Lunes, 27 Junio 2022 07:44

Diplomacias

Diplomacias

El asunto claramente no es de tipo "me encanta".

Pero, mientras me torcía de rabia, me encantó observar cómo tras el asesinato de Shireen Abu Akleh, una periodista palestina de Al Jazeera (bit.ly/3zSG8aK) y una de las más prominentes comunicadoras del mundo árabe, alcanzada a principios de mayo por una bala de un francotirador israelí durante una "redada antiterrorista" en Jenin (bit.ly/3zUJ1rp) en los territorios ocupados de Cisjordania, la "hasbara", la propaganda del Estado de Israel (bit.ly/3OffOMk), diseñada para desviar las responsabilidad de sus fuerzas armadas (IDF) y del gobierno, se desnudó por completo, exponiendo su núcleo principal: mentira, mentira, mentira (y todo para dar un vuelco completo de 180 grados).

Primero ha sido: “¿De qué toda esta bulla, los periodistas en Cisjordania son blancos legítimos (sic), al final andan ‘armados de cámaras’ (sic)...”, no, no lo estoy inventando ( nyti.ms/3n4Gfbw nyti.ms/3n4Gfbw).

Luego: "No hemos sido nosotros, definitivamente han sido los propios combatientes palestinos" (bit.ly/3nbRJdg).

Luego: "No se sabe quién fue y será imposible determinarlo" (bit.ly/3n7kLLl).

Después: "Es probable que hayamos sido nosotros, alguna bala perdida, ya saben...", o sea: "No han sido los combatientes palestinos, la matamos nosotros, pero nosotros matamos a los civiles sólo por error, ellos los matan a propósito" (bit.ly/39IumoE).

Y finalmente de modo tácito de la boca de uno que otro oficial: "Hemos sido nosotros y ¿qué nos van a hacer...?", todo acompañado a largo de este salto mortale propagandístico por los habituales “puntos de discusión’ hasbaristas: "Ya mejor hablemos de algo otro, no es más terrible la situación en otros países, ¡¿acaso son antisemitas al insistir tanto en hablar de Israel?!"

He aquí en acción la "diplomacia pública israelí", el eufemismo burocrático para la "hasbara" −no, tampoco lo estoy inventando (bit.ly/3tWnUkW)−, que él mismo parece salido de esta picadora de carne orwelliana, el más grande esfuerzo de la propaganda estatal en el mundo de hoy, con su propia secretaria en el gobierno (aunque "hasbara" quiere decir "explicación" [de las políticas de Israel] y para la "propaganda" hay otra palabra en hebreo, esta es su esencia).

Al final alguien tiene que ir tapando "diplomáticamente" la cloaca de crímenes coloniales del sionismo: literalmente miles y miles de civiles palestinos asesinados en las últimas dos décadas, incluidos más de 140 periodistas (sic).

Si bien los medios occidentales (BBC, The Guardian, The New York Times, etc.) que a menudo tragan y reproducen la propaganda israelí, algo que los hace corresponsables por las masacres y la impunidad persistente (bit.ly/39NfyoN), al principio a pesar de claros testimonios palestinos reprodujeron la desinformación y los "puntos" del ejército −que "Abu Akleh murió por fuego palestino" (bit.ly/39IngQU)−, o reportaron el suceso en habituales términos pasivos −"Abu Akleh muere a los 51 años" [solita, vaya...] (bit.ly/39NjEgE)−, al final dieron su propio vuelco y un golpe a las mentiras de la "diplomacia" israelí.

Primero: la investigación de CNN estableció que no había ningunos militantes palestinos en la vecindad y que la periodista fue víctima de un ataque premeditado de un francotirador israelí ( cnn.it/3HEpXiY).

Para Israel seguían siendo “ fake facts” (bit.ly/39IQRtP).

Luego: la investigación de Washington Post igualmente confirmó lo que los palestinos decían desde el principio −Abu Akleh fue un blanco premeditado de las IDF (otro de sus colegas quedó herido)−, exponiendo de paso las cambiantes versiones de la "hasbara" ( wapo.st/3yatSkB, wapo.st/3xMTimL).

A estas alturas ya era "tal vez hemos sido nosotros".

Y finalmente, hace unos días, un material de New York Times rastreó literalmente la fatal bala directamente a un convoy de las IDF ( nyti.ms/39K8ucA).

No hay nada más que añadir.

Claro. Los grandes medios tardaron semanas en señalar a los asesinos, algo que no ocurre, por ejemplo, con la cobertura de la guerra en Ucrania, donde los periodistas y los civiles, incluso los involucrados en una resistencia armada, gozan de una simpatía unánime y donde la ocupación rusa siempre es "abominable", mientras la ocupación sin fin de Palestina es apenas mencionada (bit.ly/3QF2Qc7).

Pero yo digo que algo es algo.

Además, este asesinato dejó mal paradas a la administración y la diplomacia de Joe Biden en vísperas de su gira por Medio Oriente (primero a Arabia Saudita, luego a Israel): ocurre que Abu Akleh tenía también la ciudadanía estadunidense, pero bueno, no es que por ello le haya dado a alguien mucho insomnio en Washington (bit.ly/3HLyIbh).

Aun así −esto también me encantó− la proximidad de la visita a Riad y a Tel Aviv resaltó, como bien notó uno de los comentaristas, el orden de la permisividad hacia los aliados en la región.

Los sauditas pueden matar sólo a los periodistas-residentes permanentes estadunidenses (Jamal Khashoggi asesinado, descuartizado y disuelto en ácido por los verdugos del príncipe bin Salmán); los israelíes, los aliados incondicionales, pueden asesinar impunemente a los periodistas-ciudadanos.

La diplomacia de Biden se limitó −desde luego nada de exigir justicia, ni siquiera esclarecimiento− a pedir a sus compadres israelíes "bajar las tensiones", un eufemismo digno de la propia "hasbara" para: "No sean malitos, no maten a ningún otro periodista hasta que el Air Force One no salga de su espacio aéreo".

Publicado enInternacional
Comunicado urgente: 9 personas asesinadas y 4 capturados (retenidos ilegalmente) en Puerto Leguízamo-Putumayo

Denuncia y solicitud de acción urgente' por los homicidios que tuvieron lugar en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), 29 de marzo de 2022


La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) presenta la siguiente solicitud de ACCIÓN URGENTE dentro de cada una de sus funciones a las siguientes entidades:

  • Al Ejército Nacional que cese de manera inmediata el homicidio a través de la modalidad de FALSOS POSITIVOS, de la población civil del municipio de Leguízamo en el Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades.
  • Al Ministerio de Defensa para que se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros sino población civil.
  • A la Fiscalía General de la Nación para que investigue las condiciones reales en las que ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército Nacional.
  • Al CTI para que en su función de Policía Judicial garantice una investigación objetiva y garante del derecho. Que se proteja la cadena de custodia y no se permita la alteración de la escena por parte de la Fuerza Pública.
  • Al Ministerio Público para que se dirija de manera inmediata al lugar de los hechos y garantice la protección de la escena de los hechos.
  • A la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus funciones legales, haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en este FALSO POSITIVO, incluyendo al Ministro de Defensa DIEGO MOLANO.
  • A las Agencias Internacionales y organizaciones defensoras de DDHH incluir los hechos relacionados en esta ACCIÓN URGENTE en los informes sobre la situación de DDHH y DIH en Colombia, así como emitir solicitudes a las instituciones de Estado que se investiguen los hechos que se narrarán a continuación, hallando a sus responsables. HECHOS

1. El día lunes 28 de marzo de 2022 el señor Ministro de Defensa Diego Molano el día 28 de marzo de 2022 a las 4:35 pm, mediante su cuenta de Twitter informó que la Fuerza Pública había “neutralizado” (asesinado) a 9 personas y capturado (retenido ilegalmente) a otras 4 más en Puerto Leguízamo – Putumayo.
2. Según la información dada por el funcionario se habría tratado de enfrentamientos entre las fuerzas de Estado y presuntamente disidentes de las FARC.
3. Sin embargo, la información dada por el funcionario no concuerda con la realidad y se contradice con información que en estos momentos ha empezado a surgir tanto de testimonios de sobrevivientes y familiares, así como de medios de comunicación alternativos.
4. El medio de comunicación “Andrés Prensa”, en la noche de ayer realizó un Facebook Life. En este espacio entrevistó a un hermano y a un tío de una de las víctimas del Estado. El link de la entrevista se adjunta al presente documento: (https://m.facebook.com/AndresCardosoPeriodista/videos/live-%C3%BAltimahora-atenci%C3%B3n-familia-de-dos-personas-que-murieron-en-zona-rural-del-/319060500214331/?_rdr) y sobre el cual se presenta la siguiente síntesis: indican que el Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos. Que dicha actividad era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda. En este espacio se encontraban el señor DIVIER HERNÁNDEZ y su mujer (desconocemos los datos), padres de dos menores de edad de 6 y 2 años.
5. El Ejército abrió fuego contra los asistentes de la actividad comunal asesinando a nueve personas.
6. Dentro de los occisos se encuentran los señores previamente aludidos que dejan huérfanos a los dos menores de edad. Quienes además tendían una suma aproximada de 11 millones de pesos como consecuencia de la recolección de fondos del bazar comunal.
7. Dentro de las personas asesinadas por el Ejército Nacional se encuentra la autoridad indígena y Gobernador del Pueblo Kitcwhwa, PABLO PANDURO COQUINCHE identificado con la c.c. 97.448.098.
8. Se adjunta al presente documento el acta de posesión no. 033 de 2022 mediante la cual el Cabildo Indígena Kicwa del Resguardo Bajo Remanso del Municipio de Leguízamo – Putumayo presentó al Alcalde las autoridades escogidas el 15 de enero del presente año para ejercer cargos de su pueblo. Se observa el nombre de PABLO PANDURO COQUINCHE identificado con la C.C. 97.448.098 como Gobernador.
9. Como se observa, dentro de las víctimas del proceder ilícito de la Fuerza Pública, se cuentan además de padres de familia un Gobernador Indígena en ejercicio.


ANTECEDENTES


En Colombia el conflicto armado ha dejado millones de víctimas, siendo los Pueblos Indígenas uno de los grupos más afectados: homicidios, desplazamiento, violaciones, desapariciones, entre otros, representan el efecto de la violencia en nuestros territorios.


