Sábado, 11 Diciembre 2010 17:46

Colombia. Ante el diluvio nacional, la política social hizo aguas

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola*
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Los efectos del invierno son cada día peores: 169 muertos –sin contar los sepultados por el deslizamiento sobre el barrio La Gabriela de Bello–, cerca de dos millones de afectados por las inundaciones, más de 180 mil hectáreas anegadas, miles de semovientes ahogados. La cruenta situación desnuda un modelo de desarrollo insostenible y la precariedad de la política social cuando la estructura de tenencia de la tierra permanece intacta.

Las noticias parecen ser de cualquier otro año. El invierno azota. Las imágenes muestran las casas inundadas –también las deslizadas o afectadas por derrumbes– de miles de connacionales que habitan en las riberas de los ríos Magdalena, Cauca, Opón o cualquiera otro. Sus pobladores tratan de salvar lo poco que tienen, y el gobierno llama a la ‘solidaridad' con los afectados. Como siempre, se improvisa, por no decir que se burla de los miles de pobres que en su mayoría son los que siempre salen afectados por estas tragedias.


Pese a esta circunstancia, las fiestas navideñas ganan mayor espacio y recursos en casi todas las capitales de departamento. hora, los alumbrados navideños prenden sus luces con mayor antelación. Del tradicional diciembre se pasó a noviembre, y más reciente, desde octubre. Fantasiosa e infantilmente, con las brillantes lucecitas, de manera obsesiva y compulsiva el pueblo colombiano quiere negar o dejar atrás una realidad dolorosa de pobreza, violencia, corrupción y “desastres naturales”. Toda separación de la realidad y la verdad es doblemente dolorosa. La perspectiva de una simple crisis se eclipsa por el espectro del desastre.

Tragedia, imprevisión y asistencialismo

Frente al diluvio nacional, la fragilidad de las instituciones se hace evidente. Estamos ante un Estado que no previene, y de ahí su mote de camillero. Vemos al primer mandatario clamar por ayuda ante la comunidad internacional y solicitar la limosna de la plutocracia del país, mientras anuncia que se declarará el estado de conmoción interior y de excepción. Los ricos acceden a dar, gota a gota, su limosna, a cambio de grandes exenciones tributarias.

Entonces, ¿dónde están los 950.000 funcionarios que hacen parte de la maquinaria burocrática y militar del Estado? El presupuesto público de la nación para el año 2010 es de 149 billones de pesos, algo cercano al 45 por ciento de la riqueza que se genera anualmente en el país. ¿Por qué no hay recursos para atender esta emergencia nacional? La respuesta se encuentra al mirar el destino del presupuesto general de la nación: mantener la guerra (22 billones), pagar la deuda pública (una tercera parte del presupuesto) y atender el pago de pensiones (concentrado en sólo el 7 por ciento de los mayores de 65 años). Para el asistencialismo se destinan 2,6 billones, controlados por la Presidencia en el programa “Familias en Acción”. A la vez, los gastos en seguridad social (salud y pensiones) fueron entregados a los intereses del sector privado, sin importar la insostenibilidad y la continua crisis que acompaña al sistema.

Miles de funcionarios y billones de pesos no sirven ni están dispuestos para evitar los efectos de un invierno del cual se sabía que llegaba acompañado de los efectos del fenómeno de La Niña, antecedido, como se sabe, de los 110 muertos y más de un millón de afectados por igual fenómeno en 2009. Pero que, además, no están en capacidad de reconocer que el riesgo por inundaciones en Colombia aumentó durante el año 2010 como consecuencia, de una parte, de eventos amenazantes, generados por el cambio climático que hace más variable el clima y potencia los fenómenos naturales (lluvias torrenciales de más larga duración); por la deforestación, la erosión de los suelos y la sedimentación de los ríos, todo lo cual ‘enloquece el clima y afecta el ciclo del agua (ver Gráfico 4); de otra parte, el grado de fragilidad de la población rural es mayor por sus condiciones de miseria y asentamiento en zonas de mayor peligro, en tanto que la cultura y la debilidad institucional operan sobre los desastres una vez que ocurren en lugar de la prevención.

El modelo no previene pero no sólo con el invierno; también con el verano. Pasados unos meses, veremos cómo los efectos larvados de este invierno se extenderán en el tiempo, producto de la fragilidad de un sistema de salud privatizado, no preventivo, y que por tanto no tiene interés, y que tampoco será capaz de evitar que las epidemias derivadas de la humedad acumulada se multipliquen en forma de malaria o semejantes.

La improvisación se sentirá también por el lado de la reducción de la oferta alimentaria, producto de la anegación de miles de hectáreas dedicadas a la siembra de productos para la venta dentro del mercado interno.

La insostenibilidad del modelo colombiano

Partimos de que el concepto de desarrollo sostenible (Ver recuadro “El concepto de desarrollo sostenible”) fue formalizado por primera vez en el Informe Brundtland (1987) de la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, que creó la Asamblea de Naciones Unidas en 1983: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro”, lo cual presupone conservar los activos naturales para el crecimiento y el desarrollo por venir. Habitualmente, el “desarrollo sostenible” implica considerar sus cuatro dimensiones en forma simultánea: ambiental, económica, social e institucional, en el proceso de desarrollo. La definición asumió el Principio 3º de la Declaración de Rio (1992).

