Viernes, 14 Mayo 2004 19:00

El liderazgo en lo social, lo político y lo nacional. El árbol no deja ver el bosque

Escrito por Equipo desde abajo
Valora este artículo
(0 votos)
El común denominador dentro de los asistentes era su expectativa con la vitalidad del evento y el proceso que se generaría a partir del mismo. Al final de los dos días de trabajo se sentía algo de desazón en algunas delegaciones que expresaron que su desplazamiento había sido en vano pues antes del mismo evento ya "todo estaba cocinado". El referente del debate fueron las ponencias que sobre Acuerdo político, libertades públicas y TLC ALCA que entregó el equipo Bogotá de la Gran Coalición Democrática. En tanto una de las conclusiones del evento fue constituir los capítulos regionales de la Gran Coalición Democrática, otra de las tareas por concretar es la de darle continuidad en las regiones a la polémica abierta en Bogotá, partiendo para ello de los desarrollos incorporados a los documentos originales. Si esto se logra, sin duda la particularidad y las necesidades políticas de las regiones dará vitalidad a este debate, dotando a la Gran Coalición Democrática de referentes teóricos colectivos, en los cuales deberán incluirse, desde ya y sin temor, los elementos de polémica que aún no obtienen consenso. Como lo expresamos en documentos anteriores, este encuentro nacional de organizaciones políticas y sociales fue tan sólo una etapa más en el camino para llevar a cabo el Encuentro Nacional Popular. La experiencia vivida durante los días 29 y 30 de abril así lo confirman. Hay que laborar mucho más con una perspectiva de nación y una metodología más procesual e incluyente, con temas de más largo plazo, garantizando la participación de delegaciones de todo el país y abriéndonos a los retos de gobierno y dualidad de poderes. Lo inmediato es importante, pero el árbol no nos puede impedir ver el bosque. Encuentro Nacional de Organizaciones Políticas y Sociales Declaración Política La Gran Coalición Democrática, ante la grave situación que atraviesa la Nación decidió convocar este Encuentro Nacional, con el propósito de analizar las complejas circunstancias que vive el pueblo colombiano, estrechar los lazos de unidad que hemos logrado en los últimos meses, trazar orientaciones que contribuyan a clarificar el oscuro panorama nacional y adelantar acciones en la perspectiva de enfrentar y derrotar las políticas oficiales. A esta convocatoria han respondido positivamente importantes sectores en el más amplio espectro de la oposición, demostrando así que es posible actuar coordinadamente y superar o manejar las diferencias que históricamente han distanciado a diversas corrientes de pensamiento. Pacto político y reelección La acción unificada en la Gran Coalición Democrática, conformada por las centrales obreras, los partidos políticos de izquierda, el Partido Liberal, otras organizaciones sociales y no gubernamentales, así como la labor de un buen número de congresistas, derrotó en el referendo las pretensiones uribistas de obtener de un solo envión todo el recetario acordado con los organismos internacionales, que le sirven de voceros al imperialismo norteamericano. Empero el gobierno ha echado mano de un leonino Acuerdo Político para revivir tan nefastas propuestas. Para facilitar la aprobación de la reglamentación del Estatuto Antiterrorista, la alternatividad penal, la reelección y la reforma a la justicia, el gobierno decidió aplazar para el segundo semestre del presente año la presentación de las reformas tributaria y del régimen pensional, mientras impulsa la aprobación de una ley de garantías para los inversionistas extranjeros que contraten con el Estado. A la par, ha continuado con la aplicación del Programa de renovación de la administración pública (PRAP), con el cual ha ejecutado la liquidación de Telecom y doce empresas telasociadas y la escisión del Seguro Social con el escamoteo de su Convención. Además dividio a Ecopetrol contra la que ahora arremete, lo cual implica la pérdida que tendrá Colombia cuando sólo reciba los ingresos de impuestos y regalías de los beneficiarios extranjeros. Igual caso ocurre con el SENA, mediante tres decretos para desmontar la gratuidad de la formación, desviar su misión y entregar la ejecución a entes privados, así como la autofinanciación de los centros como