Domingo, 28 Noviembre 2021 14:00

¿Son eficientes los instrumentos de gestión y financiación?

Escrito por Daniel Murcia Pabón
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¿Son eficientes los instrumentos de gestión y financiación?

Teniendo en cuenta que los instrumentos de gestión y financiación, adoptados en la mayoría de los planes de ordenamiento territorial, son muy antiguos y obsoletos, es de colegir que no cumplen a cabalidad con su finalidad, la cual es determinar los mecanismos administrativos para la ejecución de actuaciones urbanísticas, el reparto equitativo de cargas y beneficios y la disposición de recursos para el desarrollo urbano y territorial de una forma eficaz y eficiente.


Por lo anterior, en este artículo se exponen los motivos por los cuales es necesario implementar nuevos instrumentos de gestión y financiación, que den cumplimento a la finalidad jurídica, económica y social que estos tienen y así poder ser utilizados por la Administración Distrital y por los particulares de una forma eficaz, eficiente, dinámica y equitativa, siempre garantizando la seguridad jurídica en todas sus actuaciones.


La Constitución Política garantiza la propiedad privada, la cual genera obligaciones y le es inherente una función social y ecológica, por ello la Ley 388 de 1997, establece que los planes de ordenamiento territorial, así como las normas urbanísticas que los desarrollen, deberán establecer distintos mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento territorial.


Para la implementación de los planes de ordenamiento territorial, se plantea, desde la misma Ley 388 de 1997, que su desarrollo se efectúa mediante instrumentos de planeación, gestión y financiación que se ejecutarán con unos programas y proyectos previstos a largo, mediano y corto plazo.
Los POT que fueron adoptados desde los finales de los años 2000 y el primer decenio del dos mil, tienen en su gran mayoría, por no decir todos, grandes problemas por la carencia de reglas claras en el suelo rural, mecanismos de monitoreo y seguimiento, y unos instrumentos de planeación, gestión y financiación que operen debidamente.


Al respecto, la gran mayoría de los instrumentos de gestión y financiación fueron creados desde hace más de 20 años y algunos con anterioridad a la Constitución Política, unos en la Ley 9 de 1989 y otros por la Ley 388 de 1997, siendo incorporados en la mayoría de los planes de ordenamiento territorial adoptados en el país. Sin embargo, transcurrido el tiempo de vigencia de estos POT, dichos instrumentos de gestión y financiación no ha podido implementarse como pretende la normatividad.


Los motivos por los que no han podido ser debidamente implementados pueden ser muchos, pues es evidente que existen varios instrumentos que regulan distintos temas y que, desde el papel, pueden ser precisos para desarrollar una determinada finalidad.


Ejemplo de lo anterior, es el efecto plusvalía, instrumento de financiación, que denota un costo administrativo demasiado elevado para ser cobrado, pero que solo puede ser pagado cuando se encuentra registrado en el folio de matrícula inmobiliaria, cuando se adelante la licencia de urbanización o construcción que genere ese mayor aprovechamiento, el cual debió surtir una liquidación previa entre el valor antes del cambio normativo que permita un mayor aprovechamiento del suelo. En este sentido, si bien el tributo tiene una razón de ser, su eficacia es mínima y el monto en que participa la ciudad para tanto desgaste administrativa termina siendo lesivo para el interés general.


En los instrumentos de gestión ocurre igual, ya que, a modo de ejemplo, para poner en marcha una unidad de actuación urbanística en un plan parcial de renovación urbana, en la práctica se ha demostrado que no es viable realizarla de manera concertada, pues termina siendo un tema de capitales y su posterior expropiación o enajenación voluntaria, pero que, surtido dicho proceso, la efectividad y la gestión de ese suelo puede tardar cerca de cuatro años en ser utilizado.


Conforme con lo anterior, los trámites de los instrumentos se han convertido en funciones de las distintas oficinas y entidades (de planeación, hábitat o catastro), Las cuales terminan tergiversando el fin último de estos, convirtiéndolos en trámites burocráticos e ineficientes.


