La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Colombia: Genocidio continuado

A mediados de junio pasado finalizó el proceso de sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en su cuarenta octava sesión, con Colombia como país valorado. Su conclusión es que acá existe un proceso sistemático de violencia y permanente violación de los derechos humanos que concreta un genocidio político continuado. Su fallo resume un proceso de violencia histórica con profundas consecuencias de todo tipo para su población.

No toda soledad, como en Macondo, ni toda impunidad, como es tan frecuente por estos días en variedad de sociedades, pervive. Grupos humanos, revestidos de dignidad y profundo sentido humanista actúan para correr velos y sentar precedentes que conmuevan la conciencia de millones de personas, las ofendidas con la violación de sus derechos humanos, pero también otros muchos y muchas que son testigos de ello, con o sin conciencia de lo que ocurre a su alrededor.

Así, ante la ausencia de espacios expeditos nacionales e internacionales para atender realidades de violencia y ruptura de los derechos humanos, así como la fragilidad de un marco jurídico que de cuenta cabal de realidades violentas de alta complejidad, ha tomado forma el TPP (Ver recuadro “¿Qué es el TPP?), un espacio de la sociedad civil constituido para valorar y emitir juicios sobre la violación de los derechos humanos. De acuerdo a su filosofía, el Tribunal responde al llamado de organizaciones sociales y políticas, así como personas, de uno y otro país, para acudir a los mismos, escuchar sus denuncias, valorar la documentación aportada y emitir juicio.

El TPP fue fundado en 1979, y se siente heredero del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra que tomó forma en 1966 bajo el impulso de destacados humanistas, intelectuales y filósofos, entre ellos Bertrand Russel y Jean Paul Sartre. Su propósito: juzgar a los Estados Unidos por sus innumerables y crueles crímenes cometidos en Vietnam. Como imperio ninguna Corte internacional los sindicaría ni juzgaría, pero una parte de la sociedad sí podía proceder y de esa manera conmover la conciencia de la sociedad global. La impunidad no podía estar asociada a la indiferencia.

Como heredero de aquel Tribunal, el TPP no es un tribunal judicial, ni pretende serlo, ni tiene carácter vinculante para el Estado en cuestión, su misión es, en tanto los poderes dominantes a nivel local y global no reparan en métodos ni formas para violentar de distinta manera los derechos humanos de numerosas poblaciones, y en tanto las normas internacionales aún no garantizan justicia plena, su misión es, como el referido Tribunal que juzgó a los Estados Unidos, sentar antecedentes humanistas, evidenciar ante sus sociedades el irrespeto de los derechos humanos a manos de sus gobernantes, y llenar las lagunas del Derecho que facilitan la prevalencia de la impunidad.

En el caso particular de Colombia, este Tribunal ha respondido en tres ocasiones a solicitudes de intervención de diferentes organizaciones sociales y políticas, así como personas, la primera vez entre 1989-1991 centrado en impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, otra entre 2006-2008 enfocada en empresas transnacionales y la violación de los derechos humanos, y la recién realizada centrada en el Genocidio (Ver sección “Síntesis jurídica...”).

En esta ocasión el TPP respondió a una solicitud de intervención firmada por 209 organizaciones de distinto carácter y 179 personas y líderes sociales, solicitud ante la cual la Presidencia del TPP respondió el 15 de mayo de 2020 (Ver recuadro “Apertura”).

Para el desarrollo de su misión, el TPP constituyó un jurado que en esta ocasión estuvo integrado según puede verse en el recuadro (El Jurado).

Luego de recibir decenas de testimonios y sucesos documentados por variedad de organizaciones de distinto carácter, y deliberar por varias ciudades, la Sentencia que emite afirma que “Este Tribunal ha caracterizado el conjunto de hechos analizados durante el largo período histórico que ha sido objeto de esta sesión, como un genocidio continuado cometido contra una parte del grupo nacional colombiano. Por tanto, el exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social se subsume en ese escenario global y sostenido en el tiempo del genocidio dirigido a transformar la realidad plural del grupo nacional, eliminando a quienes no deben tener cabida en el mismo, según la concepción de quienes han concebido, articulado y llevado a cabo el genocidio”. (Ver sección “Fallo”).

Fallo al que se llega luego de escuchar numerosos testimonios y revisar la documentación recibida. Testimonios como los relacionados a continuación:

 

Indígenas y afrodescendientes

Sin duda, la violencia contra estos pueblos viene desde la invasión y la Colonia. Sin lograr romper esa constante, continúan padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, despojo de su tierra, para completar con una posterior discriminación étnica. Los principios de “Unidad, Tierra y Cultura” que los orienta en su histórica resistencia son irrespetados por los intereses de multinacionales extractivistas y agroforestales depredadoras.

En tiempo reciente el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene documentados 423 casos de indígenas asesinados desde 1970. Por su parte la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) registra 70.314 hechos victimizantes: confinamientos, desplazamientos forzados, manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia por parte de agentes del Estado, asesinatos, intimidaciones, amenazas, hostigamientos por grupos legales e ilegales. Todo ello sin contar la gran cantidad que se queda en el olvido. Especial mención tienen las comunidades Barí despojadas de sus tierras iniciando la tercera década del siglo XX, para que pasaran a manos de las empresas petroleras Colombian Petroleum Company y South American Gulf Oil Company, despojo legalizado por la Ley 80 de 1931, y el cual estuvo acompañado de la instalación de alambradas electrificadas, uso de armas de fuego, quema de bohíos, violencia sexual contra niñas y mujeres y envenenamiento de comidas.

Violencia también padecida, por ejemplo, por el pueblo Embera Chamí que por la riqueza de su tierra en recursos naturales, su ubicación geoestratégica y por la decisión de las comunidades de vincularse en procesos electorales fueron convertidas en objetivo de los paramilitares desde 1980. Proceso violento en el que también están involucradas multinacionales extractivas y agroforestales.

Pueblo negro afrodescendiente

La violencia racial contra pueblos afrodescendientes ha tomado forma por medio de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Los registros señalan en la última década, que de los 1091 desplazamientos registrados en Colombia la mitad se concentran en la región del Pacífico. Sucesos para dar espacio a la entrada de empresas transnacionales que usurpan el territorio y destruyen el ambiente. Actos violentos precedidos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y agresiones sexuales, lesiones físicas graves y amenazas.


Campesinos

Se presenta un claro exterminio de comunidades campesinas, en especial de aquellas que tienen un liderazgo y relación estrecha con la tierra y la naturaleza. El TPP recoge el testimonio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), en particular su segunda época (años 80 en adelante), periodo en el que toma forma la Anuc Unidad y Reconstrucción (Anuc-UR), conformada en 1987 y con arraigo en el Nororiente del país y la región Caribe (Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar). La Anuc-UR dejó testimonio ante el TPP de numerosas detenciones de sus dirigentes, desplazamientos forzados y, sobre todo, de masacres padecidas entre los años 1988 - 2005, con un saldo de 45 asesinatos entre sus dirigentes y líderes locales con amplio reconocimiento.

Testimonio también brindado por la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que desde su conformación en 1997 fue sometida por el ejército nacional a bombardeos, concretados sobre 27 de las 32 veredas que integran el corregimiento de San José, paralelo a lo cual el paramilitarismo penetra el territorio y somete a las comunidades a intimidación constante para que lo abandonen, producto de lo cual queda un saldo de 300 víctimas, entre asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.

El acoso es constante: entre 2006-2014 se concretaron numerosas intervenciones armadas de “destrucción de cultivos y fumigaciones” en terrenos donde no hay presencia de ningún cultivo ilegal, envenenando aguas y matando animales.

Casos similares se registran en Cajibio-Cauca: entre el 19 y el 26 de noviembre de 2000, prolongado incluso hasta enero de 2001, los paramilitares privaron de su libertad a pobladores a quienes señalaron de colaborar con la guerrilla, torturaron, asesinaron y obligaron a 300 familias a desplazarse en lo que se llamó “recorrido de la muerte”.

En Recetor y Chámeza-Casanare, asimismo, entre 2002 y 2003 la población de estos dos municipios fue víctima de operaciones contrainsurgentes que implicaron el confinamiento general y la violaciones masivas de los derechos humanos. En 6 meses se registraron 100 desapariciones forzadas, además de numerosas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento de cerca de 3.000 personas. Según la Unidad de Víctimas, de los 1.820 habitantes de Chámeza, 1.693 fueron victimizados y de los 1.390 habitantes de Recetor, 1.264 fueron victimizados (el 91%). Toda esta represión brutal coincide con la instalación y desarrollo de empresas petroleras apoyadas por el Estado, en particular la multinacional británica British Petroleum Company que entra a operar el campo Cupiaga y Cusiana.

Las poblaciones campesinas del Carmen y San Vicente de Chucury en Santander, por su parte, entregan testimonio de la constante estigmatización sufrida a manos del ejército nacional. Para el aparato armado del Estado colombiano, en tanto allí cayó en operación militar el sacerdote guerrillero Camilo Torres, todos los campesinos residentes en esa región eran “subversivos”, catalogados como “enemigo interno”. En los años 80, reivindicando sus derechos, realizaron marchas y la respuesta no tardó: el ejército, en alianza con gremios adinerados conformaron estructuras paramilitares para asesinar campesinos, desplazarlos y despojarlos de sus tierras. A comienzos de los años 90 fueron documentados 300 asesinatos de campesinos a manos del ejército y de paramilitares. El 30 por ciento de la población fue obligada a desplazarse.

Movimiento social del Centro Oriente

Especial atención tiene la práctica generalizada de criminalización padecida por los movimientos sociales, como los ubicados en el centro oriente colombiano. El caso citado tipifica el operativo “Heroica”, cuando en el 2002 el ejército sacó de sus viviendas y trabajos a 2.000 pobladores de Saravena-Arauca y los llevó a un estadio, hasta seleccionar 90, quienes fueron amarrados y acusados de guerrilleros, el resto marcados con sellos. Posteriormente fueron absueltos por no hallar piso probatorio.

Las violaciones no corren solo a cargo de las fuerzas militares, también son parte de ello otros componentes del Estado, como su aparato judicial que judicializa de manera arbitraria sino ficticia, apoyada en omisiones procesales, montajes probatorios y otros exabruptos.

En el actual milenio en Arauca, Casanare y Meta más de 2.000 personas han sufrido detención y reclusión por largos periodos; cerca de otras 10.000 han padecido “retenciones administrativas” sin proceso judicial alguno y durante 2018 al menos 40 dirigentes sociales fueron encarcelados.

Un despliegue de violencia en el que el ejército es el perpetrador de asesinatos y amedrentamientos. Por ejemplo, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) conformado en 1997 por varias organizaciones de base campesina: Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima –Asopema– y la Asociación Campesina del Centro del Valle del Cauca –Acaceva–, ha estado sometida a destrucción a través de control territorial, criminalización de sus integrantes y despojo de tierras. En 2007 el ejército asesina a Héctor Alirio Martínez, uno de los fundadores del CNA, junto con otros dos líderes sindicales. En marzo del año 2020 nuevamente otro líder de esta organización, Marco Rivadeneira, vocero de la Asociación Campesina de Puerto Asis fue asesinado. Otros 32 integrantes han sufrido igual suerte en los últimos años, todo ello tras la destrucción del tejido organizativo y de la cultura campesina.

En otros escenarios, departamentos orientales: Meta, Caquetá y Guaviare, se estigmatizó a los pobladores como violentos y hostiles, sometiéndolos, bajo esta estigmatización, a planes contrainsurgentes en el marco del Plan Colombia, el Plan Patriota y, a partir de 2006, el Plan de Consolidación Integral, que implicaron restricciones para circular, con exigencia de permisos para desplazarse, toques de queda, retenes, bloqueos de alimentos, empadronamientos forzados, allanamientos sin orden judicial, capturas masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y utilización por los militares de bienes particulares para acampar.

