Miércoles, 04 Mayo 2022 05:20

La libertad vigilada de los libertarios

Asalto al Capitolio, 6 de enero de 2021.. Imagen: AFP

El gobernador Ron DeSantis de Florida ha prohibido 54 libros de matemáticas alegando que incluyen la Teoría crítica de la raza y nuevos métodos pedagógicos que, según él, “no son efectivos” como el Aprendizaje social y emocional (SEL). No explicó ni discutió qué párrafos de las matemáticas pueden ser antirracistas, pero dio una conferencia de prensa con el estilo propio de los políticos de la negación: con furiosa obviedad sobre cómo se creó el universo, la moral y el sexo de los caracoles.

Los medios y las plataformas crean una necesidad psicológica y los políticos de la negación venden a los consumidores la droga que los alivia, droga con todos los ingredientes reaccionarios que se puedan imaginar: seguridad, inmediatez, victimización. Algunas alucinaciones son tan viejas como la Teoría del genocidio blanco, inventada en el siglo XIX cuando los negros se convirtieron en ciudadanos, casi en seres humanos.

Esta política de la negación profundiza y limita la discusión de la política de identidad (como la negación del racismo; la negación de la existencia de gays y lesbianas) silenciando la matrices como la existencia de una lucha de clases y cualquier forma de imperialismo propio. Si de eso no se habla, eso no existe.

Este producto se vende tan bien que, como ha ocurrido desde hace siglos, se ha exportado manufacturado a las colonias del sur. Por ejemplo, solo el nombre “libertarismo”, ahora bandera de figuras ascendentes de la extrema derecha en América latina como el argentino Javier Milei, es una copia literal de los “libertarians” que surgieron en Estados Unidos como reacción a la humillante elección de un mulato como presidente de Estados Unidos en 2008. Como el Tea Party, estos grupos siempre se justifican en una tradición que toman de los llamados Padres Fundadores. Incluso en Argentina y Brasil se han usado la bandera amarilla con la serpiente que representaba la unión de las Trece Colonias y que enroscada sobre el lema “No pases sobre mí” más bien parece un emoji de excremento humano. También en Europa, en América latina y hasta en Hong Kong los grupos de derecha han ondeado la bandera racista y esclavista de la Confederación.

Muchos estadounidenses que flamean esta bandera en sus 4×4 se sorprenden cuando uno les recuerda que es la bandera del único grupo que estuvo cerca de destruir el país que dicen defender (Estados Unidos) con el objetivo de mantener la esclavitud y el privilegio de los blancos. Muchos ni siquiera lo saben porque en este país la historia cruda es uno de los tabúes más consolidados.

No sin paradoja, fue un conservador libertario, el representante por Texas y candidato a la presidencia Ron Paul, quien reconoció y condenó la tradición imperialista de Washington y la responsabilidad de los líderes latinoamericanos como Fidel Castro y Hugo Chávez. “Nosotros no recordamos nada y ellos no se olvidan de nada”, dijo en un debate. Por esta insistencia, fue silenciado por la gran prensa y muchos de sus seguidores (entre ellos algunos de mis ex estudiantes, quienes continúan militando en política) se convirtieron en votantes del socialista Bernie Sanders.

El nuevo mote de “libertario” fue una estrategia conocida en los negocios: cuando una empresa está quebrada por las deudas, se la declara en bancarrota, se le cambia el nombre y se continúa con en el mismo negocio. Lo mismo ha ocurrido con el neoliberalismo. Impuesto a la fuerza de las armas en Chile con Pinochet y por la fuerza de los bancos internacionales en decenas de otros países en los 80s y 90s y, más recientemente, con Mauricio Macri en Argentina y Luis Lacalle Pou en Uruguay, siempre ha terminado en un doloroso fracaso, no sólo económico sino social. Fracaso, naturalmente, no para sus intereses de clase.

Libertario y neoliberal son la misma cosa, pero los libertarios le agregaron la furia de Savonarola y Lutero. Es la misma diferencia que hay entre el sermón pausado de un sacerdote católico y la arenga sudorosa de un pastor protestante. ¿Recuerdan aquellos muchachos tan amables con acento inglés que predicaban barrio por barrio salvando almas (sobre todo las suyas) allá en los 70s y 80s? Bueno, la semilla ha dado frutos.

Contrario a las de los Padres Fundadores estadounidenses que insistían en separar la religión del Estado (herencia de los filósofos de la Ilustración), los libertarios han metido al misionero en los gobiernos. En Brasil organizaron rezos en un congreso; la misma esposa del presidente Bolsonaro es una influyente pastora; en Costa Rica la esposa de un candidato “hablaba en lenguas” para apoyar la campaña electoral; más recientemente el diputado Milei argumentó en la cámara contra los impuestos citando la Biblia: los judíos se fueron de Egipto para escapar de la esclavitud y de los impuestos, como ahora se van los empresarios de Argentina. La lista es larga y significativa.

La política de la negación es la política del exitismo frustrado: “la derecha sabe gobernar pero tiene mala suerte”, por eso fracasa siempre. El sentimiento de frustración fue una razón para que tantos millones de europeos civilizados apoyasen el fascismo y el nazismo hace cien años. Si ya no lo vemos venir, es porque estamos dentro de ese absurdo suicida.

Por si todo este fanatismo fuese poco, el gobernador DeSantis, como ahora sus remedos del Sur, también insiste en que los profesores y los activistas por los derechos civiles adoctrinan a los jóvenes, pero ¿qué adoctrinación es más radical que enseñar a negar la historia en nombre de Dios, la libertad, la patria y la familia?

¿Qué hay más adoctrinador que repetirle a los niños que somos los campeones de la libertad? Que nunca invadimos para defender intereses económicos sino, como decía Roosevelt y los esclavistas, por altruismo, para llevar la libertad a los países de negros que no saben gobernarse. ¿Qué hay más adoctrinador que negar los horrores de una historia de la que no somos responsables pero la adoptamos cuando decimos “nosotros” y acto seguido negamos haber hecho nada malo?

¿Qué más radical que presentar a los tradicionales opresores de clase, de género y de etnias ajenas como víctimas?

¿Qué más radical que el poema de Kipling, “La pesada carga del hombre blanco”, bandera del imperialista feliz que en una mano cargaba la Biblia y en la otra el látigo?

¿Qué más radical y qué peor adoctrinación que la política de la negación que permite que se comentan viejos crímenes colectivos como si fuesen nuevos derechos tribales?

¿Qué más radical, dogmático, doctrinario e hipócrita que llenar tribunas con discursos contra la “cancel culture” (cultura de la cancelación), furiosos discursos sobre la libertad y, apenas llegan al poder se dedican a aprobar una y otra vez leyes prohibiendo decir esto, discutir aquello, hacer lo otro? La misma hipocresía de los esclavistas de Estados Unidos que defendían la expansión de la esclavitud en nombre de la libertad, el orden y la civilización. Nada diferente a los dictadores latinoamericanos promovidos por las Transnacionales, herederas de los poderosos esclavistas sureños.

