialización que busca la definitiva independencia económica. A continuación, se presentará cada una de las cinco fases o etapas.

Fase 1: Toma de posesión en 1999
 
En 1999, la coyuntura social, económica, política y moral de Venezuela era muy problemática. Leyendo a Domingo Felipe Maza Zavala (2007), es posible empaparse con informaciones sobre la compleja situación de dependencia y sumisión a que el país fue sometido durante los años 80 y 90. La encrucijada y los obstáculos parecían invencibles, superiores a todo. La lectura de ese cuadro económico es una de las mejores maneras de interpretar el actual avance a tropezones rumbo a una Venezuela independiente y productiva. Hace 10 años, el barril de petróleo costaba 16,2 dólares, a precios constantes de 2006, el nivel más bajo desde antes del boom de 19744. Por lo demás, existía un conjunto de leyes conservadoras que impedía la realización de las transformaciones propuestas por el proyecto bolivariano. Las dificultades se imponían tanto en la coyuntura como en el campo estructural.
 
Frente a ese cuadro, las tres medidas iniciales del gobierno fueron: 1) Estimular la creciente participación social en el sentido de modificar, siempre respaldado por referendos populares, la Constitución Nacional y las elitistas normas jurídicas vigentes; 2) Articular internacionalmente, en el seno de la OPEP, el fortalecimiento de esa organización, los cortes en la producción diaria de petróleo (aunque esa reducción perjudicaría el desempeño económico del Gobierno en el corto plazo) y la elevación de los precios petroleros hacia niveles más justos; y 3) Implementar el “Plan Bolívar 2000” –megaproyecto de emergencia en el área social5. Aunque aisladamente tales acciones no conformen una agenda de política económica, deben ser interpretadas como providencias de fundamental importancia para la economía de Venezuela. El diseño de acciones gubernamentales estaba plasmado, en forma muy general, en el Programa de Gobierno Revolucionario, delineado antes del levante cívico-militar de febrero de 1992, en la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB), de 19946, y en el Programa Económico de Transición 1999-2000, presentado por Cordiplan. Aunque no aparezcan plenamente reflejadas en documentos oficiales, las propuestas de Hugo Chávez –disponibles en entrevistas concedidas a programas televisivos desde 1994– incluyeron: Asamblea Constituyente y nuevas leyes; estatización efectiva de PDVSA; fin de la autonomía del Banco Central7, control de cambio, menores tasas de interés, mayores créditos y un nuevo sistema financiero público; utilización de las reservas internacionales para el desarrollo industrial y agrícola, lucha contra el latifundio y los monopolios; discusión sobre la deuda externa; democratización del acceso a la educación en todos los niveles, entre otros. Es decir, mucho tiempo antes de llegar a Miraflores, el Presidente contaba con un conjunto de planes, previamente estudiados, que trataban de desatar los nudos de la dependencia y de rescatar el control nacional sobre la economía.
 
Sin embargo, según lo confirma el economista Wilson Cano (2001), los bajos precios del petróleo, la apatía del sector privado, la hostilidad del capital internacional y el poco tiempo entre la elección y la toma de posesión no permitieron que Hugo Chávez adoptara inmediatamente una política económica más intervencionista y progresista. El Presupuesto Nacional de 1999 no fue debidamente aprobado por la Asamblea Nacional, y para el ejercicio de 1999 se optó por la adopción del Presupuesto Nacional de 199889.. A la vez, la permanencia de Maritza Izaguirre, ministra de Finanzas del presidente anterior durante los primeros nueve meses del nuevo gobierno, insinuaba que en el corto plazo no habría grandes cambios en la política económica. De hecho, se mantuvieron los compromisos con el FMI y se aplicó un ajuste que contribuyó a la mayor depresión del PIB en la década de los 90 (López Maya, 2006, p. 158). Ocurrieron cortes de un 10 por ciento en el gasto público y aumentos de los tributos.
 

 
Tal como lo demuestran los datos del BCV, los resultados trimestrales de 1999 indicaron un sucesivo deterioro en los indicadores económicos. Hubo permanentes caídas del PIB en todos los trimestres: el -8,9 por ciento en el primero, el -8,7 en el segundo, el -4,3 en el tercero y el -2,0 en el cuarto. Durante el año, el PIB cayó el -6,0, el PIB per cápita bajó el -7,8 y la actividad económica se frenó en la mayoría de los sectores. Los resultados deben atribuirse esencialmente a la compleja situación heredada: el proceso de desinversión evidenciado desde principio de los años 90 y la baja cotización del petróleo. Además, es necesario recordar la campaña promocionada por los grandes medios de comunicación de Venezuela, América Latina y el mundo contra el presidente recién elegido. El terrorismo mediático, impulsado por los grandes canales y periódicos privados, financiados desde el exterior, creó una ola de desconfianza que estimuló una marcada salida de capitales, así como la reducción de las inversiones y las actividades productivas.
 
El referendo sobre la nueva Constitución fue aprobado en abril de 1999 con el 87,7 por ciento (3 millones 630 mil 666 votos). Posteriormente se convocó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para julio, cuando los partidarios de Hugo Chávez obtuvieron el 66 por ciento de los votos y eligieron el 90 de los parlamentares. En diciembre del mismo año, el proyecto de Constitución fue sometido a un nuevo referendo y aprobado con el 71,8 por ciento, equivalente a 3 millones 301 mil 475 votos. La abstención fue, respectivamente, del 62,3 y del 55,6.
 
Entre las principales novedades de la Constitución de 1999, están: el nombre del país pasó a ser República Bolivariana de Venezuela; el Senado fue eliminado (así como el cargo de Senador vitalicio, reservado para los ex presidentes de la República) y se creó una Asamblea Nacional unicameral; el reemplazo de los titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Supremo de Justicia, Promotoria Pública, Tesorería Fiscal y Corte Suprema pasó a darse a través de nuevas reglas, así como se establecieron procesos de selección y elecciones para juez del Tribunal Superior de Justicia; el Poder Moral fue establecido como fiscalizador de la administración pública, conformado por el Ministerio Público, la Controlaría General de la República y la Defensoría del Pueblo; el mandato presidencial fue ampliado a seis años, con posibilidad de una reelección; se creó la Vicepresidencia Ejecutiva, cuyo nombramiento es realizado por el presidente de la República; se estableció la posibilidad de suspensión de mandatos del Poder Ejecutivo después de cumplida la mitad del ejercicio –ese instrumento creó una oportunidad sin precedentes en el mundo para que una parcela insatisfecha de la población, un 20 por ciento de los electores, pueda convocar referendos con el objetivo de interrumpir mandatos y convocar nuevas elecciones; el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA; el régimen latifundista es contrario al interés social; los militares ganaron los mismos derechos electorales de los civiles; hay mayor posibilidad de expropiación de la propiedad privada para su uso social; se reduce la jornada semanal de trabajo diario de 48 horas a 44 horas; se comenta sobre la posibilidad de adopción de una moneda común entre los países de América Latina y el Caribe.
 
A continuación, fueron convocadas para julio de 2000 las llamadas megaelecciones generales, ocasión en la cual Hugo Chávez fue nuevamente elegido, ahora bajo la Constitución de 1999, con el 59,8 por ciento (3 millones 757 mil 773 votos). El Polo Patriótico conquistó el 58 de los escaños de la Asamblea Nacional. Los electores demostraron nuevamente su rechazo con relación a los partidos políticos tradicionales, que obtuvieron resultados bastante modestos: AD alcanzó 33 diputados (16,1% de los votos) mientras Copei eligió seis (5,3%). Por primera vez en su historia, los dos partidos juntos alcanzaron solamente el 21,4 del total de votos10. Con esos comicios se concluyó la prolongada agenda electoral con un saldo bastante positivo para las fuerzas de la Revolución: en menos de 20 meses, vencieron cinco consultas populares. Ya en el segundo semestre del año, parte considerable de las mudanzas institucionales propuestas por el Gobierno estaba muy bien encaminada11.
 
La restricción de la oferta de petróleo, sumada a los otros elementos que caracterizaron la política petrolera venezolana, elevó paulatinamente el precio de los hidrocarburos12. El barril alcanzó a 22,1 dólares en diciembre de 1999, en precios constantes de 2006, acumulando un alza del 36,2 por ciento en el año. La acción venezolana, además de lograr el aumento de los precios internacionales, garantizó el regreso de la OPEP al escenario geopolítico internacional. Frente a la nueva realidad, el Gobierno pudo aumentar los gastos públicos, en busca de reactivar la economía paralizada.

Fase 2: Medidas intervencionistas y políticas desarrollistas en 2000 y 2001
 
Debido al aumento de los precios internacionales del petróleo, a fines de 1999 y principios de 2000 ya era posible identificar un nuevo momento de la economía. El Gobierno se dedicó a la reactivación de la producción nacional, estimulando la manutención de la trayectoria decreciente de la inflación. En marzo se divulgó el “Programa Económico del año 2000”, que presentó “acciones inmediatas para enfrentar la crisis”. Igualmente, fueron anunciados nuevos planes sectoriales para agropecuaria, industria, infraestructura, construcción, turismo y petróleo. Por lo general, eran muy superficiales pero ya no hacían tanta referencia a privatizaciones, e incluso apuntaban a una mayor intervención estatal. Se anunciaron inversiones en la ampliación y la readaptación de líneas férreas, el metro de Caracas, la red de carreteras y transmisiones de electricidad. Además, se anunció la expansión de la capacidad de refinación de petróleo, la adopción de mejores tecnologías en la petroquímica y una mayor explotación del gas natural (Cano, 2001). Otro tema bastante discutido fue la revalorización de la agricultura, el aumento de la producción de alimentos y el desarrollo de actividades en pequeñas propiedades. Ganaron impulso los planes de ocupación del territorio venezolano, en especial en el importante espacio aledaño a los ríos Orinoco y Apure.
 
