Sábado, 29 Enero 2022 11:09

¿Bogotá cuidadora? Lo que va del discurso a la práctica de un gobierno feminista

Escrito por Angélica Bernal Olarte
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 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Cinco asuntos que han estado en la agenda política de la ciudad y que han sido objeto de decisión política por parte de la alcaldesa, y que desde mi punto de vista evidencian su profunda distancia con una postura feminista de gobierno, son el objeto del presente artículo: 1) el avance de la pobreza en la ciudad; 2) sus cuestionables posturas xenófobas hacia la población venezolana migrante; 3) sus reacciones ante el estallido social de la juventud bogotana; 4) su desatención de las mujeres transgénero y, 5) su tratamiento de las comunidades indígenas que actualmente ocupan el Parque Nacional.

Claudia López ganó la alcaldía de Bogotá y de inmediato se presentó como primera mujer alcaldesa de la capital, abiertamente lesbiana, de clase trabajadora e ideológica y políticamente de centro-izquierda (según sus declaraciones al diario El País, 3 de agosto de 2020). Estas características le valieron el apoyo, entre otros, de muchos colectivos y figuras feministas que la vieron como la posibilidad de que el máximo cargo de poder político en la ciudad fuera ejercido por una mujer con un proyecto afin. Esta elección generó esperanza dada la histórica exclusión de las mujeres de la toma de decisión política, pero además, porque Bogotá tiene una larga trayectoria de lucha feminista que ha posicionado las políticas de mujer y género como un asunto central en las agendas del gobierno distrital, de allí que, tener una alcaldesa fuera visto por muchas como un logro sobresaliente de este largo proceso de lucha.

Desde luego, gobernar no es fácil y menos una ciudad de más de siete millones de habitantes, que enfrenta viejos problemas de corrupción, segregación, desigualdad y marginación, y nuevos problemas, en particular la situación inédita de la pandemia causada por el covid-19, que enfrentó a todos los gobiernos del mundo a una crisis, sanitaria, social y económica sin precedentes. Sin embargo, quienes se postulan para gobernar asumen la responsabilidad de lidiar con lo viejo y con lo nuevo, y como muchos y muchas gobernantes alrededor del mundo la alcaldesa tomó decisiones que pusieron en cuestión al menos su compromiso con las mujeres, con los ideales de igualdad o con la justicia social en la ciudad.

Una fractura evidente, incluso, desde antes de la pandemia, cuando sus ideas políticas empezaron a cuestionar sus propios presupuestos de partida. Denominar, por ejemplo, su plan de desarrollo como un nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI fue indicativo de que en realidad su proyecto político estaba profundamente permeado por ideas cuestionadas desde algunas teóricas feministas que han mostrado cómo la metáfora del contrato social oculta que en realidad los pactantes en este tipo de acuerdo son los sujetos investidos de poder y autoridad por el poder político y económico, marginando una vez más a quienes están desposeídas/os y que en realidad nunca han sido reconocidos como pactantes de pleno derecho.

Esto no es un asunto menor. En el infinito mundo de las metáforas políticas proponer de nuevo un contrato social implicó claudicar frente a las lógicas liberales y neoliberales más añejas, al tiempo que colocar sobre la mesa el hecho de que en realidad sus ideas se ubicaban mejor en el centro derecha.

Esos primeros actos de gobierno fueron sintomáticos de una serie de decisiones, posiciones y acciones que han marcado la acción de la gobernante y que deben ser revisados desde una perspectiva crítica ya que el feminismo como campo político debería permanecer en una posición autorreflexiva de modo que sus posturas políticas no caigan en las trampas que pueden llevar a respaldar una gobernante sólo por un asunto identitario casi esencialista sin tener en cuenta cómo un gobierno puede afectar de manera desproporcionada a mujeres de grupos sociales empobrecidos o marginados y a muchos otros colectivos cuyas necesidades, intereses y demandas hacen parte de las agendas feministas. Veámos:

Aumento de pobreza

En su Plan de Desarrollo la alcaldesa incluyó por primera vez un sistema general del cuidado, lo que representó una innovación en tanto reconoce que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres representa una de las expresiones más injustas del orden de género en tanto este trabajo no es reconocido como tal, concentra la mayor parte de su energía y tiempo y pasa desapercibido en las cuentas de la macroeconomía. En cierto sentido un estado que ofrece guarderías, albergues, centros de cuidado de adultos y adultas mayores, y otras infraestructuras de servicios sociales, está cumpliendo su parte en las labores del cuidado y por tanto descarga a las mujeres para que puedan realizar otro tipo de actividades.

