El modelo de ciudad peñalosista y el gobierno de las elites tradicionales

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Claudia López aseguró que su gobierno sería de las ciudadanías diversas de la Ciudad. Pero, al hacer una revisión de sus secretarías y las juntas de empresas estratégicas del Distrito, lo que se encuentra es un gobierno de las elites tradicionales, que le da continuidad al modelo de ciudad que Enrique Peñalosa impuso en Bogotá en los últimos 20 años y que se la ha entregado a los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales.

 

El primero de enero de 2020, en su discurso de posesión, Claudia López aseguró que su gobierno sería de las ciudadanías diversas, cuyas demandas y aspiraciones legítimas que se habían manifestado en noviembre del 2019 en las calles de la ciudad, en el contexto de la movilización social y popular.

¡Cuánto dista ese discurso de la realidad! Al revisar su gabinete distrital, las cabezas de sus secretarias y las juntas directivas de dos empresas clave, como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), lo que se comprueba es que el de Claudia López es un gobierno de las elites que históricamente han tenido el poder en Bogotá.

Decía Gaetano Mosca, autor clásico de la teoría de las elites, que las mismas gobiernan porque son una minoría organizada frente a una mayoría desorganizada y que deben gobernar porque son mejores que esas mayorías. La Alcaldía de Bogotá no es la excepción a la idea fuerza de Mosca.

Un gabinete distrital de tecnócratas alejados de las ciudadanías

Al revisar al gabinete de Claudia López lo primero que resalta es la continuidad con el modelo de ciudad promovido por Enrique Peñalosa en sus dos alcaldías, además de funcionarios, sin importar el género, que han trabajado en altos cargos del Estado en los últimos 30 años de implementación del neoliberalismo y la política de la muerte a la colombiana.

Durante el primer año de gobierno de Claudia López, la Secretaria de Planeación estuvo en manos de Adriana Córdoba, la esposa de Antanas Mockus. Posteriormente, asumió María Mercedes Jaramillo, probablemente la ex funcionaria de Peñalosa más interesante en función de lo aquí planteado, la continuidad entre las dos administraciones, por su trabajo en Transmilenio y en la constructora Fernando Mazuera interesada en un POT favorable a sus intereses como empresa.

Otros funcionarios clave en el proyecto de ciudad de Enrique Peñalosa, ratificados por Claudia López en su primer año de gobierno, fueron Andrés Escobar, como gerente del Metro elevado, y Felipe Ramírez, como gerente de Transmilenio. Andrés Escobar renunció a la gerencia de la empresa Metro al cumplirse el primer año de López y esta nombró a José Leónidas Narváez, que fue director de Invías en el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de haber contratado con esta entidad más de 200 mil millones de pesos en años anteriores. Leónidas Narváez también fue vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. La alcaldesa también ratificó a Nidia Rocío Vargas como directora del Departamento del Servicio Civil Distrital, a cuya cabeza está desde el 2016.

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la mayoría de los funcionarios de ese gabinete vienen de la Universidad de los Andes y han estudiado posgrados en escuelas norteamericanas y en algunos casos europeas. En sus estudios sobre la captura estatal por intereses privados, Édgar Reveiz destaca el concepto de “elite trasnacional”, un grupo de personas formadas en ciertas universidades de sus países, a las que se accede si se tienen determinados recursos económicos, y que hacen posgrados en universidades del centro del sistema-mundo, para después trabajar en organismos multilaterales como el FMI, el BM o el BID, y que durante sus carreras profesionales circulan por los organismos de decisión económica nacionales, como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

En el caso colombiano también son docentes y consultores, muchos de la misma Universidad de los Andes o de privadas similares como el Externado, la Javeriana y el Rosario. Como investigadores académicos también trabajan para los think tanks de las elites en el poder. En el caso colombiano el principal centro de este tipo es Fedesarrollo. Con frecuencia, esa elite trasnacional puede trabajar en calificadoras de riesgo del sistema financiero mundial.

El principal ejemplo de lo anterior en el gabinete de Claudia López es su secretaria de Desarrollo económico, Carolina Durán. No solo por su hoja de vida académica y profesional, sino además porque debido a su cargo también integra la junta directiva de la ETB. En el mismo sentido está el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés, que fue vicepresidente técnico del Consejo Privado de Competitividad (2007-2009) y que por su cargo no solo es miembro de la junta directiva de la ETB, junto a Durán, sino también de la junta directiva del GEB. En ciertos casos puede configurarse el conocido mecanismo de las “puertas giratorias” entre los sectores público y privado. Por ejemplo, entre los miembros de número del mencionado Consejo Privado de Competitividad están empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el Grupo Valorem de la familia Santodomingo y el Grupo Bolívar, y trasnacionales como Coca-Cola o Bimbo. Dentro de los miembros asociados esta la Andi, la Sociedad de Agricultores de Colombia y consultoras como McKinsey & Company o Universidades como los Andes, la Icesi, el Rosario y Eafit.

 

 

De las conclusiones más interesantes del concepto de elite trasnacional de Reveiz, comúnmente conocido como “la tecnocracia”, es el hecho de que por los títulos que tienen y las universidades de las que son titulados estos funcionarios incorporan una racionalidad en la evaluación de los proyectos implementados por las administraciones públicas que los legitiman ante la opinión pública. Se trata del típico sentido común en donde “el doctor tan estudiado no puede estar equivocado sobre lo que dice que hay que hacer”, aunque esto signifique austericidios o beneficios al capital privado sobre el bien público de nuestras sociedades, ejemplo de lo cual es la decisión de un Metro elevado en su primera línea o como está ocurriendo con el POT. De esa forma, la legitimidad democrática, esto es, la opinión de la mayoría de la ciudadanía, es reemplazada por un supuesto saber técnico apoyado fundamentalmente en credenciales académicas.

Esa clase de racionalidad, muy distante de las necesidades de las ciudadanías que esta Alcaldía dice representar, la encontramos por doquier en sus altos cargos. Otro ejemplo es su secretario privado y jefe de gabinete, Felipe Jiménez Ángel, que fue Consultor de la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando fueron Ministros de Uribe los hoy candidatos presidenciales Oscar Iván Zuluaga, vinculado con la corrupción de la trasnacional Odebrecht, y Juan Carlos Echeverry, asociado al escándalo de Interbolsa.

Las cuotas politiqueras del gabinete de Claudia López

La alcaldía de Claudia López es un gobierno de las fuerzas políticas, sean estas personas particulares dueñas de maquinarias politiqueras, movimientos gatopardistas que en los últimos años han usado el discurso del autodenominado “centro político” para capturar votos de opinión, o partidos políticos tradicionales que han gobernado Bogotá como vehículo de intereses particulares. Ejemplo de maquinarias y clientelismo político es el caso del secretario jurídico de Claudia López, William Mendieta, cuota de Gina Parody. Pero, como puede observarse en el Cuadro 2, no es una excepción.

Dentro de las cuotas políticas en el gabinete de López merece especial mención la presencia de las familias tradicionales de la “oligarquía” criolla. El secretario de Seguridad de López es Aníbal Fernández de Soto, abogado de la Universidad de los Andes1. El padre del secretario de seguridad fue alcalde de Bogotá en el gobierno de Misael Pastrana, durante el Frente Nacional. Su tío, Guillermo Fernández de Soto, fue canciller en el gobierno de Andrés Pastrana. También hizo parte de la junta directiva del Grupo Aval hasta que asumió la representación de Colombia ante la ONU en el gobierno de Iván Duque.

Aníbal Fernández de Soto ha militado en el Partido Conservador desde hace 20 años, haciendo parte de su directorio nacional y distrital. Trabajó como asistente al lado de Frank Pearl, que tiene relación con el Grupo Valorem de la familia Santodomingo, cuando este fue alto consejero para la reintegración y ministro de Ambiente en los gobiernos de Juan Manuel Santos. Fernández de Soto también trabajó como viceministro del Interior de Fernando Carrillo (2012-2013), el cual a su vez estuvo en la nómina de Sarmiento Angulo antes de asumir, posteriormente, la Procuraduría (2017-2021). Igualmente, Fernández de Soto se desempeñó como viceministro de Desarrollo Rural de Rubén Darío Lizarralde en el gobierno de Santos2. Antes de asumir la Secretaría de Seguridad de Claudia López, Fernández de Soto fue director de seguridad del ministerio del Posconflicto de Oscar Naranjo, viceministro de Defensa de Luis Carlos Villegas y vicepresidente de desarrollo sostenible de Ecopetrol.

Claudia López, los carteles de la corrupción y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Francisco Durand sostiene que las corporaciones tienen como principal objetivo reportar ganancias crecientes en las bolsas de valores en las que cotizan sus acciones de manera periódica. Para alcanzar ese objetivo, entre otras cosas construyen modelos de influencia que proyectan sobre las instituciones públicas y estatales.

A propósito del POT vale la pena tener en cuenta que en esos modelos de influencia de las empresas sobre las instituciones públicas pueden entrelazarse prácticas corruptas o de colusión propias de los carteles como es el caso del contexto colombiano. En cuanto a la relación de Bogotá con el departamento de Cundinamarca el personaje clave es César Augusto Carrillo Vega, agente del exgobernador Jorge Rey, denunciado en el pasado por la misma alcaldesa Claudia López como el jefe del cartel del volteo de tierras en la Sabana y, por lo tanto, con intereses en un POT que permita hacer negocios en terrenos de Bogotá, de importancia angular para las constructoras, las inmobiliarias y los banqueros3.

En julio del 2020 la propia Claudia López anunció que Carrillo Vega hacía parte del equipo que facilitaría la concertación del POT de Bogotá con los municipios del departamento de Cundinamarca.

La ETB y el GEB capturados por la politiquería y los intereses corporativos

Al revisar la composición de las juntas directivas del GEB y la ETB, podemos comprobar, por lo menos, la proyección del modelo de influencia de intereses empresariales. El territorio de Bogotá es estratégico para la acumulación de capital, tanto para la economía nacional como para la transnacional. Allí juegan un papel angular esas elites que han gobernado la capital del país históricamente y que hoy gobiernan a través de la Alcaldesa.

Es la captura de las empresas públicas lo que explica la intención de Claudia López de vender otro 9 por ciento de la participación del Distrito en el GEB al capital privado, pretextando la falta de recursos para el desarrollo de políticas públicas, aunque sea una empresa rentable con mucho potencial de crecimiento. La tecnocracia y los modelos de influencia de los conglomerados económicos sobre el Estado operan una racionalización para legitimar la privatización de los bienes públicos.

No se debe perder de vista la participación significativa de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo en el GEB, así como su relación con integrantes clave de su Junta Directiva. En el GEB, la participación de las grandes corporaciones –el Grupo Aval, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) a través del Fondo de Pensiones Protección y los trasnacionales Old Mutual y Colfondos– es del 21 por ciento.

Ignacio Pombo Villar, quien donó 10 millones de pesos a la campaña por la alcaldía de Claudia López, también integra hoy las juntas directivas del GEB y de la ETB. Villar hizo parte de la junta directiva de RV Inmobiliaria con José Antonio Vargas Lleras, hermano de German Vargas Lleras y hoy presidente de la junta directiva de Enel Codensa, con el que el GEB tuvo un conflicto judicial abierto varios años que le hizo perder billones en utilidades.


RV Inmobiliaria es la empresa más grande de Colombia en el sector y administra más de 1 billón en activos inmuebles, principalmente en Bogotá y los municipios de la Sabana. Por lo tanto, es una empresa interesada en el POT propuesto por la alcaldesa Claudia López para regular la construcción en la Ciudad a lo largo de los próximos 12 años.

No todo lo que brilla es oro

Las palabras pueden con todo. Así puede decirse de una funcionaria hábil en comunicación social y astuta en política. Pero la realidad es dura, y las pruebas a flor de ojo de todo el que quiera ver así lo constatan: Claudia López no es una alcaldesa de las ciudadanías indignadas y las mayorías sociales y populares que componen la ciudad de Bogotá, como repite ella en la estrategia de marketing político que la llevó a conseguir el cargo como trampolín para proyectarse en la disputa por la Presidencia de la República en 2026. No es gratuito que Augusto Reyes, de la firma especializada en marketing político Poder y Poder fuera su principal asesor de campaña a la alcaldía, así como lo fue del exgobernador Jorge Rey y de alcaldes involucrados en el volteo de tierras en la Sabana en los últimos años. Tampoco es casualidad que hoy Augusto Reyes sea asesor de la campaña a la presidencia del ex ministro de Salud de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, en la Coalición Centro Esperanza. Tiene que ver precisamente con el papel gatopardista que juega el autodenominado “centro” político en el juego por el poder en Colombia.

