Viernes, 17 Mayo 2013 13:23

Primeras lecciones del TLC con EE.UU.

Primeras lecciones del TLC con EE.UU.

Se cumple el primer año del TLC con EE.UU. y se hacen los balances correspondientes.


 
Con los datos disponibles, entre mayo de 2012 y marzo de 2013, comparado con igual período para 2011 y 2012, las exportaciones colombianas totales a EE.UU. pasaron de US$22.594 millones a US$21.575, 4,5% menos; y las importaciones provenientes de Norteamérica crecieron de US$13.279 millones a US$15.904, 19,7% más. ( http://www.census.gov/foreign-trade...). El superávit que Colombia tenía comienza a disminuir.


 
Otras cuentas conducen a resultados similares. Cuando se sustraen las exportaciones de petróleo, el crecimiento es del 3,3%, y cuando se restringen al ámbito agropecuario, aumentan 11,5%, pero las compras suben el 70%. El balance está lejos de los cálculos de estudios sobre un TLC gana-gana. En el de Toro y otros, del Emisor (2010), por ejemplo, se preveía que en los tres primeros años el total exportado aumentaría 14,4%, incluyendo al sector agropecuario con el 24,6%, y que lo comprado crecería el 35,6%. Todo indica que las previsiones serán erróneas por exceso en lo primero y por defecto en lo segundo.


 
Mas no sólo eso. Los productos norteamericanos de mayor avance en este lapso pertenecen a capítulos de mercados masivos agroalimentarios, como arroz, soya o aceites, o de derivados del petróleo y lubricantes, químicos y maquinaria; en tanto los colombianos son mercados de nicho (volátiles) como el de chalecos, cuero de bovino o de tirantas y fajas. Según funcionarios a cargo, es la tendencia.


 
Si algo agrava las asimetrías negociadas a favor de Estados Unidos, que incluyeron subsidios, barreras no arancelarias y otras gabelas, es la tasa de cambio. De mayo de 2011 a abril de 2012 se movió en una franja promedio mensual entre $1775 y $1801; para el último año, de 2012 a 2013, fluctuó entre $1793 y $1829, un leve ajuste que no genera mayor competitividad.


 
La reducción del superávit afectará la balanza de pagos y la eliminación de aranceles impactará el recaudo tributario. Se conjugarán para forzar un mayor endeudamiento con el objeto de financiar la cuenta corriente. Los cálculos más optimistas, como los del estudio nombrado, estimaban la ampliación del déficit en 0,3% del PIB. Por lo visto, sería mayor.


 
En términos sociales, no hay importantes beneficios al consumidor, pero vendrán secuelas en el empleo. Por un lado, posibles envilecimientos de las condiciones laborales, buscando “oportunidades” en el mercado externo, y por el otro, desempleo en aquellas ramas derrotadas por la competencia. Esta desocupación, inicialmente friccional, podría volverse estructural si la economía nacional no reacciona ante el diluvio mercantil desatado por este TLC y los que no se han iniciado.

Por Aurelio Suárez Montoya, El Espectador, Bogotá, mayo 15 de 2013

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La descomposición del campo colombiano

El sector agropecuario está en momento crucial de su historia. Se juega la supervivencia, comprometida desde la apertura del siglo pasado y por las reformas de libre mercado. Ésta, eliminaron instituciones de fomento, crédito, investigación y asistencia técnica e instrumentos como préstamos e insumos subsidiados y precios de sustentación.

 

Cultivos transitorios, algodón, avena, soya, sorgo, cebada, trigo y maíz quedaron reducidos a mínimas expresiones. En lenteja, garbanzo y fríjol, se perdió la autosuficiencia que no se recuperó con el sistema de franjas de precios, implantado en 1995, para catorce cadenas productivas.

 

Durante diez años, las esperanzas rurales se cifraron en productos tropicales y ganadería. Fundados en la “ventaja comparativa”, se les pronosticaron el Edén en los TLC. Los datos recientes muestran que dichas predicciones fueron fallidas y que a la importación recurrente de leguminosas, cereales y algunas oleaginosas se suman ahora las de café, cacao, azúcar, lácteos, carne de res y pollo.

 

Casi todo el consumo interno de café es traído de Ecuador y Perú, y quién sabe de dónde más; también se importa tanto el 15% del cacao y un porcentaje igual de azúcar, sin contar la fructosa, sustituto para ciertas aplicaciones. Con relación al sector pecuario, en 2012, las compras externas de productos lácteos crecieron 150%; las de carne y despojos comestibles, 45%; las de carne porcina, 73%, y las de “despojos de aves” se alzaron exponencialmente. El último cereal en el que Colombia se autoabastecía, el arroz, declina y casi el 10% del mercado interno se surte con grano foráneo. Decrece paulatinamente la dotación nacional de alimentos en kilos por habitante.

 

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se regocijó por el crecimiento del 2,6% en 2012. Destacó los éxitos en forestales y en carne de cerdo, resultado sólo posible por un insólito crecimiento del consumo de porcino del 10%, cuatro veces el promedio histórico. Entre tanto, los campesinos de productos de clima frío, como papa y cebolla de bulbo dicen que “desmovilizarán” sus azadones y en Urabá se cierran 35 fincas de banano, acabando cinco mil empleos. La crisis fitosanitaria de la palma de aceite va acompañada de importaciones de más del 10% de la producción y de competidores nuevos como aceite de girasol. Debe agregarse el alto precio de los fertilizantes, 30% sobre los de Brasil y, en algunos casos, hasta 47% sobre los internacionales.

