Miércoles, 23 Mayo 2007 19:00

La justicia se faja. Editorial

Escrito por Equipo desde abajo
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Además de las víctimas y sus familiares y vecinos, los millones de desplazados, refugiados y exiliados son una parte de los sobrevivientes de las prácticas terroríficas para apuntalar a la clase política y al poder. Con ellos, la Justicia podría y debería encontrar valiosos testimonios que posibiliten a la verdad llenarse de motivos y neutralizar las amenazas del poder en su propósito de persistir impune.

 

Por ahora, la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, en franca colaboración con la Fiscalía esta destapando la mentira. Hasta mediados de mayo ya han desfilado para la prensa y la opinión atónita aquellos ‘honorables’ de quienes ahora se ve o descubre que no lo son tanto, en la medida en que sus votos huelen mal.

 

Interrogantes sin respuesta

 

A propósito de votos, cabe preguntar: ¿cómo entender que tantos hechos y olores destapados no toquen al Ejecutivo? ¿Cómo explicar su aparente inocencia cuando su elección y reelección se nutrió del mismo combustible electoral?

 

Para impedir una respuesta y ocultar la verdad, tal como hizo Turbay cuando dijo que “era un prisionero político” o como hizo Samper con su ministro Botero para aprobar las Convivir, ahora Uribe para protegerse del mal olor en sus espaldas recurre a la distracción y a la coartada.

 

En un tapen…tapen…cuando el telón se descorre, aparecen los velos de humo. Así sucede con el episodio de última hora que revela unas labores de inteligencia ilegales, sin orden judicial, como si fueran las primeras y las únicas y no estuvieran conocidas monitoreadas, salvaguardadas y hasta ordenadas por organismos internacionales de inteligencia y por la embajada de los Estados Unidos. Como si no hicieran parte de los juegos de conveniencia y poder entre Ejército y Policía para obtener apoyos internacionales:

 

-    Un gran sector de la DEA y de la Agencia Internacional de Inteligencia (INA) inclina su coordinación con la Policía, el vicepresidente Francisco Santos y descree del Ejército.

-     Pero un sector del Departamento de Estado confía en el general Montoya, promueve al ministro Juan Manuel Santos para extrapolar las funciones de inteligencia y paramilitarismo hacia Ecuador y Venezuela.

 

Coartada. Coartada. Porque no resulta creíble una decencia repentina o que haya cosillas por ahí, entre generales y sus directas oficinas, desligadas de los hilos del gran poder, dada la extensión en el tiempo y los propósitos obvios de sus acciones con proyecto hasta 2019, como ahora se conoce.

 

La cuenta es larga

 

Algunas estadísticas estiman que el total de homicidios de la última década puede rondar los 300 mil. El 13 por ciento de ellos, alrededor de 39 mil, tuvo lugar en el área metropolitana de Medellín (que cuenta con cuatro millones de habitantes). Por lo menos la mitad, ejecutados por los paras y sus redes de sicarios. En el resto del país, este porcentaje fluctúa entre el 15 y el 25 por ciento. El resto corre por cuenta de la guerra y la delincuencia común.

 

Pese a las más grandes evidencias, los organismos gubernamentales guardaron silencio por años, e inclusive entorpecían las investigaciones. Hoy, cuando algunos jefes paramilitares reconocen sus crímenes, esto queda más claro. En verdad, con las revelaciones que cada día emanan, sí hay mucho de nuevo. El volumen de masacres y de fosas comunes no registradas desborda los datos conocidos. Las interminables listas de ‘desaparecidos’ pueden ahora empezar a producir una explicación sobre su paradero.

 

Muchos jueces, policías, militares, hacendados, comerciantes, políticos y empresarios de tantos municipios actuaron como si nada vieran, nada supieran y nada hubieran oído jamás. No es raro que también propiciaran el asesinato de los descontentos y de todos aquellos que se opusieran a sus negocios.

 

Ahora hace falta, para que la verdad aflore, que se aclare quiénes fueron los protagonistas y los cómplices que por más de 20 años estimularon, patrocinaron, promovieron y encubrieron a estos asesinos, construyendo con sus acciones y sobre el dolor de millones de connacionales un ‘paraEstado’.

 

Los sicarios, torturadores, mochacabezas, descuartizadores, no actuaron solos. Mucha complicidad se diseñó y todo quedó luego bajo un manto de impunidad.

 

Ahora, en que el poder está cruzado de contradicciones, y se achica esa extensa operación de desinformación y miedo (para quienes denunciaban y tenían el valor de presentarse como testigos) que garantizó todo la tragedia que hoy se reconoce y esa gran parte que todavía se oculta, es de esperar que la justicia colombiana haga sentir su majestad. Un peso de su mano que no haga vano el alto costo de impunidad que se paga para alcanzar la reconciliación. O, triste es remarcar, para una vez “libres de paramilitarismo” legitimar ante la opinión internacional una presencia más intensa del llamado ‘Plan Colombia’.

 

Ojalá, los distractores creados por el Ejecutivo tras sus conversaciones en Washington no anulen esta ráfaga de claridad. ¿De unas luces de mañana o tarde? queda en la pregunta

 

Por fortuna, la Corte y la Fiscalía marchan al unísono y vuelve a surgir la esperanza de que al menos la verdad cauterice y la compensación sea efectiva. Esperamos que el inmenso crimen de lesa humanidad perpetrado por actores reales se conozca por completo y reciba condigna sanción –no sólo sus autores materiales sino asimismo los intelectuales y quienes han usufructuado el poder. Pueda que esto ocurra al paso que marcha la Corte con la lupa de la prensa y de los organismos de derechos humanos internacionales.

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