Violencia masiva con efectos devastadores. En los cinco cementerios de la zona se hallaron 2.300 cuerpos no identificados, de los cuales la misma Fiscalía reconoce 1.664 reportados como “dados de baja en combates”. Pero los ataques también se reportaron en el Putumayo, departamento en el que se registran, desde la segunda mitad del siglo XX, distintas fases de exterminio, cuando el ejército, a órdenes de las empresas petroleras, reprime.

Situación aún más agravada a partir de los años 80, con el sembrado y extensión del cultivo de coca, bajo cuya sombra incursionan los grupos paramilitares que persiguen también a simpatizantes de la guerrilla, sembrando terror y zozobra sobre la población en general.

Por su parte, al sur de Bolívar, con población minera, se extiende la represión estatal y paramilitar a partir de 1999, la cual queda sometida a bloqueo político, social y económico. Asimismo, en el Tolima, miles de familias huyeron desplazadas, muchos niños separados de sus familias y entregados a instituciones oficiales o abandonados en las calles. Incluso, creación de redes de espías para atrapar a quienes habían pertenecido a la resistencia campesina.

Sindicatos y organizaciones políticas

La Escuela Nacional Sindical informa que 3.162 sindicalistas fueron asesinados en el periodo 1986-2020, varios de ellos en acción comprobada entre paramilitares y militares con empresas, forma de actuar para impedir el reclamo laboral y el conflicto sindical, expresión, además, de una clara cultura antisindical que impera en el país, a la par de la extensión del discurso de enemigo interno que concibe a la población civil como insurgente.

Resalta en este particular, Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) que en 1993 contaba con 6.000 afiliados, y que tras una política de exterminio e intimidación en 2021 registra 3.728 afiliados.

El desangre no da tregua: 35 asesinatos o desapariciones de líderes, 12 atentados, 169 amenazas, 51 renuncias forzosas o despidos, 9 detenciones arbitrarias, 42 montajes judiciales, 1 caso de tortura y otro de secuestro. Han desaparecido 11 de sus seccionales. De esta violenta arremetida han sido parte empresas como Coca-Cola y Nestlé.

Unión Sindical Obrera –USO–. Deja constancia de 808 actos de violencia padecidos a partir de los años 80: 125 asesinatos, 24 secuestros, 7 desapariciones forzadas, 49 atentados, 102 detenciones arbitrarias, cerca de 400 amenazas y numerosos dirigentes forzados al exilio.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT–. Su documentación consigna asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, desplazamientos forzados, exilios, persecuciones por vías judicial, atentados contra las sedes sindicales, eliminación de organizaciones sindicales, pérdida de derechos laborales.


A nivel de organizaciones políticas, el primer caso referenciado se remonta a Jorge Eliécer Gaitán, muchos de cuyos seguidores fueron asesinados antes de él, provocando sus enérgicas denuncias. Los asesinatos continuaron con el propósito de aniquilar física e ideológicamente el movimiento gaitanista, con un saldo calculado de 300.000 asesinatos en el periodo 1948-1958, en acciones perpetradas por el ejército y paramilitares contratados y entrenados por el gobierno.

Persecución y muerte que no terminó allí. En tiempo más reciente, a partir del año 2002, con los gobiernos de Álvaro Uribe, se lleva a cabo un “memoricidio”, es decir, la destrucción del legado de Gaitán y del gaitanismo, todo ello propiciado desde la expedición del decreto 271 de 2004 que eliminó leyes, decretos y otras normas legales establecidas para honrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán.

En otro acápite, la Sentencia retoma el periodo comprendido entre los años 1984-1992, resaltando lo padecido por la organización A Luchar –Movimiento político y social que actuó buscando alternativas al bipartidismo y que agrupó a corrientes camilistas, trotskistas, maoístas, así como sectores sindicales, campesinos, estudiantiles, cívicos, étnicos y cristianos. Esta organización fue víctima de 254 asesinatos, 6 ejecuciones extrajudiciales, 80 desapariciones forzadas, 165 detenciones arbitrarias y 58 torturas.

También retoma el conocido exterminio contra la Unión Patriótica (UP). Según la Corporación Reiniciar entre 1984-2006 se cometieron 6.500 violaciones de derechos humanos en contra de sus militantes: 3.111 asesinatos, 131 judicializaciones infundadas, 508 desapariciones forzadas, 280 tentativas de asesinatos, entre otros actos violentos padecidos y en los que están implicados altos agentes militares y directivos del Estado colombiano. Para la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, reconoce como práctica genocida lo ocurrido con la UP.

Con el M-19, tras los procesos de paz y desmovilización fueron asesinados y desaparecidos pobladores de lugares donde tenía presencia. Organizaciones sindicales, movimientos de acción comunitaria, familiares y amigos de militantes fueron incluidos en la categoría de “enemigo interno”, según lo estipulado por los manuales militares; de esa manera, intelectuales, simpatizantes de la izquierda, fueron apresados y llevados a instalaciones militares donde fueron torturados; otros fueron forzados al exilio.

Frente popular –Movimiento que surgió en 1985 en varias regiones del país–: desde su inicio comenzó a ser perseguido por fuerzas policiales, militares y paramilitares. Entre 1987 y 1989, fueron desaparecidos 64 de sus militantes y al menos 120 asesinados, entre éstos algunos diputados, concejales, estudiantes y activistas.

A su vez, con el movimiento UNO (Unidad Nacional de Oposición): padeció más de 1930 crímenes: 22 desapariciones, 107 asesinatos de militantes y 127 de articuladores sociales, además de exilios, desplazamientos forzados, “falsos positivos”, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, torturas, lesiones y abusos sexuales, allanamientos, atentados y quema de viviendas, falta de garantías electorales, requisas y retenes arbitrarios, decomiso de documentos, amenazas, estigmatizaciones, ataques a sedes políticas.

Más recientemente, el caso de la organización social Marcha Patriótica (Mapa), que no ha escapado a esta violencia, y más visible desde el paro agrario de 2013, acusada de fachada de las Farc. En un video de formación militar, con fecha de 2014, señalan a la Mapa como “enemiga del Estado” y como “objetivo militar”. Es la misma época en la que los Rastrojos ofrecían 35 millones por muerte de Coordinador Regional o Departamental.

Firmantes de paz y líderes sociales

La muerte se extiende a quienes quieren la paz y la justicia. Entre el 13 de noviembre de 2016 hasta el 13 de febrero del presente año 272 son los excombatientes asesinados. Y desde entonces la cifra sigue en ascenso. Al mismo tiempo, la mira enfoca hacia el liderazgo social: en el periodo 2017-2019 el TPP tuvo conocimiento de 710 asesinatos, a los que deben sumarse otros 310 ocurridos el año pasado. Actos acaecidos, incluso, en zonas de sustitución de cultivos, en zonas, por ejemplo, donde los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se están implementando. Es así como en el periodo señalado se registraron 444 asesinatos, cifra única en toda América Latina. Así mismo, se denunció la comisión de 50 tentativas de homicidio, 17 desapariciones forzadas, amenazas, estigmatizaciones, hechos que además fuerzan al desplazamiento individual y colectivo de quienes están en proceso de reinserción. También se denuncia que las mujeres excombatientes sufren una mayor estigmatización tras la versión difundida de que habrían sido “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, despojándolas así de su carácter de actoras políticas.

Estudiantes y activistas en general

En lo comprendido entre los años 1994-2019 el país registra hasta 1.815 víctimas de asesinato o desaparición de personas que ejercían un liderazgo notable en los territorios. En ese marco, la violencia en contra de activos universitarios es conocida de larga data. La represión, tortura, asesinato, violación hace parte de las aulas. La documentación allegada al Tribunal resalta la situación vivida en las universidades Industrial de Santander (UIS) y de Antioquía (U de A), en la primera, entre los años 1964-2006 fueron asesinados 24 integrantes de su movimiento estudiantil, y entre los años 1980-2003 otros 10 de sus activos fueron víctimas de desaparición forzada. Por su parte, en la segunda de ellas, 86 de sus activistas fueron violentados y 45 asesinados entre entre los años 1958-2018, 18 de ellos tras ser retenidos por efectivos oficiales, torturados y/o desaparecidos. 42 miembros de la comunidad universitaria, 30 de ellos estudiantes, han sido víctimas de desaparición forzada.

Resaltan sus testimonios que además de la violencia armada padecen un permanente ambiente de estigmatización, un constante señalamiento a la comunidad académica como “aspirantes a guerrilleros”. La represión estatal y la impunidad policial hacen parte de los principales fenómenos que ligan a los perpetradores.

Además de la impunidad judicial también persiste la persecución de dirigentes y lideresas. Entre el 2012 y 2019 se calculan 249 condenas y reclusiones de personas vinculadas con causas sociales, ambientales y en defensa de los derechos humanos. Entre el 2012 y julio de 2019 se registra un incremento de 244 por ciento de casos en que el derecho penal ha servido para criminalizar la defensa de los derechos humanos, práctica centrada en los departamentos que concentran títulos mineros y explotación petrolera, evidenciando una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal.

Se entiende que la naturaleza y el territorio también son víctimas. Por el despojo y el desplazamiento, grandes empresas agroindustriales, ganaderas o extractivas se han beneficiado, concentrando más propiedad y dominando de manera amplia sobre el territorio, concretando un ecocidio.

Con mirada histórica

En perspectiva histórica, el TPP resalta la existencia de siete oleadas de violencia:

1812-1899. Es el primer siglo de vida independiente, atravesado por una polarización entre bolivarianos y santanderistas, centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas, confesionales y seculares, evolucionando hacia los conflictos entre conservadores y liberales.
1899-1902. Aunque no difiere mucho de las guerras y confrontaciones del anterior ciclo, dados los niveles extremos de odio que convoca entre conservadores y liberales, manifestado ello en la “Guerra de los Mil Días”.
1918-1948. Continúa la polarización entre liberales y conservadores y para los indicadores de violencia del periódio anterior, la vida parece transcurrir en paz. Dentro del período hay subperíodos: 1925-1930: “pequeña violencia”, y 1928-1946: “Primera Violencia”, para distinguirla del periodo abierto en 1948 que sería simplemente “La Violencia”.
1946-1958. El cuarto oleaje comprende los años 1946 - 1958. Se inicia cuando el presidente Ospina Pérez se propone bloquear y perseguir al movimiento gaitanista (1946), coincidiendo con la creación de la Escuela de las Américas en Panamá (1946), la formación de la CIA (1947) y con el lanzamiento por parte de Estados Unidos de su agenda anticomunista en América Latina, alrededor de la IX Conferencia Panamericana, incluyendo el asesinato de Gaitán.
1960-1982. La quinta oleada va de 1960 a 1982. Los años 50 finalizaron con el ensayo de un régimen militar, el de Rojas Pinilla, que alarmó a la oligarquía pro-norteamericana por su tendencia a autonomizarse con una peligrosa inclinación a satisfacer algunas necesidades populares.
1982-2010. En esta sexta oleada la prosperidad económica del narcotráfico vierte ingresos nunca vistos en la sociedad colombiana, trastoca el poder de la oligarquía y afecta a todos los actores del conflicto. Un fenómeno favorecido por el modelo latifundista heredado de la Colonia y la consolidación de una oligarquía violenta.

En este periodo se vive una autonomización del narcotráfico y multiplicación como fortalecimiento del paramilitarismo, del crimen, de la corrupción gubernamental, a la par de ampliación de los acuerdos de cooperación antiterrorista con los Estados Unidos.

En medio de las acciones militares, abiertas o encubiertas, desplegadas desde el Estado, se llega a un proceso de genocidio continuado en que los muertos se cuentan en 400.000, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los desplazados en 8 millones. Es claro que el narcotráfico sirvió no sólo para derrotar a los enemigos del latifundismo y para la entrega de la soberanía del país, sino también para expandir como nunca los territorios de la élite latifundista, particularmente en el cultivo de la coca, la palma africana y otras plantaciones y en la expansión de la extracción minera, gracias a lo cual, esta oleada de violencia permitió el despojo de 6 millones de hectáreas a los campesinos.

2010-2021, es el periodo comprendido por la séptima oleada y en el que resalta la concreción de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el cual termina bloqueado por los resultado de un plebiscito en el que la sociedad votó mayoritariamente en su contra, resultados ahondados por los posteriores incumplimientos, o lenta concreción, de lo acordado. El asesinato de cientos de los desmovilizados extiende la constante histórica de violencia en contra de todo tipo de opositores.

