Martes, 03 Diciembre 2013 08:16

Transgénicos: Que hablen los experimentos

Transgénicos: Que hablen los experimentos

A Wallace Hayes, editor en jefe de la revista Food and Chemical Toxicology, envió el pasado 19 de noviembre una carta al profesor Gilles Éric Séralini en la que le solicita retirar su artículo –ya célebre– en el que el investigador francés y su equipo muestran que una variedad de maíz transgénico (NK603) provoca cáncer y muerte prematura en ratas. De no hacerlo, dice Hayes en su misiva, la publicación procedería a retractarse del citado estudio y publicaría una declaración. La advertencia del editor se cumplió el pasado jueves 28, ante la negativa de Séralini (expresada con el silencio) de renunciar a sus resultados y a las conclusiones que se derivan de ellos.


El artículo referido ha adquirido una importancia singular, pues para algunos se trata de la primera demostración científica de daños a la salud en seres vivos provocada por transgénicos (este es un punto muy importante, pues es indispensable diferenciar en el actual debate sobre los organismos genéticamente modificados los argumentos ideológicos y de otro tipo –a los que me referiré más adelante–, de aquellos que surgen de las pruebas científicas). La retractación de una revista del prestigio de Food and Chemical Toxicology, representa un golpe muy serio contra quienes se oponen a los transgénicos bajo el argumento de sus efectos adversos para la salud... Pero sería muy ingenuo pensar que esta historia termina aquí.


La declaración que hace la revista no tiene desperdicio, pues en ella se narra una historia que tiene los siguientes elementos: a) Se reconoce que el artículo de Serálini y colaboradores se publicó después de haber sido sometido a una evaluación de especialistas (revisión por pares) que lo aprobaron y recomendaron su publicación; b) Posteriormente, se recibieron algunas cartas al editor expresando preocupación sobre la validez de los hallazgos descritos en el artículo e incluso denuncias de fraude; c) La revista recurrió a un procedimiento –que reconoce no es muy frecuente– consistente en realizar una nueva revisión del trabajo mediante otro panel de expertos, solicitando además al autor presentar sus datos originales (datos brutos); d) El autor proporcionó a la revista todo el material que le fue solicitado, y e) Después de una revisión exhaustiva, el panel recomendó que el artículo debería ser retirado.


La declaración oficial de la revista señala que el editor en jefe no encontró ninguna evidencia de fraude o tergiversación de los datos; es más, afirma que los resultados no son incorrectos, e identifica (con absoluta precisión) como las causas que llevaron a retractarse del artículo el bajo número de animales en cada grupo del estudio y la cepa de ratas que fue seleccionada: Una mirada más a fondo de los datos en bruto reveló que no se puede llegar a conclusiones definitivas con esta pequeña muestra con respecto al papel tanto del NK603 o el glifosato (un plaguicida utilizado en el experimento), en lo que respecta a la mortalidad general o la incidencia de tumores. Dada la conocida alta incidencia de tumores en la rata Sprague-Dawley, la variabilidad normal no puede ser excluida como la causa de la mayor mortalidad y la incidencia observadas en los grupos tratados.


Las conclusiones de la declaración que hacen la revista y su editor en jefe ponen en charola de plata los elementos para la solución científica de este debate. Pero antes de proseguir, me voy a referir brevemente a algunos elementos extracientíficos de esta discusión.


Las reacciones de diferentes sectores de la sociedad ante los organismos genéticamente modificados (OGM) son indiscutiblemente elementos de la mayor importancia en el debate, pues tienen gran influencia en las políticas públicas referentes a la introducción de los OGM en la agricultura, e incluso en el desarrollo de los proyectos científicos a escala mundial.


Ya que este fenómeno está presente, podemos preguntarnos de qué está hecho, mirarlo a la cara. Pueden verse varios rostros: a) Los que están genuinamente preocupados y ven en los transgénicos un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente, b) Los nacionalistas, que declaran que sin un grano puro no hay país ni raza, c) Los antimperialistas, que ven una conjura de las multinacionales encabezadas por Monsanto, Syngenta, y otras, e identifican a los interesados en la investigación en OGM como agentes del imperialismo o pagados por ellos, d) Los grupos anticientíficos que afirman que toda la ciencia es peligrosa (por lo tanto los científicos también) y que hay que regularla y preferentemente prohibirla –y apenas pueden ocultar sus similitudes con el oscurantismo religioso.


Dentro de esta gama, para quienes están genuinamente interesados en saber sobre los posibles efectos adversos de los transgénicos en la salud y están abiertos a la discusión, el trabajo de Séralini y la declaración de la revista tienen mucho sentido.


Si como dice el dictamen de la publicación en el trabajo de Séralini no hubo fraude y los resultados son correctos (aunque insuficientes) y fueron respaldados en una primera instancia por una revisión por pares, estamos ante una fuerte sugerencia de que una variedad de maíz transgénico puede tener efectos nocivos sobre la salud. los que piensan que la declaración de la revista es suficiente para eliminar esta sugerencia, actúan del mismo modo que los grupos extracientíficos. ¡Quienes tienen que hablar son los experimentos!


La solución es clara, para resolver este debate, al menos desde el punto de vista científico, se requiere hacer experimentos en los que se utilice un número mayor de sujetos en los diferentes grupos (que no requiera de malabares estadísticos) y en cepas de animales que no desarrollen tumores espontáneamente (definitivamente no la Sprague-Dawley empleada por Séralini), con eso se daría solución a un tema científico de la mayor relevancia en nuestro tiempo; y colateralmente, A. Wallace Hayes brincará de gusto o tendrá que presentar su renuncia.

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La siembra de maíz transgénico en nuestro país ha generado un gran debate y preocupación por parte de un amplio sector de científicos y del público en general. No es para menos, pues existen diversos riesgos que deben ser considerados: entre ellos la posible contaminación de las variedades silvestres en el centro de origen y diversidad del maíz y el control monopólico de la producción. Pero quizás uno más de los impactos que los promotores de los organismos genéticamente modificados (OGM) omiten mencionar es el que tiene que ver con el uso de sustancias químicas tóxicas.


Cuando se siembran transgénicos de soya, algodón, papa, canola y maíz se usan inicialmente dos tipos de herbicidas (mata hierbas); el glifosato (nombre comercial Rounduop®) y el glufosinato de amonio. Se trata de dos compuestos químicos que eliminan a las plantas que crecen en cualquier tipo cultivo y que tradicionalmente el agricultor retira manualmente. El glifosato es un herbicida sistémico, es decir, la planta lo absorbe, en cambio el glufosinato sólo se queda impregnado en las hojas.


Debido a que los OGM son resistentes a estos herbicidas pueden sobrevivir y el agricultor ya no se preocupa por deshierbar. Hasta aquí todo parece ventajoso y cualquiera pensaría que al ser herbicidas no afectan a los animales. Sin embargo, es todo lo contrario y por ello representa un riesgo que no debemos omitir y por lo cual muchos países como Corea del Sur, Japón, Hungría y Perú, desde hace 10 años han tomando la decisión de no permitir la siembra o importación de semillas de OGM en su territorio.


Hace 20 años, tanto el glifosato como el glufosinato se consideraban de bajo riesgo para el ambiente y la salud humana. Recientemente, los trabajos de Guilherme y cols. (2013)1, Piola y cols. (2013)2, Yadav y cols. (2013)3, entre otros, han demostrado que ambas sustancias representan riesgo alto, pues causan daño en el material genético (ADN) y metabolismo de especies benéficas, como las lombrices de tierra y en animales como anfibios, peces e incluso mamíferos pequeños.


En cuanto a la salud humana, Henneberger y cols. (2013)4, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional del Oeste de Virginia, Estados Unidos, reportaron que las personas expuestas a glifosato, generalmente los agricultores, pueden presentar cuadros asmáticos, ulceraciones en garganta, arritmias cardiacas e incluso un aumento en el riesgo de padecer diabetes, arteroesclerosis y malformaciones congénitas en el caso de una exposición durante el embarazo. Por su parte, la exposición a glufosinato de amonio causa daños neurológicos y enfermedades cardiacas y respiratorias. También el glufosinato aumenta el riesgo de malformaciones congénitas porque cuando las mujeres embarazadas están expuestas el compuesto atraviesa la barrera placentaria y el feto entra en contacto.
Qué no nos dicen:


Las especificaciones del glifosato recomiendan usar de uno a dos litros por hectárea de cultivos transgénicos y el glufosinato en dosis de un miligramo al día, lo que representa una cantidad considerable que pone en riesgo al ambiente y a las personas que manejan estas sustancias. Por si fuera poco, debido a que el glifosato es un herbicida sistémico, sus residuos quedan en el interior de la planta y pueden ser transferidos a quienes la consumen. En cambio, el glufosinato puede causar efectos a la salud de los agricultores y jornaleros cuando éstos están en contacto con las hojas impregnadas del compuesto. Finalmente, la experiencia en otros países indica que después de un tiempo estos herbicidas son inútiles, pues las plantas que en un inicio atacaban se vuelven resistentes y en pocos años los cultivos transgénicos requieren nuevas sustancias aún más tóxicas y más peligrosas para el ambiente y la salud.