El asentamiento señorial español en América, sobre la base de la servidumbre agrícola y la expoliación minera, se reproduce hasta nuestros días. Al territorio colombiano –fruto del modelo de ocupación desde la invasión española– lo caracteriza un irreversible conflicto entre la aptitud del suelo, y los usos que tiene o que le imponen. El uso actual es reflejo del entorno social, económico, político y cultural, y su configuración histórica cuyo denominador común no ha sido el bienestar de la comunidad y el mantenimiento de los recursos naturales. Por tanto, comparar el uso que se les debiera dar a las tierras según sus potencialidades y la fragilidad natural con el uso que se hace de éstas pone de presente la ocurrencia de múltiples conflictos, con causas que van más allá de los aspectos biofísicos (IGAC, “Definición de usos alternativos y sostenibles para la ocupación de las tierras”, Bogotá, 2009).

Las investigaciones actuales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ponen de presente que la ganadería extensiva se ha expandido sobre tierras apropiadas para usos agrícolas y forestales. Tal hecho trae como consecuencia la evidente subutilización y una marcada ineficiencia en el uso de los recursos y su repercusión en los campos social, económico y ambiental. En este caso, el mayor impacto se manifiesta en hechos como menor generación de empleo y mayor pobreza rural, aguda concentración de la propiedad de la tierra, incremento en el dominio territorial con la expansión de las grandes fincas y homogeneización de la cobertura terrestre, con alta pérdida de biodiversidad.



Si bien el país tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, sólo usa 4,7 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes. En contraste, ocupa 38,7 millones de hectáreas en ganadería –en su mayor parte extensiva–, mientras la vocación natural para pastos es apenas de 14,2 millones de hectáreas, la mayoría en los Llanos Orientales. En consecuencia, la ganadería ocupa tres veces más el área que debiera estar orientada a esa actividad, a expensas de la agricultura campesina y empresarial, y también a costa de los bosques que deben proteger los suelos y las fuentes de agua.

Según datos del IGAC, en el último cuarto de siglo la gran propiedad (más de 500 hectáreas) pasa de controlar 47 por ciento a 68 por ciento de la superficie catastrada. Entre tanto, la pequeña propiedad cae de 15 por ciento a 9 por ciento. Las fincas menores de 3 hectáreas pertenecen al 57,3 por ciento de los propietarios; en contraste, las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0,4 por ciento de los propietarios. En Colombia, 13.000 personas naturales son dueñas de 22 millones de hectáreas.


Según otros estudios del IGAC, muchas de las tierras con aptitud de uso prioritariamente forestal, o incluso agroforestal, soportan en la actualidad una alta actividad agrícola generadora de productos de la canasta básica (la de acceso a la mayoría de colombianos) como papa, yuca, verduras, panela, entre otros. Esto representa perjuicios de orden económico para los productores –dada la baja productividad y la precaria competitividad de sus productos–, así como para el entorno por las consecuencias ambientales que se derivan de aquella presión de uso sobre tales áreas.

Las mejores tierras agrícolas del país se encuentran bajo uso ganadero, minero, floricultor, fincas de recreo, o se utilizan como polos de expansión de áreas urbanas. Investigaciones del IGAC y Corpoica muestran que dos terceras partes del suelo colombiano están en conflicto por las actividades económico-sociales de sobreutilización o subutilización que tienen lugar en su territorio (Gráfico 3).


Las concesiones mineras (80 por ciento del territorio andino), la exploración y la explotación petrolera, la ampliación de cultivos para biocombustibles y los monocultivos madereros se hacen a costa del colapso de la biodiversidad, los ecosistemas más frágiles y estratégicos desde el punto de vista ambiental, y de la supervivencia de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Ante esta situación, las poblaciones rurales afectadas deben seguir en la ampliación de la frontera agrícola, emigrar en condiciones deplorables hacia las grandes ciudades o asentarse en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, soportando las crecientes amenazas del ambiente natural, modificado agresivamente por el actual modelo de acumulación. Las imágenes satelitales del país dejan ver las graves cicatrices de este modelo rentista, depredador y extractivo de la acumulación capitalista en Colombia (Mapas 1, 2 y 3).

Violencia desde el Estado y los agentes privados. La dinámica que hemos señalado implica y conlleva la acción planificada de la violencia desde el Estado y los agentes privados, con el fin de consolidar este modelo primario financiero de exportación. Como consecuencia del uso de la violencia por parte de los grupos hegemónicos: i) el movimiento cívico que se gestó y se fortaleció entre finales de la década de 1970 y principios de 1990 colapsó, ii) el tejido social se destruyó, y se debilitaron las organizaciones sociales y sindicales, iii) mientras, en paralelo, los recursos naturales y energéticos, y la biodiversidad se entregaron a la expoliación y las ganancias de los capitalistas nacionales y las empresas transnacionales.