 

El pulso entre lo que queda de agro y los excedentes extranjeros depende asimismo de la tasa de cambio. Entre noviembre de 2012 y abril de 2013, las medidas contra la revaluación no han surtido efecto y PIPE no tiene novedades para los agricultores, todo indica que continuará la senda de la descomposición.

 

Por Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, mayo 6 de 2013

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Cruzada transgénica contra los hambrientos

La Cruzada Nacional contra el Hambre, programa insignia del gobierno, no tiene nada que ver con terminar el hambre, ni atender o modificar sus causas, pero sí tiene mucho de cruzada. Ahora los infieles” son indios y campesinos que cometen el pecado de tener cultura propia, de ejercer y defender sus propias formas de organización, de producción, de vida, de lucha. A ellos hay que convertirlos a la fuerza a la “modernidad”: comida chatarra, refrescos embotellados, y si insisten en que en lugar de limosnas quieren seguir cultivando, que sean transgénicos. Todo sazonado con la creación de “consejos comunitarios” y apoyos selectivos, para asegurar votos y promover el enfrentamiento dentro y entre comunidades.

 

Es paradigmática la incorporación de las trasnacionales de comida basura Nestlé y PepsiCo a esa Cruzada. Ocupan el primero y segundo lugar como las trasnacionales más grandes del planeta en procesamiento de alimentos y bebidas, ambas ampliamente conocidas por dar al mundo abundantes fuentes de desnutrición, obesidad, diabetes y, en general, promover los malos hábitos alimentarios, generando una enorme carga de gastos públicos en salud. Nestlé ha sido por más de dos décadas el blanco de un boicoteo internacional en numerosos países, por su agresiva promoción de sustitutos de leche materna, provocando mayor desnutrición y colaborando en aumentar la mortalidad infantil, sobre todo en los países más pobres. Por detalles, vea el expediente de la International Baby Food Action Network, IBFAN, galardonada con el Premio Nobel Alternativo justamente por estas denuncias. Digamos, hablando de desnutrir niños, Nestlé es toda una experta. Por ello, la Cruzada le asignó un programa de “educación” de promotoras, que la trasnacional entrenará en “autoempleo”. Traduciendo: un pequeño ejército de 15 mil mujeres pobres que hagan propaganda de los productos de la trasnacional, con respaldo público. Con razón, Nestlé tituló el proyecto “Mi dulce negocio”. Para complementar los efectos devastadores de Nestlé con sus sustitutos de leche materna, Pepsico distribuirá “galletas nutritivas” (traducción: industriales, con químicos, transgénicos, conservadores, etcétera), dirigidas a “mujeres embarazadas, en etapa de lactancia y niños menores de cinco años”.

 

Como si fuera una defensa, Rosario Robles, secretaria de desarrollo social, coordinadora de la Cruzada, aclara que Nestlé participó en el programa Hambre Cero en Brasil. Omite agregar que la trasnacional tuvo que salir de allí por las protestas de la sociedad brasilera en su contra. Estas dos nefastas trasnacionales son apenas la punta del iceberg: también se anuncia la participación de Walmart, el supermercado más grande del planeta, cuyo negro historial en competir con producción nacional, eliminar pequeñas tiendas, bajar salarios, discriminación racial y de género y muchas otras condiciones para generar más hambre, le califican ampliamente para esta Cruzada. Avizoran ganancias muchas otras grandes compañías del sector agroalimentario. No hay duda, el hambre de ganancias de las megaempresas será bien atendido por este programa.

 


Robles abunda que estamos en una sociedad de globalización y libre mercado, por lo que la participación de las empresas “es determinante”. Nuevamente omite decir que son determinantes para desatar y continuar la crisis alimentaria y de salud, la pobreza rural, la emigración a las ciudades, a través de la apropiación cada vez mayor de la cadena agroalimentaria, facilitada como ahora, por políticas gubernamentales. Cadena que finalmente se propone apresarnos a todos, con Monsanto en una punta (semillas y agrotóxicos) y Walmart en la otra, y cuyos eslabones son las grandes cerealeras como Cargill y ADM y los procesadores industriales de alimentos y bebidas, como Nestlé y Pepsico.

 

Al principio de la cadena, Monsanto espera que el gobierno le autorice en breve la siembra comercial de millones de hectáreas de maíz transgénico en el Norte del país. Si las solicitudes en Tamaulipas y Sinaloa sorprendían por que pedían se les autorizara más de un millón de hectáreas para cada tipo de transgénico, ¿qué se puede decir de las que están en curso para Chihuahua, Coahuila y Durango, donde la trasnacional solicita casi 12 millones de hectáreas (11 millones 985 mil 951) para cada uno de los tres eventos de maíz transgénico, en distintas localidades de esos estados? Las superficies solicitadas superan con mucho las actuales sembradas con maíz, porque la intención es ir cubriendo cada vez más en varias estaciones de siembra, garantizándose así la decisión a futuro de qué sembrarán los agricultores (no venderán ninguna otra semilla), haciendo además imposible la fiscalización de lo realmente plantado.

