Miércoles, 07 Febrero 2018 06:40

Santos recibe señales mixtas

Santos recibe señales mixtas

Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que “se ríen de los EE.UU.”

 

El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson visitó ayer la capital colombiana con la misión de reasegurar al gobierno de Juan Manuel Santos de que Washington sigue comprometido con la lucha contra el narcotráfico y el proceso de paz en el país sudamericano, informó el diario The Los Angeles Times. En contraste, el presidente Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que, según él, “se están riendo de los estadounidenses”, al llevarse el dinero de ayuda directa sin comprometerse con la lucha antinarco. Tillerson ha intentado suavizar las palabras de su presidente durante sus visitas a México, Argentina y Perú, parte de la gira de una semana por América latina y el Caribe.


En Lima, por ejemplo, ayer dijo que ha llevado el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas “en todas las paradas que hago a lo largo del hemisferio”. Y agregó: “Esto es verdaderamente un desafío hemisférico y cada país tiene su propio desafío. cuanto más podamos compartir, y más podamos conectar nuestras actividades, mayor progreso podremos alcanzar en las disrupción de estas organizaciones criminales.” En conversaciones con periodistas en viaje a Colombia, Tillerson rechazó sugerencias de que su mensaje no era bien recibido. “He tendido todo el acceso que he necesitado y cumplido con prácticamente todos los objetivos de mi viaje,” escribió Tracy Wilkinson, periodista estrella del Los Angeles Times.


La producción de coca ha crecido un cincuenta por ciento en los últimos dos años, según funcionarios estadounidenses. Más aún cada hectárea cultivada ha aumentado su producción. Ante semejante aumento, Trump ha amenazado con poner a Colombia en la lista negra de los países que no cooperan con la lucha antinarco, lo que significaría que la ayuda económica a ese país se suspendería o se reduciría hasta que progreso en ese aspecto pueda verificarse. Todavía no ha actuado sobre esa amenaza, pero su gobierno ha renegado de la promesa de la administración de Obama de proveer 4,500 millones de dólares en ayuda directa en los próximos 10 años. Un primer tramo de ese paquete fue desembolsado en los últimos días de la presidencia de Obama . Los colombianos están enojados, se sienten ninguneados, dijo Bruce Bagley, un profesor colombiano que enseña en la Universidad de Miami.


Washington gastó 10,000 millones de dólares para ayudar a Colombia terminar con su guerra civil y ahora el país, mientras busca reinsertar a miles de guerrilleros a la vida civil y encontrar un lugar para miles de desplazados, podría convertirse en un lugar muy peligroso, dijo el profesor. “este es un momento crucial en el proceso de paz,” dijo Bagley. Tillerson aterrizo en Bogotá a las cinco y media de la tarde hora local, y tenía previsto ir directamente al palacio Nariño para reunirse con Santos antes de viajar a Jamaica, la última parada de su gira.

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Habrá paro indefinido de campesinos el 23 de octubre en Colombia

Organizaciones sociales y campesinas de Colombia convocaron a un paro nacional e indefinido a partir del próximo lunes 23 de octubre, para exigir el pleno cumplimiento del acuerdo de paz que suscribieron en noviembre pasado el Gobierno y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

A la movilización se sumarán el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrodescendientes (Conafro) y la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi), entre otros.

“Este paro nacional es para exigir el cumplimiento del acuerdo. Esperamos que el Gobierno respete nuestro derecho a la protesta”, afirmó el portavoz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), César Jerez, citado en un comunicado difundido por Marcha Patriótica.

También definieron redactar un pliego de peticiones para radicar ante la Presidencia colombiana, con el fin de que se reactive la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y se aborden compromisos sin cumplir por parte de las autoridades.

El incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada de cultivos ilícitos, el estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito y la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha lo pactado en la mesa de La Habana (capital cubana), son algunas de las exigencias de los movimientos.

Según el portavoz nacional de Marcha Patriótica, David Flórez, “incumplir el acuerdo es incumplirle a las comunidades”. “Llenaremos las calles exigiendo nuestro derecho a la paz”, añadió Flórez, quien consideró que el estado de implementación del acuerdo de paz “es calamitoso”.

El Gobierno colombiano y las FARC firmaron en noviembre del año pasado un acuerdo de paz en virtud del cual ese grupo se convirtió el pasado 1 de septiembre en partido político y avanza, después de concluir su desarme, en el proceso de retorno de sus integrantes a la vida en sociedad.


¿No lo intuían?
Indignación de las FARC por asesinato de exguerrilleros en Colombia


Por: Prensa Latina- Aporrea.org

 

Bogotá, octubre 19 - El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), condenó hoy el asesinato de seis miembros de esa agrupación en una zona del departamento de Nariño, suroeste de Colombia.

'Alzamos nuestra voz de indignación. Nuestra voz de rechazo frente asesinato de seis integrantes de la FARC', expresó hoy el presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en su cuenta en la red social Twitter.

En un comunicado trascendido anoche a la opinión pública, la exguerrilla dio a conocer el crimen ocurrido el 15 de octubre en Isupí, localidad de San José de Tapaje, del Charco, Nariño y negó que hubiera sido cometido por presuntas disidencias de las FARC.