La política fiscal expansionista estimuló la activación económica y el PIB creció en todos los trimestres: 3,3 por ciento en el primero, 3,6 en el segundo, 2,3 en el tercero y 5,4 en el cuarto. El alza acumulada durante 2000 fue del 3,7. Pese a los buenos resultados, todavía no era posible hablar de crecimiento sostenido. El país apenas estaba saliendo de la crisis: el PIB per cápita creció solamente el 1,8 y se mantuvo el -20,6 por debajo del promedio de los años 70, el -9,5 por debajo del promedio de los 80 y el -5,6 por debajo del promedio de los 90.
 
Respaldado por los ingresos petroleros, el Gobierno profundizó sus acciones a lo largo del año 200113. En septiembre, el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) presentó las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”. El Plan, basado en los “Cinco Equilibrios” (político, económico, social, territorial e internacional), propuso soluciones para problemas estructurales como la disforme concentración de la renta, la mala utilización de las tierras agrícolas, la distorsión de la demanda y la oferta internas, la excesiva dependencia de los ingresos petroleros, la política internacional poco diversificada, entre muchos otros temas. En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una Ley Habilitante, que autorizó al presidente de la República a promulgar decretos con fuerza de ley y carácter de urgencia, facilitando la adopción de reformas14. Poco tiempo después, el Primer Mandatario presentó un paquete de 49 leyes en temas estratégicos: petróleo, gas, propiedad rural, sistema financiero, impuesto sobre la renta, cooperativas, pesca, etcétera. Con estas medidas, empezaron a ser efectivamente amenazados los tradicionales intereses del imperialismo y la clase privilegiada. Estas medidas han caracterizado el auge del segundo momento de la economía venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez.
 
Sin duda, lo más apremiante para el Gobierno era la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, norma que propone la mayor recaudación de impuestos sobre las compañías petroleras, prioriza la participación del capital nacional en el sector y garantiza la soberanía nacional en las actividades de explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenaje, comercialización y conservación del petróleo (Lander; Maya, 2002, pp. 185-187). La Ley de Hidrocarburos tiene cinco objetivos claros: 1) Recuperar el papel central del Estado en el tema petrolero, a través del Ministerio de Energía y Minas (a partir de 2005, convertido en Ministerio de Energía y Petróleo); 2) Aumentar los ingresos fiscales de origen petrolero, estableciendo el cobro del 30 por ciento de regalías para los hidrocarburos líquidos y el 20 para el gas natural; 3) Fortalecer la OPEP y hacer que Venezuela respetara los compromisos soberanamente asumidos con la organización, promocionando la recuperación de los precios internacionales; 4) Romper con las tendencias favorables a la privatización de PDVSA, garantizando en el artículo 303 de la Constitución de 1999 que “por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera”; 5) Estimular la participación de empresarios petroleros nacionales.
 
Aunque la mencionada Ley busca internalizar la utilización de los recursos provenientes de la exportación petrolera (representando lo que se considera una versión actual de la idea de “sembrar el petróleo” 15), de nada sirve si el Estado no controla efectivamente PDVSA. Es decir, antes que nada, era primordial que el Estado venezolano asumiera el control absoluto sobre la empresa, sus gastos, costos, contratos, convenios, inversiones y asociaciones internacionales. Exactamente en ese momento, los sectores conservadores salieron a manifestar su insatisfacción contra el gobierno16.
 
En 2001, el ingreso nacional se mantuvo relativamente elevado pese a tres factores negativos: caída de los precios del crudo (del 16,9% en relación al 2000), cortes de producción combinados con la OPEP y crisis de la economía estadounidense (impulsada a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre). Tales ingresos permitieron que el Gobierno mantuviera las políticas fiscal y monetaria expansionistas, adoptadas desde el año anterior. Fruto de eso, el PIB creció durante los cuatro trimestres: el 2,1, el 3,7, el 5,6 y el 2,1 por ciento. En el año, acumuló un incremento del 3,4, con expansión de un 4,0 por ciento en la actividad no petrolera. Todos los sectores acompañaron el alza; la industria manufacturera se expandió el 3,7 sobre el 5,1 del año anterior. El crecimiento de la economía caracterizó esa segunda fase, que abarca los años 2000 y 2001 prácticamente enteros. En total, fueron ocho trimestres en los cuales el PIB creció a un promedio del 3,5 por ciento. Se registraron caídas en el índice de desempleo, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en las tasas de interés; con el aumento del crédito, el consumo popular y el PIB per cápita (Severo, 2004). Venezuela llegó a ser considerada por dos años consecutivos como el país latinoamericano con la economía más pujante. Las previsiones de la Cepal, la Organización de Estados Americanos (OEA) e incluso Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FMI y el Banco Mundial apuntaban a que el país continuaría creciendo durante el año 200217.
 
Sin embargo, fue muy dura la reacción de los sectores conservadores. Es visible que mientras las medidas gubernamentales permanecieron en el campo político-administrativo, la confrontación entre Gobierno y oposición fue marcada por la prudencia, aunque casi siempre haya sido áspera. No obstante, la evidencia de que el Gobierno buscaría romper con el modelo de dependencia externa y subordinación a las transnacionales –especialmente a través del control estatal sobre el petróleo– hizo que se iniciara una fuerte campaña de desestabilización económica: fugas de capital, especulación, evasión fiscal, repunte de la inflación y paros patronales. El estallido de insatisfacciones se dio exactamente a fines de 2001, cuando se presentaron las leyes habilitantes como garantes de los cambios estructurales.

Fase 3: Golpe de Estado
y sabotaje económico en 2002 y 2003
 
En aquel momento empezó la tercera fase de la economía durante el gobierno Chávez; una batalla que duró casi dos años. Entre diciembre de 2001 y febrero de 2003, Venezuela vivió su más compleja crisis política18. A la cabeza de la campaña opositora estaban la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la alta gerencia de PDVSA, la Fedecámaras, la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los demás sectores oligárquicos y conservadores comprometidos con los intereses extranjeros.
 
Los preparativos para el golpe de Estado de 2002 fueron capitaneados por Pedro Carmona (Fedecámaras) y Carlos Ortega (CTV), con pleno apoyo de los grandes medios privados de comunicación. El 11 de abril, francotiradores al mando de la oposición dispararon desde diversos puntos del centro de la ciudad contra manifestantes que marchaban tanto en apoyo al Gobierno como en contra suya. Los canales privados de televisión, cumpliendo su función en un show ingeniado muchas semanas antes, distorsionaron los hechos y acusaron al Gobierno por los asesinatos. Mucho antes que sucedieran esos lamentables hechos, los militares golpistas ya habían grabado un video en el cual condenaban las muertes y declaraban su desobediencia19.
 
En una ceremonia sombría en el Palacio de Miraflores, Pedro Carmona se autoproclamó Presidente de Venezuela. Sus primeras medidas fueron: disolver la Asamblea Nacional elegida por el pueblo; anular las Leyes de Hidrocarburos, de Tierras y las otras 47 normas jurídicas; revocar la Constitución de 1999, aprobada por referendo popular; suspender las exportaciones de petróleo hacia Cuba; perseguir a ministros, diputados y autoridades de distintos poderes; eliminar el complemento “Bolivariana” del nombre oficial de Venezuela y delinear la salida del país de la OPEP, entre otras20.
 
El regreso de Hugo Chávez al poder fue garantizado por manifestaciones multitudinarias sin precedentes. De hecho, en ningún lugar del mundo se tiene conocimiento de que un golpe de Estado planificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y apoyado por fuerzas internas haya sido derrotado, después de consumado, en menos de 48 horas. Controlada la situación, el Gobierno se sintió más fortalecido para avanzar sobre PDVSA: decenas de directores de la empresa fueron exonerados, bajo comprobación de haber participado en los sucesos de los días 11, 12 y 13 de abril de 2002. Igualmente, algunos militares fueron retirados para la reserva. Pese a la compleja situación, no hubo excesos contra los golpistas. Por el contrario, se puede decir que la postura estatal fue comedida –sobre todo con los medios de comunicación21. El ambiente altamente conflictivo persistió por meses. Y lo peor todavía estaba por llegar.
 
La situación política volvió a complicarse en octubre y explotó en diciembre de 2002, cuando el Gobierno decidió nombrar una nueva directiva en PDVSA. Lander y López Maya (2002, p. 9) recuerdan: “Alegando que se habían violentado los criterios tradicionales de nombramiento de los integrantes de la directiva de PDVSA al no respetarse la ‘meritocracia’, terminaron por convocar un paro que fue respaldado por las centrales sindical y empresarial (CTV y Fedecámaras). La alta gerencia se mostraba renuente a renunciar a las cuotas de poder que alcanzó con la Apertura Petrolera. No estaban dispuestos a aceptar que el centro de conducción de las políticas públicas petroleras volviera al Ministerio. La empresa había llegado a ser ‘un Estado dentro del Estado’ y eso ahora con la reforma estaba en riesgo”.
 
Con el decidido apoyo de los grandes medios, algunas entidades convocaron paros nacionales y se declararon en “desobediencia civil”. El movimiento caminó hacia una “huelga general” impulsada esencialmente por la clase patronal. Su objetivo supremo era que Chávez renunciara22. No tardó mucho para que la gerencia de PDVSA, ideológicamente sometida a los intereses foráneos, asumiera su rol.
 
Durante el momento más candente del conflicto –que duró tres meses– fueron destruidos equipos, maquinarias, computadoras y estructuras físicas de plantas y refinerías; secuestradas embarcaciones petroleras y suspendidas las exportaciones; explotados oleoductos y derramado petróleo. Venezuela conoció por primera vez un racionamiento de combustibles. Los ciudadanos formaron colas kilométricas para comprar agua, alimentos, gas y gasolina. El PIB desmoronó el -8,9% en el año 2002, con caídas en todos los trimestres: el -4,4 por ciento en el primero, -8,7 en el segundo, -5,9 en el tercero y -15,8 en el cuarto. El sector industrial quedó prácticamente paralizado: había caído el -13,1 por ciento en 2002 y bajó el -6,8% en 2003. El gráfico demuestra a continuación que, conforme se comenta, la actividad manufacturera venía encogiendo desde los años 90; 2002 y 2003 representaron el fondo del pozo.
La situación implicaba una economía de guerra. La conspiración, manejada desde Washington, tumbó la producción petrolera de tres millones de barriles diarios a menos de 200 mil, frenando el aparato productivo e induciendo el cierre de centenares de empresas. Al borde del colapso económico, en enero de 2003 el país tuvo que importar petróleo. Los productos básicos desaparecieron y los precios saltaron barreras inimaginables.
 