Para ampliar información consulte la página www.uccs.mx y el reporte científico de la UCCS: http://www.uccs.mx/doc/o/uccs-ongs_es
Referencias


1 Guilherme S., Santos MA., Barroso C. 2012. Differential genotoxicity of Roundup® formulation and its constituents in blood cells of fish (Anguilla anguilla): considerations on chemical interactions and DNA damaging mechanisms. Ecotoxicology 21(5): 1381-1390.


2 Piola L., Funchs J., Oneto ML., et al. 2013. Comparative toxicity of two glyphosate-based formulation to Eisenia andrei under laboratory conditions. Chemosphere 91(4): 545-551.


3 Yadav SS., Giri S., Singha U. 2013. Toxic and genotoxic effects of Roundup on tadpoles of the indian skittering frog (Euflictis cyanophyctis) in the presence and absence of predator stress. Aquat. Toxicol. 15: 132-133.


4 Henneberger PK., Liang X., London SJ., et al. 2012. Exacerbation of symptoms in agricultural pesticide applicators with asthma. Int. Arch. Occup. Health 14. En línea: http://link.springer.com/article/10.1007/ s00420-013-0881-x


Por OMAR ARELLANO-AGUILAR*,  Programa riesgos ecotoxicológicos, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad AC

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Los paros agrarios y la lectura de su impacto político.

Colombia ha sido conmovida en los meses recientes por grandes movilizaciones campesinas y populares. Desde la huelga del Catatumbo hasta los paros agrarios en distintos lugares del territorio nacional, las masas han hecho una presencia multitudinaria en la esfera pública, saliendo de las profundidades y el subsuelo social. Para nadie es una duda que el telúrico paro agrario y popular que comenzó el 19 de agosto, es un punto de inflexión innegable en las luchas sociales colombianas que requiere repensar estrategias y muchas categorías por parte de la izquierda.

 

Un campo de conflicto se configuró y los sujetos que emergieron, desde la vida campesina, plantearon duros retos al sistema político nacional que controla la oligarquía. Los "no lugares" de la política, los no institucionales, los actores ubicados en los márgenes de la democracia liberal representativa (burguesa, oligárquica), ganaron preponderancia en el curso de la sociedad y marcan el desarrollo de la nación.

 

Un paradigma nuevo ante una bisagra histórica.

 

Amainada la furia con el repliegue natural de la movilización social, la que seguro regresará y muy pronto, han surgido los análisis e interpretaciones sobre lo sucedido y sus alcances. Muchas de las opiniones se inscriben en el marco de una epistemología atrapada por la rutina y los lugares comunes, incapaz de romper con los esquemas restrictivos del democratísimo demo-burgués. Repiten tesis de manual que les impide captar la esencia de lo ocurrido. Parecen vivir en un enclaustramiento perpetuo omitiendo que la crisis desafía al pensamiento convencional y sugiere otros paradigmas epistemológicos para ver lo que no es evidente, para captar lo emergente y para descubrir lo emancipatorio. No se percatan que probablemente las teorías que tenemos y los conceptos que utilizamos no son los más adecuados y eficaces para enfrentar los desafíos y para buscar soluciones hacia el futuro.

 

Necesitamos de un pensamiento alternativo para pensar alternativas, para poder captar toda la riqueza de las experiencias emancipatorias que ocurren en la actual coyuntura nacional. Un pensamiento que además pueda aprehender dialécticamente los vasos comunicantes entre los distintos procesos políticos que se están dando, en lugar de distinguir artificialmente, conflicto social por una lado, y conflicto armado por otro, proceso de paz en La Habana por un lado y movilización campesina y popular por otro.

 

Un análisis del actual proceso debe considerar el nuevo ciclo político colocado por la apertura de la Mesa de La Habana como un elemento central de la actual coyuntura que vive el país. Esto, de la mano de la espiral de movilizaciones sociales que el país viene viviendo claramente desde mediados del 2008, nos sitúa en una bisagra histórica. Vivimos una transición que no necesariamente parte de y hacia una revolución socioeconómica. Estamos delante de un potencial acto fundacional que es preciso delimitar. Un acto fundacional de la res-pública y de la democracia en términos que se plantean tanto en el debate de la Mesa de La Habana como en las movilizaciones por los campos y ciudades de Colombia. Las categorías político-ideológicas utilizadas por los diferentes sujetos en este proceso pueden servir para imponer camisas de fuerza artifíciales al proceso, o bien para explorar su potencial transformador y ayudar, consecuentemente, a su desarrollo.

 

Entre el universo de interpretaciones publicadas, creemos particularmente interesantes las del académico Medófilo Medina, reconocido profesor de historia de las universidades bogotanas, autor de varios textos sobre los partidos de izquierda y los movimientos sociales, quien ha ofrecido su visión de lo ocurrido en los últimos días en una entrevista para el portal La Silla Vacía (ver http://lasillavacia.com/historia/pensar-que-lo-que-ensayaron-los-campesinos-fue-una-revolucion-seria-muy-equivocado-medofilo ). Esta entrevista ha sido publicada con el provocador título de "Pensar que lo que ensayaron los campesinos fue una revolución sería muy equivocado". Medófilo Medina es uno de los pocos representantes honestos de una vertiente de pensamiento que podríamos llamar, en estricto rigor, socialdemócrata en Colombia. Hombre de larga trayectoria, conocedor como pocos de la realidad colombiana y de la trayectoria del conflicto, da en el clavo con su evaluación de la lectura que se hace del paro desde el establecimiento en términos represivos y contrainsurgentes. Su lectura del gabinete para la "paz" de Santos (que más bien parece un gabinete para prolongar la guerra), así como su indignación ante la perversa utilización, por parte del gobierno, de categorías inadecuadas como las de la infiltración también nos parecen aportes importantes al actual momento. Esto no significa, en absoluto, que tengamos que estar de acuerdo con él en todo, aún cuando sus opiniones siempre dan material para re-pensar los problemas de Colombia. Valgan estas notas como una contribución a debates necesarios, para los cuales no disponemos de respuestas mágicas ni certezas absolutas, sino apenas de algunas reflexiones que esperamos sean de utilidad.

 

Medina, revolución o no-revolución, esa es la cuestión

 

Medina compara la magnitud del actual Paro Agrario Nacional con el Paro Cívico de 1977, algo que muchos analistas han hecho, con respectivos matices por el carácter fundamentalmente agrario de las recientes protestas, aunque la movilización en ambos casos encontró ecos en amplios sectores sociales y se convirtió en una coyuntura que fuerza replanteamientos estratégicos y políticos al movimiento popular. El recurso heurístico utilizado, remite al de la analogía histórica para indicar que las lecturas que se hacen por parte de la izquierda y el pensamiento crítico podrían ser similares a las hechas a raíz del paro cívico de 1977, cuando según él se infirió la necesidad de la lucha armada como vía exclusiva para la conquista del poder y la realización de la revolución socialista. Aproximación débil que ignora el nuevo mundo de la movilización popular del siglo XXI en Colombia y el mundo, y la re-significación que se ha hecho de conceptos tan manoseados como revolución. Lo que nos enfrenta a problemas de paradigma. Según él:

 

"En la izquierda, en el movimiento guerrillero, el paro cívico se leyó en clave de insurrección (...) La izquierda no armada, vale aclarar, no toda, participó de alguna manera de este delirio insurreccional. (...) No creo que se hubiera producido en 1977 una situación revolucionaria. El Paro, (...) fue una respuesta contra unas políticas económicas y sociales (...) El paro fue una coincidencia de sectores socialmente abigarrados y políticamente diversos. Valorar eso como una revolución frustrada fue producto de una distorsión del juicio (...) El movimiento de los trabajadores rurales y también urbanos tiene exigencias de modernización de la vida política, de mayores condiciones de participación pero pensar que lo que se ensayó allí por parte de los campesinos fue una revolución sería muy equivocado (...) Porque las demandas tienen unos horizontes inmediatos, son muy concretas".

