Jueves, 22 Abril 2010 18:00

La ‘Seguridad democrática’: otro falso positivo

Escrito por Eduardo Matyas Camargo
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Con medios y fraude a favor de Santos, el “uribismo sin Uribe” amenaza trascender al ‘nuevo’ gobierno. En derechos humanos, el gobierno Uribe –con los falsos positivos, hijos legítimos de la ‘seguridad democrática’ y materializados en miles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército– pasa a la historia como violador y uno de los más criminales. Hoy, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene abiertos 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles, que por ahora dejan un saldo de 2.077 asesinados, 59 de ellos menores de edad y 122 mujeres.

Luego de la deuda externa, la ‘seguridad democrática’ demanda la mayor inversión de los recursos públicos. El régimen saliente busca que la ‘seguridad democrática’ sea política estatal. Sin la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley que permitía el referendo para que Uribe pudiera aspirar a un tercer mandato, el estribillo de la ‘seguridad democrática’ habría sido su consigna para la reelección.

De nuevo, con la banda presidencial, a pesar de las 137 condenas contra militares, con 396 órdenes de captura y más de 2.000 homicidios extrajudiciales, debido al pago de recompensas por homicidios reportados como baja en combate. Un crimen de lesa humanidad creado por la Resolución 29 de 2005 del entonces mindefensa Camilo Ospina (hoy candidato de Uribe a Fiscal General), aplicada en pleno por Juan Manuel Santos, candidato del uribismo. Esta práctica criminal no es un hecho aislado. Se extendió a todo el país y por varios años.

Con relación a estos últimos, la Procuraduría General se concentra en tres divisiones del Ejército: la Séptima, la Segunda y la Quinta, con jurisdicción en 16 departamentos de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y el centro. En los últimos siete años, la Procuraduría abrió 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Los militares investigados son de 35 brigadas (10 de ellas móviles); 481 son oficiales, incluyendo 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458 soldados. Miembros de otras instituciones aparecen en los expedientes.

Uribe con silla o sin Palacio


En el rubro de seguridad se invertirán en 2010 el 14,2 por ciento del presupuesto de la nación (21,12 billones de pesos, 11.057 millones de dólares), mientras la Educación sólo ocupará el 13,9 (20,58 billones, unos 10.774 millones de dólares).

Según Mindefensa, entre 2002 y 2008 se incorporaron 123.550 efectivos nuevos en 25 brigadas. En ese lapso, las fuerzas militares incorporaron a 82.099 hombres que conformaron nueve brigadas territoriales y 16 móviles con 54 batallones de contraguerrilla, 11 agrupaciones de fuerzas especiales y 24 batallones de otras especialidades. Hoy, la fuerza pública cuenta con 431.253 hombres y mujeres: 285.382 en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y 145.871 en la Policía, con un incremento del 40 por ciento. También según Mindefensa, esta cifra es por ahora el ‘techo’ en lo referente a las fuerzas militares. Sucede que los gastos de logística y salariales requieren la destinación de recursos millonarios, asegurados a mediano plazo con el impuesto al patrimonio.

La continuidad de la ‘seguridad democrática’ contempla además, imponer los frentes urbanos de seguridad. Aumentar 5.000 nuevos patrulleros, en sobrepaso de 150 mil hombres en 2010, para labores de control en las calles, y de ampliación del servicio policial a sitios que nunca han contado con su presencia.

Con la “seguridad democrática” como bandera en los comicios de 2002 y 2006, y para seguir ganando encuestas hasta la decisión de la Corte, Uribe agregó y deja al país persistentes factores de inseguridad: guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico, criminalidad urbana y rural; y de su cosecha “águilas negras” o bandas criminales (bacrim, en lenguaje oficial), bases militares de Estados Unidos, y la internacionalización del conflicto con acciones militares y mercenarias, encubiertas en el exterior. Una consigna para persistir con interpuestas personas.

Era el lema de Andrés Felipe Arias, “clon mejorado” de Uribe en la consulta azul; y es también de los uribistas de la U, Cambio Radical y de la candidata del partido conservador. Peor aún, como plaga o muralla contra la paz, también la asumen Rafael Pardo, candidato del liberalismo; Mockus, del Partido Verde-Compromiso Ciudadano; y Gustavo Petro, del Polo.

