Sábado, 22 Septiembre 2007 19:00

Campamento humanitario por el derecho a la salud. Medellín, en defensa de un derecho fundamental

Escrito por Paula Montoya
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 El campamento, una tribuna pública para la denuncia de los atropellos cometidos en la prestación del servicio de salud, estuvo acompañada de música, danza, teatro callejero, desde habilidosos bailarines de raíces urabeñas hasta la fuerza y talento de bandas jóvenes de jazz, punk, salsa, reggae, chirimía, rock. Sí, tan distintas entre sí y todas en un mismo sitio, ofreciendo al público, de manera solidaria, su talento, porque igual que los organizadores del campamento los ánima la convicción de que recuperar y mantener la salud es un derecho de cualquier ciudadano, y que es un honor esforzarse porque esto se haga realidad sin restricciones ni diferencias de ingresos, situación laboral, etcétera.

 

El encuentro con los transeúntes

 

Durante estos dos días se conversó con los transeúntes, preguntándoles por el servicio de salud al que acceden y su opinión sobre el mismo. A unos y otros se les interrogaba:   ¿Ha sufrido alguna vez un bloqueo  para acceder a un servicio de salud que usted considere importante? Puede detallar el asunto?


Las respuestas y testimonios recibidos, en su mayoría, son de gran impacto, denotando que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, han experimentado en algún momento de su vida, ante un fuerte quiebre de salud, la dilación para la atención oportuna, el cobro exagerado de tarifas, la atención mediocre, la demorar injusta, viéndose obligados en muchas ocasiones a acudir a sus exiguos ahorros o a la solidaridad de familiares y amigos para sobrevivir.


Un ejemplo patético es el de doña Mariela, de 65 años  de edad, estrato 2, afiliada por la EPS - S Ecoopsos. En julio pasado  sufrío un ataque al corazón y luego de dos días en un pequeño hospital de primer nivel, a dos horas de Medellín, aún no lograba una cama en la red de hospitales de salud metropolitana (parece ser que su EPS-Subsidiada no cuenta con muchas puertas abiertas) y su familia decide –a riesgo propio y movida por la angustia, aún sin la esperada autorización de remisión–, acudir a una clínica importante en Medellín «pues en la sala de urgencia de la clínica al menos tendrían la oportunidad de que se le sacara del paro cardiaco, si éste ocurriera de nuevo».

 

Luego de los regaños pertinentes por parte de la clínica privada, por la forma no normativa de actuación, la clínica busca insistentemente hasta el cuarto día que Ecoopsos le apruebe el procedimiento, y al tiempo le informa a los familiares que con un depósito de 10 millones de pesos se iniciaría de inmediato la intervención médica, no de otra manera. Ante la magnitud de la cifra, la única opción era que Ecoopsos autorizara diligentemente el permiso de atención, como es su deber, lo que finalmente autorizó, pero en el municipio de Rionegro (Antioquia)  lo que obligó a su traslado. Al llegar,  el parte médico informa que por el tiempo transcurrido (era el quinto día después del infarto de miocardio) no era posible realizar el tratamiento idóneo (cateterismo), por lo cual el problema de salud debía ser resuelto con fármacos y “mucha calma y buen trato” de parte de sus familiares, ya que como secuela  del retraso, su corazón ahora funciona a media capacidad.

 

En fin, aún hoy la historia continúa, pues doña Mariela debe llegar cada dos semanas, puntualmente, a sus revisiones al municipio de Rionegro, lo que le demanda 8 horas de transporte, ida y vuelta, desde y hacia su municipio natal, más los costos económicos de un acompañante.


Similares a ésta, recibimos durante el campamento otras 75 denuncias individuales, testimonios que evidencvian la real y grave situación del sistema de salud que hoy rige en Colombia.

 

Así las cosas, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social y las organizaciones que representa,  hicieron una proclama política al final del campamento donde “ratifica la responsabilidad del Estado en estas flagrantes violaciones al derecho a la salud [...] producto de haber convertido la salud en una mercancía a través de la implementación de la ley 100 de1993 [...] que  sí consolida el emporio económico de las empresas privadas”.

 

Para invitar, a renglón seguido, a la ciudadanía en general, a las organizaciones sociales y gobernantes de turno, a ahondar su compromiso ante el problema de la actual crisis hospitalaria, actuando con el valor necesario para describir su magnitud y características, descubrir públicamente su actual lógica económica perversa, sin temor a represalias políticas o económicas por parte de las corporaciones negociantes de la enfermedad.

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