elemento que justificará la supresión de las contribuciones parafiscales. Además, pretende la liquidación de Emcali, para entregársela al sector privado. La decisión del gobierno de hacer del tema de la reelección el centro de la política inmediata corresponde al intento de proyectar la "seguridad democrática" en el largo plazo para la imposición del TLC y el ALCA, la prolongación del Plan Colombia, la remodelación antidemocrática del Estado comunitario y el cierre de toda vía de solución política y soberana para la paz. Para cumplir con estos objetivos, Uribe y su corte neoliberal pretenden con el apoyo de una mayoría parlamentaria, forjada con las cuotas burocráticas que reparte entre las facciones que lo apoyan, modificar las reglas de juego con las que fue elegido, en una maniobra del más burdo sentido politiquero y clientelista. Es evidente que Estados Unidos, en declaraciones a través de su embajador, y el FMI, apoyan este intento de autoperpetuarse en el poder al estilo de los peores dictadores. La aprobación de este engendro permitiría al presidente participar en las elecciones teniendo en sus manos todo el poder de contratación del gobierno. La nueva reforma tributaria, como las anteriores, se fundamenta en descargar sobre los trabajadores el peso del recaudo de los impuestos, mientras al capital financiero y a las grandes empresas les otorgan grandes exenciones. Dentro de las propuestas del gobierno se encuentra la universalización del IVA, atado a una supuesta rebaja de su monto. Con el IVA se suplieron en el pasado los dineros dejados de recaudar por la rebaja de aranceles de la apertura económica, y su rebaja inicial a cambio de que cubra la totalidad de las transacciones, incluyendo los productos de la canasta familiar gravada con un porcentaje menor en principio, es una trampa y ya los trabajadores y los pobres de Colombia son los principales aportantes de los impuestos indirectos. A las cargas tributarias se suman los demás renglones que el gobierno abandona progresivamente para dejarlos en manos de las empresas privadas, garantizándoles una ganancia de usura en el cálculo de las tarifas, por ejemplo en los servicios públicos domiciliarios. Con la reforma tendiente a recortar las transferencias del gobierno nacional a los departamentos y municipios, las cuales van a ser reemplazadas en parte con un aumento desmesurado de la tributación regional, se intensificará el proceso de privatización de la educación y la salud y se harán depender cada vez más de los pagos o los copagos de los colombianos. A los golpes propinados al régimen pensional de los trabajadores colombianos por los sucesivos gobiernos neoliberales, se suma ahora la propuesta de una nueva reforma. Los puntos propuestos incluyen la disminución de las mesadas por debajo del salario mínimo, eliminar la mesada 14, rebajar el porcentaje de liquidación sobre el salario promedio de todos los años de vida laboral, unificar la edad de jubilación en 62 años para hombres y mujeres, desmontar los regímenes especiales con excepción de la fuerza pública, limitar los derechos adquiridos en convenciones colectivas vigentes hasta su término y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir que se pacten nuevamente, excluyendo este punto esencial de futuras negociaciones colectivas. Sobre la reforma a la justicia, es evidente que las escasas garantías constitucionales que quedaron consignadas en la Constitución de 1991 le estorban a los recolonizadores. Por eso, la reforma que proponen impone serias limitaciones que las convierten en letra muerta. La tutela ya no procederá para la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución o en tratados internacionales. El recorte a la funciones de la Corte Constitucional garantiza que esa Corte no podrá controlar las leyes que tengan efectos "macroeconómicos". Se pretende la privatización de la justicia mediante su transformación en servicio público y el artículo 22 del proyecto establece la "emergencia judicial", por medio de la cual el ejecutivo quedaría con la facultad de expedir decretos con fuerza de ley. Como se puede ver, la aplicación de la política oficial se realiza en buena medida a través de reformas constitucionales, con el fin de ponerle dificultades a su posterior desmonte.
Visto 2769 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.