Uribe sostiene que en Colombia no hay un conflicto armado, sino problemas y violencia, producto del narcoterrorismo. Desestima una negociación política de paz con las guerrillas, involucra más a la población en la guerra, legitima el homicidio como política de seguridad y niega el intercambio de prisioneros –de militares retenidos por guerrilleros presos–, que exigen las farc.

Este designio de la ‘seguridad democrática’ es la nueva cara de la vieja doctrina de ‘seguridad nacional’. Doctrina que la Escuela de las Américas impulsó en América Latina, cuyos frutos son: golpes militares, guerras contrainsurgentes, asesinatos políticos, tortura, manuales de operación del Ejército, con mapas de áreas y población marcada como blanca “amiga” y roja “enemigo”; desaparición forzada y desplazamiento como política de Estado.

Una consigna con antecedentes


En Colombia no hubo un fatuto golpe de Estado militar, pero la doctrina de la ‘seguridad nacional’ se impuso como política de Estado desde 1965 con el Decreto Legislativo 3398 (24 de diciembre de 1965), en “desarrollo de compromisos internacionales”. Así, se reorganizó la ‘seguridad nacional’ y su estructura, cambiando el nombre del Ministerio de Guerra por el de Defensa, con la Defensa Civil para calamidades naturales y hechos de orden público, con base legal para armar grupos civiles de contrainsurgencia según el artículo 33 de ese decreto, lo mismo que, la movilización militar obligatoria de cualquier ciudadano.

A fines de los 90, las farc asestan golpes contra la táctica operativa del Ejército. Copan bases como la de comunicaciones del Ejército en Patascoy el 21 de diciembre de 1997, con saldo de 10 soldados muertos y 18 secuestrados; la antinarcóticos de Miraflores en el Guaviare el 3 de agosto de 1998, con nueve soldados muertos y 22 desaparecidos y de Las Delicias en el Amazonas, con 28 soldados muertos y 60 secuestrados.

Enemigo de la paz, a la Presidencia


En el gobierno Pastrana Arango hizo noticias la inconclusa conversación con las farc. En su curso, se desmilitarizaron los 42.000 kilómetros de cinco municipios. Con un “manifiesto” que tituló “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares”, Uribe, quien fuera gobernador de Antioquia –en coincidencia con Carlos Castaño–, se lanzó en disidencia liberal a la Presidencia con la bandera de terminar la zona de distensión. De deslegitimar y combatir sin tregua a las farc, negar el carácter político del conflicto, tildar a la guerrilla como “narcoterrorista”, para acabar los secuestros, restablecer la seguridad vial y prometer la solución rápida y militar del conflicto. Con apoyo de políticos que firmaron pactos para “refundar una nueva Colombia” proponía:

-    aumento del presupuesto militar con impuestos al patrimonio (de guerra), de las unidades militares y el pie de fuerza; profundización de la intervención de los Estados Unidos con el ‘plan Colombia’, negociación y desmovilización de ‘paras’ con la categoría de delincuentes políticos; estrategia contrainsurgente de ‘seguridad democrática’, de “mano dura” y “corazón grande”.

Con su discurso, el apoyo para y una operación de fraude, en la primera vuelta, Uribe dejó sin opción de acuerdos a su ex copartidario Horacio Serpa y a los candidatos del Polo Luis Eduardo Garzón, y conservador Noemí Sanín.
 

‘Seguridad democrática’ en acción


Una vez elegido y sin esperar el 7 de agosto, Álvaro Uribe, puso en práctica los diversos componentes de la ‘seguridad democrática’. Tal doctrina aparenta “proteger los derechos de los ciudadanos y los valores e instituciones democráticos, y fomentar la solidaridad y la cooperación civil en la defensa de la democracia”. Para fortalecer la confianza inversionista, la inversión extranjera, y el ascenso al poder de su entorno cómplice con vínculos y testaferrato de narcotráfico y paramilitarismo, y la mayor explotación social; objetivos declarados y ocultos de su programa; ataca al “narcoterrorismo, el secuestro, la extorsión y el homicidio, como la mayor amenaza contra la paz”. La ‘seguridad democrática’ es contrainsurgencia. En su segunda fase, tiene como blancos toda organización social. Con aparatos de persecución política, aumento de la capacidad militar, control del territorio y las fronteras e incentivos para que los grupos ilegales se desmovilicen.