Esta derecha rancia y rejuvenecida a fuerza de cirugía es tan libertaria que solo prohíbe algo cuando los de abajo amenazan con obtener o conservar algún derecho. Siempre en nombre de la Ley y el Orden. Como decía Anatole France, “la Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.

4 de mayo de 2022

Publicado enPolítica
  Alfonso Bauluz (segundo izquierda), presidente de Reporteros Sin Fronteras España, durante la presentación del informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo. — RSF

Reporteros Sin Fronteras advierte en su 20ª clasificación mundial sobre la libertad de prensa del grave retroceso en Asia, América Latina y Europa del Este, aunque alerta sobre el auge de la opinión frente a la información también en países democráticos, contribuyendo a fracturas sociales que dañan la democracia.

 

"Vivimos tiempos en los que un periodista puede ser descuartizado en un consulado de Arabia Saudí. En los que las redacciones de Gaza pueden ser atacadas. En los que se desvían aviones que aterrizan de emergencia en Bielorrusia para que un periodista sea detenido y luego encarcelado. En los que los periodistas pueden ser ejecutados en plena calle. Tiempos en los que la información se apaga en directo, como en Rusia o Afganistán". Así ha resumido Edith Rodríguez Cachera, Vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España la situación de la libertad de prensa en el mundo.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la ONG ha publicado su clasificación mundial para 2022, en la que se miden las condiciones en las que trabajan los reporteros en 180 países. Una lista que ha sufrido retrocesos en gran parte del mundo, con especial incidencia en Rusia, Asia y América Latina.

El 2022 deja un número récord de países con su libertad de prensa en estado "muy grave". Doce países en total, entre los que figuran Bielorrusia
(153º) y Rusia (155º). Destaca el "brutal retroceso de diez años" en Birmania, tras el golpe de Estado de militar del año pasado, que lleva al país al puesto 176, junto a  China (175º), Corea del Norte (180º), Eritrea (179º), Irán (178º) o Turkmenistán (177º).

La propaganda, una desinformación al alza y la polarización política que tiene su espejo en los medios están avanzado hasta límites preocupantes en gran parte del mundo y generando un "caos informativo" que contribuye a la desconfianza del lector y crea fracturas sociales en los países, advierte RSF.

En ese sentido, "la invasión de Ucrania (puesto 106) por Rusia a finales de febrero de 2022 es emblemática del fenómeno porque ha sido preparada por una guerra de propaganda", explica en su informe.

Para Alfonso Bauluz, presidente de RSF España, esta caos informativo viene motivado por una mayor necesidad de "inmediatez" y por la "gran cantidad de datos sin apenas tiempo de contrastarlos todos", unido a un mayor peso de la opinión frente a la información sin que se diferencie entre una y otra. "Así se confunde al ciudadano y se crea un caldo de cultivo que los populismos aprovechan para desprestigiar el trabajo de los periodistas", ha resumido Bauluz.

El oasis para ejercer la profesión periodística sigue estando en los países nórdicos, con Noruega, Dinamarca y Suecia a la cabeza, aunque la ONG destaca los cambios de gobierno en Moldavia (40º) y Bulgaria (91º), que traen "la esperanza de tiempos mejores para la situación de los periodistas", aunque los medios sigan mayoritariamente en manos de los oligarcas.

Rusia, "censura inédita" desde la URSS

La invasión rusa de Ucrania ha dejado más clara aún si cabía la deriva autoritaria de Vladimir Putin, cuya mordaza a los medios se extiende más allá de la fronteras de Rusia.

"En Rusia, el poder ha asumido el control total de la información, instaurando una censura de guerra creciente, el bloqueo a los medios y la caza a los periodistas críticos, que los empuja al exilio masivo", denuncia RSF en su informe. Aunque esta espiral, recuerda, ya comenzó en 2021, con la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros y las persecuciones a medios que han cubierto la situación del opositor Alexei Navalny, actualmente en prisión. Ahora, hay "una censura inédita desde el período soviético", destaca la ONG, que denuncia la práctica desaparición de medios independientes en el país y la salida de profesionales extranjeros tras los cambios legislativos.

Al menos cinco periodistas y profesionales de los medios han sido asesinados por disparos durante el primer mes de la ofensiva rusa en Ucrania, reseña la ONG. También destaca que el ejército ruso ha apuntado deliberadamente a fuentes de información en los territorios que ha ocupado e intentado obtener la colaboración de los medios locales mediante presiones. Además, ha impuesto a países como Bielorrusia, Turkmenistán y otros países del Cáucaso su discurso sobre la guerra.

América Latina, deterioro a marchas forzadas

El informe de RSF vuelve a poner el acento en el rápido y preocupante deterioro para la libertad de información en América Latina, donde la única excepción es Costa Rica, que ocupa el puesto número ocho en la clasificación. 

Nicaragua, en el puesto 160, representa el "mayor descalabro", según la ONG. Cae 39 posiciones y se adentra en la zona roja después del rumbo hacia el autoritarismo que Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, llevan años transitando. Ha habido persecución de cualquier disidencia política, cierre de periódicos, detención de profesionales, directores y empresarios de los medios medios, además de la fabricación de procesos judiciales con elevadas penas de prisión que han obligado a gran parte de los periodistas a exiliarse del país. 

RSF también destaca el retroceso en El Salvador tras la llegada al poder de Nayib Bukele. El país centroamericano desciende 30 escalones hasta el puesto 112. "Bukele juega al peligroso juego de multiplicar los ataques y amenazas contra los periodistas críticos con su administración, creando así la imagen de una prensa enemiga del pueblo", precisa la organización. Advierte de una deriva autoritaria unida a cambios legislativos, como una ley de agentes extranjeros o cambios en el código penal que están imposibilitando el trabajo de reputados periodistas de investigación.

En cuanto a México (puesto 127), se consolida como el país más mortífero del mundo para periodistas, con al menos siete asesinados en 2021, ocho en lo que va de 2020 y 150 en los últimos 20 años, ha recordado Edith Rodríguez. La vicepresidenta de RSF España ha criticado la postura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que "lejos de condenar con continencia los ataques, se dedica a arremeter contra la prensa y a crear hostilidad. Eso es poner a los periodistas en el disparadero".

03/05/2022 14:58

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Jueves, 28 Abril 2022 05:43

Shadowban

Fuentes: Rebelión

El uso de la tecnología para callar opiniones contrarias al pensamiento occidental, no es nuevo. Ahora ni siquiera perdona a figuras de fama mundial cuyas actividades no están relacionadas con la política.

Descubrimos el término “shadowban” gracias a la supermodelo estadounidense de ascendencia palestina, Bella Hadid. Una mediática mujer con 51 millones de seguidores en Instagram (@bellahadid), cuya fama y fortuna no le hacen olvidar sus raíces.