Grupos armados ilegales, colonos, “ganaderos” y “empresarios” han sido parte de los victimarios que hoy tienen sitiados nuestros territorios. Sin embargo, y con gran preocupación vemos como el Estado a través de la Fuerza Pública ha cometido miles de delitos en nuestra contra. Se califico a una parte de este proceder como FALSOS POSITIVOS: Homicidios de personas civiles presentados como guerrilleros para ofrecer resultados ante la opinión pública.


La Jurisdicción Especial para la Paz, cuenta más de 6402 casos de falsos positivos durante el conflicto y hasta el año 2016. Lamentablemente, esa práctica repudiable, especialmente del Ejército, no ha cesado y hoy, podemos ver como sigue siendo empleado como estrategia de guerra y de política. Vender miedo y “resultados” para seguir en el poder.


Este caso que hoy nos enluta es, sin lugar a dudas, un caso nefasto de FALSOS POSITIVO en el que el Ejército Nacional masacró a nueve personas y tiene retenidas ilegalmente a otras 4.


Pero además de la masacre y del secuestro de civiles, advertimos la gravedad de que uno de las víctimas de Estado es un Gobernador en ejercicio de un Pueblo Indígena. Esto constituye no solo un daño en su persona y su familia sino un daño colectivo, pues al atentar contra una autoridad, toda la comunidad se ve afectada, se rompe el tejido social, se debilitan las estructuras sociales, se atenta contra la autonomía y el gobierno propio y en general, se pone en riesgo la pervivencia física y cultural de la comunidad.*


Solicitud


Desde la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) solicitamos
Por todo lo anteriormente relatado solicitamos:


1- Al Ejército Nacional que cese de manera inmediata el homicidio a través de la modalidad de FALSOS POSITIVOS, de la población civil del municipio de Leguízamo en el Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades.
2- Al Ministerio de Defensa para que se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros sino población civil.
3- A la Fiscalía General de la Nación para que investigue las condiciones reales en las que ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército Nacional.
4- Al CTI para que en su función de Policía Judicial garantice una investigación objetiva y garante del derecho. Que se proteja la cadena de custodia y no se permita la alteración de la escena por parte de la Fuerza Pública.
5- Al Ministerio Público para que se dirija de manera inmediata al lugar de los hechos y garantice la protección de la escena de los hechos.
6- A la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus funciones legales, haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en este FALSO POSITIVO, incluyendo al Ministro de Defensa DIEGO MOLANO.
7- A las Agencias Internacionales y organizaciones defensoras de DDHH incluir los hechos relacionados en esta ACCIÓN URGENTE en los informes sobre la situación de DDHH y DIH en Colombia, así como emitir solicitudes a las instituciones de Estado que se investiguen los hechos que se narrarán a continuación, hallando a sus responsables.

 

*Artículo 43. Daño individual con efectos colectivos. Se produce un daño individual con efectos colectivos cuando el daño sufrido por una víctima individualmente considerada, perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, pone en riesgo su estabilidad social, cultural, organizativa, política, ancestral o la capacidad de permanencia cultural y pervivencia como pueblo. Para los efectos del presente decreto, cuando se produzca un daño individual con efectos colectivos, éste se asimilará al daño colectivo y el pueblo o la comunidad a la que pertenece el afectado se entenderá como la víctima.

 

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html

Publicado enColombia
Un grupo de 21 soldados del Ejército colombiano reconoce el asesinato de al menos 247 "falsos positivos"

La Jurisdicción Especial para la paz confirmó que en el caso también está involucrado un civil.

Veintiún miembros del Ejército colombiano y un civil admitieron su responsabilidad en el asesinato extrajudicial de al menos 247 personas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, confirmó este viernes un comunicado de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Estas ejecuciones sumarias perpetradas por el Ejército, también llamadas "falsos positivos", habrían ocurrido en las zonas de El Catatumbo, donde fueron asesinadas 120 personas, y en la Costa Caribe, lugar en el que se contabilizan al menos 127 víctimas mortales.

Según la JEP, este año han sido imputados 25 miembros del Ejército y un civil por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen delitos de lesa humanidad. De acuerdo a esa jurisdicción, que fue establecida tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, esos crímenes "no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos".

Esa política de Estado también incluyó incentivos y presiones de los comandantes sobre sus subordinados para obtener "muertos en combate". De acuerdo a la justicia tradicional, tras la imputación, "22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes".

El comunicado oficial de la JEP destaca que el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien comandaba la Brigada 30. De acuerdo a su testimonio, mostró su "absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad".

Además de admitir los crímenes, los involucrados ampliaron sus versiones de los hechos, expresaron su "compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer la verdad", detalló la jurisdicción de paz. Uno de los puntos clave es que algunos militares aportaron nuevas pruebas que serán usadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para las investigaciones correspondientes.

Para la magistratura, el reconocimiento de estos crímenes por parte de sus autores "es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa 'el sistema de incentivos condicionados' en el que se funda este sistema de justicia transicional".

¿Y ahora qué?

Después de este proceso, se ha puesto en marcha el mecanismo para preparar la audiencia de reconocimiento de los hechos y sus responsables.

En los próximos cuatro meses, la JEP ha instruido cuatro tareas: acciones pedagógicas sobre el caso de los "falsos positivos", en el Norte de Santander y la Costa Caribe; las valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad de los autores de los crímenes; los encuentros privados entre los comparecientes y las víctimas; y la preparación del "camino restaurativo" y reparador para quienes padecieron el horror de esta política de Estado.

"El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron", apunta la magistratura.

A principios de este año, la JEP determinó que, de acuerdo con una exhaustiva investigación, entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como "bajas en combate", una cifra que supera ampliamente la presentada en un informe de la Fiscalía General de la Nación en julio de 2018, en la que contabilizaba 2.248 víctimas de "falsos positivos" en Colombia y en un período más largo, entre 1988 y 2014.

10 dic 2021

Publicado enColombia
El Gobierno de Duque fue alertado, pero no actuó para evitar los cientos de asesinatos de población vulnerable

Las cifras son dramáticas. Desde 2018, año del inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque, hasta junio de 2021, ocurrieron 572 homicidios de lideres sociales y personas defensoras de derechos humanos, 254 homicidios de excombatientes de las extintas FARC-EP y 184 masacres.

El deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y la consolidación y expansión de grupos armados de diverso tipo a lo largo de estos 5 años de vigencia del Acuerdo de Paz pone de manifiesto que la falta de una adecuada implementación de los dispositivos allí consagrados, ha contribuido a una reconfiguración de la violencia en los territorios que pone en alto riesgo a comunidades, procesos organizativos, personas en proceso de reincorporación y defensoras de los derechos humanos que no puede pasar desapercibidos para la comunidad internacional.

Es deber del Estado prevenir las violaciones graves de los derechos humanos, sobre todo aquellas en las que se ha previsto ese riesgo. Desde 2001, el Estado colombiano cuenta con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en cabeza de la Defensoría del Pueblo, el cual fue reforzado en el Acuerdo de Paz y ha funcionado con relativa eficiencia, monitoreando y alertando sobre buena parte de los fenómenos de violencia en el país. En el 66.3% de los territorios señalados en las 196 Alertas Tempranas emitidas para el periodo 2018-2020,  ocurrieron homicidios de liderazgos sociales y de personas defensoras de derechos humanos.

El informe llama al Gobierno Colombiano a comprometerse públicamente con la implementación integral del Acuerdo de paz, asumiendo su carácter de compromiso de Estado, y particularmente en lo relativo a las garantías de seguridad para comunidades, organizaciones, liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

A 5 años de la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinadas 831 personas defensoras de derechos humanos, lideres y lideresas sociales, según la Defensoría del Pueblo, así como 286 personas en proceso de reincorporación, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. Esto a pesar de que el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el año 2016, pretendió sentar las bases políticas y humanitarias para dar por terminado un conflicto armado de más 50 años y encauzar la acción estatal en instrumentos de política pública para actuar sobre las causas estructurales del conflicto, prevenir la recurrencia de nuevos hechos y garantizar su no repetición.

Las organizaciones igualmente alertamos al futuro Gobierno Nacional a dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz, y comprometerse a brindar respuestas oportunas y contundentes en torno a los riesgos advertidos.

Publicado enColombia
La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Colombia: Genocidio continuado

A mediados de junio pasado finalizó el proceso de sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en su cuarenta octava sesión, con Colombia como país valorado. Su conclusión es que acá existe un proceso sistemático de violencia y permanente violación de los derechos humanos que concreta un genocidio político continuado. Su fallo resume un proceso de violencia histórica con profundas consecuencias de todo tipo para su población.

No toda soledad, como en Macondo, ni toda impunidad, como es tan frecuente por estos días en variedad de sociedades, pervive. Grupos humanos, revestidos de dignidad y profundo sentido humanista actúan para correr velos y sentar precedentes que conmuevan la conciencia de millones de personas, las ofendidas con la violación de sus derechos humanos, pero también otros muchos y muchas que son testigos de ello, con o sin conciencia de lo que ocurre a su alrededor.

Así, ante la ausencia de espacios expeditos nacionales e internacionales para atender realidades de violencia y ruptura de los derechos humanos, así como la fragilidad de un marco jurídico que de cuenta cabal de realidades violentas de alta complejidad, ha tomado forma el TPP (Ver recuadro “¿Qué es el TPP?), un espacio de la sociedad civil constituido para valorar y emitir juicios sobre la violación de los derechos humanos. De acuerdo a su filosofía, el Tribunal responde al llamado de organizaciones sociales y políticas, así como personas, de uno y otro país, para acudir a los mismos, escuchar sus denuncias, valorar la documentación aportada y emitir juicio.

El TPP fue fundado en 1979, y se siente heredero del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra que tomó forma en 1966 bajo el impulso de destacados humanistas, intelectuales y filósofos, entre ellos Bertrand Russel y Jean Paul Sartre. Su propósito: juzgar a los Estados Unidos por sus innumerables y crueles crímenes cometidos en Vietnam. Como imperio ninguna Corte internacional los sindicaría ni juzgaría, pero una parte de la sociedad sí podía proceder y de esa manera conmover la conciencia de la sociedad global. La impunidad no podía estar asociada a la indiferencia.

Como heredero de aquel Tribunal, el TPP no es un tribunal judicial, ni pretende serlo, ni tiene carácter vinculante para el Estado en cuestión, su misión es, en tanto los poderes dominantes a nivel local y global no reparan en métodos ni formas para violentar de distinta manera los derechos humanos de numerosas poblaciones, y en tanto las normas internacionales aún no garantizan justicia plena, su misión es, como el referido Tribunal que juzgó a los Estados Unidos, sentar antecedentes humanistas, evidenciar ante sus sociedades el irrespeto de los derechos humanos a manos de sus gobernantes, y llenar las lagunas del Derecho que facilitan la prevalencia de la impunidad.