Señaló que la masacre estuvo a cargo de una banda criminal que opera en la zona y que anteriormente también realizó acciones hostiles contra las comunidades 'de las cuales hacemos parte las personas que, avanzando en el proceso de paz, honramos con los hechos la palabra empeñada'.

El mensaje, emitido desde un espacio territorial, antes zona veredal, reveló los nombres de los excombatientes asesinados y exigió mayor presencia del Estado para encauzar la implementación oportuna de los acuerdos de paz.

'Presión para que implementación avance como deber ser e indignación para que se nos respete la palabra y sobre todo la vida', subrayó Timochenko en las redes sociales.

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Masacre de Tumaco. Responsabilidad de un Gobierno que no se define por la paz con justicia social

El 5 de octubre de 2017 alrededor de 300 campesinos en la vereda Tandil –Tumaco–, fueron objeto de ráfagas de fusil, según distintos testimonios, de armas accionadas por uniformados de la policía antinarcóticos. El ataque dejó un saldo, aún incierto, de entre 4 y 15 campesinos asesinados y 50 heridos. La masacre sintetiza, con toda nitidez, la débil y voluble voluntad de paz oficial, a la par que, como dijera Gaitán, que “el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el otro amricano”

 

En el Acuerdo Paz, en su cuarto gran item: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, fue pactado un cambio en la política anti-droga, orientado, en principio, a priorizar la lucha militar y policiva contra los grandes traficantes y no contra los eslabones más frágiles de esta cadena de ilegalidad: campesinos y consumidores. Así, “la persecución militarizada contra los cultivadores pobres sería reemplazada por políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades”. En paralelo, había que “concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, las fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación, etc.” .


Pura letra muerta. Así lo reafirma la masacre llevada a cabo el pasado jueves 5 de octubre en la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco. Em este territorio, centenares de campesinos opusieron resistencia pacífica a la erradicación –no concertada– de los cultivos de coca. Su motivación: de tales sembrados depende la subsistencia propia y de sus familias, y mientras no tomen cuerpo alternativas viables –como quedó establecido en los Acuerdos Gobierno-Farc, que generen ingresos seguros, no es posible aceptar la política oficial, unilateral por demás.


Pero para el Gobierno, pese a lo acordado con la otra fuerza insurgente, lo prioritario es cumplir con lo ordenado por los Estados Unidos, por lo cual la orden que tiene sus tropas es “erradir o erradicar”, sin importar el costo humano que ello genere entre los más humildes. Lo aquí comentado es prueba de ello. Las palabras y las imágenes provenientes desde el sitio de los sucesos también lo confirman.

Tal y como se ve en el video grabado por un campesino (ver https://www.facebook.com/contagioradio/videos/10154866243725812/) en el momento de la acción homicida, los manifestantes arengaban contra la policía antinarcóticos .


Por su parte y en igual sentido, el vice-defensor del pueblo, Jorge Calero, declaró que las personas afectadas denunciaron que uniformados dispararon contra los manifestantes opuestos a la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del país.


Estos testimonios fueron recogidos el pasado 6 de octubre, cuando delegados de la Defensoría se desplazaron a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), donde sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, deduciendo de estos que “los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS”.

Testimonio reafirmado por una delegación de Naciones Unidas, OEA, Personería municipal, Diócisis de Tumaco, defensores de derechos humanos adscritos a varias ONG y periodistas, que se movilizaron a la zona de los sucesos el pasado 6 de octubre, y que all momento de acercase al sitio de los sucesos fueron objeto de gases lacrimógenos así como bombas aturdidoras por parte de la fuerza pública. Una vez suavizado el ambiente, y al recorrer los espacios donde habían sido accionadas las armas contra los campesinos y donde habían caído muertos estos, vieron como los uniformados alteraban las pruebas de lo ocurrido. Según ellos mismos verificaron, hasta el medio día del 7 de octubre no se había aislado el lugar de los hechos. ¿Si la responsabilidad de los hechos no recae sobre ellos por qué tal actitud? 

A esta movilización asistieron al menos 1.500 personas, provenientes de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, algunos ee los cuales hacían parte del pueblo indígena Awá; alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habían instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Ejército Nacional. Fueron ellos quienes aseguraron “que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”


El repudiable crimen aún no deja un saldo concreto de víctimas mortales; algunos informes señalan un aproximado de 50 personas heridas y entre 4 y 15 asesinadas. Campesinos e indígenas que desde el 28 de septiembre expresaban su inconformismo ante las medidas oprobiosas del Gobierno y que, desde el 29 del mismo mes, sufrieron el hostigamiento por parte de tropas del ejército y de la policía que arribaron a la zona.
No obstante, y a pesar de las evidencias y las declaraciones de los campesinos que presenciaron la masacre, las tergiversaciones del Gobierno no se hicieron esperar. El general retirado, hoy vicepresidente, Óscar Naranjo, viajó el 7 de octubre a Tumaco y aseguró que el crimen es responsabilidad de alias “Cachi” (disidente de las Farc) quien ha intimidado a la comunidad en el municipio.


Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de que este grupo armado disidente de las Farc, arrojara “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades” . Versión que contrasta por completo con lo declarado por los campesinos. Pero además, con la evidencia de muertos, que en el caso de una explosión de varios cilindros es “increible” que solo afectara a la comunidad allí reunida, blindando a los uniformados.