 

Se configura desde varias aristas una cruzada contra los hambrientos, contra los campesinos, contra la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos del maíz, para que ni ellos ni nadie más que las trasnacionales puedan decidir qué plantar y qué comer.

 

Entre muchas respuestas a estas realidades, la Red en Defensa del Maíz, Ceccam, la Vía Campesina, YoSoy132 Ambiental, Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional, el Movimiento Urbano Popular y otras organizaciones, llaman del 25 al 30 de abril a unas Jornadas contra el Maíz Transgénico, con la participación, entre otros, de los premios Nobel Alternativos, Vandana Shiva (India), Pat Mooney (Canadá) y Camila Montecinos (Chile). Acuden además como dictaminadores de otra pre-audiencia nacional del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, esta vez sobre contaminación transgénica del maíz, en Oaxaca el 26 y 27 de abril. (Programa en http://redendefensadelmaiz.net/). Rendirse ante la cruzada transgénica, definitivamente no está en la agenda.

 

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Jueves, 11 Abril 2013 07:00

Esmeraldas, neocolonial y semifeudal

Desde la segunda mitad del siglo 20, en el occidente de Boyacá se libró la llamada “guerra verde”, el enfrentamiento de distintos grupos de esmeralderos por el control físico de las minas de Muzo, Coscuez, Maripí y otras ubicadas en dicha región. Se dice que en esa contienda, donde la violencia fue la ventaja competitiva y se produjeron cerca de 6 mil muertos, al final el poder fue para Víctor Carranza.

 

A comienzos de los años noventas, se decidió legalizar los títulos de explotación de estas minas de esmeraldas. Como reflejo de lo acaecido hasta entonces, se rotularon en un alto porcentaje a nombre de quienes quedaron vencedores. Empresas como Coexminas, Tecminas y Esmeralcol adquirieron, por esa vía, posición dominante en el negocio. Esa fase empresarial fue evolucionando hasta que compañías norteamericanas, principalmente basadas en Texas, recibieron contratos de operación. Recientemente, capitales extranjeros buscan adquirir directamente las concesiones.

 

En la última década, las exportaciones registradas de esmeraldas superan los mil millones de dólares, dirigidas principalmente a Estados Unidos y a Asia. Se hacen en bruto, análogamente al petróleo crudo en barril, al oro en lingote, al carbón en piedra o al café verde en sacos. El valor agregado, cotizado en quilates, para la joyería por ejemplo, se le da en los grandes mercados.

 

El capital financiero ronda en torno al negocio y anda en proyectos de constituir una Bolsa de esmeraldas, que puede hacer operaciones a futuros y crear mercados especulativos en torno a ese commodity, como nuevo producto básico.

 

En cuanto al “zar” de las esmeraldas, propietario de las dos piedras más valiosas del mundo, éste no fue su único negocio. Sobresalió como uno de los mayores hacendados colombianos, llegando a tener un millón de hectáreas y dos millones de reses; algo más del 1% del catastro rural total nacional y más del 5% del hato ganadero. Esa doble condición se acompañó de la propiedad de minas de caliza y materiales de construcción y se habla también de incursiones en el petróleo, entre otros. A mediados de los noventa, la revista Forbes ya lo tenía listado entre los “billonarios” del mundo.

 

Lo que ha pasado con las esmeraldas es reflejo de la caracterización básica del país: las áreas estratégicas quedan, cuando se llega al punto alto en la curva de valor, al arbitrio de las ganancias foráneas, las que, para tal apropiación, han contado históricamente con la alianza entre la gran propiedad rural y el capital internacional, y la gestión de la alta burocracia estatal, configurando un país neocolonial y semifeudal.

 

Por Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, abril 9 de 2013

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Sábado, 06 Abril 2013 06:51

Acta de protección a Monsanto

Acta de protección a Monsanto

El 26 de marzo pasado entró en vigencia en Estados Unidos una cláusula legal que permite a Monsanto y las otras trasnacionales de transgénicos ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos transgénicos, sea por irregularidades en su aprobación, por falta de evaluación de impactos ambientales o de salud, por nuevas evidencias científicas que señalan daños sanitarios o cualquier otra razón. Es una excepción sin precedentes a nivel global, bautizada Acta de protección a Monsanto”.

 

Con esta decisión, Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer y Basf, las transnacionales que controlan los cultivos transgénicos, quedan por arriba del sistema judicial. La decisión va también contra la separación de poderes, ya que impide que el poder judicial revise las decisiones de los otros.

 

Sienta un precedente gravísimo en Estados Unidos y en el mundo. Refrenda un sistema de aprobación de transgénicos altamente fallido, que se basa en que los datos sobre impactos los declara la propia empresa que tiene intereses de lucro en su liberación. Además impide las iniciativas de organizaciones civiles, que han logrado en Estados Unidos algunas resoluciones judiciales deteniendo la liberación de cultivos transgénicos que no han sido sometidos a evaluación de impactos ambientales o frente a los cuáles hay evidencia de potenciales daños severos. Con el acta de protección a Monsanto, ninguna corte podrá pedir la interrupción de siembras. Tampoco los estados pueden legislar sobre los transgénicos, ni en su propio territorio.