Una realidad ampliada al conjunto social en las jornadas de descontento social que tomaron cuerpo desde finales del mes de abril del año en curso, y en las cuales se registra decenas de asesinatos, lesionados, amputados en una de sus vistas, violaciones y agresiones sexuales de distinto tipo padecidas por jóvenes detenidas, miles de capturas, entre otras manifestaciones de un poder expresado de manera abierta en su real carácter.

Esta constante de violencia desplegada desde el Estado nos coloca ante un persistente sistema de genocidio, concretado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo social desde la eliminación física y la utilización de otras técnicas.

Persistencia en la amenaza, agresión y exterminio, consolidada como comportamiento sistemático. El crimen es un genocidio continuado, materializado como un fenómeno histórico de larga duración, con actores cambiantes pero conjugados con propósitos estratégicos compartidos que deriva en intentos de largo aliento de destrucción de grupos nacionales. Como parte de ello, el discurso de la institucionalidad estatal y fuerzas militares fomentan una doctrina contrainsurgente con una lectura de enemigo que cubre al conjunto social que protesta. Englobar a la población civil en una estrategia contrainsurgente, con medidas de control y acción, tratándola como si estuviera involucrada con la lucha armada es parte de ello, lo justifica y lo propicia. Es un persistente proyecto de reorganización social, concretado a través del terror, a través de decenas de masacres y crímenes selectivos o no, parte de los cuales han sido asumidos por instancias internacionales las que, tras revisar las demandas judiciales, han proferido condenas en contra del Estado colombiano.

Los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que se suman al genocidio continuado se concentran en dos fenómenos: en la estrategia de apropiación y control del territorio que implica el desplazamiento, el reclutamiento de menores, pérdida de identidad de las comunidades. Y la segunda mención incluye, incluso, el siniestro plan de los falsos positivos, justificado en la doctrina militar del enemigo interno que naturaliza las violaciones sistemáticas; así se fue arraigando una práctica de premios y estímulos para lograr bajas –de supuestos enemigos armados– como práctica recurrente, así lo registran las 50 órdenes del general Nicacio Martínez para exigir cuotas de muertes, como requisito para permanecer en el cargo. Una práctica degradante que segó la vida de muchos jóvenes presentados como combatientes y que tuvo su punto más álgido entre los años 2004-2008.

La realidad de una sociedad sometida a tal nivel de violencia, con fines claramente determinados, lleva al Tribunal a condenar a todos los presidentes que han regido al país desde 1946. Preocupa la impunidad, en la que se enfoca finalmente el Tribunal, calificada como una constante histórica, componente clave para la vulneración masiva y continuada de los derechos humanos en la que la persistente impunidad oscila entre el 98 y el 99 por ciento.

Con la sentencia emitida por el TPP, los acusados no tendrán castigo, los verdugos proseguirán impunes, pero somos testigos de la barbarie y nuestra misión es ser la persistente memoria que denuncia.

 


¿Qué es el TPP?

 

El TPP es un Tribunal Internacional de Opinión o de Conciencia, no un tribunal judicial ni pretende serlo ni dispone de medios para serlo. Tampoco fue creado mediante instrumentos jurídicos ni estatales ni por tratados internacionales, sino de manera privada. De acuerdo a su Estatuto, busca ser tribuna de visibilidad del derecho a la palabra y de afirmación de los derechos de los pueblos expuestos a violaciones graves y sistemáticas por parte de actores públicos o privados, nacionales o internacionales. También busca ser una herramienta para explicitar y determinar la existencia, gravedad, responsabilidad e impunidad de las violaciones cometidas, de las medidas de justicia y de la reparación debida. Así mismo: testigo y promotor de la investigación dirigida a llenar las lagunas institucionales y doctrinales del derecho internacional actual. Su única legitimidad es la que le reconocen quienes solicitan su actuación. Con todo, el artículo 17 de su Estatuto le ordena informar a los gobiernos, autoridades o grupos privados involucrados, sobre las acusaciones y peticiones que les conciernen y sobre la posibilidad de participar en cada etapa del procedimiento, presentado pruebas y ejerciendo la defensa.


Apertura

Un Comité Impulsor en Colombia preparó el evento de lanzamiento que tuvo lugar el 26 de enero de 2021 en el cual el Tribunal recibió la acusación formal de parte de los Fiscales: lxs juristas ÁNGELA MARÍA BUITRAGO e IVÁN VELÁSQUEZ y escuchó informes de otras personalidades. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2021 se realizaron las audiencias públicas en Buca-ramanga, Bogotá y Medellín a las cuales acudieron delegados de numerosos movimientos y sectores sociales victimizados, quienes además de la prueba oral pusieron a disposición del Jurado una extensa y detallada documentación. El Tribunal notificó a las autoridades colombianas y las invitó a pronunciarse sobre la acusación, a lo cual no respondieron y el Tribunal escuchó una defensa de oficio del Estado.


 

Asesinato de Jovenel Moïse: Premeditación, participación de los EEUU y complicidad del personal de seguridad

El 20 de junio, 17 días antes de su asesinato, un grupo armado pretendía ejecutar el secuestro del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, pero un cambio en su agenda impidió realizar la operación.

El dato emerge del informe preliminar elaborado por las autoridades haitianas, al que tuvo acceso el diario El Tiempo, y en el que la Policía deja asentadas sus presunciones sobre el magnicidio: la premeditación de los mercenarios colombianos en el plan de asesinato, la participación de dos empresas con sede en EE.UU. y la complicidad del personal de seguridad del mandatario en los hechos porque, cuando se ejecutó el asalto a la residencia de Moïse, "la puerta principal estaba abierta".

Según la policía, hubo un comando integrado por seis personas, en el que participaron los fallecidos mercenarios colombianos Mauricio Javier Romero Medina y Duberney Capador Giraldo, que tenían la orden clara de "asesinar al presidente y buscar los dólares", que presuntamente se encontraban en la habitación del mandatario.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El informe apunta que, tras analizar los testimonios, se puede deducir que "los indiciados presuntamente sabían que iban a matar al presidente".

Un día antes del crimen, el capitán retirado, el colombiano Germán Alejandro Rivera García, designado como jefe de la operación, les dio la orden de "asesinar a todas las personas que se encontraran en la casa". El comando se habría negado, porque supuestamente viajó a Haití para "cuidar a personalidades de la vida nacional y no a matar a nadie".

Pero Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia y considerado unos de los autores intelectuales del asesinato, les informó que en el cuarto del mandatario había dos maletas y dos cajas con 45 millones de dólares. De ese dinero, recibirían 18 millones por "ejecutar la acción", lo que les habría empujado a aceptar perpetrar el crimen. Pusieron una condición: "solo darían muerte al presidente. A nadie más".

Para llevar a cabo la operación, las empresas CTU Security y Worldwide Capital, ambas con sede en EE.UU., invirtieron 865 376 dólares, un dinero que también se recuperaría tras el robo.

La noche del crimen

En la madrugada del 7 de julio, cerca de la 1:00 de la mañana, los mercenarios llegaron a la residencia privada de Moïse. Iban organizados en cuatro grupos y distribuidos en seis camionetas. En cada vehículo viajaban también entre tres y cuatro policías haitianos, siempre según la investigación.

En la primera camioneta iba un comando, bautizado como Delta, y en el que estaban el exmilitar Duberney Capador y James Solages, un ciudadano haitiano-estadounidense que se habría entregado a las autoridades policiales de Haití tras el magnicidio.

"Sometieron al personal de los dos puestos de control de ingreso a la casa presidencial, en cada puesto había cuatro uniformados y los montaron en la parte trasera de las camionetas", reza el texto.

El grupo Delta se dirigió a la habitación del presidente, mientras que el resto permaneció en el primer piso. Se comunicaban a través de una radio. "Sacaron las cajas, tulas y maletas al corredor para que el grupo que estaba en el primer piso ayudara a bajar el dinero y acomodar en las camionetas", apunta el documento. A muchos de los integrantes del comando se les capturó después con fajos de billetes de 100 dólares encima.

El diario no da detalles sobre el momento del asesinato de Moïse en el informe.

La huida

 La Policía averiguó que tres días antes del asesinato hubo una reunión en casa de Wendelle Coq Thélot, jueza del Tribunal de Casación, el máximo órgano judicial del país, y en la actualidad prófuga de la Justicia. Participaron Joseph Felix Badio, el empresario Rodolphe Jaar y el exsenador opositor John Joel Joseph, los tres buscados por la Policía, entre otros.

Según la información, en aquel encuentro se comunicó al comando que tras la muerte de Moïse, la jueza asumiría la Presidencia y que después el magnicidio se encargarían de brindarle protección.

"Estaban tranquilos, hasta seguros de que serían protegidos por las autoridades de Haití, porque así se los habían afirmado. Por eso no huyeron de la isla", se enfatiza.

Pero a la salida de la residencia, la Policía Nacional abatió a varios integrantes del comando, entre ellos Duberney Capador. El coronel Rivera García les dio la orden de dirigirse a la Embajada de Taiwán, donde finalmente al menos once integrantes fueron detenidos.

Una de las cosas que la Policía tiene pendiente esclarecer es la quema de tres de las camionetas, donde además de perderse varias pruebas, como el video del circuito cerrado que fue desactivado y extraído por uno de los comandos, también estarían "millones de dólares" que sacaron de la residencia.

12 agosto 2021

(Tomado de RT en Español)

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El presidente de Haití, Jovenel Moïse, durante una conversación con EL PAÍS por videollamada el pasado febrero.

Hombres armados asaltaron su domicilio de Puerto Príncipe la pasada madrugada. La primera dama está hospitalizada

 

Puerto Príncipe, Madrid - 07 jul 2021 - 12:41 CEST

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia durante la pasada madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, según ha informado esta mañana el primer ministro, Claude Joseph. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moïse, que ha sido hospitalizada, según un comunicado firmado por Joseph. El mandatario pidió calma a la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener el orden.

Hijo de un comerciante y una costurera, Jovenel Moïse concedió el pasado febrero una entrevista a este diario, en un país en el que la tensión iba en aumento semana tras semana. A la crisis política se le suma un año de espanto debido a la pandemia de coronavirus, los huracanes y la ola de violencia y secuestros que han llevado el hartazgo a una población que cuenta en su poder con más armas que nunca, tal y como señalaron los expertos a EL PAÍS.

El origen político del conflicto en Haití, país caribeño de 11,2 millones de habitantes, está en las convulsas elecciones de 2015. Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios convocados obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido, hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moïse un año después. Para la oposición, su Gobierno comenzó el día que Martelly dejó el poder y le acusa de “dictador” por gobernar por decreto desde hace un año.

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, declaró Moïse en esa misma entrevista.

Bandas armadas

Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló este martes un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). “El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones (...) Puerto Príncipe está sitiado en el sur, el norte y el este. Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado”, lamentó la organización en un documento.

Al menos seis extranjeros han sido secuestrados, lo que eleva el total a 20 en el primer semestre de 2021. Tres departamentos están aislados del resto del país, según este informe, que habla de “la hegemonía del crimen en Haití”. Del 1 de enero al 21 de junio, 30 policías fueron asesinados frente a los 26 de 2020, según la ONG, que sostiene que algunos son mutilados, desaparecidos, secuestrados, torturados, etcétera.

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Laura Guerrero, madre de Nicolás: “Él era muy soñador con todo eso...”

Perder un hijo o un familiar por exigir un país mejor no debería suceder, sin embargo, en Colombia esta realidad parece la norma. Son cientos de familias que han perdido a sus seres queridos desde el 28A, ya sea por la muerte o la desaparición. Laura Guerrero es una madre víctima del terrorismo de Estado, también es ejemplo de dignidad y fortaleza para toda la sociedad.

 

Su semblante está tranquilo, a pesar del dolor que con seguridad la embarga. Ella está allí, recibida con cariño por unos y otras, y a pesar de la nostalgia, de los recuerdos de madre y amiga, expresa alegría por lo que ve.