¡Erradicar o matar y erradicar!


El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia mantiene una curva ascendente en los últimos años. Según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) 2016, entregado en marzo de este año, la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013. Por su parte, el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos, estima “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013” .


De ahí que unas semanas atrás el gobierno de Estados Unidos exigiera al de Colombia erradicar los cultivos de coca, o “[...] de lo contrario las relaciones entre ambos países se verían deterioradas”. Ante la incapacidad del Gobierno para ofrecer alternativas económicas para los campesinos de esta zona del sur del país y lograr así la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, y la recurrente manía de la élite colombiana de obedecer sin chistar al mandato gringo, la solución más barata, como siempre, fue el despliegue y el accionar de la fuerza bruta.


Realidad de las drogas ilícitas que no parece tener solución cierta para el corto ni el mediano plazo. En efecto, “el informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada”. En ese sentido, Colombia es un claro ejemplo de lo inútil que ha resultado la política antidroga que impera en el mundo . Mientras el actuar político y ejecutivo, no den su brazo a torcer, la masacre de Tumaco será el primero de tantos otros vejámenes relacionados con la guerra fanática contra el narcotráfico, patrocinada por Estado Unidos. Y la política emanada desde la Casa de Nariño continuará siendo la misma “se erradica o se erradica”.

 

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"La orden es erradicar o erradicar", viernes 6 de octubre de 2017

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Viernes, 06 Octubre 2017 11:01

“La orden es erradicar o erradicar”

“La orden es erradicar o erradicar”

Las noticias no podían ser peores y llegan como cascada durante las primeras horas de la noche del jueves 5 de octubre. Las informaciones, provenientes desde la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco, empezaron denunciando el asesinato de 4 campesinos, los que luego sumaron 9; el viernes 5 los asesinados ya suman 15 y  los heridos “más de 50”, al ser impactados por disparos de las armas del Ejército y de la Policía Nacional.

Las acciones militares que terminaron con un saldo de masacre tuvieron lugar en el marco del plan del gobierno nacional de erradicar los cultivos de coca que pululan por diversas partes de la geografía nacional. Decisión oficial que contradice lo acordado con las Farc al momento de la firma de los acuerdos que dieron paso a su desarme y desmovilización: concertar con las comunidades la sustitución de cultivos ilícitos, implementando planes alternativos para la economía agraria que le permita a miles de familias campesinas vivir de manera digna.

Según informa Asominuma, los hechos ocurrieron “En el marco de las manifestaciones pacíficas que se adelantan por parte de las comunidades campesinas [...] desde el día jueves 28 de septiembre [...] en diferentes veredas [...] en cuanto a la concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Contrariando lo acordado, informa la Comisión nacional de derechos humanos de la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, que el día 29 de septiembre desembarcaron en esta zona “[...] tropas de la policía y el ejército en dos helicópteros, llegaron con orden de erradicar todos los cultivos de coca. La comunidad interlocuta con ellos y les dicen que la orden es erradicar o erradicar y solamente pararían si llega una orden presidencial, que ahí se encontraban 800 efectivos y que el día 30 llegarían otros 800 más”. Por su parte los campesinos alcanzan a reunir hasta 1.000 de los pobladores de esta región.

Según puede concluirse de lo ocurrido, tras varios días de forcejeo y de tensión entre los uniformados y los campesinos, quienes demandan la presencia de Naciones Unidas y delegados civiles del gobierno nacional, forcejeo entre quienes pretenden “erradicar o erradicar” y los campesinos que demandan alternativas económicas viables para que así procedan, la situación llega al límite: los campesinos parados en su derecho y los uniformados radicalizados amparados en el poder de sus armas, radicalización que lleva al límite impensable: el accionar de sus armas contra cientos de personas desarmadas, arrojando como resultado final el saldo ya registrado.

Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de una incursión de un grupo armado disidente de las Farc, que arrojó “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

¿Una explicación para negar la verdad de los hechos?, ¿una explicación para ganar tiempo?, ¿una explicación para confundir la opinión pública? Como en otras ocasiones ha sucedido, así podría ser, lo que significaría que estamos ante una operación de contrainformación que solamente permitirá ver la realidad de los hechos pasados varios años.

Sin embargo, y como una pista no desdeñable sobre el actor que consumó esta masacre, tenemos la exigencia del gobierno de los Estados Unidos, que hace unas pocas semanas le anunció al gobierno colombiano que sino quería que las relaciones entre ambos sufrieran deterioro, tenía que erradicar los cultivos de coca. No es casual, por tanto, que los militares trasladados a este territorio le afirmaran a los campesinos “La orden es erradicar o erradicar”, no importa como, así lo confirman la cantidad de muertos y heridos.

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Disturbios en Tumaco por narco-erradicación

A pesar de que ayer fue abierta parcialmente la principal vía que comunica al municipio de Tumaco, Nariño, con el interior del país, se mantiene crítica la situación de orden público por las protestas que desde hace varias semanas adelantan los cocaleros contra los operativos de erradicación que adelanta la Policía. Varios sectores productivos no han podido operar por el paro establecido por los manifestantes, hay desabastecimiento y se agotó el combustible en las estaciones de distribución.


