Miércoles, 23 Mayo 2007 19:00

23 de mayo, paro nacional. Colombia

Escrito por Varios autores
Valora este artículo
(0 votos)

Revaluación neoliberal

Por: Aurelio Suárez

Distintos manifiestos de grupos exportadores, editoriales, columnas de opinión de autorizados economistas y pronunciamientos diversos hablan de la revaluación del peso frente al dólar como un hecho económico que está arrastrando a varios sectores productivos a la ruina y al país en general a la depresión de su economía. Ha vuelto el déficit comercial que agrava el déficit de la cuenta corriente externa y que, por tanto, obliga a aumentar el endeudamiento público para financiarlo y en consecuencia los requerimientos fiscales correspondientes. El dólar vale en pesos nominales lo mismo que en el 2000 y ello implica, por ejemplo, que los productores de banano hayan perdido en los últimos tres años $1.36 billones con secuelas en empleo y riqueza. Se habla de un sinnúmero de empresas de flores que han ingresado a la Ley 550 (el nombre técnico que ahora tiene la bancarrota) y se dice que de allí han salido 10.000 personas entre 2006 y 2007. Los caficultores cuentan en más de dos billones de pesos la caída de sus ingresos por ese concepto. Mientras tanto, suben los costos de producción y caen los pesos recibidos por cada dólar exportado. El peor de los mundos: la más alta inflación de los últimos años para los primeros cuatro meses y la más grave revaluación, 7,6%, en el mismo lapso. 

 

No obstante, los análisis ubican la causa del mal en diferentes motivos. Unos, como Hommes, atribuyen el descalabro a trucos especulativos de quienes aprovechan “el fortalecimiento” de la moneda colombiana; otros, como Caballero Argáez, señala el descomunal gasto fiscal, que tiene como combustible la monetización de los dólares de las privatizaciones, como la razón primera y en ello lo acompaña Armando Montenegro, otros encuentran en las remesas de los emigrantes la raíz del perjuicio y algunos en la plata del narcotráfico. El Banco de la República ha gastado cerca de 60 billones de pesos comprando dólares en cuatro años y no ha podido detener la avalancha, las soluciones de “mercado”, las permitidas por el modelo imperante, han resultado inocuas. Hasta se escuchan voces de “encontrarle la cara amable” a la revaluación; especialmente porque según ellas “los extranjeros nos cogieron confianza y se están viniendo para acá”. Una explicación politiquera, por decir lo menos. 

 

Lo más curioso es que todos los quejosos desean el actual orden establecido pero sin revaluación; un verdadero imposible. Esto es, imploran por un neoliberalismo sin una de sus partes sustanciales, el libre flujo de capitales. Los excedentes de capital que se mueven a diario en el mundo son cercanos a los 2 billones (billones de 12 ceros) diarios y superan los 150 billones al año. Por cada dólar que se produce en el mundo al año en bienes y servicios se tienen más de tres para los mercados bursátiles tanto de operaciones de mercado abierto como de los mercados mundiales de moneda y de deuda. En cuanto al comercio, por cada dólar de una transacción comercial hay más de diez en las lonjas especulativas; es la tendencia dominante de la organización económica. 

 

Los flujos de capital son mucho más que la inversión extranjera directa. Y su libre movilidad es un requisito indispensable para su reproducción en tanto, y esto es lo más importante, deben multiplicarse a toda hora y, por ende, moverse según las rentabilidades de los distintos mercados, de la comparación entre las tasas de interés internas y las externas. Lo más explicativo lo oí de un alto ejecutivo del sector de negocios de New York: “el dinero va a donde puede salir”. Quiere decir que a donde va toma todo lo que pueda hasta encontrar un nuevo espacio donde pueda tomar más. He ahí el más refinado neoliberalismo contemporáneo. Quien no quiera inestabilidad cambiaria (a toda revaluación le sigue una devaluación) sólo le sirve la supresión del modelo neoliberal. Según Rogoff del FMI, en los mercados financieros más sofisticados, como Estados Unidos, esa apertura de capitales trae beneficios obvios mientras, según Bhagwati, en los países en desarrollo se genera destrucción. Con todo esto, ¿cómo será todo cuando rija la expresión suprema del neoliberalismo que es el TLC? Todavía no hemos visto lo peor.