 

Más allá de si en 1977 el campo revolucionario elaboró conclusiones respecto de los acumulados políticos para plantear nuevos escenarios de lucha (cosa que, en principio, no nos parece una equivocación, hipótesis latente en la reflexión de Medina) de manera apresurada, nos parece temerario el salto a sugerir que, respecto de la actual ola de movimientos campesinos, no podemos avizorar posibilidades de cambios profundos, porque eso sería alimentar un delirio extremista en la izquierda. En nuestra opinión nadie tiene derecho a imponer riendas a la voluntad de un pueblo en movilización, a decirle "hasta aquí es aceptable". Tal cosa es seguir tratando al pueblo llano como rebaño y no como agente activo.

 

Preocupa el hecho de que en el manejo conceptual quienes apostamos por una transformación social profunda (y no nos cabe duda que, pese a ciertas diferencias, estamos en ese bando con el profesor Medina) nos vemos rezagados y a la defensiva, o manejamos los conceptos de manera poco dialéctica, rígida, de manera analítica. Tal cosa ocurre con el manejo, en nuestra opinión inadecuado, que el profesor Medina hace del concepto de "revolución". Las revoluciones rara vez son obra exclusiva del "partido único" y siempre presentan contradicciones importantes en el seno de las masas que las hacen. Ni siquiera la Revolución de Octubre, prototipo de la "revolución por excelencia" respondió a ese esquema, pese a su posterior mistificación. Medina dice, para demostrar que no existe potencial revolucionario en el presente, que José Antonio Ocampo critica a los TLCs pero que no propone una alternativa socialista. ¿Acaso las masas en San Petersburgo y Moscú en 1917 pedían socialismo? ¿Se deriva mecánicamente de la consigna "Pan, Tierra y Paz" el socialismo? Y esa consigna fue la que impulsó a la formación de la república soviética. No queremos decir con esto que la "amenaza comunista" esté a la vuelta de la esquina, como dirían los alucinados del uribismo.

 

Algo nuevo crece, sin embargo, en Colombia, algo que se ha escapado todos estos años a los sabihondos que desde la violentología o las teorías importadas sobre "construcción de paz" (empacadas en el mismo formato macdonalizado por las grandes instituciones de la "gobernanza" internacional, para consumo lo mismo en África o los Balcanes que en Colombia). Algo que se le ha escapado a la socialbacanería que defiende estridentemente las instituciones podridas y que no imagina otros modelos políticos que aquellos actualmente existentes. Entender la naturaleza de este nuevo fenómeno requiere una mirada fresca y sacudir presupuestos fáciles, nociones manoseadas y categorías de análisis anquilosadas.

 

Desafortunadamente, las categorías con que Medófilo Medina sigue mirando al mundo están ancladas ideológicamente en el dogmatismo y las mistificaciones de un cierto sector que aún no se desprende de una lectura mecanicista y eurocéntrica de las revoluciones. Y no se trata, con esta crítica, tampoco, de estirar el concepto hasta el punto de que pierda todo valor explicativo, sino de entender la naturaleza sui generis que tiene en cada momento histórico y en cada espacio concreto, la irrupción de las masas en la arena política.

 

Lo que es revolucionario en un contexto puede no serlo en otro. Lo fundamental en un proceso revolucionario es que las masas se convierten en el actor protagónico en la arena política. Cosa que Medina reconoce y en lo cual insiste cuando afirma que "el verdadero valor de lo que ha pasado es esa participación con decisión de los trabajadores de manera sostenida". Sin embargo, no valora este hecho en toda su dimensión y lo que significa, no en cualquier contexto universal, sino en las condiciones específicas de Colombia a inicios del siglo XXI. No ha sido una exageración, en nuestra opinión, hablar de la "revolución de las ruanas", aún cuando este proceso aún esté lejos de concretizar todo su potencial. Desde luego no estamos ante un proceso revolucionario abierto en Colombia en el sentido clásico (dogmático-eurocéntrico) de la palabra, pero sí estamos ante un período de transformaciones sociales profundas que tienen que darse –y que pueden darse- para superar la actual crisis de hegemonía que aqueja a la formación social colombiana, el cual, si es llevado a sus lógicas consecuencias, tiene alcances revolucionarios. ¿Podemos, acaso, entender "la modernización de la vida política del país" al margen de los equilibrios de poder entre las clases y fracciones de clases, así como de la constante lucha entre ellas? ¿Podemos seguir hablando de modernidad y progreso como categorías objetivas, positivas y sin contenido político, de clase, sin referencia incluso a cosmovisiones más profundas que nos sitúan en paradigmas diferentes al eurocentrismo? Si estas transformaciones reclamadas por las muchedumbres asumen o no un carácter revolucionario, dependerá de las apuestas que desde hoy haga el movimiento popular. Pero para Medina la revolución, como deja en claro más adelante en la entrevista, se reduce a una "aventura armada".

 

¿Aventureros o transformadores?

 

Entender la naturaleza del conflicto armado que sacude a Colombia desde hace décadas en clave de "aventura armada" es un craso error del cual no pueden salir sino conclusiones erróneas. Aún cuando el conflicto armado tenga una dinámica particular, no puede aislarse ni divorciarse artificialmente del conflicto social, en el cual tiene sus raíces profundamente clavadas y desde el cual se nutre. Tampoco el conflicto social es indiferente a la dinámica política del conflicto armado. Tal cosa es evidente al hacer una rápida lectura a los temas claves del proceso de paz en La Habana y los reclamos de los millones de colombianos movilizados durante el paro agrario y popular. Desde luego que ninguno es reflejo mecánico del otro, pero las superposiciones entre ambas visiones de Colombia, son evidentes a cualquier lector desinteresado. Tanto como el abismo que ambas comparten con el proyecto de Colombia del bloque en el poder.

 

La visión de Medina de la revolución según esquemas preconcebidos o como una mera "aventura armada" llevan a que establezca distinciones artificiales que no aportan a una lectura más fina del actual momento político, como se desprende de una sorprendente afirmación que hace en la entrevista:

 

"Las farc tienen todo el derecho de sentirse fortalecidas pero en su propuesta de paz y no para creer que están allí perdiendo el tiempo porque el pueblo está protagonizando una revolución".

 

¿Acaso las farc-ep han hablado, alguna vez, de paz a secas? Cuando la insurgencia y muchísimos sectores del movimiento popular hablan de paz, se dice "paz con justicia social", eso Medina bien lo sabe. Como hemos explicado en ocasiones anteriores[1], tal cosa no es un capricho sino que obedece a la realidad de que la paz, sin tocar las estructuras sociales y económicas que alimentan el conflicto, no es sino una quimera. En ese sentido, la distinción que adivina Medina entre la "propuesta de paz", y la propuesta política, de cambio social, profundo, radical, nunca ha existido, ni en la insurgencia ni en las principales expresiones del movimiento popular. Cuando las farc-ep llegaron a La Habana lo hicieron para discutir una agenda de cambio político para el país, y eso es lo que se ha expuesto y demostrado en todos sus comunicados y propuestas. Esa distinción entre la propuesta de paz y la de cambio es totalmente artificial y solamente contribuye a la causa de quienes, a veces agazapados en la izquierda, buscan una desmovilización exprés y la mera conversión de las insurgencias en partidos dentro del actual sistema democrático-burgués de pelambre mafioso y paramilitarizado. Esto es exactamente lo que espera Santos de estas negociaciones, aunque de cuando en vez se deje llevar por arranques retóricos insustanciales que no merecen ser tomados muy en serio. A los pocos minutos una declaración del intocable ministro de defensa nos devuelve la sana dosis de realismo político que necesitamos para afrontar la actual coyuntura.