En la práctica, sin embargo, la cuestión es más compleja en tanto este tipo de oferta institucional parece más que insuficiente en una ciudad que según el Dane (2021) en el 2020 tenía 3,35 millones de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria (16% de todo el país) y cuyo coeficiente de Gini pasó de 0,498 en 2017 a 0,559 en 2020, lo que quiere decir que Bogotá es la ciudad con mayor desigualdad en el país. Alcaldías como las de Luis Eduardo Garzón, Clara López y Gustavo Petro habían mostrado cómo una importante inversión social permitía obtener notables resultados, como la disminución de la brecha entre ricos y pobres, la disminución de la desnutrición infantil, infraestructura y cobertura en educación infantil, primaria y secundaria, además de un importante red de servicios sociales para llevar salud a los barrios, comedores comunitarios, guarderías y centros día de jóvenes y adultos y adultas mayores, unidades de desintoxicación para adicciones y centros de atención itinerantes para habitantes de calle. Todo esto representó mejoras importantes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pese a lo cual fue desmontado por el posterior gobierno de Enrique Peñalosa quien gobernó de acuerdo a las lógicas del capitalismo trasnacional y para su propio interés, como cuando entregó enormes obras de infraestructura con ventajas totales para los empresarios a costa del erario.

Desde luego, todas las medidas tomadas para controlar la pandemia afectaron de manera negativa sectores claves de la economía lo que se tradujo en desempleo y afectación de los ingresos de miles de hogares bogotanos. Para muchas familias no salir un día a la calle implica no tener recursos para comer, y no se trató de un solo día, las restricciones en la ciudad se extendieron por meses de modo que según lo publicado por el Dane (2021) el 36 por ciento de las personas que habitan en esta ciudad apenas come una o dos veces al día. Sería parcial atribuir la responsabilidad exclusivamente a las medidas de la alcaldía, sin considerar la responsabilidad del gobierno nacional, sin embargo, y según lo realizado por esta administración, se requería un compromiso mucho más decidido de la misma con aquellos para quienes las condiciones materiales han sido históricamente más frágiles y requerían medidas inmediatas para paliar la falta de ingresos, en perspectiva de los cuales las centrales obreras, muchos movimientos sociales, entre ellos el feminismo, una y otra vez demandaron una renta básica que habría protegido a estos sectores sociales.

La misma, como es conocido, es una herramienta de gobierno que parte de la premisa de que toda persona tiene una dignidad humana que debe ser protegida y garantizada, con independencia de las lógicas del trabajo y del mercado, es decir, que es una tarea del Estado en general, y en particular de los gobiernos, en cualquier nivel territorial. Sin embargo el clasismo de nuestro sistema político ha fijado el prejuicio según el cual aquella persona que recibe trasferencias monetarias es un parásito, dependiente y perezoso. Habría que anotar sin embargo, que una renta básica no es un sueldo, no es todo lo que requiere una persona para vivir sino, simplemente, una base que garantiza que no se va a padecer hambre, que va a poder pagar los servicios públicos y poco más. Simplemente garantiza que miles de personas tengan lo mínimo para su subsistencia. Pero, como con muchas otras medidas de protección del Estado, esta fue considerada por los economistas neoliberales como un gasto innecesario, que genera lógicas de dependencia e incluso, de perturbar la libre dinámica del mercado. Lo curioso es que se señala este aspecto y no la evasión de impuestos de los grandes capitales, las inyecciones de capital al sistema financiero e incluso las trasferencias monetarias que se hicieron a las grandes riquezas por parte del gobierno nacional.

La alcaldía de Bogotá en muchos espacios afirmó que había aprobado una renta básica, pero esta no llegó a todas las personas que lo requerían, con el monto que era necesario ni con la suficiente rapidez que se requería. Por otro lado, el Congreso de la República ni siquiera consideró seriamente esta propuesta de modo que la pobreza y la desigualdad que impactan de manera más violenta a las mujeres y jóvenes de los sectores populares, no fue enfrentada de manera consistente, de modo que hoy habitamos una ciudad con más pobres y mucho más desigual.