 

 

Por la defensa de la educación pública

Maestros a paro nacional

 

Contra toda argumentación y evidencia racional, el proyecto de Acto Legislativo que recorta las transferencias territoriales continúa su trámite en el Congreso. El pasado 8 de mayo, en la Comisión I del Senado, fue aprobado el sexto de los ocho debates que debe surtir la reforma en marcha.

 

De aprobarse esta reforma, la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico sufrirán más recortes, y vendrá, con toda seguridad, mayor venta de los bienes públicos.

 

El recorte significará que en los próximos años dejarán de llegar a las regiones 49 billones de pesos, de los cuales 20 corresponden a la educación. La situaciónpor venir sería catastrófica para los sectores populares, toda vez que el recorte sufrido entre los años 2001-2005 alcanzó los 10,9 billones de pesos y sus efectos han sido demenciales.  La salud, educación y otras áreas en diversas regiones se han visto notablemente desmejoradas.

 

Corresponde a los maestros liderar este paro, pero a los estudiantes, padres de familia y población en general les corresponde solidarizarse de manera efectiva con una lucha que les compete de manera directa. Al mismo tiempo, impulsar el referendo aprobatorio sobre las transferencias, propuesto por el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo. Una importante acción, que evidenciará ante todos la fortaleza y justeza de esta lucha, se realizará el próximo 30 de mayocon la tomadeBogotá, programada por el Magisterio. Se espera que a ella también concurran trabajadores de la salud, estudiantes y miles de inconformes para demandar del Congreso la no aprobación de un medida a todas luces impopular.


 

 

 

Crímenes cometidos por multinacionales

Verdad, justicia y reparación integral

 

A comienzos de marzo de 2007, por un acuerdo judicial, la multinacional Chiquita Brands se vio obligada a pagar 25 millones de dólares por haber financiado grupos paramilitares en Colombia y patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas organizaciones criminales. A principios de mayo, un tribunal de Estados Unidos decidió escuchar el testimonio de Edwin Manuel Guzmán, ex sargento del Ejército Nacional, quien afirma que la multinacional Drummond ordenó homicidios contra sindicalistas colombianos.

 

Las filiales de Coca-Cola en Colombia encaran diversos procesos judiciales por ordenar asesinatos y secuestros contra miembros del Sindicato Nacional de la Industria de la Alimentación (Sinaltrainal). Multinacionales del petróleo, de la industria minera y de la explotación agroindustrial, han sido acusadas de graves violaciones de derechos humanos en Colombia que involucran a grupos paramilitares.

 

Las organizaciones sindicales de estas compañías han denunciado públicamente las condiciones laborales que imperan en sus empresas. En muchas de ellas existe personal empleado temporalmente que gana menos del salario mínimo a cambio de 16 horas de trabajo diario, sin derecho a sindicalizarse. Hay acoso laboral contra los líderes sindicales.

 

Para enfrentar a los trabajadores, estas empresas hasta contrataron grupos paramilitares para perpetrar crímenes de lesa humanidad. La acción de estos grupos, que actuaron con respaldo de agentes estatales, ha afectado gravemente a la gente de los territorios en los que se encuentran los enclaves transnacionales. Comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido objeto de masacres, desapariciones forzadas cuyas víctimas fueron enterradas en miles de fosas comunes y cementerios clandestinos, y desplazamientos forzados que han tenido por finalidad el despojo de la tierra y el control paramilitar sobre extensas zonas territoriales.

 

En consecuencia, no es cierto que estas acciones criminales, con apoyo al paramiltarismo, se hayan ejercido principalmente para proteger a las empresas de ataques de la guerrilla o de la delincuencia organizada. Esa sola insinuación es una afrenta adicional a las víctimas y asimismo a la soberanía nacional.