 

La irrupción del pueblo en el escenario político no puede leerse por parte de la insurgencia como si las negociaciones de paz fueran lo mismo que perder el tiempo porque precisamente ella ha sido enfática que la agenda de cambios que el país necesita debe ser amplia, construida desde la lucha, desde abajo, al calor de la movilización popular. Poner pueblo a las negociaciones, una frase que han repetido hasta el cansancio, significa algo más que mandar recomendaciones por foros o a través de internet. Significa que el pueblo, en todas sus expresiones necesariamente contradictorias, asuma el debate y se movilice para avanzar en el camino de los cambios que el país necesita. La unidad entonces se ve como un proceso dialéctico, contradictorio, fruto de la movilización concreta y no como la imposición de categorías homogeneas ni de verdades únicas. Lo cual implica superar visiones vanguardistas-iluministas que no se ajustan a la realidad nacional, por una parte, y buscar la confluencia amplia al interior de la izquierda en lucha y los sectores populares, por otro. El escenario al que más teme la oligarquía colombiana se está materializando, y es la confluencia entre las demandas del pueblo movilizado con la agenda política de La Habana, la cual no es diferente a la agenda de paz. Un escenario que nada tiene de oportunista sino que muestra los vasos comunicantes propios del bloque popular y la identidad de intereses objetivos a largo plazo. Si algo ha demostrado este paro, es que la agenda política de la insurgencia, con todos los peros que pueda haber, se ajusta muchísimo más a la realidad nacional y a las aspiraciones de las amplias masas, que la agenda impresentable del santismo. Eso es lo que más le duele a una oligarquía que parece haber perdido todo impulso histórico. Y eso también es a lo que se refiere el mismo Medina cuando dice (sin sacar las conclusiones necesarias de su reflexión) que "el ambiente general es de demanda de un reformismo social y de una modernización política de un país, es decir de una democratización efectiva. Y eso está también en el discurso de la farc".

 

¿Esa agenda de cambio político, de dimensiones revolucionarias, entonces, no es parte de la propuesta de paz? Son dos caras de la misma moneda, desde luego. La distinción artificial entre "paz" y "propuesta transformadora" en Medina, lo inhabilita para comprender la posibilidad de la emergencia de un poder genuinamente popular, del pueblo como un soberano en ciernes, que es lo que se está empezando a ensayar con instancias como la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. Al margen del ejercicio del poder popular como una apuesta inmediata, que no se relega hasta la calendas, uno no puede sino limitarse a las propuestas de apertura política, coincidentes con las del santismo, a ver si en las próximas elecciones... ya conocemos ese cuento.

 

Pensar la novedad en lo político desde una matriz crítica y alternativa.

 

Desde nuestra mirada, las acciones sociales que están ocurriendo hoy aquí – que, pese a sus particularidades y originalidades, no están al margen de las rebeliones multicolores que han sacudido a todo el continente americano- son protagonizadas por grupos sociales (campesinos, indígenas, mujeres, afro descendientes, desempleados, estudiantes) cuya presencia en la historia no fue prevista por la teoría crítica eurocéntrica. Se organizan muchas veces según formas (movimientos sociales, autogobierno, organizaciones económicas populares) muy distintas de las privilegiadas por la teoría clásica: el partido y el sindicato. No habitan los centros urbanos industriales sino lugares apartados en las alturas de las cordilleras o en llanuras de la selva amazónica. Hablan desde la periferia urbana y rural. Expresan sus luchas a veces en sus lenguas y dialectos particulares y no en ninguna de las lenguas coloniales en que fue redactada la teoría crítica que sustenta el bagaje intelectual de Medina y nuestro. Y cuando sus demandas y aspiraciones son traducidas en las lenguas coloniales dominantes de las clases blancas o en las plataformas reivindicativas invariablemente centradas en los centros políticos, no emergen los términos conocidos de democracia o desarrollo, sino dignidad, respeto, territorio, autogobierno, autonomía, el buen vivir (sumak kawsay), la Madre Tierra. Aún cuando creamos que estamos todos hablando la misma lengua, incluso, hay diferencias lugares desde los cuales se habla que implican formas de entender el mundo y la realidad totalmente diferentes. Problema que no es único de la actual coyuntura colombiana sino que es propio de una modernidad lleva de quiebres y contradicciones internas. Mientras en la revolución haitiana (1791-1804) los líderes revolucionarios entendían la libertad (liberté) en los términos ilustrados planteados por la revolución francesa, para los bozales y esclavos sublevados, la libertad era indisociable de su conuco y su pedacito de tierra. Condiciones fundamentales para "ser" y no meramente "existir".

 

Los movimientos sociales recientes más allá de los contextos, construyen sus luchas sobre la base de conocimientos ancestrales, populares y espirituales que siempre fueron ajenos al cientificismo propio de teorías críticas eurocéntricas[2]. Por otro lado, sus concepciones ontológicas sobre el ser y la vida son muy distintas del inmediatismo y de los individualismos occidentales. Los seres son comunidades de seres antes que individuos, y en esas comunidades están presentes y vivos los antepasados así como los animales y la Madre Tierra. Estamos ante cosmovisiones no-occidentales que obligan a un trabajo de traducción intercultural para poder ser entendidas y valoradas. La movilización social que hemos visto no sólo recomienda tomar alguna distancia con relación a ciertas categorías del pensamiento; más que eso, exigen pensar lo impensado, o sea, asumir la sorpresa como acto constitutivo de la labor teórica.

 

Si algo caracteriza a estos nuevos movimientos sociales es su complejidad, su diversidad, su permeabilidad y su interés por implicarse en la acción, en la práctica, de un concepto re-significado de ciudadanía. Lo que les sitúa en una predisposición para buscar una múltiple articulación temática, sectorial, entre escalas y entre agencias. El conocido eslogan de "pensar globalmente y actuar localmente'' se ve complementado con el "pensar localmente y actuar globalmente'' -permitiendo el reconocimiento de las identidades particulares, de las diferentes subjetividades (diferencias étnicas, territoriales de género, orientación sexual, edad, etc.), identidades sectoriales (trabajo, medio ambiente, educación, sanidad, vivienda, etc.) y territoriales, conjugándose a la vez con la defensa y conquista de principios universalistas como los derechos humanos, o los mismos valores democráticos, que se re-significan incorporando otras voces y otras contribuciones aparte de aquellas que vienen desde los centros del desarrollo capitalista. De tal modo que el objetivo de estos nuevos movimientos sociales, articulado como una ciudadanía democrática e inclusiva, tiene un doble sentido: particularizar los valores universales y universalizar las identidades particulares. En definitiva, tienen el reto de articular las distintas posiciones subjetivas en un sujeto unitario y pluridiverso, en una nueva identidad de identidades que sea mucho más que la suma mecánica de sus partes.

 

Hubo "pitonisos" que anunciaron que con la globalización todo se iba a desterritorializar, que todo iba a ser global, predicciones empañadas por la repentina importancia que cobran el territorio y la tierra como aspectos centrales para la emergencia de una nueva protesta social, aspectos que muchos teóricos entendían como "residuales" o "atávicos". Demandas que adoptan diferentes formas, rurales pero también urbanas. Los bloqueos de todo orden son modos de apropiación de lo rural y lo urbano, son otras formas de territorialidad que no figuraban en los esquemas convencionales, que han cobrado una desmesurada importancia en las luchas en curso, que interrumpen la circulación "libre" del capital en el mundo globalizado.

 

Se requiere un trabajo teórico que acompañe la labor transformadora de los movimientos agrarios, cuestionándola, comparándola sincrónica y diacrónicamente, ampliando simbólicamente su dimensión mediante articulaciones, traducciones, alianzas con otros movimientos. Es más un trabajo de artesanía y menos un trabajo de arquitectura. Más un trabajo de "testigo implicado" y menos de liderazgo clarividente. Un trabajo que implica una autocrítica profunda no sólo a los métodos con los que hemos trabajado sino hasta el mismo prisma con el que hemos mirado al mundo, que implica una renovación no sólo de la sociedad como realidad externa, sino también de todo lo que de ella hemos internalizado.

 

30 de Septiembre, 2013.

 

[1] http://www.anarkismo.net/article/25891

[2] Nuestra crítica al eurocentrismo no significa rechazar el aporte específico realizado desde Europa y desde las luchas populares europeas a los movimientos emancipatorios, aportes valiosos y profundos. Tampoco nos interesa la exaltación postmoderna de un "pensamiento alternativo" que sigue definiéndose en función del pensamiento europeo, aún cuando sea por oposición. Tal aproximación pecaría de la misma falta de pensamiento crítico y dialéctico que hemos venido criticando. Significa sencillamente ser capaces de leer los movimientos sociales desde más allá de los conocimientos desarrollados en Europa, valorar sus aportes específicos y no tomar al conocimiento europeo como el único centro de gravedad del pensamiento.

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Lunes, 09 Septiembre 2013 06:48

El costo institucional del problema agrario

El costo institucional del problema agrario

El problema agrario es la mejor expresión de que en Colombia jamás ha habido un proyecto nacional. Toda la burguesía en Colombia traicionó el papel que le correspondía históricamente.

 


En la historia de Colombia solo dos veces algún gobernante intentó elaborar una reforma agraria, desplegar una política de apoyo abierto al agro en general. Primero fue A. López Pumarejo, y más tarde C. Lleras Restrepo. Y ambos fracasaron. Estuvieron, literalmente, a punto de perder el poder, si no la vida por su intento.