 

El texto decidido está en un párrafo intencionalmente complicado y difícil de entender, en un documento de 90 páginas sobre diversas competencias federales (abreviado HR 933). Fue introducido subrepticiamente por el senador Roy Blunt, quien por años ha recibido cuantiosos “donativos” de Monsanto e incluso reconoció que lo redactó junto con la empresa. Varias organizaciones civiles denunciaron el peligro de esta decisión antes de su aprobación, logrando más de 250,000 firmas pidiendo el rechazo a la cláusula. La senadora Bárbara Mikulski, presidenta de la comisión que dictaminó favorablemente el proyecto, pidió ahora disculpas públicas por esta decisión.

 

Pese a que es una legislación estadounidense, tiene gran impacto en el planeta, porque amplía el horizonte y paquete legal de las trasnacionales de transgénicos contra los intereses públicos de los países, contra el medio ambiente, la salud animal y humana. En ese contexto se ubican las “leyes Monsanto” (mal llamadas leyes de bioseguridad), que en todo el continente han sido redactadas por empresas, con científicos acríticos y generalmente financiados o por otras vías recibiendo dinero de las empresas. El caso de México con la ley de bioseguridad, llamada ley Monsanto desde su aprobación, es uno de ellos. El gobierno ha ido dictando normativas complementarias para desarmar cualquier uso de la ley en un sentido precautorio. Quizá el más burdo es el de noviembre pasado, cuando para dejar sin efecto el artículo 88 de la ley de bioseguridad, que impide la liberación de maíz transgénico por ser México su centro de origen, el gobierno cambió el mapa reconocido mundialmente de centros de origen, alegando que hay zonas de México que no lo son. Esto a contrapelo del estudio de 70 instituciones y cientos de científicos, coordinado por la Conabio, que refrendó recientemente que todo México es centro de origen.
Las empresas necesitan estas leyes que impidan a los ciudadanos y las cortes tomar medidas legales, porque sus transgénicos están fallando en grande y provocando problemas gigantescos. En los estados de Paraná y Brasilia, en Brasil, la Red Globo reportó la semana pasada el fracaso del maíz Bt con resistencia a insectos, porque los gusanos cogolleros devoraron el maíz transgénico luego de haber desarrollado resistencia a la toxina que se suponía los mataría. Por culpa de los transgénicos resistentes al glifosato, más de la mitad de las fincas estadounidenses han sido invadidas por supermalezas que los herbicidas no pueden matar. En el estado de Georgia, el 92% de las propiedades tiene supermalezas que resisten uno o varios agrotóxicos. (Tom Philpott, Mother Jones 6/2/13). Para tratar de vencer esas supermalezas, las transnacionales están introduciendo transgénicos resistentes a los herbicidas hipertóxicos dicamba y 2,4 D (éste último componente del Agente Naranja). El aumento de contaminación de suelos, aguas y gente será indescriptible. En los últimos meses hemos visto reportes científico de gran trascendencia, mostrando que maíz transgénico produjo cáncer en ratas y que en la mayoría de los transgénicos hay partes de un virus no detectado por las autoridades, que puede tener efectos sobre la salud de los que los consumen. Por todo esto y más, las empresas quieren impunidad legal para sembrar transgénicos.

 

La buena noticia es que las solicitudes de Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow para plantar maíz transgénico en más de un millón de hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas ya caducaron, aunque el gobierno no lo ha anunciado. Sin duda las numerosas protestas nacionales e internacionales contra la liberación de maíz en centro de origen dieron fruto. Pero Monsanto ya introdujo tres nuevas solicitudes para liberación comercial masiva de maíz transgénico en Chihuahua, Coahuila y Durango. Están en consulta pública hasta el 29 de abril (www.senasica.gob.mx/?id=1344).

 

Como vemos, el tema de transgénicos no es sólo sobre impactos ambientales y de salud, que son graves. Se trata en el fondo de si las trasnacionales tomarán las decisiones fundamentales sobre las bases de nuestra sobrevivencia, en contra nuestra y con total impunidad.

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¿Café con minería? No, prefiero un carajillo

La noticia fue como un baldado de agua fría para los habitantes de Jardín, como también a muchos otros pueblos del suroeste antioqueño: grandes empresas internacionales están a punto de iniciar la explotación minera en su territorio, poniendo en riesgo el hábitat y la tranquilidad de la zona. La herencia de los abuelos está amenazada.

 

A mediados del mes de agosto de 2011, no sólo volaban cometas en el cielo del municipio de Jardín, también lo hacía un helicóptero con una caña de guadua pegada a su parte delantera (1). El suceso alertó a la comunidad: ¿quiénes son?, ¿de dónde vienen?, ¿qué quieren?; estos fueron los interrogantes que durante no menos de un mes se escuchaban una y otra vez en las casas, en las escuelas, en los tintiaderos del parque, en el atrio de la iglesia, pero también en las veredas. Hasta que finalmente, como llegados del mismo cielo, aparecieron los delegados de la firma Júpiter S.O.M. con dos títulos para exploración minera (2): uno de 1.200 hectáreas y otro de 1.100, de las 22.200 –98% de su territorio– solicitadas en concesión al municipio.