En el caso particular de Colombia, este Tribunal ha respondido en tres ocasiones a solicitudes de intervención de diferentes organizaciones sociales y políticas, así como personas, la primera vez entre 1989-1991 centrado en impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, otra entre 2006-2008 enfocada en empresas transnacionales y la violación de los derechos humanos, y la recién realizada centrada en el Genocidio (Ver sección “Síntesis jurídica...”).

En esta ocasión el TPP respondió a una solicitud de intervención firmada por 209 organizaciones de distinto carácter y 179 personas y líderes sociales, solicitud ante la cual la Presidencia del TPP respondió el 15 de mayo de 2020 (Ver recuadro “Apertura”).

Para el desarrollo de su misión, el TPP constituyó un jurado que en esta ocasión estuvo integrado según puede verse en el recuadro (El Jurado).

Luego de recibir decenas de testimonios y sucesos documentados por variedad de organizaciones de distinto carácter, y deliberar por varias ciudades, la Sentencia que emite afirma que “Este Tribunal ha caracterizado el conjunto de hechos analizados durante el largo período histórico que ha sido objeto de esta sesión, como un genocidio continuado cometido contra una parte del grupo nacional colombiano. Por tanto, el exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social se subsume en ese escenario global y sostenido en el tiempo del genocidio dirigido a transformar la realidad plural del grupo nacional, eliminando a quienes no deben tener cabida en el mismo, según la concepción de quienes han concebido, articulado y llevado a cabo el genocidio”. (Ver sección “Fallo”).

Fallo al que se llega luego de escuchar numerosos testimonios y revisar la documentación recibida. Testimonios como los relacionados a continuación:

 

Indígenas y afrodescendientes

Sin duda, la violencia contra estos pueblos viene desde la invasión y la Colonia. Sin lograr romper esa constante, continúan padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, despojo de su tierra, para completar con una posterior discriminación étnica. Los principios de “Unidad, Tierra y Cultura” que los orienta en su histórica resistencia son irrespetados por los intereses de multinacionales extractivistas y agroforestales depredadoras.

En tiempo reciente el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene documentados 423 casos de indígenas asesinados desde 1970. Por su parte la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) registra 70.314 hechos victimizantes: confinamientos, desplazamientos forzados, manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia por parte de agentes del Estado, asesinatos, intimidaciones, amenazas, hostigamientos por grupos legales e ilegales. Todo ello sin contar la gran cantidad que se queda en el olvido. Especial mención tienen las comunidades Barí despojadas de sus tierras iniciando la tercera década del siglo XX, para que pasaran a manos de las empresas petroleras Colombian Petroleum Company y South American Gulf Oil Company, despojo legalizado por la Ley 80 de 1931, y el cual estuvo acompañado de la instalación de alambradas electrificadas, uso de armas de fuego, quema de bohíos, violencia sexual contra niñas y mujeres y envenenamiento de comidas.

Violencia también padecida, por ejemplo, por el pueblo Embera Chamí que por la riqueza de su tierra en recursos naturales, su ubicación geoestratégica y por la decisión de las comunidades de vincularse en procesos electorales fueron convertidas en objetivo de los paramilitares desde 1980. Proceso violento en el que también están involucradas multinacionales extractivas y agroforestales.

Pueblo negro afrodescendiente

La violencia racial contra pueblos afrodescendientes ha tomado forma por medio de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Los registros señalan en la última década, que de los 1091 desplazamientos registrados en Colombia la mitad se concentran en la región del Pacífico. Sucesos para dar espacio a la entrada de empresas transnacionales que usurpan el territorio y destruyen el ambiente. Actos violentos precedidos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y agresiones sexuales, lesiones físicas graves y amenazas.


Campesinos

Se presenta un claro exterminio de comunidades campesinas, en especial de aquellas que tienen un liderazgo y relación estrecha con la tierra y la naturaleza. El TPP recoge el testimonio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), en particular su segunda época (años 80 en adelante), periodo en el que toma forma la Anuc Unidad y Reconstrucción (Anuc-UR), conformada en 1987 y con arraigo en el Nororiente del país y la región Caribe (Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar). La Anuc-UR dejó testimonio ante el TPP de numerosas detenciones de sus dirigentes, desplazamientos forzados y, sobre todo, de masacres padecidas entre los años 1988 - 2005, con un saldo de 45 asesinatos entre sus dirigentes y líderes locales con amplio reconocimiento.

Testimonio también brindado por la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que desde su conformación en 1997 fue sometida por el ejército nacional a bombardeos, concretados sobre 27 de las 32 veredas que integran el corregimiento de San José, paralelo a lo cual el paramilitarismo penetra el territorio y somete a las comunidades a intimidación constante para que lo abandonen, producto de lo cual queda un saldo de 300 víctimas, entre asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.

El acoso es constante: entre 2006-2014 se concretaron numerosas intervenciones armadas de “destrucción de cultivos y fumigaciones” en terrenos donde no hay presencia de ningún cultivo ilegal, envenenando aguas y matando animales.

Casos similares se registran en Cajibio-Cauca: entre el 19 y el 26 de noviembre de 2000, prolongado incluso hasta enero de 2001, los paramilitares privaron de su libertad a pobladores a quienes señalaron de colaborar con la guerrilla, torturaron, asesinaron y obligaron a 300 familias a desplazarse en lo que se llamó “recorrido de la muerte”.

En Recetor y Chámeza-Casanare, asimismo, entre 2002 y 2003 la población de estos dos municipios fue víctima de operaciones contrainsurgentes que implicaron el confinamiento general y la violaciones masivas de los derechos humanos. En 6 meses se registraron 100 desapariciones forzadas, además de numerosas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento de cerca de 3.000 personas. Según la Unidad de Víctimas, de los 1.820 habitantes de Chámeza, 1.693 fueron victimizados y de los 1.390 habitantes de Recetor, 1.264 fueron victimizados (el 91%). Toda esta represión brutal coincide con la instalación y desarrollo de empresas petroleras apoyadas por el Estado, en particular la multinacional británica British Petroleum Company que entra a operar el campo Cupiaga y Cusiana.

Las poblaciones campesinas del Carmen y San Vicente de Chucury en Santander, por su parte, entregan testimonio de la constante estigmatización sufrida a manos del ejército nacional. Para el aparato armado del Estado colombiano, en tanto allí cayó en operación militar el sacerdote guerrillero Camilo Torres, todos los campesinos residentes en esa región eran “subversivos”, catalogados como “enemigo interno”. En los años 80, reivindicando sus derechos, realizaron marchas y la respuesta no tardó: el ejército, en alianza con gremios adinerados conformaron estructuras paramilitares para asesinar campesinos, desplazarlos y despojarlos de sus tierras. A comienzos de los años 90 fueron documentados 300 asesinatos de campesinos a manos del ejército y de paramilitares. El 30 por ciento de la población fue obligada a desplazarse.

Movimiento social del Centro Oriente

Especial atención tiene la práctica generalizada de criminalización padecida por los movimientos sociales, como los ubicados en el centro oriente colombiano. El caso citado tipifica el operativo “Heroica”, cuando en el 2002 el ejército sacó de sus viviendas y trabajos a 2.000 pobladores de Saravena-Arauca y los llevó a un estadio, hasta seleccionar 90, quienes fueron amarrados y acusados de guerrilleros, el resto marcados con sellos. Posteriormente fueron absueltos por no hallar piso probatorio.

Las violaciones no corren solo a cargo de las fuerzas militares, también son parte de ello otros componentes del Estado, como su aparato judicial que judicializa de manera arbitraria sino ficticia, apoyada en omisiones procesales, montajes probatorios y otros exabruptos.

En el actual milenio en Arauca, Casanare y Meta más de 2.000 personas han sufrido detención y reclusión por largos periodos; cerca de otras 10.000 han padecido “retenciones administrativas” sin proceso judicial alguno y durante 2018 al menos 40 dirigentes sociales fueron encarcelados.

Un despliegue de violencia en el que el ejército es el perpetrador de asesinatos y amedrentamientos. Por ejemplo, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) conformado en 1997 por varias organizaciones de base campesina: Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima –Asopema– y la Asociación Campesina del Centro del Valle del Cauca –Acaceva–, ha estado sometida a destrucción a través de control territorial, criminalización de sus integrantes y despojo de tierras. En 2007 el ejército asesina a Héctor Alirio Martínez, uno de los fundadores del CNA, junto con otros dos líderes sindicales. En marzo del año 2020 nuevamente otro líder de esta organización, Marco Rivadeneira, vocero de la Asociación Campesina de Puerto Asis fue asesinado. Otros 32 integrantes han sufrido igual suerte en los últimos años, todo ello tras la destrucción del tejido organizativo y de la cultura campesina.

En otros escenarios, departamentos orientales: Meta, Caquetá y Guaviare, se estigmatizó a los pobladores como violentos y hostiles, sometiéndolos, bajo esta estigmatización, a planes contrainsurgentes en el marco del Plan Colombia, el Plan Patriota y, a partir de 2006, el Plan de Consolidación Integral, que implicaron restricciones para circular, con exigencia de permisos para desplazarse, toques de queda, retenes, bloqueos de alimentos, empadronamientos forzados, allanamientos sin orden judicial, capturas masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y utilización por los militares de bienes particulares para acampar.

Violencia masiva con efectos devastadores. En los cinco cementerios de la zona se hallaron 2.300 cuerpos no identificados, de los cuales la misma Fiscalía reconoce 1.664 reportados como “dados de baja en combates”. Pero los ataques también se reportaron en el Putumayo, departamento en el que se registran, desde la segunda mitad del siglo XX, distintas fases de exterminio, cuando el ejército, a órdenes de las empresas petroleras, reprime.

Situación aún más agravada a partir de los años 80, con el sembrado y extensión del cultivo de coca, bajo cuya sombra incursionan los grupos paramilitares que persiguen también a simpatizantes de la guerrilla, sembrando terror y zozobra sobre la población en general.

Por su parte, al sur de Bolívar, con población minera, se extiende la represión estatal y paramilitar a partir de 1999, la cual queda sometida a bloqueo político, social y económico. Asimismo, en el Tolima, miles de familias huyeron desplazadas, muchos niños separados de sus familias y entregados a instituciones oficiales o abandonados en las calles. Incluso, creación de redes de espías para atrapar a quienes habían pertenecido a la resistencia campesina.

