Jueves, 22 Abril 2010 17:39

Una década perdida

Escrito por Rafael Ballén
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La primera década del siglo XXI fue para Colombia una década perdida en muchos temas y valores tangibles e intangibles. En primer lugar, en materia de paz y convivencia. Como todas las apuestas del establecimiento y de sus voceros fueron por la guerra, como consecuencia de ésta, además de la paz y la convivencia, Colombia perdió otros valores tangibles: todos los recursos económicos del mundo –aun sin cuantificar–, empleo, investigación científica, calidad de la educación, cobertura y calidad de la salud, seguridad alimentaria, integración latinoamericana, etcétera. Como fue una década de guerra, de la que se derivaron muchos males, refresquemos un poco la memoria.

Efectivamente, desde el mes de mayo de 1998, el candidato presidencial que luego resultó vencedor en la segunda vuelta, Andrés Pastrana, prometió negociar las diferencias sociales, políticas y económicas, y firmar la paz con el movimiento guerrillero más antiguo y consolidado de nuestro país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep). Hay que decirlo sin ambages: Pastrana fue audaz y se jugó a fondo, en los días previos a la elección y una vez obtuvo el favor del pueblo. Por eso, el día en que se escriba la Historia de Colombia sin el apasionamiento de la venganza y sin el odio por el otro, sus páginas reconocerán que hasta 1998 ningún Presidente hizo tanto por acabar con el conflicto armado de esta Nación.

Sin embargo, aunque Pastrana ordenó el despeje de cinco municipios, es claro que en San Vicente del Caguán no hubo negociación de las diferencias políticas y sociales del conflicto armado. Tan solo hubo negociación para acordar la liberación de 360 militares y policías retenidos por las farc en operaciones de guerra, y de una docena de guerrilleros que se hallaban privados de la libertad y en malas condiciones de salud. Lo demás fue muñequeo político-militar entre las dos partes, a la mejor manera que ha muñequeado la humanidad en los asuntos de la guerra y de paz desde que el mundo es mundo.

En cambio, en el proceso hubo exceso de ingenuidad: de Pastrana, del establecimiento y de las farc. Pastrana fue ingenuo al pensar que con un reloj de campaña, con un abrazo a Manuel Marulanda, con unas fotos, con la supuesta afinidad o empatía –“química” dicen los entendidos en relaciones interpersonales– y con un día en sus propios campamentos bastaba para acabar con el conflicto. El más ingenuo fue el sistema que rige los destinos de Colombia desde su independencia, al confiar en que Pastrana lograría el milagro. Por eso lo apoyó. Iluso fue el régimen al creer que un ejército insurgente de 40 años de lucha, sin una baja ni una captura en la cúpula de su estructura, fuera a entregar las armas a cambio de nada. Ingenuas también fueron las farc al pensar que el establecimiento sí tenía el propósito de negociar la agenda que ellas proponían; ilusas si creyeron que el régimen iba tolerar el muñequeo de guerra, que ese ejército irregular jamás dejó de ejercer.

Para entrar en la pérdida intangible de la primera década del siglo XXI, digamos que quien mejor lideró el establecimiento para combatir a Pastrana por lo que estaba haciendo fue Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial. Así que, desde cuando Pastrana inició los diálogos con las farc, Uribe siempre habló de su “tristeza” por cuanto el Gobierno no les dio el mismo tratamiento a los paramilitares que le daba a la guerrilla. Y fue tan efectiva la vocería de Uribe para atacar el proceso de paz Pastrana-Farc a nombre de los sectores más inhumanos y reaccionarios del régimen, que el Presidente se vio precisado a romper las conversaciones que sostenía con la guerrilla, el 20 de febrero de 2001.

La misma cantaleta de “tristeza” catapultó a Uribe de tal manera que fue elegido presidente de la República, y en esa condición acentuó el propósito de identificar el movimiento guerrillero con las auc. La reiteración y la fuerza dialéctica de su discurso fue de tal magnitud que ya no sólo la gente del común entró en extrema confusión y dio por sentado que son lo mismo unos y otros, sino asimismo la cúpula del establecimiento: congresistas, ex presidentes, fiscales, directivos de los gremios, y muchos intelectuales y periodistas.

¿Dónde está la pérdida intangible de esta década? En una serie de valores, de principios, de conductas, de comportamientos y lenguajes, que hacen que la sociedad colombiana no haya avanzado sino que además haya retrocedido medio siglo o quizá más en su cultura política. El secreto de ese cambio de cultura y de mentalidad está en el lenguaje y, como parte de éste, en la ley.

