La revisión de los planes ordenamiento territorial: procesos que no avanzan

 

El presente artículo tiene como objetivo hacer una corta reflexión de por qué no avanzan los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, después de 20 años de adopción e implementación.

El POT es uno de los instrumentos de planeación más importante del nivel nacional ya que define “…un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas… que desarrolla aspectos socioeconómicos y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (1). Estos planes deben ser liderados en su formulación por los municipios que cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa (2), en sus manos está orientar el futuro de su terruño (3) y brindar la calidad de vida que necesitan sus habitantes. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (4) les ordena que además de los planes de desarrollo deberán contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales que están recogidos en la Ley 388 de 1997 (5).


La mencionada Ley (6) constituye la génesis que abrió paso a la formulación de la primera generación de POT en el país. Esta norma actualizó y armonizó las disposiciones de la Ley 9 de 1989 con la Constitución Política de 1991 y recogió principios relacionados con la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Ahora bien, el tipo de plan que se debe adoptar se determina de acuerdo con la población de cada municipio. Conforme con la Ley 388 de 1997 se puede formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para municipios con más de 100.000 habitantes; un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; y un Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios con menos de 30.000 habitantes. De los cuales el Programa POT Modernos en el año 2016 identificó que no están vigentes 33 POT, 134 PBOT y 718 EOT (7) estos presentaban escasos instrumentos de gestión y financiación del suelo, inversiones en infraestructura que no correspondían a las dinámicas de crecimiento de las ciudades y deficiente participación ciudadana.

La mayoría de estos planes se debían revisar y ajustar por vencimiento de las vigencias de corto, mediano y largo plazo; por Modificación Excepcional de norma urbanística;
por razones de excepcional interés público o de fuerza mayor o caso fortuito; o 
para habilitar suelo para desarrollar proyectos de vivienda en el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez (8).

Pues bien, de los 1.122 municipios de Colombia, en la actualidad, el 81% de estos 886 cuentan con planes de ordenamiento territorial que superaron su vigencia y requieren actualización (9), según el análisis de la información disponible en las páginas web de los municipios y distritos adelantado por la Federación Colombiana de Municipios, se estableció que en el periodo comprendido entre 2012 a 2019, 494 municipios han adelantado procesos orientados a la contratación que permitan adelantar la revisión de los planes de ordenamiento; sin embargo, se evidenció que solo 150 de ellos han logrado finalizar con la adopción del proceso de revisión respectivo (10).

Entonces siendo los POT la carta de navegación de los municipios que orienta la organización del territorio en el corto, mediano y largo plazo y además armoniza la inversión con los planes de desarrollo ¿por qué no avanzan en sus respectivos procesos de revisión?

Mucho de estos procesos adelantados por el Programa POT Moderno dirigidos por el DNP a través de tres operadores, no lograron su finalización por falta de armonización entre la formulación y la realidad de los municipios sobre los cuales se orientó un proceso de formulación externa, algunos de estos terminó siendo una réplica de planes en serie sin verdaderos estudios de riesgos, sin escenarios de cambio climático, sin una proyección clara de la población y sin participación de los actores en el territorio, sumado a un desinterés de algunos entes territoriales que no alcanzaron a entender el alcance y la oportunidad que les ofrecía este proceso.

En otro tanto, los municipios se han gastado importantes recursos en actualización de expedientes, estudios de riesgos descontextualizados de los temas de cambio climático, en estudios de seguimiento y evaluación, en identificación de las normas urbanísticas que se deben actualizar conforme a las ordenes judiciales que se van acumulando, pero que no logran culminar.

A su vez, se siguen presentando problemas con los procesos de participación que terminan siendo cuestionados como el caso de Fusagasugá y Bogotá. A esto se suma las decisiones políticas que coinciden con dinámicas electorales como es el caso de Bogotá en el 2019 y en peligro de que vuelva a suceder lo mismo en el 2021.

Mientras tanto los municipios y distritos continuaran con planes de ordenamiento desactualizados siendo esta situación aprovechada por urbanistas, constructores e inversionistas que no paran sus negocios, los cuales se siguen sirviendo de la debilidad de la norma, de la baja capacidad institucional y de los pocos instrumentos de control ante el vacío de verdaderos instrumentos de planificación.

 

1 El concepto de ordenamiento del territorio municipal y distrital lo define el artículo 5 de la Ley 388 de 1997.
2 Artículo 311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994
3 Con base en: J. Carrizosa Umaña concepto utilizado en donde define que, en la historia de nuestras regiones y su gente, a través del tiempo van construyendo vivideros o “terruños” Colombia Compleja (2014) Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
4 Ley 152 de 1994: por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
5 Artículo 9 de la Ley 388 como: “…el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. 
6 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/presentaciones/lanzamiento%20territorios%20modernos.pdf
8 Decreto 1077 de 2015
9 CONPES 8870 de 2016
10 Considerando del Decreto 1232 de 2020 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

*Abogada integrante del grupo de investigación Procesos Urbanos Hábitat e Informalidad de la Universidad Nacional de Colombia.

 

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Retos de los movimientos sociales ante el problema urbano

Las transformaciones vividas por los espacios urbanos dan paso a la expresión de nuevos movimientos y reivindiaciones sociales. Aquí una mirada panorámica a esa realidad.

 

El proceso de globalización ha subordinado todas las relaciones sociales, económicas y políticas configurando nuevas realidades no sólo económicas y culturales sino también espaciales, que inciden en las formas organizativas y configuran un entramado en el que la ciudad, con su espacialidad, cultura y reivindicaciones, vive un sinnúmero de cambios que impactan los contenidos, formas de hacer y proyecciones de los movimientos sociales.

Los cambios que corresponden a la ciudad y el movimiento social en los últimos cuarenta años van desde los barrios autoconstruidos y sus diferentes formas de organización –Juntas de Acción Comunal JAC, movimientos cívicos y de protesta–, hasta las urbanizaciones de construcción vertical que muestran otro tipo de formas de rentabilizar el territorio por parte de las empresas constructoras de vivienda y, con ello, despiertan otros conflictos y otras maneras para el actuar social y político.

Son cambios que también tienen tiempos específicos. La aplicación del modelo neoliberal en Colombia a partir de 1991, valga retomar, marca un punto de inflexión que define nuevas realidades para las expresiones sociales que buscan transformar sus condiciones de vida y/o configurarse en alternativa política. Por ejemplo, en los años 80 y 90, en los barrios populares se dieron luchas por la vivienda y los servicios públicos domiciliarios, pero luego de esas décadas en el conjunto de la sociedad comenzó a primar una visión neoliberal que, en lugar de cuestionar críticamente la situación social y sus causas, acepta que el asunto de los servicios y derechos sí puede recaer en la responsabilidad individual, una negación de derechos que también renuncia a la revisión de las causas estructurales que ocasionan la desigualdad social que reina en el país, y con ella, el marginamiento espacial de amplios grupos sociales; una negación que no se preocupa en forma debida por las soluciones para superar tal realidad.

Son tiempos en los que se transforma el espacio urbano, por ejemplo, toman forma los centros comerciales y urbanizaciones, lo que implica otra valoración de los espacios de encuentro y de consumo, relegando poco a poco el sentido de lo público y propiciando nuevas realidades en las que priman los conflictos entre vecinos. Igualmente, se suscitan cambios en la forma como se administran los espacios públicos y colectivos, imponiéndose una lógica neoliberal y coercitiva que impide apropiaciones más sociales y colectivas, con lo que se desconocen aspectos básicos de la Constitución del 91, como los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ejemplo paradigmátaico de ello son, sin duda, muchas de las medidas tomadas durante los años 2000 de cerramiento y apropiación de zonas de cesión públicas por parte de los conjuntos residenciales.

En este devenir, y tomando en consideración la diversidad misma del país y la configuración de la ciudad, es que toman forma y prolifera gran variedad de movimientos sociales, expresión de nuestras realidades culturales, ambientales, de salud, educativas (estudiantiles), deportivas (barristas), comunales, entre otros; incluso, movimientos de un corte más poblacional comienzan a surgir para reivindicar luchas concretas y de reconocimiento social y político como los de jóvenes, mujeres, adultos mayores, grupos étnicos, Lgtbiq. Toda esta amplia gama de expresiones busca tener incidencia en la vida de la ciudad y en las políticas públicas.

La articulación alrededor de problemáticas socioambientales ha sido una característica importante en las primeras décadas del siglo en curso, como las mesas de trabajo por parte de la comunidad. Ejemplos más concretos, para el caso de Bogotá, son la Mesa Cerros Orientales, Mesa de la cuenca del Tunjuelo, la Mesa por el cierre del relleno Doña Juana, así como experiencias en la Comuna 8 en Medellín, todos, espacios que han ganado legitimidad y han obligado a las instituciones a concertar con las comunidades las políticas que afectan sus territorios.

Es una historia en la que, en los últimos 30 años, el movimiento social urbano crece de manera paulatina en sus formas de protesta. Por ejemplo, los paros de los años 90 en Bogotá, como el de Ciudad Bolívar –1993–, Kennedy –1996–, caracterizados por ser convocados por comités cívicos, con reivindicaciones muy puntuales, con un fuerte liderazgo de sectores comunales, paros con varios días de duración, y asediados por una fuerte represión y militarización de los barrios.

Como parte de esta constante, el 9 de marzo de 2012 se presentó un paro promovido por usuarios del Transmilenio, en el que se bloqueó toda la ciudad, y que, a pesar de la aparición de los perfilamientos, logra la rebaja y el congelamiento de las tarifas de transporte. En los últimos años, a nivel nacional, los paros han adquirido un mayor componente urbano, incluido el primer paro campesino –2013– en el que la sociedad en su conjunto se solidarizó con sus reivindicaciones.

Las expresiones de descontento en las principales ciudades como Cali, Medellín Bogotá, durante los últimos años, se caracterizan por la movilización y protesta descentralizadas, en los territorios periféricos, alejados de los centros de poder, evidenciando las características de las urbes colombianas, tales como la segregación socio-espacial, el desarrollo de ciudades expandidas y clasistas. También se caracterizan por su atomización, por la falta de una mayor articulación que recoja las aspiraciones del movimiento urbano y su configuración como sujeto político.

El reciente estallido social (abril-junio) revela un componente más popular en las protestas juveniles y de mujeres, con reivindicaciones generales que incluyen temas de equidad, justicia social, entre otros. Los paros van creciendo en el número de días de resistencia y en cantidad de participantes; los estudiantes comienzan a retomar las calles, a hacer presencia en diferentes zonas de las urbes, desarrollando proyectos concretos con una visión de transformación de relaciones y problemáticas concretas, llegando a ganar legitimidad entre los pobladores más disímiles y sumándose a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras. Sin embargo, estas últimas, a pesar de su capacidad de interlocución con el establecimeinto, no alcanzan a conducir y representar a los sectores que participaron masivamente en las protestas y movilizaciones.

Un proceso en el cua surgen nuevas formas organizativas, como las primeras líneas, ollas comunitarias, grupos de DDHH, de comunicación, salud, jurídicos y expresiones culturales que se apropian de los territorios, disputándolos simbólicamente, generando nuevos escenarios que traen consigo la construcción de identidades y nuevas subjetividades, al igual que realidades políticas y retos por superar.

 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el movimiento social en Colombia?

 

El primer gran reto obedece a la articulación de las luchas sociales y movimientos agrupados en ellas. La “unidad”, como suelen ser entendidos los procesos, no logra superar coordinaciones que, por diferencias políticas o ideológicas, no alcanzan la construcción de puntos programáticos. Es necesario superar esquemas heredados que no han sido evaluados y que, a todas luces, no dan respuesta a las necesidades del momento. Las Ciencias Sociales, desde los años sesenta han tenido inmensos desarrollos que no han sido tenidos en cuenta o, en el peor de los casos, no se conocen.

En este sentido, parafraseando a Chantal Mouffe, “Construir una voluntad colectiva exige dinámicas que pongan el acento en la construcción de sujetos, en el papel de la práctica política como generadora de cultura y la configuración de nuevas subjetividades que sean capaces de colocar nuevos “límites al mundo” y cimentar la base para una ideología que de cuenta de la transformación social por medio de la hegemonía y una nueva dirección política y moral”. (Labastida, 2011, p. 143 y 144).

Afortunadamente, para el movimiento social en Colombia, las protestas y los procesos de movilización, desarrollados durante estos dos últimos años, ponen de manifiesto la acción colectiva y los procesos de conducción autónomo que configuran esa “voluntad colectiva” y que han dado paso a nuevos protagonismos que, lamentablemente, se encuentran aislados de los desarrollos de las ciencias sociales y de las luchas políticas libradas en otras partes; lo cual configura un segundo reto, que es la apropiación de los desarrollos teóricos y académicos generados al lado de innumerables procesos sociales en todo el globo.

A propósito de esto, vale la pena reconocer el papel de profesionales y personas que han accedido a la educación y que hoy, desde diferentes espacios, acompañan procesos sociales en todo el país; sin embargo, la participación y acompañamiento son insuficientes; es necesario difundir de manera más amplia y continúa el estudio y la reflexión entorno a la obra, por ejemplo, de Orlando Fals Borda, el pensamiento decolonial y a los estudiosos de la obra de Gramsci, entre ellas a Chantal Moffeu y feministas como Judith Butler.

En otro plano, y como reto, es necesario definir objetivos políticos concretos y, entre muchos caminos, están los planes de vida que recogen los objetivos sociales que se han trazado las comunidades, para que sea el movimiento social el que determine el ritmo y la agenda política a las organizaciones políticas, porque la crisis generalizada de las instituciones y las formas tradicionales de hacer política no han dado salida a las expectativas de una sociedad que ya ha comenzado a avanzar.

La actual crisis económica y las convulsiones sociales de estos últimos años permiten ver que “los hombres toman conciencia de sí mismos y de sus tareas” (Labastida, 2011) y que, sólo asumiendo un papel protagónico y con nuevos actores se podrá consolidar una dirección política y moral que sea capaz de ser articuladora y representante de las más variadas expresiones de lo que es hoy la ciudad y el país.