En este juego de intereses y de poderes que gobiernan en beneficio de una minoría, el gabinete de Claudia López está compuesto por tecnócratas que tienen como principal privilegio el manejo de información clave para el gobierno de la ciudad y su relación, como capital metropolitana, con el mundo globalizado y el capitalismo depredador contemporáneo. Es un gabinete de continuidad total con el gobierno de las elites en la ciudad y el país, especialmente con mandatarios clave como Enrique Peñalosa. Es un gabinete de legitimación del modelo neoliberal que impera en la ciudad, que excluye a todo lo que no se vea como la elite local ni defienda lo que creen que es de ellos.

Es un conjunto de intereses y realidades que confirman que Claudia López es una mandataria cooptada por los intereses de las elites y los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, que usa un discurso propio de la política del espectáculo para seguir fracturando las potencialidades democratizadoras de los sectores populares de Bogotá y Colombia.

 

1 Aníbal Fernández de Soto reemplazó a Hugo Acero quien se desempeñó como consultor de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de la alcaldía de “Fico” Gutiérrez, que gobernó Medellín entre el 2016 y el 2019 con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez y que se vio involucrado en escándalos con las bandas criminales de la ciudad.
2 Lizarralde fue gerente de Indupalma y está relacionado con la acumulación ilegal de baldíos en los Llanos Orientales junto a su exesposa, la ex ministra de educación María Fernanda Campo.
3 César Augusto Carrillo Vega fue el gerente de la campaña de Jorge Rey, su secretario de gobierno y su candidato a dirigir la CAR. En el momento de la denuncia del concejal Galán era el director de economía rural y abastecimiento alimentario de Bogotá. Hoy es el director de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca creado por el actual gobernador Nicolás García, aliado de la alcaldesa Claudia López y del grupo político de Jorge Rey.

 

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Publicado enColombia
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/el-programa-bogta-cuidadora-es-de-sensibilizacion-contra-el-covid-19

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Cinco asuntos que han estado en la agenda política de la ciudad y que han sido objeto de decisión política por parte de la alcaldesa, y que desde mi punto de vista evidencian su profunda distancia con una postura feminista de gobierno, son el objeto del presente artículo: 1) el avance de la pobreza en la ciudad; 2) sus cuestionables posturas xenófobas hacia la población venezolana migrante; 3) sus reacciones ante el estallido social de la juventud bogotana; 4) su desatención de las mujeres transgénero y, 5) su tratamiento de las comunidades indígenas que actualmente ocupan el Parque Nacional.

Claudia López ganó la alcaldía de Bogotá y de inmediato se presentó como primera mujer alcaldesa de la capital, abiertamente lesbiana, de clase trabajadora e ideológica y políticamente de centro-izquierda (según sus declaraciones al diario El País, 3 de agosto de 2020). Estas características le valieron el apoyo, entre otros, de muchos colectivos y figuras feministas que la vieron como la posibilidad de que el máximo cargo de poder político en la ciudad fuera ejercido por una mujer con un proyecto afin. Esta elección generó esperanza dada la histórica exclusión de las mujeres de la toma de decisión política, pero además, porque Bogotá tiene una larga trayectoria de lucha feminista que ha posicionado las políticas de mujer y género como un asunto central en las agendas del gobierno distrital, de allí que, tener una alcaldesa fuera visto por muchas como un logro sobresaliente de este largo proceso de lucha.

Desde luego, gobernar no es fácil y menos una ciudad de más de siete millones de habitantes, que enfrenta viejos problemas de corrupción, segregación, desigualdad y marginación, y nuevos problemas, en particular la situación inédita de la pandemia causada por el covid-19, que enfrentó a todos los gobiernos del mundo a una crisis, sanitaria, social y económica sin precedentes. Sin embargo, quienes se postulan para gobernar asumen la responsabilidad de lidiar con lo viejo y con lo nuevo, y como muchos y muchas gobernantes alrededor del mundo la alcaldesa tomó decisiones que pusieron en cuestión al menos su compromiso con las mujeres, con los ideales de igualdad o con la justicia social en la ciudad.

Una fractura evidente, incluso, desde antes de la pandemia, cuando sus ideas políticas empezaron a cuestionar sus propios presupuestos de partida. Denominar, por ejemplo, su plan de desarrollo como un nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI fue indicativo de que en realidad su proyecto político estaba profundamente permeado por ideas cuestionadas desde algunas teóricas feministas que han mostrado cómo la metáfora del contrato social oculta que en realidad los pactantes en este tipo de acuerdo son los sujetos investidos de poder y autoridad por el poder político y económico, marginando una vez más a quienes están desposeídas/os y que en realidad nunca han sido reconocidos como pactantes de pleno derecho.

Esto no es un asunto menor. En el infinito mundo de las metáforas políticas proponer de nuevo un contrato social implicó claudicar frente a las lógicas liberales y neoliberales más añejas, al tiempo que colocar sobre la mesa el hecho de que en realidad sus ideas se ubicaban mejor en el centro derecha.

Esos primeros actos de gobierno fueron sintomáticos de una serie de decisiones, posiciones y acciones que han marcado la acción de la gobernante y que deben ser revisados desde una perspectiva crítica ya que el feminismo como campo político debería permanecer en una posición autorreflexiva de modo que sus posturas políticas no caigan en las trampas que pueden llevar a respaldar una gobernante sólo por un asunto identitario casi esencialista sin tener en cuenta cómo un gobierno puede afectar de manera desproporcionada a mujeres de grupos sociales empobrecidos o marginados y a muchos otros colectivos cuyas necesidades, intereses y demandas hacen parte de las agendas feministas. Veámos:

Aumento de pobreza

En su Plan de Desarrollo la alcaldesa incluyó por primera vez un sistema general del cuidado, lo que representó una innovación en tanto reconoce que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres representa una de las expresiones más injustas del orden de género en tanto este trabajo no es reconocido como tal, concentra la mayor parte de su energía y tiempo y pasa desapercibido en las cuentas de la macroeconomía. En cierto sentido un estado que ofrece guarderías, albergues, centros de cuidado de adultos y adultas mayores, y otras infraestructuras de servicios sociales, está cumpliendo su parte en las labores del cuidado y por tanto descarga a las mujeres para que puedan realizar otro tipo de actividades.

En la práctica, sin embargo, la cuestión es más compleja en tanto este tipo de oferta institucional parece más que insuficiente en una ciudad que según el Dane (2021) en el 2020 tenía 3,35 millones de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria (16% de todo el país) y cuyo coeficiente de Gini pasó de 0,498 en 2017 a 0,559 en 2020, lo que quiere decir que Bogotá es la ciudad con mayor desigualdad en el país. Alcaldías como las de Luis Eduardo Garzón, Clara López y Gustavo Petro habían mostrado cómo una importante inversión social permitía obtener notables resultados, como la disminución de la brecha entre ricos y pobres, la disminución de la desnutrición infantil, infraestructura y cobertura en educación infantil, primaria y secundaria, además de un importante red de servicios sociales para llevar salud a los barrios, comedores comunitarios, guarderías y centros día de jóvenes y adultos y adultas mayores, unidades de desintoxicación para adicciones y centros de atención itinerantes para habitantes de calle. Todo esto representó mejoras importantes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pese a lo cual fue desmontado por el posterior gobierno de Enrique Peñalosa quien gobernó de acuerdo a las lógicas del capitalismo trasnacional y para su propio interés, como cuando entregó enormes obras de infraestructura con ventajas totales para los empresarios a costa del erario.

Desde luego, todas las medidas tomadas para controlar la pandemia afectaron de manera negativa sectores claves de la economía lo que se tradujo en desempleo y afectación de los ingresos de miles de hogares bogotanos. Para muchas familias no salir un día a la calle implica no tener recursos para comer, y no se trató de un solo día, las restricciones en la ciudad se extendieron por meses de modo que según lo publicado por el Dane (2021) el 36 por ciento de las personas que habitan en esta ciudad apenas come una o dos veces al día. Sería parcial atribuir la responsabilidad exclusivamente a las medidas de la alcaldía, sin considerar la responsabilidad del gobierno nacional, sin embargo, y según lo realizado por esta administración, se requería un compromiso mucho más decidido de la misma con aquellos para quienes las condiciones materiales han sido históricamente más frágiles y requerían medidas inmediatas para paliar la falta de ingresos, en perspectiva de los cuales las centrales obreras, muchos movimientos sociales, entre ellos el feminismo, una y otra vez demandaron una renta básica que habría protegido a estos sectores sociales.

La misma, como es conocido, es una herramienta de gobierno que parte de la premisa de que toda persona tiene una dignidad humana que debe ser protegida y garantizada, con independencia de las lógicas del trabajo y del mercado, es decir, que es una tarea del Estado en general, y en particular de los gobiernos, en cualquier nivel territorial. Sin embargo el clasismo de nuestro sistema político ha fijado el prejuicio según el cual aquella persona que recibe trasferencias monetarias es un parásito, dependiente y perezoso. Habría que anotar sin embargo, que una renta básica no es un sueldo, no es todo lo que requiere una persona para vivir sino, simplemente, una base que garantiza que no se va a padecer hambre, que va a poder pagar los servicios públicos y poco más. Simplemente garantiza que miles de personas tengan lo mínimo para su subsistencia. Pero, como con muchas otras medidas de protección del Estado, esta fue considerada por los economistas neoliberales como un gasto innecesario, que genera lógicas de dependencia e incluso, de perturbar la libre dinámica del mercado. Lo curioso es que se señala este aspecto y no la evasión de impuestos de los grandes capitales, las inyecciones de capital al sistema financiero e incluso las trasferencias monetarias que se hicieron a las grandes riquezas por parte del gobierno nacional.

La alcaldía de Bogotá en muchos espacios afirmó que había aprobado una renta básica, pero esta no llegó a todas las personas que lo requerían, con el monto que era necesario ni con la suficiente rapidez que se requería. Por otro lado, el Congreso de la República ni siquiera consideró seriamente esta propuesta de modo que la pobreza y la desigualdad que impactan de manera más violenta a las mujeres y jóvenes de los sectores populares, no fue enfrentada de manera consistente, de modo que hoy habitamos una ciudad con más pobres y mucho más desigual.

Migrantes

Un segundo tema en el que la alcaldesa López se alejó no sólo de postulados de la ética del cuidado, o de políticas feministas, es su tratamiento a la población migrante venezolana en Bogotá. Varios de sus pronunciamientos públicos reprodujeron posiciones abiertamente xenófobas que son aún más graves dada la autoridad que tiene en un contexto ya de por sí convulso, en tanto para una población agobiada por las necesidades, la incertidumbre, la inseguridad, lo más sencillo e inmediato es culpar de sus problemas y miedos al migrante, al pobre, al diferente.

Tal vez la situación más grave se presentó cuando la alcaldesa anunció la creación de un comando especial para combatir los delitos cometidos por población migrante, reproduciendo el prejuicio según el cual el clima de inseguridad en la ciudad podía ser atribuido a su presencia en la ciudad. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en este contexto que los “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”, ya que de manera arbitraria atribuyen la responsabilidad del incremento en los índices de violencia y criminalidad a personas que con mucha mayor frecuencia son víctimas del prejuicio y la exclusión.

La xenofobia y el racismo son inexcusables. Recibir y atender una ola migratoria es un reto para cualquier gobierno, la cual no se resuelve asumiendo posiciones racistas y xenófobas pero también aporofóbicas, en tanto seguramente migrantes de élite o con grandes capitales son recibidos sin ninguna distinción ni reparo. Las grandes mayorías, sin embargo, que pasan por una situación muy difícil por su pobreza, por tener niños y niñas pequeñas, porque muchas de ellas estaban en embarazo, las han perseguido, estigmatizado y violentado de innumerables maneras y, de hecho, no han recibido un mínimo de atención, albergues, por ejemplo, mucho menos oportunidades de trabajo para alcanzar un mínimo de dignidad.