Sindicatos y organizaciones políticas

La Escuela Nacional Sindical informa que 3.162 sindicalistas fueron asesinados en el periodo 1986-2020, varios de ellos en acción comprobada entre paramilitares y militares con empresas, forma de actuar para impedir el reclamo laboral y el conflicto sindical, expresión, además, de una clara cultura antisindical que impera en el país, a la par de la extensión del discurso de enemigo interno que concibe a la población civil como insurgente.

Resalta en este particular, Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) que en 1993 contaba con 6.000 afiliados, y que tras una política de exterminio e intimidación en 2021 registra 3.728 afiliados.

El desangre no da tregua: 35 asesinatos o desapariciones de líderes, 12 atentados, 169 amenazas, 51 renuncias forzosas o despidos, 9 detenciones arbitrarias, 42 montajes judiciales, 1 caso de tortura y otro de secuestro. Han desaparecido 11 de sus seccionales. De esta violenta arremetida han sido parte empresas como Coca-Cola y Nestlé.

Unión Sindical Obrera –USO–. Deja constancia de 808 actos de violencia padecidos a partir de los años 80: 125 asesinatos, 24 secuestros, 7 desapariciones forzadas, 49 atentados, 102 detenciones arbitrarias, cerca de 400 amenazas y numerosos dirigentes forzados al exilio.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT–. Su documentación consigna asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, desplazamientos forzados, exilios, persecuciones por vías judicial, atentados contra las sedes sindicales, eliminación de organizaciones sindicales, pérdida de derechos laborales.


A nivel de organizaciones políticas, el primer caso referenciado se remonta a Jorge Eliécer Gaitán, muchos de cuyos seguidores fueron asesinados antes de él, provocando sus enérgicas denuncias. Los asesinatos continuaron con el propósito de aniquilar física e ideológicamente el movimiento gaitanista, con un saldo calculado de 300.000 asesinatos en el periodo 1948-1958, en acciones perpetradas por el ejército y paramilitares contratados y entrenados por el gobierno.

Persecución y muerte que no terminó allí. En tiempo más reciente, a partir del año 2002, con los gobiernos de Álvaro Uribe, se lleva a cabo un “memoricidio”, es decir, la destrucción del legado de Gaitán y del gaitanismo, todo ello propiciado desde la expedición del decreto 271 de 2004 que eliminó leyes, decretos y otras normas legales establecidas para honrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán.

En otro acápite, la Sentencia retoma el periodo comprendido entre los años 1984-1992, resaltando lo padecido por la organización A Luchar –Movimiento político y social que actuó buscando alternativas al bipartidismo y que agrupó a corrientes camilistas, trotskistas, maoístas, así como sectores sindicales, campesinos, estudiantiles, cívicos, étnicos y cristianos. Esta organización fue víctima de 254 asesinatos, 6 ejecuciones extrajudiciales, 80 desapariciones forzadas, 165 detenciones arbitrarias y 58 torturas.

También retoma el conocido exterminio contra la Unión Patriótica (UP). Según la Corporación Reiniciar entre 1984-2006 se cometieron 6.500 violaciones de derechos humanos en contra de sus militantes: 3.111 asesinatos, 131 judicializaciones infundadas, 508 desapariciones forzadas, 280 tentativas de asesinatos, entre otros actos violentos padecidos y en los que están implicados altos agentes militares y directivos del Estado colombiano. Para la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, reconoce como práctica genocida lo ocurrido con la UP.

Con el M-19, tras los procesos de paz y desmovilización fueron asesinados y desaparecidos pobladores de lugares donde tenía presencia. Organizaciones sindicales, movimientos de acción comunitaria, familiares y amigos de militantes fueron incluidos en la categoría de “enemigo interno”, según lo estipulado por los manuales militares; de esa manera, intelectuales, simpatizantes de la izquierda, fueron apresados y llevados a instalaciones militares donde fueron torturados; otros fueron forzados al exilio.

Frente popular –Movimiento que surgió en 1985 en varias regiones del país–: desde su inicio comenzó a ser perseguido por fuerzas policiales, militares y paramilitares. Entre 1987 y 1989, fueron desaparecidos 64 de sus militantes y al menos 120 asesinados, entre éstos algunos diputados, concejales, estudiantes y activistas.

A su vez, con el movimiento UNO (Unidad Nacional de Oposición): padeció más de 1930 crímenes: 22 desapariciones, 107 asesinatos de militantes y 127 de articuladores sociales, además de exilios, desplazamientos forzados, “falsos positivos”, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, torturas, lesiones y abusos sexuales, allanamientos, atentados y quema de viviendas, falta de garantías electorales, requisas y retenes arbitrarios, decomiso de documentos, amenazas, estigmatizaciones, ataques a sedes políticas.

Más recientemente, el caso de la organización social Marcha Patriótica (Mapa), que no ha escapado a esta violencia, y más visible desde el paro agrario de 2013, acusada de fachada de las Farc. En un video de formación militar, con fecha de 2014, señalan a la Mapa como “enemiga del Estado” y como “objetivo militar”. Es la misma época en la que los Rastrojos ofrecían 35 millones por muerte de Coordinador Regional o Departamental.

Firmantes de paz y líderes sociales

La muerte se extiende a quienes quieren la paz y la justicia. Entre el 13 de noviembre de 2016 hasta el 13 de febrero del presente año 272 son los excombatientes asesinados. Y desde entonces la cifra sigue en ascenso. Al mismo tiempo, la mira enfoca hacia el liderazgo social: en el periodo 2017-2019 el TPP tuvo conocimiento de 710 asesinatos, a los que deben sumarse otros 310 ocurridos el año pasado. Actos acaecidos, incluso, en zonas de sustitución de cultivos, en zonas, por ejemplo, donde los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se están implementando. Es así como en el periodo señalado se registraron 444 asesinatos, cifra única en toda América Latina. Así mismo, se denunció la comisión de 50 tentativas de homicidio, 17 desapariciones forzadas, amenazas, estigmatizaciones, hechos que además fuerzan al desplazamiento individual y colectivo de quienes están en proceso de reinserción. También se denuncia que las mujeres excombatientes sufren una mayor estigmatización tras la versión difundida de que habrían sido “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, despojándolas así de su carácter de actoras políticas.

Estudiantes y activistas en general

En lo comprendido entre los años 1994-2019 el país registra hasta 1.815 víctimas de asesinato o desaparición de personas que ejercían un liderazgo notable en los territorios. En ese marco, la violencia en contra de activos universitarios es conocida de larga data. La represión, tortura, asesinato, violación hace parte de las aulas. La documentación allegada al Tribunal resalta la situación vivida en las universidades Industrial de Santander (UIS) y de Antioquía (U de A), en la primera, entre los años 1964-2006 fueron asesinados 24 integrantes de su movimiento estudiantil, y entre los años 1980-2003 otros 10 de sus activos fueron víctimas de desaparición forzada. Por su parte, en la segunda de ellas, 86 de sus activistas fueron violentados y 45 asesinados entre entre los años 1958-2018, 18 de ellos tras ser retenidos por efectivos oficiales, torturados y/o desaparecidos. 42 miembros de la comunidad universitaria, 30 de ellos estudiantes, han sido víctimas de desaparición forzada.

Resaltan sus testimonios que además de la violencia armada padecen un permanente ambiente de estigmatización, un constante señalamiento a la comunidad académica como “aspirantes a guerrilleros”. La represión estatal y la impunidad policial hacen parte de los principales fenómenos que ligan a los perpetradores.

Además de la impunidad judicial también persiste la persecución de dirigentes y lideresas. Entre el 2012 y 2019 se calculan 249 condenas y reclusiones de personas vinculadas con causas sociales, ambientales y en defensa de los derechos humanos. Entre el 2012 y julio de 2019 se registra un incremento de 244 por ciento de casos en que el derecho penal ha servido para criminalizar la defensa de los derechos humanos, práctica centrada en los departamentos que concentran títulos mineros y explotación petrolera, evidenciando una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal.

Se entiende que la naturaleza y el territorio también son víctimas. Por el despojo y el desplazamiento, grandes empresas agroindustriales, ganaderas o extractivas se han beneficiado, concentrando más propiedad y dominando de manera amplia sobre el territorio, concretando un ecocidio.

Con mirada histórica

En perspectiva histórica, el TPP resalta la existencia de siete oleadas de violencia:

1812-1899. Es el primer siglo de vida independiente, atravesado por una polarización entre bolivarianos y santanderistas, centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas, confesionales y seculares, evolucionando hacia los conflictos entre conservadores y liberales.
1899-1902. Aunque no difiere mucho de las guerras y confrontaciones del anterior ciclo, dados los niveles extremos de odio que convoca entre conservadores y liberales, manifestado ello en la “Guerra de los Mil Días”.
1918-1948. Continúa la polarización entre liberales y conservadores y para los indicadores de violencia del periódio anterior, la vida parece transcurrir en paz. Dentro del período hay subperíodos: 1925-1930: “pequeña violencia”, y 1928-1946: “Primera Violencia”, para distinguirla del periodo abierto en 1948 que sería simplemente “La Violencia”.
1946-1958. El cuarto oleaje comprende los años 1946 - 1958. Se inicia cuando el presidente Ospina Pérez se propone bloquear y perseguir al movimiento gaitanista (1946), coincidiendo con la creación de la Escuela de las Américas en Panamá (1946), la formación de la CIA (1947) y con el lanzamiento por parte de Estados Unidos de su agenda anticomunista en América Latina, alrededor de la IX Conferencia Panamericana, incluyendo el asesinato de Gaitán.
1960-1982. La quinta oleada va de 1960 a 1982. Los años 50 finalizaron con el ensayo de un régimen militar, el de Rojas Pinilla, que alarmó a la oligarquía pro-norteamericana por su tendencia a autonomizarse con una peligrosa inclinación a satisfacer algunas necesidades populares.
1982-2010. En esta sexta oleada la prosperidad económica del narcotráfico vierte ingresos nunca vistos en la sociedad colombiana, trastoca el poder de la oligarquía y afecta a todos los actores del conflicto. Un fenómeno favorecido por el modelo latifundista heredado de la Colonia y la consolidación de una oligarquía violenta.

