Sábado, 29 Enero 2022 10:39

El modelo de ciudad peñalosista y el gobierno de las elites tradicionales

Escrito por Shameel Thahir
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El modelo de ciudad peñalosista y el gobierno de las elites tradicionales

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Claudia López aseguró que su gobierno sería de las ciudadanías diversas de la Ciudad. Pero, al hacer una revisión de sus secretarías y las juntas de empresas estratégicas del Distrito, lo que se encuentra es un gobierno de las elites tradicionales, que le da continuidad al modelo de ciudad que Enrique Peñalosa impuso en Bogotá en los últimos 20 años y que se la ha entregado a los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales.

 

El primero de enero de 2020, en su discurso de posesión, Claudia López aseguró que su gobierno sería de las ciudadanías diversas, cuyas demandas y aspiraciones legítimas que se habían manifestado en noviembre del 2019 en las calles de la ciudad, en el contexto de la movilización social y popular.

¡Cuánto dista ese discurso de la realidad! Al revisar su gabinete distrital, las cabezas de sus secretarias y las juntas directivas de dos empresas clave, como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), lo que se comprueba es que el de Claudia López es un gobierno de las elites que históricamente han tenido el poder en Bogotá.

Decía Gaetano Mosca, autor clásico de la teoría de las elites, que las mismas gobiernan porque son una minoría organizada frente a una mayoría desorganizada y que deben gobernar porque son mejores que esas mayorías. La Alcaldía de Bogotá no es la excepción a la idea fuerza de Mosca.

Un gabinete distrital de tecnócratas alejados de las ciudadanías

Al revisar al gabinete de Claudia López lo primero que resalta es la continuidad con el modelo de ciudad promovido por Enrique Peñalosa en sus dos alcaldías, además de funcionarios, sin importar el género, que han trabajado en altos cargos del Estado en los últimos 30 años de implementación del neoliberalismo y la política de la muerte a la colombiana.

Durante el primer año de gobierno de Claudia López, la Secretaria de Planeación estuvo en manos de Adriana Córdoba, la esposa de Antanas Mockus. Posteriormente, asumió María Mercedes Jaramillo, probablemente la ex funcionaria de Peñalosa más interesante en función de lo aquí planteado, la continuidad entre las dos administraciones, por su trabajo en Transmilenio y en la constructora Fernando Mazuera interesada en un POT favorable a sus intereses como empresa.

Otros funcionarios clave en el proyecto de ciudad de Enrique Peñalosa, ratificados por Claudia López en su primer año de gobierno, fueron Andrés Escobar, como gerente del Metro elevado, y Felipe Ramírez, como gerente de Transmilenio. Andrés Escobar renunció a la gerencia de la empresa Metro al cumplirse el primer año de López y esta nombró a José Leónidas Narváez, que fue director de Invías en el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de haber contratado con esta entidad más de 200 mil millones de pesos en años anteriores. Leónidas Narváez también fue vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. La alcaldesa también ratificó a Nidia Rocío Vargas como directora del Departamento del Servicio Civil Distrital, a cuya cabeza está desde el 2016.

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la mayoría de los funcionarios de ese gabinete vienen de la Universidad de los Andes y han estudiado posgrados en escuelas norteamericanas y en algunos casos europeas. En sus estudios sobre la captura estatal por intereses privados, Édgar Reveiz destaca el concepto de “elite trasnacional”, un grupo de personas formadas en ciertas universidades de sus países, a las que se accede si se tienen determinados recursos económicos, y que hacen posgrados en universidades del centro del sistema-mundo, para después trabajar en organismos multilaterales como el FMI, el BM o el BID, y que durante sus carreras profesionales circulan por los organismos de decisión económica nacionales, como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

En el caso colombiano también son docentes y consultores, muchos de la misma Universidad de los Andes o de privadas similares como el Externado, la Javeriana y el Rosario. Como investigadores académicos también trabajan para los think tanks de las elites en el poder. En el caso colombiano el principal centro de este tipo es Fedesarrollo. Con frecuencia, esa elite trasnacional puede trabajar en calificadoras de riesgo del sistema financiero mundial.

El principal ejemplo de lo anterior en el gabinete de Claudia López es su secretaria de Desarrollo económico, Carolina Durán. No solo por su hoja de vida académica y profesional, sino además porque debido a su cargo también integra la junta directiva de la ETB. En el mismo sentido está el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés, que fue vicepresidente técnico del Consejo Privado de Competitividad (2007-2009) y que por su cargo no solo es miembro de la junta directiva de la ETB, junto a Durán, sino también de la junta directiva del GEB. En ciertos casos puede configurarse el conocido mecanismo de las “puertas giratorias” entre los sectores público y privado. Por ejemplo, entre los miembros de número del mencionado Consejo Privado de Competitividad están empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el Grupo Valorem de la familia Santodomingo y el Grupo Bolívar, y trasnacionales como Coca-Cola o Bimbo. Dentro de los miembros asociados esta la Andi, la Sociedad de Agricultores de Colombia y consultoras como McKinsey & Company o Universidades como los Andes, la Icesi, el Rosario y Eafit.