Protesta social

El estallido social de la juventud colombiana que tomó impulso en noviembre de 2019, y de nuevo se activó en abril de 2021, fue fotografiado, grabado en video y trasmitido en directo y para muchos y muchas fue evidente cómo las autoridades colombianas dieron una respuesta militar a esa expresión política. Las juventudes de sectores populares, estudiantiles, de los grupos étnicos, entre otros, se tomaron las calles para exigir lo mínimo: educación, salud, oportunidades dignas de trabajo y garantías de buen vivir o bienestar y lo que recibieron en cambio fue fuerza letal por parte de la policía, del Esmad, de algunas unidades militares que fueron desplegadas en las ciudades e, incluso, de civiles armados que apuntaron sus armas contra quienes sólo se defendían con los precarios equipos acondicionados por la primera línea.

Esta dolorosa situación ha dejado personas con mutilación ocular, asesinados, víctimas de violencia sexual, desaparecidos/as, torturadas/os, y cada vez más personas enfrentando gravísimos cargos ante autoridades judiciales. Todo esto pasó ante nuestros ojos y está grabado, la juventud lo gritó en las calles y sin embargo la respuesta de la alcaldesa y su secretario de gobierno sólo ayudó a la estigmatización de la protesta social, su reacción fue incluso de instrumentalización de la grave situación con fines políticos, para atribuir culpas y señalar responsabilidades en sus adversarios, sin nunca respaldar a esa juventud que estaba siendo masacrada. Claudia López no señaló en su momento el carácter criminal de los asesinatos cometidos por el Esmad, no denunció las desapariciones, ni las detenciones arbitrarias, tampoco tuvo una voz de respaldo que pusiera en el debate público la legitimidad de los reclamos que se expresaban en la calle y en la plaza pública.

López olvidó que la protesta social es un mecanismo de participación política y que garantizarla forma parte de las bases de la democracia. Solamente meses después, y gracias a un informe validado por la ONU y consultores independientes, se presenta a la opinión pública para ofrecer disculpas por la masacre, pero cuando tuvo que enfrentar y tomar posición prefirió en algunas ocasiones el lado del represor, y en muchas otras el del silencio.


Desprotección a población transgénero

La injusticia social es un entramado de varios ejes de poder que ubican a algunas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ante lo cual el Estado debe tomar medidas mucho más allá de lo mínimo para ofrecerles garantías materiales de vida y de protección frente a la exclusión y la violencia.

Este es el caso de las mujeres transgénero que en su mayoría están condenadas a trabajos peligrosos o estigmatizantes, tanto que se estima que su expectativa de vida no supera los 35 años. Son asesinadas o mueren debido a la desigualdad que les impide gozar hasta de lo mínimo, como un techo, comida o incluso atención médica; es por ello que el caso de Alejandra Monocuco, mujer transgénero fallecida en mayo de 2020, en pleno confinamiento, es emblemático ya que murió ahogada sin recibir adecuada atención médica.

No es posible determinar qué habría pasado de haber sido atendida en condiciones adecuadas, sin embargo este es un grave caso de injusticia social que ni siquiera mereció una reacción inmediata por parte de la alcaldesa dado que Alejandra, como mujer del colectivo Lgbtiq+, merecía algo más que la omisión o la mudez que sólo se rompió luego de la ola de indignación que generó el caso. Lo problemático de esto es que al no tomar medidas para ofrecer garantías de vida dignas a las mujeres transgénero, situaciones de este tipo siguen ocurriendo con frecuencia. Con demasiada recurrencia se registran muertes que parecen no concitar la responsabilidad del Distrito, a pesar de contar desde hace años con una política pública específica para el colectivo Lgbtiq+, y de una política pública de mujeres y equidad de género.


Tratamiento a comunidades indígenas en el parque nacional

Finalmente, hay que señalar lo que ocurre en pleno centro de la capital, en el Parque Nacional, donde entre 800 y 1.000 indígenas han demandado durante meses la atención de los gobiernos nacional y distrital. Sus peticiones de nuevo son por lo básico: salud, educación y vivienda, condiciones mínimas que les han negado históricamente. En este grupo hay al menos 250 niños y niñas que duermen en cambuches de plástico y lonas negras bajo las copiosas lluvias y el frío bogotano.

De acuerdo a las fuentes de prensa consultadas, la mayoría proviene del departamento del Chocó y huyeron de enfrentamientos entre grupos armados. Estas personas han sido desplazadas de sus territorios por la violencia y la incapacidad del Estado para protegerles; han tomado la plaza como último recurso para hacerse visibles ante un país y un gobierno indolentes.

En este periodo de gobierno se han presentado otros actos similares, y aunque de otros lugares han salido sobre la base de negociaciones, parece primar la tendencia reactiva al desalojo. De nuevo la vía policiva se privilegia, por encima del diálogo o la concertación que es descartada cuando se dice frente a la opinión pública que es la terquedad de las comunidades indígenas la que impide la negociación. Estas personas no quieren ir a otro lugar mientras no logren ser escuchados y sus demandas tomadas en cuenta. Posiblemente esta lucha trasciende las posibilidades de un gobierno distrital, pero ofrecer un trato digno y de respeto es posible. Hoy la actitud de la Alcaldía parece ser de indiferencia y está muy lejos de un compromiso ético con el cuidado o con el feminismo.

Más que una declaración de agravios y errores, este escrito pretende generar reflexión entre las feministas ya que el feminismo más que un discurso es una práctica política con la enorme responsabilidad de concretar una política distinta. No por un esencialismo que endilgue bondad o buen hacer a las mujeres, sino porque nos hemos propuesto como tarea la erradicación de todas las formas de injusticia que afectan a las mujeres, sobre todo y con mayor razón a las desposeídas, a las marginadas, a las víctimas del racismo o del heterosexismo. Cada vez más se escucha en las movilizaciones que el feminismo será antiracista y anticapitalista o no será, y esta reflexión pretende que ese lema atraviese los análisis que hacemos y que nos lleve a exigir más a quienes tienen más responsabilidad, y este es el caso de la alcaldesa López.

* Fuente de los datos: Dane, Pobreza y condiciones de vida, Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 2020, publicado 29 de abril de 2021.

 

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 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Cinco asuntos que han estado en la agenda política de la ciudad y que han sido objeto de decisión política por parte de la alcaldesa, y que desde mi punto de vista evidencian su profunda distancia con una postura feminista de gobierno, son el objeto del presente artículo: 1) el avance de la pobreza en la ciudad; 2) sus cuestionables posturas xenófobas hacia la población venezolana migrante; 3) sus reacciones ante el estallido social de la juventud bogotana; 4) su desatención de las mujeres transgénero y, 5) su tratamiento de las comunidades indígenas que actualmente ocupan el Parque Nacional.

Claudia López ganó la alcaldía de Bogotá y de inmediato se presentó como primera mujer alcaldesa de la capital, abiertamente lesbiana, de clase trabajadora e ideológica y políticamente de centro-izquierda (según sus declaraciones al diario El País, 3 de agosto de 2020). Estas características le valieron el apoyo, entre otros, de muchos colectivos y figuras feministas que la vieron como la posibilidad de que el máximo cargo de poder político en la ciudad fuera ejercido por una mujer con un proyecto afin. Esta elección generó esperanza dada la histórica exclusión de las mujeres de la toma de decisión política, pero además, porque Bogotá tiene una larga trayectoria de lucha feminista que ha posicionado las políticas de mujer y género como un asunto central en las agendas del gobierno distrital, de allí que, tener una alcaldesa fuera visto por muchas como un logro sobresaliente de este largo proceso de lucha.

Desde luego, gobernar no es fácil y menos una ciudad de más de siete millones de habitantes, que enfrenta viejos problemas de corrupción, segregación, desigualdad y marginación, y nuevos problemas, en particular la situación inédita de la pandemia causada por el covid-19, que enfrentó a todos los gobiernos del mundo a una crisis, sanitaria, social y económica sin precedentes. Sin embargo, quienes se postulan para gobernar asumen la responsabilidad de lidiar con lo viejo y con lo nuevo, y como muchos y muchas gobernantes alrededor del mundo la alcaldesa tomó decisiones que pusieron en cuestión al menos su compromiso con las mujeres, con los ideales de igualdad o con la justicia social en la ciudad.

Una fractura evidente, incluso, desde antes de la pandemia, cuando sus ideas políticas empezaron a cuestionar sus propios presupuestos de partida. Denominar, por ejemplo, su plan de desarrollo como un nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI fue indicativo de que en realidad su proyecto político estaba profundamente permeado por ideas cuestionadas desde algunas teóricas feministas que han mostrado cómo la metáfora del contrato social oculta que en realidad los pactantes en este tipo de acuerdo son los sujetos investidos de poder y autoridad por el poder político y económico, marginando una vez más a quienes están desposeídas/os y que en realidad nunca han sido reconocidos como pactantes de pleno derecho.

Esto no es un asunto menor. En el infinito mundo de las metáforas políticas proponer de nuevo un contrato social implicó claudicar frente a las lógicas liberales y neoliberales más añejas, al tiempo que colocar sobre la mesa el hecho de que en realidad sus ideas se ubicaban mejor en el centro derecha.

Esos primeros actos de gobierno fueron sintomáticos de una serie de decisiones, posiciones y acciones que han marcado la acción de la gobernante y que deben ser revisados desde una perspectiva crítica ya que el feminismo como campo político debería permanecer en una posición autorreflexiva de modo que sus posturas políticas no caigan en las trampas que pueden llevar a respaldar una gobernante sólo por un asunto identitario casi esencialista sin tener en cuenta cómo un gobierno puede afectar de manera desproporcionada a mujeres de grupos sociales empobrecidos o marginados y a muchos otros colectivos cuyas necesidades, intereses y demandas hacen parte de las agendas feministas. Veámos:

Aumento de pobreza

En su Plan de Desarrollo la alcaldesa incluyó por primera vez un sistema general del cuidado, lo que representó una innovación en tanto reconoce que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres representa una de las expresiones más injustas del orden de género en tanto este trabajo no es reconocido como tal, concentra la mayor parte de su energía y tiempo y pasa desapercibido en las cuentas de la macroeconomía. En cierto sentido un estado que ofrece guarderías, albergues, centros de cuidado de adultos y adultas mayores, y otras infraestructuras de servicios sociales, está cumpliendo su parte en las labores del cuidado y por tanto descarga a las mujeres para que puedan realizar otro tipo de actividades.

En la práctica, sin embargo, la cuestión es más compleja en tanto este tipo de oferta institucional parece más que insuficiente en una ciudad que según el Dane (2021) en el 2020 tenía 3,35 millones de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria (16% de todo el país) y cuyo coeficiente de Gini pasó de 0,498 en 2017 a 0,559 en 2020, lo que quiere decir que Bogotá es la ciudad con mayor desigualdad en el país. Alcaldías como las de Luis Eduardo Garzón, Clara López y Gustavo Petro habían mostrado cómo una importante inversión social permitía obtener notables resultados, como la disminución de la brecha entre ricos y pobres, la disminución de la desnutrición infantil, infraestructura y cobertura en educación infantil, primaria y secundaria, además de un importante red de servicios sociales para llevar salud a los barrios, comedores comunitarios, guarderías y centros día de jóvenes y adultos y adultas mayores, unidades de desintoxicación para adicciones y centros de atención itinerantes para habitantes de calle. Todo esto representó mejoras importantes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pese a lo cual fue desmontado por el posterior gobierno de Enrique Peñalosa quien gobernó de acuerdo a las lógicas del capitalismo trasnacional y para su propio interés, como cuando entregó enormes obras de infraestructura con ventajas totales para los empresarios a costa del erario.

Desde luego, todas las medidas tomadas para controlar la pandemia afectaron de manera negativa sectores claves de la economía lo que se tradujo en desempleo y afectación de los ingresos de miles de hogares bogotanos. Para muchas familias no salir un día a la calle implica no tener recursos para comer, y no se trató de un solo día, las restricciones en la ciudad se extendieron por meses de modo que según lo publicado por el Dane (2021) el 36 por ciento de las personas que habitan en esta ciudad apenas come una o dos veces al día. Sería parcial atribuir la responsabilidad exclusivamente a las medidas de la alcaldía, sin considerar la responsabilidad del gobierno nacional, sin embargo, y según lo realizado por esta administración, se requería un compromiso mucho más decidido de la misma con aquellos para quienes las condiciones materiales han sido históricamente más frágiles y requerían medidas inmediatas para paliar la falta de ingresos, en perspectiva de los cuales las centrales obreras, muchos movimientos sociales, entre ellos el feminismo, una y otra vez demandaron una renta básica que habría protegido a estos sectores sociales.