Los números del BCV señalan que durante el primero y el segundo trimestres de 2003 el PIB cayó el -15,8 y el -26,7 por ciento, respectivamente. En el mismo período, el PIB petrolero se desmoronó al -25,9% y el -39,5%. A la vez, el PIB no petrolero fue derribado en el -11,1 y el -17,8. En total, fueron siete trimestres consecutivos de caída de la economía, casi dos años de graves tensiones. Cayeron bruscamente el PIB per cápita, las reservas internacionales y la tasa de inversión como proporción del PIB. Se expandieron el desempleo (20,7% en febrero de 2003)23, la inflación (32,4% en mayo de 2003) y las tasas de interés (37,1% en diciembre de 2002)24. En 2003, la caída de la economía fue del -7,7%; en términos reales, tocó un nivel inferior al de 1991.
Entre julio de 2001 y enero de 2003, las reservas internacionales cayeron de 20,1 mil millones a 13,8 mil millones de dólares (reducción del -30,1%). Para frenar la fuga de capitales y la especulación, el Gobierno determinó la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), ente responsable por el control de cambio. A partir de entonces, se ha verificado el crecimiento acelerado de las reservas internacionales. Las pérdidas del país (fuga de capitales, disminución en las exportaciones de PDVSA, importación de gasolina, y daños a instalaciones y equipos) llegaron aproximadamente a 20 mil millones de dólares (Giordani, 2007).
 
La situación de insuficiencia extrema demostró claramente la dependencia venezolana de diversos bienes, estimulando al Gobierno a empujar proyectos relacionados con la “soberanía alimentaria”. A mediados del año, se crearon algunas Misiones Sociales en las áreas de educación (Misión Robinson), salud (Misión Barrio Adentro) y capacitación para el trabajo (Misión Vuelvan Caras), incorporando a centenares de miles de personas de las clases más populares25.
Una de las deformaciones heredadas del período neoliberal es el desprecio por el proceso histórico. La visión de corto plazo, la razón del sistema financiero: virtual, atemporal, despegada de la realidad, ficticia. Esta pudiera ser una de las explicaciones para que ‘analistas’ ortodoxos consideren al gobierno Chávez como responsable por el cierre de empresas, el crecimiento del desempleo, la caída de la renta y el aumento de la inflación, es decir, por los resultados negativos de la economía entre 1999 y 2003. A ese período han tratado incluso de rotularlo como el “quinquenio perdido” (Malavé Mata, 2006).
 
Ante eso, es oportuno recordar: Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 porque Venezuela enfrentaba su más catastrófica crisis económica, política, social, institucional y moral, después de 40 años del pacto de Punto Fijo. El país agonizaba como reflejo de la corrupción, el despilfarro y la perversidad de la IV República (1958-1998). Es decir, un análisis serio, sea académico o informativo, puede constatar que, pese a los eventuales problemas y las dificultades que surgen sobre la marcha, el actual gobierno no es el creador de los complejos problemas estructurales. Al contrario, trata exactamente de corregir esas distorsiones generadas durante las últimas décadas (parece evidente que es la interpretación de la mayoría de los venezolanos).
 
Sin embargo, lo más admirable es verificar que, en medio de la delicada crisis, muchedumbres salieron a las calles para defender al Presidente. Esto ha sido muy interesante, ya que hasta entonces no existían grandes beneficios económicos para la población. El apoyo popular parecía ser mucho más el resultado de sus expectativas, sus esperanzas y su creencia en Hugo Chávez. Aunque el Gobierno fuera muy reciente, su principal líder había conquistado la confianza de amplios sectores populares desde el 4 de febrero de 1992. Frente al neoliberalismo, la acción popular se mostró muy distinta: entre 2000 y 2003, fueron derrocados los presidentes de Ecuador (Jamil Mahuad), Perú (Alberto Fujimori), Argentina (Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde) y Bolivia (Gonzalo Sánchez de Losada, y más tarde Carlos Mesa, en 2005).

Fase 4: Reactivación económica a partir de 2004
 
 
Pese al naufragio económico y social, el paro fue patronal, sin apoyo popular, y el Gobierno no solamente resistió como ganó fuerzas para aumentar aun más su intervención sobre el sector petrolero: fueron exonerados de sus puestos cerca de 12 mil funcionarios de PDVSA (un 40% del total) debido a su participación en el sabotaje26. Si después del golpe de Estado han quedado desmoralizados los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas, después de la sádica arremetida de los gerentes contra PDVSA se demostró su carácter antinacional. Para sorpresa de la ‘meritocracia’ de PDVSA, la producción de petróleo se fue recuperando poco a poco a lo largo del año, hasta normalizarse a niveles cercanos a los tres millones de barriles diarios. Ya en el tercer trimestre de 2003, empezó la reactivación: el PIB creció el 8 por ciento sobre la caída del -15,8 del año anterior. Tal recuperación fue producto de la efectiva nacionalización de PDVSA, la adopción del control de los precios de los productos básicos y del control de cambio. Esa es la cuarta etapa de la economía durante el gobierno de Hugo Chávez. Para comprender verdaderamente la magnitud de la recuperación, es necesario interpretar la dimensión de los desastres de 2002 y 2003.
 
En agosto se realizó el histórico referendo popular con el objetivo de indagar si la población deseaba o no que Chávez concluyera su mandato27. Conforme se ha comentado, el mecanismo, inédito en el mundo, es fruto de la Constitución de 1999. Con una tasa de abstención muy baja, el Presidente fue ratificado en su cargo con el 59,1 por ciento, correspondientes a 5 millones 800 mil 629 ciudadanos (la abstención fue una de las menores de la historia, un 30,1%). Después del triunfo se dieron condiciones muy favorables para acelerar las transformaciones. Algunos ejemplos de ello son: el fortalecimiento de las Misiones Sociales, la profundización de las alianzas estratégicas internacionales, y la creación de estructuras como los Ministerios de Economía Popular (Minep), Industrias Básicas y Minería (Mibam), Industrias Ligeras y Comercio (Milco) y Alimentación (Minal). En diciembre de 2004, hubo elecciones regionales que resultaron en otra expresiva victoria de la Revolución: el 91,3 por ciento de las gobernaciones (21 de los 23 estados) y el 68 de las alcaldías del país (incluyendo la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el llamado Distrito Capital)28.
 
La economía ha presentado resultados muy positivos durante todos los trimestres: 36,1 por ciento en el primero, 13,1 en el segundo, 15,7 en el tercero y 12,9 en el cuarto. La oposición y sus medios comunicacionales han tratado de minimizar la recuperación económica, insistiendo en la falsa idea de que sólo estaba ocurriendo un “rebote estadístico” (Severo, 2004). En total, el PIB creció el 18,3 por ciento y volvieron a activarse fuertemente sectores como construcción civil, comercio e industria manufacturera29.
 
En 2005 ya era evidente el avance de la economía. Según números del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo cayó del 17 para el 13,5 por ciento y la renta del trabajador acumuló un alza del 14. Después de décadas de rapiña y despilfarro, de privatización y desnacionalización, el Estado pasó a utilizar los recursos petroleros para financiar la transformación de la economía rentista e importadora en productiva y generadora de mercado interno. Por lo demás, PDVSA, así como otras importantes estatales, pasó a impulsar el combate a la pobreza, transfiriendo sus estructuras físicas y miles de millones de dólares para áreas sociales y actividades no petroleras.
 
Durante aquel año, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) lanzó una importante campaña llamada “Plan Evasión Cero”. En medio de los festejos del carnaval, por ejemplo, fueron multadas y cerradas durante tres días todas las 80 tiendas de la cadena McDonald´s en el país. Además, el Gobierno sancionó las empresas Hipermercados Makro, Hewlett Packard y Kodak, por infracciones fiscales y manipulaciones contables. También fueron lacrados por dos días los 34 centros de distribución y las cuatro fábricas de Coca-Cola por irregularidades en libros-caja y documentos como el Registro de Identificación Fiscal –RIF (Severo, 2005). En los últimos años, el Seniat ha pasado por un profundo proceso de modernización, especialmente en las aduanas e instalaciones portuarias, fortalecidas con equipamientos e instrumentos de última tecnología. Como en Venezuela históricamente las grandes empresas no pagaban impuestos, la medida ganó apoyo popular y adquirió un significado más allá del beneficio económico30.
 
En julio se aprobó una reforma de la Ley del BCV, determinando el establecimiento anual de un techo para las reservas internacionales: todo lo que esté por encima del monto determinado debería pasar al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), que ha servido para empujar planes estratégicos en sectores como industrias básicas, industrias ligeras, agricultura, petróleo, gas, infraestructura, transportes y vivienda, entre otros31.
 