Quedan sin mencionar diversos temas, pero uno de ellos radica en la pegunta de si las instituciones son el camino válido o no para el movimiento social.

En Latinoamérica quedan claras las apuestas y, en ese debate se encuentran tanto el mundo social como las miradas que sobre el qué hacer presentan diversos investigadores sociales o políticos. Debates, busquedas, construcciones, que con independencia de las opciones elegidas, reconocer que serán los movimiento sociales, los encargados de marcar los avances y cambios que la sociedad necesita.

 

Bibliografía

Labastida Martín del Campo, Julio. 2011.Hegemonía y alternativas políticas en América Latina Seminario de Morelia Hegemonía y Alternativas Políticas en América Latina. México, D.F Editorial siglo XXI.

 

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Domingo, 28 Noviembre 2021 13:21

¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?

¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?

En este artículo presentamos algunos elementos que aportan al debate sobre las dificultades del derecho a la ciudad para determinados territorios ubicados en el sur de la ciudad de Bogotá.

En el marco de la propuesta reciente de POT elaborado por la actual administración distrital se han renovado discusiones sobre el derecho a la ciudad en Bogotá y las dificultades impuestas a ciertos territorios para ejercerlo. La organización espacial de la ciudad, enteramente mercantilizada, facilitada (y a veces estimulada) por el Estado y las administraciones, le han dificultado el acceso espacial a la oferta de servicios, equipamientos e instituciones a sectores desfavorecidos arrojándolos a las periferias cada vez más contaminadas y sobrepobladas.

Como es de conocimiento público, Bogotá tiene una profunda desigualdad socioeconómica materializada en el espacio: la inversión inequitativa de capital en el espacio producto de la desigualdad en la distribución de ganancia ocasiona segregación socio-espacial. En otras palabras, la segregación socio-espacial está relacionada profundamente con el modelo de acumulación capitalista y con la desigualdad socioeconómica que de éste se desprende y supone.

En El Capital en el Siglo XXI (1), Piketty diferenció entre riqueza e ingreso: mientras las clases más bajas producen ingresos por la venta de la fuerza de trabajo, las más privilegiadas gozan de otras fuentes adicionales para generar riqueza: ingresos por rentabilidad de activos, ya sea por intereses en bancos, bonos y rentas como accionista de empresa, dueño de inmuebles, etcétera. Si bien existen agudas desigualdades por ingreso, para Piketty es la riqueza la determinante de la desigualdad en una sociedad, la cual, como sabemos, se materializa en el espacio.

Para el caso de la capital colombiana, algunos territorios dentro de su zona urbana aportan la mano de obra y los recursos naturales que son utilizados por los sectores ricos de la misma ciudad para continuar en la carrera acumulativa, sin hacerle justicia a la riqueza extraída de los otros territorios. Para nadie es un secreto que localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Kennedy, aportan el grueso de la fuerza de trabajo de la ciudad, la cual es aprovechada por otros territorios ubicados sobre la estructura socioeconómica de la ciudad y sus alrededores, donde, además, se concentran los equipamientos, la oferta de servicios y la presencia de las instituciones.

A su vez, estas localidades son depositarias de las mayores cargas de contaminación ambiental de la urbe, problemática de la que por lo observado, es ejemplo, específicamente el sur y sur-occidente de Bogotá, no solo por la ubicación del Relleno Doña Juana en la localidad de Ciudad Bolívar, o los proyectos mineros –como el de Cerro Seco–, sino porque las principales fuentes de emisiones contaminantes se localizan en sus áreas sur y sur-occidente, como lo resalta el estudio que adelantan investigadores de la Universidad de La Salle, enfocado en la calidad del aire y del agua de las cuencas de los ríos de todo el Distrito.

Problemática con respecto a las calidades del aire, medidas en PM 2.5, o materia particulada de diámetro igual o inferior a 2,5 micras, que evidencia la existencia en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar de una concentración de partículas por encima de lo recomendado en los estándares internacionales. Esta realidad también ha sido evidenciada por un estudio publicado por Greenpeace Colombia en septiembre de 2020 y que deja en claro que “la polución atmosférica le ha costado a la ciudad más de 4 billones de pesos, y la cual fue responsable de la pérdida de 3.900 vidas en lo que va del año”.


Una realidad que, al enlazarla con la densidad poblacional por UPZ, nuevamente muestra que zonas como Patio Bonito en Kennedy y las UPZ circundantes están dentro de las más densas de Bogotá, llegando a índices de densidad poblacional similares al que registran las ciudades más sobrepobladas del continente asiático.

Por otro lado, con respecto a la calidad del agua, de las cuatro principales cuencas de la ciudad, en el mismo estudio se realizó un muestreo, en cuatro tramos a lo largo de los ríos. En los resultados se encuentra que las cuencas del Río Fucha y Tunjuelito en el tramo 4, a la altura de las localidades Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, tienen un nivel de contaminación como en ningún otro tramo de ninguna otra de las cuencas de los ríos de la capital del país. Todo esto, sumado a que su zona sur no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Mientras que la PTAR Salitre, que descontamina el agua residual desde la calle 26 hacia el norte, está a punto de ser entregada a la CAR y al Acueducto de Bogotá, a pesar de que descontaminaría tan solo el 30 por ciento del agua residual de la ciudad. Por su parte, la PTAR Canoas, que aún se encuentra en etapa de diseño, sin aplicarle le la celeridad requerida, descontaminaría el 70 por ciento excedente de las aguas correspondientes a las provenientes del sur de la ciudad, incluyendo las del municipio de Soacha.

Como fue anotado, los niveles de contaminación medio ambiental se concentran en el sur y suroccidente capitalino, recibiendo residuos de diverso tipo, materiales y otros que provienen de variadas fuentes, y, aun así, parece existir una prelación del Distrito y sus instituciones por los problemas ambientales del centro y norte bogotano. Prevalencia que desconoce, además, y por ejemplo, déficits de árboles y espacio verde en UPZ como Bosa Occidental, Corabastos o Kennedy Central en las que, según los datos del Ministerio de las TIC, la cantidad de metros cuadrados de área verde son: 1,69 m2, 3,22 m2, y 3,45 m2 respectivamente, a pesar de que la OMS recomienda entre 9 y 11 metros cuadrados por habitante, es decir, en algunas UPZ hay un déficit de más del 400 por ciento.

Finalmente, pero no menos importante, preocupa que los grandes proyectos urbanísticos –como el de Reverdecer del Sur–, tiendan a densificar estos territorios, agravando su problemática y socavando la calidad medio ambiental de unos territorios que a su vez cuentan con altos índices de población con necesidades no satisfechas.

En ese marco, ¿cómo hablar de derecho a la ciudad si existe una clara relación extractivista y neocolonial hacia el sur, de donde extraen la fuerza de trabajo y los recursos? ¿Cómo hablar del derecho a la ciudad cuando gran parte de su población es depositaria de las peores condiciones ambientales, de vivienda, de acceso a equipamientos, servicios e instituciones del Estado, a expensas de otros territorios privilegiados?

Un instrumento de ordenamiento territorial, como el POT, debería, por tanto, hablar de injusticias ambientales, injusticias económicas y socio-territoriales, para no continuar con la tendencia de perpetuar el ordenamiento territorial que estipula el mercado de acuerdo con sus intereses. Continuar por esta esta vía es la garantía para profundizar la segregación socio-espacial, con lo cual el derecho a la ciudad continuará siendo privilegio de muy pocos, y no un derecho.

 

Bibliografía:
Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (2016). Primer Reporte técnico de indicadores de espacio público. Observatorio de Espacio Público. Disponible en: primerreporteindicadores.pdf (dadep.gov.co) Consultado el 27 de septiembre de 2021.
Greenpeace Colombia. 2020. La contaminación del aire en Bogotá provocó 3900 muertes en lo que va del año. Página oficial Greenpeace Colombia. Disponible en: www.greenpeace.org/colombia/noticia/uncategorized/la-contaminacion-del-aire-en-bogota-provoco-3900-muertes-en-lo-que-va-del-ano/ Consultado el 29 de octubre de 202.
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. (2019) Informe APH. Árboles por habitante. Oficina de Arborización Urbana. Disponible en www.orarbo.gov.co/
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. (2018) Espacio público verde por habitante por UPZ. Datos abiertos Colombia. Disponible en: https://www.datos.gov.co/widgets/276j-m5rd. Consultado el 27 de septiembre del 2021.
Piketty Thomas. [2013]2014. El Capital en el siglo XXI. Editorial S.L. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid.

 

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El derecho al saneamiento básico como derecho a la ciudad

El propósito de este escrito es resaltar el derecho fundamental al saneamiento básico; un derecho poco conocido, poco aplicado por las Autoridades y poco exigido por la ciudadanía.

El derecho al saneamiento básico consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política (CP) señala: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. [...] Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad […]”.

La CP, justa y justificadamente, en el mismo artículo, proclama el derecho de las/os/es colombianas/os/es a la salud y al saneamiento ambiental o básico, porque son estrictamente anudados. El saneamiento ambiental básico comprende acciones técnicas y socioeconómicas, que implican, entre otras, el manejo sanitario del agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, residuos orgánicos, como las excretas, los residuos alimenticios, los desechos peligrosos, los desechos procedentes de los hospitales, de los laboratorios, que pueden ocasionar contaminaciones e infecciones, y el manejo de las emisiones a la atmósfera, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud.

Bogotá, una metrópoli de más de 7 millones de habitantes, garantiza agua potable a su población, pero no garantiza un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial completo y eficiente en toda el área urbana, menos en el área rural, y tampoco garantiza el tratamiento de las aguas residuales, es decir, vierte directamente a los cuerpos hídricos las aguas residuales sin ningún tratamiento. En pleno siglo XXI, le correspondió a la Sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo del 2014 –sobre el saneamiento y la recuperación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y sus afluentes–, imponer al Distrito Capital la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales –PTAR–, porque las Autoridades competentes, una vez más, no han cumplido la función que la CP les asignó de amparar un derecho fundamental, como el derecho a la salud y el conexo derecho a un sistema de saneamiento básico eficiente y eficaz.

La única planta de tratamiento de aguas residuales en Bogotá, activa desde noviembre de 2020, todavía en régimen de prueba, la –PTAR– Salitre, realiza el tratamiento de solo el 30% de todas las aguas residuales de la ciudad, con un trato solo de tipo secundario para degradar el contenido biológico del agua residual procedente de los desechos orgánicos de residuos humanos, de alimentos, jabones y detergentes; mientras que, para cumplir con los estándares fijados para la calidad del agua, antes de descargar el residual en el ambiente, en los mares, ríos, lagos, campos etc., debería darse con un tratamiento de tipo terciario, que reduce la carga contaminante de las aguas residuales, permitiendo el vertimiento a cauces naturales y su reutilización como recurso hídrico alternativo una vez tratadas.

 

 

El restante 70% de aguas residuales de Bogotá serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas residuales denominada PTAR Canoas, cuya construcción también fue ordenada por la citada Sentencia, conocida popularmente como la Sentencia del Río Bogotá. Esta planta, todavía está en diseño, e iniciará las operaciones tan solo dentro de 5 o 6 años.

Otra grave violación al artículo 49 de la Constitución Política y su desarrollo normativo lo constituye el relleno sanitario Doña Juana, el principal vertedero de residuos sólidos de Bogotá, ubicado en el sur de la ciudad, y el que, desde hace muchos años, se encuentra en crisis por sus múltiples problemáticas, que afectan la salud y la vida de sus vecinos de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.

Como es conocido, las diferentes administraciones distritales no han podido –o no han querido– encontrar una real solución alternativa para la disposición final adecuada y correcta de las más de 7.500 toneladas diarias de basura producidas en Bogotá. Periódicamente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca amplía la capacidad de este relleno, resultando difícil entender cómo esto sea posible, respetando cabalmente los lineamientos técnicos y sanitarios específicos de un relleno sanitario. Por ello, las comunidades asentadas en sus alrededores sostienen que no es un relleno sanitario sino un basurero.

Una realidad con prolongación en la inexistencia de una consciencia ciudadana abierta a la cultura del reciclaje, actividad relegada a las/os/es recicladoras/es o recuperadoras/es ambientales, quienes, a pesar del cambio del nombre, son considerados un grupo al margen de la sociedad, aunque gracias a su trabajo se reciclan cerca de 1.200 toneladas de residuos, disminuyendo un poco la carga de basura enterrada en el relleno sanitario.

Los residuos sólidos, una vez enterrados en las 596 hectáreas del Doña Juana, desaparecen a la vista, pero siguen existiendo, contaminando y dando paso a una problemática que afecta a millones de personas del sur de la ciudad. Ejemplo de ello, lo acaecido el 27 de septiembre de 1997, cuando una acumulación de lixiviados y gases provocó un colapso y el derrumbe de más de 500.000 toneladas de residuos que se depositaron sobre el Río Tunjuelo, afectando gravemente a la población asentada en sus alrededores. Otros grandes derrumbes acontecieron en los años 2015 y 2020. Además, de estos graves y peligrosos accidentes, las emisiones de gas sulfhídrico, gas metano, amoniaco, vapores de azufre y la presencia de roedores e insectos afectan cotidianamente la salud de las/os/es ciudadanas/os/es vecinas/os/es de este relleno, que padecen de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, entre otras.

Este breve texto evidencia dos problemáticas relacionadas con el saneamiento básico y la grave situación presente en Bogotá. El derecho fundamental al saneamiento básico está interrelacionado ineludiblemente con el derecho fundamental a la dignidad humana. Dar cumplimiento a la normativa nacional sobre el saneamiento básico no es solo construir grandes tanques en los que tratar el agua, no es manejar correctamente los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, no es solo instalar tuberías bajo la tierra, que ninguno aprecia y por lo tanto no proporcionan votos al político de turno. Acatar el derecho al saneamiento básico, amparado por la Constitución Política, significa proteger el derecho a la salud de la población y prevenir riesgos y enfermedades, causadas por las carencias de un sistema de saneamiento básico eficaz y eficiente.