De este modo, el Gobierno formalizó un esquema para que los civiles participen de la guerra en una red de informantes y civiles armados, al tanto del movimiento guerrillero y para de las “águilas negras” o “bandas criminales” (bacrim), que ponen en riesgo su programa neoliberal con eje en el desarrollo rural capitalista.

Presupuesto y aumento del pie de fuerza


Ante la dificultad de aumentar el pie de fuerza, el Mindefensa con la idea de que el campesino de 18 a 24 años preste servicio en 18 meses en su medio, y luego sea reemplazado; organizó una nueva modalidad de servicio militar obligatorio con la incorporación de civiles y soldados campesinos. Así se ampliará la cobertura militar. En virtud de esta nueva fase de la ‘seguridad democrática’, se vincularon en una primera etapa (marzo de 2003) más de 5.000 mil soldados campesinos, y posteriormente, en junio de 2003, 10.000 campesinos más.

Reciben un entrenamiento de 10 semanas en rescate de secuestrados, manejo de explosivos, recuperación de pueblos atacados, uso de armas, combate antiguerrilla y derechos humanos. El programa busca fortalecer la presencia militar en 420 municipios colombianos, decenas de los cuales no tenían presencia de las fuerzas militares ni de policía, pero genera desarraigo, y muchos campesinos no querrán volver a trabajar la tierra luego del servicio militar.

Estudiantes a soplar. Por otra parte, se amplia la ‘seguridad democrática’ al incorporar estudiantes a la fuerza pública como “informantes”, con pago y “bonificación” mensual de 100 mil pesos. En esta variante de los frentes urbanos de seguridad, en enero/2010, Uribe propuso reclutar mil estudiantes en Medellín.

Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la modalidad de vincular campesinos y estudiantes a la ‘seguridad democrática’ viola el principio de distinción o diferenciación entre combatientes y no combatientes, con peligro para los civiles. Las organizaciones indígenas critican dicho programa, pues la Constitución los exime de prestar servicio militar.

Más violaciones de derechos humanos


En los ocho años del gobierno de Uribe persiste el desplazamiento forzado, que afecta a cuatro millones de personas, producto de las estrategias de guerra de “quitarle el agua al pez”, o sea, desplazar a la población sospechosa de apoyo a las guerrillas, apoderándose de las tierras abandonadas, a favor de grandes proyectos agroindustriales y de ganadería, que tienen a Colombia como segundo país en el mundo en desplazamientos forzados.

Bajo la ‘seguridad democrática’ crecieron las violaciones de derechos humanos, así el régimen pretenda que son casos aislados o que sus responsables son las guerrillas o las bacrim. Las estructuras paras han cometido unos 60 mil crímenes de lesa humanidad. Los ajusticiamientos extrajudiciales –falsos positivos– aumentaron con la ‘seguridad democrática’, triplicándose con Uribe.

Otro caso se manifiesta grave, en las chuzadas o interceptaciones de teléfonos, seguimientos y amenazas a organizaciones de derechos humanos, personalidades opositoras, y hasta a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, realizadas desde el DAS bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes, nombrado y defendido por Uribe, y acusado de colaborar con los paras de Hernán Giraldo. El subdirector José Miguel Narváez está preso por el asesinato de Jaime Garzón, la coordinación del secuestro de Piedad Córdoba y el asesinato de …Cepeda.

Venezuela en el tablero. El ex director de informática del DAS, Rafael García, condenado a 27 años, señaló para Noticias Uno la estrecha relación de la institución con el paramilitarismo. El DAS, que depende de la Presidencia, o sea, bajo control de Uribe, espió a opositores y elaboró listas negras conjuntamente con paras, participó en conspiraciones contra el gobierno venezolano, colaboró en infiltrar paras en Venezuela, y se involucró en el transporte de explosivos hasta Maracaibo para el asesinato del fiscal Danilo Anderson, dijo García, quien igualmente señaló que el Presidente estaba al tanto, informado por Noguera; y que el Fiscal Luis Camilo Osorio también asesoraba a las autodefensas.