 


La reforma agraria es un asunto eminentemente liberal. Burgués, por tanto. Nada tiene de marxista ni de comunista. Es, simple y llanamente, la idea de desarrollo agrario para alimentar al propio pueblo. Así fuera para después ponerlo a trabajar. La mayoría de los países europeos llevaron sus reformas agrarias en el contexto del desarrollo del estado nacional, de proyectos–país, en fin, de consolidación de la república. Y en América Latina, con variaciones, fueron logros que llevaron a cabo otros países entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

 


Pero en Colombia, las élites nacionales jamás tuvieron una política agraria que pudiera ser considerada como algo semejante a una política pública. Colombia pasó de la mita y la encomienda, directamente al latifundio y la inequidad en el campo. Es decir, pasó del medioevo... a la Edad Media. En materia agraria, lo de Colombia ha sido eterno retorno de lo mismo. Y, por tanto, sus consecuencias: violencia en el campo y contra el campo, aislamiento de la ciudad y el campo (que en Colombia se denomina eufemísticamente: "Bogotá y la provincia", cantada por un cantante de vallenato, y reiterada en estos días a raíz del cambio de gabinete del presidente Santos).
En honor a la verdad, a Santos le estalló la bomba agraria, resultado de toda una historia de inequidad, abandono y viole

 

ncia. Colombia, un país de regiones, inmensamente rico en naturaleza, que, sin embargo, específicamente a partir del neoliberalismo ("modelo neoclásico") importado por el gobierno de Gaviria y sostenido y alimentado hasta la fecha por todos y cada uno de los gobiernos habidos, importa el 80% de la comida que consume. Totalmente irracional (y sólo aceptable para un archipiélago como Japón).
El costo institucional de las protestas agrarias —la cuestión agraria— es que Santos perderá la reelección en el 2014. Él, que quería, a semejanza de un expresidente de EE. UU., "traicionar a su clase" para pasar a la historia.

 


Pues esa es su verdadera finalidad, su sueño, su pesadilla. Pasar a la historia. A diferencia de su predecesor que duró ocho años —gracias a haber cambiado las reglas para beneficio propio—, y que pasará a la historia como una anécdota. Una muy mala anécdota.
De familia de expresidentes, miembro de la más encumbrada aristocracia colombiana, él mismo no puede perdonarse no pasar a la historia, que, lo sabe bien, es el verdadero mérito de los gobernantes y políticos.

 


Y, sin embargo, el verdadero costo del problema agrario no es el institucional, sino el social. Cincuenta años de cruenta guerra civil, en los que la guerrilla y el Estado alcanzaron, a un altísimo costo humano, un equilibrio estratégico, con ventajas diferenciadas de orden táctico. Con el costo social subsiguiente.

 


El problema agrario es la mejor expresión de que en Colombia jamás ha habido un proyecto nacional. Toda la burguesía en Colombia traicionó el papel que le correspondía históricamente: desarrollar las fuerzas productivas, cuidar a su sociedad y nación, elevar la calidad de vida interna. Eso es lo que hace históricamente la burguesía, para fortalecer su apuesta por el sistema de libre mercado. Pero en Colombia ni siquiera eso. Y como lo dice con fineza García Márquez al final de Cien años de soledad, una burguesía semejante no merece una segunda oportunidad sobre la tierra. El papel que debía jugar jamás lo entendió, jamás ni siquiera lo leyó. Una burguesía históricamente analfabeta, miope y bruta. Y por eso mismo violenta.

 


¿Que las negociaciones de la Habana son un proyecto nacional, una política de Estado, un proyecto—país? Eso no se lo cree nadie. Nunca sobrará recordar que luego de echar lápiz y papel, como se dice, los principales gremios y poderes del país llegaron a la conclusión que, literalmente, la paz es el mejor negocio. Pues con la firma de la paz en La Habana, el PIB aumentará entre dos y tres puntos por año.
Lo de La Habana no es nada de altruismo o democracia, ética y buenos valores. Es cuestión de oportunidad de negocio, mejorar la imagen internacional del país, y atraer a los más prestigiosos capitales internacionales. Y eso: crecer económicamente. Que es algo perfectamente distinto al conjunto de temas y problemas relativos al desarrollo. Dentro de los cuales, el tema agrario es fundamental e inaplazable.
La consecuencia social —no ya institucional— de la cuestión agraria, consiste en que todos los gobiernos que nunca fueron capaces de llevar la reforma agraria al terreno que corresponde, hicieron de Colombia el segundo país más inequitativo en el mundo; el segundo país con mayor desplazamiento forzado en el mundo; en fin, uno de los países con mayor falta de transparencia en el orbe mundial, por ejemplo.

 


Santos está tocando a las puertas de la OCDE pidiendo que Colombia sea acogida en el club de los países más ricos y desarrollados. Si la OCDE lo acepta, habrá una enorme inconsistencia: será el único país miembro que jamás llevó a cabo una reforma agraria. Con todas las consecuencias necesarias.

 


Al presidente Santos le queda un año de gobierno. Y su verdadera preocupación no es la de resolver la cuestión agraria, sino la de hacerse reelegir. En un país con todos los grandes medios puestos a su disposición, y con una corta memoria histórica, es posible que lo logre. Pero, si lo logra, será su verdadera tragedia (la de Santos). Pues carece de un proyecto–país. A diferencia de varios de los gobiernos de América Latina.

 


Una observación final: la expresión más puntual de que Santos carece de un proyecto–país es que en el marco de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, Colciencias fue entregada, con criterios eminentemente políticos, a un partido de éstos, algo que jamás había sucedido. Y que su locomotora de la innovación jamás prendió ni siquiera motores. Y que el conocimiento no aparece ni de lejos como una preocupación central de este gobierno. Pero muchos otros argumentos pueden presentarse sin ninguna dificultad. Un proyecto–país: nada de eso suena ahora en las agendas y nombres pre–electorales. Otro motivo más para la abstención.


Publicado el Domingo, 08 Septiembre 2013 18:53

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Viernes, 30 Agosto 2013 08:13

De Boyacá en los campos

De Boyacá en los campos

La frase más sonada en estos días de marchas, bloqueos, heridos, detenidos, forcejeos, físicos y verbales, fue: "Importar alimentos, es traición a la patria", pronunciada por el obispo de Tunja, Luis Augusto Castro. Los neoliberales -que se escandalizan con ella- seguramente desconocen otra similar de George Bush (padre), quien dijera: "¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable...".

 

Lo que el libre comercio y la apertura produjeron en Colombia en 20 años en la seguridad alimentaria nacional ha sido un aumento descomunal de dicha vulnerabilidad. En 1989, el agro colombiano suministraba el 90% de los bienes agropecuarios demandados por industrias y hogares, en 2006 ya se importaban cerca de 5 millones de toneladas. Con relación al consumo nacional, equivalían al 95% del trigo, al 100% de la cebada; al 75% del maíz; al 90% de la soya; al 90% del sorgo; al 33% del fríjol y al 100% de la lenteja, del garbanzo y de la arveja seca. El área algodonera sembrada se redujo de más de 200 mil hectáreas a menos de 30 mil. Para los últimos años, el número de toneladas importadas de productos del ámbito agropecuario se ha duplicado, rodeando los 10 millones, y para 2013, con el TLC con Estados Unidos, puede superarlo, al crecer en el 81% las provenientes de ese país, tan sólo para el primer semestre.

 

Ante tal avalancha, estimulados por promesas oficiales, muchos agricultores, pequeños, medianos y grandes, se refugiaron en géneros presentados como "promisorios" en la globalización agrícola. Las principales guaridas fueron el café, la panela y el cacao, fomentados en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la leche, la palma de aceite, las hortalizas, las frutas y la papa. Unos bienes tropicales y otros de más difícil transacción.

 

¿Cuál es la novedad? Que las importaciones de tales productos también comenzaron a dispararse. En café, en los últimos años, sin contar contrabando, han oscilado ente 500 mil y un millón de sacos; en cacao, alcanzan cerca del 10% de la producción nacional y un porcentaje algo mayor en aceites de palma, lo que contribuye a que las compras externas totales de aceites y grasas de origen vegetal y animal ya sumen más de 600 millones de dólares; las de lácteos y huevos, entre 2011 y 2012, crecieron 144% (¡¡), de casi 50 millones de dólares a cerca de 120. Las de azúcar, sin contar, el ingreso de sustitutos como el jarabe de maíz, pasan de 300 mil toneladas, aproximadamente el 15% de la producción nacional, impactando toda la cadena del dulce, incluida la panela. Con relación a la papa, hay una avalancha de producto procesado; entre 2010 y 2012, se ha duplicado hasta 20 mil toneladas, equivalentes a más de 200 mil de papa fresca, perdiéndose el mercado industrial con la competencia foránea.