En realidad, la juventud la llena de confianza de que vendrán días de cambio, días de esperanza, días de mejor vida, con seguridad los mismos anhelos que inspiraban a su hijo Nicolás para plasmar en paredes antes abandonadas y deterioradas, en compañía de compañeros, grandes murales para alegrar la ciudad, para llenar de color la vista de quienes por allí transitarán.

Cuando la saludamos y le pedimos la entrevista no duda, accede de una, y no demora en responder a nuestra primera pregunta: –“Mi nombre es Laura Guerrero, soy la mamá de Nicolás. Vengo hoy a la biblioteca porque un amigo muy cercano de mi hijo me cuenta que van a pintar lo que era el CAI, que fue quemado y quedó muy dañado. Me dicen que el proyecto es que esto sea una biblioteca…”.

Al expresar esta palabra parece rememorar algo y enfatiza: –“La idea me pareció muy buena, y me llevó a recordar a mi hijo que le gustaba mucho leer y que se hizo a una llave del saber para poder estar yendo a la biblioteca con su niña pequeña y con su hermanito menor. Por eso le entré de una al proyecto, porque vi que era algo bueno y cuando ya llego y me encuentro con esta cantidad de jóvenes maravillosos, con tantas ideas, empieza a formarse una lluvia de ideas y veo que una es más encantadora que le otra; realmente, digamos, que también me metí en el cuento”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 

Mientras Laura, como de una la llamamos con confianza, al sentir su espíritu y ver su joven semblante, así como al sentir su afinidad con la juventud, atiende a nuestras preguntas, el espacio gana más concurrencia y una y otra expresión artística encuentra lugar para compartir con toda la gente allí convocada. Hay lugar para la creación y para fraternizar, y todos están felices de que así sea.

Ella nos cuenta que el espacio apenas tiene con ocho días de existencia, y prosigue con la entrevista: –“Todo lo vivido en estos pocos días de construcción de la biblioteca es la muestra de que la gente tiene necesidad de contar con sitios y oportunidades para satisfacer su sed de cultura, que hay una aceptación de la comunidad, que la gente quiere y necesita este espacio para que haya una oferta cultural más cercana”.

Hay alegría en su narración, pero también nostalgia, no es para menos. Aprovechamos los segundos de meditación en lo que nos está compartiendo para dirigir nuestra mirada hacia los músicos que se presentan con alegría ante la multitud de comunidad. Pero solo tras unos segundos más su palabra convoca de nuevo nuestra atención: –“Esto es como un oasis en medio de tanta tensión; aún estamos a la defensiva, en muchos momentos de tranquilidad igual no deja de pasar la policía, no dejamos de sentirnos merodeados, pero hemos podido permanecer y la compañía de tanta comunidad ha sido increíble, han traído muchos libros, han donado dinero y pintura; el dinero se ha invertido en reparaciones y en seguridad, en candados, y en otras muchas cosas.

En este momento nos vemos respaldados por la comunidad, que tenía la biblioteca más cercana realmente lejos: entonces, la gente ha podido acercarse al picnic literario y ha encontrado muchísima oferta cultural”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 


¿Cómo era Nicolás?

Del presente para el pasado, el inmediato y el más lejano. A pesar de las fibras que pudiera sensibilizar no podíamos dejar de preguntar por el ser humano, y ante la pregunta, con serenidad, la madre cuenta: –“Era un joven con muchos sueños, sueños de una mejor ciudad y por consecuencia, de un mejor país. Soñaba con traer a su hija al país, soñaba con que existiera, a menor costo, muchísimo material para que los jóvenes pudieran expresarse culturalmente, porque él sentía que dentro de las escuelas y colegios había un vacío en cuanto a lo que muchos jóvenes quieren; entonces, pensaba en talleres, en muchos momentos especiales con los muchachos más pequeños para que pudieran aprender.

Mucho de estas cosas que a él le gustaban, como era el arte de pintar, el grafiti, no se lo patrocinan sino las mamás, y a veces nos vimos en dificultades para poder comprar materiales, por lo costosos, mucho más para él que le gustaba pintar piezas grandes y eso demanda muchos aerosoles.

En medio de sus anhelos él pensaba en todas las personas que tienen capacidades artísticas, para pintar, pero que no pueden explotarlas porque precisamente no tienen los recursos. Era muy soñador con todo eso, tenía esperanzas de que la ciudad y el país podía ser habitado por personas civilizadas que respetaran, porque muchas veces se sintió agredido, irrespetado por parte de la misma fuerza pública que llegaba simplemente a atropellarlos; cuando así sucedía regresaba aburrido a la casa y decía ‘mamá estábamos pintando un lugar bien feo, estábamos tratando de dejarlo bien y no faltó quien llegara a importunar, a impedir’, y muchas veces me dijo que les quitaban materiales; algunos de sus amigos me decían: ‘la policía nos quitó la cámara, la policía nos robó el celular’. Entonces, eso es muy triste, así que él esperaba que no tuvieran ese tipo de situaciones para vivir libres y en paz.

A él y a ellos lo motivaba, los motiva, sus manifestaciones artísticas, querían hacerlo simplemente sin ninguna oposición, no tanto por vandalizar y rayar y dañar, sino porque querían recuperar muchos espacios de la ciudad abandonados, que de hecho ya nadie pintaba, lugares donde la Alcaldía no lo hacía.

Él estaba con un colectivo, tenían muchas ideas, incluso para presentarlas a la Alcaldía. Él, digamos, que murió esperando esa oportunidad porque había que presentarlos como un proyecto y él no sabía hacerlo, entonces en alguna ocasión le dije mándemelo y lo revisamos y me decía: no mamá, yo quiero aprender a hacerlo porque a muchos se los van a pedir y quizás pueda enseñarles a otros cómo hacerlo”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 

 


El asesinato

Su relato avanza sin voces de duda o inseguridad, lo que denota confianza en los proyectos de su hijo, en sus gustos artísticos, en su amor por lo que hacía y quería entregar a toda la ciudad. Agarrados por su voz y gestos, de madre, pero también de amiga de quienes estuvieron con su hijo, seguimos atentos a su testimonio:

–“Era una persona completamente independiente, ya vivía aparte, tenía su familia, sus ideas muy claras de lo que quería y quizá por eso el día que suceden los hechos estaba lleno de frustración y también de rabia por el momento que se estaba viviendo alrededor. Ese día ellos habían estado en una velatón por los muertos; él también estuvo llevando ayudas humanitarias para los puntos, lo que respecta a alimentos y a insumos médicos.

Así que en la noche estaba cansado, tomó su última comida y se iba a ir a dormir, pero en algún momento escuchó que había pocas personas aquí para resistir y se vino otra vez hacía este lado; entiendo que la velatón estuvo pacífica hasta que llegó el Esmad a intimidarlos, luego hay gases; dicen que había un sentimiento de mucha rabia, impotencia y frustración por el gas que lo cubría todo –las unidades residenciales están ahí cercanas–, así que él toma la decisión de ir adelante; la verdad no puedo saber en ese último instante las cosas que hayan pasado por su cabeza, pero ellos estaban haciendo resistencia y la policía no tuvo ningún problema en dispararle a mi hijo en su cabeza y pues cayó inconsciente, no tuvieron en ningún momento la más mínima consideración hacía mi hijo y parar, por el contrario, estando en el piso no lo dejaban auxiliar sino que tiraban más gases sobre los muchachos, ellos aguantaron y lo cogieron como pudieron y se lo llevaron para que fuera atendido, pero solo resistió unas horas conectado a aparatos y finalmente no pudo más. Esa fue la situación, bastante triste, que derivó en la muerte de mi hijo ese día después de haber estado en paz.

Tuve la oportunidad de regresar al día siguiente al lugar donde murió y era una escena de guerra, había cualquier cantidad de indicativos de que era una guerra. Revisando los videos grabados de lo sucedido, estoy segura que, si la fuerza pública se hubiera parado a evitar cualquier desmán, simplemente no hubiera pasado de allí porque los muchachos no estaban en son de pelear con nadie, y ese es el común denominador en todos estos lados, no hay afán por impedir, por cerrar la vía, como muchos dicen”.
¿Qué ha pasado con el caso?

–“Nada. Hasta el día de hoy solo vi unas declaraciones mentirosas del Ministro diciendo que el caso estaba siendo investigado y que había unas personas comprometidas, lo cual es falso.

Para reunir pruebas me ha tocado caminar la misma escena, los mismos escenarios, para poder buscar la información, porque en su momento también atrevidamente afirmaron que ese día habían vandalizado el D1, cuando mi hijo cae es en el TCC, y entre ambos puntos hay una distancia bien pronunciada; además, los daños en el D1 fueron muchos días después”.

¿Qué ha sucedido después de la muerte de su hijo?

–“Perder a Nico ha sido muy doloroso y cada día hay algo más que liberar, pero siento que me ha fortalecido muchísimo caminar al lado de los muchachos, verlos, conocerlos, escucharlos, saber el por qué están ahí, porque ellos la tienen clara y saben por qué están allí: sus pretensiones de que todo sea mejor, de no pedir nada regalado, pues es falso que aquí estén pidiendo cosas regaladas, por el contrario, acá estamos regalando arte, cultura y todo esto no ha costado un peso a ninguna institución, todo lo ha donado la comunidad, todos nosotros; el acompañamiento y la solidaridad que se ha encontrado es increíble.

Más allá de que sea mi hijo, su muerte ha sido algo que ha unido también en pensamiento a muchos, ha transformado el pensamiento de otros, porque habían personas que pensaban que el gobierno estaba haciendo lo que tenía que hacer y en el momento en el que ven que es Nicolás, al que conocían como persona, como ser humano, creo que fue un despertar para muchos que pensaron: mire, si están matando a los jóvenes, si están matando a los artistas, si están matando y queriendo callar a todas las voces que se levantan a pedir un mundo mejor es porque estamos muy mal.

Y esa es como parte de las razones que llevan a todos estos jóvenes a protestar. Una realidad en la que es muy triste que se hayan perdido vidas de lado y lado, tanto de la fuerza pública como de nuestros jóvenes, como personas que ahora están desaparecidas, de las jóvenes violadas, todo esto se suma en un indicativo muy grande de que nuestra sociedad no está bien, de que es necesario un cambio. Tenemos que pensar, más allá del dolor de cada uno, más allá de saber que he perdido a Nicolás, pues no soy la única madre que sufre o que llora por la pérdida de un hijo, de un familiar, entonces, si yo lo miro desde ahí también hago parte de ese resurgir de esta sociedad, porque realmente como sociedad estamos muy mal, muy mal, y si esto no cambia en este momento de la historia, realmente no sé cuándo será”.

Al concluir esta idea nos miramos mutuamente y reconocemos en su rostro el dolor pero también la esperanza en que esta sociedad logre el necesario cambio que los marginados, que son mayoría, han exigido desde siempre, deseo y exigencia que ahora mantiene en la calle a miles, cerrando vías o alzando su voz de protesta y de esperanza.

Y como eco de voces y tonos de luz que así lo presagian, llegan a nuestros oídos las palabras de quienes en los talleres de lectura comparten con quienes se han animado a congregarse allí, así como los alegres tonos desprendidos por las gargantas de quienes comparten su saber musical, así como las sombras que se proyectan desde los malabaristas. Las familias allí reunidas, con sus hijos, así como los jóvenes de distintas edades y sexos que llenan el espacio, le brindan a Laura, la madre de Nicolás Guerrero confianza en que así será. A nosotros también.


Las dos muertes

Julián Malatesta. Santiago de Cali, 20 de mayo de 2021

 

La tarde caía vertiginosa,
los estallidos y la pólvora le hurtaban la luz.
Los muchachos con sus escudos de lata y trozos de madera,
se ejercitaban como legionarios antiguos
en las tácticas del repliegue y la ofensiva.

Josué levantó la mano e imploró al sol que se detuviera,
ansiaba ponerle el tatequieto a la noche
que se les venía encima con sus densas manos negras.
A empellones me abrí paso hasta la barricada
y me puse en la primera línea.

