Jueves, 22 Abril 2010 17:42

¿Hablamos de economía?

Escrito por Álvaro Sanabria Duque
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Cuando Ferdinand Lasalle intentaba explicar, en una charla de 1862, qué es la Constitución de un país, tuvo que comenzar aclarando el sentido del término. Evidentemente, no se trataba de una serie de normas escritas sino de la estructura real de la sociedad, que en algunos casos las normas escritas tratan de interpretar. En el lenguaje popular, la distinción es clara cuando se usan expresiones como “Pedro es de constitución delgada”, o “Juan es de constitución robusta”, por lo cual, si Lasalle hubiese dado su charla en un barrio marginal de Bogotá, no habría habido dificultad alguna; en cambio, si la charla la ofreciera a unos académicos de nuestro país, las confusiones hubieran sido de marca mayor, pues en el medio ‘pensante’ criollo se es muy dado a considerar que, si se consigna alguna idea en un papel, ésta pasa a ser realidad por ese solo hecho.

Cuando en los 90 tuvo lugar el comienzo de los procesos de desregulación y privatización, a ese conjunto de estrategias se le calificó pomposamente de “modernización de la economía”, con lo cual se pretendía paralizar la crítica y legitimar el desmantelamiento de la propiedad estatal y los derechos de los trabajadores. Hoy, cuando se han vuelto crónicos el desempleo, el atraso infraestructural y el clientelismo armado, entre otras características de nuestra cruda realidad, los académicos olvidan la expresión y ya no adjetivan la economía. Razón de más para que, en el sentido de Lasalle, nos preguntemos por la verdadera constitución económica que nos rige.

“La Constitución de un país, en esencia, es la suma de los factores reales de poder que rigen en dicho país”, explicaba el pensador alemán, por lo que identificar la constitución económica de Colombia debe pasar, entonces, por descifrar tales factores.

La economía colombiana ha tenido siempre dos polos de poder: un grupo latifundista, que se reparte lo rural (la provincia, como despectivamente se califican las periferias espaciales, incluidas sus respectivas zonas urbanas), y una “burguesía citadina”, que usufructúa el poder central y algo del comercio, las finanzas y la industria que se asientan en los espacios urbanos centrales. Buena parte de la violencia política que nos acompaña desde el siglo XIX se apuntala en esa dicotomía. López Pumarejo y Lleras Restrepo han sido quizá los representantes más definidos de la “burguesía urbana”, mientras Laureano Gómez (pese a ser bogotano y no tener tierras) y Álvaro Uribe los más claros representantes del intento de centrar el Estado en una economía primaria y una fuerte jerarquización de la sociedad.

Reacción y rentismo


Así como los años 50 del siglo XX marcaron la “época dorada” del agro colombiano, y tuvieron como corolario el ascenso y defenestración del ruralista Laureano Gómez, los 90 lo hicieron en la fase más aguda de su declive, con una pérdida de 800 mil hectáreas retiradas de la producción. Y son parte de las consecuencias de esa crisis lo que paradójicamente catapulta de nuevo al poder a un ruralista como Álvaro Uribe en 2002, cuya meta no era “recuperar el campo” sino legitimar un latifundio repotenciado por efecto de la violencia paramilitar. El intento de dinamizar economías de plantación en el campo, como la palma africana, no es entonces más que la búsqueda de darles uso a grandes extensiones improductivas que derivan su importancia de haber sido la ‘alcancía’ en la que se depositaran buena parte de los excedentes acumulados (legales e ilegales) que no encuentran uso en el circuito económico de la generación de riquezas.

Sin embargo, no se debe entender que, cuando se afirma que hay dos polos de poder en la estructura económica colombiana, afirmamos la existencia de focos irreconciliables. Los acuerdos del llamado Frente Nacional, en el período que va de 1958 a 1974, es buen ejemplo de cómo los grupos de las élites pueden alcanzar mecanismos de consenso.

La extensión de la presidencia de Uribe hasta los ocho años es nuevamente prueba de ello, pero la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el referendo para la segunda reelección, el proceso de la parapolítica y los intentos de judicialización de personajes del Ejecutivo, son muestra de que, cuando uno de los grupos intenta asumir la hegemonía (en el caso actual, el latifundismo, ahora armado), el cuerpo del poder pone a funcionar los mecanismos que le permiten regresar al equilibrio, haciendo que las clases subordinadas, ¡vaya ironía!, vivan esas alternancias como procesos de cambio.