 

Es un proceso que a campesinos, productores y empresarios rurales los ha acorralado a punta de importaciones y ya no queda renglón posible ni acceso fácil a recursos financieros para sostenerse. Esta es, además del alza exponencial de los costos de producción principalmente por insumos, fertilizantes y semillas, combustibles y energía, la explicación del estallido generalizado que en varias regiones causó movilizaciones ciudadanas multitudinarias.

 

Qué iba a imaginarse Núñez que la quinta estrofa del himno de Colombia iba a plasmarse -130 años después- en contemporáneos "soldados sin coraza", quienes, independientemente de los resultados de las negociaciones, "ganaron la victoria". Sólo que – por ahora- "el genio de la gloria" tendrá que coronar a los "héroes invictos" con espigas extranjeras, las autóctonas desaparecieron de los campos de Boyacá.

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El estado colombiano y los derechos de los asalariados y jornaleros del campo

Las protestas que hoy sacuden al campo colombiano están más que justificadas. Lecheros, papicultores, cafeteros, arroceros, etc., se encuentran en condiciones cada vez más difíciles. No sólo deben soportar la competencia completamente hostil que les han creado los tratados de libre comercio, sino que los costos de los insumos que les imponen las compañías trasnacionales no los dejan prosperar; además son víctimas de los intermediaros y comerciantes mayoristas que les compran sus cosechas y productos “a precio de huevo”, en un contexto en el que el Estado está completamente ausente, carece de políticas públicas de crédito de fomento, de asistencia técnica y de comercialización que les permitan mejorar la productividad de sus negocios.

 

Sin embargo, en la actual coyuntura de movilización y protesta campesina nadie se refiere a las problemáticas específicas de los trabajadores asalariados y jornaleros del campo. Detrás de cada papicultor, o dueño de hato lechero, productor de café, de arroz, o de un ganadero, hay por lo menos tres, cuatro, cinco o más trabajadores que se encuentran en una situación todavía peor: ni siquiera devengar un salario mínimo, no tienen afiliación a la seguridad social, trabajan de sol a sol sin la protección contra las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Son trabajadores que cuando llegan a viejos se quedan sin ningún ingreso, pues ya nadie los contrata y nunca tuvieron oportunidad de cotizar para una pensión.

 

A nivel nacional, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura ocupan 3´366.000 personas, o sea el 16% de la población ocupada. De éstas, 898 mil son trabajadores asalariados y 595 mil son jornaleros o peones.

 

Exceptuando los corteros de caña en el valle del Cuaca, los trabajadores del banano en la región de Urabá y el Magdalena, las trabajadoras de la flores en Cundinamarca y el oriente antioqueño, y algunos trabajadores de plantaciones de palma africana, la mayoría de los trabajadores dedicados a las labores agropecuarias trabajan en condiciones de informalidad, sin protección social, y sin siquiera el derecho a un salario mínimo.

 

Las propias estadísticas del DANE y del Ministerio del Trabajo indican que en 2012 el trabajo informal en el sector agropecuario era del 91% , es decir, trabajo que no se ajusta a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a los convenios de la OIT; que el 73.1% de los trabajadores y trabajadoras devenga menos de un salario mínimo, y que el ingreso promedio en este sector apenas alcanza el 79% de un salario mínimo.

 

Todos estos trabajadores, más los que trabajan por cuenta propia en sus pequeñas parcelas, son los que hacen la masa de los pobres del campo, que en las estadísticas del DANE aparecen como “el resto”, y alcanza el 46.8% de la población. A éstos hay que agregar los que están en la pobreza extrema, que en estas regiones afecta  al 22.8% de la población .

 

Esta pobreza e indigencia está asociada, por supuesto, a los ingresos laborales que recibe la mayor parte de la población trabajadora del campo y a la desprotección social en que se encuentra. En este resultado el Estado tiene una gran responsabilidad, pues una de sus funciones: la de inspección del trabajo, en la práctica está completamente ausente en el campo colombiano, pues para todo el país apenas se cuenta con 456 inspectores, uno por cada 46 mil trabajadores.

 

Esta función, que debe ejercer a través del Ministerio del Trabajo, obliga al Estado a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores y trabajadoras en ejercicio de su profesión: horas de trabajo, salario, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores, libertades sindicales y demás disposiciones afines. Incluye también facilitar información técnica y asesorar a empleadores y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir dichas disposiciones; y finalmente, poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por ellas.

 

En síntesis, la función de inspección, clave para la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del campo, se concreta en acciones de control, asesoraría e información, y puesta en conocimiento ante la autoridad competente. Esta labor no la cumple el Estado porque carece del número suficiente de inspectores, y los pocos que hay se concentran en las principales ciudades y en algunas cabeceras importantes, dejando completamente desprotegido el sector agropecuario. Peor aún, los inspectores municipales, los de las localidades de mayor violación a derechos laborales, tienen bajo su jurisdicción entre 8 y 10 municipios. En la práctica solo se le hace posible realizar las consultas y conciliaciones del municipio en el que se tiene sede. Además, frecuentemente los inspectores se ven obligados a cancelar las visitas de inspección programadas o a desistir de visitar ciertos establecimientos, por la simple razón de que el Ministerio no suministra transporte .


Así que la actual coyuntura de paros y protestas campesinas no puede dejar oculto el drama de los cientos de miles de trabajadores asalariados del sector agropecuario, a los que no se les reconocen sus derechos humanos laborales. En parte la violación de estos derechos es consecuencia de las condiciones precarias de los productores, a quienes no les alcanza ni para cumplir las obligaciones que se derivan de un contrato de trabajo.


Por eso garantizarles a los productores condiciones más favorables de producción y distribución, contribuye a que puedan cumplir con sus obligaciones como empleadores. Pero no basta con eso. También el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley laboral en todo el país, sancionando a los empleadores del campo que, estando en condiciones de reconocer los derechos laborales de sus trabajadores, entre ellos los derechos de libertad sindical, no lo hacen. Entre otras razones porque están seguros de que ningún inspector del trabajo los va a investigar y a sancionar.

 

Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical

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Colombia, campeón mundial en precio de fertilizantes

Cuando Salvador Camacho Roldán fundó la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “pudiera llegar a dudarse que la agricultura actual sea superior a la de los muiscas”.

 

Se carecía aquí de culturas agrícolas, mientras en Europa y Estados Unidos ya se utilizaban equipos para el manejo de subsuelos, abonos orgánicos, rotación de cosechas, drenajes, riego y selección de razas.

 

Desde 1950, con la Revolución Verde, Colombia se tornó en gran demandante de insumos químicos a partir de los fertilizantes, teniendo en cuenta que el 80% de nuestros suelos son ácidos. En 1984, 30 años después, el consumo de fertilizantes pasó de 20.000 toneladas al año a 754.000, 37 veces más, y de ahí a 2010 se ha duplicado hasta llegar a un millón y medio. Para 1974 Colombia ya era el primer consumidor de agroquímicos de América Latina.

 

Con los años no ha cambiado. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de 2012, afirma que Colombia aplica 521 kilos por hectárea, mientras que en América Latina el promedio de aplicaciones de fertilizantes es de 148; en Asia, 85; en el norte de África, 157, y en el África subsahariana, 10.

 

El Banco Mundial ubica a Colombia, luego de China y Malasia y de algunos países con superficies desérticas o insulares, como uno de los primeros en la aplicación de fertilizantes, con 499 kilos por hectárea de tierra cultivable en promedio entre 2008 y 2012.

 

Este récord va con otro: el de los altos precios. Los precios mayoristas de insumos como urea, fosfato diamónico (DAP) y el cloruro de potasio (KCl) oscilan, aproximadamente, entre 25% y 35% por encima del precio internacional, y los minoristas, en el mejor de los casos, se ubican en un 15% más del mayorista, cerca de 45% sobre el precio internacional.

 

Hay incluso sitios donde el recargo es del 50% o más con respecto al precio al por mayor, acercándose a 80% sobre el precio internacional. Estos datos revelan que tanto el eslabón importador-comercializador como el comercializador-consumidor escapan a una estricta vigilancia.