Dentro de estos lineamientos, se han creado iniciativas cuyos proyectos están en plena marcha, como las nuevas refinerías de petróleo, aserraderos de madera; plantas de cemento, laminación de aluminio, y pulpa y papel; una siderurgia para la producción de aceros especiales, la fábrica de tubos sin costura, las plantas de rieles y de concentración de mineral de hierro, puertos, aeropuertos, puentes, líneas de metro, ferrovías, carreteras, termoeléctricas, hidroeléctricas, gasoductos, tendidos de fibra óptica (telefonía fija, telefonía celular y red de internet), redes de distribución de agua, etcétera. En el caso de las empresas mixtas, el Estado controlará por lo menos el 51 por ciento de su capital, aunque muchas serán concretadas a través de asociaciones estratégicas, con otros países o con inversionistas privados, nacionales o extranjeros. La meta ha sido estrechar relaciones especialmente con las naciones latinoamericanas, obedeciendo a la orientación de volcarse hacia el Sur: construir el Alba, ampliar y fortalecer el Mercosur32. Aparte de eso, la política externa venezolana ha creado fuertes lazos con grandes países que actúan fuera de la órbita regional. Desde 1999, es notorio el esfuerzo de Venezuela por asumir una posición más soberana en el escenario internacional. El país abandonó la condición de apéndice de Estados Unidos y adoptó una política exterior claramente autónoma, latinoamericanista y tercermundista: apoyo a la OPEP, fuerte estímulo a la integración regional, defensa de Cuba y su Revolución, denuncia de la ONU como institución fallida y lucha por la ampliación del Consejo de Seguridad. Todo eso, además de los acuerdos tecnológicos, nucleares, científicos, industriales, comerciales, sociales y militares con países como China, India, Rusia e Irán.
 
Como resultado directo de esas medidas, en 2005 el PIB ha crecido el 10,3, con alzas en todos los trimestres: 8,7 por ciento en el primero, 12,0 en el segundo, 9,4 en el tercero y 11,1 en el cuarto.
A principios de diciembre de 2005 se realizaron las elecciones parlamentarias. Frente a la visible victoria abrumadora de las fuerzas bolivarianas, la oposición intensificó –a través de sus medios comunicacionales– una feroz campaña en contra del poder electoral, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus reglas. Reivindicó la eliminación de las máquinas capta-huellas, exigió que se contaran los votos manualmente uno a uno y casi pidió que se les regalaran 500 mil votos de ventaja antes de abrir la primera urna. Consciente de su derrota y resuelta a no reconocerla, la oposición hizo otra maniobra inaudita: se fugó de los sufragios, alegando inseguridad y falta de garantías de elecciones limpias. Después, los derrotados acusaron al gobierno de concentrar el ciento por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional, del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Andino. El planeta entero testimonió esos acontecimientos. Fueron días para recordar a Pablo Milanés, cuando afirma que “la historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo”.
 
Desde comienzos de 2006, frente a la evidencia de otra victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de finales del año –y su permanencia en el poder por lo menos hasta 2013–, la situación política volvió a calentarse. El gobierno trató de fortalecer el papel del Estado en la economía, con mayor poder para planificar e implementar políticas, buscando intervenir –con creciente participación popular– en los principales medios de producción33. Internamente, el petróleo ha financiado la estructuración y el fortalecimiento del mercado nacional, el llamado desarrollo endógeno, con un proceso soberano de industrialización34 (distinto de la industrialización dependiente y asociada a las transnacionales, llevada a cabo a partir de los años 60 por Rómulo Betancourt y Nelson Rockefeller), la creación de nuevas empresas básicas e importantes obras de infraestructura.
 
En ese punto, es importante tomar en cuenta las consideraciones de Celso Furtado sobre la formación de un sistema económico nacional, que ha de tener tres condiciones indispensables: 1) creación y fortalecimiento de ‘centros endógenos de decisión’ capaces de garantizarle a la sociedad el poder de ordenar el proceso en función de sus propias prioridades; 2) que ese proceso sea acompañado por una creciente homogenización de la sociedad, abriendo cauce a la plena realización del potencial cultural nacional; y 3) que la idea de “formación” se transforme en “voluntad colectiva” y un poderoso proyecto político capaz de transformar la agenda de prioridades nacionales (Fiori, 2001, p. 47). Paulatinamente, los recursos que antes habían sido canalizados para las compañías petroleras o hacia cuentas bancarias de la élite privilegiada, fueron transformados en herramienta del Estado para combatir la pobreza y la economía rentística, improductiva e importadora. Conforme se ha dicho antes, externamente, los recursos del petróleo han sido utilizados como instrumento para la integración latinoamericana y caribeña35, así como para el impulso a la construcción de un mundo multipolar. Venezuela ha asumido una nueva posición en sus relaciones internacionales: intenta diversificar su producción y sus exportaciones; diversificar los orígenes y los destinos del intercambio, no dependiendo comercialmente de un país comprador o un país proveedor36.
El permanente aumento de los gastos sociales en Venezuela acontece desde 1999, aunque el actual gobierno haya recibido hasta 2004 mucho menos recursos por las exportaciones de petróleo que las cinco administraciones anteriores: 26 por ciento del valor recibido en el primero gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79); 35 por ciento del recibido en la gestión de Luis Herrera Campins (1979-84); 56 por ciento del recibido por Jaime Lusinchi (1984-89); 49 por ciento del recibido en el segundo mandato de Pérez (1989-93); y 85 por ciento del segundo mandato de Rafael Caldera (1994-98) (Venezuela, 2004). Durante aquel año, para recibir por las ventas petrolíferas los valores reales equivalentes a 1974, el barril debía costar por lo menos 73 dólares, y en realidad costaba menos de 40 dólares. Aun así, el gasto social aumentó del 8,2 al 13,6 por ciento del PIB entre 1998 y 2006. En términos reales, el gasto social per cápita (que toma en cuenta el crecimiento demográfico) tuvo un alza del 170 por ciento en el mismo período. Por lo demás, si se toman en cuenta los aportes realizados por PDVSA, los gastos sociales alcanzan el 20,9 del PIB, y en términos per cápita un incremento del 314 por ciento sobre 1998 (Weisbrot & Sandoval, 2008, p. 14)37.
 

La economía creció nuevamente en todos los trimestres: el 10,3 en el primero, el 9,4 en el segundo, el 10,2 en el tercero y el 11,4 en el cuarto. En el total de 2006, acumuló un alza del 10,3 por ciento. La industria manufacturera creció el 9,7 y su participación en el PIB tocó el 17,1. Se verificó una enérgica activación del consumo: alimentos, vestidos, calzados, materiales de construcción, medicamentos, automóviles. Fruto del recalentamiento de la economía y el surgimiento de algunos cuellos de botella, a partir de mayo de 2006 empezó a notarse una tenue presión sobre la inflación: el IPC38 acumuló el 17,0 por ciento a finales del año.
 
En los comicios presidenciales de diciembre de 2006, Hugo Chávez fue candidato a la reelección. Asumió el compromiso de incrementar las transformaciones y defendió la idea de avanzar por el camino del “socialismo bolivariano”. Ocho años después de ganar las elecciones por primera vez, en diciembre de 1998, el presidente recibió el 62,8 por ciento de los votos, iguales a siete millones 309.080. Su principal contrincante, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, obtuvo el 36,9 por ciento39.

Fase 5: Rumbo al “socialismo bolivariano”
a partir de 2007
La expresiva victoria electoral ha dinamizado el proceso de cambios. A partir de los primeros meses de 2007, el Gobierno pasó a empujar una serie de importantes medidas. En el campo político, se estimuló la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue convocado un referendo para una Reforma Constitucional. En el área económica, las acciones más sustanciales fueron: 1) Estatizar empresas estratégicas concentradas en manos de grupos extranjeros (algunas de ellas habían sido privatizadas durante los años 90), mediante el pago de indemnizaciones –caso de la C.A. Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), y eléctricas como C.A. Electricidad de Caracas (EDC), Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta C.A. (Seneca), C.A. Electricidad de Valencia (Eleval) y C.A. Luz y Fuerza Eléctrica (Calife); 2) Avanzar efectivamente en la nacionalización de las principales riquezas del país (petróleo de la Faja del Orinoco40, latifundios, minería –Reforma de la Ley de Minas, etcétera); 3) Crear unidades productivas bajo control estatal y comunal (Empresas de Producción Socialista); 4) Profundizar la reforma agraria y buscar el aumento de la producción agrícola41; 5) Acelerar el nuevo proceso de industrialización pesada (sobre todo a través del Mibam, CVG y Coniba); 6) Intensificar la participación popular en la elaboración, el control y la implementación de políticas públicas, a través de los Consejos Comunales; 7) Transformar las corruptas y ineficientes estructuras del Estado (guerra al burocratismo y la corrupción); 8) Aumentar la producción, reducir las importaciones de bienes de consumo final a mediano plazo y frenar el aumento de los precios42.
 
Nuevamente las reacciones de la oligarquía y el imperialismo fueron inmediatas, sobre todo en el campo económico: el acaparamiento y la especulación (intensificados por algunos problemas en el control de cambio –morosidad de Cadivi y los bancos privados para liberar las divisas de importación43– y en el control de precios) han generado el desabastecimiento y el alza generalizada de los precios. Tales problemas ganaron mayores proporciones cuando estalló la crisis internacional de los alimentos (aproximadamente en abril de 2008), resultado de la desenfrenada especulación financiera con las commodities.
 
Aún en enero de 2007, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en acto público, en la Plaza Bolívar de Caracas, una nueva Ley Habilitante, que autorizó el presidente de la República a dictar, por un lapso de 18 meses, decretos con rango, valor y fuerza de Ley en diversos ámbitos: económico, social, financiero, tributario, ciencia y tecnología, ordenación territorial, seguridad y defensa, infraestructura y energía. Esa es la segunda vez que ese mecanismo fue adoptado durante el gobierno de Chávez.
 