Ese es mi muchacho, me dije,
y halé a Josué de la camisa, ordenando:
Nos vamos ya, es hora de irse.

¿Usted quién es? Contestó airado.
Soy tu muerte, la tuya, la propia.
Mi hermana, que trabaja a sueldo con las tropas,
La mercenaria, la traidora, te tiene en la lista.
Es hora de irse…
La vida del muchacho alucinaba con el brillo de los explosivos,
Lo sacudí con fuerza y grité:
¡Hasta que tu vida y yo cerremos el último umbral,
soy tu muerte, carajo!
¡Ese es nuestro pacto!

Pero mi hermana,
la mercenaria, la ajena, la súbita,
del otro lado ultima los detalles,
esos hombres de negro le pagan a destajo.

Estaba yo en estas, encontrando palabras…
Usted me entiende, señora,
cuando un balazo dobló a Josué entre mis brazos
y ya no pude traerlo a casa.

 

 

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La muerte de Junior Jein y el poder que tiene miedo

Cuenta el primer libro de Samuel que el rey Saúl tenía muchos miedos de perder el poder y andaba ansioso y muy estresado; para aliviarlo de estos males alguno de sus funcionarios le aconsejó que se trajera a su palacio al joven David que tenía fama de sonar el arpa y cantar bien. Y así fue, David resultó en la corte y tocaba para el rey y lo calmaba; pero, muy pronto, a Saúl le empezó a chocar la música de David y empujado por sus demonios intentó clavarlo en la pared y así deshacerse de él: Las melodías del muchacho no le entretenían más y más bien alborotaban sus miedos, su ansiedad, su estrés y sus demonios.

El poder corrupto, ese que ostentaba Saúl, y todos los otros arbitrarios antes y después de él, nunca resiste el arte y esto porque la belleza, allí donde se le permita brotar, en la música o en la poesía, en la pintura o en los tatuajes, en los grafiti o en la fotografía, en las caricaturas o en las trovas, en los libros o en la danza, en la liturgia o en las fiestas populares, en los monumentos o también en los anti monumentos, en lo que sea, nombra lo innombrable, empuja desde dentro a los que se extasían en ella, y porque delante de una obra maestra ya no hay masas, hay personas y gente muy digna y esto, que es también muy sencillo y sin alardes, desarma a los tiranos de sus señuelos para manipular.

La historia de David se repitió en Colombia,el pasado domingo,13 de junio; el poder, no se sabe todavía si el poder legal o el ilegal, porque aquí en este país hay de los dos y no raramente son cómplices y se mezclan, se fastidió con la música de Junior Jein, un cantante del pueblo negro que con su salsa choke y la música tradicional del Pacífico hacía temblar consciencias; sus letras y su ritmo eran más que entretenimiento y resultaron retratando la realidad de nuestro país. Tristemente, hay que anotar que Junior Jein no tuvo la misma suerte del músico David: mientras que Saúl falló en su intento criminal contra David, los sicarios contratados en el caso de Junior Jein le descargaron cargas de fúsil y de pistola y lo dejaron bien muerto.

El poder en el Israel de la Biblia no resistía las canciones de David y el poder en Colombia no resistió las canciones de Junior Jein; es que también aquí el poder tiene miedo de perder y anda ansioso, estresado y lleno de demonios y ya sólo sabe disparar; estas canciones nos entregaban toda la fiesta y la fuerza de la cultura negra, la belleza del Pacífico, la alegría de Buenaventura y todo eso fastidió. Es que este país, lo hemos visto en la forma como el gobierno y la autodenominada “gente de bien” han reaccionado ante la protesta social, quiere oír un solo relato, se obstina en desaparecer y asesinar a los líderes que proponen alternativa. Este país, es doloroso escribirlo, parece no resistir el arte, nunca ha oído lo que un día apuntó Dostoievski y es que la belleza salvará el mundo.

La primera vez que vi actuar a Junior Jein fue el año pasado cuando después de la masacre de Llano Verde en Cali, en la que murieron cinco niños negros, él y sus amigos, a ritmo de currulao y de rap, compusieron y cantaron para preguntar “¿Quién los mato?”; como homenaje, ahora que lo hemos enterrado, quiero recordar la estrofa que le tocó interpretar a Junior Jein, en esa obra que es, como en su momento tituló el diario El Espectador, “más que una canción, un clamor por la justicia en Colombia”. Así cantaba el artista reclamando por los menores masacrados: “Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre lo hacen; nada, la vida de los negros no importa nada, lo primero que dicen es: «andaba en cosas raras»…. como Jean Paul, Jair, Leyder, Álvaro y Fernando; somos víctimas del sistema y abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, ¡carajo!”. Ahora, en este día triste y de esperanza, tendríamos que hacer coro con él y pedir que no solo la muerte de los de Llano Verde, sino también la del mismo Junior Jein, y la de tantos y tantos masacrados en este país, encuentren justicia y no queden en la impunidad.

Miles de personas que despidieron a Junior Jein, en Buenaventura y en Cali, gritaban bien duro y con honda fe -“no se fue, no se fue”… y tienen razón, Saúl no pudo callar la música de David, los poderes de aquí tampoco la de Junior Jein. La belleza es lo más revolucionario y esto porque nadie la puede matar.

Por Jairo Alberto, mxy

Publicado enColombia
Martes, 04 Mayo 2021 09:41

Colombia 28A

   

 

 

      

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20 de julio 2021

        

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El intento por darle cuerpo a un diálogo fluido que permita levantar el paro nacional empezó mal.

Lunes 10 de mayo 2021

Atacada Guardia Indigenas por los "pájaros" del Estado
Domingo 9 de mayo 2021

Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia
Domingo 9 de amayo 2021

Bety Ruth Lozano, dirigente social colombiana: "no es suficiente con parar la reforma tributaria”
Sábado 8 de mayo 2021

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Miércoles 5 de mayo 2021

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Campamento Resistencia en Bogotá, iniciativa de organización y construcción colectiva

 

La dosis Nº65: Ojos que no ven corazón que resiste

 

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La dosis Nº 61: Enseñanzas y retos de cuatro semanas de rabia y desborde juvenil/popular
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Lunes, 03 Mayo 2021 18:20

Colombia sigue CALIente

https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-cali/elogios-para-cali-miles-de-manifestantes-se-mantienen-en-la-calle-frentiando-al-gobierno-nacional/

Un asesinado más. El domingo 2 de mayo, cuando la penumbra ya había caído sobre el territorio palmireño, y cuando una multitud de jóvenes exigían cambios económicos, sociales y políticos para el país, la acción violenta del Esmad descargó de nuevo la parca sobre ciudadanos desarmados.


En esta oportunidad la fuerza letal cayó sobre la humanidad de Nicolás Guerrero, impactado en su cráneo. Nicolás, un joven de 21 años de edad, con vocación artística, participaba de una manifestación que se movilizaba por Puerto Comercio, nodo entre las ciudades de Cali y Palmira; allí, en medio de la penunbra que llega con el final del día, fue el lugar donde la mal llamada “fuerza pública” (fp) disparó sus armas en contra de los manifestantes, desconociendo normativas locales e internacionales de DDHH.
Una vez la humanidad de este joven sintió el impacto fatal fue auxiliado sin tardanza por otros manifestantes quienes lograron trasladarlo en un automóvil particular hasta un centro asistencial, pero falleció antes de poder ser atendido. Los hechos se encuentran documentados en un en vivo de Instagram en la cuenta de @dj_juandeleon quien filmó los hechos.


En plena mocedad, otra vida, de otro joven lleno de enegía y sueños de un país donde todas y todos puedan vivir en justicia, es arrebata por “la cara amable del Estado”.


Este nuevo asesinato se suma a por lo menos otros 10, hasta ahora documentados y otros tantos aún en comprobación, así como decenas de heridos, que ha cobrado el Esmad en cinco días de protestas que suma el alzamiento social en demanda del desmonte de la reforma tributaria, reivindicación ya conquistada producto de la masiva y decidida movilización juvenil que ha copado calles y plazas de todo el país


Violencia creciente, sin respeto por los derechos humanos, que evidencian la inexistencia de un democracia real en nuestro país, y cuyas víctimas registra un informe de la ONG Temblores: desde el día 28 de abril y hasta el domingo 2 de mayo: 851 casos de violencia policial en todo el país, los que incluyen violencia homicida, arrestos arbitrarios y demás irregularidades tanto por parte de policías en general como miembros del Esmad en particular.


En protección del derecho a la protesta y de los derechos humanos


Alejandro Guevara, defensor de DDHH en la ciudad de Cali, nos narra de su empeño para lograr que no judicialicen a las personas detenidas, apresados bajo procesos irregulares. Alejandro denuncia que la fp hace todo lo posible por entorpecer la labor de los veedores de derechos humanos pues, los jóvenes retenidos son golpeados con saña antes de ser entregados a las familias y organizaciones independientes.


El modus operandi de la fp cumple ciertos patrones en todo el país, especialmente en Cali, ciudad donde decenas de jóvenes han sido arrestados: esparcen indiscriminadamente gases lacrimógenos antes de abrir fuego, en la carrera que sigue a esta acción capturan a todo manifestante que vaya quedando relegado al tratar de escapar de la ofensiva del cuerpo acorazado de la Policía.


Los detenidos se suman por decenas. “En la estación de Fray Damián había 25 detenidos, de los cuales 6 eran menores de edad”, asegura Guevara quien estuvo pendiente de su liberación. Las autoridades de Cali, ciudad vecina de Palmira, destinaron el coliseo del barrio Las Américas para retener a la decenas de personas que calculan serán detenidas.


Otro de los propósitos de los actores en pro de los derechos humanos, es que quienes hayan sido capturados no sean trasladados a Unidades de Justicia Permanente (UPJ), pues ellos no están inculpados por delitos comunes. Sin embargo y pese al esfuerzo por asistir jurídicamente a quienes están bajo arresto, no se logra el cometido pues el rigor jurídico no se cumple en estos casos, muchos de ellos viciados por procederes irregulares, sin estar ausente en ello las golpizas, la presión sicológica y las amenazas de todo tipo.


Este patrón de actuación ha sido la regla en la ciudad de Cali durante los cuatro días (28 de abril-2 de mayo) de convulsión social registrada en el país. En los barrios donde ha centrado su acción defensora Alejandro y algunos de sus colegas, se denunciaron 28 casos de irregularidades, efectivas violaciones de la integridad y garantías humanas de los manifestantes, violaciones grabadas, además, en decenas de videos donde el Esmad arremete con armas de fuego para reprimir la expresión de descontento.


Cae la reforma


Esta digna rabia juvenil, con eco por todo el país, que el establecimiento trató de contener con violencia homicida y con un complot de saqueos e infiltraciones de la protesta social, logró en pocos días poner patas arriba el país, acorralar al gobierno al desnudarlo en sus pretensiones de injusticia social y económica que lo han caracterizado, como prolongación de una forma de usurpar lo colectivo que suma decenas de años, hasta obligarlo a proceder como bombero y quitar el carburante que insufla las llamas sociales. Es así como el 2 de mayo oficializa el retiro del Congreso de la reforma motivo del alzamiento social y el llamado al país a discutir una nueva propuesta.


Esta generación de jóvenes, decididos con claridad sobre el carácter del gobierno logra así su primer triunfo, que se extiende a otras generaciones de activistas que pese a su persistente empeño pocos logros de este tamaño pueden mostrar ante el país.
Vienen otros propósitos, tanto dentro de las protestas en curso, como para el mediano y largo plazo. Entre las inmediatas: justicia por las personas asesinadas y heridas –quién dio la orden de disparar y quién ejecutó en uno y otro caso los disparos–; libertad para todas aquellas personas apresadas en el curso de las protestas.


En el mediano plazo corresponde, aprendiendo del actual triunfo, seleccionar dentro de la decena de demandas que contiene el pliego nacional levantado y presentado como agenda común en el 2019, una exigencia que logre sintonía en los distintos sectores y clases sociales, motor de acción y energía que logra aislar al gobierno y obligarlo a ceder.