La actual pandemia provocada por el virus Sars-CoV-2 es una alerta más para reflexionar sobre la necesidad de reivindicar el derecho al saneamiento básico.

 

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La Estructura Ecológica Principal como soporte del ordenamiento del territorio
Ana María Peñuela Narváez

Vivienda social en Bogotá, una deuda creciente
Jeison Andrés Hincapié Rodríguez

Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: Observaciones frente al POT y la Ley Orgánica
Sergio Alexei Torres Bolívar






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Publicado enEdición Nº286
Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: Observaciones frente al POT y la Ley Orgánica

El derecho al territorio a escala regional es fundamental en estos momentos. Los planes y esquemas de ordenamiento territorial no dialogan entre ellos y no llegan a una escala más allá de la municipal. Además, el proyecto de Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca que, si bien, es fundamental para impulsar una figura regional, genera muchas dudas e incertidumbres frente a la participación, decisión e incidencia de la ciudadanía y los entes territoriales.


Con el trasegar histórico las dinámicas de los territorios se transforman y propician, entre otros, inéditos intercambios económicos, sociales, culturales, aspectos que componen, consolidan y generan nuevas relaciones que dan identidad a un lugar.


Bajo esta premisa, es posible pensar que el territorio se entiende como un fenómeno multidimensional y multiescalar, así como las calles se relacionan con el barrio o con la ciudad para comprender un todo. Sucede, ahora, lo mismo con la ciudad: ya no basta con entenderla como una figura administrativa únicamente, incluso tampoco desde una mirada centrada solo en la zona urbana que desconoce lo rural; por el contrario, es necesario abordarla desde una lente abierta y comprenderla desde los desarrollos de sus relaciones con las dinámicas en escalas mayores, como las regionales, en las que, aparte de comprender el entorno urbano y rural de una ciudad como Bogotá, se generan relaciones con otros entes territoriales como los municipios, ciudades y hasta departamentos, estableciendo una dimensión espacial en la que se remarcan diversas dinámicas de configuración territorial.


Igualmente, la ciudad no debe entenderse como una figura únicamente administrativa, tampoco, desde una mirada centrada solo en la zona urbana que desconoce lo rural; por el contrario, debe comprenderse desde la manera como se desarrollan sus relaciones con las dinámicas en escalas mayores, como las regionales, en las que, aparte de entender el entorno urbano y rural de una ciudad como Bogotá, se generan relaciones con otros entes territoriales como los municipios, ciudades y hasta departamentos, estableciendo una dimensión espacial en la que se remarcan diversas dinámicas de configuración territorial.


Si comprendemos lo anterior desde la figura del Derecho al Territorio, superando la mirada del Derecho a la Ciudad, observamos cómo debe retribuirse, a quienes habitan la región, una serie de derechos de movilidad, goce, vivienda, servicios, equipamientos, ambientales, entre otros, para lo cual es preciso implementar un desarrollo colectivo a escala regional que garantice una buena calidad de vida a todos sus habitantes. Sin embargo, esta misma premisa empieza a ponerse en duda al observar los instrumentos del ordenamiento territorial de las diferentes entidades administrativas, ya que la mayoría no dialoga con las demás, lo que termina impactando el desarrollo sobre sus propias espacialidades, al no trabajar de manera conjunta las dinámicas comunes con los territorios vecinos.


Asociatividad regional


La una nueva figura administrativa regional denominada Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, tuvo origen con el Acto Legislativo 02 de 2020, que modificaba la Constitución Nacional, creando una entidad de asociatividad regional de régimen especial a la que se podrán vincular los municipios, la gobernación de Cundinamarca y el Distrito Capital. Este acto legislativo, ordena al Congreso expedir una Ley reglamentaria de la figura aprobada, que se encuentra en trámite en la legislatura, y hasta el momento, ha sido aprobada en las comisiones primeras de cámara y senado, quedando pendiente la resolución en las sesiones de plenarias.


Desde la mirada de la ciudad de Bogotá, establecida en la Propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en este momento, también en debate en el Concejo de Bogotá, se evidencian ciertos proyectos e ideas de incidencia regional relacionados con los temas ambientales, de movilidad, servicios, vivienda, entre otros, de los cuales resaltan: las apuestas de Cables Aéreos y sistemas férreos regionales -Regiotram- que buscan conectar estas espacialidades, reducir los tiempos de desplazamiento y hacer más cómodo y efectivo el intercambio continuo de población de estos territorios, ya sea para temas laborales, académicos, de ocio, entre otros, considerado como un gran avance regional.


Igualmente,es positivo el espíritu normativo en torno al cuidado de la cuenca del río Bogotá, los bordes urbano-rurales, los cerros orientales y el páramo, como espacios naturales que se correlacionan, buscando preservar y cuidar la conectividad ecosistémica de territorios fundamentales en términos regionales, más aún, frente a las dificultades y desafíos de la crisis climática actual.


Un último aspecto destacable, teniendo en cuenta que quedan otros de la escala regional relacionados en el articulado que aquí no se van a tratar, es el tema de la vivienda, ya que,el proyecto de POT, busca densificar la ciudad, generando otro tipo de tratamientos que permitan una ciudad más compacta, evitando su expansión hacia la región.


Sin embargo, desde una mirada crítica y analítica sobre estas propuestas, es preciso señalar algunos aspectos sensibles: en primera instancia, retomando la denominada figura de Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es evidente una total ausencia de la participación ciudadana en la construcción y trámite de la propuesta, no se ha promovido una consulta ciudadana para establecer si, realmente, los diferentes actores territoriales están o no de acuerdo con este proyecto de ley. En segundo lugar, la figura, como está concebida actualmente, tiene reparos ya que atenta contra la autonomía de los municipios, pues, si bien indica que los que deseen adherirse tendrán voz y voto, las decisiones siempre deben contar con la aprobación del distrito capital y del departamento de Cundinamarca, o de lo contrario no serían aprobadas; por lo que termina imponiendo las decisiones de dos entes y sometiendo a los demás asociados.


Por su parte, en la propuesta de POT encontramos algunas ambigüedades: si bien en su espíritu, la propuesta busca no afectar la estructura ecológica regional, se incluyen proyectos como Lagos de Torca o Reverdecer del Sur, sin nombrar otros de la escala de las Actuaciones Estratégicas, que terminan afectando la dinámica de la ciudad y desdeñando la idea de ciudad compacta. Por el contrario, dichos proyectos incitan a extender la ciudad, afectando los ecosistemas regionales y las relaciones con las entidades circundantes, pues, impactan los bordes, y generan una mayor presión para la urbanización en esos territorios, afectando su vocación de preservación ambiental.


Finalmente, es preciso abordar un aspecto determinante, relacionado con el crecimiento urbano, la conurbación y las sobrecargas en las dinámicas de intercambio en la región. Si bien, está relacionado con los mencionados proyectos de renovación urbana, al revisarlos desde la perspectiva de los municipios circunvecinos, aspectos como la movilidad y la proyección de la cantidad de viviendas, provocan diversos escenarios, entre los que se mezclan tanto el acceso a la segunda vivienda, como el aumento cada vez más considerable de la población, así como su desplazamiento hacia los municipios aledaños buscando mejores condiciones de costos para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta los crecientes precios en la ciudad. Esta dinámica termina provocando un crecimiento urbanístico desbordado en los municipios aledaños para cubrir la demanda de vivienda de la población que empiezan a recibir; situación que termina impactando sus territorios y afectando la vida cotidiana, no solo de cada uno de estos municipios, sino de la región en general.


Con todo esto, es importante decir que para, realmente, hacer efectivo un derecho al territorio, lo primero es promover un proceso departicipación real e incidente que incluya a todos los diferentes actores territoriales. Con esto, se aboga para que se considere, no solo al ciudadano de a pie, sino que también, implica construir procesos y escenarios horizontales, que incluyan las voces de los municipios y los diferentes entes territoriales afectados por la nueva ley orgánica, para entender, comprender e incluir sus posturas e intereses, para que, en la escala regional, todos los actores tengan el mismo nivel de poder y decisión.


También, es fundamental que los instrumentos de ordenamiento territorial dialoguen entre sí, que no deben circunscribirse a la figura invisible de unos límites territoriales, sino que cada uno de los territorios y actores entiendan que no se deben única y exclusivamente a su espacio administrativamente delimitado, sino que, además, deben responder a las dinámicas de todo tipo generadas en sus relaciones con los territorios vecinos. Por lo tanto, al establecer elementos comunes y de acuerdo en la escala regional, desde la adopción de figuras e instrumentos de planeación, se facilitará dialogar y acordar sobre todos los aspectos comunes físico-espaciales y territoriales de la región.


De momento, reconociendo la generalizada inquietud sobre la prevalencia de los intereses particulares sobre los generales, y sin entender la sordera y ceguera de la institucionalidad para disponerse a encontrar consensos; surge la pregunta, con esas condiciones ¿cómo se podría garantizar un derecho al territorio para la región?

 

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Problemas del ordenamiento territorial en el POT propuesto por Claudia López para Bogotá

Algunas reflexiones desde el Proyecto de Acuerdo 431 de 2021“Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”[1]

Este texto desarrolla tres asuntos de manera rápida, dada la extensión del documento del Proyecto de Acuerdo de POT radicado al Concejo de Bogotá D.C. El primero corresponde a algunos asuntos para considerar el análisis de la propuesta; en el segundo, se presentan los grandes temas de preocupación y el desglose de algunos de ellos; y, el tercer asunto da cuenta de algunos puntos que deberían hacer parte del nuevo POT para Bogotá. 

  1. ASUNTOS PARA CONSIDERAR SU ANÁLISIS

 El Proyecto de Acuerdo de RG - POT “Bogotá Reverdece 2022 -2035”, radicado el 10 de septiembre del 2021 al Concejo de Bogotá contiene 608 artículos complejos, con cuatro estructuras: Ecológica Principal, Integradora de Patrimonios, Funcional y del Cuidado, y Socioeconómica, Creativa y de Innovación. Así mismo cuenta con 5 libros del Documento Técnico de Soporte -DTS-, 25 Anexos y 131 mapas de formulación.

De esta forma, resulta complejo con este volumen de folios y de información poder generar un dialogo claro y contundente con la ciudadanía. De este modo, son cuatro los asuntos a considerar antes de analizar el Proyecto de Acuerdo radicado al Concejo de Bogotá D.C.: la relación de este con el Plan Distrital de Desarrollo –PDD–, el avance de las diferentes etapas del POT sin una real participación, las relaciones entre gobernanza y gobernabilidad en el proyecto del POT, y los enfoques considerados en el ordenamiento territorial propuesto.

 

LA REFERENCIA DEL POT ES EL PDD

 

El POT orienta la intervención y articula los PDD, pero en Bogotá siempre se hace de forma contraria: desde los PDD orientan cómo se ordenará el territorio, como lo evidencian los últimos 3 PDD, desconociendo que “la definición de programas y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrán en cuenta las definiciones de largo y mediano plazo de ocupación del territorio”, art 18 de la Ley 388 de 1997.

No obstante, los reclamos por una participación incidente en la elaboración del POT en cuestión, siguen presentes las voces de las comunidades por los impactos negativos que traerá sobre sus territorios la aplicación del mismo en el orden estratégico. Voces no escuchadas, solicitudes de extender el cronograma desoídas, concertación de ajustes desestimada, ya que la administración no atendió las voces ciudadanas, señalando que ese proceso ya se había surtido ampliamente.

 

LAS ETAPAS DEL POT, AVANZAN SIN UNA REAL PARTICIPACIÓN

 

Las etapas del POT son: i) Diagnóstico, ii) Formulación y iii) Seguimiento y Evaluación. Desde mayo de 2020 a la fecha se surtió la etapa de Diagnóstico y la de Formulación, en la que nos encontramos, que ha incluido el proceso técnico de elaboración del POT, las concertaciones con las autoridades ambientales (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA) y la constante consulta y participación ciudadana. En el marco de esta etapa de Formulación, la propuesta del POT se sometió a consideración del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) el 12 de julio, instancia que rindió concepto y formuló recomendaciones, las cuales fueron analizadas e incluidas según la pertinencia técnica y jurídica.

El 10 de septiembre fue radicado en el Concejo de la ciudad, que tiene la responsabilidad de debatir y aprobar la propuesta en un plazo de 90 días.

 

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD EN EL PROYECTO DEL POT

Una real participación ciudadana va más allá de presentar estadísticas sobre número de actividades, de participantes, de planillas o fichas tramitadas, de aportes o ideas recogidas. La Secretaría Distrital de Planeación presenta muchas cifras sobre número de actividades, de participantes, de aportes ciudadanos al proceso en todas las fases; y argumenta que “este POT ha sido construido con la ciudadanía”, no obstante, no establece de qué manera esos aportes fueron incluidos en los documentos, y con una muestra de participación de 22.823 personas sobre una población de 7 millones, no se puede pensar en una incidencia del 67% como lo muestra la administración.

Puede contemplar todo tipo de herramientas pedagógicas de formación y/o capacitación con el uso de muchos instrumentos didácticos, de comunicación, información; pero si las y los ciudadanos no son realmente tenidos en cuenta e incluidos, en los procesos, los procedimientos y las conclusiones, todo tiende a quedar en la forma y a olvidar los contenidos y el fondo. Por ello, las etapas del POT, avanzan sin una real participación.

 

 

 

ENFOQUES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 

La inclusión de los enfoques no puede reducirse a una mención, sino que el POT debe dar cuenta de ellos en la totalidad del articulado, ya que estos no se reducen al apartado de los principios rectores del ordenamiento territorial o a la Estructura Funcional y del Cuidado, los enfoques deben ser un eje transversal al Plan, aplicándolos en todas sus estructuras y componentes. La omisión de los enfoques en el POT de Bogotá negaría la diversidad y heterogeneidad de su población y eliminaría la posibilidad de propiciar una ciudad incluyente y equitativa que pueda ser habitada por el conjunto de los sectores poblacionales en igualdad de condiciones, de manera segura y autónoma.