La economía creció de nuevo durante todos los trimestres: el 8,8 por ciento en el primero, el 7,6 en el segundo, el 8,6 en el tercero y el 8,5 en el cuarto. El alza acumulada durante el año fue de 8,4. Se ha impulsado mucho a los sectores productivos, sobre todo a la industria manufacturera y la construcción (obras de infraestructura). Al contrario de lo que ocurrió en los 70 –cuando se malgastó el dinero del petróleo y, además, se asumió una ilegítima deuda externa– hoy día los proyectos se realizan con recursos propios. El Estado garantiza los recursos, sin endeudarse ni someterse a paquetes de organismos financieros internacionales –de hecho, el FMI cerró su oficina en Caracas. Cabe decir que las deudas públicas, externa e interna, han sido bastante reducidas como porcentaje del PIB. En 1998, representaron el 25,5 y el 5 del PIB, respectivamente. En 2003, en medio del sabotaje económico, alcanzaron niveles estratosféricos: el 29,7 y el 17,9 del PIB, respectivamente. En 2007, ya se veía la reducción de ambas deudas: la externa (cerca de 52,9 mil millones de dólares, según la Cepal) representó el 12,0 y la interna el 7,3 del PIB, respectivamente. En 2007, la deuda pública total representó el 19,3 del PIB44, bastante inferior a los niveles de 1989 (83,6%), 1995 (69,2%), 1999 (29,5%) y 2003 (47,6%). El nivel actual es el más bajo de los últimos 30 años y uno de los menores de la región45.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos46, PDVSA asumió la mayoría accionaria en los negocios petroleros con terceros: se eliminó la figura de los convenios operativos y nacieron las empresas mixtas entre Venezuela y las transnacionales47. Aunque algunos sectores nacionalistas contesten esa medida, considerando que hubo retroceso y no avance, el Gobierno afirma que ha puesto fin a la Apertura Petrolera y consolidado su política de Plena Soberanía Petrolera. Entre los beneficios de esa medida se pueden enumerar: la reducción de los costos reales de PDVSA en cerca de 2,7 mil millones de dólares, entre 2006 y 2007, y el incremento de 40,4 mil millones de dólares en la recaudación tributaria, entre 2002 y 2007 (PDVSA, 2008, p. 56)48. Es decir, además del alza de los precios internacionales del crudo, las medidas gubernamentales en materia petrolera han garantizado que cada día más la mayor parte de los recursos se quede en Venezuela. Si entre 1998 y 2007 el precio del petróleo aumentó cerca de seis veces, en el mismo período el ingreso petrolero para el Estado ha crecido cerca de 23 veces.
 
En diciembre de 2007, el Gobierno sometió a referendo popular la Reforma Constitucional, que proponía la modificación de 69 de los 350 artículos de la Carta Magna. Las principales transformaciones sugeridas fueron: prohibición del latifundio y los monopolios, fin de la autonomía del Banco Central, disminución de la jornada laboral de 44 a 36 horas semanales, creación de un Fondo de Estabilidad Social para los trabajadores cuentapropistas (taxistas, comerciantes, artesanos, etcétera), ampliación de las formas de propiedad (pública, social, colectiva, mixta y privada), democratización del acceso a las universidades49, posibilidad de reelección presidencial por cuantas veces el pueblo desee, entre otros temas. La reforma fue una tentativa de aprovechar el elevado índice de popularidad del proyecto bolivariano para quemar etapas. Aunque la propuesta haya sido derrotada (obtuvo el 49,3% contra el 50,7%), hasta julio de 2008 el Gobierno pudo avanzar directamente vía Ley Habilitante en algunos puntos, a través de la promulgación de 66 decretos con fuerza de Ley (Venezuela, 2008b)50. El 9 de diciembre de 2007, 183 años después de la emancipadora Batalla de Ayacucho, fue constituido el Banco del Sur, otro resultado concreto de las propuestas venezolanas de integración.
 
El 1º de enero de 2008 entró en vigor la Reconversión Monetaria, que consistió en la eliminación de tres ceros (000) del bolívar y la alteración del nombre de la moneda venezolana a ‘bolívar fuerte’ (Bs. F). A lo largo del año, el PIB trimestral continuó su crecimiento, aunque su tracción haya presentado visiblemente menos fuerza: un 4,9 en el primero, un 7,1 en el segundo y un 4,6 en el tercero, acumulando, según el BCV, un 5,6 por ciento de alza hasta septiembre (los datos referentes al cuarto trimestre de 2008 todavía no están disponibles). Se estima que actualmente el PIB venezolano asciende a 328 mil millones de dólares.
 
Durante aquel año, continuó en aplicación la política de rescatar para el control estatal los patrimonios que fueron desnacionalizados durante los años 90 (caso de la poderosa Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y del Banco de Venezuela-Santander). Por otro lado, buscando combatir los monopolios privados que han representado trabas en sectores clave de la economía, especialmente alimentación y construcción civil (exactamente los sectores que arrastran hacia arriba la inflación), el Gobierno adelantó la estatización de tres cementeras: Cemex, Lafarge y Holcim51.
 
Analizando detenidamente el PIB, se nota que los subsectores que más crecieron hasta septiembre fueron: comunicaciones, un 21,3; construcción, un 7,6; y comercio y servicios de reparación, un 5,4 por ciento. A la vez, otros subsectores presentaron tasas más bajas: electricidad y agua, 3,6; transporte y almacenamiento, 3,5; servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, 3,2. Durante los tres trimestres, el subsector instituciones financieras y seguros presentó caídas, acumulando un -5,2 por ciento hasta la fecha. Otro resultado importante se refiere al subsector de la industria manufacturera: pese al mantenimiento de su crecimiento por el vigésimo trimestre consecutivo, ha presentado fuerte desaceleración. El en tercer trimestre creció solamente un 0,3 por ciento y bajó todavía más su participación en el PIB, a un 16,1, el porcentaje más bajo desde el sabotaje petrolero.
 
Según el “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”, de la Cepal, “en 2008 cambió la evolución de algunas variables que habían incidido en forma significativa en el dinamismo de la economía de la República Bolivariana de Venezuela a partir de 2003. Agregados como la formación bruta de capital fijo, la liquidez monetaria y el crédito bancario mostraron una reducción en términos reales, mientras el gasto público se moderó considerablemente, también en términos reales… En igual período, la demanda interna se desaceleró significativamente como resultado de la disminución de la formación bruta de capital fijo”.
 
Respecto a la disminución en el ritmo de su crecimiento, es importante destacar dos argumentos: 1) la reducción ha sido planificada y anunciada hace muchos meses por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que pretende mantener las tasas alrededor del 5 ó el 6 por ciento, y 2) el buen nivel de crecimiento actual se da pese a la incierta coyuntura internacional, generada por la crisis financiera. Naturalmente, se espera que los impactos de la fuerte caída de los precios del petróleo empiecen a reflejarse sobre la economía venezolana a partir del cuarto trimestre de 2008 y del primer trimestre de 2009. No obstante, es importante repetir las palabras del ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque (2008): “La Revolución Bolivariana no surgió porque tuviésemos precios del petróleo muy altos ni se ha sostenido principalmente porque hayamos tenido precios altos. Precisamente, el gobierno del presidente Hugo Chávez se inició en un momento de profunda depresión de los precios del petróleo… De manera que la Revolución Bolivariana ni comienza con precios altos del petróleo ni va a terminar porque bajen esos precios”.

1999-2009: Diez años y lo que falta
 
El gobierno del presidente Chávez cuenta con un Proyecto Nacional de líneas generales muy definidas. La idea difundida por los grandes conglomerados de información, de que en Venezuela hay una economía artificial y miserablemente asistencialista, es una quimera. Para Weisbrot y Sandoval (2008, pp. 3-18), “la opinión más generalizada sobre la expansión económica actual del país es que se trata de una gran ‘bonanza petrolera’, estimulada, como en el pasado, por los altos precios del crudo, y que va en camino a la ‘bancarrota’. Se cree que este futuro colapso económico será el resultado de una eventual caída en los precios del petróleo, o de una mala gestión del Gobierno en materia de política económica […] Muchos de esos pronósticos ofrecen muy pocos argumentos concretos para explicar específicamente qué es lo que hará que la expansión llegue a su fin. [Por otro lado,] existe bastante evidencia contraria a esas conclusiones”.
 
En Venezuela existen visiones de desarrollo de corto, mediano y largo plazos, inicialmente plasmadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Actualmente, se trabaja con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, también llamado Plan Económico y Social de la Nación 2007-2013 o Primer Plan Socialista52. Éste prevé el impulso de iniciativas relacionadas con industrias básicas, industrias ligeras, petroquímica, gasífera, turística, agricultura (sector aparentemente retrasado si se compara con los demás), infraestructura y formación de recursos humanos. ¿Qué país tiene un proyecto de desarrollo definido para los próximos cinco o seis años? ¿De estos países, cuántos cuentan con recursos financieros suficientes para ejecutar plenamente sus planes? ¿En cuántos hay un gobierno fuerte, con decisión política y que cuente con masivo apoyo popular? Lo más importante parece ser organizar las acciones, cumplir efectivamente con los proyectos y aumentar la eficiencia de los gastos públicos: aprovechar cada centavo para desarrollar más la capacidad productiva del país. Para eso se creó la Comisión Central de Planificación, en junio de 2007.
 
La siembra de petróleo se hace posible especialmente mediante por lo menos ocho mecanismos: 1) Modificación de la Ley de Hidrocarburos, aumento de las regalías cobradas por el Gobierno a las compañías petroleras (del 16,6% para el 30% y del 1% para el 16,6%, en el caso de la Faja del Orinoco) y transformación de los convenios operativos en empresas mixtas; 2) Adopción del control de cambio en febrero de 2003, que aumentó las reservas internacionales de 14.860 mil millones de dólares a los actuales 41,2 mil millones de dólares (20 de enero de 2009)53 y creó condiciones financieras para la aplicación de otras medidas; 3) La nueva Ley del Banco Central y la creación del Fonden, que ya cuenta con un monto de aproximadamente 15.000 millones de dólares; 4) Nuevo enfoque del máximo órgano de recaudación de tributos, el Seniat, que entre 1999 y 2007 ha aumentado las recaudaciones totales como porcentaje del PIB (impactando especialmente en las grandes empresas nacionales y las transnacionales, históricamente morosas y evasoras de impuestos); 5) Amplio plan de inversiones publicas en la plataforma de industrias básicas, con su consiguiente efecto multiplicador y acelerador de la inversión privada en sectores como el transformador de insumos básicos en productos de mayor valor agregado y subministrador de partes a la industria; 6) Aporte de PDVSA, en 2007, de 13,9 mil millones de dólares al desarrollo social del país, abarcando Misiones Sociales, Núcleos de Desarrollo Endógeno y Financiamiento de proyectos del Fonden, como mecanismo de emergencia para pagar la inmensa deuda social acumulada durante décadas, disminuir el desempleo y combatir estructuralmente la inflación; 7) Trabajo del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) para aumentar en un 33 por ciento la superficie sembrada, activando productivamente más de 540 mil hectáreas, gracias al apoyo técnico, financiero y logístico, y la construcción de infraestructura (riego, almacenaje y transporte)54; 8) Estatización de empresas estratégicas de telefonía, electricidad, siderurgia y cemento, además de un importante banco.
 