En reportaje reciente de Russian Today – RT (https://bit.ly/3McdG6p), Bella Hadid denunció que Instagram le impide publicar sus historias, sobre todo cuando sale en defensa de Palestina: “inmediatamente, me ponen bajo los efectos del «shadowban», por lo que, casi un millón menos de ustedes ven mis historias y publicaciones».

¿Qué es el Shadowban? Censura tecnológica o tecnología al servicio de la censura, ni más ni menos. Es tan “normal” que hasta Wikipedia explica de que se trata: “El baneo en la sombra (del inglés shadow ban o shadow banning) o supresión disimulada, se trata de una forma de bloqueo o restricción disimulada y generalmente provisional en redes sociales, en internet y comunidades en línea, con el propósito de ocultar contenido que sube un usuario a su cuenta mediante diferentes métodos, dependiendo del funcionamiento de cada servicio”. Sería una práctica común ocultar la cuenta de un usuario, comentarios, fotografías, vídeos, en fin, cualquier tipo de contenido de modo que no sea visible para otros usuarios.

Las redes sociales a servicio de occidente practican el shadowban y otros mecanismos de control totalitario. La mayoría de las personas desconoce que ellos existan, mientras esas redes se presentan ante el mundo como las defensoras de la libertad. Cuando no censuran, actúan como policías ideológicas. Por ejemplo, la aplicación Bitly, usada para acortar links, cuando la aplicas a una publicación de RT, avisa en 5 idiomas: “La página en la que estás navegando ha sido marcada como una potencial fuente de desinformación”. Lo mismo hace automáticamente Facebook, alertándote: “Este contenido pertenece a un editor que Facebook cree que puede estar parcial o totalmente bajo control editorial del gobierno ruso”. Marc Zuckerberg, presidente de «Meta Platforms, Inc.”, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, nunca informará que su empresa es controlada por el Pentágono. 

Semanas atrás, Facebook e Instagram fueron prohibidos en Rusia. Cuando ocurrió, los paladines de la libertad de expresión protestaron poco. Podríamos pensar que fue por “coherencia”, dado el silencio absoluto que han mantenido sobre el bloqueo y la prohibición de varios medios rusos en Europa. Pero la razón es otra. Todo indica que callaron para evitar que las personas supiesen la verdadera causa que llevó a Rusia a prohibirlos: el terrorismo.

A cualquiera que le hayan suspendido su cuenta de Facebook o Instagram por alguna imagen o texto sentenciado como indebido, “le sorprenderá” que Meta, tan políticamente correcta para bloquear contenidos “inapropiados”, haya decidido suspender “temporalmente” sus protocolos para permitir mensajes de odio contra Rusia. No es una interpretación interesada de nuestra parte, lo reconoció sin ningún problema moral el portavoz de Meta, Andy Stone: «Como resultado de la invasión rusa de Ucrania, hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas, con un discurso violento como «muerte a los invasores rusos»”. Como si no bastase, el señor Andy Stone deja abierta la posibilidad futura de que puedan permitir también mensajes de odio contra todo el pueblo ruso: «Todavía no permitiremos llamados creíbles a la violencia contra los civiles rusos». Todavía …

Mientras Meta autoriza en el mundo real mensajes de odio contra Rusia, en el espacio virtual (www.meta.com) habla de su compromiso con el futuro de la comunicación: “El metaverso es la próxima evolución de la conexión social (…) por lo que estamos cambiando nuestro nombre para reflejar nuestro compromiso con este futuro”. ¿Un futuro de odio y censura?

Tomemos conciencia. Ya no podemos seguir emitiendo opiniones en las redes sin antes tomar en cuenta los mecanismos que filtran, manipulan y censuran nuestra comunicación. Son tan gritantes las injusticias y arbitrariedades practicadas por el imperialismo y los gobiernos subordinados a él que no pueden convivir con las más elementales verdades. Cada vez serán más intolerantes contra los rebeldes que insistamos en contar la verdad. 

Al usar Google y las redes sociales a servicio del mundo unipolar, estamos utilizando las carreteras y los vehículos construidos por ellos para preservar la situación de desigualdad e injusticia que vive el mundo. Nos tolerarán mientras escribamos mensajes domesticados o aparentemente radicales que solo le llegan a una minoría. Corrijamos eso pensando en la calidad y efectividad de lo que hacemos, sobre todo en las redes hostiles a la verdad y empecemos a usar cada vez más las redes alternativas hasta que los pueblos que construyen el nuevo mundo multipolar consigan crear vías de conectividad verdaderamente libres y sin censura. En Venezuela estamos dando nuestra contribución a esta lucha creando nuestra propia red social. Está en fase de construcción, por eso los invitamos a participar de https://venapp.com/ , haciendo las recomendaciones que crean necesarias para mejorarla y potencializarla.

La supremacía comunicacional de los imperialistas tiene pies de barro. La censura y la manipulación generalizada demuestran su debilidad. Si prohíben nuestras voces es porque ya no pueden convencer ni seguir engañando a los pueblos con espejitos de colores. Todas y todos debemos esforzarnos para construir una comunicación verdadera. La razón está de nuestra parte.

Por Anisio Pires | 28/04/2022

Anisio Pires es sociólogo por la UFRGS (Brasil), profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

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La causa contra Assange y por la impunidad

El juez británico Paul Goldspring ordenó que el caso de extradición de Julian Assange se traslade a la ministra del Interior, Priti Patel, en lo que supone un paso más para la entrega del comunicador a Estados Unidos, donde se busca condenarlo a 175 años de prisión bajo cargos de espionaje. Afuera de la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, se llevó una protesta para exigir la liberación del fundador de Wikileaks, acto en el que participó el ex líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, una de las pocas voces dentro de la política occidental que ha tenido la entereza ética para posicionarse en torno a lo que probablemente sea el proceso más importante para la libertad de expresión y de prensa a escala global.

En marzo, la Corte Suprema del Reino Unido ya había rechazado el "permiso para apelar" solicitado por los abogados del australiano, por lo que ahora los recursos disponibles para su defensa son presentar alegaciones a Patel, intentar recurrir su petición si ésta es desfavorable, y apelar otros aspectos jurídicos. Sin embargo, el comportamiento de las autoridades británicas a lo largo de todo el proceso deja pocas esperanzas de un resultado positivo.

Assange se encuentra recluido en una prisión londinense desde abril de 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno lo expulsó de la embajada de Ecuador en la capital británica, donde permaneció refugiado durante siete años como único medio para ponerse a salvo de la persecución en su contra. En todo este tiempo e incluso antes, Estados Unidos ha dispuesto de todo su aparato de Estado, incluidas sus capacidades de persuasión y coerción diplomática, para llevar a Assange a su territorio y someterlo a una serie de acusaciones por espionaje que carecen de cualquier mérito jurídico y que mal esconden la inquina de Washington contra quien reveló al mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus fuerzas armadas en Afganistán e Irak, así como la descomposición, la inmoralidad y hasta las facetas criminales de la superpotencia en su proyección diplomática, económica y militar en el ámbito internacional.