 

  1. TEMAS DE MAYOR PREOCUPACIÓN

 

Aquí referimos doce grandes temas que recogen la preocupación general de la ciudadanía bogotana frente al Proyecto de Acuerdo radicado al Concejo de Bogotá D.C., Aquí algunos asuntos para considerar en su análisis.

  1. ¿Qué significa reverdecer a Bogotá?

 En este POT por primera vez el enfoque de la revitalización busca reverdecer a Bogotá y mejorar el espacio público de los espacios consolidados, promoviendo la concertación arquitectónica y protegiendo a sus habitantes, y las dinámicas económicas existentes en el territorio, así está planteado en el texto presentado a este cuerpo colegiado.

El Plan que contempla una amplia gama de proyectos que tienden a fortalecer la Estructura Ecológica Principal de la ciudad. Sin embargo, el análisis del articulado y del anexo 24 sobre el Programa de Ejecución, también permite establecer que permanece un modelo de ciudad y de ordenamiento en función del mercado y del desarrollo de las economías del transporte, la construcción inmobiliaria y el desarrollo turístico.

Aunque en el articulado se plantea que el objetivo es reverdecer la ciudad, lo que realmente se puede apreciar en el programa de ejecución es que la mayor parte de los proyectos y los recursos están destinados a la construcción e intervención de infraestructura y/o de movilidad, lo cual refleja que en la práctica el modelo es diferente al planteado.

El Programa de Ejecución permite visualizar que la estructura ordenadora del territorio es la Estructura Funcional y del Cuidado, centrado en la movilidad y el transporte como los elementos que determinan el ordenamiento territorial de la ciudad. Esto se evidencia, tanto en la dimensión como en la proyección presupuestal.

  1. Modelo de Ordenamiento

 El articulado deja ver que no hay cambios en el modelo de ordenamiento. Se apuesta por un Modelo tradicional, basado en el modelo económico de la mano del mercado, que impulsa un Ordenamiento en función de la competitividad y la productividad, un ordenamiento del territorio al servicio del mercado y en detrimento de las comunidades y de los valores, al igual que las riquezas ecológicas y ambientales de Bogotá.

Las principales ideas presentadas en el articulado y en el anexo 24, aluden a un Modelo basado en programas de movilidad, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de grandes proyectos de infraestructura. Es muy claro que los intereses de los empresarios de la industria de la construcción agrupados en CAMACOL se encuentran perfectamente identificados a lo largo del articulado del POT, con el impulso de las llamadas centralidades o los proyectos de revitalización que no son más que el desarrollo Inmobiliario entorno a los corredores de Movilidad.

  1. Estructura Ecológica Principal

 Respecto a “Lagos de Torca” se observa un retroceso, porque en el Artículo 569 “Programa de hábitat y vivienda popular” se incluye, entre los proyectos estructurantes, el proyecto Ciudad Lagos de Torca, que impulsa la conurbación y pone en riesgos la conectividad ecológica de los Cerros Orientales con la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C., “Thomas van der Hammen” (Sector denominado “El Tapón”) con el Valle Aluvial del Río Bogotá, fragmentando los ecosistemas de humedal por la construcción de conectividades viales, contraviniendo, entre otras, las Resoluciones 475 y 621 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente y lo establecido en la orden 4.27 de la Sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014 N°. 479-01.

Respecto al Valle aluvial del Río Bogotá el Artículo 42 establece la protección del Río Bogotá y del valle aluvial como eje articulador de la región metropolitana, sin embargo, en el articulado no se define con precisión el área de protección del valle aluvial del Río Bogotá determinada en el Decreto Distrital 190 de 2004 (270 metros).

  1. Reverdecer del Sur

 La Actuación Estratégica “Reverdecer del Sur” suscita preocupación, porque el cauce del río Tunjuelo ha sido impactado negativamente por la actividad minera y hoy su delimitación está definida por la Resolución 2304 de 2019, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

La preocupación se fundamenta en el temor que la Secretaría Distrital de Ambiente, expidiendo esta Resolución no haya adoptado los criterios hidrológicos, geomorfológicos y ecosistémicos establecidos en el Decreto Nacional 2245 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su Guía Técnica, adoptada por la Resolución 957 de 2018 del mismo Ministerio, que permiten prevenir el riesgo por inundación, trámite el amortiguamiento de caudales de manera natural, preservando la conectividad superficial con los humedales y la planicie aluvial sin riesgo para la infraestructura urbana.

  1. Estructura Integradora de Patrimonios Vs. todos los patrimonios y pueblos indígenas

 La inclusión del componente patrimonial en el ordenamiento territorial de Bogotá es un avance significativo, sin embargo es necesario comprender los patrimonios en su sentido más amplio, reconociendo los patrimonios construidos históricamente por la ciudadanía y generando medidas reales para su protección.

Es necesario confrontar y analizar las complicaciones generadas por el tratamiento de renovación urbana que afectan las zonas patrimoniales, la inclusión de todos los patrimonios y pueblos indígenas, no solo al pueblo Muisca si no otros legados que existieron en el territorio, ampliar la visión de los sectores urbanísticos de interés del mercando, aumentar las zonas de recualificación de sectores de oficios y servicios tradicionales y mejorar la claridad en el reconocimiento de los patrimonios inmateriales y materiales como las plazas de mercado.

Así mismo, algunas preocupaciones puntuales acerca del patrimonio son las siguientes:

  1. Tratamiento de renovación en demasiadas áreas de la ciudad, por lo tanto, destrucción de barrios enteros que pueden no estar declarados como patrimonio, pero son tradicionales como por ej., el Policarpa, el Panamericano, el Recuerdo, Marly, etc.
  2. Tratamiento de renovación en el interior de sectores de interés cultural redelimitados, por ej. Polo Club, Acevedo Tejada, o al lado de sectores con tratamiento de conservación. Aunque se definen alrededor de los bienes y sectores de interés cultural “Áreas de protección del entorno patrimonial” en muchas de estas áreas se asigna el tratamiento de renovación, por lo tanto, nuevas rupturas de la morfología urbana con irrupciones de edificios en altura.
  • Alta Edificabilidad establecida en UPLs en la cercanía de los bienes y sectores de interés cultural.
  1. Faltan bienes de interés declarados en los planos, como por ej. la Hacienda Tagaste, así como no se enuncian todos los sectores de interés cultural en el articulado, por ej. Niza (aunque sí está en los planos).
  2. No es comprensible cuáles son las zonas receptoras de los derechos de edificabilidad que pueden vender los bienes de interés cultural.
  1. La Estructura Socioeconómica, Creativa y de Innovación

 Entre el DTS, el Articulado y el Libro de Proyectos son distintos los nombres de esta estructura, en unos sale como Estructura Socioeconómica y Cultural, en otros sale como Estructura Socioeconómica, Creativa y de Innovación y en otros le llaman Estructura Socioeconómica, de Competitividad e Innovación.

Se valora la mezcla de usos, el reconocimiento de economías de escala local, sin embargo es necesario el reconocimiento de la economía informal a fin de evitar el desplazamiento de estas actividades que pueden llevar a la pérdida de valor agregado y generación de ingresos, los cuales empeoran cuando son tratados como un asunto policivo y de “ordenamiento” en el espacio público.

Esta estructura pareciera preocuparse más por el aprovechamiento de la inversión privada nacional y extranjera en las infraestructuras y la conformación de clústeres productivos que en la generación de empleos que puedan situarse más cerca de las viviendas.

La integración económica y regional debe configurarse como escenario de desarrollo territorial, enmarcado en procesos de gobernanza que, fomenten la inclusión social y la competitividad territorial. Para llevar a cabo lo anterior es necesaria la inversión en los sectores que más lo necesiten bajo la reactivación, de acuerdo a las competencias y oportunidades; haciendo del territorio un lugar de competitividad tanto en lo local como en lo regional con la participación de la pequeña y mediana industria, orientado a la generación de empleo, optimizando los desplazamientos entre las fuentes de empleo y la localización de las viviendas.

  1. La Estructura Funcional y del Cuidado

 En términos de movilidad, si bien se menciona que en el espacio público para la movilidad tienen prelación la circulación peatonal, las personas con discapacidad, los ciclistas y usuarios de transporte de micro movilidad, su apuesta se queda corta para ello, pues el seguir incentivando un sistema como Transmilenio, este sistema público se pone al servicio de las ganancias de operadores privados; el dilema no es que el sistema este quebrado sino que las expectativas de ganancia de los operadores bajaron de allí la inconformidad de la ciudadanía que critica el uso de las vías públicas al servicio del sector privado. El desacuerdo aumentó recientemente con los recursos aprobados por el Concejo Bogotá para el rescate social y económico de $1,9 billones de pesos, de los cuales $1,15 billones de pesos irían para Transmilenio, pues sin demeritar su importancia en el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, su prelación termina quitando ese espacio que podría funcionar para otros tipos de movilidad limpia. El cual ahora en el articulado lo denominan como corredores verdes de alta capacidad, donde claramente los existentes son las líneas de Transmilenio y las proyectadas pueden terminar siendo líneas nuevas bajo el nombre de “corredores verdes de alta capacidad”, como lo observamos en el Plano: “CU-4.4.1. Sistema de Movilidad. Red del Sistema de Transporte Público”. Entre las cuales en el Proyecto de Articulado hablan de diecisiete (17) propuestas en el Subprograma red férrea y de corredores de alta y media capacidad, entre las cuales nombramos algunas como lo son la Avenida 68, la Avenida Ciudad de Cali y la ALO.

Se rescata que desde el articulado hablan de la descarbonización como un mecanismo de enfrentar la crisis climática, no obstante el tema del Metro que tanto necesita Bogotá, sigue siendo poco claro en su alcance, en el cual pasan de 3 líneas a 5 sin una claridad en su proyección técnica, y generando incertidumbre en los predios de la población afectada por las líneas proyectadas, máxime cuando la primera solo estará lista a finales del 2027. Es importante el ver reflejados en este proyecto de articulado las líneas de regiotram (occidente y norte), no es claro al describir como corredor férreo y no regiotram el del sur, los siete (7) cables aéreos, entre otros; como mecanismo para incentivar el uso de modos de movilidad sostenible y responsable.

La segregación socio-espacial no se combate solamente con pensar en llevar equipamientos a x o y lugar, se debe pensar una ciudad en conjunto, donde lo urbano y lo rural dialoguen, donde los servicios públicos lleguen a cada rincón, donde las personas puedan ejercer el goce efectivo de sus derechos, donde unos no terminan sosteniendo las cargas de los demás, donde los y las habitantes de los territorios puedan encontrar la mejor forma de vivir sus espacios, con salud y educación, una ciudad que sea amable con todas y todos.

 

 

  1. Ciudad Región - Región Metropolitana

 Aún se encuentran grandes vacíos evidenciándose que este POT no propone un modelo de ordenamiento regional, sino se limita a proponer unos temas de interés regional a coordinar con los municipios y la gobernación de Cundinamarca (movilidad, seguridad, y otros). No está cerca de ser un modelo de desarrollo regional, ni tampoco de ordenamiento del territorio, más aún si se sigue vulnerando la participación de los actores territoriales en la identificación de necesidades y alternativas de articulación regional, y que por demás son éstos quienes finalmente optan por materializar o no los acuerdos por ahora construidos desde los escritorios de la gobernación de Cundinamarca y Bogotá.

Preocupa el tema de vivienda y conurbación, las propuestas y proyectos de vivienda sin una base de bienes y servicios, esto alineado a las diferentes interpretaciones que puede tener el banco de tierra a nivel regional forzando la idea anterior. Es bajo el desarrollo dentro del articulado sobre seguridad y soberanía alimentaria, más teniendo en cuenta que es un tema fundamental. Por último, aun es muy débil el tema de bienes, servicios y equipamientos con un carácter regional, más allá de los de seguridad que nombra y los de movilidad que plantea.

Este POT se articula con una Región Metropolitana que se aprueba en otra instancia sin la participación real de la ciudadanía de los municipios, es decir sin la consulta popular y amenazando la autonomía municipal.

  1. Vivienda

Las áreas destinadas para planes de vivienda primordialmente los planes de VIS y VIP como se ve en la cartografía (Mapa CU6. Estructura socioeconómica creativa e innovación), sigue manteniendo una ciudad con altos niveles de segregación socio-espacial, cuando dichos planes son en suelo de expansión en los límites de la ciudad en el sur oriente, sur y suroccidente de la misma con la excepción de los planes de renovación en el centro de la ciudad y Lagos del Torca al nororiente de la ciudad, de acuerdo a los porcentajes destinados de VIS y VIP que define el Distrito en estos planes.

El tema de la “hiperdensidad” se vuelve complicado al ver como se observa en la cartografía (Mapa CU 5.1. Tratamientos Urbanísticos) el tratamiento de renovación que sus porcentajes siempre son amplios en toda la ciudad y generaría este tipo de inconvenientes.

Hay inconsistencia entre la relación de las cifras de crecimiento poblacional, nuevos hogares y nuevas unidades habitacionales requeridas. Se rescata la exigencia a los constructores de un área mínima habitable de la VIS 42 m2. No es claro si estas viviendas reducirán brechas y vulnerabilidades de quienes habitan Bogotá o se recabará en relaciones dispares, que benefician a los promotores y constructores.

Adicionalmente, en el proyecto de acuerdo señalan los casos en que no procederá la legalización de asentamientos humanos, pero no se toma el trabajo de incluir soluciones concretas a las poblaciones que incurren en estas situaciones, tal como como se describió anteriormente y que de igual forma se reitera en el artículo 499 parágrafo 3º lo siguiente: “No procede la legalización urbanística de un asentamiento de origen informal cuando los predios o la parte de ellos se encuentren ubicados en suelos de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el presente Plan o sus instrumentos reglamentarios.”