En este periodo se vive una autonomización del narcotráfico y multiplicación como fortalecimiento del paramilitarismo, del crimen, de la corrupción gubernamental, a la par de ampliación de los acuerdos de cooperación antiterrorista con los Estados Unidos.

En medio de las acciones militares, abiertas o encubiertas, desplegadas desde el Estado, se llega a un proceso de genocidio continuado en que los muertos se cuentan en 400.000, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los desplazados en 8 millones. Es claro que el narcotráfico sirvió no sólo para derrotar a los enemigos del latifundismo y para la entrega de la soberanía del país, sino también para expandir como nunca los territorios de la élite latifundista, particularmente en el cultivo de la coca, la palma africana y otras plantaciones y en la expansión de la extracción minera, gracias a lo cual, esta oleada de violencia permitió el despojo de 6 millones de hectáreas a los campesinos.

2010-2021, es el periodo comprendido por la séptima oleada y en el que resalta la concreción de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el cual termina bloqueado por los resultado de un plebiscito en el que la sociedad votó mayoritariamente en su contra, resultados ahondados por los posteriores incumplimientos, o lenta concreción, de lo acordado. El asesinato de cientos de los desmovilizados extiende la constante histórica de violencia en contra de todo tipo de opositores.

Una realidad ampliada al conjunto social en las jornadas de descontento social que tomaron cuerpo desde finales del mes de abril del año en curso, y en las cuales se registra decenas de asesinatos, lesionados, amputados en una de sus vistas, violaciones y agresiones sexuales de distinto tipo padecidas por jóvenes detenidas, miles de capturas, entre otras manifestaciones de un poder expresado de manera abierta en su real carácter.

Esta constante de violencia desplegada desde el Estado nos coloca ante un persistente sistema de genocidio, concretado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo social desde la eliminación física y la utilización de otras técnicas.

Persistencia en la amenaza, agresión y exterminio, consolidada como comportamiento sistemático. El crimen es un genocidio continuado, materializado como un fenómeno histórico de larga duración, con actores cambiantes pero conjugados con propósitos estratégicos compartidos que deriva en intentos de largo aliento de destrucción de grupos nacionales. Como parte de ello, el discurso de la institucionalidad estatal y fuerzas militares fomentan una doctrina contrainsurgente con una lectura de enemigo que cubre al conjunto social que protesta. Englobar a la población civil en una estrategia contrainsurgente, con medidas de control y acción, tratándola como si estuviera involucrada con la lucha armada es parte de ello, lo justifica y lo propicia. Es un persistente proyecto de reorganización social, concretado a través del terror, a través de decenas de masacres y crímenes selectivos o no, parte de los cuales han sido asumidos por instancias internacionales las que, tras revisar las demandas judiciales, han proferido condenas en contra del Estado colombiano.

Los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que se suman al genocidio continuado se concentran en dos fenómenos: en la estrategia de apropiación y control del territorio que implica el desplazamiento, el reclutamiento de menores, pérdida de identidad de las comunidades. Y la segunda mención incluye, incluso, el siniestro plan de los falsos positivos, justificado en la doctrina militar del enemigo interno que naturaliza las violaciones sistemáticas; así se fue arraigando una práctica de premios y estímulos para lograr bajas –de supuestos enemigos armados– como práctica recurrente, así lo registran las 50 órdenes del general Nicacio Martínez para exigir cuotas de muertes, como requisito para permanecer en el cargo. Una práctica degradante que segó la vida de muchos jóvenes presentados como combatientes y que tuvo su punto más álgido entre los años 2004-2008.

La realidad de una sociedad sometida a tal nivel de violencia, con fines claramente determinados, lleva al Tribunal a condenar a todos los presidentes que han regido al país desde 1946. Preocupa la impunidad, en la que se enfoca finalmente el Tribunal, calificada como una constante histórica, componente clave para la vulneración masiva y continuada de los derechos humanos en la que la persistente impunidad oscila entre el 98 y el 99 por ciento.

Con la sentencia emitida por el TPP, los acusados no tendrán castigo, los verdugos proseguirán impunes, pero somos testigos de la barbarie y nuestra misión es ser la persistente memoria que denuncia.

 


¿Qué es el TPP?

 

El TPP es un Tribunal Internacional de Opinión o de Conciencia, no un tribunal judicial ni pretende serlo ni dispone de medios para serlo. Tampoco fue creado mediante instrumentos jurídicos ni estatales ni por tratados internacionales, sino de manera privada. De acuerdo a su Estatuto, busca ser tribuna de visibilidad del derecho a la palabra y de afirmación de los derechos de los pueblos expuestos a violaciones graves y sistemáticas por parte de actores públicos o privados, nacionales o internacionales. También busca ser una herramienta para explicitar y determinar la existencia, gravedad, responsabilidad e impunidad de las violaciones cometidas, de las medidas de justicia y de la reparación debida. Así mismo: testigo y promotor de la investigación dirigida a llenar las lagunas institucionales y doctrinales del derecho internacional actual. Su única legitimidad es la que le reconocen quienes solicitan su actuación. Con todo, el artículo 17 de su Estatuto le ordena informar a los gobiernos, autoridades o grupos privados involucrados, sobre las acusaciones y peticiones que les conciernen y sobre la posibilidad de participar en cada etapa del procedimiento, presentado pruebas y ejerciendo la defensa.


Apertura

Un Comité Impulsor en Colombia preparó el evento de lanzamiento que tuvo lugar el 26 de enero de 2021 en el cual el Tribunal recibió la acusación formal de parte de los Fiscales: lxs juristas ÁNGELA MARÍA BUITRAGO e IVÁN VELÁSQUEZ y escuchó informes de otras personalidades. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2021 se realizaron las audiencias públicas en Buca-ramanga, Bogotá y Medellín a las cuales acudieron delegados de numerosos movimientos y sectores sociales victimizados, quienes además de la prueba oral pusieron a disposición del Jurado una extensa y detallada documentación. El Tribunal notificó a las autoridades colombianas y las invitó a pronunciarse sobre la acusación, a lo cual no respondieron y el Tribunal escuchó una defensa de oficio del Estado.


 

Asesinato de Jovenel Moïse: Premeditación, participación de los EEUU y complicidad del personal de seguridad

El 20 de junio, 17 días antes de su asesinato, un grupo armado pretendía ejecutar el secuestro del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, pero un cambio en su agenda impidió realizar la operación.

El dato emerge del informe preliminar elaborado por las autoridades haitianas, al que tuvo acceso el diario El Tiempo, y en el que la Policía deja asentadas sus presunciones sobre el magnicidio: la premeditación de los mercenarios colombianos en el plan de asesinato, la participación de dos empresas con sede en EE.UU. y la complicidad del personal de seguridad del mandatario en los hechos porque, cuando se ejecutó el asalto a la residencia de Moïse, "la puerta principal estaba abierta".

Según la policía, hubo un comando integrado por seis personas, en el que participaron los fallecidos mercenarios colombianos Mauricio Javier Romero Medina y Duberney Capador Giraldo, que tenían la orden clara de "asesinar al presidente y buscar los dólares", que presuntamente se encontraban en la habitación del mandatario.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El informe apunta que, tras analizar los testimonios, se puede deducir que "los indiciados presuntamente sabían que iban a matar al presidente".

Un día antes del crimen, el capitán retirado, el colombiano Germán Alejandro Rivera García, designado como jefe de la operación, les dio la orden de "asesinar a todas las personas que se encontraran en la casa". El comando se habría negado, porque supuestamente viajó a Haití para "cuidar a personalidades de la vida nacional y no a matar a nadie".

Pero Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia y considerado unos de los autores intelectuales del asesinato, les informó que en el cuarto del mandatario había dos maletas y dos cajas con 45 millones de dólares. De ese dinero, recibirían 18 millones por "ejecutar la acción", lo que les habría empujado a aceptar perpetrar el crimen. Pusieron una condición: "solo darían muerte al presidente. A nadie más".

Para llevar a cabo la operación, las empresas CTU Security y Worldwide Capital, ambas con sede en EE.UU., invirtieron 865 376 dólares, un dinero que también se recuperaría tras el robo.

La noche del crimen

En la madrugada del 7 de julio, cerca de la 1:00 de la mañana, los mercenarios llegaron a la residencia privada de Moïse. Iban organizados en cuatro grupos y distribuidos en seis camionetas. En cada vehículo viajaban también entre tres y cuatro policías haitianos, siempre según la investigación.

En la primera camioneta iba un comando, bautizado como Delta, y en el que estaban el exmilitar Duberney Capador y James Solages, un ciudadano haitiano-estadounidense que se habría entregado a las autoridades policiales de Haití tras el magnicidio.

"Sometieron al personal de los dos puestos de control de ingreso a la casa presidencial, en cada puesto había cuatro uniformados y los montaron en la parte trasera de las camionetas", reza el texto.

El grupo Delta se dirigió a la habitación del presidente, mientras que el resto permaneció en el primer piso. Se comunicaban a través de una radio. "Sacaron las cajas, tulas y maletas al corredor para que el grupo que estaba en el primer piso ayudara a bajar el dinero y acomodar en las camionetas", apunta el documento. A muchos de los integrantes del comando se les capturó después con fajos de billetes de 100 dólares encima.

El diario no da detalles sobre el momento del asesinato de Moïse en el informe.

La huida

 La Policía averiguó que tres días antes del asesinato hubo una reunión en casa de Wendelle Coq Thélot, jueza del Tribunal de Casación, el máximo órgano judicial del país, y en la actualidad prófuga de la Justicia. Participaron Joseph Felix Badio, el empresario Rodolphe Jaar y el exsenador opositor John Joel Joseph, los tres buscados por la Policía, entre otros.

Según la información, en aquel encuentro se comunicó al comando que tras la muerte de Moïse, la jueza asumiría la Presidencia y que después el magnicidio se encargarían de brindarle protección.

"Estaban tranquilos, hasta seguros de que serían protegidos por las autoridades de Haití, porque así se los habían afirmado. Por eso no huyeron de la isla", se enfatiza.

Pero a la salida de la residencia, la Policía Nacional abatió a varios integrantes del comando, entre ellos Duberney Capador. El coronel Rivera García les dio la orden de dirigirse a la Embajada de Taiwán, donde finalmente al menos once integrantes fueron detenidos.

Una de las cosas que la Policía tiene pendiente esclarecer es la quema de tres de las camionetas, donde además de perderse varias pruebas, como el video del circuito cerrado que fue desactivado y extraído por uno de los comandos, también estarían "millones de dólares" que sacaron de la residencia.