Otros propósitos seguramente podrían proponerse (por ejemplo, el desmonte del Esmad), pero es obligatorio, por ahora y de manera inmediata, construir una propuesta de reforma tributaria alternativa fruto del debate por liderar ante todo el país nacional, como parte de una agenda educativa que aborde toda la política económica del establecimiento, para así evidenciar la distancia real que marca los intereses económicos, sociales y políticos de las mayorías de los que alimentan el apetito de las minorías.


Al desplegar esta dinámica, seguramente, emergeran propósitos puntuales por demandar, entre ellos, con toda seguridad, ingresos dignos, empleo, seguridad social, alimentación, salud, educación, entre otros. Y esto es así porque al tiempo que se discuten los impuestos por aplicar como mecanismos de ingresos para cubrir los gastos sociales del país también debe discutirse los sectores dónde se aplicarán, cuantías, tiempo, por qué, para qué, entre otros aspectos. Como puede verse, la discusión de la política tributaria es una matrioska.


Pero esta es una acción urgente, que no da espera, pues al así proceder se ordena el esfuerzo, se pasa de la agitación y la denuncia a construir líneas programáticas que proyecten luz sobre otra sociedad posible. Deben abrirse foros y asambleas en los cuales se aborden temas puntuales como generales de lo aquí sugerido, hasta llegar a una asamblea general en la que se defina la propuesta por presentar al país nacional y al poder legislativo en particular. Todo lo cual es posible realizarlo sin renunciar a la movilización callejera.


Una propuesta de reforma tributaria, ampliada a la política económica, que debe tener como centro una consigna básica: ¡Que la crisis la paguen los ricos!


No sobra traer a cuenta otro logro de este alzamiento: la renuncia del Minhacienda y su equipo ministerial, otro triunfo, no tan relevante como la caída de la reforma, ya que los funcionarios públicos son swiches que el poder quita y pone a su conveniencia. Quien lo suceda será igual o más neoliberal que el saliente, y sus declaraciones serán matizadas según el ambiente nacional que hoy vive el país. Apariencias y no realidades. Y para desnudarlo es indispensable contar con una propuesta de política económica y su particular de política tributaria alternativa.

 

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Publicado enColombia 28A
Trump amenaza con mano dura en respuesta a los disturbios de Mineápolis

El presidente estadounidense acusa al alcalde de Mineápolis de debilidad tras el incendio de instalaciones policiales de la ciudad, y anuncia que mandará al ejército si continúan los disturbios.  

 

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

El presidente se manifestaba de esta forma horas después de que la imagen de una comisaría de la ciudad totalmente en llamas recorriera las redes sociales dando constancia de la brecha permanente entre la población afroestadounidense y las fuerzas policiales, reabierta contundentemente tras la muerte el pasado lunes de George Floyd, el hombre negro de 46 años que fue retenido por el policía Derek Chauvin durante nueve minutos con una rodilla apretando su cuello, hasta que perdió el conocimiento y murió. 

Tanto el agente, como los tres policías que le acompañaban y que no intervinieron para evitar la muerte de Floyd han sido despedidos pero están en libertad. Ayer jueves se supo que Chauvin, un policía blanco con casi dos décadas de carrera, acumula una docena de quejas por sus actuaciones. Además, según publica el New York Times, disparó en dos ocasiones su arma, la primera en 2006, cuando perseguía junto a otros agentes al presunto autor de un apuñalamiento, que resultó muerto, y la segunda, en 2008, contra un hombre que habría agredido a su pareja. Lejos de ser sancionado, Chauvin contaba con varios reconocimientos por su labor como policía.

La hermana de George, Brigitte Floyd anunció el miércoles que la denuncia por asesinato afectará a los cuatro agentes implicados. La víctima fue inmovilizada y esposada por haber presuntamente intentado pagar en un negocio con un billete de 20 dólares falso. El dueño de la tienda que llamó a la policía mostró su arrepentimiento por haber denunciado y se ha ofrecido a pagar el entierro de Floyd. 

La amenaza del presidente estadounidense, revestida de crítica a Frey, alcalde demócrata de la ciudad que ha mostrado su indignación ante el hecho de que no se haya detenido a los agentes, y que ha mostrado su comprensión ante la indignación de los manifestantes, llega tras tres noches de disturbios, que se han extendido por numerosas ciudades.  El mandatario estadounidense, que ha acusado en su tuit a los manifestantes de faltar al honor del afroamericano asesinado, continuaba su intervención en Twitter con  un mensaje inquietante “when the looting starts, the shooting starts” (cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos). Hasta ahora, las manifestaciones han sido reprimidas con balas de gomas y gases lacrimógenos. 

El incendio y saqueo de la estación de policía durante la noche de ayer, pone de manifiesto la rabia que la población afroamericana siente hacia unas fuerzas de seguridad que acaban con su vida impunemente. Ya en las horas que siguieron a la viralización del vídeo en el que, a plena luz del día y ante la pasividad de los compañeros de Chauvin, se produce el homicidio, coches patrulla fueron destrozados e incendiados. 

Si bien Mineápolis ha sido el principal foco de los disturbios, con un primer despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el gobernador Tim Walz, tras la petición de ayuda del alcalde, las protestas se han extendido por el país y cientos de personas salieron a las calles en California, Chicago, Memphis. Nueva York, Oakland, Ohio y Colorado, según reportan medios del país.

Al grito de “No puedo respirar”, súplica que Floyd repitió varias veces mientras el agente Chauvi apretaba su rodilla contra el cuello del afroamericano, los disturbios han ido intensificándose en los últimos días, obteniendo la represión como respuesta. Tanto el alcalde como el abogado de la familia Floyd,Benjamin Crump, han llamado a la calma, y a la pacificación de las protestas. “No podemos caer al nivel de nuestros opresores y ponernos en peligro los unos a los otros cuando respondemos a la urgencia necesaria de alzar nuestras voces unidas y en ira. El saqueo y la violencia nos distrae de la fuerza de nuestra voz colectiva”, manifestaba el letrado en un comunicado hecho público ayer.

La muerte de Floyd y la impunidad de sus responsables se suma a una larga historia de violencia policial sin coste para sus autores. Las movilizaciones tras los hechos del lunes recuerdan a las que en 2014 sucedieron a los asesinatos por parte de la policía de Michael Brown y Eric Garner, en Ferguson, que dieron gran visibilidad al movimiento Black Lives Matter.

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Redacción El Salto

29 may 2020 09:20


La Guardia Nacional entra en Minneapolis tras declararse estado de emergencia

 

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha enviado a Minneapolis a la Guardia Nacional luego de que el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, declarase estado de emergencia local. El despliegue tiene como objetivo restaurar el orden luego de varias noches de violentas protestas, provocadas por la muerte de un afroamericano a manos de un policía.

Las manifestaciones arrasaron con varias cuadras del vecindario Longfellow, luego de que los enfrentamientos se extendieran por toda la ciudad en dos noches consecutivas de protestas violentas. Los participantes empezaron a arrojar piedras y botellas y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

​El detonante fue la muerte de George Floyd, quien, durante un arresto ocurrido el 25 de mayo, fue asfixiado por un agente de policía que mantuvo su rodilla sobre su cuello por casi ocho minutos. La víctima falleció en el hospital poco después. En un vídeo grabado por un transeúnte, se puede escuchar a Floyd diciendo que no podía respirar hasta que lentamente deja de hablar y de moverse.

Las autoridades estiman que las protestas continuarán por los próximos días. Algunas tiendas de Minneapolis y sus suburbios han cerrado o reducido su horario de trabajo por temor a nuevos enfrentamientos. El sistema de tren ligero de la ciudad cerró sus puertas y se planea suspender todo el servicio de autobuses.

El ayudante general de la Guardia Nacional trabajará con las agencias del gobierno local para proporcionar personal, equipo y las instalaciones necesarias para responder y recuperarse de esta emergencia. Además, la Patrulla del Estado de Minnesota proporcionará 200 soldados. Los helicópteros de la Patrulla y otros aviones también estarán disponibles para ayudar a los agentes del orden en tierra.

Por su parte, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, y la jefa de policía local, Medaria Arradondo, prometieron trabajar con los líderes de la comunidad local con la esperanza de pacificar las protestas. No obstante, Frey declaró una emergencia local de hasta 72 horas.

"Si sientes esa tristeza, esa ira, no solo es comprensible, es correcto. Es un reflejo de la verdad que nuestra comunidad negra ha vivido. Debemos creer que podemos ser mejores de lo que hemos sido", dijo Frey durante una conferencia de prensa al respecto.

Por su parte, el gobernador, Tim Walz, declaró que "la muerte de George Floyd debería conducir a la justicia y al cambio sistémico, no más muerte y destrucción".

"Es hora de reconstruir. Reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia y reconstruir la relación entre las fuerzas del orden y aquellos a quienes se les debe proteger", declaró Walz en un comunicado.

La vicepresidenta del Consejo de la Ciudad, Andrea Jenkins, reiteró los llamados para que la gente protestara pacíficamente, señalando que muchas de las estructuras que fueron incendiadas en los disturbios de la noche anterior cumplen funciones vitales durante una pandemia, vendiendo comida y llenando recetas, por ejemplo.

"Necesitamos paz y tranquilidad en nuestras calles y ruego por esa calma", señaló Jenkins.

Sputnik

23:17 GMT 28.05.2020(actualizada a las 04:18 GMT 29.05.2020) URL corto

Publicado enInternacional
https://www.lapatria.com/nacional/asesinatos-de-lideres-sociales-reflejan-deterioro-en-colombia-451188

La disputa por el control de la tierra y del territorio rural no cesa en Colombia: posicionamiento de viejos y nuevos actores armados, narcotráfico, minería ilegal, y con ello el despojo de tierra, el desplazamiento de sus pobladores, el asesinato sistemático de liderazgos sociales. Estos y otros son los factores de un virus que de vieja data y con renovada potencia afecta a esta parte de nuestro país.

 

Según la organización de derechos humanos Indepaz, en Colombia se reportan 95 líderes y lideresas asesinados desde enero hasta los primeros días de mayo. Esta situación tiene un agravante y es que desde el inicio de la peste por covid-19 los liderazgos sociales blanco de sicariato suman 32, de ellos 19 en medio de la medida del confinamiento obligatorio en todo el país e iniciado el 23 de marzo.

El combustible del conflicto. Este atentado permanente contra la vida de quienes asumen el liderazgo en sus comunidades tiene especial realce en regiones donde hay sembradas grandes extensiones de hoja de coca, territorios con corredores estratégicos de vital importancia para el narcotráfico ya que le permiten salir a la frontera marítima.

En estos territorios, al mismo tiempo, se disputa el control de la extracción de minerales, así como la implementación de proyectos extractivistas en general. Es decir, la disputa por el control territorial no es casual, ella se ubica dentro de la lógica de un conflicto armado de vieja data que no logró cerrarse con el acuerdo firmado por las Farc y el gobierno nacional, disputa por el territorio que también se inscribe y alimenta con sus flujos financieros la economía nacional y global, del que se benerician los conglomerados financieros criollos e internacionales. Ante ello, la militarización es la única oferta que llega a las comunidades de parte del Estado central. Carburante para la multiplicación de la guerra.

A propósito de esta situación, desdeabajo entrevistó a distintos procesos organizativos que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y que en los últimos meses algunos de sus integrantes han sido blanco de ataque nuevamente en esta guerra que parece de nunca acabar. Son las palabras de estas personas las que pueden realizar un diagnóstico ejemplar de las principales problemáticas de la ruralidad colombiana, al mismo tiempo que proponer las soluciones y alternativas que necesita el campo colombiano. Aquí sus palabras:

 

“Enfrentamos una pandemia histórica”
Entrevista a Ernesto Alexander Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA), organización campesina que se encuentra en 22 departamentos del país.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del campesinado en medio de la pandemia del covid-19?
Ernesto Alexander Roa (EAR). Los campesinos y campesinas enfrentamos una pandemia histórica con manifestación de exclusión, marginación, persecución y en este sentido la muerte y el despojo, todo ello parte sustancial de la política de un Estado que responde a unas políticas de un sistema capitalista.