La ciudad tiene límites y no puede crecer infinitamente sobre un modelo de hacer techos sin hacer ciudad, un modelo que especula sobre el valor y apropiación del suelo urbano, un modelo de ciudad verticalizado inhumano y sin calidad de vida. Hoy se presenta una disputa por el suelo bien localizado donde la consigna es “Promover la oferta de suelo para la localización de actividades y proyectos de mayor jerarquía”

  1. UPL: ¿La ciudadanía participó de su contenido?

 Bogotá requiere un proceso de descentralización y desconcentración, concertado, no impuesto. Sin embargo, se pasa de 20 Localidades a 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL), en el marco de la “Ciudad de 30 minutos”; propuesta discutible, que se basa en la división del territorio y en su administración, alegando aspectos de movilidad o proximidad, sin contar con las implicaciones políticas, culturales y sociales. Surge la pregunta ¿Qué pasa con la UPZ y las UPR y los recursos públicos invertidos en su definición durante 21 años? ¿A caso ello no es un detrimento patrimonial para Bogotá?

En los instrumentos de planeamiento existen cambios de denominaciones en lo que era UPZ ahora es UPL, la regularización urbanística ahora se denomina formalización urbanística, en el primero si existen cambios sustanciales en la organización político administrativa del Distrito pero en la segunda no existen cambios que generen un cambio sustancial en su falta de operatividad para su desarrollo, pues cuenta con los mismos inconvenientes para ajustar barrios previamente legalizados.

Este planteamiento de las UPL se debe retirar del Proyecto de Acuerdo y generar una amplia discusión ciudadana que concerté los cambios propuestos por el Nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá.

  1. Instrumentos de gestión y financiación

 Se crean nuevos instrumentos de gestión, como lo son las obligaciones urbanísticas; edificabilidades básicas y adicionales condicionadas al cumplimiento de obligaciones urbanísticas o a la adquisición de derechos de construcción transferibles; acuerdos de conservación y de restauración ambiental; retribución por aprovechamiento económico del espacio público; retribución por explotación económica de la infraestructura pública; pagarés y bonos de reforma urbana, el derecho real de superficie y titularización de ingresos tributarios futuros – TIRF, sin embargo, no es claro el momento en que entrarán a operar, ni cuál es su contenido, por lo que se tienen dudas de cómo serán estructurados pues son instrumentos que quedarán para reglamentar posterior a la aprobación del POT sin ninguna discusión ciudadana.

  1. Política pública de protección a moradores

 Como políticas de largo plazo en el OT se incorpora una Política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas, que se deja sujeta de reglamentación (art 3). Asi como en los artículos 370 al 372 en el Subcapítulo 3. Protección a moradores y a actividades productivas.

Se debe garantizar que su formulación implique la participación activa de los moradores y se constituya en una herramienta que verdaderamente los proteja de las acciones en los territorios y no se constituya, como en otras ciudades, en una metodología para expulsar a los moradores de su territorio.

Debe incluir no solo a los propietarios, sino también a los arrendatarios, poseedores y tenedores.

III.ALGUNOS ELEMENTOS DE NECESITA EL POT EN BOGOTÁ

 Son muchas las discusiones pendientes frente al futuro del ordenamiento del territorio de Bogotá y su relación con la región. Una disputa que tiene múltiples aristas en al que se sigue imponiendo una decisión vertical en nombre de todos los ciudadanos. Aquí un breve listado de algunos de los elementos que requiere incorporar de modo asertivo el POT para Bogotá.

  1. Enfrentar la segregación socioeconómica-espacial y el aumento de los niveles de pobreza y de miseria, pensado más en la ciudadanía que en los inversionistas.
  2. Recuperarse junto con la población de los efectos de la pandemia covid 19
  • Una ciudad de proyectos colectivos y comunitarios al servicio de las mayorías
  1. Una ciudad dotada de bienes, servicios y equipamientos urbanos en areas infradotadas garantizando la justicia y equidad.
  2. Generar dinamicas económicas de diferentes escalas en función de las dinamicas y capacidades de los territorios
  3. Una ciudad que no se densifica sin tener la capacidad de infraestructura instalada
  • Una ciudad que garantiza y mejora la calidad de vida de todos quienes habitan su territorio.
  • Con estudios de riesgos a detalle, para no facilitar la construcción sobre áreas susceptibles de inundación.
  1. Reconocer los problemas estructurales del agua en el territorio y el abastecimiento hídrico en el tiempo.
  2. Que oriente el manejo del drenaje pluvial de la ciudad y a su vez enfrente la emergencia derivada del cambio climático.
  3. Fortalecer las acciones para el desarrollo de viviendas VIS/VIP tanto cualitativa como cuantitativamente
  • Que reconozca el potencial y la capacidad decisoria de la participación ciudadana en la construcción y planeación del territorio.
  • Que el POT sea un documento sencillo y de fácil acceso a la ciudadanía, producto de un proceso concertado de ciudad. Pensado para asegurar la estabilidad, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de su territorio.
  • Que sea un POT que separe el PLAN (escenario de largo plazo) del CODIGO DE URBANISMO (normas urbanísticas)
  1. Garantizar un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación ciudadano al POT más allá del CTPD, dotado con recursos técnicos y económicos adecuados para el cumplimiento de este propósito.
  • No se puede aprobar si sus habitantes sienten que la actual propuesta no los interpreta ni los representa. El nuevo POT debería ser construido y concertado colectivamente con procesos de participación incidentes; sin afanes políticos, como una guía para la producción de la vida en la ciudad que soñamos con la realización plena del Derecho a la Ciudad, a lo Rural y al Territorio.

A MODO DE CIERRE

Más que ordenar en el papel de lo que se trata es de generar las condiciones necesarias para que aquellas poblaciones y actores históricamente excluidos o invisibilizados en la ciudad, sean convocados, se les garantice el derecho a una participación incidente y que sus propuestas sean consideradas.

Esperamos que en esta Revisión General del POT de Bogotá se oiga, se dialogue y se concerté seriamente con las comunidades para que las propuestas construidas desde los territorios puedan ser discutidas e incorporadas en la planeación urbana de la ciudad y el territorio del Distrito Capital.

Bogotá D.C., octubre 19 de 2021

Ciudad Universitaria

 

Por Carlos Alberto Torres Tovar[2]

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[1] Con base en la ponencia presentada el día 8 de octubre de 2021 en el Foro de Expertos, convocado por la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, del Concejo de Bogotá, con el fin de escuchar aportes y visiones técnicas de diferentes sectores para enriquecer el debate del Proyecto de Acuerdo No. 413 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”.

[2] Arquitecto y Magister en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Arquitectura y Ciudad de la Universidad de Valladolid (España) y Doctor en Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Líder Grupo de Investigación: “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad” e Investigador Sénior (IS) MinCiencias. Profesor Asociado adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y al Instituto de Investigaciones en Hábitat, Ciudad & Territorio de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá. Editor Revista Indexada BITÁCORA Urbano-Territorial.

Publicado enColombia
Bogotá de espaldas a los retos abiertos por el cambio climático y el covid-19

En Bogotá se discute desde hace varios semanas el Plan de Ordenamiento Territorial –POT– que regirá en el periodo 2022-2035, un debate que debiera estar acompañado de amplia participación ciudadana; no obstante, la actual administración de la ciudad da muchas señales de desconexión con su población, no concurre a las deliberaciones y si lo hace oye pero no escucha.

Para conocer algunos detalles de este proceso, desdeabajo conversó con Gloria Stella Moreno, antropóloga con maestría en gestión ambiental, quien hace parte del Consejo de Planeación Local de Teusaquillo y es delegada al Consejo Territorial de Planeación Distrital (Ctpd) que actualmente debate el POT presentado por la administración de Claudia López. De ser aprobado por el Concejo de la ciudad, ¿Cómo se transforma el uso del suelo? ¿Sirve el POT para brindar garantías de vida digna a los más empobrecidos? ¿Quiénes se beneficiarán en los próximos años del norte decidido para la capital del país?

desdeabajo (da). Empecemos por lo más sencillo, para sentar las bases del tema urbanísico que nos concita: ¿Qué es un Plan de Ordenamiento Territorial?
Gloria Stella Moreno (GSM). De acuerdo a la Ley 388 de 1997, el POT es un instrumento de planeación del territorio de superior jerarquía, por encima de los Planes Parciales y otros instrumentos de gestión y de normas que deciden el uso del suelo. Aplica para todos los municipios del país. En mi concepto, un Plan de Ordenamiento debería ser un instrumento de resolución de conflictos territoriales, que de suyo son conflictos ambientales y sociales.

da. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales características del proyecto de acuerdo del POT presentado por la administración de Claudia López?
GSM. Antes quisiera señalar que este POT corresponde a una revisión del vigente, el decreto 190 del 2004; en la realidad, duele decirlo, el proyecto de acuerdo es una reformulación del Plan de Ordenamiento de Bogotá, con cambios de fondo. ¿Qué lo caracteriza? Que incorpora algunos elementos que no tenía el anterior POT en los ejes estructurantes del Plan, el anterior tenía 3 ahora son 4.

da. ¿Cuáles son esas cuatro estructuras?
GSM. De manera simple: la estructura ecológica principal; la estructura funcional y del cuidado (antes era funcional y de servicios); la estructura socioeconómica y cultural, y la estructura integral de los patrimonios, ésta última es la novedad. Estos cuatro ejes estructurantes dan la pauta de cómo conciben el ordenamiento; este análisis se cruza con la clasificación del suelo: rural, urbano, de expansión y de protección. Adicionalmente, se establecen los instrumentos de financiación e instrumentos de gestión, programas y proyectos a 13 años que es el horizonte temporal en el que está formulado el POT.

da. Al analizar el presente POT, ¿es posible hablar de continuismo con la propuesta presentada por la administración de Enrique Peñalosa?
GSM. Este POT tiene algunos elementos favorables, incorpora el sistema del cuidado, que básicamente retoma el enfoque de la política de género y del cuidado que hoy existe para Bogotá y lo mencionado sobre lo patrimonial; no obstante, hay que decir que sigue el mismo modelo en los temas propiamente de decisiones urbanísticas. Peñalosa proyectaba la consolidación del Centro Ampliado de Bogotá, es decir las zonas centrales de la ciudad, como las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Santa Fe, transformadas en áreas estratégicas para el desarrollo inmobiliario en altura, es decir la densificación, y este es uno de los pilares de este POT.

Es así como estamos ante desarrollos regidos por unos tratamientos urbanísticos que básicamente son de renovación, con la modalidad de “revitalización”, otorgando incentivos a los constructores para que a través de Planes Parciales decidan el número de pisos.

da. ¿Qué significa e implica revitalizar?
GSM. Significa que transforman unas áreas de la ciudad (aprox. 6.500 hectáreas) que actualmente se caracterizan por vivienda residencial y bajo la idea de optimizar el suelo se transforman en vivienda de propiedad horizontal, los constructores y el sector inmobiliario definirán las alturas de estos proyectos, y con ello tienen la oportunidad de una significativa plusvalía; es un negocio más que rentable porque la especulación ha elevado el precio del suelo en las localidades centrales.

Entonces, se incentiva una densificación en el centro ampliado, mientras que en la periferia los pobres seguirán a expensas de los urbanizadores ilegales, profundizando la segregación, socioespacial, así han modelado la ciudad y en ello no cambian.

Otra similitud es que existen proyectos previstos desde la administración anterior, que, aunque sin la aprobación del POT, Peñalosa los dejó por decreto. Se trata, entre otros, de proyectos como Lagos de Torca, iniciativa polémica porque afecta la conectividad ecológica de los Cerros Orientales, la Reserva Van der Hammen y el río Bogotá, pasando por los humedales de Torca y Guaymaral; ese es un proyecto que densifica y propicia la conurbación con Chía porque es en el borde norte de la ciudad. También está el Reverdecer del Sur, levantado sobre antiguas canteras en la cuenca del río Tunjuelo, llamado anteriormente Lagos de Tunjuelo. Las comunidades hablan del concepto de justicia ambiental y del pago por la deuda ambiental y social que tiene Bogotá con el sur, en particular las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelo, Rafael Uribe, localidades que han recibido el impacto de la ciudad en materia, de basuras, de contaminación y de vivienda informal, pese a lo cual el proyecto de marras no responde a las propuestas de territorio construidas por los procesos sociales arraigados en estos territorios.

Cambios en los usos del suelo de la ciudad

GSM. En esta materia el POT propone una mezcla que básicamente fomentará el uso comercial y de varios servicios, combinado con el de vivienda. En localidades como Teusaquillo y Barrios Unidos, en lo fundamental residenciales, los usos mixtos, de ser aprobado el POT, tendrán impactos importantes en estos sectores.

Son afectaciones que ocurrirán como materialización de las 32 actuaciones estratégicas previstas, sobre más de 6.500 hectáreas donde se interviene con renovación o consolidación. De estas las afectaciones más graves se dan en las que promueven la renovación, es decir proyectos en altura y mezcla de usos, porque los moradores, ante la presión de los mercaderes seguramente tendrán que vender e irse, y los que persistan en vivir allí quedarán sometidos a la depreciación de sus viviendas o buscar opciones de 26 metros cuadrados en apartamentos tan “a la moda”, cambiando su modo y calidad de vida.

da. Al ser así se continúa perdiendo la memoria de la ciudad…
GSM. Sí. Ese es parte de los problemas que genera una visión de homogenización urbana, porque son manchas que no reconocen la historia de los barrios, no reconocen la existencia de un tejido social, de una tradición, de una forma de habitar el territorio, y sí provocan gentrificación, además de densificar con unos precios que son bastante especulativos, del orden de 9 millones por metro cuadrado en ciertas áreas, en beneficio de sectores de financieros, hoteleros, etcétera. Esta memoria también se rompe por la vía de la creación de localidades, donde la unidad de UPZ y barrio se pierde.

da. Entones, ¿el mercado impone su lógica?
GSM. El proyecto de POT lo estimula. Se tratará de una ciudad sometida al mercado, una ciudad que privilegia la conexión para el mercado entre el aeropuerto y el centro financiero. Entonces, se pone en función de eso, de los grandes negocios y por supuesto quien desarrolla es quien tiene el músculo financiero para poder hacer inversiones en áreas de mínimo 2.000 m².