La misma, como es conocido, es una herramienta de gobierno que parte de la premisa de que toda persona tiene una dignidad humana que debe ser protegida y garantizada, con independencia de las lógicas del trabajo y del mercado, es decir, que es una tarea del Estado en general, y en particular de los gobiernos, en cualquier nivel territorial. Sin embargo el clasismo de nuestro sistema político ha fijado el prejuicio según el cual aquella persona que recibe trasferencias monetarias es un parásito, dependiente y perezoso. Habría que anotar sin embargo, que una renta básica no es un sueldo, no es todo lo que requiere una persona para vivir sino, simplemente, una base que garantiza que no se va a padecer hambre, que va a poder pagar los servicios públicos y poco más. Simplemente garantiza que miles de personas tengan lo mínimo para su subsistencia. Pero, como con muchas otras medidas de protección del Estado, esta fue considerada por los economistas neoliberales como un gasto innecesario, que genera lógicas de dependencia e incluso, de perturbar la libre dinámica del mercado. Lo curioso es que se señala este aspecto y no la evasión de impuestos de los grandes capitales, las inyecciones de capital al sistema financiero e incluso las trasferencias monetarias que se hicieron a las grandes riquezas por parte del gobierno nacional.

La alcaldía de Bogotá en muchos espacios afirmó que había aprobado una renta básica, pero esta no llegó a todas las personas que lo requerían, con el monto que era necesario ni con la suficiente rapidez que se requería. Por otro lado, el Congreso de la República ni siquiera consideró seriamente esta propuesta de modo que la pobreza y la desigualdad que impactan de manera más violenta a las mujeres y jóvenes de los sectores populares, no fue enfrentada de manera consistente, de modo que hoy habitamos una ciudad con más pobres y mucho más desigual.

Migrantes

Un segundo tema en el que la alcaldesa López se alejó no sólo de postulados de la ética del cuidado, o de políticas feministas, es su tratamiento a la población migrante venezolana en Bogotá. Varios de sus pronunciamientos públicos reprodujeron posiciones abiertamente xenófobas que son aún más graves dada la autoridad que tiene en un contexto ya de por sí convulso, en tanto para una población agobiada por las necesidades, la incertidumbre, la inseguridad, lo más sencillo e inmediato es culpar de sus problemas y miedos al migrante, al pobre, al diferente.

Tal vez la situación más grave se presentó cuando la alcaldesa anunció la creación de un comando especial para combatir los delitos cometidos por población migrante, reproduciendo el prejuicio según el cual el clima de inseguridad en la ciudad podía ser atribuido a su presencia en la ciudad. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en este contexto que los “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”, ya que de manera arbitraria atribuyen la responsabilidad del incremento en los índices de violencia y criminalidad a personas que con mucha mayor frecuencia son víctimas del prejuicio y la exclusión.

La xenofobia y el racismo son inexcusables. Recibir y atender una ola migratoria es un reto para cualquier gobierno, la cual no se resuelve asumiendo posiciones racistas y xenófobas pero también aporofóbicas, en tanto seguramente migrantes de élite o con grandes capitales son recibidos sin ninguna distinción ni reparo. Las grandes mayorías, sin embargo, que pasan por una situación muy difícil por su pobreza, por tener niños y niñas pequeñas, porque muchas de ellas estaban en embarazo, las han perseguido, estigmatizado y violentado de innumerables maneras y, de hecho, no han recibido un mínimo de atención, albergues, por ejemplo, mucho menos oportunidades de trabajo para alcanzar un mínimo de dignidad.

Protesta social

El estallido social de la juventud colombiana que tomó impulso en noviembre de 2019, y de nuevo se activó en abril de 2021, fue fotografiado, grabado en video y trasmitido en directo y para muchos y muchas fue evidente cómo las autoridades colombianas dieron una respuesta militar a esa expresión política. Las juventudes de sectores populares, estudiantiles, de los grupos étnicos, entre otros, se tomaron las calles para exigir lo mínimo: educación, salud, oportunidades dignas de trabajo y garantías de buen vivir o bienestar y lo que recibieron en cambio fue fuerza letal por parte de la policía, del Esmad, de algunas unidades militares que fueron desplegadas en las ciudades e, incluso, de civiles armados que apuntaron sus armas contra quienes sólo se defendían con los precarios equipos acondicionados por la primera línea.

Esta dolorosa situación ha dejado personas con mutilación ocular, asesinados, víctimas de violencia sexual, desaparecidos/as, torturadas/os, y cada vez más personas enfrentando gravísimos cargos ante autoridades judiciales. Todo esto pasó ante nuestros ojos y está grabado, la juventud lo gritó en las calles y sin embargo la respuesta de la alcaldesa y su secretario de gobierno sólo ayudó a la estigmatización de la protesta social, su reacción fue incluso de instrumentalización de la grave situación con fines políticos, para atribuir culpas y señalar responsabilidades en sus adversarios, sin nunca respaldar a esa juventud que estaba siendo masacrada. Claudia López no señaló en su momento el carácter criminal de los asesinatos cometidos por el Esmad, no denunció las desapariciones, ni las detenciones arbitrarias, tampoco tuvo una voz de respaldo que pusiera en el debate público la legitimidad de los reclamos que se expresaban en la calle y en la plaza pública.

López olvidó que la protesta social es un mecanismo de participación política y que garantizarla forma parte de las bases de la democracia. Solamente meses después, y gracias a un informe validado por la ONU y consultores independientes, se presenta a la opinión pública para ofrecer disculpas por la masacre, pero cuando tuvo que enfrentar y tomar posición prefirió en algunas ocasiones el lado del represor, y en muchas otras el del silencio.


Desprotección a población transgénero

La injusticia social es un entramado de varios ejes de poder que ubican a algunas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ante lo cual el Estado debe tomar medidas mucho más allá de lo mínimo para ofrecerles garantías materiales de vida y de protección frente a la exclusión y la violencia.

Este es el caso de las mujeres transgénero que en su mayoría están condenadas a trabajos peligrosos o estigmatizantes, tanto que se estima que su expectativa de vida no supera los 35 años. Son asesinadas o mueren debido a la desigualdad que les impide gozar hasta de lo mínimo, como un techo, comida o incluso atención médica; es por ello que el caso de Alejandra Monocuco, mujer transgénero fallecida en mayo de 2020, en pleno confinamiento, es emblemático ya que murió ahogada sin recibir adecuada atención médica.

No es posible determinar qué habría pasado de haber sido atendida en condiciones adecuadas, sin embargo este es un grave caso de injusticia social que ni siquiera mereció una reacción inmediata por parte de la alcaldesa dado que Alejandra, como mujer del colectivo Lgbtiq+, merecía algo más que la omisión o la mudez que sólo se rompió luego de la ola de indignación que generó el caso. Lo problemático de esto es que al no tomar medidas para ofrecer garantías de vida dignas a las mujeres transgénero, situaciones de este tipo siguen ocurriendo con frecuencia. Con demasiada recurrencia se registran muertes que parecen no concitar la responsabilidad del Distrito, a pesar de contar desde hace años con una política pública específica para el colectivo Lgbtiq+, y de una política pública de mujeres y equidad de género.


Tratamiento a comunidades indígenas en el parque nacional

Finalmente, hay que señalar lo que ocurre en pleno centro de la capital, en el Parque Nacional, donde entre 800 y 1.000 indígenas han demandado durante meses la atención de los gobiernos nacional y distrital. Sus peticiones de nuevo son por lo básico: salud, educación y vivienda, condiciones mínimas que les han negado históricamente. En este grupo hay al menos 250 niños y niñas que duermen en cambuches de plástico y lonas negras bajo las copiosas lluvias y el frío bogotano.

De acuerdo a las fuentes de prensa consultadas, la mayoría proviene del departamento del Chocó y huyeron de enfrentamientos entre grupos armados. Estas personas han sido desplazadas de sus territorios por la violencia y la incapacidad del Estado para protegerles; han tomado la plaza como último recurso para hacerse visibles ante un país y un gobierno indolentes.

En este periodo de gobierno se han presentado otros actos similares, y aunque de otros lugares han salido sobre la base de negociaciones, parece primar la tendencia reactiva al desalojo. De nuevo la vía policiva se privilegia, por encima del diálogo o la concertación que es descartada cuando se dice frente a la opinión pública que es la terquedad de las comunidades indígenas la que impide la negociación. Estas personas no quieren ir a otro lugar mientras no logren ser escuchados y sus demandas tomadas en cuenta. Posiblemente esta lucha trasciende las posibilidades de un gobierno distrital, pero ofrecer un trato digno y de respeto es posible. Hoy la actitud de la Alcaldía parece ser de indiferencia y está muy lejos de un compromiso ético con el cuidado o con el feminismo.

Más que una declaración de agravios y errores, este escrito pretende generar reflexión entre las feministas ya que el feminismo más que un discurso es una práctica política con la enorme responsabilidad de concretar una política distinta. No por un esencialismo que endilgue bondad o buen hacer a las mujeres, sino porque nos hemos propuesto como tarea la erradicación de todas las formas de injusticia que afectan a las mujeres, sobre todo y con mayor razón a las desposeídas, a las marginadas, a las víctimas del racismo o del heterosexismo. Cada vez más se escucha en las movilizaciones que el feminismo será antiracista y anticapitalista o no será, y esta reflexión pretende que ese lema atraviese los análisis que hacemos y que nos lleve a exigir más a quienes tienen más responsabilidad, y este es el caso de la alcaldesa López.

* Fuente de los datos: Dane, Pobreza y condiciones de vida, Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 2020, publicado 29 de abril de 2021.

 

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Publicado enEdición Nº287
El modelo de ciudad peñalosista y el gobierno de las elites tradicionales

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Claudia López aseguró que su gobierno sería de las ciudadanías diversas de la Ciudad. Pero, al hacer una revisión de sus secretarías y las juntas de empresas estratégicas del Distrito, lo que se encuentra es un gobierno de las elites tradicionales, que le da continuidad al modelo de ciudad que Enrique Peñalosa impuso en Bogotá en los últimos 20 años y que se la ha entregado a los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales.

 

El primero de enero de 2020, en su discurso de posesión, Claudia López aseguró que su gobierno sería de las ciudadanías diversas, cuyas demandas y aspiraciones legítimas que se habían manifestado en noviembre del 2019 en las calles de la ciudad, en el contexto de la movilización social y popular.

¡Cuánto dista ese discurso de la realidad! Al revisar su gabinete distrital, las cabezas de sus secretarias y las juntas directivas de dos empresas clave, como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), lo que se comprueba es que el de Claudia López es un gobierno de las elites que históricamente han tenido el poder en Bogotá.

Decía Gaetano Mosca, autor clásico de la teoría de las elites, que las mismas gobiernan porque son una minoría organizada frente a una mayoría desorganizada y que deben gobernar porque son mejores que esas mayorías. La Alcaldía de Bogotá no es la excepción a la idea fuerza de Mosca.

Un gabinete distrital de tecnócratas alejados de las ciudadanías

Al revisar al gabinete de Claudia López lo primero que resalta es la continuidad con el modelo de ciudad promovido por Enrique Peñalosa en sus dos alcaldías, además de funcionarios, sin importar el género, que han trabajado en altos cargos del Estado en los últimos 30 años de implementación del neoliberalismo y la política de la muerte a la colombiana.

Durante el primer año de gobierno de Claudia López, la Secretaria de Planeación estuvo en manos de Adriana Córdoba, la esposa de Antanas Mockus. Posteriormente, asumió María Mercedes Jaramillo, probablemente la ex funcionaria de Peñalosa más interesante en función de lo aquí planteado, la continuidad entre las dos administraciones, por su trabajo en Transmilenio y en la constructora Fernando Mazuera interesada en un POT favorable a sus intereses como empresa.

