Domingo, 28 Noviembre 2021 13:09

El derecho al saneamiento básico como derecho a la ciudad

Escrito por Medardo Galindo Hernández
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El derecho al saneamiento básico como derecho a la ciudad

El propósito de este escrito es resaltar el derecho fundamental al saneamiento básico; un derecho poco conocido, poco aplicado por las Autoridades y poco exigido por la ciudadanía.

El derecho al saneamiento básico consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política (CP) señala: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. [...] Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad […]”.

La CP, justa y justificadamente, en el mismo artículo, proclama el derecho de las/os/es colombianas/os/es a la salud y al saneamiento ambiental o básico, porque son estrictamente anudados. El saneamiento ambiental básico comprende acciones técnicas y socioeconómicas, que implican, entre otras, el manejo sanitario del agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, residuos orgánicos, como las excretas, los residuos alimenticios, los desechos peligrosos, los desechos procedentes de los hospitales, de los laboratorios, que pueden ocasionar contaminaciones e infecciones, y el manejo de las emisiones a la atmósfera, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud.

Bogotá, una metrópoli de más de 7 millones de habitantes, garantiza agua potable a su población, pero no garantiza un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial completo y eficiente en toda el área urbana, menos en el área rural, y tampoco garantiza el tratamiento de las aguas residuales, es decir, vierte directamente a los cuerpos hídricos las aguas residuales sin ningún tratamiento. En pleno siglo XXI, le correspondió a la Sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo del 2014 –sobre el saneamiento y la recuperación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y sus afluentes–, imponer al Distrito Capital la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales –PTAR–, porque las Autoridades competentes, una vez más, no han cumplido la función que la CP les asignó de amparar un derecho fundamental, como el derecho a la salud y el conexo derecho a un sistema de saneamiento básico eficiente y eficaz.

La única planta de tratamiento de aguas residuales en Bogotá, activa desde noviembre de 2020, todavía en régimen de prueba, la –PTAR– Salitre, realiza el tratamiento de solo el 30% de todas las aguas residuales de la ciudad, con un trato solo de tipo secundario para degradar el contenido biológico del agua residual procedente de los desechos orgánicos de residuos humanos, de alimentos, jabones y detergentes; mientras que, para cumplir con los estándares fijados para la calidad del agua, antes de descargar el residual en el ambiente, en los mares, ríos, lagos, campos etc., debería darse con un tratamiento de tipo terciario, que reduce la carga contaminante de las aguas residuales, permitiendo el vertimiento a cauces naturales y su reutilización como recurso hídrico alternativo una vez tratadas.

 

 

El restante 70% de aguas residuales de Bogotá serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas residuales denominada PTAR Canoas, cuya construcción también fue ordenada por la citada Sentencia, conocida popularmente como la Sentencia del Río Bogotá. Esta planta, todavía está en diseño, e iniciará las operaciones tan solo dentro de 5 o 6 años.

Otra grave violación al artículo 49 de la Constitución Política y su desarrollo normativo lo constituye el relleno sanitario Doña Juana, el principal vertedero de residuos sólidos de Bogotá, ubicado en el sur de la ciudad, y el que, desde hace muchos años, se encuentra en crisis por sus múltiples problemáticas, que afectan la salud y la vida de sus vecinos de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.

Como es conocido, las diferentes administraciones distritales no han podido –o no han querido– encontrar una real solución alternativa para la disposición final adecuada y correcta de las más de 7.500 toneladas diarias de basura producidas en Bogotá. Periódicamente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca amplía la capacidad de este relleno, resultando difícil entender cómo esto sea posible, respetando cabalmente los lineamientos técnicos y sanitarios específicos de un relleno sanitario. Por ello, las comunidades asentadas en sus alrededores sostienen que no es un relleno sanitario sino un basurero.

Una realidad con prolongación en la inexistencia de una consciencia ciudadana abierta a la cultura del reciclaje, actividad relegada a las/os/es recicladoras/es o recuperadoras/es ambientales, quienes, a pesar del cambio del nombre, son considerados un grupo al margen de la sociedad, aunque gracias a su trabajo se reciclan cerca de 1.200 toneladas de residuos, disminuyendo un poco la carga de basura enterrada en el relleno sanitario.

Los residuos sólidos, una vez enterrados en las 596 hectáreas del Doña Juana, desaparecen a la vista, pero siguen existiendo, contaminando y dando paso a una problemática que afecta a millones de personas del sur de la ciudad. Ejemplo de ello, lo acaecido el 27 de septiembre de 1997, cuando una acumulación de lixiviados y gases provocó un colapso y el derrumbe de más de 500.000 toneladas de residuos que se depositaron sobre el Río Tunjuelo, afectando gravemente a la población asentada en sus alrededores. Otros grandes derrumbes acontecieron en los años 2015 y 2020. Además, de estos graves y peligrosos accidentes, las emisiones de gas sulfhídrico, gas metano, amoniaco, vapores de azufre y la presencia de roedores e insectos afectan cotidianamente la salud de las/os/es ciudadanas/os/es vecinas/os/es de este relleno, que padecen de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, entre otras.

Este breve texto evidencia dos problemáticas relacionadas con el saneamiento básico y la grave situación presente en Bogotá. El derecho fundamental al saneamiento básico está interrelacionado ineludiblemente con el derecho fundamental a la dignidad humana. Dar cumplimiento a la normativa nacional sobre el saneamiento básico no es solo construir grandes tanques en los que tratar el agua, no es manejar correctamente los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, no es solo instalar tuberías bajo la tierra, que ninguno aprecia y por lo tanto no proporcionan votos al político de turno. Acatar el derecho al saneamiento básico, amparado por la Constitución Política, significa proteger el derecho a la salud de la población y prevenir riesgos y enfermedades, causadas por las carencias de un sistema de saneamiento básico eficaz y eficiente.

La actual pandemia provocada por el virus Sars-CoV-2 es una alerta más para reflexionar sobre la necesidad de reivindicar el derecho al saneamiento básico.

 

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Información adicional

  • Autor:Medardo Galindo Hernández
  • Edición:286
  • Sección:Bogotá: derecho a la ciudad
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº286, noviembre 20 - diciembre 20 de 2021
Visto 582 vecesModificado por última vez en Domingo, 28 Noviembre 2021 15:01

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