Migrantes

Un segundo tema en el que la alcaldesa López se alejó no sólo de postulados de la ética del cuidado, o de políticas feministas, es su tratamiento a la población migrante venezolana en Bogotá. Varios de sus pronunciamientos públicos reprodujeron posiciones abiertamente xenófobas que son aún más graves dada la autoridad que tiene en un contexto ya de por sí convulso, en tanto para una población agobiada por las necesidades, la incertidumbre, la inseguridad, lo más sencillo e inmediato es culpar de sus problemas y miedos al migrante, al pobre, al diferente.

Tal vez la situación más grave se presentó cuando la alcaldesa anunció la creación de un comando especial para combatir los delitos cometidos por población migrante, reproduciendo el prejuicio según el cual el clima de inseguridad en la ciudad podía ser atribuido a su presencia en la ciudad. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en este contexto que los “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”, ya que de manera arbitraria atribuyen la responsabilidad del incremento en los índices de violencia y criminalidad a personas que con mucha mayor frecuencia son víctimas del prejuicio y la exclusión.

La xenofobia y el racismo son inexcusables. Recibir y atender una ola migratoria es un reto para cualquier gobierno, la cual no se resuelve asumiendo posiciones racistas y xenófobas pero también aporofóbicas, en tanto seguramente migrantes de élite o con grandes capitales son recibidos sin ninguna distinción ni reparo. Las grandes mayorías, sin embargo, que pasan por una situación muy difícil por su pobreza, por tener niños y niñas pequeñas, porque muchas de ellas estaban en embarazo, las han perseguido, estigmatizado y violentado de innumerables maneras y, de hecho, no han recibido un mínimo de atención, albergues, por ejemplo, mucho menos oportunidades de trabajo para alcanzar un mínimo de dignidad.

Protesta social

El estallido social de la juventud colombiana que tomó impulso en noviembre de 2019, y de nuevo se activó en abril de 2021, fue fotografiado, grabado en video y trasmitido en directo y para muchos y muchas fue evidente cómo las autoridades colombianas dieron una respuesta militar a esa expresión política. Las juventudes de sectores populares, estudiantiles, de los grupos étnicos, entre otros, se tomaron las calles para exigir lo mínimo: educación, salud, oportunidades dignas de trabajo y garantías de buen vivir o bienestar y lo que recibieron en cambio fue fuerza letal por parte de la policía, del Esmad, de algunas unidades militares que fueron desplegadas en las ciudades e, incluso, de civiles armados que apuntaron sus armas contra quienes sólo se defendían con los precarios equipos acondicionados por la primera línea.

Esta dolorosa situación ha dejado personas con mutilación ocular, asesinados, víctimas de violencia sexual, desaparecidos/as, torturadas/os, y cada vez más personas enfrentando gravísimos cargos ante autoridades judiciales. Todo esto pasó ante nuestros ojos y está grabado, la juventud lo gritó en las calles y sin embargo la respuesta de la alcaldesa y su secretario de gobierno sólo ayudó a la estigmatización de la protesta social, su reacción fue incluso de instrumentalización de la grave situación con fines políticos, para atribuir culpas y señalar responsabilidades en sus adversarios, sin nunca respaldar a esa juventud que estaba siendo masacrada. Claudia López no señaló en su momento el carácter criminal de los asesinatos cometidos por el Esmad, no denunció las desapariciones, ni las detenciones arbitrarias, tampoco tuvo una voz de respaldo que pusiera en el debate público la legitimidad de los reclamos que se expresaban en la calle y en la plaza pública.

López olvidó que la protesta social es un mecanismo de participación política y que garantizarla forma parte de las bases de la democracia. Solamente meses después, y gracias a un informe validado por la ONU y consultores independientes, se presenta a la opinión pública para ofrecer disculpas por la masacre, pero cuando tuvo que enfrentar y tomar posición prefirió en algunas ocasiones el lado del represor, y en muchas otras el del silencio.