 

Jardín, al igual que el resto del suroeste antioqueño, se ha caracterizado desde la colonia por su vocación agrícola destacándose en su economía el café (con el cultivo de 1.700 hectáreas), seguido del plátano (con proporciones iguales), la caña de azúcar (con 45 hectáreas), el lulo (con 42), y el fríjol (con 35), aunque también se continúan cultivando el maíz, la yuca y la papa, alimentos de tradición indígena. Además, hoy en día, el turismo viene a representar un porcentaje importante en su economía.

 

Por otra parte, la subregión está situada en un corredor biológico fundamental (selva andina (3) y bosque alto andino), donde nace un gran número de cuencas hídricas, entre ellas, el río San Juan (afluente del río Cauca), y en donde se conservan especies de fauna y flora en vía de extinción como la palma de cera, el loro orejiamarillo, el oso de anteojos, entre otros. Pedro Pablo, habitante del pueblo de Jardín, resume magistral y enfáticamente, estas características de su territorio: "es que nuestro oro es verde".

 

1 Aeronave de la empresa Helyfly, con un sistema de rastreo de metales o magnetógrafo, usado en la fase de exploración minera para detectar la cantidad de metal que existe en el suelo.

2 De oro, plata y sus respectivos concentrados.

3 También llamado bosque de niebla. Es el ecosistema más diezmado en Colombia, del cual sólo queda un 4%. Entre la biodiversidad de estos bosques se destacan ranas y aves, dos grupos en los cuales Colombia es el primero del mundo. Tomado de: http://www.parquesnacionales.gov.co/


Recuadros

"Aquí se gana poco, pero se vive bueno"

 

Con toda seguridad tiene sentido para muchos, el hecho de que vivir tranquilamente no puede ser pagado con ningún metal, más aún cuando toca pagarlo con el trajín de las grandes ciudades. Sin embargo, en estos pueblos del suroeste antioqueño, la falta de oportunidades y las desigualdades siguen siendo abismales. De ahí la paradoja: en una tierra tan bella y de tan abundantes recursos naturales, hay gente aguantando hambre.

Para concluir, el tema de la minería es una amenaza para muchos; esperanza de una mejor calidad de vida para otros. El reto está en mirar más allá de los intereses propios y en hacer valer, pacíficamente, las decisiones que se tomen desde la subregión. Y, como diría el filósofo, lo positivo que trajo esta noticia es que ha puesto a reflexionar a una región entera. El camino a seguir depende de todos.


Organizaciones que trabajan en defensa de estos territorios

 

Mesa Ambiental Jardín –Codeate–; Comité por la Defensa Ambiental del Territorio, Támesis; COA –Cinturón Occidental Ambiental–; Mesa Ambiental Andes: Resguardo indígena de Cristiana; Censat agua viva; Reclame Universitario; Organización Caminera –Oca–; Guardia indígena Karmatarúa, Jardín; Biabuma; Asociación Agropecuaria de Caramanta –ASAP–; Jóvenes por la defensa del territorio, Caramanta –JODETE–; Mesa Ambiental de Jericó–; Agrupación de Caminantes de Támesis –ACATA–; Resguardo indígena Marcelino Tascón, Valparaíso; Resguardo indígena Miguel Cértiga, Támesis; Resguardo indígena Bernandino Panchí, Pueblorrico.


"La sed de oro nos está dejando sin agua"

Usted, amiga/o lector, probablemente habrá visto aquel mapa de Colombia que circula por internet, donde muestra a través de cuadros rojos el territorio otorgado en concesión para la explotación minera. Si toma esa imagen y la ubica a una distancia de metro y medio o dos de usted, notará que el mapa queda todo rojito, como si le hubieran dado una buena cachetada.

 

Tomando esta imagen, así fue como Daniel Ochoa, integrante de la sociedad civil del municipio de Jardín, incrédulo frente a los retos de la minería responsable, en el Simposio de Bosques y Minería Responsable (realizado los días 27 y 28 de agosto del año pasado), le formuló a la directora del Jardín Botánico de Medellín, Clara Inés Restrepo Mesa, la pregunta: "Doctora, ¿está dispuesta usted, a que el Jardín Botánico sirva como proyecto piloto para arrasar toda esta capa y que vuelvan a ponerla tal y como estaba?".

 

Vale la pena recordar que entre las entidades y empresas presentes en el simposio se encontraban el Ministerio de Minas y Energía, Gramalote Colombia Ltda., Continental Gold y AgloGold Ashanti; esta última nominada en el 2011 al título de la peor empresa del año, por su labor contaminante en Ghana, en el concurso anual organizado por Green Peace.

 

Por otra parte, Alfonso Luis, habitante del pueblo de Jericó, dice: "la mal llamada <>, por más responsable que sea, no debería competir, en lo más mínimo, contra la vida". Mensaje que a su vez dejaron los estudiantes de la Institución Educativa San Antonio del municipio de Jardín a Sergio Fajardo, actual gobernador de Antioquia, en su visita al municipio en agosto del año pasado: "La tierra para sembrar comida, el agua para la vida".