 

¿Es posible tener competitividad así? En cultivos transitorios, como arroz, algodón, sorgo, papa y maíz blanco, los fertilizantes participan con un porcentaje que abarca entre el 20% y el 30% de los costos de producción, acorde con el tipo de tecnología, y en los permanentes, como café, cacao, palma y caña panelera, van desde el 15% hasta el 30% (Documento Conpes 3577).

 

Comparado con los principales competidores, como la papa en Perú, entre un 4% y 7% más; entre el 5% y 10% por encima del café en Brasil, y el 10% o un porcentaje mayor respecto al arroz de Estados Unidos.

 

Cuando se mira la proporción, de 2006 a junio de 2013, entre el Índice de Precios al Productor y el Índice del Consumidor, puede verse un traslado de valor del primero al segundo o a eslabones de la cadena de distribución. Es decir, los agricultores, cuando venden sus productos, no recuperan totalmente los gastos de su canasta de insumos, incluidos combustibles y mano de obra.

 

Hay concentración de mercado. En 2010, cuatro empresas, varias de ellas encadenadas en torno a Monómeros Colombo-Venezolanos, produjeron y vendieron al por mayor más del 80% de cerca de 1’600.000 toneladas de fertilizantes, y tres fueron responsables del 90% de un total de 822.000 toneladas importadas, principalmente fuentes de nitrógeno, potasio y fósforo para elaborar mezclas físicas o complejos químicos con otros elementos.

 

Somos dependientes de proveedores internacionales como Rusia, Venezuela, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá y Alemania.

 

Los fertilizantes en el mundo se han encarecido. Su comportamiento como commodities, la concentración geográfica de sus orígenes como oligopolios, su ligazón con el precio de los alimentos y el reflejo del aumento de la cotización del petróleo y el gas han llevado el índice mundial de precios de 100 en 2005 a 217,53 en julio de 2013, y todo indica que no volverá a valores de antes de 2008.

 

Colombia, como importador neto, está en el peor de los mundos. Además de los impactos mencionados del mercado global y de la estructura oligopólica, hay, por exceso en la aplicación, uso ineficiente e insostenible de los fertilizantes, a tal extremo que “el 70% de las aplicaciones de nitrógeno y el 75% del fósforo se pierdan al fijarse en el suelo” (Conpes 3577).

 

Si se agregan los elevados costos de distribución interna, se devela, al final, el fracaso de la política de precios de “libertad vigilada”, fijada por el Gobierno mediante la resolución 387 de diciembre de 2011.

 

En la encrucijada en que está, la agricultura colombiana corre el riesgo de ser inviable y el costo de los insumos es factor agravante. De no corregirse a fondo la política pública correspondiente, con intervención efectiva en el mercado e incentivos adecuados, seremos “campeones mundiales” en precios y costos, tal como pasa con los medicamentos.

 

Agosto 19 de 2013

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Sábado, 24 Agosto 2013 07:34

Las netas del planeta Monsanto

Las netas del planeta Monsanto

En días pasados circuló un comunicado falso donde Monsanto agradece al gobierno mexicano haber aprobado la siembra comercial de 250 mil hectáreas de maíz transgénico en Coahuila, Chihuahua y Durango. La nota circuló rápidamente en redes sociales y algunos medios informativos. Monsanto se deslindó, acusando a activistas”. Muchos creyeron que era auténtico, porque podría haber sido así, ya que Monsanto está esperando que el gobierno apruebe sus solicitudes para sembrar cientos de miles (y hasta millones) de hectáreas de maíz transgénico, desechando la enorme y argumentada oposición social, nacional e internacional de científicos, campesinos, artistas, intelectuales, trabajadores, activistas, consumidores, maestros y muchos más.

 

Quizá el comunicado falso haya sido una tentativa de empresas o protransgénicos para medir qué reacción habrá. Porque aunque dicen estar seguros de que el gobierno les aprobará sus solicitudes para contaminar transgénicamente el centro de origen del maíz (incluso DuPont-Pioneer presentó dos nuevas para Sonora y Sinaloa, cada una por 442 mil 706 hectáreas), las empresas están nerviosas por la resistencia generalizada y redoblan sus campañas de desinformación, tratando de revertir la opinión pública.

 

Por ello, están pagando cápsulas radiofónicas en favor de los transgénicos en los noticiarios de mayor audiencia, que a su vez dirigen a un sitio electrónico. Tanto ese sitio como las cápsulas son producidas por Agrobio México, que se presenta como organización civil “sin fines de lucro”, aunque sus únicos miembros son Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer y Dow, cuyo único fin es el lucro. Son las transnacionales que controlan las semillas genéticamente modificadas y las mayores del mundo en venta de agrotóxicos. Claramente, su información no es objetiva. Su larga historia de engañar al público y a los afectados por sus productos, pese a afrontar juicios por ello, muestra que son capaces de propagar cualquier mentira si sirve a sus ganancias.

 

Su campaña actual no es excepción. Casi cada cosa que afirman en radio y sitio electrónico es falsa. Por ejemplo, que los transgénicos aumentan la producción y que son necesarios para enfrentar el hambre, porque se requiere duplicar la producción de alimentos para 2050. O que es una forma de producción “sustentable” y que los transgénicos no tendrán impactos en la biodiversidad o los productores.

 

La realidad es que ya se producen suficientes alimentos para todo el planeta y con el mismo nivel de generación, también para 2050. Pese a ello, la mitad de la población mundial sufre hambre, desnutrición u obesidad, a consecuencia, justamente, de que las trasnacionales se han apoderado del sistema alimentario agroindustrial, produciendo comida de cada vez peor calidad, con enormes costos y grandes desperdicios (más de la mitad de lo que producen). Con sus monocultivos y control de la cadena agroalimentaria –que aumenta con los transgénicos– han desplazado a millones de campesinos y mercados locales, que son los que alimentan a la mayoría y los que proveen comida a quienes no tienen dinero para comprarla.

 


Está probado por diversas fuentes, incluyendo estadísticas oficiales de Estados Unidos, que los transgénicos rinden menos que otros cultivos híbridos y usan mucho más agroquímicos. Por la resistencia en malezas que provocan, están haciendo transgénicos resistentes a químicos cada vez más tóxicos, aumentando el impacto brutal en suelos, agua, biodiversidad y sobre quienes viven cerca de sus plantaciones, que sufren porcentajes elevadísimos de cáncer, abortos y deformaciones congénitas, además de terminar con la apicultura. Condenan a todos los consumidores a comer más tóxicos, ya que los transgénicos dejan porcentajes mucho más altos de residuos químicos en los alimentos.

 

Sólo ese hecho –pero hay muchos más– significa importantes daños a la salud. Es cínico que Agrobio afirme que los alimentos transgénicos “son sanos”, ya que hay muchas evidencias de que son dañinos y que la regulación existente no lo considera. Ninguna agencia oficial (salvo limitadamente en Europa, donde 8 países han prohibido los transgénicos) pide pruebas en animales para ver impactos en salud. Las demás se limitan a aceptar los datos que les dan las propias empresas, para aprobarlos para consumo. No existen estudios epidemiológicos ni de largo plazo sobre impactos en salud de los transgénicos, y cuando algún estudio independiente los señala –como el estudio científico que en 2012 mostró que el maíz genéticamente modificado puede causar cáncer en ratas si se consume a largo plazo y cotidianamente, como sucedería en México– las empresas compran directa o indirectamente a seudocientíficos e instituciones oficiales para atacarlos.

 

En lugar de enfrentar el hambre, los transgénicos la aumentan. Casi la totalidad se produce para alimentar autos (agrocombustibles) o para forraje de ganado en cría industrial, a manos de transnacionales, desplazando la cría descentralizada y de pequeña escala (que usa diversidad de alimentos), inundando los mercados con cerdos, pollos y vacas de dudosa calidad, atiborrados de grasa, químicos y antibióticos, cuya forma de cría es también un emisor principal de gases que producen cambio climático. Para eso mismo se importa maíz a México, no por necesidad del país, sino para sostener el negocio de trasnacionales de cría animal, a costa de productores chicos.

 

Mientras tanto, el gobierno guarda silencio sobre las demandas de siembra masiva de las trasnacionales, aunque hay abundancia de datos independientes, científicos, sociales, históricos, culturales, de defensa de la soberanía y muchos otros, contra la siembra de maíz genéticamente modificado en México. Si se lo preguntaban, pueden estar seguros de que la resistencia sigue y crece.