Tumaco es el municipio del país con más cultivos de coca con cerca de 22 mil hectáreas. Por ello es un objetivo prioritario en la meta que se ha establecido el Gobierno nacional de erradicar 100 mil hectáreas este año.


En este municipio nariñense participan en labores de erradicación mil integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías.


El secretario de Gobierno del municipio de Tumaco, Edwin Palma, dijo que los bloqueos adelantados por los campesinos dedicados a los cultivos ilícitos han dejado pérdidas al comercio y restringido la movilidad de los habitantes.


Por ello, dijo, “pedimos una mayor articulación a través de sendas misivas dirigidas al Presidente y a los ministros de Defensa y el Posconflicto para que se atienda esta situación”.


Añadió que “la situación es insostenible... he tenido comunicación directa con los comandantes y ellos están haciendo un procedimiento de recuperar la vía militarmente para garantizar el tránsito por Tumaco”.


Según el funcionario al menos 60 mil familias en el departamento de Nariño obtienen su sustento de los cultivos ilícitos. Por ello dijo que es necesario que el Gobierno nacional acuerde con esta población programas de sustitución de cultivos.
Pagarían por protestas


Desde hace años la costa del Pacífico fue un objetivo de bandas criminales que tienen entre sus actividades el narcotráfico, como Los Rastrojos, y los grupos guerrilleros porque desde allí se les facilitaba sacar la droga por mar hacia Norteamérica.


En ese sentido, las bandas criminales libraron una guerra con las Farc por el dominio de este territorio. Sin embargo tras la salida de los frentes subversivos 8 y 29, así como las columnas Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre hacia las zonas veredales para su desmovilización producto del acuerdo de paz con el Gobierno, se ha denunciado que arribaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Eln, al tiempo que se han creado pequeñas bandas locales.


Las autoridades creen que algunas de estas organizaciones son las que presionan a los campesinos cocaleros para que protesten contra el programa de erradicación. Incluso estarían pagando por los bloqueos.


El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, dijo a Caracol Radio que los narcotraficantes están pagando hasta $100.000 diarios a campesinos de Tumaco para que lleguen hasta las vías y generen desórdenes públicos.


"Inteligencia nos dice que se paga $100 mil diarios a quien sale a protestar en la vía, no es una protesta normal, es violenta y generada por el narcoterrorismo que no quiere que se arranquen los cultivos ilícitos", explicó el general Mendoza.


Y dos días atrás, según el oficial, una aeronave de la Policía fue objeto de múltiples disparos en esta localidad de Nariño. “Capturamos al responsable y encontramos que él había estado protestando en ‘La Y’, una de las zonas que estuvo taponada”, expresó el oficial.


Añadió que en los últimos días fueron capturadas cinco personas en Tumaco con material para armar explosivos que serían utilizados contra la Fuerza Pública.


“Pretendían instalar armas explosivas en contra de los hombres de la Fuerza Pública que adelantan la erradicación. Esto es terrorismo, es una intención de matar. Eso no lo hace un cultivador pequeño, un campesino, un indígena. Eso lo hace un narcoterrorista”.


En lo corrido del año la Policía ha erradicado 300 hectáreas de coca en Tumaco, 38.2 toneladas del clorhidrato de cocaína han sido incautadas, además de 5.5 toneladas de base de coca, 34 kilos de heroína, 38 laboratorios destruidos, 203 personas capturadas y 28 bienes que quedarán bajo extinción de dominio.


El general Mendoza dijo que "eso es lo que hemos estado haciendo estos días, cultivos industriales de más de dos hectáreas y hemos encontrado cultivos de más de 100 hectáreas. Llevamos 330 hectáreas erradicadas manualmente con Fuerza Pública. Las comunidades mencionan que esos son cultivos menores pero eso no corresponde a la realidad, es un trabajo de georreferenciación que se ha hecho con certeza para no equivocarnos, no estamos en resguardos indígenas o en cultivos menores”.


Asamblea permanente


Los campesinos cocaleros manifestaron que seguirán protestando porque según ellos el Gobierno nacional ordenó la erradicación de los cultivos ilícitos sin llegar a un acuerdo previo sobre sustitución.


En ese sentido se declararon en asamblea permanente y dijeron estar abiertos al diálogo con el Gobierno. Como gesto de buena voluntad reabrieron ayer de forma parcial el paso en la vía que comunica a Tumaco con el interior del país.
"Recomendamos el acompañamiento de la Fuerza Pública a las caravanas para evitar los desmanes de posibles descarados", expresaron voceros de los bloqueos en un comunicado.


Afectada la producción


Un llamado con carácter urgente al Gobierno nacional hizo Fedepalma frente a la crítica situación de inseguridad y alteración del orden público que vive actualmente el municipio de Tumaco.


Jens Mesa Dishington, presidente Ejecutivo de Fedepalma, aseguró que “no permiten trabajar ni producir normalmente, toda vez que el sector productivo está impedido de operar, tanto la pesca artesanal, la camaronicultura, el turismo y los cultivos como el cacao y la palma de aceite, entre otros”.


Añadió que la comunidad rural en el municipio de Tumaco ha tenido que enfrentar quemas de retroexcavadoras y otras maquinarias que fueron incendiadas en el trayecto que va de La Espriella a Mataje, amenazas de artefactos explosivos, bloqueos a la entrada de los trabajos, intimidación a las personas y paros en las vías que paralizan completamente las actividades.