Estos ocho dispositivos han permitido que, desde 2004, el PIB no petrolero haya crecido a tasas significativamente más elevadas que el PIB petrolero, evidenciando el impacto positivo de las exportaciones de petróleo sobre las actividades no relacionadas directamente con el crudo. Mientras en el segundo trimestre de 1999 el PIB no-petrolero significaba el 70,5 por ciento del PIB total, hoy representa el 76,4. En el mismo período, la participación del PIB petrolero en el PIB total fue reducida del 20,1% al 12,0%. Esa caída en la participación relativa del PIB petrolero en el PIB es resultado de: 1) Mantenimiento de los niveles de producción petrolera (actividades de extracción y refinación) y 2) Activación de los sectores no petroleros, es decir, los recursos del sector petrolero de la economía han sido utilizados para estimular paulatinamente la superación de la economía petrolera. El proceso de transformación estructural en marcha en Venezuela demuestra que el país alcanzó su soberanía política y ahora camina rumbo a su independencia económica.
 
En total, entre el cuarto trimestre de 2003 y el tercero de 2008, el país acumuló 20 trimestres de permanentes alzas (cinco años de aceleración continua), a un promedio del 10,9 por ciento. Aunque durante los últimos siete trimestres, desde comienzos de 2007, el ritmo de crecimiento de la economía haya disminuido un poco (a un promedio del 7,2%), el actual nivel puede ser considerado alto. Si el país mantuviera este ritmo, dentro de 10 años la economía sería más que el doble de la actual.
 
Ha sido muy significativa la aceleración del PIB manufacturero (la industria transformadora) entre 2004 y 2008. A partir del segundo trimestre de 2005, la actividad manufacturera superó al PIB petrolero por primera vez desde 1997, cuando comenzó la serie estadística del BCV analizada. La activación es verificada especialmente en los consistentes aumentos del consumo de electricidad, en las ventas de vehículos, cemento, productos largos para la construcción civil, arena, piedra, ladrillo, hierro, acero y aluminio, entre otros. En la industria manufacturera, las ramas de actividad económica que más han crecido son: elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, cuero y calzado, edición e impresión, producción de prendas de vestir, minerales no metálicos, cauchos y productos plásticos, fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, y fabricación de maquinarias y equipos.
 
La participación de la manufactura en el PIB total (promedio de los últimos cuatro trimestres), que se había comprimido al 14,7 por ciento durante el sabotaje petrolero, en septiembre de 2008 llegó al 16,2. Esos resultados deben mejorar todavía más cuando se hagan sentir plenamente los impactos de tres importantes medidas gubernamentales dirigidas al impulso de las empresas privadas nacionales que son responsables de la industria de transformación: el proyecto “Fábrica Adentro”, del Milco; el “Decreto para el suministro de materias primas e insumos básicos al sector transformador nacional”, del MIBAM; y el “Plan Siembra Petrolera”, de PDVSA55. El Gobierno y el sector privado han estrechado lazos con el objetivo de reactivar unidades productivas que habían sido paralizadas durante los años 80 (crisis de la deuda externa), los 90 (desindustrialización neoliberal) y 2002-2003 (golpe de Estado y sabotaje petrolero).
 
Fruto de ello, se ha notado el incremento de las inversiones, así como de las importaciones de bienes de capital, desde 2003. Eso es muy evidente cuando se analiza la formación bruta de capital fijo (FBKF) (la inversión en la economía como porcentaje del PIB) que engloba los gastos para construcción, adquisición y puesta en funcionamiento de bienes de capital orientados a la formación de activos fijos, nuevas construcciones, instalación de maquinarias y equipos. Si durante el paro petrolero, la FBKF llegó a menos del 15 por ciento del PIB, hoy está cerca del 30. En este momento, muy pocos países están invirtiendo en tal magnitud. Según la Cepal, la tasa de inversión promedio en América Latina es del 20 por ciento del PIB, insuficiente para garantizar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Es decir, Venezuela supera con creces ese porcentaje, debido al aumento de las inversiones públicas y privadas.
 
La relación entre las importaciones y los precios internos ha mantenido el tradicional comportamiento sube y baja de un balancín: para satisfacer el fuerte crecimiento de la demanda interna, el Gobierno ha recurrido a compras en el exterior. Como resultado del crecimiento económico, se ha verificado un enérgico incremento de la demanda interna: el 82,5 por ciento en los últimos cinco años. Sin embargo, mucho más importante ha sido el esfuerzo para impulsar la oferta doméstica y disminuir la oferta externa. En el mismo período, el crecimiento de la oferta doméstica acumuló un alza del 57,9 por ciento, impacto directo de la reactivación del aparato industrial y del aumento de las inversiones en nuevas unidades productivas. Sobre ese tema, afortunadamente sigue viva la preocupación frente al clásico problema de las economías subdesarrolladas y monoexportadoras de productos primarios: es natural que un país de relativamente escasa industrialización aumente sus importaciones en momentos de fuerte entrada de divisas como el actual. Por lo demás, con el alza de las exportaciones petroleras, la demanda interna tiende a crecer a un ritmo mucho más intenso que la capacidad de respuesta de la oferta doméstica, presionando el incremento de los precios. Al mismo tiempo, el fuerte ingreso de divisas petroleras estimula la sobrevaluación de la tasa de cambio real y provoca aún más el aumento de las importaciones.
 
Desde una mirada superficial, el cambio fijo de Venezuela desde 2003 y los actuales índices de inflación superiores al 25 por ciento anual sólo hacen estimular la sobrevaluación real de la tasa de cambio. Sin embargo, el verdadero problema no es si existe o no la “enfermedad holandesa” sino que la sobrevaluación de la tasa de cambio ha sido utilizada para empujar el proceso de industrialización, facilitando la importación de bienes de capital e intermediarios. Es decir, en realidad, gracias al rescate del control estatal sobre sectores estratégicos de la economía, al esfuerzo por conectar los sectores productivos internos, a una mejor distribución de la renta petrolera y la efectiva recaudación de tributos, entre otras importantes medidas, el actual gobierno está combatiendo los problemas estructurales de Venezuela. El cambio sobrevaluado no representa un riesgo inmediato y no hay necesidad de una devaluación forzosa. Weisbrot y Sandoval (2008, p. 5) afirman que “el Gobierno es reacio a devaluar, debido a que eso aumentaría la inflación. Dado que existen controles sobre el tipo de cambio y el Gobierno cuenta con un gran superávit en cuenta corriente, nada hay que pudiera obligar a una devaluación en el futuro cercano. Debido al gran superávit en cuenta corriente, a las grandes reservas en moneda extranjera, y asimismo a que la deuda externa del país es pequeña, el Gobierno dispone de diversas herramientas para estabilizar y reducir la inflación sin tener que sacrificar el crecimiento de la economía”.
 
Desde 2003, las importaciones han crecido más del 330 por ciento, mientras las exportaciones han aumentado el 154. En 2007, las importaciones totales alcanzaron los 45,5 mil millones de dólares, el 72,5 por ciento de los 62,7 mil millones obtenidos con las exportaciones petroleras (hasta septiembre de 2008, con el aumento de las exportaciones petroleras y la sutil disminución de las importaciones totales, ese porcentaje fue reducido al 43,3). Es conveniente profundizar ese análisis con base en los datos del BCV: 1) Participación de las importaciones totales en las exportaciones petroleras alcanzó el 136,3 por ciento en 1998, el 87,7 en 2001 y el 55,4 en 2006 (es decir, ha caído hasta empezar la crisis de escasez, generada por el desabastecimiento y el acaparamiento en 2007 (es posible verificar esa caída en el gráfico a continuación); y 2) Importaciones de bienes terminados (para consumo final), que en 2000 llegaron al 38,0 por ciento del total importado, en diciembre de 2007 representaron el 24,1. El promedio entre 1997 y 2002 fue de 28,0 por ciento. En el mismo período, la compra de productos intermedios ha sufrido también importantes reducciones: del 64,6 por ciento del total importado en 1997, al 43,6. El promedio entre 1997 y 2002 fue del 54,6. No obstante, lo más significativo es verificar las importaciones de bienes de capital (maquinarias y equipos): representaron el 11,1 por ciento del total importado en 2000 y actualmente suman el 32,2. El promedio entre 1997 y 2002 fue de 17,5. Se ha tomado a 2002 como marco divisorio debido a la aplicación del control de cambio a partir de 2003.
 