 

 

De las conclusiones más interesantes del concepto de elite trasnacional de Reveiz, comúnmente conocido como “la tecnocracia”, es el hecho de que por los títulos que tienen y las universidades de las que son titulados estos funcionarios incorporan una racionalidad en la evaluación de los proyectos implementados por las administraciones públicas que los legitiman ante la opinión pública. Se trata del típico sentido común en donde “el doctor tan estudiado no puede estar equivocado sobre lo que dice que hay que hacer”, aunque esto signifique austericidios o beneficios al capital privado sobre el bien público de nuestras sociedades, ejemplo de lo cual es la decisión de un Metro elevado en su primera línea o como está ocurriendo con el POT. De esa forma, la legitimidad democrática, esto es, la opinión de la mayoría de la ciudadanía, es reemplazada por un supuesto saber técnico apoyado fundamentalmente en credenciales académicas.

Esa clase de racionalidad, muy distante de las necesidades de las ciudadanías que esta Alcaldía dice representar, la encontramos por doquier en sus altos cargos. Otro ejemplo es su secretario privado y jefe de gabinete, Felipe Jiménez Ángel, que fue Consultor de la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando fueron Ministros de Uribe los hoy candidatos presidenciales Oscar Iván Zuluaga, vinculado con la corrupción de la trasnacional Odebrecht, y Juan Carlos Echeverry, asociado al escándalo de Interbolsa.

Las cuotas politiqueras del gabinete de Claudia López

La alcaldía de Claudia López es un gobierno de las fuerzas políticas, sean estas personas particulares dueñas de maquinarias politiqueras, movimientos gatopardistas que en los últimos años han usado el discurso del autodenominado “centro político” para capturar votos de opinión, o partidos políticos tradicionales que han gobernado Bogotá como vehículo de intereses particulares. Ejemplo de maquinarias y clientelismo político es el caso del secretario jurídico de Claudia López, William Mendieta, cuota de Gina Parody. Pero, como puede observarse en el Cuadro 2, no es una excepción.

Dentro de las cuotas políticas en el gabinete de López merece especial mención la presencia de las familias tradicionales de la “oligarquía” criolla. El secretario de Seguridad de López es Aníbal Fernández de Soto, abogado de la Universidad de los Andes1. El padre del secretario de seguridad fue alcalde de Bogotá en el gobierno de Misael Pastrana, durante el Frente Nacional. Su tío, Guillermo Fernández de Soto, fue canciller en el gobierno de Andrés Pastrana. También hizo parte de la junta directiva del Grupo Aval hasta que asumió la representación de Colombia ante la ONU en el gobierno de Iván Duque.

Aníbal Fernández de Soto ha militado en el Partido Conservador desde hace 20 años, haciendo parte de su directorio nacional y distrital. Trabajó como asistente al lado de Frank Pearl, que tiene relación con el Grupo Valorem de la familia Santodomingo, cuando este fue alto consejero para la reintegración y ministro de Ambiente en los gobiernos de Juan Manuel Santos. Fernández de Soto también trabajó como viceministro del Interior de Fernando Carrillo (2012-2013), el cual a su vez estuvo en la nómina de Sarmiento Angulo antes de asumir, posteriormente, la Procuraduría (2017-2021). Igualmente, Fernández de Soto se desempeñó como viceministro de Desarrollo Rural de Rubén Darío Lizarralde en el gobierno de Santos2. Antes de asumir la Secretaría de Seguridad de Claudia López, Fernández de Soto fue director de seguridad del ministerio del Posconflicto de Oscar Naranjo, viceministro de Defensa de Luis Carlos Villegas y vicepresidente de desarrollo sostenible de Ecopetrol.

Claudia López, los carteles de la corrupción y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Francisco Durand sostiene que las corporaciones tienen como principal objetivo reportar ganancias crecientes en las bolsas de valores en las que cotizan sus acciones de manera periódica. Para alcanzar ese objetivo, entre otras cosas construyen modelos de influencia que proyectan sobre las instituciones públicas y estatales.

A propósito del POT vale la pena tener en cuenta que en esos modelos de influencia de las empresas sobre las instituciones públicas pueden entrelazarse prácticas corruptas o de colusión propias de los carteles como es el caso del contexto colombiano. En cuanto a la relación de Bogotá con el departamento de Cundinamarca el personaje clave es César Augusto Carrillo Vega, agente del exgobernador Jorge Rey, denunciado en el pasado por la misma alcaldesa Claudia López como el jefe del cartel del volteo de tierras en la Sabana y, por lo tanto, con intereses en un POT que permita hacer negocios en terrenos de Bogotá, de importancia angular para las constructoras, las inmobiliarias y los banqueros3.

En julio del 2020 la propia Claudia López anunció que Carrillo Vega hacía parte del equipo que facilitaría la concertación del POT de Bogotá con los municipios del departamento de Cundinamarca.