12 agosto 2021

(Tomado de RT en Español)

Publicado enInternacional
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, durante una conversación con EL PAÍS por videollamada el pasado febrero.

Hombres armados asaltaron su domicilio de Puerto Príncipe la pasada madrugada. La primera dama está hospitalizada

 

Puerto Príncipe, Madrid - 07 jul 2021 - 12:41 CEST

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia durante la pasada madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, según ha informado esta mañana el primer ministro, Claude Joseph. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Moïse, que ha sido hospitalizada, según un comunicado firmado por Joseph. El mandatario pidió calma a la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener el orden.

Hijo de un comerciante y una costurera, Jovenel Moïse concedió el pasado febrero una entrevista a este diario, en un país en el que la tensión iba en aumento semana tras semana. A la crisis política se le suma un año de espanto debido a la pandemia de coronavirus, los huracanes y la ola de violencia y secuestros que han llevado el hartazgo a una población que cuenta en su poder con más armas que nunca, tal y como señalaron los expertos a EL PAÍS.

El origen político del conflicto en Haití, país caribeño de 11,2 millones de habitantes, está en las convulsas elecciones de 2015. Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios convocados obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido, hasta que la autoridad electoral reconoció la victoria de Moïse un año después. Para la oposición, su Gobierno comenzó el día que Martelly dejó el poder y le acusa de “dictador” por gobernar por decreto desde hace un año.

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, declaró Moïse en esa misma entrevista.

Bandas armadas

Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló este martes un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). “El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones (...) Puerto Príncipe está sitiado en el sur, el norte y el este. Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado”, lamentó la organización en un documento.

Al menos seis extranjeros han sido secuestrados, lo que eleva el total a 20 en el primer semestre de 2021. Tres departamentos están aislados del resto del país, según este informe, que habla de “la hegemonía del crimen en Haití”. Del 1 de enero al 21 de junio, 30 policías fueron asesinados frente a los 26 de 2020, según la ONG, que sostiene que algunos son mutilados, desaparecidos, secuestrados, torturados, etcétera.

Publicado enInternacional
Laura Guerrero, madre de Nicolás: “Él era muy soñador con todo eso...”

Perder un hijo o un familiar por exigir un país mejor no debería suceder, sin embargo, en Colombia esta realidad parece la norma. Son cientos de familias que han perdido a sus seres queridos desde el 28A, ya sea por la muerte o la desaparición. Laura Guerrero es una madre víctima del terrorismo de Estado, también es ejemplo de dignidad y fortaleza para toda la sociedad.

 

Su semblante está tranquilo, a pesar del dolor que con seguridad la embarga. Ella está allí, recibida con cariño por unos y otras, y a pesar de la nostalgia, de los recuerdos de madre y amiga, expresa alegría por lo que ve.

En realidad, la juventud la llena de confianza de que vendrán días de cambio, días de esperanza, días de mejor vida, con seguridad los mismos anhelos que inspiraban a su hijo Nicolás para plasmar en paredes antes abandonadas y deterioradas, en compañía de compañeros, grandes murales para alegrar la ciudad, para llenar de color la vista de quienes por allí transitarán.

Cuando la saludamos y le pedimos la entrevista no duda, accede de una, y no demora en responder a nuestra primera pregunta: –“Mi nombre es Laura Guerrero, soy la mamá de Nicolás. Vengo hoy a la biblioteca porque un amigo muy cercano de mi hijo me cuenta que van a pintar lo que era el CAI, que fue quemado y quedó muy dañado. Me dicen que el proyecto es que esto sea una biblioteca…”.

Al expresar esta palabra parece rememorar algo y enfatiza: –“La idea me pareció muy buena, y me llevó a recordar a mi hijo que le gustaba mucho leer y que se hizo a una llave del saber para poder estar yendo a la biblioteca con su niña pequeña y con su hermanito menor. Por eso le entré de una al proyecto, porque vi que era algo bueno y cuando ya llego y me encuentro con esta cantidad de jóvenes maravillosos, con tantas ideas, empieza a formarse una lluvia de ideas y veo que una es más encantadora que le otra; realmente, digamos, que también me metí en el cuento”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 

Mientras Laura, como de una la llamamos con confianza, al sentir su espíritu y ver su joven semblante, así como al sentir su afinidad con la juventud, atiende a nuestras preguntas, el espacio gana más concurrencia y una y otra expresión artística encuentra lugar para compartir con toda la gente allí convocada. Hay lugar para la creación y para fraternizar, y todos están felices de que así sea.

Ella nos cuenta que el espacio apenas tiene con ocho días de existencia, y prosigue con la entrevista: –“Todo lo vivido en estos pocos días de construcción de la biblioteca es la muestra de que la gente tiene necesidad de contar con sitios y oportunidades para satisfacer su sed de cultura, que hay una aceptación de la comunidad, que la gente quiere y necesita este espacio para que haya una oferta cultural más cercana”.

Hay alegría en su narración, pero también nostalgia, no es para menos. Aprovechamos los segundos de meditación en lo que nos está compartiendo para dirigir nuestra mirada hacia los músicos que se presentan con alegría ante la multitud de comunidad. Pero solo tras unos segundos más su palabra convoca de nuevo nuestra atención: –“Esto es como un oasis en medio de tanta tensión; aún estamos a la defensiva, en muchos momentos de tranquilidad igual no deja de pasar la policía, no dejamos de sentirnos merodeados, pero hemos podido permanecer y la compañía de tanta comunidad ha sido increíble, han traído muchos libros, han donado dinero y pintura; el dinero se ha invertido en reparaciones y en seguridad, en candados, y en otras muchas cosas.

En este momento nos vemos respaldados por la comunidad, que tenía la biblioteca más cercana realmente lejos: entonces, la gente ha podido acercarse al picnic literario y ha encontrado muchísima oferta cultural”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 


¿Cómo era Nicolás?

Del presente para el pasado, el inmediato y el más lejano. A pesar de las fibras que pudiera sensibilizar no podíamos dejar de preguntar por el ser humano, y ante la pregunta, con serenidad, la madre cuenta: –“Era un joven con muchos sueños, sueños de una mejor ciudad y por consecuencia, de un mejor país. Soñaba con traer a su hija al país, soñaba con que existiera, a menor costo, muchísimo material para que los jóvenes pudieran expresarse culturalmente, porque él sentía que dentro de las escuelas y colegios había un vacío en cuanto a lo que muchos jóvenes quieren; entonces, pensaba en talleres, en muchos momentos especiales con los muchachos más pequeños para que pudieran aprender.

Mucho de estas cosas que a él le gustaban, como era el arte de pintar, el grafiti, no se lo patrocinan sino las mamás, y a veces nos vimos en dificultades para poder comprar materiales, por lo costosos, mucho más para él que le gustaba pintar piezas grandes y eso demanda muchos aerosoles.

En medio de sus anhelos él pensaba en todas las personas que tienen capacidades artísticas, para pintar, pero que no pueden explotarlas porque precisamente no tienen los recursos. Era muy soñador con todo eso, tenía esperanzas de que la ciudad y el país podía ser habitado por personas civilizadas que respetaran, porque muchas veces se sintió agredido, irrespetado por parte de la misma fuerza pública que llegaba simplemente a atropellarlos; cuando así sucedía regresaba aburrido a la casa y decía ‘mamá estábamos pintando un lugar bien feo, estábamos tratando de dejarlo bien y no faltó quien llegara a importunar, a impedir’, y muchas veces me dijo que les quitaban materiales; algunos de sus amigos me decían: ‘la policía nos quitó la cámara, la policía nos robó el celular’. Entonces, eso es muy triste, así que él esperaba que no tuvieran ese tipo de situaciones para vivir libres y en paz.

A él y a ellos lo motivaba, los motiva, sus manifestaciones artísticas, querían hacerlo simplemente sin ninguna oposición, no tanto por vandalizar y rayar y dañar, sino porque querían recuperar muchos espacios de la ciudad abandonados, que de hecho ya nadie pintaba, lugares donde la Alcaldía no lo hacía.

Él estaba con un colectivo, tenían muchas ideas, incluso para presentarlas a la Alcaldía. Él, digamos, que murió esperando esa oportunidad porque había que presentarlos como un proyecto y él no sabía hacerlo, entonces en alguna ocasión le dije mándemelo y lo revisamos y me decía: no mamá, yo quiero aprender a hacerlo porque a muchos se los van a pedir y quizás pueda enseñarles a otros cómo hacerlo”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 

 


El asesinato

Su relato avanza sin voces de duda o inseguridad, lo que denota confianza en los proyectos de su hijo, en sus gustos artísticos, en su amor por lo que hacía y quería entregar a toda la ciudad. Agarrados por su voz y gestos, de madre, pero también de amiga de quienes estuvieron con su hijo, seguimos atentos a su testimonio:

–“Era una persona completamente independiente, ya vivía aparte, tenía su familia, sus ideas muy claras de lo que quería y quizá por eso el día que suceden los hechos estaba lleno de frustración y también de rabia por el momento que se estaba viviendo alrededor. Ese día ellos habían estado en una velatón por los muertos; él también estuvo llevando ayudas humanitarias para los puntos, lo que respecta a alimentos y a insumos médicos.

Así que en la noche estaba cansado, tomó su última comida y se iba a ir a dormir, pero en algún momento escuchó que había pocas personas aquí para resistir y se vino otra vez hacía este lado; entiendo que la velatón estuvo pacífica hasta que llegó el Esmad a intimidarlos, luego hay gases; dicen que había un sentimiento de mucha rabia, impotencia y frustración por el gas que lo cubría todo –las unidades residenciales están ahí cercanas–, así que él toma la decisión de ir adelante; la verdad no puedo saber en ese último instante las cosas que hayan pasado por su cabeza, pero ellos estaban haciendo resistencia y la policía no tuvo ningún problema en dispararle a mi hijo en su cabeza y pues cayó inconsciente, no tuvieron en ningún momento la más mínima consideración hacía mi hijo y parar, por el contrario, estando en el piso no lo dejaban auxiliar sino que tiraban más gases sobre los muchachos, ellos aguantaron y lo cogieron como pudieron y se lo llevaron para que fuera atendido, pero solo resistió unas horas conectado a aparatos y finalmente no pudo más. Esa fue la situación, bastante triste, que derivó en la muerte de mi hijo ese día después de haber estado en paz.