Por cuenta de toda esta situación, Tumaco tiene bloqueada la vía principal y la única al interior del país, desde el pasado 7 de abril, circunstancia que sumada a la falta de combustible, el cual se agotó en las Estaciones de Servicio, y la no salida a los productos tales como el pescado, como tampoco el ingreso a los turistas en razón de la Semana Santa, completan un panorama económico y social crítico para la zona.


“En nuestro caso, las empresas palmeras se han visto obligadas, por fuerza mayor, a suspender temporalmente los contratos de trabajo con lo cual se afecta una población de más de 4.000 trabajadores directos e indirectos y sus familias”, denunció Mesa Dishington.


Manifestó que la difícil situación de orden público en Tumaco, ha empeorado con el aumento de los cultivos de coca y del narcotráfico. Ante esta grave condición económica, social y de orden público, que enfrenta Tumaco y el Pacífico colombiano, Jens Mesa Dishington planteó que se requieren medidas extraordinarias para superar esa problemática y propuso que el Gobierno estudie la puesta en marcha de un paquete de medidas y acciones, tipo un “Plan Marshall”, que cambie contundentemente la dinámica de pobreza e informalidad en que está sumida esa población del Pacifico nariñense, que atraiga inversión productiva, local y extranjera, para que ello se traduzca en motor de progreso para los habitantes de toda la región.

 

Abril 12, 2017 - 06:02 PM

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El papel del Estado en el mercado de las drogas ilícitas

En Honrarás a tu padre, publicada en 1971, Gay Tales escribió: «El mercado de la marihuana no había llamado la atención de la mafia (estadounidense) ni de sus asociados porque la marihuana entraba con demasiada facilidad por la frontera mexicana y porque el negocio estaba plagado de gánsteres independientes y jóvenes aventureros. Pero si los agentes del gobierno lograban limitar la oferta, si las leyes más severas inhibían y disminuían el número de importaciones y hacía subir el precio, los contrabandistas expertos del crimen organizado podían invadir el mercado de la marihuana, tal y como lo habían hecho con el contrabando del licor durante la prohibición» .


Conciso y sustancioso, este párrafo nos revela el papel jugado por el Estado en relación a los distintos mercados ilícitos: el papel de regulador. Este es quien se encarga de limitar la oferta de drogas ilícitas atacando, sobre todo, a los eslabones más débiles en la cadena: el consumidor y los pequeños productores. En eso consiste la política mundial contra las drogas ilícitas: en favorecer a los eslabones más fuertes al impedir que los precios bajen. Si bajaran, ya no sería un negocio fructífero y de seguro muchos productores, grandes o pequeños, dejarían de cultivarlo. Pero no sólo ellos se verían afectados, también lo estaría un sector al que poco mencionan dentro de esta cadena: el sistema bancario, uno de los más beneficiados con este tipo de mercados gracias a los lavados de activos.


Tal vez por esto causaron tanta preocupación los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el de la ONU, publicados a principios de mes. Los informes coincidían en advertir que los cultivos de coca aumentaron el último año en un cien por ciento y que Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo. Así, frente a este panorama se volvió a abrir en el país el debate sobre las estrategias en la política antidroga, la cual ha sufrido leves cambios, principalmente por el proceso de paz. En este contexto se ha dicho que los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016 “no serán beneficiados ni atendidos por el programa” de sustitución de cultivos. A su vez los guerrilleros ubicados en las Zonas Veredales tendrán que brindar información sobre los cultivos ilícitos que estaban a su cargo para beneficiarse con los programas que surjan de los acuerdos de paz. Así, muchos esperan que a mediano plazo los cultivos y la producción disminuyan.


Sin embargo, otros son menos optimistas y afirman que con o sin las Farc el negocio de las drogas ilícitas se mantendrá, sobre todo si la política mundial antidrogas continúa siendo prohibitiva. Lo mejor que podría hacer el Estado es enfocar la política hacia un problema de sanidad pública, y la forma más óptima para desestimular el consumo es hacer que se incrementen los precios a través de los impuestos, lo que implica su legalización.


Romper el mito impuesto con las drogas es eliminar su utilidad como instrumento de Estado, de gran utilidad, para acrecentar el miedo y la desconfianza social, para desunir, para que el aire del otro como mi enemigo pulule por toda la sociedad, legitimando con ello el espacio para su militarización y/o control policivo, y a esto difícilmente renunciarán.


Sin duda, los próximos informes de los organismos multilaterales continuarán indicando que los sembrados se mantienen, aquí o en cualquier otro país de la región. Sin duda, tendremos problemática de drogas para rato.

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La hoja de coca se tuesta en ollas al fuego para uso tradicional en Colombia (Clara Roig)

 

Fabiola Piñacué y Herney Ruiz tienen una misma lucha en común: recuperar el consumo tradicional de la hoja de coca en Colombia pese al veto internacional

 

El viento sopla suave, seco. La tierra calienta. El sol abrasa. La brisa remueve el polvo del camino que conduce al pequeño pueblo de Lerma, en las montañas áridas del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a 600 kilómetros al sur de Bogotá. A un lado de la calle principal, los niños juegan al futbol en el polideportivo. Las mujeres reposan en los bancos delante de las casas y los hombres se reúnen en las ‘tiendecitas’ que dan a la calle. “Aquí hubo un muerto”, dice Herney Ruiz señalando la entrada de una casa, “y aquí, aquí, y aquí”. Todo a su alrededor parece tranquilo. “Si pusiéramos una cruz en cada esquina donde ha habido un muerto, no podríamos cerrar las puertas de las casas”, comenta.