Otros funcionarios clave en el proyecto de ciudad de Enrique Peñalosa, ratificados por Claudia López en su primer año de gobierno, fueron Andrés Escobar, como gerente del Metro elevado, y Felipe Ramírez, como gerente de Transmilenio. Andrés Escobar renunció a la gerencia de la empresa Metro al cumplirse el primer año de López y esta nombró a José Leónidas Narváez, que fue director de Invías en el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de haber contratado con esta entidad más de 200 mil millones de pesos en años anteriores. Leónidas Narváez también fue vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. La alcaldesa también ratificó a Nidia Rocío Vargas como directora del Departamento del Servicio Civil Distrital, a cuya cabeza está desde el 2016.

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la mayoría de los funcionarios de ese gabinete vienen de la Universidad de los Andes y han estudiado posgrados en escuelas norteamericanas y en algunos casos europeas. En sus estudios sobre la captura estatal por intereses privados, Édgar Reveiz destaca el concepto de “elite trasnacional”, un grupo de personas formadas en ciertas universidades de sus países, a las que se accede si se tienen determinados recursos económicos, y que hacen posgrados en universidades del centro del sistema-mundo, para después trabajar en organismos multilaterales como el FMI, el BM o el BID, y que durante sus carreras profesionales circulan por los organismos de decisión económica nacionales, como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

En el caso colombiano también son docentes y consultores, muchos de la misma Universidad de los Andes o de privadas similares como el Externado, la Javeriana y el Rosario. Como investigadores académicos también trabajan para los think tanks de las elites en el poder. En el caso colombiano el principal centro de este tipo es Fedesarrollo. Con frecuencia, esa elite trasnacional puede trabajar en calificadoras de riesgo del sistema financiero mundial.

El principal ejemplo de lo anterior en el gabinete de Claudia López es su secretaria de Desarrollo económico, Carolina Durán. No solo por su hoja de vida académica y profesional, sino además porque debido a su cargo también integra la junta directiva de la ETB. En el mismo sentido está el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés, que fue vicepresidente técnico del Consejo Privado de Competitividad (2007-2009) y que por su cargo no solo es miembro de la junta directiva de la ETB, junto a Durán, sino también de la junta directiva del GEB. En ciertos casos puede configurarse el conocido mecanismo de las “puertas giratorias” entre los sectores público y privado. Por ejemplo, entre los miembros de número del mencionado Consejo Privado de Competitividad están empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el Grupo Valorem de la familia Santodomingo y el Grupo Bolívar, y trasnacionales como Coca-Cola o Bimbo. Dentro de los miembros asociados esta la Andi, la Sociedad de Agricultores de Colombia y consultoras como McKinsey & Company o Universidades como los Andes, la Icesi, el Rosario y Eafit.

 

 

De las conclusiones más interesantes del concepto de elite trasnacional de Reveiz, comúnmente conocido como “la tecnocracia”, es el hecho de que por los títulos que tienen y las universidades de las que son titulados estos funcionarios incorporan una racionalidad en la evaluación de los proyectos implementados por las administraciones públicas que los legitiman ante la opinión pública. Se trata del típico sentido común en donde “el doctor tan estudiado no puede estar equivocado sobre lo que dice que hay que hacer”, aunque esto signifique austericidios o beneficios al capital privado sobre el bien público de nuestras sociedades, ejemplo de lo cual es la decisión de un Metro elevado en su primera línea o como está ocurriendo con el POT. De esa forma, la legitimidad democrática, esto es, la opinión de la mayoría de la ciudadanía, es reemplazada por un supuesto saber técnico apoyado fundamentalmente en credenciales académicas.

Esa clase de racionalidad, muy distante de las necesidades de las ciudadanías que esta Alcaldía dice representar, la encontramos por doquier en sus altos cargos. Otro ejemplo es su secretario privado y jefe de gabinete, Felipe Jiménez Ángel, que fue Consultor de la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando fueron Ministros de Uribe los hoy candidatos presidenciales Oscar Iván Zuluaga, vinculado con la corrupción de la trasnacional Odebrecht, y Juan Carlos Echeverry, asociado al escándalo de Interbolsa.

Las cuotas politiqueras del gabinete de Claudia López

La alcaldía de Claudia López es un gobierno de las fuerzas políticas, sean estas personas particulares dueñas de maquinarias politiqueras, movimientos gatopardistas que en los últimos años han usado el discurso del autodenominado “centro político” para capturar votos de opinión, o partidos políticos tradicionales que han gobernado Bogotá como vehículo de intereses particulares. Ejemplo de maquinarias y clientelismo político es el caso del secretario jurídico de Claudia López, William Mendieta, cuota de Gina Parody. Pero, como puede observarse en el Cuadro 2, no es una excepción.

Dentro de las cuotas políticas en el gabinete de López merece especial mención la presencia de las familias tradicionales de la “oligarquía” criolla. El secretario de Seguridad de López es Aníbal Fernández de Soto, abogado de la Universidad de los Andes1. El padre del secretario de seguridad fue alcalde de Bogotá en el gobierno de Misael Pastrana, durante el Frente Nacional. Su tío, Guillermo Fernández de Soto, fue canciller en el gobierno de Andrés Pastrana. También hizo parte de la junta directiva del Grupo Aval hasta que asumió la representación de Colombia ante la ONU en el gobierno de Iván Duque.

Aníbal Fernández de Soto ha militado en el Partido Conservador desde hace 20 años, haciendo parte de su directorio nacional y distrital. Trabajó como asistente al lado de Frank Pearl, que tiene relación con el Grupo Valorem de la familia Santodomingo, cuando este fue alto consejero para la reintegración y ministro de Ambiente en los gobiernos de Juan Manuel Santos. Fernández de Soto también trabajó como viceministro del Interior de Fernando Carrillo (2012-2013), el cual a su vez estuvo en la nómina de Sarmiento Angulo antes de asumir, posteriormente, la Procuraduría (2017-2021). Igualmente, Fernández de Soto se desempeñó como viceministro de Desarrollo Rural de Rubén Darío Lizarralde en el gobierno de Santos2. Antes de asumir la Secretaría de Seguridad de Claudia López, Fernández de Soto fue director de seguridad del ministerio del Posconflicto de Oscar Naranjo, viceministro de Defensa de Luis Carlos Villegas y vicepresidente de desarrollo sostenible de Ecopetrol.

Claudia López, los carteles de la corrupción y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Francisco Durand sostiene que las corporaciones tienen como principal objetivo reportar ganancias crecientes en las bolsas de valores en las que cotizan sus acciones de manera periódica. Para alcanzar ese objetivo, entre otras cosas construyen modelos de influencia que proyectan sobre las instituciones públicas y estatales.

A propósito del POT vale la pena tener en cuenta que en esos modelos de influencia de las empresas sobre las instituciones públicas pueden entrelazarse prácticas corruptas o de colusión propias de los carteles como es el caso del contexto colombiano. En cuanto a la relación de Bogotá con el departamento de Cundinamarca el personaje clave es César Augusto Carrillo Vega, agente del exgobernador Jorge Rey, denunciado en el pasado por la misma alcaldesa Claudia López como el jefe del cartel del volteo de tierras en la Sabana y, por lo tanto, con intereses en un POT que permita hacer negocios en terrenos de Bogotá, de importancia angular para las constructoras, las inmobiliarias y los banqueros3.

En julio del 2020 la propia Claudia López anunció que Carrillo Vega hacía parte del equipo que facilitaría la concertación del POT de Bogotá con los municipios del departamento de Cundinamarca.

La ETB y el GEB capturados por la politiquería y los intereses corporativos

Al revisar la composición de las juntas directivas del GEB y la ETB, podemos comprobar, por lo menos, la proyección del modelo de influencia de intereses empresariales. El territorio de Bogotá es estratégico para la acumulación de capital, tanto para la economía nacional como para la transnacional. Allí juegan un papel angular esas elites que han gobernado la capital del país históricamente y que hoy gobiernan a través de la Alcaldesa.

Es la captura de las empresas públicas lo que explica la intención de Claudia López de vender otro 9 por ciento de la participación del Distrito en el GEB al capital privado, pretextando la falta de recursos para el desarrollo de políticas públicas, aunque sea una empresa rentable con mucho potencial de crecimiento. La tecnocracia y los modelos de influencia de los conglomerados económicos sobre el Estado operan una racionalización para legitimar la privatización de los bienes públicos.

No se debe perder de vista la participación significativa de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo en el GEB, así como su relación con integrantes clave de su Junta Directiva. En el GEB, la participación de las grandes corporaciones –el Grupo Aval, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) a través del Fondo de Pensiones Protección y los trasnacionales Old Mutual y Colfondos– es del 21 por ciento.

Ignacio Pombo Villar, quien donó 10 millones de pesos a la campaña por la alcaldía de Claudia López, también integra hoy las juntas directivas del GEB y de la ETB. Villar hizo parte de la junta directiva de RV Inmobiliaria con José Antonio Vargas Lleras, hermano de German Vargas Lleras y hoy presidente de la junta directiva de Enel Codensa, con el que el GEB tuvo un conflicto judicial abierto varios años que le hizo perder billones en utilidades.


RV Inmobiliaria es la empresa más grande de Colombia en el sector y administra más de 1 billón en activos inmuebles, principalmente en Bogotá y los municipios de la Sabana. Por lo tanto, es una empresa interesada en el POT propuesto por la alcaldesa Claudia López para regular la construcción en la Ciudad a lo largo de los próximos 12 años.

No todo lo que brilla es oro

Las palabras pueden con todo. Así puede decirse de una funcionaria hábil en comunicación social y astuta en política. Pero la realidad es dura, y las pruebas a flor de ojo de todo el que quiera ver así lo constatan: Claudia López no es una alcaldesa de las ciudadanías indignadas y las mayorías sociales y populares que componen la ciudad de Bogotá, como repite ella en la estrategia de marketing político que la llevó a conseguir el cargo como trampolín para proyectarse en la disputa por la Presidencia de la República en 2026. No es gratuito que Augusto Reyes, de la firma especializada en marketing político Poder y Poder fuera su principal asesor de campaña a la alcaldía, así como lo fue del exgobernador Jorge Rey y de alcaldes involucrados en el volteo de tierras en la Sabana en los últimos años. Tampoco es casualidad que hoy Augusto Reyes sea asesor de la campaña a la presidencia del ex ministro de Salud de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, en la Coalición Centro Esperanza. Tiene que ver precisamente con el papel gatopardista que juega el autodenominado “centro” político en el juego por el poder en Colombia.

En este juego de intereses y de poderes que gobiernan en beneficio de una minoría, el gabinete de Claudia López está compuesto por tecnócratas que tienen como principal privilegio el manejo de información clave para el gobierno de la ciudad y su relación, como capital metropolitana, con el mundo globalizado y el capitalismo depredador contemporáneo. Es un gabinete de continuidad total con el gobierno de las elites en la ciudad y el país, especialmente con mandatarios clave como Enrique Peñalosa. Es un gabinete de legitimación del modelo neoliberal que impera en la ciudad, que excluye a todo lo que no se vea como la elite local ni defienda lo que creen que es de ellos.

Es un conjunto de intereses y realidades que confirman que Claudia López es una mandataria cooptada por los intereses de las elites y los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, que usa un discurso propio de la política del espectáculo para seguir fracturando las potencialidades democratizadoras de los sectores populares de Bogotá y Colombia.

 

1 Aníbal Fernández de Soto reemplazó a Hugo Acero quien se desempeñó como consultor de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de la alcaldía de “Fico” Gutiérrez, que gobernó Medellín entre el 2016 y el 2019 con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez y que se vio involucrado en escándalos con las bandas criminales de la ciudad.
2 Lizarralde fue gerente de Indupalma y está relacionado con la acumulación ilegal de baldíos en los Llanos Orientales junto a su exesposa, la ex ministra de educación María Fernanda Campo.
3 César Augusto Carrillo Vega fue el gerente de la campaña de Jorge Rey, su secretario de gobierno y su candidato a dirigir la CAR. En el momento de la denuncia del concejal Galán era el director de economía rural y abastecimiento alimentario de Bogotá. Hoy es el director de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca creado por el actual gobernador Nicolás García, aliado de la alcaldesa Claudia López y del grupo político de Jorge Rey.