Durante el período 1985-2009, más de 4,5 millones de pobladores rurales sufrieron el despojo y el destierro. Un despojo de tierras de campesinos que se estima en 5,5 millones de hectáreas (botín de guerra de latifundistas, paramilitares, militares, empresarios, transnacionales y políticos).

Ante aquella realidad, la justicia, la reparación y la verdad están distantes. Las medidas que se implementan tratan de contener, pero por ninguna parte se busca resolver a fondo. No es de extrañar. Por su origen religioso, las políticas sociales en Colombia nunca superan el asistencialismo y el paternalismo. Su enfoque tiende a ser sectorial, centralizado, con escasa participación de las organizaciones populares, de corto alcance, excluyentes y con un interés de cooptación política antes que de promoción e inclusión de las comunidades en las dinámicas del desarrollo sostenible y equitativo. Para la iglesia católica y la oligarquía, la pobreza es una virtud que les permite ejercer la filantropía para obtener a cambio las indulgencias necesarias que les garanticen su entrada al cielo. Más aun, la mendicidad es parte de la mentalidad nacional, ejercida desde el Presidente hasta los estratos inferiores de la pirámide social.

Cómo no. Es evidente la insostenibilidad del modelo de desarrollo colombiano. Sin embargo, se persiste en actividades extractivas, intensivas y extensivas, minero-energéticas, y en monocultivos que proveen la materia prima de las industrias de biocombustibles y maderera, como eslabones de un modelo primario financiero de exportación.

El modelo hizo aguas, entre ellas su política social. Sin una opción colectiva que supere esta historia de nunca acabar, la catástrofe está a la vuelta de la esquina.

*    Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Catedrático de las maestrías en Derechos Humanos de la UPTC y Economía ambiental de la U. Santo Tomás; Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor del IGAC-MinAmbiente en la Zonificación Ambiental de Colombia. Investigador asociado del Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo y miembro del Comité Científico de la Revista Diálogo de Saberes de la Universidad Libre. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.


Recuadro 1

El cambio climático y el colapso social


En Colombia, las condiciones de pobreza afectan a una de cada dos personas. En las zonas rurales, este índice es 2 de cada 3, que sobreviven a orillas de los ríos, o en zonas frágiles y de alta pendiente. Por ello, los más de dos millones de afectados por las inundaciones son las comunidades pobres, urbanas y rurales.

La economía global sobrepasa la capacidad de la tierra para soportarla, llevando nuestra civilización del siglo XXI aún más cerca de decaer y posiblemente colapsar. Los signos son evidentes: económicamente, se ve en el aumento de la brecha que separa a ricos de pobres. Socialmente, en el desplazamiento forzoso, la miseria, la exclusión, las hambrunas y el desempleo estructural que soportan las masas populares. Ambientalmente, en las tierras productivas que se convierten en desiertos; en ríos, lagos y pozos que se secan; en la depredación de los acuíferos y los bosques; en el aumento de las temperaturas, el derretimiento de las capas polares y en la drástica reducción en el suministro de petróleo y de la mayoría de materias primas de origen mineral (Lester Russel Brown, “Plan B 2.0. Rescatando a un planeta bajo estrés y a una civilización en dificultades”, 2008).

El cambio climático alcanzó un punto de no retorno. Pese a ello, en Cancún se repite el espectáculo de las llamadas potencias industriales que se niegan a una negociación del modelo productivo que palie en alguna medida el desastre y evite un suicidio colectivo. Lo máximo que puede hacer la humanidad es tratar de adaptarse, mitigar los efectos y reducir el ritmo de transformación. El aumento de las temperaturas genera estrés social, en forma de disminución de los cultivos por olas de calor, derretimiento de los hielos, aumento en los mares y desbordamiento de ríos, tormentas más frecuentes y destructivas.

El riesgo (R) es una función de las amenazas (A) y la vulnerabilidad (V) de la población y las instituciones (R= f(A*V) y es multiplicativa, dado que los dos términos se retroalimentan en sus efectos. La amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento natural potencialmente dañino, en un área dada y en un período de tiempo específico.



Recuadro 2

Santos se cubre con la comunidad internacional

La comunidad internacional está ahora enfocada en la desintegración de los Estados, el colapso ambiental, la crisis económica, el desempleo y la pobreza generalizada. El término “Estados fallidos” hace parte ahora de nuestro vocabulario; de acuerdo con el informe publicado en Foreing Policy, 60 Estados están al borde de esta situación, según los 12 indicadores sociales, económicos, políticos y militares.

Por analogía, en Colombia, unos 200 municipios tienden a ser inviables (17 por ciento del total); en ellos, las coberturas vegetales ocupan menos del 5 por ciento de su territorio (se requiere por lo menos una tercera parte que cumpla funciones ambientales); la presión demográfica aumenta, el desarrollo es desigual e insostenible, los gobiernos locales son incapaces de proveer los servicios más esenciales, la corrupción y las mafias dominan el espectro político y las finanzas públicas, el suministro de agua es inestable; y la productividad agropecuaria, producto de la erosión de los suelos, no detiene su descenso; la inseguridad ciudadana es la constante y los gobiernos pierden legitimidad.
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