Entonces, aunque aparentemente se protege a los moradores, no deja de ser inequitativo pues la mayoría de quienes allí habitan y son propietarios de una casa, no tienen la posibilidad de hacer una inversión si el Estado no le respalda. Por tanto, ¿en manos de quién queda el suelo?, pues del sector inmobiliario que fuerza el cambio del territorio hacia usos mixtos y redensificación.

da. Podría contarnos, ¿en qué consiste el cambio de la categoría del Parque Simón Bolívar y otros parques como el San Carlos o el Bosque de Santa Helena?
GSM. El Parque Metropolitano Simón Bolívar ya es un área incluida dentro de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad como área de espacio público, el cambio planteado es otorgarle la categoría de suelo protegido como parte de la Estructura Ecológica. (Ver págs. 17-18).
Hay un aspecto importante que decir sobre este tema de la EEP, eleva la categoría de los humedales, de parques a reserva, en principio es una decisión adecuada otorgando una relevancia a la función de los humedales en Bogotá; sin embargo no les quita las reservas viales previstas desde el POT anterior; la segunda línea del Metro pasará sobre el humedal de Tibabuyes, las vías como la ALO afectan tanto los humedales de Capellanía como Tibabuyes.

da. La lectura entre líneas de los documentos permite entender que dicen una cosa pero el resultado será contrario, ¿es así?
GSM. En cierta modo es así, ya que la superposición de la malla vial prevista contradice el enfoque de ordenar el territorio alrededor de la EEP, porque se privilegia la malla vial, lo que ocasiona una fragmentación de la conectividad ecológica, y aunque dicen que imponen medidas de compensación estas no son suficientes para mantener la estructura y función de cada ecosistema de humedal, que ahora quedan en riesgo.

Estamos ante una contradicción evidente en la formulación del POT. Allí dicen buscar adaptarse y mitigar el cambio climático, es decir manejar la crisis ambiental y sin embargo los ecosistemas de los humedales que son favorables a la amortiguación de inundaciones, y por supuesto un espacio natural para adaptarse a la crisis climática, serán afectados por la malla vial, con un impacto enorme.

da. ¿Y eso no lo resuelven las mitigaciones?
GSM. Claro que no. Eso no se resuelve exigiéndole al constructor que haga una conectividad hídrica y garantice ciertas medidas de compensación. Lo que correspondería es hacer nuevos trazados, pensar la ciudad desde otra perspectiva, desestimular el vehículo y proteger esas áreas como reservas realmente intocables.

Veo en este POT demasiados nombres sonoros, bonitos, casi éslogan, como bosques urbanos, reverdecer Bogotá, descarbonización; resulta que uno va a mirar el bosque urbano de Santa Helena y es una arborización ya existente, y que estará fragmentada por una vía, y entonces los árboles quedan a lado y lado de la misma,

Al ser así, ¿cuál bosque en términos funcionales, de diversidad, de porte, de densidad? ¿Será un bosque? No, será una vía con lo que queda de la arborización actual del parque, vía que la comunidad ha dicho que no necesita, comunidad que ha demostrado que la conexión vial entre la autopista y la Avenida Boyacá ya existe; sin embargo, la vía quedó priorizada dentro de este POT.

da. Construcciones que implican demandas de más recursos naturales, ¿es así?
GSM. Claro, el crecimiento poblacional de Bogotá y la región demanda agua. Hay que recordar que esta proviene de Chingaza, que capta de la cuenca del Orinoco, y provee a Bogotá y 11 municipios más. Esa densificación estimula la migración a la ciudad, aunque el crecimiento vegetativo no sea tan alto, la demanda de agua no se ha calculado, esto frente al cambio climático, de 1,5 grado de temperatura en 20 años es un riesgo enorme, toda vez que los páramos sufrirán con el calentamiento global.

Es una alteración ecosistémica que no está prevista en el POT, como tampoco lo está el suministro de aguas residuales; tampoco temas también importantes como los efectos derivados de tanta construcción, como las islas de calor. Entonces, la estructura ecológica quedará minimizada y pasa a un segundo plano frente a esta visión urbanística que tiene el POT.

da. ¿Qué ocurre con Usme como frontera con el Páramo de Sumapaz y la constante construcción urbanística que allí realizan?
GSM. Aunque en el discurso se dice que el área de expansión es muy poca, lo cierto es que en Usme se destinan 901 hectáreas, de las cuales 490 en la operación Usme, un proyecto de vivienda en los bordes de ciudad, de entrada al corredor con Sumapaz.

Esa zona de expansión implica proyectos de vivienda tipo Nuevo Usme, que disparan conflictos culturales con la gente que ha desarrollado toda su vida allí, sobre todo con quienes tienen raíz campesina y aún están ligados al trabajo de la tierra. Una llegada de miles de personas que demandarán servicios públicos y de salud, educación, recreación, y ello implica equipamientos de todo tipo, además de nuevas vías de ingreso y salidad que, como todo el que recorre esta parte de la ciudad sabe, ahora no tiene o son totalmente insuficientes.

Esta mayor urbanización traerá, muy seguramente, un proceso de suburbanización de las zonas de acceso hacia el páramo de Sumapaz, o sea, afectará diversas veredas mucho más al fondo de Usme, con un crecimiento de nuevas construcciones que irán fragmentado la zona rural en sus predios, llegando a crear, incluso, un fenómeno de suburbanización como el que terminó por afectar a La Calera.


Participación de la sociedad en la toma de decisiones

GSM. La participación realmente ha sido de una ciudadanía receptora de la información brindada por parte de la administración. La gente ha participado entendiendo, primero, de qué se trata; solo la comprensión de un documento que tiene 693 artículos, muchos de ellos técnicos, con sus documentos de soporte y la cartografía, entender eso hasta para los expertos no es fácil, ni que decir de la comprensión sobre el POT para los y las habitantes del común.

Entonces, entender un poco qué nos propone la administración para ordenar la ciudad es un tema nada fácil y en ese proceso, más que una interlocución donde se reciban y se incorporen las inquietudes y las propuestas de las comunidades y diferentes colectivos, lo que prima es una promoción del POT, una socialización sin unos procesos que sean realmente concertados para que la ciudadanía pueda incidir de manera definitiva en las modificaciones del mismo.


De ahí que veamos con mucha preocupación una supuesta participación, a todas luces más receptora de la promoción del POT que un diálogo entre pares para que la ciudadanía incida con instrumentos que le permitan, en efecto, afectar lo previsto con su punto de vista y pensarse la ciudad de una manera distinta.

da. ¿Sirve el POT para brindar garantías de vida digna a los más empobrecidos?
GSM. De aplicarse el POT como está proyectado, contrario a lo esperado, no ayuda a minimizar temas como pobreza, marginalidad, desplazamiento interno, inequidad, segregación socioespacial, sino que los agudiza.

¿Por qué? 1. Por qué estimula un crecimiento de la ciudad hacia el sur y el occidente, alejando aún más a la gente de sus sitios de trabajo, dificultando su movilidad, con más horas día de transporte, lo que reduce aún más calidad de vida; 2. En la ciudad hay un déficit de 778.000 viviendas de interés social y prioritario y el POT se propone hacer 199.000, las restantes seguirán siendo caldo de cultivo para los tierreros, para los constructores ilegales, seguirán especulando con “soluciones” sobre las rondas de ríos, quebradas y reservas como el Parque Entre Nubes que ya está ocupado; 3. La demanda de vivienda seguirá desplazando a mucha gente hacia municipios cercanos, como Soacha, Mosquera y otros, agudizando la problemática de servicios que allí viven; 4. En esa demanda de vivienda los constructores no están tan preocupados por ofertar vivienda de interés social –VIS, que está sobreofertada– sino la que pueda adquirir el estrato tres, y de ahí para arriba. El interés de los constructores es más de negocio que de solucionar un tema social, lo que demandaría que en el POT se abordará el tema de la tierra urbana con una reglamentación que controle su encarecimiento casi exponencial.

da. Para terminar ¿qué implicaría un POT alternativo?
GSM. En un POT construido con la sociedad civil, la participación con incidencia debe ser un principio. La crisis ambiental, las carencia de fuentes de empleo, de redistribución de ingresos, de transporte con energías alternativas y accesible, son realidades que exigen concertación, tener el derecho a soñar una ciudad distinta, repensarla entre todas y todos, sin dejarle las decisiones estructurantes, y otras de supusto segundo nivel, al sector inmobiliario. El derecho a la ciudad debe ser un ejercicio de construcción social que exige cambios culturales y de consumo.

Entonces, la participación tiene que ser concertada, con posibilidades para analizar las diferencias existentes entre los distintos territorios que conforman una Bogotá que parece ser una pero que en realidad son varias: una cosa es el sur, otra cosa es el centro, el occidente… Conscientes de ello, la concertación es clave para permitir que haya proyectos elaborados de la mano de las comunidades, para pensarse la vivienda, los servicios públicos, el uso del suelo, la economía popular, en pocas palabras para mirar la ciudad de manera integral. En un reto inmenso y en ello los movimientos sociales tendrían que preocuparse más por el territorio que habitan, imaginando cómo gobernarlo de manera abierta con toda la población, sin dejarse ganar por los afanaes de cada día, por eso que llaman coyuntura.

 

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Publicado enEdición Nº283
Bogotá de espaldas a los retos abiertos por el cambio climático y el covid-19

En Bogotá se discute desde hace varios semanas el Plan de Ordenamiento Territorial –POT– que regirá en el periodo 2022-2035, un debate que debiera estar acompañado de amplia participación ciudadana; no obstante, la actual administración de la ciudad da muchas señales de desconexión con su población, no concurre a las deliberaciones y si lo hace oye pero no escucha.

Para conocer algunos detalles de este proceso, desdeabajo conversó con Gloria Stella Moreno, antropóloga con maestría en gestión ambiental, quien hace parte del Consejo de Planeación Local de Teusaquillo y es delegada al Consejo Territorial de Planeación Distrital (Ctpd) que actualmente debate el POT presentado por la administración de Claudia López. De ser aprobado por el Concejo de la ciudad, ¿Cómo se transforma el uso del suelo? ¿Sirve el POT para brindar garantías de vida digna a los más empobrecidos? ¿Quiénes se beneficiarán en los próximos años del norte decidido para la capital del país?

desdeabajo (da). Empecemos por lo más sencillo, para sentar las bases del tema urbanísico que nos concita: ¿Qué es un Plan de Ordenamiento Territorial?
Gloria Stella Moreno (GSM). De acuerdo a la Ley 388 de 1997, el POT es un instrumento de planeación del territorio de superior jerarquía, por encima de los Planes Parciales y otros instrumentos de gestión y de normas que deciden el uso del suelo. Aplica para todos los municipios del país. En mi concepto, un Plan de Ordenamiento debería ser un instrumento de resolución de conflictos territoriales, que de suyo son conflictos ambientales y sociales.

da. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales características del proyecto de acuerdo del POT presentado por la administración de Claudia López?
GSM. Antes quisiera señalar que este POT corresponde a una revisión del vigente, el decreto 190 del 2004; en la realidad, duele decirlo, el proyecto de acuerdo es una reformulación del Plan de Ordenamiento de Bogotá, con cambios de fondo. ¿Qué lo caracteriza? Que incorpora algunos elementos que no tenía el anterior POT en los ejes estructurantes del Plan, el anterior tenía 3 ahora son 4.

da. ¿Cuáles son esas cuatro estructuras?
GSM. De manera simple: la estructura ecológica principal; la estructura funcional y del cuidado (antes era funcional y de servicios); la estructura socioeconómica y cultural, y la estructura integral de los patrimonios, ésta última es la novedad. Estos cuatro ejes estructurantes dan la pauta de cómo conciben el ordenamiento; este análisis se cruza con la clasificación del suelo: rural, urbano, de expansión y de protección. Adicionalmente, se establecen los instrumentos de financiación e instrumentos de gestión, programas y proyectos a 13 años que es el horizonte temporal en el que está formulado el POT.

da. Al analizar el presente POT, ¿es posible hablar de continuismo con la propuesta presentada por la administración de Enrique Peñalosa?
GSM. Este POT tiene algunos elementos favorables, incorpora el sistema del cuidado, que básicamente retoma el enfoque de la política de género y del cuidado que hoy existe para Bogotá y lo mencionado sobre lo patrimonial; no obstante, hay que decir que sigue el mismo modelo en los temas propiamente de decisiones urbanísticas. Peñalosa proyectaba la consolidación del Centro Ampliado de Bogotá, es decir las zonas centrales de la ciudad, como las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Santa Fe, transformadas en áreas estratégicas para el desarrollo inmobiliario en altura, es decir la densificación, y este es uno de los pilares de este POT.

Es así como estamos ante desarrollos regidos por unos tratamientos urbanísticos que básicamente son de renovación, con la modalidad de “revitalización”, otorgando incentivos a los constructores para que a través de Planes Parciales decidan el número de pisos.

da. ¿Qué significa e implica revitalizar?
GSM. Significa que transforman unas áreas de la ciudad (aprox. 6.500 hectáreas) que actualmente se caracterizan por vivienda residencial y bajo la idea de optimizar el suelo se transforman en vivienda de propiedad horizontal, los constructores y el sector inmobiliario definirán las alturas de estos proyectos, y con ello tienen la oportunidad de una significativa plusvalía; es un negocio más que rentable porque la especulación ha elevado el precio del suelo en las localidades centrales.

Entonces, se incentiva una densificación en el centro ampliado, mientras que en la periferia los pobres seguirán a expensas de los urbanizadores ilegales, profundizando la segregación, socioespacial, así han modelado la ciudad y en ello no cambian.