 

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La revisión de los planes ordenamiento territorial: procesos que no avanzan

 

El presente artículo tiene como objetivo hacer una corta reflexión de por qué no avanzan los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, después de 20 años de adopción e implementación.

El POT es uno de los instrumentos de planeación más importante del nivel nacional ya que define “…un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas… que desarrolla aspectos socioeconómicos y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (1). Estos planes deben ser liderados en su formulación por los municipios que cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa (2), en sus manos está orientar el futuro de su terruño (3) y brindar la calidad de vida que necesitan sus habitantes. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (4) les ordena que además de los planes de desarrollo deberán contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales que están recogidos en la Ley 388 de 1997 (5).


La mencionada Ley (6) constituye la génesis que abrió paso a la formulación de la primera generación de POT en el país. Esta norma actualizó y armonizó las disposiciones de la Ley 9 de 1989 con la Constitución Política de 1991 y recogió principios relacionados con la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Ahora bien, el tipo de plan que se debe adoptar se determina de acuerdo con la población de cada municipio. Conforme con la Ley 388 de 1997 se puede formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para municipios con más de 100.000 habitantes; un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; y un Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios con menos de 30.000 habitantes. De los cuales el Programa POT Modernos en el año 2016 identificó que no están vigentes 33 POT, 134 PBOT y 718 EOT (7) estos presentaban escasos instrumentos de gestión y financiación del suelo, inversiones en infraestructura que no correspondían a las dinámicas de crecimiento de las ciudades y deficiente participación ciudadana.

La mayoría de estos planes se debían revisar y ajustar por vencimiento de las vigencias de corto, mediano y largo plazo; por Modificación Excepcional de norma urbanística;
por razones de excepcional interés público o de fuerza mayor o caso fortuito; o 
para habilitar suelo para desarrollar proyectos de vivienda en el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez (8).

Pues bien, de los 1.122 municipios de Colombia, en la actualidad, el 81% de estos 886 cuentan con planes de ordenamiento territorial que superaron su vigencia y requieren actualización (9), según el análisis de la información disponible en las páginas web de los municipios y distritos adelantado por la Federación Colombiana de Municipios, se estableció que en el periodo comprendido entre 2012 a 2019, 494 municipios han adelantado procesos orientados a la contratación que permitan adelantar la revisión de los planes de ordenamiento; sin embargo, se evidenció que solo 150 de ellos han logrado finalizar con la adopción del proceso de revisión respectivo (10).

Entonces siendo los POT la carta de navegación de los municipios que orienta la organización del territorio en el corto, mediano y largo plazo y además armoniza la inversión con los planes de desarrollo ¿por qué no avanzan en sus respectivos procesos de revisión?

Mucho de estos procesos adelantados por el Programa POT Moderno dirigidos por el DNP a través de tres operadores, no lograron su finalización por falta de armonización entre la formulación y la realidad de los municipios sobre los cuales se orientó un proceso de formulación externa, algunos de estos terminó siendo una réplica de planes en serie sin verdaderos estudios de riesgos, sin escenarios de cambio climático, sin una proyección clara de la población y sin participación de los actores en el territorio, sumado a un desinterés de algunos entes territoriales que no alcanzaron a entender el alcance y la oportunidad que les ofrecía este proceso.

En otro tanto, los municipios se han gastado importantes recursos en actualización de expedientes, estudios de riesgos descontextualizados de los temas de cambio climático, en estudios de seguimiento y evaluación, en identificación de las normas urbanísticas que se deben actualizar conforme a las ordenes judiciales que se van acumulando, pero que no logran culminar.

A su vez, se siguen presentando problemas con los procesos de participación que terminan siendo cuestionados como el caso de Fusagasugá y Bogotá. A esto se suma las decisiones políticas que coinciden con dinámicas electorales como es el caso de Bogotá en el 2019 y en peligro de que vuelva a suceder lo mismo en el 2021.

Mientras tanto los municipios y distritos continuaran con planes de ordenamiento desactualizados siendo esta situación aprovechada por urbanistas, constructores e inversionistas que no paran sus negocios, los cuales se siguen sirviendo de la debilidad de la norma, de la baja capacidad institucional y de los pocos instrumentos de control ante el vacío de verdaderos instrumentos de planificación.

 

1 El concepto de ordenamiento del territorio municipal y distrital lo define el artículo 5 de la Ley 388 de 1997.
2 Artículo 311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994
3 Con base en: J. Carrizosa Umaña concepto utilizado en donde define que, en la historia de nuestras regiones y su gente, a través del tiempo van construyendo vivideros o “terruños” Colombia Compleja (2014) Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
4 Ley 152 de 1994: por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
5 Artículo 9 de la Ley 388 como: “…el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. 
6 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/presentaciones/lanzamiento%20territorios%20modernos.pdf
8 Decreto 1077 de 2015
9 CONPES 8870 de 2016
10 Considerando del Decreto 1232 de 2020 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

*Abogada integrante del grupo de investigación Procesos Urbanos Hábitat e Informalidad de la Universidad Nacional de Colombia.

 

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Retos de los movimientos sociales ante el problema urbano

Las transformaciones vividas por los espacios urbanos dan paso a la expresión de nuevos movimientos y reivindiaciones sociales. Aquí una mirada panorámica a esa realidad.

 

El proceso de globalización ha subordinado todas las relaciones sociales, económicas y políticas configurando nuevas realidades no sólo económicas y culturales sino también espaciales, que inciden en las formas organizativas y configuran un entramado en el que la ciudad, con su espacialidad, cultura y reivindicaciones, vive un sinnúmero de cambios que impactan los contenidos, formas de hacer y proyecciones de los movimientos sociales.

Los cambios que corresponden a la ciudad y el movimiento social en los últimos cuarenta años van desde los barrios autoconstruidos y sus diferentes formas de organización –Juntas de Acción Comunal JAC, movimientos cívicos y de protesta–, hasta las urbanizaciones de construcción vertical que muestran otro tipo de formas de rentabilizar el territorio por parte de las empresas constructoras de vivienda y, con ello, despiertan otros conflictos y otras maneras para el actuar social y político.

Son cambios que también tienen tiempos específicos. La aplicación del modelo neoliberal en Colombia a partir de 1991, valga retomar, marca un punto de inflexión que define nuevas realidades para las expresiones sociales que buscan transformar sus condiciones de vida y/o configurarse en alternativa política. Por ejemplo, en los años 80 y 90, en los barrios populares se dieron luchas por la vivienda y los servicios públicos domiciliarios, pero luego de esas décadas en el conjunto de la sociedad comenzó a primar una visión neoliberal que, en lugar de cuestionar críticamente la situación social y sus causas, acepta que el asunto de los servicios y derechos sí puede recaer en la responsabilidad individual, una negación de derechos que también renuncia a la revisión de las causas estructurales que ocasionan la desigualdad social que reina en el país, y con ella, el marginamiento espacial de amplios grupos sociales; una negación que no se preocupa en forma debida por las soluciones para superar tal realidad.

Son tiempos en los que se transforma el espacio urbano, por ejemplo, toman forma los centros comerciales y urbanizaciones, lo que implica otra valoración de los espacios de encuentro y de consumo, relegando poco a poco el sentido de lo público y propiciando nuevas realidades en las que priman los conflictos entre vecinos. Igualmente, se suscitan cambios en la forma como se administran los espacios públicos y colectivos, imponiéndose una lógica neoliberal y coercitiva que impide apropiaciones más sociales y colectivas, con lo que se desconocen aspectos básicos de la Constitución del 91, como los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ejemplo paradigmátaico de ello son, sin duda, muchas de las medidas tomadas durante los años 2000 de cerramiento y apropiación de zonas de cesión públicas por parte de los conjuntos residenciales.

En este devenir, y tomando en consideración la diversidad misma del país y la configuración de la ciudad, es que toman forma y prolifera gran variedad de movimientos sociales, expresión de nuestras realidades culturales, ambientales, de salud, educativas (estudiantiles), deportivas (barristas), comunales, entre otros; incluso, movimientos de un corte más poblacional comienzan a surgir para reivindicar luchas concretas y de reconocimiento social y político como los de jóvenes, mujeres, adultos mayores, grupos étnicos, Lgtbiq. Toda esta amplia gama de expresiones busca tener incidencia en la vida de la ciudad y en las políticas públicas.

La articulación alrededor de problemáticas socioambientales ha sido una característica importante en las primeras décadas del siglo en curso, como las mesas de trabajo por parte de la comunidad. Ejemplos más concretos, para el caso de Bogotá, son la Mesa Cerros Orientales, Mesa de la cuenca del Tunjuelo, la Mesa por el cierre del relleno Doña Juana, así como experiencias en la Comuna 8 en Medellín, todos, espacios que han ganado legitimidad y han obligado a las instituciones a concertar con las comunidades las políticas que afectan sus territorios.

Es una historia en la que, en los últimos 30 años, el movimiento social urbano crece de manera paulatina en sus formas de protesta. Por ejemplo, los paros de los años 90 en Bogotá, como el de Ciudad Bolívar –1993–, Kennedy –1996–, caracterizados por ser convocados por comités cívicos, con reivindicaciones muy puntuales, con un fuerte liderazgo de sectores comunales, paros con varios días de duración, y asediados por una fuerte represión y militarización de los barrios.

Como parte de esta constante, el 9 de marzo de 2012 se presentó un paro promovido por usuarios del Transmilenio, en el que se bloqueó toda la ciudad, y que, a pesar de la aparición de los perfilamientos, logra la rebaja y el congelamiento de las tarifas de transporte. En los últimos años, a nivel nacional, los paros han adquirido un mayor componente urbano, incluido el primer paro campesino –2013– en el que la sociedad en su conjunto se solidarizó con sus reivindicaciones.

Las expresiones de descontento en las principales ciudades como Cali, Medellín Bogotá, durante los últimos años, se caracterizan por la movilización y protesta descentralizadas, en los territorios periféricos, alejados de los centros de poder, evidenciando las características de las urbes colombianas, tales como la segregación socio-espacial, el desarrollo de ciudades expandidas y clasistas. También se caracterizan por su atomización, por la falta de una mayor articulación que recoja las aspiraciones del movimiento urbano y su configuración como sujeto político.

El reciente estallido social (abril-junio) revela un componente más popular en las protestas juveniles y de mujeres, con reivindicaciones generales que incluyen temas de equidad, justicia social, entre otros. Los paros van creciendo en el número de días de resistencia y en cantidad de participantes; los estudiantes comienzan a retomar las calles, a hacer presencia en diferentes zonas de las urbes, desarrollando proyectos concretos con una visión de transformación de relaciones y problemáticas concretas, llegando a ganar legitimidad entre los pobladores más disímiles y sumándose a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras. Sin embargo, estas últimas, a pesar de su capacidad de interlocución con el establecimeinto, no alcanzan a conducir y representar a los sectores que participaron masivamente en las protestas y movilizaciones.

Un proceso en el cua surgen nuevas formas organizativas, como las primeras líneas, ollas comunitarias, grupos de DDHH, de comunicación, salud, jurídicos y expresiones culturales que se apropian de los territorios, disputándolos simbólicamente, generando nuevos escenarios que traen consigo la construcción de identidades y nuevas subjetividades, al igual que realidades políticas y retos por superar.

 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el movimiento social en Colombia?

 

El primer gran reto obedece a la articulación de las luchas sociales y movimientos agrupados en ellas. La “unidad”, como suelen ser entendidos los procesos, no logra superar coordinaciones que, por diferencias políticas o ideológicas, no alcanzan la construcción de puntos programáticos. Es necesario superar esquemas heredados que no han sido evaluados y que, a todas luces, no dan respuesta a las necesidades del momento. Las Ciencias Sociales, desde los años sesenta han tenido inmensos desarrollos que no han sido tenidos en cuenta o, en el peor de los casos, no se conocen.

En este sentido, parafraseando a Chantal Mouffe, “Construir una voluntad colectiva exige dinámicas que pongan el acento en la construcción de sujetos, en el papel de la práctica política como generadora de cultura y la configuración de nuevas subjetividades que sean capaces de colocar nuevos “límites al mundo” y cimentar la base para una ideología que de cuenta de la transformación social por medio de la hegemonía y una nueva dirección política y moral”. (Labastida, 2011, p. 143 y 144).