Es cierto que en el gobierno de Uribe el gasto militar avanzó más que los otros gastos y que la deuda externa se multiplicó (según el Banco de la República, pasó de 18 mil millones de dólares en 2002 a 29 mil millones en 2009), pero, contra lo que se pudiera pensar, la constitución económica se conservó. Los grandes ganadores en el actual gobierno, la minería y la construcción (ver el cuadro del PIB sectorial), no son más que refuerzos del espíritu rentista (parasitario), o sea, el factor de identidad de los dos grandes grupos dominantes en Colombia (en el caso de la minería, se refleja además el espíritu colonizado que busca garantizar, con la entrega de parte del territorio, la protección extranjera).

La situación algo particular del último decenio reside tan solo en que los terratenientes han sufrido cierta transformación en su interior, como efecto de la consolidación de latifundistas de nuevo cuño, cuyas fortunas no son ajenas a la producción y la comercialización de drogas ilegales. Una contextualización de la administración Uribe no puede dejar de lado el hecho de que la legitimación y la legalización de esas fortunas se consideraban una estrategia central para ganar la guerra.

PIB sectorial como porcentaje del PIB total
 
Sector      
Servicios comunales       
sociales y personales
Servicios financieros       
Industria       
Comercio, restaurantes      
y hoteles
Agricultura       
Minería       
Construcción       
2002
19,6
16,5
14,7
12,7
10
5,1
3,9
2009
16,5
15,3
14,1
11,8
8,5
6,4
8,8
Fuente: Dane.

Las tendencias económicas se refuerzan


De allí que no haya necesidad de una política social ni siquiera como fachada, pues al venderse la idea de un enemigo interno (las farc) y un enemigo externo (Chávez), las consideraciones sobre el bienestar de la sociedad pasan a segundo plano. En el imaginario de la gente, la guerra implica sacrificios, y el deterioro de la situación se puede achacar a factores diferentes de los económicos, por lo cual, pese a las asimetrías crecientes, las personas pueden percibir su situación como un mal necesario.

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en su informe “Panorama social de América Latina 2009”, Colombia, junto con Guatemala y República Dominicana, fueron los únicos países que no mejoraron sus indicadores de concentración del ingreso en el período que va de 2002 a 2008. Las razones saltan a la vista, pues, como efecto de la pérdida de participación de los salarios en el ingreso nacional, el gasto de los hogares, como porcentaje del PIB, pasó de 69 por ciento en 2002 a 62 por ciento en 2008.

Ya en el primer cuatrienio de Uribe, la tendencia del empeoramiento de las condiciones sociales se había marcado. Según el mismo informe de la Cepal, en 2002 el 70 por ciento más pobre de la población tenía que contentarse con el 34,7 del ingreso, que vería reducido al 33,5 en 2005, mientras el 10 por ciento más rico de la población, que percibía el 38,8 del ingreso, lo veía aumentado al 41,1 por ciento (ver cuadro de participación del ingreso).

Participación en el ingreso total del:

Año40%
más pobre
30%
siguiente
al 10% más rico
20% anterior 10%
más rico
     
2002 12,322,426,538,8
200512,221,325,441,1
     
Fuente: Cepal

Lo anterior no es independiente del empeoramiento de las condiciones laborales que han mostrado un aumento significativo del “trabajador por cuenta propia” (que en la mayoría de los casos es informal), que, de representar poco más del 39 por ciento en 2002, hoy alcanza un porcentaje del 42 de la fuerza laboral. De 1.900.000 empleos que se crearon entre 2002 y 2009, el 65 por ciento (1.235.000) fue creado por cuenta propia, lo que nos indica el deterioro de la ocupación que cada vez avanza con más fuerza.

Pero no es sólo eso, ya que los indicadores del gasto público social también mostraron claros signos de empeoramiento (según la misma Cepal), pues, de representar el 3,3 por ciento del PIB en el período 2000-2001, se contrajeron hasta el 3,0 en el período 2006-2007, y, como porcentaje del gasto público total, se redujeron del 20,1 al 17,2. Los gastos en salud, que representaban el 13,4 por ciento del gasto público total, se contrajeron a 10,95, y los de vivienda de 5,6 a 3 por ciento.

Ahora bien, que en plena campaña de elección presidencial, el tema de los indicadores sociales esté totalmente olvidado, demuestra que la inercia mental y la estructuración económica del país han logrado legitimar la inequidad. De paso, ello prueba que los movimientos alternativos aún no logran explicarse, y que mostrar la estructura perversa de nuestro sistema económico es una tarea pendiente. ¿Será que nuestros políticos y académicos, incluidos algunos de carácter progresista, consideran que la estructura económica (su constitución) es intocable? Ya va siendo hora de que se demuestre que las cosas se pueden transformar, y que, en este caso, a nadie más compete que a los verdaderos interesados, los excluidos de todo tipo.
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