En el caso del sistema judicial del Reino Unido, su embate contra Assange se basa en equiparar la Ley de Espionaje estadunidense con la Ley británica de Secretos Oficiales. De acuerdo con el fiscal James Lewis, "si un periodista o un periódico publica información secreta que probablemente cause daño a los intereses del Reino Unido, indudablemente está cometiendo un delito", argumento que deja pocas dudas sobre la verdadera naturaleza de la persecución contra Assange: lejos de responder al supuesto peligro en que se habría puesto a las fuentes al divulgar documentos sin editar, el propósito es aterrorizar a toda persona que investigue los hechos que los gobiernos y las grandes corporaciones desean mantener ocultos.

Esta postura significa que Washington y Londres consideran como acto de espionaje cualquier ejercicio periodístico que haga patentes abusos y violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el poder, y que manifiestan su expresa voluntad de poner todo el aparato del Estado al servicio de la persecución y el silenciamiento de quien publique secretos oficiales. En suma, se criminaliza a quien desenmascare a los criminales y se pone la mesa para la impunidad de los funcionarios que cometan ilícitos al amparo de poder.

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Un soldado vigila una comunidad en Sopayango, al este de San Salvador.. Imagen: AFP

Cómo funciona el estado de emergencia bajo el gobierno de Nayib Bukele

La Asamblea Legislativa salvadoreña reformó ambiguamente el Código Penal para restringir cómo la prensa informa sobre las pandillas. Ya hubo once mil capturas.

 

A partir de los 72 homicidios ocurridos en El Salvador entre el 25 y el 26 de marzo, la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para prohibir que los medios de comunicación reproduzcan mensajes de las pandillas y limitó por un mes las garantías constitucionales de los ciudadanos con la aprobación de un estado de excepción que ha desencadenado en la captura de miles de salvadoreños.

Repunte de asesinatos

El repunte de asesinatos ocurre en medio del silencio del oficialismo ante investigaciones periodísticas que revelan que el gobierno Nayib Bukele mantiene negociaciones con pandillas. Negociaciones que también hicieron los recientes dos gobiernos de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido Alianza Republicana Nacionalista, representado por la derecha salvadoreña.

El 4 de abril, la Asamblea Legislativa, afín a Bukele, modificó el Código Penal para aumentar las penas de los miembros de pandillas y también para establecer penas entre 10 y 15 años para quienes “faciliten o fabriquen” textos o material visual que transmitan mensajes sobre pandillas. Estas penas también aplican para los medios de comunicación escritos, digitales, radiales o televisivos que, al reproducir estos mensajes, generen “zozobra y pánico”.

Ataques y espionaje a la prensa

Las reformas para los medios han sido calificadas de ambiguas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y por el gremio periodístico, porque al hablar de “zozobra y pánico” los periodistas se preguntan qué informar y qué no cuando ocurra un hecho relacionado con pandillas. En el país centroamericano son tres las pandillas principales: la MS-13, la 18 Revolucionaria y la 18 Sureña.

“¿El problema es mío, por contar qué es lo que está pasando o el problema real es de los gobernantes o funcionarios públicos que traicionaron a su electorado y pactaron con criminales? Yo creo que el problema es lo segundo, pero las reformas van encaminadas a criminalizar lo primero”, cuestiona César Fagoaga, presidente de la APES y editor de la Revista Factum, un medio que cuenta la violencia de las pandillas y la corrupción en El Salvador, y por eso ha sido atacado constantemente por el gobierno.

En sus 20 años de carrera, Fagoaga señala que en el periodismo salvadoreño nunca habían existido limitaciones como las de ahora. En la gestión de Bukele, iniciada en junio de 2019, los periodistas tienen bloqueada la información pública y funcionarios de todo rango tienen prohibido dar declaraciones a los medios.

Ataques a periodistas

Desde ese año, además, el Centro de Monitoreo de la APES reporta un incremento de ataques contra periodistas. Hay, a la fecha, cinco en el exilio y Fagoaga no duda que lo que se viene son periodistas encarcelados. La narrativa de que la prensa es enemiga del gobierno, según el presidente de la APES, también ha calado en la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional ha sido coaptada por el oficialismo. "Cada día es más abrumador el hecho de sentirte periodista en este país", expresa Julia Gavarrete, periodista del periódico digital El Faro, un reconocido medio de investigación de la región y quien reveló la negociación de la gestión de Bukele con las pandillas.

Durante 17 meses, entre 2020 y 2021, Gavarrete y otros 21 miembros de este periódico fueron intervenidos por el software de espionaje Pegasus, de acuerdo con un análisis realizado a sus teléfonos por organizaciones internacionales expertas en seguridad digital. También fueron víctimas de espionaje una decena de periodistas de otros medios de comunicación. Las conclusiones de los peritajes apuntan a que quien estuvo tras del espionaje fue el gobierno salvadoreño. Previo a enterarse de la intervención en sus comunicaciones, en julio de 2020, a Gavarrete le hurtaron la laptop de su casa, algo que tampoco considera aislado de su labor periodística.

Las recientes reformas al Código Penal buscan amordazar a los medios, a la opinión pública y a la academia sobre el análisis de la violencia en El Salvador, dice la investigadora y especialista en seguridad pública, Jeannette Aguilar. Con ellas, continúa, se anticipa la censura a los medios de comunicación sobre cualquier información que surja dentro de las pandillas y así los periodistas no puedan seguir hablando sobre las negociaciones del gobierno con estos grupos ni sobre su incapacidad para resolver la inseguridad.

Aguilar, una de las voces más críticas del actual gobierno, fue demandada por difamación a inicios de este año por la diputada oficialista Marcela Pineda, tras retomar un tuit de un supuesto desvío de dinero por parte de la funcionaria e insertar una frase del expresidente uruguayo Pepe Mujica que aludía a la corrupción. La jueza no aceptó la demanda y, dos días después de su resolución, fue removida de su cargo.

Once mil detenciones 

Mientras el trabajo de la prensa está condicionado, con el estado de excepción aprobado el 27 de marzo, hasta el viernes, la Policía reportaba 11,500 capturas. Aunque entre los capturados hay pandilleros, a todos los detenidos directamente se les vincula con estos grupos, pero cada día en redes sociales hay denuncias de detenciones ilegales, como el caso de cuatro trabajadores de una cafetería que fueron retenidos durante 12 horas y liberados el sábado por presión de la sociedad civil.

Bukele, sus diputados y funcionarios celebran las redadas en redes sociales bajo el hashtag #GuerraContraPandillas. "Tal y como lo advertimos: Esta vez, no saldrán libres. Tal vez en 30 años… a los que no se les compruebe más delitos que el de pertenecer a la pandilla. Seguimos… #GuerraContraPandillas," tuiteó Bukele este jueves al anunciar 954 nuevas capturas.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ha documentado 25 detenciones ilegales, en su mayoría, de jóvenes que viven en zonas pobres y asediadas por pandillas, dice Arnau Baulenas, coordinador jurídico de este instituto.

