Domingo, 28 Noviembre 2021 13:03

Vivienda social en Bogotá, una deuda creciente

Escrito por Jeison Andrés Hincapié Rodríguez
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Vivienda social en Bogotá, una deuda creciente

¿Cómo se plantea la provisión de vivienda social en la propuesta de revisión general del POT de Bogotá, así como del modelo económico que ha condicionado la oferta, la demanda y las rentas del suelo, que hacen parte de la problemática? Estos son los interrogantes abordados en este artículo, para darle espacio a unas recomendaciones ante el escenario analizado.

La problemática de la vivienda, su déficit cuantitativo y cualitativo, es inmenso y tiende a profundizarse producto del mayor empobrecimiento que afecta, como consecuencia colateral de la pandemia en curso, a miles de hogares. Según el Dane, solo en Bogotá, existe un déficit de más de 770.000 viviendas de interés prioritario VIP y vivienda de interés social VIS, una realidad que tiende a su agudización producto de una propuesta de revisión general del POT que apalanca los intereses inmobiliarios y de construcción que reinan en esta urbe.

Es una realidad que a su vez niega el goce de lo establecido en el Artículo 51 de la Constitución Política (CP), que establece el derecho a vivienda digna, derecho en la práctica condicionado y determinado por realidades como las dinámicas del mercado, la renta y el valor del suelo urbano, que condicionan el acceso a las unidades.


Vivienda: entre el interés social y el prioritario

Los topes de precios establecidos para VIP (90 Smlv) y VIS (150 Smlv) así como las áreas y su sostenibilidad respecto a la vivienda no VIS, han condicionado la calidad en materiales, así como su ubicación, dejando a los constructores y promotores la oferta de metros cuadrados, al igual que las formas en que se habita. Así pues, la oferta inmobiliaria se ajusta a los máximos topes de precios, reduciendo áreas y calidad en materiales constructivos, debido a la necesidad de maximización de las ganancias, promoviendo la masificación de unidades habitacionales que desconocen las particularidades de los habitantes, lo que tiene repercusiones en la sostenibilidad en el tiempo y en su patrimonio,

De otra parte, se encuentra la problemática de que las VIS no tiene un enfoque diferencial, por cuanto dichos topes máximos evitan que las familias con verdaderas necesidades económicas accedan a este tipo de viviendas, por lo que resulta fundamental que se regulen tanto las áreas mínimas para las VIS y VIP, como los estándares de calidad del hábitat, entendido éste como la interacción entre el medio ocupado, su entorno próximo y la colectividad para la sostenibilidad. Necesidad de regulación mucho mayor pues los intereses de los constructores los lleva a reducir aún más los metros cuadrados de las viviendas, señalando que es imposible mantenerlos por la escasez del suelo y por los costos que implica construir en zonas centrales.

También, puede observarse en el presupuesto que se asigna al programa de hábitat y vivienda popular en el POT, el cual tiene una asignación de 1,34 por ciento, por lo que el déficit cuantitativo de vivienda para vivienda social no se pretende subsanar a partir del mercado formal, ni de las unidades con menores montos en su ubicación, ni con la mixtura en la ocupación de la ciudad, lo que trae como consecuencia la ampliación de las brechas socio-espaciales que tienen lugar no sólo en las unidades habitacionales, sino en las condiciones de movilidad y servicios.

Además de esta dificultad se suma que la búsqueda de recursos se prioriza sobre la movilidad en ciudad. Por ejemplo, la incumplida promesa de campaña de no privatizar empresas públicas hoy olvidada ante la confirmación de venta del 10 por ciento de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá para destinarla a la construcción del metro en su segunda línea.

Así pues, el mercado inmobiliario, sumado a la falta de respuesta de la administración pública para regular las condiciones de las unidades habitacionales, ha conllevado a que se ocupen suelos no aptos para la vivienda urbana, promoviendo así mayores riesgos, no sólo en la tenencia insegura del predio, sino asociados a fenómenos naturales como remoción en masa y las inundaciones, como ha sucedido en los barrios cercanos a los cerros orientales y las inundaciones cercanas a las rondas de quebradas.

Por lo anterior, es fundamental que se precisen instrumentos que mejoren las condiciones de vida de quienes habitan las zonas ocupadas por asentamientos informales. En Bogotá, sin embargo, para el sector hábitat se proyecta un 5,99 por ciento del presupuesto que la administración distrital propone en la Revisión general del POT, que incluye el programa de mejoramiento integral del hábitat, el cual deberá también ser regulado, pues puede convertirse en una forma de legalización de asentamientos informales y de ampliación del perímetro urbano, en contra de una forma de planeación adoptada por la ciudad, de densificación y zonificación como estrategias de organización territorial.


Realidad que se relaciona con el propósito de mantener un modelo de cuidad consolidado y compacto, con mejores soportes urbanos, a partir de la generación de nuevas viviendas, las que, de acuerdo al Proyecto de revisión General del POT se construirán por la vía de la renovación urbana, planteando que se busca el mejoramiento de las condiciones urbanísticas y la calidad de vida de la población. Sin embargo, y sin desechar que así lo hagan, es indispensable regular el mercado, ajustándolo a las nuevas condiciones, con el fin de generar soluciones integrales, lo que puede precisarse desde la gobernanza abierta, lo que implica mayores espacios de intermediación, en función a los intereses y objetivos de cada uno de los actores, por lo que puede ampliarse la visión sobre las necesidades, no sólo en términos cuantitativos de las unidades habitacionales, sino en cuanto a su función social en el espacio y en las colectividades que se organizan en la ciudad.

Esta forma de gobernanza deberá redundar en estimular que los promotores inmobiliarios produzcan VIP y VIS con un enfoque poblacional y económico, así como destinar espacios en la ciudad para VIS y VIP que permitan la integración y mixtura, evitando la intensa zonificación que ha marcado la planificación. Por lo que es vital revisar el POT a la luz de la dignificación de la vida de los habitantes y de sus actividades, para responder a las necesidades reales de los ciudadanos. Por ello, el hábitat debe ser considerado un factor protagónico en la manera cómo se conciba el desarrollo territorial, mientras que los actores privados y ofertantes del mercado inmobiliario deben ajustarse a responder a las dinámicas sociales y económicas de quienes son damnificados del déficit cuantitativo de vivienda.

 

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Información adicional

  • Autor:Jeison Andrés Hincapié Rodríguez
  • Edición:286
  • Sección:Bogotá: derecho a la ciudad
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº286, noviembre 20 - diciembre 20 de 2021
Visto 542 vecesModificado por última vez en Domingo, 28 Noviembre 2021 15:03

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