El gráfico correspondiente demuestra la variación trimestral de las tres modalidades de importación: desde 2004, el ritmo de crecimiento de las compras de bienes de capital (línea escura continua) ha superado el ritmo de crecimiento de las demás hasta fines de 2007. Hasta septiembre de 2008 se observan algunos cambios en el cuadro: las importaciones de bienes terminados (para consumo final) aumentaron un poco, hacia 27,1 por ciento; las compras de bienes de consumo intermedio aumentaron al 49,3 y las importaciones de bienes para la Formación Bruta de Capital Fijo disminuyeron ligeramente, al 23,7. Pese a eso, está claro que entre 2004 y 2007, además de comprar bienes de consumo –para satisfacer la creciente demanda interna, sanar el desabastecimiento y frenar la inflación–, el país ha invertido sus recursos en obtener maquinaria, componentes y equipos que posibiliten el proceso de industrialización soberana en marcha. Aunque los resultados sean satisfactorios, es imprescindible intensificar aún más ese proceso, parcialmente paralizado durante 2008.
Aparte de ello, pese al aumento de las importaciones, han sido crecientes los superávits comerciales (expresados en millones de dólares): 22.647 en 2004, 31.708 en 2005, 32.712 en 2006, 23.702 en 2007 (peor resultado desde 2003, debido a las importaciones de emergencia frente a la especulación y el acaparamiento) y 49.393 hasta septiembre de 2008. Afianzando la fortaleza de la economía, el saldo positivo en cuenta corriente ha demostrado resultados similares: acumuló casi 100 mil millones de dólares en los últimos tres años y medio. Al mismo tiempo, se ha verificado un creciente déficit en la cuenta de capital y financiera, lo que expresa la salida de capitales del país. Los montos, en millones de dólares, fueron: -9.243 en 2002, -5.558 en 2003, -11.116 en 2004, -16.400 en 2006, -19.147 en 2007 y -36.514 hasta septiembre de 2008 (los resultados han ocasionado déficit global en la balanza de pagos durante 2007). Tradicionalmente, el resultado negativo en la cuenta de capital y financiera ha sido generado por el drenaje de recursos al exterior, impulsado por empresas privadas nacionales o extranjeras. Sin embargo, hoy día no se trata solamente de eso: el déficit también ha sido concebido por el propio sector público56. Hace algunos años, el Estado venezolano pasó a invertir y adquirir activos en el exterior, sobre todo en América Latina y el Caribe (títulos de la deuda pública, inversiones en la participación accionaria de plantas industriales o apoyos financieros a unidades productivas de propiedad binacional), lo que se expresa en la balanza de pagos con el signo negativo, como salida de capital.
 
Otro dato relevante: El petróleo ha aumentado su participación en el total de las exportaciones y en 2007 representaron el 88,3 por ciento, tocando al 92,4 en el tercer trimestre de 2008. Hay por lo menos dos motivos muy claros para tal incremento: 1) El alza de los precios internacionales del barril han aumentado la participación relativa del petróleo en el total de exportaciones, y 2) La decisión deliberada del gobierno venezolano de restringir las exportaciones primarias y garantizarles el suministro de esos productos (principalmente aluminio, hierro, acero, madera, cemento, metanol, urea, pescados, plástico y madera) a los productores nacionales ha encogido la participación relativa del petróleo en el total de las exportaciones. Pese al fuerte incremento de los precios de algunas commodities entre 2005 y 2007, las exportaciones no petroleras de Venezuela se mantienen cercanas a los 8,5 mil millones de dólares (solamente un 7,8% del total exportado). Continuando esa tendencia, hasta el tercero trimestre de 2008 tales ventas fueron de 6,5 mil millones de dólares. Es posible plantear que un ciento por ciento de algunos de esos insumos fuesen destinados al sector transformador del país, que no tiene necesidad urgente de exportarlos. Es decir, las exportaciones de petróleo pudieran financiar el fortalecimiento del mercado interno y, además, garantizar la conservación de los yacimientos de bauxita, hierro, oro, carbón, madera, etcétera57.
 
Respecto a la inflación, en 1999, el IPC acumulado en diciembre fue del 20,0 por ciento. En 2000 y 2001, años en que la economía creció, fue reducido al 13,4 y el 12,3, respectivamente. En 2002, debido al golpe contra Chávez, los sabotajes y conspiraciones contra la economía nacional, se disparó al 31,2. En el 2003, también como resultado de los complots y el paro petrolero, fue del 27,1. En 2004, año marcado por el elevado crecimiento de la economía, la inflación cayó al 19,2, y en 2005 bajó a menos del 14,458. La reducción de esos dos años está asociada al aumento de la producción industrial, al apoyo a pequeños y medianos productores agrícolas –a través de créditos, instalaciones de almacenamiento, silos, frigoríficos, medios de transporte–, a la supresión de intermediarios, al combate contra los monopolios privados, al control de precios sobre más de 200 productos básicos a partir de 2003 y al establecimiento de 15.726 Mercados de Alimentos (Mercal) en el territorio nacional. Tal programa, que vende productos hasta en un 40 por ciento más baratos, alcanzó cerca de 15 millones de consumidores, ganando muchos adeptos incluso en la clase media.
En el gráfico anterior se expone el IPC-AMC, más específicamente la inflación acumulada de 12 meses: queda muy evidente la reducción del aumento de precios entre 1999 y los primeros meses de 2002, así como la explosión de 2002 y 2003. Conforme se ha analizado en párrafos anteriores, los precios cayeron en forma permanente entre abril de 2003 y junio de 2006, cuando volvieron a subir hasta mediados de 2007. Durante algunos meses, sobre todo debido al marcado aumento de las importaciones, la inflación ha sido parcialmente reducida. Sin embargo, a partir de octubre de 2007 otra vez ha ganado fuerza e intensidad. Tal tendencia continuó hasta septiembre de 2008, cuando alcanzó un nivel equivalente al de los períodos del abortado golpe y el sabotaje petrolero. Desde octubre, la inflación empieza a bajar sutilmente: el índice acumulado en los últimos 12 meses (entre enero de 2008 y diciembre de 2008) fue del 30,9 por ciento59.
 
Pese a esa tenue caída, notoriamente existe un nuevo intento de desestabilizar el proyecto bolivariano mediante la tradicional disputa por el control de la economía. El Gobierno ha hecho un esfuerzo para enfrentar ese problema con herramientas distintas de la tradicional política de los economistas ortodoxos. Para Miraflores [Palacio de Gobierno de Venezuela], la prioridad ha sido el crecimiento y el desarrollo, no el puntual control de la inflación como principal meta. Además, correctamente se ha interpretado la inflación desde el punto de vista estructural. Por otro lado, en medios “menos políticos y más técnicos”, el tema todavía genera amplias discusiones. Sigue viva la visión liberal ortodoxa. En la batalla contra la inflación, hay elementos, y variables económicas, políticas y sociales que pueden ser fácilmente pronosticados. Sin embargo, hay otros que no. ¿Quién puede prever y cómo medir numéricamente el impacto generado por un golpe contra el Gobierno, un sabotaje económico antinacional o el acaparamiento de productos básicos?60 Por eso, la lucha contra la inflación en Venezuela ha sido un tema especialmente complejo, que exhibe en forma evidente la dificultad de una nación para desenrollarse del esquema de la dependencia, y también la necesidad de ingeniarse providencias propias y adoptables a la realidad específica del país. Pese a la postura del gobierno venezolano de adoptar el desarrollo endógeno como meta, todavía existen directivos de entes públicos que defienden el aumento de las tasas de interés, la reducción de los gastos públicos y los créditos populares como forma de detener la inflación. Sería infantil exigir que el pensamiento dominante, procedente de los países hegemónicos y tan profundamente asimilado durante siglos por las élites periféricas, desapareciera de manera repentina. La marcha hacia la emancipación es muy larga.
 
Examinando lo que se ha hecho, es posible decir que el gobierno venezolano trata de controlar la inflación, sobre todo a través de tres acciones: 1) Esfuerzo orientado al aumento de la producción (oferta) nacional. Venezuela está produciendo a plena capacidad. Sin embargo, por su estructura productiva distorsionada, una economía históricamente importadora, la producción nacional no logra satisfacer la totalidad de la demanda –que, de paso, ha crecido mucho, con la incorporación de importantes sectores populares y también de la clase media al mercado consumidor; 2) Uso de las importaciones para cubrir la creciente demanda interna. Si el país no cuenta con una estructura productiva que sea capaz de suministrar los bienes que su población requiere diariamente, y cada día más, lo único que puede hacer es importar y, lo que ha hecho al mismo tiempo, estimular la producción nacional. Las compras del exterior –conforme se ha verificado anteriormente– han crecido bastante; priorizando los bienes de capital, maquinarias y equipos. Pero –para satisfacer la demanda y frenar la inflación– también se ha importado inmensa cantidad de alimentos, bebidas, ropas, zapatos, etcétera. En ese punto, es natural concluir que las compras en el exterior, por lo menos en el corto y el mediano plazo, tienden a dificultar el desarrollo de la industria venezolana61. Por eso han sido crecientes las intervenciones del Milco y de Cadivi, tratando de reducir las importaciones de bienes superfluos y seleccionar productos cuya producción nacional es insuficiente. Aunque eso represente un duro golpe para la lógica liberal, un Estado soberano debe defender su derecho a controlar las reservas internacionales y estimular su industria, a través de mecanismos como la restricción o la prohibición de la importación de determinados bienes. Se trata de un principio elemental, practicado hace siglos por los Estados que buscan desarrollarse internamente y alcanzar niveles superiores de vida para su población; y 3) Emisión de bonos –esterilización del exceso de moneda nacional en circulación.
 
Analizando el mercado laboral, se verifica que entre junio de 1999 y diciembre de 2008 la PEA ha aumentado un 25,0 por ciento, de 10.256.819 a 12.824.626 personas, es decir, en 2.567.807 ciudadanos. Durante el mismo período, el número de ciudadanos empleados aumentó de 8.659.846 a 12.041.709 (39,1%). Conjuntamente, ha sido muy expresiva la mejora en la calidad de los empleos: en los últimos seis años, la participación del sector formal de la economía ha crecido el 8,1, representando actualmente más del 56,8 por ciento de los ocupados; a fines de 2002 sumaba el 48,7. Observando en detalle, se nota que la inmensa mayoría de los nuevos empleos, el 72,2 por ciento, fue creada en los sectores servicios, transportes, comercio y establecimientos financieros, el 13,7 en construcción civil y el 8,2 en la industria. A la vez, el número de desempleados cayó de 1.596.973 a 782.917 (reducción del 51,0%). Las personas sin empleo representaban en diciembre de 2008 el 6,1 por ciento de la PEA, mucho menos que el 15,6 de 1999. Otro elemento fundamental para disminuir el desempleo fue el incremento de la población inactiva: de 5.049.386 a 6.780.854 (34,3%), expresando que un gran número de personas en edad de trabajar (15 años o más) ha salido del mercado laboral para, por ejemplo, dedicarse a los estudios, jubilarse o recibir pensión. De hecho, entre 1998 y 2008, el número de pensionados aumentó el 215,4 por ciento, al pasar de 387.007 a 1.220.685 (Venezuela, 2008, p. 18). En el gráfico de abajo se observa la caída del desempleo entre abril de 2003 y diciembre de 2008.
 