Baulenas cuestiona el estado de excepción, porque dice que la Fiscalía General de la República (FGR), quien tiene el monopolio de la investigación en El Salvador y que también está coaptada por Bukele, no necesitaba de la suspensión de garantías constitucionales para proceder a capturas de pandilleros, ya que se supone que sabe quiénes son y dónde están.

En tanto, a Dennis Muñoz, un abogado con experiencia en la defensa de personas capturadas ilegalmente, le preocupa que estas medidas del gobierno no sean excepción, sino una norma. “El Salvador ha retrocedido, ha involucionado en el derecho penal y procesal penal”, sostiene.

Página/12 buscó una entrevista con un vocero de la Presidencia, pero al cierre de esta nota y como suele pasar cuando se pide una postura oficial al gobierno, el equipo de comunicaciones de Bukele no atendió la solicitud.

Bajo este contexto, los periodistas salvadoreños discuten cómo no autocensurarse en un país donde el Ejecutivo de Bukele ya controla la Asamblea Legislativa con la bancada del partido Nuevas Ideas, la FGR y la Sala de lo Constitucional. “No hay Estado de derecho ni garantías," denuncia Fagoaga. "Lo que queda es el periodismo en general e independiente, que no está plegado al oficialismo”. 

17 de abril de 2022

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Julian Assange hace un gesto a los medios de comunicación desde un vehículo policial a su llegada al tribunal de magistrados de Westminster el 11 de abril de 2019 en Londres, Inglaterra. (Jack Taylor / Getty Images)

La Corte Suprema del Reino Unido ha denegado a Julian Assange el permiso para recurrir la extradición a Estados Unidos, sentando un terrorífico precedente que pone en peligro a todos los periodistas cuyo trabajo amenaza los intereses del imperio.

Si Julian Assange hubiera sido condenado por homicidio involuntario, muy probablemente ya estaría fuera de la cárcel. Las condenas por homicidio involuntario pueden suponer tan solo dos años de cárcel. El máximo es de diez. Esas condenas no suelen cumplirse en una prisión de alta seguridad.

Pero Julian Assange, que no ha sido condenado por ningún delito, lleva más de una década sin salir en libertad y actualmente está a punto de entrar en su cuarto año de prisión en la cárcel más draconiana del Reino Unido, la prisión de alta seguridad de Belmarsh. La decisión de la Corte Suprema de rechazar la última apelación de Assange prácticamente garantiza que pasará al menos el próximo año en la cárcel. Durante ese tiempo sus abogados lanzarán otro intento de liberarlo.

La decisión de la Corte Suprema de hace algunas semanas impidió que Assange impugnara la última sentencia en el Tribunal Superior, en la que los abogados que actúan en nombre de Estados Unidos anularon con éxito una decisión anterior contra la extradición dictada al final de la única vista completa que ha tenido el caso en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

En esa decisión, dictada a principios de 2021, el juez dictaminó que, aunque todos los motivos políticos por los que Assange había alegado que no debía ser extraditado eran inválidos, no debía ofrecerse para la extradición porque la naturaleza opresiva del sistema penitenciario estadounidense lo pondría en riesgo de suicidio.

Esta fue la decisión que Estados Unidos recurrió ante el Alto Tribunal. La Corte Suprema estimó el recurso de Estados Unidos y dictaminó que la extradición debía seguir adelante, basándose en que Estados Unidos había garantizado que Assange sería bien tratado en el sistema penitenciario estadounidense.

Los abogados de Assange lo impugnaron argumentando que las garantías no se habían dado en la vista principal y, por tanto, no se habían puesto a prueba con argumentos en el tribunal. La Corte Suprema acaba de dejar de lado este argumento y ha dictaminado que dichas garantías deben tomarse al pie de la letra siempre que se den, y que no es necesario argumentarlas ante un juez.

Esta decisión crea un peligroso precedente que puede ser utilizado por cualquier régimen, desde Arabia Saudí hasta China, para perseguir a los disidentes políticos en el Reino Unido. De un plumazo, hace que los opositores políticos de los regímenes autoritarios no estén seguros en Gran Bretaña.

Sin embargo, la causa de Assange todavía tiene una oportunidad de luchar en los tribunales. El ministro del Interior, Priti Patel, tiene que considerar las objeciones a la extradición por motivos limitados. E incluso si las desestima, como parece probable, los abogados de Julian Assange pueden lanzar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior para anular las partes de la decisión original en las que perdieron.

Estas son en realidad las partes más políticas y sustantivas del caso. Tratan de si había o no una defensa del interés público para publicar el material que Assange puso en circulación pública. También tratan de si este es un caso político. Se supone que estos casos son inadmisibles según el tratado de extradición. Si no lo fueran, todas las dictaduras del planeta estarían persiguiendo a sus opositores utilizando el tratado para ponerles las manos encima. Se trata de las cuestiones más fundamentales de la libertad de prensa.

Los partidarios de Assange están bien acostumbrados a los procesos bizantinos del sistema legal. Reconocen que el lawfare se está utilizando para desgastar tanto a Assange personalmente como a la campaña para defenderlo. Esto no debe ocurrir. 

Durante el curso de esta apelación, el tribunal de la opinión pública se ha inclinado a favor de Assange. El testigo principal de la acusación ha admitido que mintió al tribunal, y los planes de la CIA para secuestrar o matar a Assange han sido expuestos públicamente. Mientras tanto, una extraordinaria subasta virtual recaudó enormes fondos de miles de partidarios para pagar los costes legales del caso. Ahora se ha lanzado un nuevo llamamiento de crowdfunding para sufragar los costes de la futura campaña política.

En un entorno político en el que se suprimen las voces disidentes y alternativas, es más importante que nunca que este caso emblemático no se pierda. La libertad de expresión y la prensa libre están amenazadas. Hay que defenderlas.

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Viernes, 01 Abril 2022 05:59

El interruptor principal

El interruptor principal

Fred Friendly, ex presidente de CBS News, dejó en claro que, antes de pontificar sobre la libertad de expresión, habría que responder una pregunta simple: "¿Quién controla el interruptor principal?"

En la guerra entre Rusia y Ucrania la respuesta es bastante obvia y ha dejado la sensación terrible de lo que pueden lograr los poderes de la manipulación política, la estupidez humana y la venganza cuando se disfrazan de causa mayor. De cómo pueden, incluso, condicionar la justicia y, más aún, la verdad.

Cuando hablo de interruptor principal no aludo a una metáfora. En la era de Internet, con megacorporaciones dueñas de las rutas y de los datos, existe literalmente un dispositivo que deja pasar o no la información, y que se usa a discreción contra millones de personas.