Tuve la oportunidad de regresar al día siguiente al lugar donde murió y era una escena de guerra, había cualquier cantidad de indicativos de que era una guerra. Revisando los videos grabados de lo sucedido, estoy segura que, si la fuerza pública se hubiera parado a evitar cualquier desmán, simplemente no hubiera pasado de allí porque los muchachos no estaban en son de pelear con nadie, y ese es el común denominador en todos estos lados, no hay afán por impedir, por cerrar la vía, como muchos dicen”.
¿Qué ha pasado con el caso?

–“Nada. Hasta el día de hoy solo vi unas declaraciones mentirosas del Ministro diciendo que el caso estaba siendo investigado y que había unas personas comprometidas, lo cual es falso.

Para reunir pruebas me ha tocado caminar la misma escena, los mismos escenarios, para poder buscar la información, porque en su momento también atrevidamente afirmaron que ese día habían vandalizado el D1, cuando mi hijo cae es en el TCC, y entre ambos puntos hay una distancia bien pronunciada; además, los daños en el D1 fueron muchos días después”.

¿Qué ha sucedido después de la muerte de su hijo?

–“Perder a Nico ha sido muy doloroso y cada día hay algo más que liberar, pero siento que me ha fortalecido muchísimo caminar al lado de los muchachos, verlos, conocerlos, escucharlos, saber el por qué están ahí, porque ellos la tienen clara y saben por qué están allí: sus pretensiones de que todo sea mejor, de no pedir nada regalado, pues es falso que aquí estén pidiendo cosas regaladas, por el contrario, acá estamos regalando arte, cultura y todo esto no ha costado un peso a ninguna institución, todo lo ha donado la comunidad, todos nosotros; el acompañamiento y la solidaridad que se ha encontrado es increíble.

Más allá de que sea mi hijo, su muerte ha sido algo que ha unido también en pensamiento a muchos, ha transformado el pensamiento de otros, porque habían personas que pensaban que el gobierno estaba haciendo lo que tenía que hacer y en el momento en el que ven que es Nicolás, al que conocían como persona, como ser humano, creo que fue un despertar para muchos que pensaron: mire, si están matando a los jóvenes, si están matando a los artistas, si están matando y queriendo callar a todas las voces que se levantan a pedir un mundo mejor es porque estamos muy mal.

Y esa es como parte de las razones que llevan a todos estos jóvenes a protestar. Una realidad en la que es muy triste que se hayan perdido vidas de lado y lado, tanto de la fuerza pública como de nuestros jóvenes, como personas que ahora están desaparecidas, de las jóvenes violadas, todo esto se suma en un indicativo muy grande de que nuestra sociedad no está bien, de que es necesario un cambio. Tenemos que pensar, más allá del dolor de cada uno, más allá de saber que he perdido a Nicolás, pues no soy la única madre que sufre o que llora por la pérdida de un hijo, de un familiar, entonces, si yo lo miro desde ahí también hago parte de ese resurgir de esta sociedad, porque realmente como sociedad estamos muy mal, muy mal, y si esto no cambia en este momento de la historia, realmente no sé cuándo será”.

Al concluir esta idea nos miramos mutuamente y reconocemos en su rostro el dolor pero también la esperanza en que esta sociedad logre el necesario cambio que los marginados, que son mayoría, han exigido desde siempre, deseo y exigencia que ahora mantiene en la calle a miles, cerrando vías o alzando su voz de protesta y de esperanza.

Y como eco de voces y tonos de luz que así lo presagian, llegan a nuestros oídos las palabras de quienes en los talleres de lectura comparten con quienes se han animado a congregarse allí, así como los alegres tonos desprendidos por las gargantas de quienes comparten su saber musical, así como las sombras que se proyectan desde los malabaristas. Las familias allí reunidas, con sus hijos, así como los jóvenes de distintas edades y sexos que llenan el espacio, le brindan a Laura, la madre de Nicolás Guerrero confianza en que así será. A nosotros también.


Las dos muertes

Julián Malatesta. Santiago de Cali, 20 de mayo de 2021

 

La tarde caía vertiginosa,
los estallidos y la pólvora le hurtaban la luz.
Los muchachos con sus escudos de lata y trozos de madera,
se ejercitaban como legionarios antiguos
en las tácticas del repliegue y la ofensiva.

Josué levantó la mano e imploró al sol que se detuviera,
ansiaba ponerle el tatequieto a la noche
que se les venía encima con sus densas manos negras.
A empellones me abrí paso hasta la barricada
y me puse en la primera línea.

Ese es mi muchacho, me dije,
y halé a Josué de la camisa, ordenando:
Nos vamos ya, es hora de irse.

¿Usted quién es? Contestó airado.
Soy tu muerte, la tuya, la propia.
Mi hermana, que trabaja a sueldo con las tropas,
La mercenaria, la traidora, te tiene en la lista.
Es hora de irse…
La vida del muchacho alucinaba con el brillo de los explosivos,
Lo sacudí con fuerza y grité:
¡Hasta que tu vida y yo cerremos el último umbral,
soy tu muerte, carajo!
¡Ese es nuestro pacto!

Pero mi hermana,
la mercenaria, la ajena, la súbita,
del otro lado ultima los detalles,
esos hombres de negro le pagan a destajo.

Estaba yo en estas, encontrando palabras…
Usted me entiende, señora,
cuando un balazo dobló a Josué entre mis brazos
y ya no pude traerlo a casa.

 

 

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

La muerte de Junior Jein y el poder que tiene miedo

Cuenta el primer libro de Samuel que el rey Saúl tenía muchos miedos de perder el poder y andaba ansioso y muy estresado; para aliviarlo de estos males alguno de sus funcionarios le aconsejó que se trajera a su palacio al joven David que tenía fama de sonar el arpa y cantar bien. Y así fue, David resultó en la corte y tocaba para el rey y lo calmaba; pero, muy pronto, a Saúl le empezó a chocar la música de David y empujado por sus demonios intentó clavarlo en la pared y así deshacerse de él: Las melodías del muchacho no le entretenían más y más bien alborotaban sus miedos, su ansiedad, su estrés y sus demonios.

El poder corrupto, ese que ostentaba Saúl, y todos los otros arbitrarios antes y después de él, nunca resiste el arte y esto porque la belleza, allí donde se le permita brotar, en la música o en la poesía, en la pintura o en los tatuajes, en los grafiti o en la fotografía, en las caricaturas o en las trovas, en los libros o en la danza, en la liturgia o en las fiestas populares, en los monumentos o también en los anti monumentos, en lo que sea, nombra lo innombrable, empuja desde dentro a los que se extasían en ella, y porque delante de una obra maestra ya no hay masas, hay personas y gente muy digna y esto, que es también muy sencillo y sin alardes, desarma a los tiranos de sus señuelos para manipular.

La historia de David se repitió en Colombia,el pasado domingo,13 de junio; el poder, no se sabe todavía si el poder legal o el ilegal, porque aquí en este país hay de los dos y no raramente son cómplices y se mezclan, se fastidió con la música de Junior Jein, un cantante del pueblo negro que con su salsa choke y la música tradicional del Pacífico hacía temblar consciencias; sus letras y su ritmo eran más que entretenimiento y resultaron retratando la realidad de nuestro país. Tristemente, hay que anotar que Junior Jein no tuvo la misma suerte del músico David: mientras que Saúl falló en su intento criminal contra David, los sicarios contratados en el caso de Junior Jein le descargaron cargas de fúsil y de pistola y lo dejaron bien muerto.

El poder en el Israel de la Biblia no resistía las canciones de David y el poder en Colombia no resistió las canciones de Junior Jein; es que también aquí el poder tiene miedo de perder y anda ansioso, estresado y lleno de demonios y ya sólo sabe disparar; estas canciones nos entregaban toda la fiesta y la fuerza de la cultura negra, la belleza del Pacífico, la alegría de Buenaventura y todo eso fastidió. Es que este país, lo hemos visto en la forma como el gobierno y la autodenominada “gente de bien” han reaccionado ante la protesta social, quiere oír un solo relato, se obstina en desaparecer y asesinar a los líderes que proponen alternativa. Este país, es doloroso escribirlo, parece no resistir el arte, nunca ha oído lo que un día apuntó Dostoievski y es que la belleza salvará el mundo.

La primera vez que vi actuar a Junior Jein fue el año pasado cuando después de la masacre de Llano Verde en Cali, en la que murieron cinco niños negros, él y sus amigos, a ritmo de currulao y de rap, compusieron y cantaron para preguntar “¿Quién los mato?”; como homenaje, ahora que lo hemos enterrado, quiero recordar la estrofa que le tocó interpretar a Junior Jein, en esa obra que es, como en su momento tituló el diario El Espectador, “más que una canción, un clamor por la justicia en Colombia”. Así cantaba el artista reclamando por los menores masacrados: “Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre lo hacen; nada, la vida de los negros no importa nada, lo primero que dicen es: «andaba en cosas raras»…. como Jean Paul, Jair, Leyder, Álvaro y Fernando; somos víctimas del sistema y abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, ¡carajo!”. Ahora, en este día triste y de esperanza, tendríamos que hacer coro con él y pedir que no solo la muerte de los de Llano Verde, sino también la del mismo Junior Jein, y la de tantos y tantos masacrados en este país, encuentren justicia y no queden en la impunidad.

Miles de personas que despidieron a Junior Jein, en Buenaventura y en Cali, gritaban bien duro y con honda fe -“no se fue, no se fue”… y tienen razón, Saúl no pudo callar la música de David, los poderes de aquí tampoco la de Junior Jein. La belleza es lo más revolucionario y esto porque nadie la puede matar.