A propósito del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

 

"Para mí hay un gran vacío en la legislación ambiental. El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente que nos rige es del año 1974" afirma Orlando Marulanda, biólogo y ambientalista. Plantea, además, que una posible vía para conservar el territorio es declararlo área protegida, zona de Reserva Forestal Regional, asegurando que hasta la fecha no hay ninguna en Antioquia. Por su parte, dice Orlando, el decreto N° 2372 del 1 de julio de 2010 lo reglamentó Álvaro Uribe Vélez antes de terminar su gobierno, debilitando la legislación ambiental y fortaleciendo, por el contario, el Código Minero, en el cual trabajó de manera simultánea. Finalmente, el ambientalista concluye enfatizando: "necesitamos poner a discutir en toda la sociedad una legislación ambiental que nos amarre con la Constitución, construida desde la base".


Cifras refritas. Datos espeluznantes

 

El suroeste antioqueño (1) ha sido solicitado en casi el 90% de su territorio para la exploración y explotación minera. Actualmente existen 602 títulos mineros sobre la subregión y más de 74.088 hectáreas solicitadas.

 

Para recordar:

 - En lo que se conoce hoy como los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó se dieron las primeras legislaciones mineras, que fueron la ordenanza de Rodas 1600, y la de Mon y Velarde 1770. Toda la producción fue llevada a España y, por medio de la piratería, a Inglaterra.

- En el año 1825, Simón Bolívar expidió una legislación minera, pero sólo hasta el año 1886, Colombia tuvo un Código de Minas: el del Estado soberano de Antioquia.

- A mediados del siglo XX, la legislación minera tuvo otra reforma.

- En los años noventa, los países de América Latina, por influencia del Banco Mundial, cambiaron sus legislaciones a favor de las multinacionales que abogaban por la apertura de los mercados.

- Durante las últimas dos décadas, a causa de la intervención de la banca financiera internacional -muchas veces accionista mayoritaria de estas empresas- se asesoraron nuevos cambios legislativos, todos a la medida de los acuerdos bilaterales y multilaterales. Cambios y acciones garantizados por el control militar del Estado, para "garantizar las inversiones" (2).

 

1 Comprendido por los municipios de Jericó, Pueblorrico, Andes, Támesis, Jardín, Caramanta, Venecia, Valparaíso, Tarso, además de los resguardos indígenas asentados en estas poblaciones.

2 Estas ayudas para garantizar las inversiones han producido hasta ahora: tres millones de desplazados, más de mil homicidios en zonas mineras, cientos de desaparecidos, comunidades afrodescendientes e indígenas al borde de la desaparición y un alto porcentaje de miseria a causa de lo anterior. Tomado de: La gran minería en Colombia: Ganancias del exterminio. Sintraminercol.

 

Publicado enEdición 189
El capital financiero internacional se apodera de las mejores tierras sudamericanas

Se estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10% del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en otros países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos cinco años y afecta sobre todo a los países de América del Sur.


 
Desde de 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.


 
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales.El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]


 
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]


 
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). [3]


 
Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. [4]
 
 
 
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.


 
En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya transgénica. [5]


 
Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales Fernando Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”. [6]
 
 
 
Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
 

Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.


 
Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.


 
Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
 


Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras de la zona franca.


 
Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.
 
 
 
La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]


 
Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).


 
No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
 
 
Privatización en Honduras


 
Luego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.


 
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.


 
En diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en construir “ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.
 

El 4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la subasta de Honduras mediante las RED.
 
Pero las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.


 
Jorgensen , conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.


 
El “rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. [8]
 
 
 
Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricense


 
En Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.
 


En 2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo William Arauz.


 
Sin embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).


 
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.
 
 
 
Al plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa Atlántica costarricense.
 
 
 
El Senado chileno debate la privatización del mar


 
Este mes se debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales; otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento máximo sostenible.


 
El proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre los recursos naturales del mar.


 
“Nos parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.


 
Según el senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y “condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.
 
 
Limitan la extranjerización de la tierra en Argentina


 
En febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia y adquisición de tierras por extranjeros.


 
La presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están en manos extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó la agencia Télam.


 
La norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable.


 
La iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
 
 
Notas:
 
1. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de 2010 que “los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.
 
2. Sudamérica en la mira de inversionistas agrícolas; 12/XI/2010; farmlandgrab.org; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Agencias Reuters y AFP.
 
3. Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra.
 
4. Más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior: http://www.grain.org/m/?id=216http://www.grain.org/briefings/?id=214
 
5. Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Miguel Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano estima que alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones de hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos de extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras representan el 20% del total de la superficie con características agrícolas.
 
6. Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.
 
7. El director del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por Silvano Vergara, el tercer administrador en tres años.
 
8. http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/ La Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.

 


Publicado por lalineadefuego el noviembre 26, 2012 · Dejar un comentario
 
Redacción Bolpress
 
 25 noviembre 2012

Publicado enInternacional
Gobierno colombiano y FARC convocan a un foro agrario en el diálogo de paz

La Habana, 25 de noviembre. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) convocaron hoy a un foro sobre política agraria que aportará iniciativas de la sociedad civil al diálogo de paz que se realiza aquí.