¿Qué es la ley? En su sentido más amplio, la ley es una hipótesis en la medida en que ésta se formula como enunciado general y no como declaración sobre hechos particulares. Mirada desde el punto de vista jurídico, la ley es una norma codificada, expedida por la autoridad legislativa (congreso, parlamento, asamblea general), para un ámbito determinado de aplicación que sirve para regular de manera obligatoria y hacia el futuro las situaciones conflictivas de la sociedad1. Así se concibió la ley desde los primeros tiempos. La ley de Hammurabi y la “ley mosaica” o Pentateuco de la Biblia, las dos codificaciones más antiguas que se pueden consultar hoy sin dificultades, pese a ser concebidas por una sola persona, están redactadas en forma hipotética, hacia el futuro y como principios generales para la sociedades de su tiempo.

Y, antes de la ley escrita, ¿qué había? La sociedad se guiaba por el sentido común, la regla general de buena conducta, el comportamiento correcto. Porque una acción afable o respetable animará siempre el respeto hacia la persona que la ejecuta; al contrario, una actuación horrible generará el repudio de la sociedad a su autor. Es decir, las reglas generales, aunque no estén escritas, determinan qué acciones son susceptibles de aprecio o repulsa por parte de la sociedad, y se fijan en el alma colectiva gracias a la observación constante. Adam Smith –el verdadero, no el calumniado– se refiere así a este asunto: “No hay persona a la que mediante la disciplina, la educación y el ejemplo no se le pueda inculcar el respeto a las reglas generales en forma tal que actúe en toda circunstancia con una aceptable decencia y que evite durante toda su vida cualquier grado considerable de reproche”2.

La perversión que hizo de la primera década del siglo XXI una década perdida para Colombia está en el desprecio, la tergiversación y el cambio de valores del mundo occidental, más exactamente de los principios de la denominada “democracia liberal”. Leyendo con atención al pensador de Edimburgo, se encuentran en Smith reflexiones y conceptos aplicables a los gobernantes y los legisladores de nuestro tiempo: “Sin este respeto sagrado a las normas generales, no se podría confiar demasiado en la conducta de nadie. Ahí radica la diferencia más esencial entre una persona de principios y de honor y el individuo más indigno”3. Y remata su razonamiento señalando que de la observancia de esos deberes depende la existencia misma de la sociedad humana, que se desmoronaría hecha añicos “si el género humano no tuviese normalmente grabado un respeto hacia esas importantes reglas de conducta”4.

La ruptura de uno de esos principios demo-liberales es el relacionado con el concepto de la ley, como una “declaración hipotética de carácter general, impersonal y abstracta” para aplicarla a hechos futuros. De esa definición de la ley, al finalizar la primera década del siglo XXI en Colombia, no quedó sino la palabra “declaración”. Las palabras hipotético, general, impersonal y abstracto desaparecieron como por encanto.

En esta década, la ley se hizo para blanquear crímenes del pasado, y para reorientar hechos individuales, presentes y concretos de unas personas determinadas. Y en el peor de los casos, en el extremo cínico de los hechos, para favorecer el proyecto personal del presidente Uribe. En este proyecto personal, Uribe acomodó los instrumentos legales a su medida, y en este reto trabajó con la paciencia y la maestría del relojero manual. El Presidente hizo de la ley el mejor instrumento para aferrarse al poder, consolidar sus palancas, someter a un pueblo y cometer todos los atropellos posibles. También hizo de la ley la mayor fuente de corrupción, el instrumento que lavó los más atroces crímenes, y encubrió las más grandes defraudaciones al Estado: legalizar las fortunas provenientes del narcotráfico y la usurpación de tierras a los campesinos, establecer zonas francas para sus hijos y promulgar la ley de Agro Ingreso Seguro. Son apenas unos ejemplos.

En suma, en esta primera década del siglo XXI, la ley se convirtió en una simple careta para cubrir el rostro y las manos de los grandes delincuentes. Por eso, todo aquel que deba interpretar las leyes y los decretos expedidos en este período, por estar investido de autoridad, como el juez o el magistrado, o el simple ciudadano, cada vez que tropiece con ese conjunto de normas o instrumentos jurídicos, lo primero que debe hacer es levantar esa careta y ver a qué criminales se pretendió proteger y, hecho ese análisis, ahí sí proceder a aplicarlos. Será una excelente medida de profilaxis sociológica, jurídica y política.

1    HILMANN, Kart-Heinz. Diccionario enciclopédico de sociología. Barcelona, Herder, 2001.
2    SMITH, Adam. Teoría de los sentimientos morales. Madrid, Alianza, 1997, p. 298.
3    id.
4    ibíd., p. 299.
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