Pocos han reparado en que las prohibiciones y bloqueos que las grandes tecnológicas han aplicado a Rusia ya tuvieron un polígono de pruebas: Cuba. Aquí no funcionan Twitter, ni Facebook (ahora Meta), ni Google como en el resto del planeta, y ni por casualidad las publicaciones más populares de la isla aparecen en las primeras páginas referenciadas por los buscadores. Algoritmos diseñados para reducir u omitir los alcances de medios, palabras e informaciones, mientras Apple, Spotify, Amazon y la mayoría de las más de 450 compañías estadunidenses que han sancionado a Rusia, no pueden comerciar con Cuba por las leyes del bloqueo estadunidense. Las fake news, los ciberataques y la guerra por el conocimiento y la información, tan cara en estos días a la OTAN, han sido moneda corriente de Estados Unidos para triturar a la isla del Caribe y esto ha ocurrido sin causar demasiada alarma.

El telón de acero digital e informativo no es un invento nuevo. Sin embargo, no tiene precedentes que proveedores de la llamada espina dorsal de Internet desconecten a sus clientes en un país de 144 millones de habitantes como Rusia. Lo hicieron Lumen y Cogent, dos gigantes de la red troncal ( backbone) más grande del mundo. Estas empresas integran la exclusiva Zona de Tránsito Libre (TFZ, por sus siglas en inglés), un pequeño grupo de compañías de telecomunicaciones globales tan grandes que no pagan a nadie más por el tránsito (ancho de banda internacional).

Que el interruptor haya entrado en escena demuestra que Internet no es el fantasma infinitamente elástico y virtual que la gente imagina, sino una entidad física que puede deformarse o romperse a conveniencia de los intereses de un grupo, un gobierno o un conglomerado militar como la OTAN. De hecho, la intervención de Occidente en el conflicto ha acelerado la remodelación de Internet, de un sistema global al que se ha conectado todo el mundo, a un universo fracturado.

Los expertos tiemblan porque la guerra en Ucrania parece instaurar definitivamente la splinternet, como se conoce la fragmentación del ciberespacio en reinos dispares intervenidos por bloques políticos autónomos. O configurados por cualquier otro poder, como los oligopolios de la tecnología y el comercio electrónico, o por países que intentan mantener distancia del control estadunidense.

El ostracismo que castiga a Rusia en realidad amenaza seriamente la arquitectura de Internet, red de redes mundial con poder distribuido que no hay manera de romper en una esquina sin destruir rutas de información y sin congestionar las autopistas que quedan en pie.

La gran paradoja de todo esto es que, tras haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo supuestamente a intentar romper el telón de acero de los rusos y los chinos en nombre de la libertad, los diseñadores de políticas occidentales y los halcones militares se están aislando del mundo a marcha forzada, mientras desmantelan la red que ellos mismos crearon. Es más barato destruir que construir muros. La metáfora del cibermuro para Rusia sugiere falsamente que, una vez eliminadas las barreras digitales, se erigirán en su lugar otras nuevas más convenientes a la alianza atlántica y que la reacción de Vladimir Putin de blindar RusNet, la red nacional, es alocada y torpe. Nada más lejos de la realidad.

Independientemente de lo que surja después de este conflicto, ya murió el Internet que conocimos. Los que tienen en sus manos el interruptor principal deberían admitir que están jugando con fuego y que, mientras enseñan su verdadero talante autoritario, revelan quizás la forma más costosa e ineficaz de ejercer el poder.

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La metaconciencia como campo de guerra (II)

Existe un ingrediente en la intervención militar de Rusia en Ucrania que sería preciso desentrañar para descifrar las transformaciones ocurridas en el ámbito de las formas de la guerra: las confrontaciones mediáticas han adquirido una dimensión tan decisiva como las que suceden en el campo de batalla, por más que éstas últimas marquen el destino final de la confrontación misma. Se trata de un fenómeno mucho más complejo que la antigua propaganda de guerra. Probablemente a este aspecto se refería Angela Merkel cuando, hace algunos días, afirmaba que Rusia actuaba como una potencia del siglo XIX.

Judith Butler intuía ya en 2005, en los textos reunidos posteriormente en un volumen bajo el título Marcos de guerra: las vidas lloradas (Gedisa, 2017), que una parte sustancial del despliegue militar y sus terribles derivas se deciden en la esfera de las representaciones mediáticas. Al menos, la parte que corresponde a su legitimación en la opinión global. Butler sugiere que la batalla mediática central ocurre en la capacidad para invisibilizar los efectos de la devastación sobre las poblaciones ocupadas. A diferencia de lo que sucedió durante la invasión estadunidense en Vietnam, donde las imágenes de la destrucción se situaban en la disrupción abierta de los cuerpos de los combatientes, en la de Irak el ejército estadunidense censuró meticulosamente todas las tomas televisivas para invisibilizar esta disrupción. En la Guerra de Golfo (1992-2010) murieron entre 400 mil y 500 mil civiles iraquíes ( The Lancet). En la de Afganistán, aproximadamente 75 mil. En Yugoslavia, Siria, Libia y Yemen, las cifras también alcanzan niveles estratosféricos. En las últimas tres décadas, la OTAN ha devenido una maquinaria letal y genocida.

¿Alguien en Occidente, con un cargo público decisivo, levantó su voz para hacer visible esta tragedia? A saber, nadie. Sólo la intelectualidad crítica. Si el término imperialismo se ha puesto de nuevo en boga para definir, no sin razón, la acción de Rusia en Ucrania, no hay duda entonces que en la parte occidental del viejo continente surgió desde hace tiempo su equivalente: el euroimperialismo. Y este es el centro del conflicto en curso en Ucrania. Inevitable, pensar en la antigüedad de las sombras de 1914 como metáfora de la situación actual.

La estrategia que siguió la OTAN en Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia fue la destrucción sistemática y general de la estructura material que requiere un Estado para existir. Transformó esas naciones en páramos lunares. Moscú, al parecer, aprendió la lección. Ahora la aplica en Ucrania. Lo que sigue es la colonización del país por las grandes corporaciones globales, sin importar quién obtenga el triunfo. Y, sin embargo, la guerra mediática sólo puede transcurrir con referentes que apelan al mundo de las identidades, ya sean nacionales, religiosas o étnicas. El plano de inmanencia del conflicto mediático se mueve a una distancia desconcertante respecto de lo que acontece en los campos de batalla.