Afortunadamente, para el movimiento social en Colombia, las protestas y los procesos de movilización, desarrollados durante estos dos últimos años, ponen de manifiesto la acción colectiva y los procesos de conducción autónomo que configuran esa “voluntad colectiva” y que han dado paso a nuevos protagonismos que, lamentablemente, se encuentran aislados de los desarrollos de las ciencias sociales y de las luchas políticas libradas en otras partes; lo cual configura un segundo reto, que es la apropiación de los desarrollos teóricos y académicos generados al lado de innumerables procesos sociales en todo el globo.

A propósito de esto, vale la pena reconocer el papel de profesionales y personas que han accedido a la educación y que hoy, desde diferentes espacios, acompañan procesos sociales en todo el país; sin embargo, la participación y acompañamiento son insuficientes; es necesario difundir de manera más amplia y continúa el estudio y la reflexión entorno a la obra, por ejemplo, de Orlando Fals Borda, el pensamiento decolonial y a los estudiosos de la obra de Gramsci, entre ellas a Chantal Moffeu y feministas como Judith Butler.

En otro plano, y como reto, es necesario definir objetivos políticos concretos y, entre muchos caminos, están los planes de vida que recogen los objetivos sociales que se han trazado las comunidades, para que sea el movimiento social el que determine el ritmo y la agenda política a las organizaciones políticas, porque la crisis generalizada de las instituciones y las formas tradicionales de hacer política no han dado salida a las expectativas de una sociedad que ya ha comenzado a avanzar.

La actual crisis económica y las convulsiones sociales de estos últimos años permiten ver que “los hombres toman conciencia de sí mismos y de sus tareas” (Labastida, 2011) y que, sólo asumiendo un papel protagónico y con nuevos actores se podrá consolidar una dirección política y moral que sea capaz de ser articuladora y representante de las más variadas expresiones de lo que es hoy la ciudad y el país.

Quedan sin mencionar diversos temas, pero uno de ellos radica en la pegunta de si las instituciones son el camino válido o no para el movimiento social.

En Latinoamérica quedan claras las apuestas y, en ese debate se encuentran tanto el mundo social como las miradas que sobre el qué hacer presentan diversos investigadores sociales o políticos. Debates, busquedas, construcciones, que con independencia de las opciones elegidas, reconocer que serán los movimiento sociales, los encargados de marcar los avances y cambios que la sociedad necesita.

 

Bibliografía

Labastida Martín del Campo, Julio. 2011.Hegemonía y alternativas políticas en América Latina Seminario de Morelia Hegemonía y Alternativas Políticas en América Latina. México, D.F Editorial siglo XXI.

 

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Domingo, 28 Noviembre 2021 13:21

¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?

¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?

En este artículo presentamos algunos elementos que aportan al debate sobre las dificultades del derecho a la ciudad para determinados territorios ubicados en el sur de la ciudad de Bogotá.

En el marco de la propuesta reciente de POT elaborado por la actual administración distrital se han renovado discusiones sobre el derecho a la ciudad en Bogotá y las dificultades impuestas a ciertos territorios para ejercerlo. La organización espacial de la ciudad, enteramente mercantilizada, facilitada (y a veces estimulada) por el Estado y las administraciones, le han dificultado el acceso espacial a la oferta de servicios, equipamientos e instituciones a sectores desfavorecidos arrojándolos a las periferias cada vez más contaminadas y sobrepobladas.

Como es de conocimiento público, Bogotá tiene una profunda desigualdad socioeconómica materializada en el espacio: la inversión inequitativa de capital en el espacio producto de la desigualdad en la distribución de ganancia ocasiona segregación socio-espacial. En otras palabras, la segregación socio-espacial está relacionada profundamente con el modelo de acumulación capitalista y con la desigualdad socioeconómica que de éste se desprende y supone.

En El Capital en el Siglo XXI (1), Piketty diferenció entre riqueza e ingreso: mientras las clases más bajas producen ingresos por la venta de la fuerza de trabajo, las más privilegiadas gozan de otras fuentes adicionales para generar riqueza: ingresos por rentabilidad de activos, ya sea por intereses en bancos, bonos y rentas como accionista de empresa, dueño de inmuebles, etcétera. Si bien existen agudas desigualdades por ingreso, para Piketty es la riqueza la determinante de la desigualdad en una sociedad, la cual, como sabemos, se materializa en el espacio.

Para el caso de la capital colombiana, algunos territorios dentro de su zona urbana aportan la mano de obra y los recursos naturales que son utilizados por los sectores ricos de la misma ciudad para continuar en la carrera acumulativa, sin hacerle justicia a la riqueza extraída de los otros territorios. Para nadie es un secreto que localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Kennedy, aportan el grueso de la fuerza de trabajo de la ciudad, la cual es aprovechada por otros territorios ubicados sobre la estructura socioeconómica de la ciudad y sus alrededores, donde, además, se concentran los equipamientos, la oferta de servicios y la presencia de las instituciones.

A su vez, estas localidades son depositarias de las mayores cargas de contaminación ambiental de la urbe, problemática de la que por lo observado, es ejemplo, específicamente el sur y sur-occidente de Bogotá, no solo por la ubicación del Relleno Doña Juana en la localidad de Ciudad Bolívar, o los proyectos mineros –como el de Cerro Seco–, sino porque las principales fuentes de emisiones contaminantes se localizan en sus áreas sur y sur-occidente, como lo resalta el estudio que adelantan investigadores de la Universidad de La Salle, enfocado en la calidad del aire y del agua de las cuencas de los ríos de todo el Distrito.

Problemática con respecto a las calidades del aire, medidas en PM 2.5, o materia particulada de diámetro igual o inferior a 2,5 micras, que evidencia la existencia en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar de una concentración de partículas por encima de lo recomendado en los estándares internacionales. Esta realidad también ha sido evidenciada por un estudio publicado por Greenpeace Colombia en septiembre de 2020 y que deja en claro que “la polución atmosférica le ha costado a la ciudad más de 4 billones de pesos, y la cual fue responsable de la pérdida de 3.900 vidas en lo que va del año”.


Una realidad que, al enlazarla con la densidad poblacional por UPZ, nuevamente muestra que zonas como Patio Bonito en Kennedy y las UPZ circundantes están dentro de las más densas de Bogotá, llegando a índices de densidad poblacional similares al que registran las ciudades más sobrepobladas del continente asiático.

Por otro lado, con respecto a la calidad del agua, de las cuatro principales cuencas de la ciudad, en el mismo estudio se realizó un muestreo, en cuatro tramos a lo largo de los ríos. En los resultados se encuentra que las cuencas del Río Fucha y Tunjuelito en el tramo 4, a la altura de las localidades Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, tienen un nivel de contaminación como en ningún otro tramo de ninguna otra de las cuencas de los ríos de la capital del país. Todo esto, sumado a que su zona sur no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Mientras que la PTAR Salitre, que descontamina el agua residual desde la calle 26 hacia el norte, está a punto de ser entregada a la CAR y al Acueducto de Bogotá, a pesar de que descontaminaría tan solo el 30 por ciento del agua residual de la ciudad. Por su parte, la PTAR Canoas, que aún se encuentra en etapa de diseño, sin aplicarle le la celeridad requerida, descontaminaría el 70 por ciento excedente de las aguas correspondientes a las provenientes del sur de la ciudad, incluyendo las del municipio de Soacha.

Como fue anotado, los niveles de contaminación medio ambiental se concentran en el sur y suroccidente capitalino, recibiendo residuos de diverso tipo, materiales y otros que provienen de variadas fuentes, y, aun así, parece existir una prelación del Distrito y sus instituciones por los problemas ambientales del centro y norte bogotano. Prevalencia que desconoce, además, y por ejemplo, déficits de árboles y espacio verde en UPZ como Bosa Occidental, Corabastos o Kennedy Central en las que, según los datos del Ministerio de las TIC, la cantidad de metros cuadrados de área verde son: 1,69 m2, 3,22 m2, y 3,45 m2 respectivamente, a pesar de que la OMS recomienda entre 9 y 11 metros cuadrados por habitante, es decir, en algunas UPZ hay un déficit de más del 400 por ciento.

Finalmente, pero no menos importante, preocupa que los grandes proyectos urbanísticos –como el de Reverdecer del Sur–, tiendan a densificar estos territorios, agravando su problemática y socavando la calidad medio ambiental de unos territorios que a su vez cuentan con altos índices de población con necesidades no satisfechas.

En ese marco, ¿cómo hablar de derecho a la ciudad si existe una clara relación extractivista y neocolonial hacia el sur, de donde extraen la fuerza de trabajo y los recursos? ¿Cómo hablar del derecho a la ciudad cuando gran parte de su población es depositaria de las peores condiciones ambientales, de vivienda, de acceso a equipamientos, servicios e instituciones del Estado, a expensas de otros territorios privilegiados?

Un instrumento de ordenamiento territorial, como el POT, debería, por tanto, hablar de injusticias ambientales, injusticias económicas y socio-territoriales, para no continuar con la tendencia de perpetuar el ordenamiento territorial que estipula el mercado de acuerdo con sus intereses. Continuar por esta esta vía es la garantía para profundizar la segregación socio-espacial, con lo cual el derecho a la ciudad continuará siendo privilegio de muy pocos, y no un derecho.

 

Bibliografía:
Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (2016). Primer Reporte técnico de indicadores de espacio público. Observatorio de Espacio Público. Disponible en: primerreporteindicadores.pdf (dadep.gov.co) Consultado el 27 de septiembre de 2021.
Greenpeace Colombia. 2020. La contaminación del aire en Bogotá provocó 3900 muertes en lo que va del año. Página oficial Greenpeace Colombia. Disponible en: www.greenpeace.org/colombia/noticia/uncategorized/la-contaminacion-del-aire-en-bogota-provoco-3900-muertes-en-lo-que-va-del-ano/ Consultado el 29 de octubre de 202.
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. (2019) Informe APH. Árboles por habitante. Oficina de Arborización Urbana. Disponible en www.orarbo.gov.co/
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. (2018) Espacio público verde por habitante por UPZ. Datos abiertos Colombia. Disponible en: https://www.datos.gov.co/widgets/276j-m5rd. Consultado el 27 de septiembre del 2021.
Piketty Thomas. [2013]2014. El Capital en el siglo XXI. Editorial S.L. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid.

 

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El derecho al saneamiento básico como derecho a la ciudad

El propósito de este escrito es resaltar el derecho fundamental al saneamiento básico; un derecho poco conocido, poco aplicado por las Autoridades y poco exigido por la ciudadanía.

El derecho al saneamiento básico consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política (CP) señala: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. [...] Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad […]”.

La CP, justa y justificadamente, en el mismo artículo, proclama el derecho de las/os/es colombianas/os/es a la salud y al saneamiento ambiental o básico, porque son estrictamente anudados. El saneamiento ambiental básico comprende acciones técnicas y socioeconómicas, que implican, entre otras, el manejo sanitario del agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, residuos orgánicos, como las excretas, los residuos alimenticios, los desechos peligrosos, los desechos procedentes de los hospitales, de los laboratorios, que pueden ocasionar contaminaciones e infecciones, y el manejo de las emisiones a la atmósfera, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud.

Bogotá, una metrópoli de más de 7 millones de habitantes, garantiza agua potable a su población, pero no garantiza un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial completo y eficiente en toda el área urbana, menos en el área rural, y tampoco garantiza el tratamiento de las aguas residuales, es decir, vierte directamente a los cuerpos hídricos las aguas residuales sin ningún tratamiento. En pleno siglo XXI, le correspondió a la Sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo del 2014 –sobre el saneamiento y la recuperación de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y sus afluentes–, imponer al Distrito Capital la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales –PTAR–, porque las Autoridades competentes, una vez más, no han cumplido la función que la CP les asignó de amparar un derecho fundamental, como el derecho a la salud y el conexo derecho a un sistema de saneamiento básico eficiente y eficaz.