Otra similitud es que existen proyectos previstos desde la administración anterior, que, aunque sin la aprobación del POT, Peñalosa los dejó por decreto. Se trata, entre otros, de proyectos como Lagos de Torca, iniciativa polémica porque afecta la conectividad ecológica de los Cerros Orientales, la Reserva Van der Hammen y el río Bogotá, pasando por los humedales de Torca y Guaymaral; ese es un proyecto que densifica y propicia la conurbación con Chía porque es en el borde norte de la ciudad. También está el Reverdecer del Sur, levantado sobre antiguas canteras en la cuenca del río Tunjuelo, llamado anteriormente Lagos de Tunjuelo. Las comunidades hablan del concepto de justicia ambiental y del pago por la deuda ambiental y social que tiene Bogotá con el sur, en particular las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelo, Rafael Uribe, localidades que han recibido el impacto de la ciudad en materia, de basuras, de contaminación y de vivienda informal, pese a lo cual el proyecto de marras no responde a las propuestas de territorio construidas por los procesos sociales arraigados en estos territorios.

Cambios en los usos del suelo de la ciudad

GSM. En esta materia el POT propone una mezcla que básicamente fomentará el uso comercial y de varios servicios, combinado con el de vivienda. En localidades como Teusaquillo y Barrios Unidos, en lo fundamental residenciales, los usos mixtos, de ser aprobado el POT, tendrán impactos importantes en estos sectores.

Son afectaciones que ocurrirán como materialización de las 32 actuaciones estratégicas previstas, sobre más de 6.500 hectáreas donde se interviene con renovación o consolidación. De estas las afectaciones más graves se dan en las que promueven la renovación, es decir proyectos en altura y mezcla de usos, porque los moradores, ante la presión de los mercaderes seguramente tendrán que vender e irse, y los que persistan en vivir allí quedarán sometidos a la depreciación de sus viviendas o buscar opciones de 26 metros cuadrados en apartamentos tan “a la moda”, cambiando su modo y calidad de vida.

da. Al ser así se continúa perdiendo la memoria de la ciudad…
GSM. Sí. Ese es parte de los problemas que genera una visión de homogenización urbana, porque son manchas que no reconocen la historia de los barrios, no reconocen la existencia de un tejido social, de una tradición, de una forma de habitar el territorio, y sí provocan gentrificación, además de densificar con unos precios que son bastante especulativos, del orden de 9 millones por metro cuadrado en ciertas áreas, en beneficio de sectores de financieros, hoteleros, etcétera. Esta memoria también se rompe por la vía de la creación de localidades, donde la unidad de UPZ y barrio se pierde.

da. Entones, ¿el mercado impone su lógica?
GSM. El proyecto de POT lo estimula. Se tratará de una ciudad sometida al mercado, una ciudad que privilegia la conexión para el mercado entre el aeropuerto y el centro financiero. Entonces, se pone en función de eso, de los grandes negocios y por supuesto quien desarrolla es quien tiene el músculo financiero para poder hacer inversiones en áreas de mínimo 2.000 m².

Entonces, aunque aparentemente se protege a los moradores, no deja de ser inequitativo pues la mayoría de quienes allí habitan y son propietarios de una casa, no tienen la posibilidad de hacer una inversión si el Estado no le respalda. Por tanto, ¿en manos de quién queda el suelo?, pues del sector inmobiliario que fuerza el cambio del territorio hacia usos mixtos y redensificación.

da. Podría contarnos, ¿en qué consiste el cambio de la categoría del Parque Simón Bolívar y otros parques como el San Carlos o el Bosque de Santa Helena?
GSM. El Parque Metropolitano Simón Bolívar ya es un área incluida dentro de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad como área de espacio público, el cambio planteado es otorgarle la categoría de suelo protegido como parte de la Estructura Ecológica. (Ver págs. 17-18).
Hay un aspecto importante que decir sobre este tema de la EEP, eleva la categoría de los humedales, de parques a reserva, en principio es una decisión adecuada otorgando una relevancia a la función de los humedales en Bogotá; sin embargo no les quita las reservas viales previstas desde el POT anterior; la segunda línea del Metro pasará sobre el humedal de Tibabuyes, las vías como la ALO afectan tanto los humedales de Capellanía como Tibabuyes.

da. La lectura entre líneas de los documentos permite entender que dicen una cosa pero el resultado será contrario, ¿es así?
GSM. En cierta modo es así, ya que la superposición de la malla vial prevista contradice el enfoque de ordenar el territorio alrededor de la EEP, porque se privilegia la malla vial, lo que ocasiona una fragmentación de la conectividad ecológica, y aunque dicen que imponen medidas de compensación estas no son suficientes para mantener la estructura y función de cada ecosistema de humedal, que ahora quedan en riesgo.

Estamos ante una contradicción evidente en la formulación del POT. Allí dicen buscar adaptarse y mitigar el cambio climático, es decir manejar la crisis ambiental y sin embargo los ecosistemas de los humedales que son favorables a la amortiguación de inundaciones, y por supuesto un espacio natural para adaptarse a la crisis climática, serán afectados por la malla vial, con un impacto enorme.

da. ¿Y eso no lo resuelven las mitigaciones?
GSM. Claro que no. Eso no se resuelve exigiéndole al constructor que haga una conectividad hídrica y garantice ciertas medidas de compensación. Lo que correspondería es hacer nuevos trazados, pensar la ciudad desde otra perspectiva, desestimular el vehículo y proteger esas áreas como reservas realmente intocables.

Veo en este POT demasiados nombres sonoros, bonitos, casi éslogan, como bosques urbanos, reverdecer Bogotá, descarbonización; resulta que uno va a mirar el bosque urbano de Santa Helena y es una arborización ya existente, y que estará fragmentada por una vía, y entonces los árboles quedan a lado y lado de la misma,

Al ser así, ¿cuál bosque en términos funcionales, de diversidad, de porte, de densidad? ¿Será un bosque? No, será una vía con lo que queda de la arborización actual del parque, vía que la comunidad ha dicho que no necesita, comunidad que ha demostrado que la conexión vial entre la autopista y la Avenida Boyacá ya existe; sin embargo, la vía quedó priorizada dentro de este POT.

da. Construcciones que implican demandas de más recursos naturales, ¿es así?
GSM. Claro, el crecimiento poblacional de Bogotá y la región demanda agua. Hay que recordar que esta proviene de Chingaza, que capta de la cuenca del Orinoco, y provee a Bogotá y 11 municipios más. Esa densificación estimula la migración a la ciudad, aunque el crecimiento vegetativo no sea tan alto, la demanda de agua no se ha calculado, esto frente al cambio climático, de 1,5 grado de temperatura en 20 años es un riesgo enorme, toda vez que los páramos sufrirán con el calentamiento global.

Es una alteración ecosistémica que no está prevista en el POT, como tampoco lo está el suministro de aguas residuales; tampoco temas también importantes como los efectos derivados de tanta construcción, como las islas de calor. Entonces, la estructura ecológica quedará minimizada y pasa a un segundo plano frente a esta visión urbanística que tiene el POT.

da. ¿Qué ocurre con Usme como frontera con el Páramo de Sumapaz y la constante construcción urbanística que allí realizan?
GSM. Aunque en el discurso se dice que el área de expansión es muy poca, lo cierto es que en Usme se destinan 901 hectáreas, de las cuales 490 en la operación Usme, un proyecto de vivienda en los bordes de ciudad, de entrada al corredor con Sumapaz.

Esa zona de expansión implica proyectos de vivienda tipo Nuevo Usme, que disparan conflictos culturales con la gente que ha desarrollado toda su vida allí, sobre todo con quienes tienen raíz campesina y aún están ligados al trabajo de la tierra. Una llegada de miles de personas que demandarán servicios públicos y de salud, educación, recreación, y ello implica equipamientos de todo tipo, además de nuevas vías de ingreso y salidad que, como todo el que recorre esta parte de la ciudad sabe, ahora no tiene o son totalmente insuficientes.

Esta mayor urbanización traerá, muy seguramente, un proceso de suburbanización de las zonas de acceso hacia el páramo de Sumapaz, o sea, afectará diversas veredas mucho más al fondo de Usme, con un crecimiento de nuevas construcciones que irán fragmentado la zona rural en sus predios, llegando a crear, incluso, un fenómeno de suburbanización como el que terminó por afectar a La Calera.


Participación de la sociedad en la toma de decisiones

GSM. La participación realmente ha sido de una ciudadanía receptora de la información brindada por parte de la administración. La gente ha participado entendiendo, primero, de qué se trata; solo la comprensión de un documento que tiene 693 artículos, muchos de ellos técnicos, con sus documentos de soporte y la cartografía, entender eso hasta para los expertos no es fácil, ni que decir de la comprensión sobre el POT para los y las habitantes del común.

Entonces, entender un poco qué nos propone la administración para ordenar la ciudad es un tema nada fácil y en ese proceso, más que una interlocución donde se reciban y se incorporen las inquietudes y las propuestas de las comunidades y diferentes colectivos, lo que prima es una promoción del POT, una socialización sin unos procesos que sean realmente concertados para que la ciudadanía pueda incidir de manera definitiva en las modificaciones del mismo.


De ahí que veamos con mucha preocupación una supuesta participación, a todas luces más receptora de la promoción del POT que un diálogo entre pares para que la ciudadanía incida con instrumentos que le permitan, en efecto, afectar lo previsto con su punto de vista y pensarse la ciudad de una manera distinta.

da. ¿Sirve el POT para brindar garantías de vida digna a los más empobrecidos?
GSM. De aplicarse el POT como está proyectado, contrario a lo esperado, no ayuda a minimizar temas como pobreza, marginalidad, desplazamiento interno, inequidad, segregación socioespacial, sino que los agudiza.

¿Por qué? 1. Por qué estimula un crecimiento de la ciudad hacia el sur y el occidente, alejando aún más a la gente de sus sitios de trabajo, dificultando su movilidad, con más horas día de transporte, lo que reduce aún más calidad de vida; 2. En la ciudad hay un déficit de 778.000 viviendas de interés social y prioritario y el POT se propone hacer 199.000, las restantes seguirán siendo caldo de cultivo para los tierreros, para los constructores ilegales, seguirán especulando con “soluciones” sobre las rondas de ríos, quebradas y reservas como el Parque Entre Nubes que ya está ocupado; 3. La demanda de vivienda seguirá desplazando a mucha gente hacia municipios cercanos, como Soacha, Mosquera y otros, agudizando la problemática de servicios que allí viven; 4. En esa demanda de vivienda los constructores no están tan preocupados por ofertar vivienda de interés social –VIS, que está sobreofertada– sino la que pueda adquirir el estrato tres, y de ahí para arriba. El interés de los constructores es más de negocio que de solucionar un tema social, lo que demandaría que en el POT se abordará el tema de la tierra urbana con una reglamentación que controle su encarecimiento casi exponencial.

da. Para terminar ¿qué implicaría un POT alternativo?
GSM. En un POT construido con la sociedad civil, la participación con incidencia debe ser un principio. La crisis ambiental, las carencia de fuentes de empleo, de redistribución de ingresos, de transporte con energías alternativas y accesible, son realidades que exigen concertación, tener el derecho a soñar una ciudad distinta, repensarla entre todas y todos, sin dejarle las decisiones estructurantes, y otras de supusto segundo nivel, al sector inmobiliario. El derecho a la ciudad debe ser un ejercicio de construcción social que exige cambios culturales y de consumo.

Entonces, la participación tiene que ser concertada, con posibilidades para analizar las diferencias existentes entre los distintos territorios que conforman una Bogotá que parece ser una pero que en realidad son varias: una cosa es el sur, otra cosa es el centro, el occidente… Conscientes de ello, la concertación es clave para permitir que haya proyectos elaborados de la mano de las comunidades, para pensarse la vivienda, los servicios públicos, el uso del suelo, la economía popular, en pocas palabras para mirar la ciudad de manera integral. En un reto inmenso y en ello los movimientos sociales tendrían que preocuparse más por el territorio que habitan, imaginando cómo gobernarlo de manera abierta con toda la población, sin dejarse ganar por los afanaes de cada día, por eso que llaman coyuntura.

 

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Publicado enColombia
Casas diminutas para pobres: el “sueño americano” apretado en 6 metros cuadrados

En Los Ángeles, el gobierno y algunas ONG’s instalaron un barrio con casas de dos por tres metros. Es para personas o familias que han quedado en situación de calle con la coronacrisis. Otra postal de la decadencia capitalista.

 

La noticia recorrió los portales de todo el mundo. En solo 90 minutos, un grupo de obreros arma una “casa”. El gobierno de Los Ángeles y la ONG Hope of the Valley dicen que podrán parecer pequeñas pero “cuentan con varios servicios compartidos, como una sala de lavandería, baños, seguridad las 24 horas los siete días de la semana y un parque para pasear perros”.

Desde el aire las fotos muestran el barrio de “casas diminutas”, como lo llamaron algunos medios. Una junto a otra, perfectamente alineadas, como cajas de zapatos en un gran depósito. O una de esas “ciudades” de los parques infantiles.

El espíritu de la ONG quizá sea loable, pero desnuda la decadencia capitalista. En el país más rico del mundo, la gestión de la coronacrisis empuja a millones a la precariedad del trabajo y de la vida. El “sueño americano” condenado a chocarse contra sus delgadas paredes; una y otra vez.

Sorprende el optimismo. El “contrato” es por 3 meses. A lo sumo 6. Después, de patitas a la calle. Es que según ellos “las viviendas están pensadas como provisionales debido a que sus habitantes suelen encontrar un trabajo y un hogar definitivo a los pocos meses de vivir allí”. Ponele.

Claro.

Según la organización Human Rights Watch, desde el inicio de la pandemia 74,7 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos, una parte no pudo recuperarlos y en la mayoría de los casos se trataba de quienes cobran salarios inferiores a la media. Peor. “En el mes de enero, aproximadamente 24 millones de adultos informaron que se encontraban en situación de hambre y más de seis millones manifestaron que temían sufrir un desalojo por no poder cumplir con los pagos relacionados con la vivienda”. Para las personas latinas o afroamericanas estos números se duplican.

