Miércoles, 21 Noviembre 2007 19:00

¿Dónde está el grupo de los seis? (III)*. Que la impunidad no prospere

Escrito por Equipo desde abajo
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La lista es creciente y espeluznante. No por la simple cantidad de implicados, sino por que en cada aclaración se evidencia con mayor nitidez que lo que dio origen, lo que protegió y lo que permitió el ascenso del paramilitarismo, fue un proyecto de Estado contrainsurgente (ahora transformado también en mafioso), diseñado e impulsado desde los Estados Unidos, proyecto que otrora se denominara de Seguridad Nacional, y ahora se reconozca con el título de Guerra de Baja Intensidad.

 

La mayoría de los afectados: la población inerme donde tienen asiento organizaciones insurgentes. Las listas de los asesinados (habitantes humildes e indefensos de pueblos desaparecidos en la inmensidad de la geografía nacional), y las miles de tumbas por exhumar donde reposan muchos de los desaparecidos de los últimos 10 años en Colombia, así lo verifican.

 

Asesinatos que, contrario a lo que se pudiera pensar, no son equivocaciones. No. Son la aplicación de aquella doctrina militar que ordena “quitarle el agua al pez”. Con el supuesto de que asesinado o desplazando a miles, la guerrilla se queda sin apoyo en los territorios que pretende controlar. Fuerzas armadas del Estado, o aliadas y protegidas por el mismo, llevaron a cabo esos genocidios. Las masacres de: La Chinita, Tres Esquinas, Turbo, Buena Vista, Segovia, Puerto Bello, Ciénega, son algunos de los testimonios imborrables de la aplicación de esa doctrina.

 

Ahora los testimonios de Mancuso, H.H. y otros confirman lo sabido: todas ellas fueran ejecutadas por orden del alto mando militar de la región, protegidos por los militares, ocultadas y manejadas ante la opinión pública (desinformando) por éstos. Allí aparecen los generales Rito Alejo del Río, jefe militar en Urabá; Martín O. Carreño, jefe militar en Córdoba (muerto); Iván Ramírez, jefe de inteligencia del Ejército; Alfonso Manosalva (muerto); Luis Eduardo Peñuela, jefe de infantería de Marina en Sucre; Julio Charry Solano, jefe en Córdoba  Estos militares, ahora retirados de las Fuerzas Armadas por jubilación o retiro forzoso, hacen parte de la lista de no menos de una veintena de oficiales y suboficiales del ejército, la Armada y la Policía seriamente comprometidos con masacres.

 

Pero hay más. H.H. vinculó a los coroneles Bayrón Carvajal (también procesado por el caso Jamundí), Jaime Alberto Vargas (según H.H. les despejó el camino para la masacre del Naya el 11 de abril de 2001), Jorge Alberto Amor (Comandante del batallón Palacé adscrito a la Tercera Brigada), según H.H. le entregó una lista con más de 35 personas a las que debía eliminar (de esta lista se cuentan 24 muertos y 7 desaparecidos en la masacre de la vereda Alaska, en Buga), Rafael Cuellar, ex director seccional Das en Córdoba, Lino Sánchez (muerto), condenado por la masacre de Mapiripán en 1997.

 

Como se sabe, la mayoría de estos militares estuvieron vinculados a procesos de investigación por masacres, las que no prosperaron –en muchos casos por física eliminación de los testigos–. ¿Coincidencia? ¿Método de silenciar?

 

El verde oliva predomina en estas declaraciones. Pero hay más. Ahora se vincula a este proceso a ganaderos por auspicio a grupos paramilitares, masacres y otros crímenes: Miguel Nule Amín (exgobernador de Sucre), Joaquín García y Octavio Otero, son algunos de los más comprometidos en el norte del país. Según la Fiscalía, estos se aliaron con políticos como el senador García Romero para crear grupos paramilitares. Joaquín García está vinculado con la masacre de Macayepo.

 

*          Parte I, edición 126, agosto - septiembre 2007. Parte II, edición 128, octubre - noviembre de 2007, periódico desde abajo.

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