Realidad que no ha cambiado en el marco de esta coyuntura mundial, por el contrario se profundiza mucho más. Prolongación de una política pese al papel estratégico que jugamos los campesinos en la lucha por la soberanía y garantía de la alimentación y el cuidado del territorio y de los bienes comunes de la naturaleza.

Por desfortuna el panorama nacional no es tan favorable para quienes habitamos el campo, porque la política neoliberal extractivista se profundiza y con ella la guerra que imponen para Colombia, con la que llega y se prolonga el exterminio del movimiento social, en particular del movimiento campesino que lo consideran un estorbo para el desarrollo de los grandes megaproyectos que aspiran implementar desde actores internacionales. Entonces, en el marco de la pandemia seguimos siendo objeto de persecución, estigmatización, judicialización, amenaza, despojo, tratamiento militar.

da. Las regiones en donde se están presentando los asesinatos de los liderazgos sociales responden a la lógica de un modelo económico y de reagrupación del poder, ¿Cómo valoran esta situación y qué acciones han decidido emprender para el futuro y el autocuidado de la organización?
EAR. Como CNA hemos sido víctimas históricas, solo que hoy esto toma más fuerza. Desde marzo de 2020, hasta lo corrido de mayo, llevamos cerca de 10 compañeros asesinados, incluidos compañeros de la junta nacional de la organización en Putumayo y Cauca, eso sin mencionar los intentos de homicidio acaecidos en distintas regiones como Arauca, en donde el Ejército ha disparado de manera indiscriminada sobre los puntos de Guardia Campesina que realizan un ejercicio de pedagogía sobre la coyuntura que estamos viviendo.

El despliegue de violencia homicida, del despojo y de la amenaza, está focalizada en los territorios donde hay gran concentración de cultivos de hoja de coca. Como CNA hemos dicho que la coca no es una alternativa, nuestra alternativa es la autonomía y soberanía alimentaria; hemos dicho que los territorios campesinos agroalimentarios nacen como una propuesta para frenar, controlar y confrontar de mejor manera los proyectos extractivistas que se vienen implementando en los territorios que van en contravía y en detrimento de la vida digna.


“El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de los territorios”
Entrevista a Olga Lucía Quintero Sierra, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual en el Catatumbo?
Olga Lucía Quintero Sierra (Olqs). La situación es compleja. Si hablamos desde que se declaró la pandemia, resaltar que no han llegado ayudas humanitarias para las familias que más lo necesitan, ni tampoco hay un sistema de salud adecuado en la región. Pero a esto debemos sumarle la situación de vulneración de los derechos humanos que no ha parado: en lo que va corrido del año han asesinado cuatro líderes en el departamento, tres de ellos en el Catatumbo y uno en Puerto Santander. Así mismo, desde el 11 de marzo se han incrementado las erradicaciones forzadas violentas en las regiones de Sardinata, Zulia y área rural de Cúcuta, y en su marco el 26 de marzo un miembro del Ejército asesinó al joven Alejandro Carvajal, de 20 años, sobrino de una dirigente de Ascamcat que se encontraba en un asentamiento campesino precisamente como un mecanismo de defensa del territorio y para evitar la erradicación forzada.

da. Desde la visión de Ascamcat, ¿cuál es la razón para el asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país?
Olqs. Hay mucha coincidencia que en las regiones donde se está erradicando se está asesinando a los liderazgos sociales, los mismos que trabajan fuertemente en los territorios, que hablan de la implementación del Acuerdo de Paz y específicamente apoyan el punto cuatro de solución al problema de las drogas ilícitas, como ha pasado con los líderes de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos y con líderes comunales. El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de lo que pasa en los territorios. También llama mucho la atención que el Ejército haya estado perfilando líderes y periodistas, no conocemos la lista completa, pero aquí el gobierno es el que está en contra de la implementación del Acuerdo de Paz; entonces, nos preguntamos, ¿dónde están las garantías?

“Estos territorios son estratégicos”
Entrevista a Rider Pai Nastacuas, Consejero Mayor de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), ubicada en el departamento de Nariño.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del pueblo indígena Awá?
Rider Pai Nastacuas (RPN). Como pueblo indígena Awá vemos varias preocupaciones. En el territorio Awá siempre hemos sido víctimas del conflicto armado que vive nuestro país, así mismo en el mes de marzo y mayo hubo asesinatos de indígenas de nuestro pueblo, como también amenazas. Toda esta situación nos preocupa bastante, pues somos un pueblo que su forma de vida cultural, territorial y organizacional tiene la forma de vivir dispersos y de difícil acceso para llegar a los resguardos. Asimismo, somos un pueblo fronterizo que se ubica en regiones muy estratégicas para los actores armados que operan en la región.

Hoy, con la llegada de esta enfermedad que viene amenazando al ser humano a nivel mundial, nos sentimos bastante preocupados porque en las condiciones en las que estamos viviendo es muy difícil atender las poblaciones con medicina. Pero, además, las familias tienen enfermedades presentes históricamente, como el paludismo y la tuberculosis, entonces nos preocupa bastante porque son muchas las necesidades.

da. ¿Cuáles son las principales razones para las amenazas y asesinatos que padecen como pueblo Awá?
RNP. Hemos hecho un balance de toda la situación vivida históricamente y los territorios nuestros son estratégicos, hay muchos intereses por minería ilegal, por la siembra de cultivos de coca. Otras situaciones bastante duras tienen que ver con el trabajo que llevamos como autoridades y guardias para el control territorial en los resguardos. Es así como vemos que la situación nos pone en alto riesgo cuando hacemos parte de la lucha y la resistencia para prevenir, proteger y fortalecer el mismo sistema de gobierno propio.

Desde el 2016 hasta acá tenemos 40 compañeros y compañeras asesinados, en donde hay asesinatos de mayores, autoridades, jóvenes y menores de edad. Lo que miramos es que después del Acuerdo de Paz se han organizado nuevos grupos que realizan un nuevo control territorial. También vemos un cambio de estrategia en la forma de actuar de estos grupos contra las organizaciones de base, sociales o indígenas, pues la forma de actuar es la de matar a nuestros jóvenes y amenazarlos, lo que implica una situación de exterminio del pueblo Awá.

 

“Hemos vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo”

Entrevista a Arnobis Zapata Martínez, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), organización que se encuentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Arauca, Norte de Santander, entre otros.

desdeabajo (da). ¿Cuál es el contexto actual de las regiones en donde se encuentra la Coccam?
Arnobis Zapata Martínez (AZM). El contexto general de estas regiones es que son zonas abandonadas por el Estado, en donde los campesinos han tenido que acudir desde hace mucho tiempo al cultivo de la coca como única forma de subsistencia. En estas zonas se ha vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo, el mismo que se ha incrementado después de la firma del Acuerdo de Paz por nuevos actores –grupos paramilitares, disidencias y otro tipo de grupos que se han venido formando para copar el territorio dejado por las Farc. Además, la única presencia del Estado es a través del Ejército, otro actor armado en los territorios.

da. ¿Cómo van con el acceso, propiedad y restitución de tierras en estas regiones?
AZM. Este tema no tiene avance alguno. A los lugares identificados en el Acuerdo de Paz se les hizo planes de desarrollo con enfoque territorial, pero hasta el momento no hay un desarrollo de esos planes. En cuanto al acceso a la tierra, tampoco hay avances que puedan significar una mención específica, esto sigue en las mismas condiciones que se encontraba antes del Acuerdo de Paz. Con el tema de restitución de tierras, lo que ha habido es un atraso, porque estos grupos armados que han llegado han hecho retroceder los procesos en muchas zonas donde había algún avance.

da. ¿Qué nos puede contar en cuanto a la sustitución de cultivos de coca por parte de las comunidades?
AZM. Vemos un avance en inscripción de las familias al programa de sustitución de cultivos, con un cumplimiento muy grande por parte de las comunidades, pero un incumplimiento enorme por parte del Gobierno, que dejó a un lado sus compromisos. En este momento el programa de sustitución tiene serios retrasos en su implementación en cuanto a temas como los proyectos productivos, lo que genera desespero y pérdida de confianza entre los campesinos.

La erradicación con glifosato se implementó hace mucho tiempo y en ello se gastaron miles y miles de millones de pesos y no funcionó, no lograron absolutamente nada más allá de contaminar el ambiente, de contaminar la tierra. Creemos que la única forma para evitar el cultivo de la coca es a través de los programas de sustitución voluntaria, que ya han demostrado ser una herramienta efectiva para que los campesinos no vuelvan a sembrar. Lo que hay que hacer es transformar las condiciones que los campesinos tienen en los territorios para así cambiar de economía.

da. ¿Cómo evalúan la situación de asesinatos de liderazgos sociales a lo largo de todo el territorio nacional, y cómo se han visto afectados por esta situación en la Coccam?
AZM. El panorama es bastante complicado, más que todo en zonas como Nariño, Putumayo, Catatumbo y Bajo Cauca, que son zonas que siempre han estado en el marco del conflicto. Han matado y están asesinando líderes, incluso aprovechado que los líderes están en sus casas confinados para asesinarlos; en el Putumayo mataron a un compañero de la Coccam, así mismo a dos campesinos los asesinaron en el marco de las erradicaciones forzosas y el enfrentamiento con el Ejército en los territorios.

*Integrante equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur.

 


Recuadro

 

“Estamos ante la continuidad del exterminio”

 

Entrevista a Jhon León, defensor de Derechos Humanos, integrante de la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas del Partido Farc.
desdeabajo. ¿Cuál es la situación actual de los excombatientes en proceso de reincorporación?
Jhon León. En los territorios vivimos una gravísima situación humanitaria, ligada a la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz, y de lo cual dan testimonio plataformas de Derechos Humanos como Somos Defensores o Indepaz: 95 líderes sociales asesinados en lo corrido del año. A esto se suma el sistemático asesinato de excombatientes: el viernes 8 de mayo se logró identificar otro excombatiente –en proceso de reincorporación– asesinado e incinerado en el municipio de Bello-Antioquia–, y con él en lo corrido de este año son aproximadamente 25 firmantes del Acuerdo asesinados, de una cifra que se acerca casi a los 200 desde la firma del Acuerdo de Paz.
Entonces, estamos ante la continuidad del exterminio, del asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, y ante la presencia y reagrupamiento de grupos paramilitares en distintas zonas del país, diría uno bajo la complicidad –o al menos la omisión– del Estado colombiano al no cumplir con las garantías mínimas de seguridad integral en los territorios y, con ello, el incumplimiento de los Acuerdos en materia de seguridad pero, en general, de los Acuerdos de Paz en su conjunto, lo que nos lleva a repetir el ciclo de violencia en los territorios.

 

 

 

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Publicado enEdición Nº268
https://www.lapatria.com/nacional/asesinatos-de-lideres-sociales-reflejan-deterioro-en-colombia-451188

La disputa por el control de la tierra y del territorio rural no cesa en Colombia: posicionamiento de viejos y nuevos actores armados, narcotráfico, minería ilegal, y con ello el despojo de tierra, el desplazamiento de sus pobladores, el asesinato sistemático de liderazgos sociales. Estos y otros son los factores de un virus que de vieja data y con renovada potencia afecta a esta parte de nuestro país.

 

Según la organización de derechos humanos Indepaz, en Colombia se reportan 95 líderes y lideresas asesinados desde enero hasta los primeros días de mayo. Esta situación tiene un agravante y es que desde el inicio de la peste por covid-19 los liderazgos sociales blanco de sicariato suman 32, de ellos 19 en medio de la medida del confinamiento obligatorio en todo el país e iniciado el 23 de marzo.

El combustible del conflicto. Este atentado permanente contra la vida de quienes asumen el liderazgo en sus comunidades tiene especial realce en regiones donde hay sembradas grandes extensiones de hoja de coca, territorios con corredores estratégicos de vital importancia para el narcotráfico ya que le permiten salir a la frontera marítima.