 

La mesa de diálogo cumplió hoy una semana de trabajo en La Habana y emitió su primer comunicado conjunto. Las partes citaron a un foro sobre política de desarrollo agrario integral (enfoque territorial), que sesionará en Bogotá, del 17 al 19 de diciembre.

 

El objetivo es que la mesa “reciba insumos y propuestas provenientes de la participación ciudadana, de utilidad para la discusión del primer punto de la agenda”, señaló la declaración común.

 

Ese punto es decisivo en el rumbo del diálogo, pues comprende una amplia revisión de la situación agraria colombiana, uno de los trasfondos remotos del alzamiento guerrillero de más de medio siglo.

 

Los otros cinco puntos de la agenda son la participación política de los desmovilizados, el final del conflicto armado, drogas ilícitas, los derechos de las víctimas de la guerra y la verificación de los acuerdos.

 

Las partes pidieron a la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional, que convoquen, organicen y hagan la relatoría del foro agrario. Las conclusiones se entregarán a la mesa el 8 de enero de 2013.

 

El comunicado añadió que “en los próximos días” entrará en funcionamiento la página web del mecanismo bilateral.
Durante la primera semana de trabajo del diálogo la guerrilla ha convertido la llegada de sus delegados a la reunión en una tribuna, para tomar posiciones sobre diversos tópicos y, en los últimos días, para trenzarse en una batalla verbal con el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.

 

Este domingo, el delegado Emiro Ropero Suárez (Rubén Zamora) leyó un comunicado en el que una unidad de las FARC en el departamento del Cauca (suroeste) rechazó que hubiera entrado en combate esta semana, en una supuesta violación del cese del fuego.

 

El ejército realizó ahí un simulacro de combate, que fue una “peligrosa pantomima”, indicó la declaración del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de los rebeldes.

 

La unidad pidió que organizaciones sociales y de derechos humanos verifiquen la suspensión de ataques en el área.

 

En la semana, Pinzón había puesto en duda el cumplimiento del cese del fuego unilateral. El ministro citó hoy testimonios de ex combatientes, para asegurar que la guerrilla “se está desmoronando por dentro”.

 

El sábado las FARC describieron a Pinzón como un “personaje furibundo”, que está “dedicado a la tarea de sabotear los esfuerzos de paz”

.

Sin embargo, otra unidad guerrillera reconoció que en el departamento de Antioquia (noroeste) derribó unas torres de electricidad después de declarado el cese del fuego, porque la orden de suspensión llegó tarde.

 

El 36 Frente del Bloque Iván Ríos también reportó un combate con una patrulla del ejército como una acción defensiva, fuera del alcance del cese del fuego.

Publicado enColombia
Martes, 20 Noviembre 2012 13:29

La tierra, en el foco nacional

Una vez más. Como en 1936, con la Ley 200; en 1944, con la Ley 100; en 1948-1953, con la ofensiva armada de los terratenientes; en 1961, con la Ley 135; en 1973, con el Pacto de Chicoral; en 1985-2010, época de despojo en medio de la inmensa ofensiva paramilitar, la tierra se sitúa en el centro del debate nacional.

 

En verdad, nunca ha dejado de estarlo. Desde la Colonia, cuando los invasores desalojaron de sus territorios a los pueblos originarios, pasando por la etapa de guerra de liberación contra España, cuando algunos generales amasaron inmensas extensiones de tierra al aprovechar la pobreza de oficiales que, a manera de pago por sus servicios, habían recibido títulos sobre terruños que no tenían con que trabajar ni mantener, y en años posteriores, cuando sobre un marco de servidumbre y de señorío las capas oligárquicas concentraron y controlaron las mejores tierras, siempre como factor de ostentación y de poder social y político.

 

Ahora, cuando 2012 se acerca a sus últimas calendas, la tierra es el primer aspecto por abocar y discutir dentro de la agenda acordada entre el Gobierno y la insurgencia de las farc, con un temario que incluya aspectos como "Política de desarrollo agrario integral. Acceso y uso de la tierra: a) Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola. Protección de zonas de reserva; b) Programa de desarrollo con enfoque territorial; c) Infraestructura y adecuación de tierras; d) Desarrollo social; salud, educación, erradicación de la pobreza; e) Estímulo a la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral; y f) Sistema de seguridad alimentaria". Agenda basta, a pesar de no incluir otros aspectos sustanciales como tierra y cultivos ilícitos; tierra y vivienda rural y urbana; tierra y minería; tierra y medio ambiente.

 

Para acercarnos a la problemática que por estos días se debate en La Habana, con propósitos ilustrativos enfocamos algunos aspectos que con toda seguridad serán factor de diversas miradas. ¿Se producirá un acuerdo que por fin permita el acceso de los pobres del campo a la tierra, como su propiedad y garantía de vida digna?

 

 

 


























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Publicado enEdición N°186
Lunes, 05 Noviembre 2012 06:43

Invasión transgénica

Invasión transgénica

Están en proceso las primeras solicitudes de las trasnacionales Monsanto y Pioneer (propiedad de DuPont) para sembrar maíz transgénico a escala comercial en México: un millón 400 mil hectáreas en Sinaloa y más de un millón de hectáreas en Tamaulipas. Esto equivale a una superficie mayor que todo el Estado de México, 17 veces mayor que el Distrito Federal, y mayor que la suma del todo el DF, Morelos, Tlaxcala, Colima y Aguascalientes juntos. Es también muy superior a decenas de países enteros, por ejemplo, mayor que todo El Salvador, Kuwait o Luxemburgo.