 

El hecho de que sean tribunales extranjeros los que producen resultados en la investigación de estos crímenes demuestra el grado de impunidad y la ineficiencia de la justicia nacional, que ha permitido que se sigan cometiendo estos delitos atroces, que sus responsables gocen de libertad y de las multimillonarias ganancias que les reportan las pésimas condiciones laborales que mantienen en sus empresas. Igualmente, cabe responsabilidad al Estado colombiano por la actuación o la omisión de miembros de la fuerza pública en la creación y fortalecimiento de los grupos paramilitares. Pero, de igual manera, por haber auspiciado la presencia de estas compañías en el país, sin ningún control.

 

Ante todos estos hechos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado sostiene las siguientes posiciones y exigencias:

 

l   Con relación a los crímenes perpetrados por las multinacionales en Colombia, en concierto con paramilitares y agentes estatales, se debe esclarecer toda la verdad por parte de los organismos judiciales, nacionales y extranjeros, acerca de los autores materiales e intelectuales, las circunstancias en las que se han cometido los crímenes y las ganancias obtenidas con métodos criminales.

l   Los directivos de las compañías multinacionales involucradas deben afrontar su responsabilidad penal, y el gobierno nacional está obligado a tramitar la extradición de quienes han planificado y se han beneficiado de estos delitos.

l     Las compañías multinacionales deben reparar integralmente no sólo a las víctimas directas de estos crímenes. También tendrán que realizar reparaciones integrales de las comunidades a las cuales han causado inmenso daño la financiación y el auspicio de los grupos paramilitares.

l  Como medida de satisfacción, públicamente las empresas multinacionales deben pedir perdón a las víctimas y la Nación por el daño causado mediante los métodos utilizados para obtener jugosos beneficios económicos en el país.

l                Como medida de no repetición, las compañías multinacionales a las que se les pruebe haber ordenado asesinatos y desapariciones forzadas, así como auspiciado el paramilitarismo y el tráfico de armas en Colombia, perderán definitivamente su licencia de funcionamiento, y no podrán volver a instalarse en el territorio nacional.

 


 

 

Minercol ltda.

Despedidos trabajadores que aún laboraban en la entidad

 

El pasado primero de mayo, tras 11 años de lucha, fue liquidada la estatal Minercol. El intento por acallar la voz y la dignidad de los trabajadores de este sector estratégico de la economía nacional arrancó en 1996, cuando de manera abierta se decía en el proyecto de Código de Minas que el Banco Mundial ordenaba el cierre de la estatal minera.

 

En su intento por arrasarnos, no repararon en métodos ni acciones: secuestraron a dos de nuestros funcionarios; realizaron siete atentados contra la vida del presidente del Sindicato, amenazaron de muerte a distintos activistas de la organización sindical, implementaron seguimientos y hostigamientos permanentes contra miembros de la junta directiva y volaron la sede sindical. En fin, terrorismo ante los ojos del Estado pero sin resultados positivos: no quebraron la voluntad de valiosos trabajadores por defender sus derechos, la soberanía nacional y la conservación del medio ambiente.

 

Desde entonces (1986) hubo otras contiendas. A finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, la agencia gubernamental Canadiense CIDA, con la ONG de multinacionales CERI, el gobierno colombiano y las cementeras CEMEX, HOLCIM, Argos y Ladrillera Santafé, proyectaron e hicieron aprobar un nuevo Código de Minas que hoy, en su desarrollo, entierra a Minercol Ltda. y pretende enterrar el sueño de nuestra Nación, de tener una política soberana sobre sus recursos minero-energéticos.

 

La decisión de despedir a los trabajadores sin respetar el fuero sindical, sin mediar el permiso de los jueces laborales, incluso bajo expresa prohibición por parte de la Corte Constitucional de despedir a dirigentes sindicales y personas con fuero sindical, si no se cumple los requisitos preceptuados por la OIT, es ésta una muestra más del total irrespeto y el desconocimiento a la Constitución, la ley, los pactos y convenios de OIT, lo mismo que del grado de fascistizacion de la dirección del Estado colombiano.

Visto 3189 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.