En estos territorios, al mismo tiempo, se disputa el control de la extracción de minerales, así como la implementación de proyectos extractivistas en general. Es decir, la disputa por el control territorial no es casual, ella se ubica dentro de la lógica de un conflicto armado de vieja data que no logró cerrarse con el acuerdo firmado por las Farc y el gobierno nacional, disputa por el territorio que también se inscribe y alimenta con sus flujos financieros la economía nacional y global, del que se benerician los conglomerados financieros criollos e internacionales. Ante ello, la militarización es la única oferta que llega a las comunidades de parte del Estado central. Carburante para la multiplicación de la guerra.

A propósito de esta situación, desdeabajo entrevistó a distintos procesos organizativos que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y que en los últimos meses algunos de sus integrantes han sido blanco de ataque nuevamente en esta guerra que parece de nunca acabar. Son las palabras de estas personas las que pueden realizar un diagnóstico ejemplar de las principales problemáticas de la ruralidad colombiana, al mismo tiempo que proponer las soluciones y alternativas que necesita el campo colombiano. Aquí sus palabras:

 

“Enfrentamos una pandemia histórica”
Entrevista a Ernesto Alexander Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA), organización campesina que se encuentra en 22 departamentos del país.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del campesinado en medio de la pandemia del covid-19?
Ernesto Alexander Roa (EAR). Los campesinos y campesinas enfrentamos una pandemia histórica con manifestación de exclusión, marginación, persecución y en este sentido la muerte y el despojo, todo ello parte sustancial de la política de un Estado que responde a unas políticas de un sistema capitalista.


Realidad que no ha cambiado en el marco de esta coyuntura mundial, por el contrario se profundiza mucho más. Prolongación de una política pese al papel estratégico que jugamos los campesinos en la lucha por la soberanía y garantía de la alimentación y el cuidado del territorio y de los bienes comunes de la naturaleza.

Por desfortuna el panorama nacional no es tan favorable para quienes habitamos el campo, porque la política neoliberal extractivista se profundiza y con ella la guerra que imponen para Colombia, con la que llega y se prolonga el exterminio del movimiento social, en particular del movimiento campesino que lo consideran un estorbo para el desarrollo de los grandes megaproyectos que aspiran implementar desde actores internacionales. Entonces, en el marco de la pandemia seguimos siendo objeto de persecución, estigmatización, judicialización, amenaza, despojo, tratamiento militar.

da. Las regiones en donde se están presentando los asesinatos de los liderazgos sociales responden a la lógica de un modelo económico y de reagrupación del poder, ¿Cómo valoran esta situación y qué acciones han decidido emprender para el futuro y el autocuidado de la organización?
EAR. Como CNA hemos sido víctimas históricas, solo que hoy esto toma más fuerza. Desde marzo de 2020, hasta lo corrido de mayo, llevamos cerca de 10 compañeros asesinados, incluidos compañeros de la junta nacional de la organización en Putumayo y Cauca, eso sin mencionar los intentos de homicidio acaecidos en distintas regiones como Arauca, en donde el Ejército ha disparado de manera indiscriminada sobre los puntos de Guardia Campesina que realizan un ejercicio de pedagogía sobre la coyuntura que estamos viviendo.

El despliegue de violencia homicida, del despojo y de la amenaza, está focalizada en los territorios donde hay gran concentración de cultivos de hoja de coca. Como CNA hemos dicho que la coca no es una alternativa, nuestra alternativa es la autonomía y soberanía alimentaria; hemos dicho que los territorios campesinos agroalimentarios nacen como una propuesta para frenar, controlar y confrontar de mejor manera los proyectos extractivistas que se vienen implementando en los territorios que van en contravía y en detrimento de la vida digna.


“El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de los territorios”
Entrevista a Olga Lucía Quintero Sierra, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual en el Catatumbo?
Olga Lucía Quintero Sierra (Olqs). La situación es compleja. Si hablamos desde que se declaró la pandemia, resaltar que no han llegado ayudas humanitarias para las familias que más lo necesitan, ni tampoco hay un sistema de salud adecuado en la región. Pero a esto debemos sumarle la situación de vulneración de los derechos humanos que no ha parado: en lo que va corrido del año han asesinado cuatro líderes en el departamento, tres de ellos en el Catatumbo y uno en Puerto Santander. Así mismo, desde el 11 de marzo se han incrementado las erradicaciones forzadas violentas en las regiones de Sardinata, Zulia y área rural de Cúcuta, y en su marco el 26 de marzo un miembro del Ejército asesinó al joven Alejandro Carvajal, de 20 años, sobrino de una dirigente de Ascamcat que se encontraba en un asentamiento campesino precisamente como un mecanismo de defensa del territorio y para evitar la erradicación forzada.

da. Desde la visión de Ascamcat, ¿cuál es la razón para el asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país?
Olqs. Hay mucha coincidencia que en las regiones donde se está erradicando se está asesinando a los liderazgos sociales, los mismos que trabajan fuertemente en los territorios, que hablan de la implementación del Acuerdo de Paz y específicamente apoyan el punto cuatro de solución al problema de las drogas ilícitas, como ha pasado con los líderes de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos y con líderes comunales. El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de lo que pasa en los territorios. También llama mucho la atención que el Ejército haya estado perfilando líderes y periodistas, no conocemos la lista completa, pero aquí el gobierno es el que está en contra de la implementación del Acuerdo de Paz; entonces, nos preguntamos, ¿dónde están las garantías?

“Estos territorios son estratégicos”
Entrevista a Rider Pai Nastacuas, Consejero Mayor de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), ubicada en el departamento de Nariño.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del pueblo indígena Awá?
Rider Pai Nastacuas (RPN). Como pueblo indígena Awá vemos varias preocupaciones. En el territorio Awá siempre hemos sido víctimas del conflicto armado que vive nuestro país, así mismo en el mes de marzo y mayo hubo asesinatos de indígenas de nuestro pueblo, como también amenazas. Toda esta situación nos preocupa bastante, pues somos un pueblo que su forma de vida cultural, territorial y organizacional tiene la forma de vivir dispersos y de difícil acceso para llegar a los resguardos. Asimismo, somos un pueblo fronterizo que se ubica en regiones muy estratégicas para los actores armados que operan en la región.

Hoy, con la llegada de esta enfermedad que viene amenazando al ser humano a nivel mundial, nos sentimos bastante preocupados porque en las condiciones en las que estamos viviendo es muy difícil atender las poblaciones con medicina. Pero, además, las familias tienen enfermedades presentes históricamente, como el paludismo y la tuberculosis, entonces nos preocupa bastante porque son muchas las necesidades.

da. ¿Cuáles son las principales razones para las amenazas y asesinatos que padecen como pueblo Awá?
RNP. Hemos hecho un balance de toda la situación vivida históricamente y los territorios nuestros son estratégicos, hay muchos intereses por minería ilegal, por la siembra de cultivos de coca. Otras situaciones bastante duras tienen que ver con el trabajo que llevamos como autoridades y guardias para el control territorial en los resguardos. Es así como vemos que la situación nos pone en alto riesgo cuando hacemos parte de la lucha y la resistencia para prevenir, proteger y fortalecer el mismo sistema de gobierno propio.

Desde el 2016 hasta acá tenemos 40 compañeros y compañeras asesinados, en donde hay asesinatos de mayores, autoridades, jóvenes y menores de edad. Lo que miramos es que después del Acuerdo de Paz se han organizado nuevos grupos que realizan un nuevo control territorial. También vemos un cambio de estrategia en la forma de actuar de estos grupos contra las organizaciones de base, sociales o indígenas, pues la forma de actuar es la de matar a nuestros jóvenes y amenazarlos, lo que implica una situación de exterminio del pueblo Awá.

 

“Hemos vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo”

Entrevista a Arnobis Zapata Martínez, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), organización que se encuentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Arauca, Norte de Santander, entre otros.

desdeabajo (da). ¿Cuál es el contexto actual de las regiones en donde se encuentra la Coccam?
Arnobis Zapata Martínez (AZM). El contexto general de estas regiones es que son zonas abandonadas por el Estado, en donde los campesinos han tenido que acudir desde hace mucho tiempo al cultivo de la coca como única forma de subsistencia. En estas zonas se ha vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo, el mismo que se ha incrementado después de la firma del Acuerdo de Paz por nuevos actores –grupos paramilitares, disidencias y otro tipo de grupos que se han venido formando para copar el territorio dejado por las Farc. Además, la única presencia del Estado es a través del Ejército, otro actor armado en los territorios.

da. ¿Cómo van con el acceso, propiedad y restitución de tierras en estas regiones?
AZM. Este tema no tiene avance alguno. A los lugares identificados en el Acuerdo de Paz se les hizo planes de desarrollo con enfoque territorial, pero hasta el momento no hay un desarrollo de esos planes. En cuanto al acceso a la tierra, tampoco hay avances que puedan significar una mención específica, esto sigue en las mismas condiciones que se encontraba antes del Acuerdo de Paz. Con el tema de restitución de tierras, lo que ha habido es un atraso, porque estos grupos armados que han llegado han hecho retroceder los procesos en muchas zonas donde había algún avance.

da. ¿Qué nos puede contar en cuanto a la sustitución de cultivos de coca por parte de las comunidades?
AZM. Vemos un avance en inscripción de las familias al programa de sustitución de cultivos, con un cumplimiento muy grande por parte de las comunidades, pero un incumplimiento enorme por parte del Gobierno, que dejó a un lado sus compromisos. En este momento el programa de sustitución tiene serios retrasos en su implementación en cuanto a temas como los proyectos productivos, lo que genera desespero y pérdida de confianza entre los campesinos.

La erradicación con glifosato se implementó hace mucho tiempo y en ello se gastaron miles y miles de millones de pesos y no funcionó, no lograron absolutamente nada más allá de contaminar el ambiente, de contaminar la tierra. Creemos que la única forma para evitar el cultivo de la coca es a través de los programas de sustitución voluntaria, que ya han demostrado ser una herramienta efectiva para que los campesinos no vuelvan a sembrar. Lo que hay que hacer es transformar las condiciones que los campesinos tienen en los territorios para así cambiar de economía.

da. ¿Cómo evalúan la situación de asesinatos de liderazgos sociales a lo largo de todo el territorio nacional, y cómo se han visto afectados por esta situación en la Coccam?
AZM. El panorama es bastante complicado, más que todo en zonas como Nariño, Putumayo, Catatumbo y Bajo Cauca, que son zonas que siempre han estado en el marco del conflicto. Han matado y están asesinando líderes, incluso aprovechado que los líderes están en sus casas confinados para asesinarlos; en el Putumayo mataron a un compañero de la Coccam, así mismo a dos campesinos los asesinaron en el marco de las erradicaciones forzosas y el enfrentamiento con el Ejército en los territorios.

*Integrante equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur.

 


Recuadro

 

“Estamos ante la continuidad del exterminio”

 

Entrevista a Jhon León, defensor de Derechos Humanos, integrante de la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas del Partido Farc.
desdeabajo. ¿Cuál es la situación actual de los excombatientes en proceso de reincorporación?
Jhon León. En los territorios vivimos una gravísima situación humanitaria, ligada a la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz, y de lo cual dan testimonio plataformas de Derechos Humanos como Somos Defensores o Indepaz: 95 líderes sociales asesinados en lo corrido del año. A esto se suma el sistemático asesinato de excombatientes: el viernes 8 de mayo se logró identificar otro excombatiente –en proceso de reincorporación– asesinado e incinerado en el municipio de Bello-Antioquia–, y con él en lo corrido de este año son aproximadamente 25 firmantes del Acuerdo asesinados, de una cifra que se acerca casi a los 200 desde la firma del Acuerdo de Paz.
Entonces, estamos ante la continuidad del exterminio, del asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, y ante la presencia y reagrupamiento de grupos paramilitares en distintas zonas del país, diría uno bajo la complicidad –o al menos la omisión– del Estado colombiano al no cumplir con las garantías mínimas de seguridad integral en los territorios y, con ello, el incumplimiento de los Acuerdos en materia de seguridad pero, en general, de los Acuerdos de Paz en su conjunto, lo que nos lleva a repetir el ciclo de violencia en los territorios.

Publicado enColombia
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