 

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Sábado, 17 Agosto 2013 06:09

El paro del 19

El paro del 19

Es inminente el paro rural anunciado, que puede ser más que sectorial.  Este paro levanta un pliego de 10 puntos que impresionan por su pertinencia. Son puntos estructurales con nuevo relieve en los últimos tres años.

 

El país no experimenta una ola de agitación como la actual desde 1977 cuando 100 huelgas obreras precedieron el paro cívico nacional del 14 de septiembre convocado por UTC, CTC, CSTC y CGT. Era el comienzo de la larga resistencia sindical, popular y regional al modelo neoliberal que el Presidente Alfonso López Michelsen, anticipándose a Ronald Reagan y Margareth Tatcher, impulsaba con la eufemística consigna: Colombia Japón de Suramérica.  

 

La agitación de hoy se cruza con otros dos procesos: el proceso de los diálogos de paz y el proceso electoral que despega cuando el Presidente Juan Manuel Santos cumple tres años de mandato. Aquí aparecen las complejidades. No todas las fuerzas que se coaligan para el paro tienen la misma lógica de paz ni la misma lógica electoral. Una cuarta circunstancia hace más intrincada la coyuntura: la situación de Gustavo Petro Alcalde Mayor de Bogotá. No todos los que van al paro comparten postura frente a Petro. La unión alrededor de las banderas del paro no significa identidad de visiones ni de estrategias.

 

En el paro hay gentes que quieren la paz y quienes no la quieren, gentes que quieren o toleran la reelección de Santos y quienes la combaten, gentes que buscan la caída de Petro a toda costa y quienes lo apoyan con firmeza. ¿A quién servirá finalmente el paro? ¿Quiénes se impondrán en el tire y afloje que todo paro implica? Depende de los entendimientos que vayan surgiendo para manejarlo y resolverlo, de la inteligencia y destreza con que jueguen las partes.

 

A quienes priorizan la paz les interesa que haya arreglo negociado del paro que sirva para profundizar las reformas hasta ahora tímidas, algunos aceptarían la reelección presidencial. A quienes tienen como prioridad que no se reelija Santos porque sigue aferrado al modelo neoliberal les sirve que se desgaste así se pierda el hilo de la paz. Los primeros pueden estar con Petro que claramente respalda el proceso de paz y no vacila en hacer cambios. Los segundos estarán contra Petro para quitarle fuerza a la paz política y a la transformación que él simboliza. Cada quien tiene razones de peso para su particular estrategia.  

En el fondo, en relación con el paro pero más allá de él, parecería haber solo

dos lógicas en juego en esta complejidad: una lógica positiva que dice sí a paz, sí a las reformas, sí a la reelección, sí a Petro, y una lógica negativa que dice no al modelo, no a la reelección, no a la paz, no a Petro. Pero podría estar surgiendo, entre zarzas y espinas, una tercera lógica tendiente a ganar la paz y hacer los cambios apuntalando la transición. Hay dos circunstancias inéditas que favorecen esta alternativa: la división por arriba y la movilización por abajo. Los partidos aparecen insolventes, los movimientos ganan puntos. Éstos requieren pasar prontamente de la fragmentación a la articulación.

 

Catatumbo territorio piloto de paz, ha dicho el Presidente. Colombia toda territorio de paz es la meta: sin paz no hay futuro, sin reformas no hay paz, sin movilización no hay reformas, sin audacia todo sigue igual. La paz social y la paz política necesitan los cambios. Nunca tantos asuntos medulares habían estado en juego al mismo tiempo. Este podría ser el período más agitado, definitorio y fructífero de la vida del país en medio siglo.


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Sábado, 22 Junio 2013 06:39

¿Neocorporativismo?

La breve historia del Pacto por México empieza ya a tomar visos de una comedia en la que los actores olvidan el libreto a media escena, uno nunca sabe si se trata de un ensayo o de la versión definitiva y el director es una figura difusa y extraviada entre los enconos del personal y los dimes y diretes de los protagonistas. En todo ese mediático simulacro hay algo de los guiños de Fellini –o, mejor dicho, de una de sus frases preferidas: la vía más corta al absurdo es querer aparecer como reales”– y no poco de las advertencias desoídas de un pasado que, por inconcebible, resulta simplemente irrepetible.

 

En los años 40 y 50, el Partido de la Revolución Mexicana –después Partido Revolucionario Institucional (PRI)– iniciaban sus gestiones sexenales guiados por plataformas en las que la signatura de la “Unidad Nacional” hacía de gran máquina retórica para apuntalar la distancia de la presidencia con respecto a los disímbolos actores políticos –y, en especial, frente a las facciones del propio partido oficial–. La evocación de la “unidad” servía para emplazar amigos y acotar enemigos de la presidencia, para construir el aura del “presidente de todos los mexicanos”, para premiar arrepentimientos y castigar a los obcecados y, sobre todo, para abrir espacios imaginarios (y a veces reales) a quienes quedaban fuera del presupuesto. Los saldos de la demarcación podían ser generosos o terribles: lo que se fraguaba era, en esencia, las lealtades a las reglas del viejo corporativismo, el presidente convertido en un “fiel de la balanza” entre “los sectores de la sociedad”.

 

Si algo no lograron las administraciones panistas (entre 2000 y 2012) fue precisamente destilar esa metasoberanía aparente y real de la presidencia respecto, sobre todo, de la sociedad política. Vicente Fox, enfrentado durante todo su sexenio al Congreso, a los gobernadores de la oposición y a la propia burocracia oficial, acabó siendo una versión lastimosa de la facción más defensiva y acomodaticia del poder conservador mexicano. Felipe Calderón hizo de la presidencia una máquina de guerra; una máquina que devino furgón de ilegalidades: esa franja delicada y peligrosa que define la proximidad entre el político y el criminal.

 

En parte por el shock de la ineptitud panista, en parte porque los partidos son burocracias de repetición, a partir de 2012 el PRI retornó a los códigos y los esquemas que ya conocía –casi, se podría decir, como un acto melancólico–. Entre la antigua “Unidad Nacional” y el “Pacto por México” no hay ningún trecho en la imaginación ni en la expectativa de una presidencia suprainstitucional. Sin embargo, visto desde la perspectiva de sus primeros seis meses de gestión, el pacto –que incluyó desde su nacimiento ¡95 acuerdos! de la dimensión de la reforma educativa y la reforma energética– se antoja más bien como un catálogo de expectativas no utópicas, sino distópicas. Hasta un jefe menor de fracción parlamentaria habría intuido lo que está pasando: cada uno de los partidos o las franjas de los partidos que lo firmaron está desgranándolo con su propia interpretación para posicionarse frente a las elecciones que vienen.

 


En rigor, se trata de una versión actualizada de las viejas prácticas corporativas, sólo que en lugar de los “sectores sociales” se encuentran ahora los cuerpos de los partidos políticos. Digamos que una suerte de neocorporativismo político. La pregunta es si esto puede funcionar en el México de 2013 (además de que los partidos no son “sectores sociales” simplemente por el hecho de que contienden en elecciones). La respuesta hasta ahora es que algo en el pacto podría funcionar para el PRI, pero sin duda no para el país –y menos para la sociedad política–.

 

Cuando el jueves pasado Miguel Ángel Osorio Chong afirmaba que el “pacto atraviesa por una severa crisis” debido a “las confrontaciones internas de los partidos” no hacía más que refrendar esa posible mentalidad (en ciernes) neocorporativa.

 

Obviamente el pacto –es decir, la carta de identidad para tener acceso o no a la presidencia– no causó la crisis de los partidos, pero sí la agudizó. La debacle del Partido Acción Nacional (PAN) –acaso la mayor desde 1976– tiene sus orígenes en el calderonismo: una parte mayoritaria del panismo no quiere verse envuelta en un partido que está a punto de convertirse en un silogismo histórico de la memoria de un genocidio (en rigor, la única solución profunda sería que el propio PAN llevara a juicio a Felipe Calderón.) La división del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene una historia distinta y está ligada a la inoperancia del discurso del nacionalismo revolucionario.

 

Pero el efecto del pacto sobre ambos partidos fue definir franjas que tenían acceso al poder presidencial mucho más allá de sus equilibrios internos, con lo cual la estructura partidaria quedó evidentemente debilitada. Debilitar hoy a los de por sí débiles partidos significa producir una implosión en el Estado que no tiene necesariamente suplemento alguno ni compensación visible.

 

Nunca hay que olvidar que en la política mexicana lo que funciona para el presidente y funciona para el Estado puede llegar a ser de alguna manera operante, pero lo que sólo funciona para el presidente y no para el Estado puede desembocar en una situación de abismo.

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