Esta práctica se propicia desde las más altas instancias del Estado para judicializar o desprestigiar ONG y magistrados dizque enemigos del Gobierno, como corresponde a la vieja y renovada doctrina maniquea que considera a quienes no estén con la ‘seguridad democrática’ como instrumentos de la subversión. Así acusó el entonces Mindefensa Santos: “Nos proponemos judicializar la información de inteligencia obtenida sobre organizaciones ambiguas que pretendan obrar dentro de la ley pero que, en realidad, son fachadas o idiotas útiles de grupos terroristas”.

Seguridad exterior: un nuevo frente de la ‘seguridad democrática’


La ‘seguridad democrática’ desató un conflicto fronterizo, llevado a instancias internacionales. Los organismos de seguridad estatal y las fuerzas armadas han hecho secuestros en Venezuela, como el de Rodrigo Granda, dirigente de las farc, o bombardeó territorio extranjero, como el ataque para ‘dar de baja’ a Raúl Reyes y 25 personas más en Ecuador, causando una grave crisis diplomática latinoamericana, no superada aún pese a que Uribe pidió perdón y prometió no repetir este tipo de agresión. Por la extensión del conflicto a las fronteras y la región, y creciente inseguridad en las ciudades, el Gobierno prevé reforzar la ‘seguridad democrática’, con una inversión entre 2011 y 2014 de unos 10.400 millones de pesos (más de 5.000 millones de dólares) en seguridad interna y capacidad disuasiva para enfrentar posibles amenazas externas.

Los gastos de la ‘seguridad democrática’ de frontera se cubrirán con un gravamen patrimonial, efectivo desde 2002, parte del cual se destina a inversión en movilidad, comunicaciones y presencia fronteriza antiguerrillera. En materia militar, la capacidad disuasiva se fortalecerá con nuevo armamento: equipos de control y vigilancia por satélite, y nuevos aviones para enfrentar “posibles amenazas externas”. El conflicto se escala, extrapolado a las fronteras y países hermanos, para hacer responsables del conflicto a gobiernos de países vecinos.

De la mano con la Casa Blanca. La estrategia intervencionista de Estados Unidos se potencia con el ‘plan Colombia’, cuyos aporte pasa de 1.500 millones de dólares para luchar contra la droga y la guerrilla. En los últimos tres años, la ‘cooperación’ incluye cuatro programas que dedican un 75 por ciento de la ayuda militar y policiva a Colombia, y casi toda la ayuda económica y social. Estas son las cifras de ayuda, sumando los cuatro programas:

2008: US$539,416 millones-ayuda militar/policiva US$305,004 millones
2009: US$540,409 millones-ayuda militar/policiva US$303,909 millones
2010: US$521.8 millones-ayuda militar/policiva US$268,055 millones

Además, otros programas canalizarían US$135+ millones en ayuda militar/policiva, y alrededor de US$20+ millones en ayuda económica y social. En líneas generales, se mantiene el presupuesto asignado a Colombia para 2010. Estados Unidos entregará asistencia al país por 521,8 millones de dólares, 20 menos de los destinados en 2009.

A la ‘cooperación’ militar-policiva se sumó en 2009 un acuerdo militar aún secreto en todo su contenido, entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, por el cual se ceden para uso militar siete bases militares en el país, a partir de las que las Fuerzas Militares estadounidenses nos convierten en ‘portaviones’ de guerra contra la insurgencia interna y los países latinoamericanos, sustituyendo la base de Manta.

Este componente del “plan Colombia” y las bases militares causan rechazo unánime en los países latinoamericanos, visto en las reuniones de UNASUR.

Conclusiones.
Aunque la ‘seguridad democrática’ es en esencia un proyecto contrainsurgente, al final de los dos cuatrienios de Uribe, persisten distintos factores de violencia –farc, eln y otros, paras, narcotráfico–, debilitados según el gobierno, lejos de un final y con efectos de ingobernabilidad. A éstos se agregan otros: las emergentes “águilas negras”, las bacrim, y nuevas acciones de inestabilidad y conflicto: agresiones militares e inteligencia en los países limítrofes.
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