Hay una guerra mediática y una guerra real, aunque la realidad de la esfera de las representaciones redunde, en el ámbito de las percepciones, en la impresión de algo más real que lo real mismo. Se trata de un frente con sus propias reglas, recursos y estrategias, tan severas como las del frente de batalla. En el primero lo que se aniquila son personalidades, identidades, carreras y destinos; en el segundo, cuerpos y vidas. En días pasados, las televisoras occidentales suprimieron a RT (el canal ruso) de sus programaciones. Suprimir es el verbo que hoy se emplea para cancelar sin prohibir explícitamente, otro oxímoron semántico de los lenguajes que cubren la fachada de la libre expresión. La razón, según RT, fue una simple y específica noticia. En uno de sus programas, se mostraba con todo detalle como las televisoras occidentales emplearon imágenes de otras guerras para referir lo que pasaba en los primeros días del conflicto en Ucrania. El dilema de las fake news es que requieren cierta verosimilitud. Y para cuestionar esta verosimilitud no se recurre a la "realidad", sino a la inverosimilitud de la noticia fake. Esta es la estrategia que han seguido los medios rusos para desacreditar a las noticias occidentales frente a su propio público. Ahí la guerra no se llama "guerra", sino "operación militar". Y se justifica para combatir una oligarquía, la ucrania, que planeaba una "limpieza étnica" de los rusoparlantes en Donetsk. Una y otra vez, aparecen escenas de políticos ucranios hablando durante meses de la necesidad de "desrusificar" Ucrania. Un término que a la opinión pública rusa le parece seguramente intimidante. ¿Yugos­lavia reloaded?

Concebidos como "máquinas de guerra" (Deleuze dixit), los medios de comunicación producen resultados inverosímiles. Por lo pronto el espíritu alicaído de la unidad europea ha cobrado nuevos (y militares) bríos. En Washington las cosas son menos claras. La OTAN es celebrada, pero no necesariamente la unidad económica europea.

Viernes, 04 Marzo 2022 05:45

La dictadura de los medios

La dictadura de los medios

Las principales plataformas mundiales, como las redes sociales se han autoproclamado jueces de la verdad mundial.¿Por qué cuatro o cinco poderosos CEOs de mega empresas se autoproclaman guardianes de la verdad?

Habrá que repetirlo hasta el infinito: que consideremos que la OTAN es la primera responsable del conflicto en Ucrania no significa que apoyemos ni a Putin ni a ninguna guerra.

Tampoco apoyamos la dictadura mediática mundial y sus lágrimas de cocodrilo.

Es parte de una estrategia en la que hasta la gente más honesta cae: si estás contra el imperialismo de la OTAN estás a favor de la guerra de Putin. O no menciones nuestro imperialismo porque están muriendo inocentes en Ucrania. Pues, al imperialismo siemrpe hay que recordarlo, porque es tímido y no quiere que se lo mencionen, porque, aunque no absoluto, es el principal marco político e ideológico del mundo, y mucho más hay que mencionarlo ahora porque posa de defensor altruista de las víctimas ucranianas, siendo que es un directo protagonista en esta tragedia.

En consecuencia, el efecto fútbol funciona a la perfección. Y ésta no es solo una metáfora: la vieja mafia de la FIFA ha suspendido a la selección ruisa de futbol del mundial de Catar de este año, un mundial donde los Derechos Humanos brillan por su ausencia. La FIFA pudo realizar copas mundiales en dictaduras fascistas, como la de Argentina en 1978 o en la Italia fascista de 1934, manipulada en favor del régimen de Mussolini (Il Duce también intervino en Francia 1938). Tres casos que terminaron con la obtención del máximo trofeo, donde no solo los futbolistas fueron víctimas sino que esos eventos sirvieron de legitimación moral a la barbarie. La FIFA también supo mantener la “neutralidad deportiva” durante masacres más recientes. Las grandes cadenas deportivas de televisión nunca habían transmitido con el banner “No a la guerra” hasta ahora. Pero entre mafiosos se defienden.

En la misma línea de pseudo neutralidad ideológica, las principales plataformas mundiales, como las redes sociales (desde siempre pero cada vez de forma más evidente) se han autoproclamado jueces de la verdad mundial y etiquetan a todas las noticias de medios como Russia TV con la advertencia “esta noticia procede de un medio afiliado al gobierno de Rusia”. Incluso, gobiernos bananeros han censurado este canal de noticias, a pesar de que nunca nadie se atrevió a hacer algo similar con CNN y Fox News cuando hicieron posible la desinformación que terminó con la masacre de un millón de personas en Irak y medio continente en un caos sangriento que aún persiste.

Por no ir a la clásica censura de visibilidad y posicionamiento mediático de los buscadores de Internet que mantienen un oligopolio casi absoluto, todos manipulados desde San Francisco.

Nuestra posición en este tema no ha cambiado ahora. Cuando hace unos años Twitter canceló la cuenta de Donald Trump, aunque la considerábamos un resumidero de basura, nos opusimos a eso. La libertad de expresión (en esteroides para los dueños del dinero y limitada por la vulnerabilidad laboral de los de abajo) significa que también quienes piensan radicalmente diferente a nosotros tengan el derecho a decirlo. Son los pueblos quienes deberán madurar y educarse para aprender a digerir la información y, sobre todo, aprender a organizarse para no dejar siempre la mayoría de los medios más poderosos, los creadores de miedo y de opinión, a los dueños del capital. ¿Por qué cuatro o cinco poderosos CEOs de mega empresas, elegidos por nadie aparte de su minúsculo concilio de cardenales, se autoproclaman guardianes de la verdad?

Por supuesto que en todos los demás casos no etiquetan ni mencionan las afiliaciones de los medios occidentales con los gobiernos alineados. Grandes cadenas creadoras de opinión, como Fox News o CNN, responsables de apoyar guerras masivas y ocular sus crímenes de lesa humanidad, no son más independientes por ser privadas, sino todo lo contrario: sus imperios no dependen de los lectores sino de sus millonarios anunciantes y los poderosos intereses de su micro clase social. Sus noticias deberían ser precedidas con la advertencia: “este medio está afiliado o responde a los intereses especiales de lobbies, corporaciones y transnacionales”.

En gran medida, los canales que no ocultan su afiliación a un gobierno, a un sindicato o a una ideología son más honestos que aquellos con una proyección internacional y una influencia devastadora que posan de independientes y de campeones de objetividad informativa.

Es más, la objetividad mediática no existe y la neutralidad es mera cobardía, cuando no cinismo. Lo que existe y debería apreciarse es la honestidad, reconocer de una buena vez a qué visión del mundo apoyamos y si esa visión depende de nuestros intereses personales, de clase, o a algo más amplio llamado humanidad.

Por Jorge Majfud | 04/03/2022

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Sábado, 05 Febrero 2022 07:24

El stalker

El stalker

BUKELE Y SU ESPIONAJE DE LA PRENSA INDEPENDIENTE

 

Durante tres meses, de setiembre a diciembre de 2021, los teléfonos Iphone de todos los miembros de El Faro fueron examinados en diferentes etapas, en un proceso liderado por Citizen Lab, laboratorio de la Universidad de Toronto especializado en ciberseguridad, en el que participó Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales. La conclusión técnica, validada por Amnistía Internacional, fue contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group. El equipo –los jefes editoriales, los periodistas, los miembros de la junta directiva y el personal administrativo– permaneció bajo constante vigilancia entre, por lo menos, el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. En total, se hicieron 226 intervenciones, y hay evidencia de que un operador ejecutó Pegasus desde el territorio salvadoreño.