Hay un último dato que golpea. Es de la Oficina Nacional de Censos. Asegura que “el 32 % de los adultos de bajos ingresos dijeron que se habían sentido deprimidos en los siete días anteriores”. La “nueva solución” a las preocupaciones y angustias que genera la crisis es encerrarlas en casas diminutas.

Ante el malestar social, el gobierno de Joe Biden ha dispuesto fondos que suenan impactantes, pero según las organizaciones sociales lejos estarían de revertir esos problemas estructurales.

La misma semana que se conoció la noticia, también se supo que el millonario dueño de Amazon, Jeff Bezos, gastó una fortuna para viajar al espacio. Agradeció a sus trabajadores que corren 12 horas por día y mean en botellas de plástico. Así le ayudaron a cumplir su sueño. El hombre tiene una casa para cada clima. Cuando se aburre o corre el almanaque, se muda unas semanas. Sus propiedades en Estados Unidos están valuadas en US$500 millones. ¿La cucha del perro será más grande que estas casitas?

No es solo Estados Unidos. Son las familias de Guernica desalojadas por los mulos de los countries y los gobiernos progres. O las que tienen que amontonarse en piezas también diminutas en Salta o Constitución.

¿Nos vamos a rendir ante un sistema social en que millones sobreviven sin techo o hacinados mientras los millonarios gozan sus mansiones obscenas? No podemos.

Viernes 23 de julio

Publicado enSociedad
Grafiti en la Comuna 13.- QUERALT CASTILLO

La Comuna 13, en Medellín, se abre camino a través del hip-hop, los grafitis y el arte popular. Las calles angostas donde se escondían antaño los sicarios de Pablo Escobar se han convertido ahora en una exposición al aire libre.

 

Estefany Riosco sonríe y pregunta a todo el que pasa si quiere un choricito. Lleva una camisa muy colorida estampada, un delantal de flores y un turbante rojo anudado a la cabeza. Aparenta más edad de la que en realidad tiene. 36 años y seis hijos, de 20,18,14,11,16 y el bebé, de 4 años. Hoy, ninguno de ellos la acompaña en el puesto, pero se ha traído a un sobrinito que, paciente, espera que su tía termine la jornada para poder volver a casa.

Llegó a la 13 cuando tenía ocho años, procedente del Chocó, un departamento colombiano en la zona del Pacífico y tan pronto la Comuna empezó a levantar cabeza, montó un puesto de chorizos, en el que también vende "obleas, solteritas, cerveza, agua, arepitas, arepitas con queso. Todo, vendo de todo". No resulta difícil arrancarle una sonrisa y a primera vista parece una mujer de pocas palabras. Pocas y concisas, sin embargo: "Aquí vivimos mucha violencia y gracias a Dios ya todo está calmadito".

Escuchar las historias que se esconden tras las calles empinadas, serpenteantes y angostas de la Comuna 13, en Medellín, capital antioqueña y "Ciudad de la eterna primavera" –ahora también conocida por ser el lugar de nacimiento de J. Balvin–, es escuchar historias de balaceras, desaparecidos, menores armados, muertes y narcotráfico. Es hablar de luchas de poder, de sicarios de Pablo Escobar y de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Convertida en uno de los epicentros de la violencia durante los años ochenta y noventa, esta Comuna lucha ahora por quitarse el estigma de encima.

Violencia y Operación Orión, los estigmas de la 13

Nació la Comuna 13 como lo hicieron las dieciséis restantes en Medellín: a causa de la migración del campo a la ciudad de personas que escapaban de la violencia de las FARC, el ELN y las operaciones paramilitares y del Estado. Personas que llegaron, muchas procedentes del Urabá antioqueño, con lo puesto a una urbe que parecía prometerles una vida más tranquila. No fue así. La pobreza en los ochenta y los noventa supuso el caldo de cultivo perfecto para que la 13 se convirtiese en la cuna de los sicarios de Escobar. La ecuación parecía fácil: dinero y ascenso social a cambio de vasallaje. Pero nunca nada es tan sencillo: las guerras entre facciones se cobraron miles de vidas y los desaparecidos aún se cuentan por decenas. La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, no hizo nada más que empeorar las cosas: las luchas por el control de los diferentes barrios se saldaron con unos niveles de violencia incluso peores que durante la época Escobar y la 13 entró en una espiral a la que pocos le veían salida.

"Empezaron a surgir las redes del microtráfico, personas que controlaban el tema del narcotráfico en el ámbito local, de la ciudad y en los barrios. Empezaron a dar guerra: los de la FARC empezaron a dominar unas partes, los el ELN otras. En realidad, había cuatro o cinco grupos de guerrillas. A inicios de los dos mil, esas bandas empezaron a disputarse los territorios. Había fronteras invisibles y quien pasaba esas fronteras era asesinado. La guerra explotó", explica Jesús David Sáenz, técnico de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI).

En 2002, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, decidió atajar la situación a la brava. Entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo en la 13 la intervención militar urbana más grande de la historia de Colombia, la Operación Orión. El número de muertos baila según a quién se le pregunte: 80 ciudadanos heridos, 17 homicidios a manos de policía y ejército, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Sobre las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas del estado con la colaboración de grupos paramilitares poco se sabe aún. A pesar de la Operación Orión y otras tantas que se sucedieron, lo cierto es que "entre el año 2000 y el 2012 el Estado no tuvo apenas control sobre esas zonas", reconoce Sáenz.

Escaleras y 'grafitours'

Los grupos de turistas empiezan a amontonarse a eso del mediodía, móvil en mano. Desde hace unos años la Comuna 13 se ha convertido en un spot instagrameable de primer orden gracias a las decenas de grafitis que adornan aquellas calles serpenteantes donde antes corría la sangre. Las escaleras mecánicas, inauguradas en 2011, han transformado el barrio de Las Independencias, uno de los 19 que conforman la Comuna y se han convertido en un referente de urbanismo social. "Las escaleras para la paz" son un proyecto novedoso que, ciertamente, ha hecho disminuir el nivel de violencia en el barrio, ha atraído a turistas y ha mejorado notablemente la vida de sus residentes, ya que la accesibilidad les ha permitido tener una vida un poco más cómoda. De hecho, el sistema teleférico en la ciudad, la segunda más grande de Colombia, construido en 2004, ha permitido, en los últimos años, unir diferentes comunas periféricas, hasta el momento prácticamente inaccesibles, con el centro de la ciudad, hecho que ha mejorado la calidad de vida de la gente.

Las escaleras se enmarcan dentro del programa de Proyectos Urbanos Integrales (PUI), que son intervenciones en el espacio público que tienen un impacto zonal, gracias a su enfoque destinado a solucionar problemas de movilidad, centralidad, encuentro, medio ambiente, espacios públicos recreativos y deportivos. Formaron parte del Plan de Desarrollo 2008- 2011 para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad. "Éramos una ciudad que a causa de la violencia estaba cerrada al mundo, no venía nadie a Medellín porque les daba temor. La Comuna 13 es una victoria sobre lo que fue el pasado de la violencia y toda la época oscura de Medellín", dice Sandra Milena Ospina D’Alleman, subdirectora de Posicionamiento de la ACI.

Además de las escaleras, la inversión en cultura también ha sido un elemento clave en el lavado de cara de la 13. Los numerosos grafitis que adornan las calles de la Comuna se han convertido en un reclamo turístico importante y los grupos de turistas que reservan grafitours se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos años. John Alexander Serna es conocido como Chota 13 (El Chota) y es uno de los artistas locales más reconocidos. Nacido y criado en la 13, empezó a pintar grafitis a los 16. "Queríamos recuperar los espacios y que a través del color cobrasen vida, así como recuperar la memoria. Los muros cuentan cosas y detrás de ellos hay una serie de personajes. Cuentan quiénes son (...) Los que más me inspira para pintar es la resistencia de la gente". Además de grafitis, El Chota pinta en acrílico sobre lienzo y monta exposiciones.

Mira la gentrificación de reojo: "Hemos pensado en los peligros de que la Comuna se haga popular, pero mientras sea la comunidad la que se lleve los beneficios, todo estará bien. Lo más duro sería que el café del barrio fuera arrasado por Starbucks. Si vienen empresas externas a quitarnos lo que hemos construido, esto se pondrá complicado", asegura.

***
Ese del tatuaje es Kase O. ¿Tan famoso es aquí?
Es mi maestro.

El Rapza tiene 23 años y prepara su actuación en un callejón. En estos días actúa en un bar por el que se suceden los turistas, la gran mayoría gringos, en busca de un frapuccinos y jugos de frutas exóticas para aminorar el calor. Tatuado hasta la médula, destaca, entre todos los tatuajes, uno de Kase O en el antebrazo. El zaragozano, máximo exponente del hip-hop en España, estuvo un tiempo viviendo en Medallo, mientras preparaba su último disco, El Círculo. "Hay un antes y un después en mi vida, desde que lo conocí. Estuvo viviendo en una finca, en las afueras de Medellín. Lo conocí en un evento en un teatro. Cuando lo vi, no lo reconocí porque tenía mucha barba. Me lo presentaron y cantamos juntos. Lo seguía desde hace tiempo".

No miente, el Rapza. En Tutorial, uno de los temas de El Círculo, Kase O canta: "¡Basta ya de Farsa, el Rapza viven en la 13 y sin ir de gangsta te da lecciones de humildad! Y no solo él, hay procesos en Colombia que te erizan la piel. Paz para Henry y su escuelita, en una vista aprendes más de hip-hop que con el puto Bambaataa. Es más, paz para que los que se ocupan de esos que nadie se acuerda, ellos tienen mi respeto, no artistillas de mierda".

En el documental que muestra el paso de Kase O por Medellín también aparece el Rapza. "Lo que más me inspira es el rap y los raperos malos, la guerra, la corrupción, la maldad de los humanos, son cosas que se salen de mi conocimiento, mi comprensión y tengo que manifestarme ante esto. Aquel día te di una chapa bastante seria, co. Te quería abrir la cabeza. Jugar y no caer siempre en la caja. Esta es la primera que has hecho con este concepto", le dice el zaragozano al colombiano. El Rapza canta mientras Ibarra escucha, asiente y sonríe.

Dice que tiene pendiente ir a España. Nacido y criado en la 13, su vida ha dado un giro radical, "antes nunca hubiésemos podido estar aquí hablando tú y yo. Imposible". La guerra entre pandillas le arrebató parte de la familia. "Llevo toda la vida rapeando. En la guerra asesinaron a miembros de mi familia, así que me fui un tiempo del barrio, pero volví". Ahora es uno de los raperos más prominentes de la escena hiphopera de la Comuna.

La sombra de la gentrificación amenaza

El aumento del turismo en la 13, sin embargo, mantiene vigilantes a sus residentes. La gentrificación es una amenaza real y los comuneros ya empiezan a sentir como acecha. "¡Ah sí, el arriendo, los servicios, todo es costosito! Ya como esto cogió un poquito de valor, pues ya la gente se aprovecha, cosa que no me parece", asegura Estefany, la del puesto de choricitos, preguntada por los alquileres. Ella no paga nada por tener el puestecito y cada día lo monta y lo desmonta. "Mira, vivo en esa casa azul que está ahí con ropita", señala. El tejado es de uralita. La vendedora espera que sus hijos puedan tener un futuro más cierto que el suyo: "La idea es que estudien y no pasen el trabajo que paso yo; que lleguen a ser alguien en la vida y sigan adelante, porque usted sabe que para que se acabe la pobreza, tenemos que estudiar. Estudiando es como se acaba la pobreza".

Alejandra tiene 25 años y un puesto de pulseras y abalorios (desde hace un año y medio), a unos metros del puesto de Estefany. Es clara con el proceso que se vive en la 13. "El arriendo por acá es supremamente costoso. Esto es a causa del turismo, y la gente, que se toma atribuciones que no debe por eso. El aumento del turismo en la zona ha afectado a alguna gente y ha favorecido a otra, como a mí", reconoce.

La popularización de la 13 también ha favorecido a La Crew, un grupo de b-boys que baila para recoger unas monedas y que nació a partir de unos proyectos participativos que se llevaron a cabo en la Comuna 13. "Se dieron unas clases durante un mes y cuando terminaron todos nos quedamos un poco huérfanos. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Y aquí estamos, representando a la Comuna 13". El que habla es Scooby, uno de los integrantes del grupo. La Crew empieza sus actuaciones a las 9:30 de la mañana y suele terminar sobre las 18:00. También actúa en teatros, actos privados y escuelas. Scooby reconoce cómo la inversión por parte del Ayuntamiento en proyectos participativos y de fomento de la cultura, ha conseguido darle una vuelta a la Comuna: "El cambio ha sido muy grande y la cultura aquí es importante porque aleja a las personas de pensar en algo malo. Ya sea a través de los grafitis o la música o el baile, te alejas de lo malo. La Crew ha salvado a varios compañeros", dice. A pesar de su corta edad, tan sólo tiene 20 años, Scooby sabe bien de qué habla.

Si bien la vida en la 13 ha cambiado considerablemente, El Chota reconoce que "aún hay pelados en las esquinas que forman parte de las bancrín [bandas criminales]" y el problema de la violencia no está del todo resuelto. Los grafitours se suceden y los turistas sonríen mientras posan al lado de grafitis realmente espectaculares. Cuando lleguen al hotel, subirán la foto a Instagram. La mayoría, sin embargo, visita la 13 en grupo y apenas se encuentran turistas que vayan por libre. El estigma continúa y a la 13 aún le queda camino para quitárselo de encima, pero parece que, gracias al baile, la pintura, el hip-hop y otros procesos culturales, los jóvenes cada vez tienen unos referentes más sanos. Ahora faltará que Starbucks pase de largo.

 

19/07/2020 08:33

Por Queralt Castillo Cerezuela

@qc_Cerezuela

Publicado enColombia
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