Herney Ruíz es una mezcla de Robin Hood y Gandalf para Lerma. Comprometido y emprendedor, ha participado en el proceso de paz del pueblo como líder comunitario y ha desarrollado una alternativa al cultivo ilícito de la hoja de coca en un municipio en el que el 80% de la economía se basa en pequeños cultivos de esta planta.

Aunque aún no es del todo rentable, su pequeña tienda de productos derivados de hoja de coca ha pasado de generar 500.000 pesos colombianos (146€) por año en 2009 a 6 millones de pesos (1.750€) en el 2015. A partir de una harina que saca de moler las hojas de coca hace panes, galletas, vino, pomadas, y hasta una torta que ofrece al obispo cuando viene de visita.

Teniendo en cuenta que la canasta básica en Colombia es de unos 116€ y el salario mínimo estaba en 220€ en 2016, tal aportación es una ayuda importante para la familia de Herney Ruiz y el pueblo de Lerma. Son los frutos acumulados de seis años de resistencia. Una ganancia que, por encima de todo, es social.

Los gobiernos de Colombia y EEUU llevan décadas intentando reducir los cultivos de hoja de coca en Colombia con políticas que han supuesto una erradicación indiscriminada y que han provocado algunos abusos contra la población rural. Comunidades golpeadas por la violencia del narcotráfico han sufrido también la pobreza y la falta de proyectos de desarrollo que las asociaciones campesinas reclaman con insistencia.

 

Un pueblo que superó el conflicto

 

En los años 80, el pueblo de Lerma vivía sumido en la violencia. El narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas sociales de la pequeña localidad. Una frase popular de esos tiempos que aún resuena en las calles cuenta que los jueves y domingos no era día de mercado si no había al menos dos o tres muertos.

 


El pasado


En Lerma el narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas: no era día de mercado si no había dos o tres muertos, se decía

 

Durante los años de la bonanza cocalera (1978-1983), Herney Ruiz, como cualquier otro niño, frecuentaba una de las 15 cantinas del pueblo. A los 13 años, vendió sus 19 matas de hoja de coca y con el dinero obtenido se compró un revólver. A los 14, entró a trabajar en una cocina donde se preparaba cocaína con un sueldo de 300 gramos de coca a la semana. Una vez aprendida la química, montó su propio negocio con el primo. “El campesino era el jefe de la cocina”, explica. Pero vino el gran cartelista de Medellín, el que tenía la plata, y pasó a controlar la producción. Después, entró la guerrilla. “Todos mis amigos de juventud están muertos”, refleja El Gato, campesino de la zona que prefiere mantener su nombre real en el anonimato. Entre el 83 y el 88 murieron alrededor de 120 personas en un pueblo de 400 habitantes. Hasta que las mujeres dijeron ¡basta!

Así es como Lerma inició su propio proceso de paz mucho antes que el resto del país. Se empezó con el cierre de las cantinas en el 88 y finalizó con un programa educativo impulsado por Walter Gaviria, profesor licenciado de Popayán, para enseñar a los niños nuevos valores a través de la música, el teatro y el deporte. En 1993 se fundó el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) para llevar a cabo programas de desarrollo rural. La experiencia de Lerma fue tan exitosa que en 2003 pasó a formar parte de los Laboratorios de Paz impulsados por la Unión Europea para sistematizar las buenas iniciativas de paz. En 2013, Lerma fue reconocido como ‘Territorio de Convivencia y Paz’ por el Municipio de Bolívar, título que ostenta con orgullo el gran árbol que preside la entrada del pueblo.

Sin embargo, la violencia y el narcotráfico dejaron mella. Junto con el empeño del gobierno, se consiguió estigmatizar la hoja de coca en un territorio en el que se la consideraba sagrada, la Mamacoca, la madre de todas las plantas.

 


Los nuevos tiempos

 

A los trece años, Herney Ruiz se compró un revólver, a los 14 ya trabajaba en la producción de cocaína; ahora apoya alternativas al cultivo ilícito de coca


En el mercado de Bolívar, una vendedora esconde entre maíz y frijoles unas pocas bolsitas de hoja de coca tostada. “¿Cuántas vende al día?”, le pregunta Herney. La mujer le mira de refilón y responde que poquitas, “una o dos bolsitas namás”. Al poco tiempo, un señor con sombrero y camisa a cuadros le compra dos bolsitas más. Al minuto otro señor proveniente de la ciudad le pide otras dos “para hacer infusiones”. La vendedora saca de repente un saco entero que tenía escondido y empieza a rellenar más bolsitas. Herney lo llama “venta en resistencia”.

 

La estigmatización de la coca

 

En la cantina, una señora mayor come lentamente su sopa de maíz. Teodosia Hernández, originaria del Morro, Bolívar, es de las pocas mambeadoras (mascadoras de hoja de coca) que quedan en la región. “Mambear va bien para cualquier oficio”, explica. “Ahora mambeo para barrer y limpiar, sino todo me da pereza”.