Las intervenciones duraron desde un día hasta un año, en un ataque constante. En otras palabras: se trata de 17 meses de espionaje continuo y con total acceso a los aparatos telefónicos de más de la mitad del personal que trabaja para este periódico, en fechas específicas, que coinciden con diferentes procesos de investigación de El Faro, acontecimientos relevantes de la vida política salvadoreña y ataques gubernamentales contra el periódico. En 11 de los casos de empleados de este medio, el peritaje concluyó que hubo hackeo, es decir, intromisión en el aparato. En otros 11 casos, el peritaje concluyó que, además, se extrajo información. La pericia no logró determinar qué tipo de información fue secuestrada, pero Pegasus permite extraer lo que sea que haya en el teléfono: fotos, conversaciones, audios, contactos. El peritaje no descarta que se haya robado información en los demás teléfonos, pero concluyó, sin matices, que en 11 casos sí.

En diciembre de 2020Citizen Lab publicó uninforme sobre 25 países. En él concluía que el Estado salvadoreño había adquirido un sistema de vigilancia de la compañía Circles, afiliada a NSO Group. También concluía que ese sistema había sido utilizado en el país desde 2017 (cuando gobernaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) hasta la fecha de la publicación del informe. Según John Scott-Railton, investigador sénior de Citizen Lab, los hallazgos en los teléfonos de El Faro son diferentes a los de aquel informe. Lo que se detectó en los teléfonos de este medio fue Pegasus y no otros softwares de espionaje. Pegasus, según Citizen Lab, supera al programa de Circles. «Pegasus instala un programa en el teléfono; Circles no lo hace. Con Circles, hay solo monitoreo e intercepción; con Pegasus, los teléfonos se ven hackeados», aseguró Scott-Railton.

«Lo que nos ha sorprendido no es sabernos intervenidos, sino la cantidad, la frecuencia y la duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de los periodistas. Es completamente inaceptable. Después de las revelaciones del Pegasus Project, esperábamos que los dueños del software cumplieran su palabra y verificaran que no estaba siendo utilizado para perseguir periodistas. Evidentemente no lo hicieron», dijo el fundador y director de El Faro, Carlos Dada. Citizen Lab, la misma organización que analizó los teléfonos del periódico salvadoreño, ya había descubierto una masiva intervención de Pegasus en dispositivos de periodistas y activistas de derechos humanos en México, Marruecos, Arabia Saudita, Hungría, India y Azerbaiyán. La revelación fue publicada en medios internacionales como The Washington PostThe Guardian Le Monde (véase «El espía», Brecha, 23-VII-21).

NSO Group ha declarado que solo vende el Software de espionaje Pegasus a gobiernos, con la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. En el peritaje de los teléfonos de El Faro, hecho por las organizaciones internacionales que han liderado procesos similares con periodistas, activistas y la oposición política de varios países, todo apuntó a que fue el gobierno el que estuvo detrás de las intervenciones. Scott-Railton dijo: «Si encuentras Pegasus, sabes que esa persona ha sido intervenida por un gobierno».

DOSCIENTAS VEINTISÉIS INTERVENCIONES

El 23 de noviembre de 2021, la empresa estadounidense Apple envió correos a algunos periodistas, políticos y activistas salvadoreños, incluyendo a 14 miembros de El Faro. En el correo, Apple advertía de un posible espionaje «bajo el patrocinio del Estado». La alerta coincidió con el inicio de una demanda presentada ese mismo día por Apple en contra de NSO Group en una corte federal de California, Estados Unidos, por infectar dispositivos de actores específicos a través de Pegasus. Cuando los periodistas de El Faro recibieron el correo de Apple, el proceso independiente de análisis de los teléfonos con las organizaciones Access Now y Citizen Lab ya llevaba dos meses. Los miembros de este medio ya habían sido notificados de que sus dispositivos estaban siendo vigilados con Pegasus.

Producto de esas pericias, se determinó que desde el 29 de junio de 2020 se hicieron al menos 226 intervenciones a las 22 personas de El Faro que fueron víctimas de espionaje, de acuerdo con el informe técnico brindado por Citizen Lab y Access Now. Las organizaciones no descartan que haya más víctimas de espionaje cibernético dentro del periódico. Sin embargo, el peritaje no pudo hacerse en teléfonos con el sistema operativo Android ni en dispositivos en que se hayan hecho ciertas actualizaciones recientes.

«Este es uno de los casos de espionaje más impactantes y obsesivos que hemos investigado», expresó Scott-Railton.

UNA «INVERSIÓN PÚBLICA» MILLONARIA

Debido a las políticas de privacidad de NSO Group, no es posible determinar a cabalidad cuánto se invirtió en una operación de espionaje como la que ha sufrido El Faro. «Pegasus cuesta millones de dólares», respondió el investigador de Citizen Lab al consultársele si podía calcular una cifra. «Cuando un gobierno adquiere Pegasus, adquiere un número concreto de licencias por infección. Si la licencia A te infecta un lunes, no pueden usar esa misma licencia para infectar a otras tres personas», agregó.

Según Citizen Lab, basándose en contratos que la empresa israelí ha hecho públicos, es posible hacerse una idea. «Se gastaron millones de dólares en esta herramienta de espionaje. Pero, en lugar de ser usadas para combatir el crimen, las licencias fueron usadas cientos de veces para vigilar periodistas», aseguró Scott-Railton. Para hacer las cuentas, agregó el investigador, es necesario cuantificar la tarifa por instalarlo, el equipo tecnológico necesario y la capacitación para el personal que debe correr Pegasus.

¿Qué posibilidades da una intervención de este tipo? Todas: la extracción de mensajes, imágenes y cualquier archivo; la activación de la cámara y el micrófono; el acceso a los adjuntos de los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería y de correo electrónico, y la posibilidad de acceder a las bitácoras de geolocalización, los registros de llamadas y la actividad de navegación en sitios de Internet. Según Citizen Lab, además, se ha detectado una novedad entre las posibilidades de Pegasus: el robo de credenciales, o tokens, que se guardan en el dispositivo, lo que permite al atacante acceder a las cuentas aun cuando el dispositivo ya no está infectado, gracias a la información que extrajo.

Durante el tiempo del espionaje, los periodistas de El Faro investigaban las negociaciones secretas entre el gobierno de Nayib Bukele y las maras, el robo de alimentos destinados a cubrir el déficit causado por la pandemia por parte del director de los centros penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para implementar el bitcoin, el patrimonio de los funcionarios del actual gobierno, el manejo de la pandemia y un perfil del presidente.

3 febrero, 2022


(Publicado originalmente en El FaroBrecha reproduce fragmentos. Titulación propia.)

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