Desprotección a población transgénero

La injusticia social es un entramado de varios ejes de poder que ubican a algunas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ante lo cual el Estado debe tomar medidas mucho más allá de lo mínimo para ofrecerles garantías materiales de vida y de protección frente a la exclusión y la violencia.

Este es el caso de las mujeres transgénero que en su mayoría están condenadas a trabajos peligrosos o estigmatizantes, tanto que se estima que su expectativa de vida no supera los 35 años. Son asesinadas o mueren debido a la desigualdad que les impide gozar hasta de lo mínimo, como un techo, comida o incluso atención médica; es por ello que el caso de Alejandra Monocuco, mujer transgénero fallecida en mayo de 2020, en pleno confinamiento, es emblemático ya que murió ahogada sin recibir adecuada atención médica.

No es posible determinar qué habría pasado de haber sido atendida en condiciones adecuadas, sin embargo este es un grave caso de injusticia social que ni siquiera mereció una reacción inmediata por parte de la alcaldesa dado que Alejandra, como mujer del colectivo Lgbtiq+, merecía algo más que la omisión o la mudez que sólo se rompió luego de la ola de indignación que generó el caso. Lo problemático de esto es que al no tomar medidas para ofrecer garantías de vida dignas a las mujeres transgénero, situaciones de este tipo siguen ocurriendo con frecuencia. Con demasiada recurrencia se registran muertes que parecen no concitar la responsabilidad del Distrito, a pesar de contar desde hace años con una política pública específica para el colectivo Lgbtiq+, y de una política pública de mujeres y equidad de género.


Tratamiento a comunidades indígenas en el parque nacional

Finalmente, hay que señalar lo que ocurre en pleno centro de la capital, en el Parque Nacional, donde entre 800 y 1.000 indígenas han demandado durante meses la atención de los gobiernos nacional y distrital. Sus peticiones de nuevo son por lo básico: salud, educación y vivienda, condiciones mínimas que les han negado históricamente. En este grupo hay al menos 250 niños y niñas que duermen en cambuches de plástico y lonas negras bajo las copiosas lluvias y el frío bogotano.

De acuerdo a las fuentes de prensa consultadas, la mayoría proviene del departamento del Chocó y huyeron de enfrentamientos entre grupos armados. Estas personas han sido desplazadas de sus territorios por la violencia y la incapacidad del Estado para protegerles; han tomado la plaza como último recurso para hacerse visibles ante un país y un gobierno indolentes.

En este periodo de gobierno se han presentado otros actos similares, y aunque de otros lugares han salido sobre la base de negociaciones, parece primar la tendencia reactiva al desalojo. De nuevo la vía policiva se privilegia, por encima del diálogo o la concertación que es descartada cuando se dice frente a la opinión pública que es la terquedad de las comunidades indígenas la que impide la negociación. Estas personas no quieren ir a otro lugar mientras no logren ser escuchados y sus demandas tomadas en cuenta. Posiblemente esta lucha trasciende las posibilidades de un gobierno distrital, pero ofrecer un trato digno y de respeto es posible. Hoy la actitud de la Alcaldía parece ser de indiferencia y está muy lejos de un compromiso ético con el cuidado o con el feminismo.

Más que una declaración de agravios y errores, este escrito pretende generar reflexión entre las feministas ya que el feminismo más que un discurso es una práctica política con la enorme responsabilidad de concretar una política distinta. No por un esencialismo que endilgue bondad o buen hacer a las mujeres, sino porque nos hemos propuesto como tarea la erradicación de todas las formas de injusticia que afectan a las mujeres, sobre todo y con mayor razón a las desposeídas, a las marginadas, a las víctimas del racismo o del heterosexismo. Cada vez más se escucha en las movilizaciones que el feminismo será antiracista y anticapitalista o no será, y esta reflexión pretende que ese lema atraviese los análisis que hacemos y que nos lleve a exigir más a quienes tienen más responsabilidad, y este es el caso de la alcaldesa López.

* Fuente de los datos: Dane, Pobreza y condiciones de vida, Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 2020, publicado 29 de abril de 2021.

 

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Información adicional

  • Autor:Angélica Bernal Olarte
  • Edición:287
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº287, enero 20 - febrero 20 de 2022
Visto 438 vecesModificado por última vez en Martes, 01 Febrero 2022 14:07

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