Sábado, 18 Marzo 2006 19:00

Desmovilización, impunidad y rearmamento. Paramilitares

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Desmovilización, impunidad y rearmamento. Paramilitares

En una declaración conjunta de las organizaciones sociales y ONG’s1  sobre la situación en Colombia, dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señala que: «...en nuestro país sigue siendo crítica las vulneraciones a los derechos por la aplicación de la política de ‘seguridad democrática’. Merece especial atención, el grado de impunidad frente a miles de violaciones cometidas por grupos paramilitares, que comprometen la responsabilidad estatal debido al apoyo, aquiescencia o tolerancia que tiene para con estos grupos».

 

Debe resaltarse que el marco normativo promovido por el gobierno para la figurada desmovilización, ha generado una alta impunidad y no responde a las garantías mínimas para respetar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. A las victimas, además de desconocerseles sus derechos, se les obstaculiza su participación efectiva en los procesos y se encubre esta situación con medidas como una supuesta Comisión de Reparación y Reconciliación que no tiene la independencia ni los mecanismos de garantía. La ley no exige a los “desmovilizados” ni confesar ni entregar los bienes adquiridos ilícitamente, como condiciones para recibir los beneficios judiciales.

 

El reciente estudio urbano realizado por el CEDE de la Universidad de los Andes2 , identifica la filtración paramilitar en la ciudad y en varios estadios. A nivel estatal incluye al Congreso, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se ha consolidado la intervención coactiva paramilitar en diversos procesos de decisión popular y en general, en diferentes niveles de decisión del Estado.

 

Visión de Naciones Unidas

 

Por otra parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Louise Arbour3  señala sobre la desmovilización

 

«A pesar de que la ley de Justicia y Paz hace referencia a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, las perspectivas de las víctimas son inciertas. En primer lugar, la Ley no exige la contribución efectiva de los desmovilizados para el esclarecimiento de los hechos. En segundo lugar, los plazos son demasiado cortos para realizar las investigaciones. En tercer lugar, no existen mecanismos adecuados para obligar la entrega de bienes que deberían servir para reparar a las víctimas. Debido a las debilidades del sistema judicial, muchas personas que serán procesadas bajo la Ley de Justicia y Paz por haber cometido crímenes graves (no susceptibles de indulto), podrán ser beneficiadas por la ley 782 de 2002, que permite conceder indultos.

 

...Al finalizar el año 2005 se desconocía el número de menores de edad y de bienes entregados por los desmovilizados, tampoco se tenía claridad sobre el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas por estos grupos».

 

Visión de la OEA

 

De estos informes, el que da más crédito a la negociación es el emitido por la OEA, en especial por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz. Sin embargo, muestran preocupación porque hasta el momento no se han destruido las armas entregadas por los grupos desmovilizados. También señalan tres puntos de grave violación de un proceso de verificación que realizaron en 16 regiones y subregiones del país, donde se ha hecho la desmovilización:

 

1.         Se han identificado reagrupamientos de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y en economías ilícitas en los municipio del Palmito (Sucre), Montelibano (Córdoba), en el corregimiento La Cristalina en Puerto Gaitán (Meta), en zona rural de Palmira y Florida (Valle), en Tumaco (Nariño).

2.         Se identificaron grupos que no han entrado a la desmovilización en los departamentos de Córdoba, Meta, Sucre y Bolívar.

3.         Aparición de nuevos grupos armados y/o fortalecimiento de los ya existentes en el departamento del Valle del Cauca (Autodefensas Unidas del Valle y Rondas Campesinas Populares, vinculadas al narcotráfico del Norte del Valle). En el barrio La Cristalina de Buenaventura, en las ciudades de Sincelejo, Tulua y Pasto, en el departamento del Chocó en los municipios de San José del Palmar e Istmina.

 

Llama la atención un grupo denominado Águilas Negras, que operan en el departamento del Nariño, municipios de Leiva, El Rosario y Taminango. De igual manera, grupos surgidos en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.

 

Cambiar de rumbo

 

La lectura de los informes no genera mucha esperanza. ¿Qué será de nuestra Nación, con ejércitos privados enquistados en el Estado, ejerciendo poder en distintas regiones?

 

No cabe duda, los afectados con estos procesos continúan siendo las comunidades rurales y urbanas, vulneradas, desaparecidas, asesinadas por un grupo armado  que no está desmovilizando sus estructuras.

 

1          Comunicado de prensa de la Coordinación Colombia Europa- Estados Unidos, marzo de 2006

2          Gustavo Duncan, “Del campo a la ciudad en Colombia: La infiltración urbana de los señores de la guerra”, Documento CEDE 2005-2 Universidad de los Andes.

3          Informe Anual sobre Colombia 2005, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá , 13 de febrero de 2006, www.hchr.org.co.


 

 

Para no olvidar

 

·           Entre agosto del 2002 a junio del 2005 alrededor de 6.648 personas fueron detenidas arbitrariamente desconociendo los derechos a la libertad personal y al debido proceso, en muchos casos con base en acusaciones falsas de reinsertados e informantes.

·           Durante el primer semestre de 2005, al menos 153.463 personas fueron desplazadas forzadamente (15% mayor que en 2004).

·           Entre agosto de 2002 y junio de 2005, fueron asesinados o desaparecidos 43 defensores de derechos humanos, el índice más alto de los últimos ocho años.

·           Según datos de la Fiscalía (junio 2005), al menos 11.200 paramilitares fueron dejados en libertad sin ser investigados o juzgados, bajo el argumento de no tener procesos penales abiertos en su contra.

·           No se conoce un solo caso en que el Gobierno, bajo su poder discrecional,  haya destituido a un funcionario público como medida disciplinaria para sancionar los nexos entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares.

·           49 frentes paramilitares ejercen influencia en 382 municipios de 28 departamentos del país.

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