La única planta de tratamiento de aguas residuales en Bogotá, activa desde noviembre de 2020, todavía en régimen de prueba, la –PTAR– Salitre, realiza el tratamiento de solo el 30% de todas las aguas residuales de la ciudad, con un trato solo de tipo secundario para degradar el contenido biológico del agua residual procedente de los desechos orgánicos de residuos humanos, de alimentos, jabones y detergentes; mientras que, para cumplir con los estándares fijados para la calidad del agua, antes de descargar el residual en el ambiente, en los mares, ríos, lagos, campos etc., debería darse con un tratamiento de tipo terciario, que reduce la carga contaminante de las aguas residuales, permitiendo el vertimiento a cauces naturales y su reutilización como recurso hídrico alternativo una vez tratadas.

 

 

El restante 70% de aguas residuales de Bogotá serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas residuales denominada PTAR Canoas, cuya construcción también fue ordenada por la citada Sentencia, conocida popularmente como la Sentencia del Río Bogotá. Esta planta, todavía está en diseño, e iniciará las operaciones tan solo dentro de 5 o 6 años.

Otra grave violación al artículo 49 de la Constitución Política y su desarrollo normativo lo constituye el relleno sanitario Doña Juana, el principal vertedero de residuos sólidos de Bogotá, ubicado en el sur de la ciudad, y el que, desde hace muchos años, se encuentra en crisis por sus múltiples problemáticas, que afectan la salud y la vida de sus vecinos de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.

Como es conocido, las diferentes administraciones distritales no han podido –o no han querido– encontrar una real solución alternativa para la disposición final adecuada y correcta de las más de 7.500 toneladas diarias de basura producidas en Bogotá. Periódicamente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca amplía la capacidad de este relleno, resultando difícil entender cómo esto sea posible, respetando cabalmente los lineamientos técnicos y sanitarios específicos de un relleno sanitario. Por ello, las comunidades asentadas en sus alrededores sostienen que no es un relleno sanitario sino un basurero.

Una realidad con prolongación en la inexistencia de una consciencia ciudadana abierta a la cultura del reciclaje, actividad relegada a las/os/es recicladoras/es o recuperadoras/es ambientales, quienes, a pesar del cambio del nombre, son considerados un grupo al margen de la sociedad, aunque gracias a su trabajo se reciclan cerca de 1.200 toneladas de residuos, disminuyendo un poco la carga de basura enterrada en el relleno sanitario.

Los residuos sólidos, una vez enterrados en las 596 hectáreas del Doña Juana, desaparecen a la vista, pero siguen existiendo, contaminando y dando paso a una problemática que afecta a millones de personas del sur de la ciudad. Ejemplo de ello, lo acaecido el 27 de septiembre de 1997, cuando una acumulación de lixiviados y gases provocó un colapso y el derrumbe de más de 500.000 toneladas de residuos que se depositaron sobre el Río Tunjuelo, afectando gravemente a la población asentada en sus alrededores. Otros grandes derrumbes acontecieron en los años 2015 y 2020. Además, de estos graves y peligrosos accidentes, las emisiones de gas sulfhídrico, gas metano, amoniaco, vapores de azufre y la presencia de roedores e insectos afectan cotidianamente la salud de las/os/es ciudadanas/os/es vecinas/os/es de este relleno, que padecen de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, entre otras.

Este breve texto evidencia dos problemáticas relacionadas con el saneamiento básico y la grave situación presente en Bogotá. El derecho fundamental al saneamiento básico está interrelacionado ineludiblemente con el derecho fundamental a la dignidad humana. Dar cumplimiento a la normativa nacional sobre el saneamiento básico no es solo construir grandes tanques en los que tratar el agua, no es manejar correctamente los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, no es solo instalar tuberías bajo la tierra, que ninguno aprecia y por lo tanto no proporcionan votos al político de turno. Acatar el derecho al saneamiento básico, amparado por la Constitución Política, significa proteger el derecho a la salud de la población y prevenir riesgos y enfermedades, causadas por las carencias de un sistema de saneamiento básico eficaz y eficiente.

La actual pandemia provocada por el virus Sars-CoV-2 es una alerta más para reflexionar sobre la necesidad de reivindicar el derecho al saneamiento básico.

 

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Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: Observaciones frente al POT y la Ley Orgánica

El derecho al territorio a escala regional es fundamental en estos momentos. Los planes y esquemas de ordenamiento territorial no dialogan entre ellos y no llegan a una escala más allá de la municipal. Además, el proyecto de Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca que, si bien, es fundamental para impulsar una figura regional, genera muchas dudas e incertidumbres frente a la participación, decisión e incidencia de la ciudadanía y los entes territoriales.


Con el trasegar histórico las dinámicas de los territorios se transforman y propician, entre otros, inéditos intercambios económicos, sociales, culturales, aspectos que componen, consolidan y generan nuevas relaciones que dan identidad a un lugar.


Bajo esta premisa, es posible pensar que el territorio se entiende como un fenómeno multidimensional y multiescalar, así como las calles se relacionan con el barrio o con la ciudad para comprender un todo. Sucede, ahora, lo mismo con la ciudad: ya no basta con entenderla como una figura administrativa únicamente, incluso tampoco desde una mirada centrada solo en la zona urbana que desconoce lo rural; por el contrario, es necesario abordarla desde una lente abierta y comprenderla desde los desarrollos de sus relaciones con las dinámicas en escalas mayores, como las regionales, en las que, aparte de comprender el entorno urbano y rural de una ciudad como Bogotá, se generan relaciones con otros entes territoriales como los municipios, ciudades y hasta departamentos, estableciendo una dimensión espacial en la que se remarcan diversas dinámicas de configuración territorial.


Igualmente, la ciudad no debe entenderse como una figura únicamente administrativa, tampoco, desde una mirada centrada solo en la zona urbana que desconoce lo rural; por el contrario, debe comprenderse desde la manera como se desarrollan sus relaciones con las dinámicas en escalas mayores, como las regionales, en las que, aparte de entender el entorno urbano y rural de una ciudad como Bogotá, se generan relaciones con otros entes territoriales como los municipios, ciudades y hasta departamentos, estableciendo una dimensión espacial en la que se remarcan diversas dinámicas de configuración territorial.


Si comprendemos lo anterior desde la figura del Derecho al Territorio, superando la mirada del Derecho a la Ciudad, observamos cómo debe retribuirse, a quienes habitan la región, una serie de derechos de movilidad, goce, vivienda, servicios, equipamientos, ambientales, entre otros, para lo cual es preciso implementar un desarrollo colectivo a escala regional que garantice una buena calidad de vida a todos sus habitantes. Sin embargo, esta misma premisa empieza a ponerse en duda al observar los instrumentos del ordenamiento territorial de las diferentes entidades administrativas, ya que la mayoría no dialoga con las demás, lo que termina impactando el desarrollo sobre sus propias espacialidades, al no trabajar de manera conjunta las dinámicas comunes con los territorios vecinos.


Asociatividad regional


La una nueva figura administrativa regional denominada Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, tuvo origen con el Acto Legislativo 02 de 2020, que modificaba la Constitución Nacional, creando una entidad de asociatividad regional de régimen especial a la que se podrán vincular los municipios, la gobernación de Cundinamarca y el Distrito Capital. Este acto legislativo, ordena al Congreso expedir una Ley reglamentaria de la figura aprobada, que se encuentra en trámite en la legislatura, y hasta el momento, ha sido aprobada en las comisiones primeras de cámara y senado, quedando pendiente la resolución en las sesiones de plenarias.


Desde la mirada de la ciudad de Bogotá, establecida en la Propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en este momento, también en debate en el Concejo de Bogotá, se evidencian ciertos proyectos e ideas de incidencia regional relacionados con los temas ambientales, de movilidad, servicios, vivienda, entre otros, de los cuales resaltan: las apuestas de Cables Aéreos y sistemas férreos regionales -Regiotram- que buscan conectar estas espacialidades, reducir los tiempos de desplazamiento y hacer más cómodo y efectivo el intercambio continuo de población de estos territorios, ya sea para temas laborales, académicos, de ocio, entre otros, considerado como un gran avance regional.


Igualmente,es positivo el espíritu normativo en torno al cuidado de la cuenca del río Bogotá, los bordes urbano-rurales, los cerros orientales y el páramo, como espacios naturales que se correlacionan, buscando preservar y cuidar la conectividad ecosistémica de territorios fundamentales en términos regionales, más aún, frente a las dificultades y desafíos de la crisis climática actual.


Un último aspecto destacable, teniendo en cuenta que quedan otros de la escala regional relacionados en el articulado que aquí no se van a tratar, es el tema de la vivienda, ya que,el proyecto de POT, busca densificar la ciudad, generando otro tipo de tratamientos que permitan una ciudad más compacta, evitando su expansión hacia la región.


Sin embargo, desde una mirada crítica y analítica sobre estas propuestas, es preciso señalar algunos aspectos sensibles: en primera instancia, retomando la denominada figura de Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es evidente una total ausencia de la participación ciudadana en la construcción y trámite de la propuesta, no se ha promovido una consulta ciudadana para establecer si, realmente, los diferentes actores territoriales están o no de acuerdo con este proyecto de ley. En segundo lugar, la figura, como está concebida actualmente, tiene reparos ya que atenta contra la autonomía de los municipios, pues, si bien indica que los que deseen adherirse tendrán voz y voto, las decisiones siempre deben contar con la aprobación del distrito capital y del departamento de Cundinamarca, o de lo contrario no serían aprobadas; por lo que termina imponiendo las decisiones de dos entes y sometiendo a los demás asociados.


Por su parte, en la propuesta de POT encontramos algunas ambigüedades: si bien en su espíritu, la propuesta busca no afectar la estructura ecológica regional, se incluyen proyectos como Lagos de Torca o Reverdecer del Sur, sin nombrar otros de la escala de las Actuaciones Estratégicas, que terminan afectando la dinámica de la ciudad y desdeñando la idea de ciudad compacta. Por el contrario, dichos proyectos incitan a extender la ciudad, afectando los ecosistemas regionales y las relaciones con las entidades circundantes, pues, impactan los bordes, y generan una mayor presión para la urbanización en esos territorios, afectando su vocación de preservación ambiental.


Finalmente, es preciso abordar un aspecto determinante, relacionado con el crecimiento urbano, la conurbación y las sobrecargas en las dinámicas de intercambio en la región. Si bien, está relacionado con los mencionados proyectos de renovación urbana, al revisarlos desde la perspectiva de los municipios circunvecinos, aspectos como la movilidad y la proyección de la cantidad de viviendas, provocan diversos escenarios, entre los que se mezclan tanto el acceso a la segunda vivienda, como el aumento cada vez más considerable de la población, así como su desplazamiento hacia los municipios aledaños buscando mejores condiciones de costos para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta los crecientes precios en la ciudad. Esta dinámica termina provocando un crecimiento urbanístico desbordado en los municipios aledaños para cubrir la demanda de vivienda de la población que empiezan a recibir; situación que termina impactando sus territorios y afectando la vida cotidiana, no solo de cada uno de estos municipios, sino de la región en general.


Con todo esto, es importante decir que para, realmente, hacer efectivo un derecho al territorio, lo primero es promover un proceso departicipación real e incidente que incluya a todos los diferentes actores territoriales. Con esto, se aboga para que se considere, no solo al ciudadano de a pie, sino que también, implica construir procesos y escenarios horizontales, que incluyan las voces de los municipios y los diferentes entes territoriales afectados por la nueva ley orgánica, para entender, comprender e incluir sus posturas e intereses, para que, en la escala regional, todos los actores tengan el mismo nivel de poder y decisión.


También, es fundamental que los instrumentos de ordenamiento territorial dialoguen entre sí, que no deben circunscribirse a la figura invisible de unos límites territoriales, sino que cada uno de los territorios y actores entiendan que no se deben única y exclusivamente a su espacio administrativamente delimitado, sino que, además, deben responder a las dinámicas de todo tipo generadas en sus relaciones con los territorios vecinos. Por lo tanto, al establecer elementos comunes y de acuerdo en la escala regional, desde la adopción de figuras e instrumentos de planeación, se facilitará dialogar y acordar sobre todos los aspectos comunes físico-espaciales y territoriales de la región.


De momento, reconociendo la generalizada inquietud sobre la prevalencia de los intereses particulares sobre los generales, y sin entender la sordera y ceguera de la institucionalidad para disponerse a encontrar consensos; surge la pregunta, con esas condiciones ¿cómo se podría garantizar un derecho al territorio para la región?

 

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Publicado enEdición Nº286
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