Doña Teodosia relata cómo en sus años mozos vendía, compraba y mascaba hoja de coca todos los días. “Siempre dicen que se va a acabar, pero la hoja nunca se acaba”, afirma.

Don Agustín, emocionado por unirse a la conversación, empieza a explicar cómo se produce el mambe, una piedra calcina que se usa para quitarle la amargura a la hoja en el mascado y que es lo que le da el nombre en Colombia. Sus padres producían el mambe y le enseñaron a quemar la cal.

“¿Y usted sigue mambeando Don Agustín?”, pregunta Herney inocentemente. “¿Yo?”, se extraña. “Con el contrabando lo tachaban a uno de verraco. Así que cuando las autoridades empezaron a erradicar, yo también arranqué mis matas”, puntualiza.

 

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Doña Teodosia, una de las últimas mambeadoras en Bolívar (CR)

 

Hoy en día en Colombia los campesinos rehúyen el uso de la hoja de coca y los mascadores prefieren mantenerse en el anonimato. “El campesino es muy reservado. La represión ha hecho que la gente no luche por sus derechos”, aclara Herney.

 

El impacto de la ‘narcoguerra’

 

En el pequeño terreno de menos de un cuarto de hectárea en una pendiente empinada, Herney cultiva de todo: yuca, frijoles, piña, mango, coca. Después del largo verano de seis meses, la tierra está seca y los guineos se ven lánguidos. Quedan unos pocos plátanos verdes colgando de la mata. Herney coge uno y lo abre. La parte interior está toda negra, podrida. “Este tipo de guineo ya no sirve, tenemos que arrancarlo todo y volver a plantar con una nueva semilla”, explica Herney, exhausto.

Hace dos años de la última fumigación en Bolívar, a unos 30-40 kilómetros del pueblo, pero las consecuencias aún son palpables. “Esto ha sido una guerra biológica”, denuncia Herney, “salíamos a mirar las avionetas y al día siguiente teníamos ronchas en el cuerpo, diarrea e irritación de la vista y la garganta”, añade.

 

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Herney Ruiz muestra los plátanos podridos y lo atribuye a las fumigaciones con glisofato (CR)

 

Como parte de la llamada “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos y la ONU, en los años 90 empezaron las fumigaciones con glifosato. Los cultivos no dejaron de aumentar hasta el 2001, cuando se implementó el Plan Colombia financiado por los EEUU. La nueva ofensiva redujo los cultivos, aunque solo temporalmente. Entre 2003 y 2007 se incrementaron paulatinamente hasta alcanzar los niveles de 2001 a medida que los agricultores se adaptaban a las nuevas condiciones.

El mismo Departamento de Estado de EEUU reconoce que tales políticas provocaron que los cultivos se esparcieran por todo el país, hasta en áreas remotas. Entonces, el gobierno colombiano introdujo una nueva ofensiva: las erradicaciones forzosas con presencia de militares y agentes antinarcóticos en el terreno.

Después de 25 años, en octubre de 2015, el gobierno colombiano suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato presionado por un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que confirmaba sus efectos nocivos en el ser humano y el medio ambiente.

Sin embargo, después de un aumento de los cultivos en 2016, el gobierno decidió retomar el uso del glifosato esta vez por vía terrestre y con un protocolo especial para evitar la afectación a las comunidades campesinas.

Las erradicaciones también continúan, y muchas familias se quejan de que pierden el sustento económico y no disponen de una alternativa viable. “Las erradicaciones trajeron pobreza y descomposición social. Aumentaron los atracos en la carretera y muchas familias se fueron a la ciudad. La escuela pasó de 120 alumnos a 60”, valora Herney.

Otra de las apuestas del gobierno colombiano es la sustitución de cultivos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que contempla la participación comunitaria y la sustitución voluntaria. Algo que para Dora Troyano, impulsora de la campaña “Coca y Soberanía” en Colombia, es clave. “Las comunidades tienen que poder decidir si quieren cultivar la hoja de coca como un producto agrícola más, y para eso debe estar despenalizada y las familias tienen que ser propietarias de la tierra”, puntualiza.

Hugo Cabieses, economista peruano experto en drogas y desarrollo rural, piensa que la solución pasa por la diversificación. “Los organismos internacionales y de cooperación creen que la única posibilidad es sustituir la coca por un solo producto. Pero tenemos que remplazar esta cultura del monocultivo por una que favorezca la diversificación, no solo de cultivos sino también de actividades económicas sostenibles y viables en el territorio”, insiste.

 

Las razones


“Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja; para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier, que aprendió a recoger la hoja en territorios de las FARC

 



Por el camino hacia el río, Herney se encuentra a un productor de coca, de aquellos que cultivan la coca “para otra cosa”. Edier aprendió a recoger la hoja en el Putumayo, donde trabajó como jornalero durante tres años en los cultivos dominados por las FARC. Harto del control de la guerrilla, recorrió el sur de Colombia de cultivo en cultivo. Trató de sembrar maíz y cacahuetes en Nariño y perdió la semilla. Trató de cultivar café en Bolívar y el verano arrasó con todo. Sólo le quedó la coca. “Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja. Para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier.