Por lo tanto, es hora de evaluar, si con este tipo de instrumentos será posible continuar construyendo las ciudades o, si se deben buscar mecanismos que permitan una concertación de la sociedad, a partir de la misma elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial que permitan acordar unas reglas claras de juego para todos los actores que intervienen en el proceso y en particular para la comunidad.


En este contexto, se deben suprimir tantos tecnicismos al momento de adoptar los instrumentos, con el objeto de elaborarlos de manera dinámica y, en caso de que se establezcan disposiciones previas, que éstas no permitan decisiones discrecionales de los funcionarios y las administraciones, sino que la norma del instrumento se pueda aplicar de la misma manera para todos; lo cual permitirá que dejen de ser tramitologías engorrosas para el desarrollo del suelo y posibilitará el uso apropiado para su aprovechamiento.


Bajo esta óptica, es indispensable que, antes de poner en marcha la instrumentación de los planes de ordenamiento territorial, es necesario realizar una evaluación del costo-beneficio de cada una de las herramientas que lo gestionarán y lo financiarán, porque de lo contrario, es muy probable que continúe ocurriendo lo percibido sobre los instrumentos existentes.


Una vez evaluado el costo-beneficio, es de vital importancia, establecer cuál es la distribución exacta del reparto equitativo de cargas y beneficios, pues este mecanismo debe ser expreso y no dependiendo de cada caso en particular, pues genera seguridad jurídica para la ciudadanía y para los diferentes actores.


Igualmente, debe examinarse la posibilidad de generar instrumentos desde una escala supramunicipal, por medio de esquemas asociativos territoriales, que permitan generar mayores beneficios, no solo desde una óptica municipal o distrital, sino en una escala regional, facilitando no solo la formulación de programas y proyectos, sino su gestión y financiación.


Por lo tanto, es urgente cambiar esa óptica de que los POT sean concebidos como un catálogo de normas y procedimientos que le otorgan competencias a los funcionarios y a los entes municipales y distritales, por una, en la que la visión para la aplicación de los instrumentos otorgue igualdad de todos ante la norma y que, además, tenga carácter regional, para que se pueda contar con instrumentos de real aplicabilidad en su desarrollo para beneficio de toda la comunidad.


En este contexto, las fuentes de financiación actuales no son suficientes para lograr el desarrollo urbano por la alta demanda de servicios para adelantar proyectos estratégicos. Razón por la cual se hace necesario incorporar a la ejecución de los proyectos urbanos, fuentes de financiación alternativas tales como los instrumentos de gestión de suelo y financiación, que permitan cubrir los costos de la infraestructura urbana a partir de capturar un porcentaje del valor del desarrollo inmobiliario.


Por lo tanto, es necesario recalcar que estos instrumentos deben identificar de una forma clara y concisa los hechos y sectores potenciales para recuperar el valor generado por las decisiones públicas en el desarrollo urbano, fomentando la equidad y el aprovechamiento del espacio urbano articulado en los esquemas de ordenamiento.


Así mismo, la destinación de los recursos recaudados a través de la participación en plusvalía se encuentran previstos para la inversión en infraestructura vial, equipamientos, espacio público, servicios públicos, compra de predios para Vivienda de Interés Social (VIS), conservación de Bienes de Interés Cultural (BIC) y renovación urbana, lo cual en realidad pues no se tiene certeza de cuando se recaudará dicho tributo por su exigibilidad dilatada en el tiempo, por lo tanto, deberá establecerse en los instrumentos de ordenamiento territorial herramientas que desarrollen y dinamicen la destinación de estos recursos.


Por lo tanto, si bien existen distintos instrumentos de gestión y financiación estos para que se vuelvan eficientes necesitan ser cambiados desde el marco legal, que permitan un dinamizarlas y volverlas eficientes y útiles para el desarrollo del suelo, generando posibilidad de efectuarlas mediante esquemas asociativos territoriales.

 

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Información adicional

  • Autor:Daniel Murcia Pabón
  • Edición:286
  • Sección:Bogotá: derecho a la ciudad
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº286, noviembre 20 - diciembre 20 de 2021
Visto 586 vecesModificado por última vez en Domingo, 28 Noviembre 2021 14:54

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