Por Jairo Alberto, mxy

Publicado enColombia
Martes, 04 Mayo 2021 09:41

Colombia 28A

   

 

 

      

https://www.temblores.org/

 

20 de julio 2021

        

https://www.temblores.org/

https://defenderlalibertad.com/

 

 Artículos relacionados

 

Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe

Raúl Zibechi

Martes 3 de agosto 2021


Colombia: sin agua para apagar el incendio
Escrito por Álvaro Jiménez Millán
Viernes 23 de julio 2021

 

20 de julio: jornada de terror contra los jóvenes de Cali
Jueves 22 de julio 2021

20 de julio. En las calles, en demanda de vida digna
Miércoles 21 de julio 2021

 

 

https://www.temblores.org/bida

 

 

 

https://www.temblores.org/

 

     

https://defenderlalibertad.com/

 

Informe aquí en .pdf

http://www.indepaz.org.co/

 

 

 

 

    

  

 

http://www.indepaz.org.co/


     
 Ediciones publicadas

 

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/429-edicion-n-281.html

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/428-edicion-n-279.html


Artículos relacionados

 

Un régimen sediento de venganza
Martes 29 junio 2021


Periódico desdeabajo Nº280. Cali. Edición especial

Al menos 20 civiles heridos y un muerto durante protestas en Usme
Martes 22 de junio 2021

Colombia: la paramilitarización del conflicto social
Martes 22 de junio 2021

Bachelet condena la violencia en las manifestaciones de Colombia y pide "tolerancia cero" a los abusos policiales
Martes 22 de junio 2021

En Cali, 45 homicidios y en municipios del Valle, 14: el rastro de la represión
Lunes 21 de junio 2021

Ante el testimonio de Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad
Domingo 20 de junio 2021

El antimonumento, puño-corazón
Raúl Zibechi

Viernes 18 de junio 2021

Colombia. Llueva o truene el paro se mantiene
Miércoles 16 de junio 2021

“Resiste”, el monumento construido por la resistencia en Cali
Martes 15 de junio 2021

Los jóvenes populares de Cali viven el más crudo terrorismo de Estado ante la mirada del “país político”
Viernes 11 de junio 2021

Concluye visita de la CIDH a Colombia; recibe testimonios de víctimas y ONG
Viernes 11 de junio

Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes
Human Rights Watch
Jueves 10 de junio 2021

Informe presentado por el Comité Nacional de Paro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Miércoles 9 de junio 2021

Evaluará la CIDH 584 quejas de abuso durante las protestas en Colombia
Martes 8 de junio 2021

Colombia: la generación que perdió el miedo
Domingo 6 de junio 2021

La misión humanitaria argentina en Colombia denunció "prácticas propias de un estado terrorista
Domingo 6 de junio 2021

Marta Gómez: "Es muy triste ser de Colombia en este momento”
Domingo 6 de junio 2021

Denuncian graves violaciones a los derechos humanos durante la rebelión en Colombia
Sábado 5 junio 2021

Colombia es innegociable para el Comando Sur
Viernes 4 de junio 2021

 “Luchamos por los derechos de todos”: el grito feminista en la revuelta colombiana
Viernes 4 de junio 2021

“Avanzamos muy poco”: Comité del Paro tras reunión con el Gobierno nacional, que anunció acuerdo en 16 puntos
Viernes 4 de junio 2021

Human Rights Watch presentará informe sobre el abuso policial en Colombia durante el paro nacional
Viernes 4 de junio 2021

"No les bastó con asesinarlo, lo destruyeron y lo quemaron": Conmoción en Colombia por el hallazgo del cadáver calcinado de un adolescente en Cali
Jueves 3 de junio 2021

Los poderosos medios de comunicación en Colombia: testigos y cómplices de todas las masacres
Miércoles 2 junio 2021

Colombia o la hipocresía europea
Martes 1 junio 2021

Santiago de Cali ensangretada
Domingo 30 de mayo 2021

Matanzas con responsabilidad disipada
Domingo 30 de mayo 2021

El primer mes de paro nacional. La democracia ¿fortalecida o amenazada?
Domingo 30 de mayo 2021

“Pedimos salud, mejor educación y usted nos está matando”: jóvenes y comerciantes confrontan y abuchean al presidente Duque en Cali
Domingo 30 de mayo

La inmoralidad del Estado colombiano
Sábado 29 de mayo 2021
Marcos Roitman Rosenmann

xxxx

Colombia, 28 de mayo: la descubierta violencia estatal encubierta
Viernes 28 de mayo 2021

“Nos llamaron para decirnos que no tienen respuesta”: Comité del Paro sobre reunión con el Gobierno
Viernes 28 de mayo 2021
Infobae

La caída
Viernes 28 de mayo 2021
Escrito por Alfredo Mondragón Garzón

Human Rights Watch ha recibido 63 denuncias de muertes en el marco del Paro Nacional
Jueves 27 de mayo 2021

Paro con asiento territorial
Miércoles 26 de mayo 2021
Periódico desdeabajo Nº279, 20 de mayo - 20 de junio de 2021

A propósito de las protestas sociales en Colombia. Autoorganización y acción colectiva
Miércoles 26 de mayo 2021
Periódico desdeabajo Nº279, 20 de mayo - 20 de junio de 2021

A propósito de las protestas sociales en Colombia. Autoorganización y acción colectiva
Miércoles 26 de mayo 2021
Periódico desdeabajo Nº279, 20 de mayo - 20 de junio de 2021

Colombia: un mes de paro y un futuro incierto
Martes 25 de mayo 2021
Nueva sociedad

Paro Nacional, Rabia y desborde juvenil. En la psiquis popular
Martes 25 de mayo 2021
Periódico desdeabajo Nº279, 20 de mayo - 20 de junio de 2021

Continúan los ataques contra la juventud popular caleña
Martes 25 de mayo 2021

Dialogar para avanzar: Camino para la transformación social
Martes 25 de mayo 2021

Reportan fosas comunes, «casas de pique» y sitios de detención clandestinos para manifestantes en Colombia
Lunes 24 de mayo 2021

Desinfórmemonos

Eso es lo que les hacemos a los que tienen su oficio: Más de 149 agresiones contra periodistas en Colombia
Lunes 24 de mayo 2021

Europa Press

Comunicado Unión Resistencias Cali –primera línea somos todos–
Domingo, 23 de mayo de 2021

Cali. Escenario de guerra en El Calipso
Domingo, 23 de mayo de 2021

Un policía muerto y otros dos heridos tras disturbios en el barrio Calipso de Cali
Domingo 23 d mayo de 2021

Supermercado del grupo Éxito funciona como centro de represión ilegal en Cali
Domingo 23 de mayo de 2021

De cómo el viaducto de Pereira se resignificó en símbolo de protesta social
Viernes 21 de mayo 2021

Yumbo: Terror y silencio

Viernes 21 de mayo 2021

Masacre y terror del fascismo contra los hambrientos

Miércoles 19 de mayo 2021

Colombia. La masacre no cesa
Martes 18 de mayo 2021

Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno
David Villalobos

Domingo 15 de mayo 2021

Policía Militar o Guardia Indígena: dos modos opuestos de seguridad
Raúl Zibechi - Sputnik

Domingo 15 de mayo 2021

Alison Meléndez. Un suicidio provocado por una violación
Sábado 15 de mayo 2021

“La Policía está desatada”: congresistas de EE. UU. envían carta al Departamento de Estado por violencia en las protestas en Colombia

Sábado 15 de mayo de 2021
Infobae

Paro nacional 12 de mayo. Fútbol sin paz
Jueves 13 de mayo de 2021

xxxx

José Miguel Vivanco asegura que en Colombia la fuerza pública tiene “problemas estructurales de militarización”

Infobae

Jueves 13 de mayo 2021


Lucas Villa se convirtió en un caso emblemático de la represión en Colombia

Página12

Martes 11 de mayo 2021

Reportan la primera víctima fatal en Bogotá por la represión contra el paro nacional en Colombia

Rusia Today

Martes 11 de mayo 2021

'Cali of Duty': La cacería de civiles y la violencia policial convierten a la ciudad colombiana en epicentro del terror

Público.es

Martes 11 de mayo 2021

En imágenes: La brutal represión de la protesta social en Cali

Público.es
Martes 10 de mayo 2021

El intento por darle cuerpo a un diálogo fluido que permita levantar el paro nacional empezó mal.

Lunes 10 de mayo 2021

Atacada Guardia Indigenas por los "pájaros" del Estado
Domingo 9 de mayo 2021

Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia
Domingo 9 de amayo 2021

Bety Ruth Lozano, dirigente social colombiana: "no es suficiente con parar la reforma tributaria”
Sábado 8 de mayo 2021

HRW denuncia que la policía colombiana lanza proyectiles desde tanquetas a manifestantes

Sábado 8 de mayo 2021

Lecciones de la revuelta en Colombia
Viernes 7 de mayo de 2021

Organizaciones defensoras reportan 376 desaparecidos durante el paro nacional en Colombia
Viernes 7 de mayo de 2021

La violencia sexual policial emerge en la versión colombiana de 'la noche de los lápices’
Viernes 7 de mayo de 2021

Renovación resistente la causa rejuvenece

Jueves 6 de mayo 2021

Disturbios en Colombia en imágenes

Miércoles 5 de mayo 2021

"En todo el barrio están dando bala"

Martes 4 de mayo 2021

Colombia sigue CALIente

Lunes 3 de mayo 2021

Cae la reforma tributaria: Colombia ¡Triunfo popular!

Domingo 2 de mayo 2021

Colombia. Garantía de muerte

Sábado 1 de mayo 2021

28A. No a la reforma tributaria rompió la pasividad y el silencio en Colombia

Jueves 29 de abril 2021

Reforma tributaria el futuro es de otros

Martes 27 de abril 2021

Reforma tributaria el futuro es de otros

Martes 27 de abril 2021

 

 


 

https://fb.watch/5ry8QkM1xz/

 

 

desdeabajoRadio


Videos relacionados

 

https://youtu.be/GSzlzFrIP6Y

https://youtu.be/IoFcU0ydz3w

 

https://youtu.be/jeGbbi23qwc

 

https://youtu.be/ilpfVrSLqgA

 

https://youtu.be/IN9OrexKSnE

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3-tDBJk0mg

 https://youtu.be/n13Q01MeZDM

 

Campamento Resistencia en Bogotá, iniciativa de organización y construcción colectiva

 

La dosis Nº65: Ojos que no ven corazón que resiste

 

https://youtu.be/O7F4J72LB2Y

 

 

La dosis Nº 61: Enseñanzas y retos de cuatro semanas de rabia y desborde juvenil/popular
https://youtu.be/QX7JEKwQMtc

 

La dosis Nº58: Paro y gol
https://youtu.be/1Wv_V7MPu9I

La vacuna Nº55: Nuevas luces
https://youtu.be/5uFErIU7ovg

 

¡El Éxito huele a sangre!
https://www.youtube.com/watch?v=yoA3I8D4KEc

La vacuna Nº54: La violencia sexual contra las mujeres en el contexto del paro
https://youtu.be/Vlck7FxLBeA

 

Aserrín, Aserrán... ¡Viva el paro nacional!
https://youtu.be/ECw0VAH2GYw

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKw46mjJ0Ag

 

https://www.youtube.com/watch?v=jju4z6KdzlQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFDcyKcUjWQ&t=123s

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nG-7xiBsueA

 

Página 1 de 17