La ETB y el GEB capturados por la politiquería y los intereses corporativos

Al revisar la composición de las juntas directivas del GEB y la ETB, podemos comprobar, por lo menos, la proyección del modelo de influencia de intereses empresariales. El territorio de Bogotá es estratégico para la acumulación de capital, tanto para la economía nacional como para la transnacional. Allí juegan un papel angular esas elites que han gobernado la capital del país históricamente y que hoy gobiernan a través de la Alcaldesa.

Es la captura de las empresas públicas lo que explica la intención de Claudia López de vender otro 9 por ciento de la participación del Distrito en el GEB al capital privado, pretextando la falta de recursos para el desarrollo de políticas públicas, aunque sea una empresa rentable con mucho potencial de crecimiento. La tecnocracia y los modelos de influencia de los conglomerados económicos sobre el Estado operan una racionalización para legitimar la privatización de los bienes públicos.

No se debe perder de vista la participación significativa de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo en el GEB, así como su relación con integrantes clave de su Junta Directiva. En el GEB, la participación de las grandes corporaciones –el Grupo Aval, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) a través del Fondo de Pensiones Protección y los trasnacionales Old Mutual y Colfondos– es del 21 por ciento.

Ignacio Pombo Villar, quien donó 10 millones de pesos a la campaña por la alcaldía de Claudia López, también integra hoy las juntas directivas del GEB y de la ETB. Villar hizo parte de la junta directiva de RV Inmobiliaria con José Antonio Vargas Lleras, hermano de German Vargas Lleras y hoy presidente de la junta directiva de Enel Codensa, con el que el GEB tuvo un conflicto judicial abierto varios años que le hizo perder billones en utilidades.


RV Inmobiliaria es la empresa más grande de Colombia en el sector y administra más de 1 billón en activos inmuebles, principalmente en Bogotá y los municipios de la Sabana. Por lo tanto, es una empresa interesada en el POT propuesto por la alcaldesa Claudia López para regular la construcción en la Ciudad a lo largo de los próximos 12 años.

No todo lo que brilla es oro

Las palabras pueden con todo. Así puede decirse de una funcionaria hábil en comunicación social y astuta en política. Pero la realidad es dura, y las pruebas a flor de ojo de todo el que quiera ver así lo constatan: Claudia López no es una alcaldesa de las ciudadanías indignadas y las mayorías sociales y populares que componen la ciudad de Bogotá, como repite ella en la estrategia de marketing político que la llevó a conseguir el cargo como trampolín para proyectarse en la disputa por la Presidencia de la República en 2026. No es gratuito que Augusto Reyes, de la firma especializada en marketing político Poder y Poder fuera su principal asesor de campaña a la alcaldía, así como lo fue del exgobernador Jorge Rey y de alcaldes involucrados en el volteo de tierras en la Sabana en los últimos años. Tampoco es casualidad que hoy Augusto Reyes sea asesor de la campaña a la presidencia del ex ministro de Salud de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, en la Coalición Centro Esperanza. Tiene que ver precisamente con el papel gatopardista que juega el autodenominado “centro” político en el juego por el poder en Colombia.

En este juego de intereses y de poderes que gobiernan en beneficio de una minoría, el gabinete de Claudia López está compuesto por tecnócratas que tienen como principal privilegio el manejo de información clave para el gobierno de la ciudad y su relación, como capital metropolitana, con el mundo globalizado y el capitalismo depredador contemporáneo. Es un gabinete de continuidad total con el gobierno de las elites en la ciudad y el país, especialmente con mandatarios clave como Enrique Peñalosa. Es un gabinete de legitimación del modelo neoliberal que impera en la ciudad, que excluye a todo lo que no se vea como la elite local ni defienda lo que creen que es de ellos.

Es un conjunto de intereses y realidades que confirman que Claudia López es una mandataria cooptada por los intereses de las elites y los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, que usa un discurso propio de la política del espectáculo para seguir fracturando las potencialidades democratizadoras de los sectores populares de Bogotá y Colombia.

 

1 Aníbal Fernández de Soto reemplazó a Hugo Acero quien se desempeñó como consultor de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de la alcaldía de “Fico” Gutiérrez, que gobernó Medellín entre el 2016 y el 2019 con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez y que se vio involucrado en escándalos con las bandas criminales de la ciudad.
2 Lizarralde fue gerente de Indupalma y está relacionado con la acumulación ilegal de baldíos en los Llanos Orientales junto a su exesposa, la ex ministra de educación María Fernanda Campo.
3 César Augusto Carrillo Vega fue el gerente de la campaña de Jorge Rey, su secretario de gobierno y su candidato a dirigir la CAR. En el momento de la denuncia del concejal Galán era el director de economía rural y abastecimiento alimentario de Bogotá. Hoy es el director de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca creado por el actual gobernador Nicolás García, aliado de la alcaldesa Claudia López y del grupo político de Jorge Rey.

 

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Información adicional

  • Autor:Shameel Thahir
  • Edición:287
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº287, enero 20 - febrero 20 de 2022
Visto 872 vecesModificado por última vez en Martes, 01 Febrero 2022 14:08

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