 
En más de la mitad de esa superficie, quieren usar el mismo tipo de maíz transgénico (con el gen Mon603) que produjo cáncer en ratas en el experimento del doctor Seralini en Francia, publicado en octubre 2012. Las empresas y científicos afines a ellas se han dedicado a denostar el estudio, pero ¿usted quiere correr el riesgo? Claro que no. ¿Por qué hacerlo, si además existen muchísimas variedades de maíces que no significan ningún riesgo, e incluso variedades que tienen mayor rendimiento?


 
Sin embargo, contra toda lógica de bien público y soberanía, el gobierno saliente quiere aprobar estas monstruosas solicitudes que implican riesgos enormes contra la salud de la población y amenazan uno de los más importantes patrimonios genéticos de México, para cumplir turbios acuerdos con las trasnacionales.


 
La superficie pedida por las empresas es tan vasta que superaría ampliamente el área de maíz que normalmente se siembra en esas entidades, es decir que pretenden sustituir todo el maíz de riego y además otros cultivos. Es significativo que las solicitudes no las hacen agricultores, sino directamente trasnacionales de transgénicos, que se constituyen explícitamente en los dueños del agro mexicano: qué se siembra, cuánto, dónde, a qué precio, bajo qué riesgos, para quién.


 
Como explica Ana de Ita (Fe de ratas, La Jornada, 16/10/2012), la mayor parte del consumo de maíz en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara viene de esas entidades, principalmente Sinaloa, por lo cual, si se autorizan esas siembras, en pocos meses la población de las ciudades mexicanas estará comiendo tortillas transgénicas.


 
No es un tema menor: además del estudio de Seralini, hay otros estudios científicos que señalan problemas graves en la salud por el consumo continuado de transgénicos, desde alergias a problemas en hígado, riñones y órganos reproductivos. La manipulación genética sería origen de algunas de esas dolencias, a lo que se suma que dejan mucho mayor cantidad de residuos de venenos en los alimentos, porque la mayoría de los transgénicos son resistentes a un agrotóxico. Justamente, el maíz con gen Mon603 que pretenden sembrar en Sinaloa y Tamaulipas es tolerante a glifosato (nombre comercial Faena, Rival y otros). Se hace para poder usar mayor cantidad del tóxico y más concentrado, lo que deja más residuos en el grano.


 
Las empresas y varias instituciones gubernamentales tratan de ocultar los graves problemas de salud asociados a los transgénicos, alegando que “no hay pruebas” y que ya comemos transgénicos porque México importa la tercera parte del consumo nacional de maíz de Estados Unidos, donde la mayoría es transgénico. Son datos falseados.


 
Hay cada vez más pruebas de que los transgénicos causan problemas en la salud. El estudio de Seralini es el más amplio y más reciente, pero reportes anteriores indicaban lo mismo, por lo que la Asociación Americana de Medicina Ambiental llamó a no consumir transgénicos desde 2009. El estudio de Seralini es el mismo tipo de estudio que presentó Monsanto a las autoridades, “probando” que no hay problemas, pero Monsanto interrumpió el estudio a los tres meses. El equipo de Seralini lo continuó toda la vida de las ratas (hasta dos años) y los principales problemasaparecieron después del cuarto mes, lo cual cuestiona la honestidad de los investigadores e instituciones que aprueban los datos de Monsanto.


 
Además, la mayor parte del maíz importado en México se usa para alimentar cerdos y pollos industriales –criados por otras trasnacionales–, sólo una parte menor se usa en tortillas industriales. Al autorizar esta invasión en el norte del país, el consumo de maíz transgénico en las ciudades aumentará exponencialmente.


 
Con esta superficie gigantesca, la contaminación transgénica de otros maíces en México (híbridos o campesinos) será inevitable y con el tiempo llegará a todas partes, lo cual sirve a las mismas trasnacionales, que podrán llevar a juicio a quienes se contaminen “por uso sin licencia de sus genes patentados”, tal como han hecho con cientos de agricultores en Estados Unidos y Canadá. El mapa oficial de “zonas centro de origen” del maíz es absurdo, porque los insectos y el viento llevarán el polen transgénico a todas partes. Todo México es centro de origen del maíz y no se debería permitir en ninguna parte.


 
Además de un ataque concertado a la salud de la población, la aprobación de estas solicitudes significaría la primera contaminación masiva del centro de origen de un importante cultivo alimentario a nivel global, por lo que también hay una alerta internacional. Cínicamente, las empresas dicen que no sólo plantan para México, también para exportar. ¡A costa de la contaminación en el centro de origen!


 
Urge movilizarnos por todas las vías ante este gravísimo ataque: informándonos y difundiendo información, resistiendo desde cada milpa, escuela, comedor y barrio, objetando las solicitudes en “consulta pública”, aumentando las redes campo-ciudad libre de transgénicos.

 

2012-11-04


 
Más información en ceccam.org.mx y redendefensadelmaiz.net
 

Por Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Publicado enInternacional