Paralelamente al aumento del empleo y el sector formal, entre 1999 y 2008 el salario mínimo creció un 88,0 por ciento, pasando de 197,7 dólares a 371,7 dólares, ubicándose como el más alto de América Latina. Se trata de demostrar que, si bien hay avances considerables en los últimos 10 años, esos progresos no son lineales. Las sugeridas etapas de la economía venezolana en los últimos 10 años exponen el carácter zigzagueante de algunas variables. Pese a ello, es posible constatar que ha habido una gradual y progresiva conversión del crecimiento económico en desarrollo económico y social.
 
El gasto público en educación durante el mandato Chávez es un 60 por ciento más elevado que el promedio de los años 90. En el 2007, fue un 160 por ciento mayor que en 1996, sin contabilizar las masivas inversiones en programas sociales del área educacional: Misión Robinson I (1.568.746 de alfabetizados a través del método cubano “Yo sí puedo”), Misión Robinson II (427 mil graduados), Misión Ribas (510 mil concluyeron el bachillerato), Misión Sucre (240 mil nuevos universitarios). Según el Ministerio de Planificación y Desarrollo (Venezuela, 2008, p. 11), hay 1.169.398 venezolanos que estudian en Misiones educativas. A la vez, el gasto público en salud es un 64 por ciento mayor que el promedio de la década neoliberal y un 185 por ciento superior al de 1996. Asimismo, sin contabilizar los proyectos sociales en el área (Barrio Adentro y Misión Milagro, ambos con apoyo de Cuba), que acumulan millones de beneficiados en Venezuela y miles en otros países de Latinoamérica. Como resultado de la presencia de médicos en los barrios, las vacunaciones masivas, la consulta prenatal y la mejoría del sistema público de salud, entre 1998 y 2006 la tasa de mortalidad infantil, antes de completar un año, ha caído un 35 por ciento, pasando de 21,4 a 13,9 por cada mil nacidos (Venezuela, 2008a, pp. 32-36).
 
Pese a las limitaciones de los indicadores socio-económicos para medir la realidad –sobre todo si la coyuntura está en plena transformación–, según datos del INE, la pobreza continúa disminuyendo: si en 1996 era del 75,5 por ciento de la población, en 1999 estaba en el 48,7, en 2003 llegó al 62,1 y hoy es del 33,4. A la vez, la pobreza extrema (miseria), en el mismo período, cayó del 23,4 al 20,1, creció al 29,8 (paro petrolero) y llega hoy al 9,4 (Venezuela, 2008, p. 32). Hay dos puntos sugeridos por Weisbrot y Sandoval (2008, p. 15): 1) Las condiciones de vida de los más pobres ha mejorado más que lo indicado por el índice oficial, que solamente mide los ingresos monetarios efectivos; y 2) El nivel de pobreza actual sería aún más bajo en Venezuela si no fuera por el desgaste derivado de las conspiraciones de 2002 y 2003.
 
Además de los resultados presentados, Venezuela es uno de los países que más avanzan en cumplir las modestas “Metas del Milenio”, fijadas para 2015. Según se verifica al analizar el Índice de Desarrollo Humano (IDH), utilizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la situación venezolana ha mejorado bastante en los últimos 10 años. El IDH, que oscila entre 0 y 1 (0 significa mínimo desarrollo y 1 el máximo), es conformado por un conjunto de variables como tasas de alfabetización, escolaridad, salud y esperanza de vida al nacer. El último resultado divulgado por el PNUD, referente a 2006, demuestra que en Venezuela el IDH se ubicó en 0,826, mientras en 2004 fue de 0,810 y en 2000 de 0,776. Es muy interesante observar en los datos del PNUD que el IDH de Venezuela ha crecido mucho más que el de otros países exportadores de petróleo. Otra información muy importante: el Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, del PNUD, demuestra que, entre 1975 y 1980, período de intensa bonanza petrolera, el IDH de Venezuela aumentó sólo de 0,723 a 0,737. Tales comentarios fortalecen la argumentación según la cual el país ha frenado el drenaje de recursos petroleros hacia el exterior, utilizando la renta del petróleo en invertirla, sembrarla, internamente62.
 
En noviembre de 2008 hubo comicios regionales en Venezuela: en 22 de las 23 gobernaciones (en el estado Amazonas, donde no hubo elecciones, el Gobernador es del partido PPT) y en las 327 alcaldías. Es posible decir que las elecciones confirmaron la amplia supremacía de las fuerzas bolivarianas. Aunque el voto continúe siendo optativo, no obligatorio, el sufragio presentó un bajísimo índice de abstención, uno de los menores de la historia de las disputas regionales: menos del 35 por ciento de los 16.699.576 inscritos en el registro electoral, reforzando la idea de “democracia participativa y protagónica”. Los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) demuestran que el mapa nacional continúa “teñido de rojo”, ahora con el PSUV como principal agremiación: ganó en 17 de los 22 estados en disputa (un 77,3% del total) y en 265 de las 327 alcaldías (un 81,0% del total). La base de apoyo al presidente Chávez superó los 5,7 millones de votos63. A la vez, la oposición ha conservado el poder en las gobernaciones de Nueva Esparta y Zulia, además de conquistar los importantes estados Miranda, Carabobo y Táchira (los últimos dos por una margen muy pequeña de votos), así como la Alcaldía Metropolitana de Caracas64.
 
Pese a los tropiezos, el resultado expone una amplia victoria de Hugo Chávez y las fuerzas nacionales. A partir de ahora, entre 2009 y 2012, se espera que el Ejecutivo Nacional cuente con gobernadores y alcaldes todavía más comprometidos con el proceso de transformaciones estructurales, que trabajen en la efectiva aplicación de los proyectos gubernamentales y las políticas del “Plan Simón Bolívar”. Por ese motivo, se prevé el comienzo de una fase todavía más intensa de la marcha Rumbo al socialismo.
 
Uno de los primeros acontecimientos posteriores al triunfo fue el rescate de la discusión sobre la reelección presidencial. El articulo 230 de la Constitución de 1999 prevé: “El período presidencial es de seis años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato y una sola vez para un nuevo período”. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó y el Consejo Nacional Electoral convocó un referendo popular para la aprobación o no de una Enmienda Constitucional. En medio a las discusiones, la propuesta fue ampliada, abarcando la posibilidad de reelección también para gobernadores, alcaldes y diputados (nacionales y regionales). El 15 de febrero de 2009 –poco antes de la impresión de ese trabajo–, 16 millones 767 mil 511 venezolanos podrán optar por el “Sí” o por el “No”65. Hay muchos elementos que apuntan a otra victoria de Chávez y del proceso revolucionario.
 
Un nuevo triunfo del Presidente significa ampliar el horizonte de transformaciones estructurales de Venezuela hasta más allá de 2013; por otro lado, una derrota puede complicar considerablemente el avance de la marcha venezolana hacia la independencia económica y el socialismo. Por lo demás, no hay dudas de que la interrupción parcial (o, incluso, la disminución del ritmo de avance) del proceso venezolano implica golpear duramente el actual progreso de la integración latinoamericana, así como comprometer el desempeño de los procesos emancipadores (similares, aunque más lentos) llevados a cabo en otros países de la región.
Desde hace algunos meses han ocurrido importantes hechos, como la explosión de la fuerte crisis financiera internacional66 y la victoria de Barack Hussein Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos para el período 2009-2012. Sin duda, el mundo ha cambiado, y mucho, a partir de octubre de 2008. Pese a su relevancia, esos temas no serán analizados detalladamente en este trabajo. El actual ambiente es de grave crisis, que por ahora impacta sobre todo a Estados Unidos, Europa y Japón. Las consecuencias más visibles han sido los centenares de miles de exoneraciones de trabajadores y los paquetes gubernamentales de socorro financiero a bancos y grandes compañías. Los montos de esos auxilios alcanzan niveles hasta hoy desconocidos en términos de cifras: miles de millardos de dólares. Ese desastre ha sido reiteradamente anunciado, resultado de la creciente flexibilización del mercado financiero y la liberalización de los mercados de capitales de las últimas décadas (especialmente en los últimos años). Se trata de una crisis del liberalismo económico, crisis de ausencia de regulaciones por parte del Estado, otra crisis del laissez-faire. Los países latinoamericanos deben aprovechar ese momento para profundizar su integración y el fortalecimiento de sus mercados internos mediante políticas económicas anticíclicas.
 
Para 2009, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento mundial del 0,5 por ciento. Hay quienes anuncian una caída del PIB mundial. La Cepal estima que el crecimiento de América Latina y el Caribe será del 1,9. Según la Comisión, “el ciclo de bonanza económica llega a su fin en 2008, cuando la región cumple seis años de crecimiento consecutivo. La situación se puede explicar diciendo que las economías de América Latina y el Caribe están en 2008 ‘volando como un planeador’, sustentadas en el impulso de años anteriores”. En el caso de la economía venezolana, la expectativa de la Cepal es que acumule un alza del 3,0. Es decir, se espera que en 2009 Venezuela continúe creciendo por encima del promedio de la región y el mundo.
 
Durante los últimos años, el país ha edificado un colchón financiero y ha adoptado protecciones, como el control de cambio y de capitales, medidas que serán muy importantes para enfrentar la nueva situación de crisis internacional.
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Las imágenes que ilustran este texto pertenecen al Calendario 2008, Gobierno Bolivariano de Venezuela. De la y los artistas: “Y por fin nos tocó un chorrito de petróleo”, Socorro Salinas; “Sembradores”, Ender Cepeda; “El pozo y las 8 estrellas”, Paúl del Río, “Siembra”; Felipe Herrera. Foto portada: “La siembra 2007”, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm, Edgar Álvarez Estrada.




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