 

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Campesinos recogen hoja de coca para consumo propio en el terreno de su casa (CR)

 

Los nuevos acuerdos de paz recién firmados entre las FARC y el Gobierno prevén una reforma rural que pretende conceder tierras al campesinado a través de un fondo de distribución de tierras y promover el desarrollo social y económico de las zonas rurales. Sin embargo, los habitantes de Lerma dudan de los beneficios para los campesinos y temen una lucha abierta por la tierra y por los recursos naturales, pues aquellos que solo han vivido la guerra, dicen, no saben qué es la paz.

 


Fabiola Piñacué


“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa: “muchos proveedores venden al narcotráfico porque paga más: ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, y yo pago de 25 a 30.000”


Como Herney, hay más innovadores y pioneros en el departamento del Cauca. Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa, recoge la hoja de coca extendida en el patio antes de que el sol la seque demasiado. Mientras, en la casa de campo de su socio, que es a la vez almacén y planta de procesado, se realizan los últimos preparativos para llevar una nueva encomienda a la fábrica de Bogotá, donde Coca Nasa elabora los productos derivados de la hoja de coca.

Este mes está complicado. Hay muy poca hoja de coca para recoger y todos los trabajadores están en la cosecha del café. A Fabiola Piñacué le preocupa no poder obtener la hoja necesaria para satisfacer la producción de galletas, té, ron, jabones y cremas que elabora a base de hoja de coca

“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa, “cada vez toca buscar a los proveedores porque muchos de ellos le venden al narcotráfico, que paga más. Si ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, yo les intento pagar de 25 a 30.000”. Una diferencia de unos 3€ por cada 12kg de hoja de coca; 3€ con los que come una familia colombiana al día. “Pero si se nos adelantan”, reconoce Piñacué, “aquí no hay ni Dios ni ley”.

 


Una lucha dura


Durante quince años, Piñacué se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a las empresas multinacionales y a su propia comunidad indígena


Fabiola obtiene la hoja de coca de las montañas andinas de Tierradentro, una región a 600 kilómetros al sur de Bogotá, en el departamento del Cauca, donde se establecieron las primeras comunidades indígenas del país. Prueba de ello son los más de cien hipogeos de roca pintada que recorren las cumbres de las montañas en el Parque Arqueológico de Tierradentro.

Hoy en día, indígenas, mestizos y blancos conviven alrededor del cultivo de la hoja de coca, práctica que se mantiene arraigada en la cotidianeidad. Cada vecino tiene sus matas, ya sea en el jardín de su casa o en las plantaciones arriba en la montaña.

 

De las aromáticas al Coca Sek

 

Muchas veces, a Fabiola Piñacué le cuesta encontrar hoja de coca limpia y sin pesticidas para destinarla a la fabricación de alimentos. La mayoría de los cultivadores la destina al narcotráfico, y solo los que mantienen prácticas tradicionales no utilizan químicos. “Para ellos es un orgullo que les compremos directamente”, comenta la emprendedora, “y les duele darla al narcotráfico, pero si les toca, les toca”, añade.

Durante estos últimos quince años, esta emprendedora colombiana ha tenido que luchar duro para el reconocimiento al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca. Fabiola se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a empresas multinacionales y a la misma comunidad indígena de la que ella es originaria.

 

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La plaza Mayor de Belalcázar cercada por la policía nacional colombiana (CR)

 

La hoja de coca en Colombia solamente está permitida para el uso tradicional de las comunidades indígenas, que la han mascado por generaciones. Cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada y así también el consumo en su estado natural.

Coca Nasa empezó con 200 pesos para vasos desechables y una idea: lograr sacar de la estigmatización la coca y recuperar el uso ancestral de la hoja. “El gobierno, con su política prohibicionista, extirpó la cultura”, comenta Fabiola Piñacué.

 

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A través de campañas publicitarias como la del gobierno de Álvaro Uribe que definía a la hoja de coca como “la mata que mata”, se satanizó la hoja y se eliminó el consumo cotidiano en las comunidades rurales. “Ahora solo los abuelos mambean (mascan hoja de coca). El uso de la hoja de coca se erradicó junto a la erradicación de la planta”, denuncia la empresaria.

Con el dinero obtenido vendiendo té de coca -un buen remedio para el soroche o mal de altura- a los compañeros de la universidad, Fabiola Piñacué compró bolsas para empacar la hoja de coca entera y tostada, que triunfaba entre los jóvenes porque les permitía seguir estudiando durante la noche. Luego compró una maquinilla para el sellado, un molinito para convertir las hojas de coca en harina y diseñó la etiqueta del envase. En el 2000 llegó la industrialización: aromáticas, galletas, ron y el famoso Coca Sek, una bebida energizante parecida a la Coca-Cola.

 


El deterioro


Colombia solo permite el uso tradicional de la hoja a las comunidades indígenas; cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada


En el 2006, la multinacional demandó a Coca Nasa por plagio de marca. Coca-Cola alegaba que otra empresa no podía usar el término “coca” en sus productos para referirse a la hoja de coca, pero Coca Nasa ganó el juicio. Y es que todo apunta que las dos bebidas no solo comparten el nombre, también ciertos ingredientes.

 

La lucha por el reconocimiento

 

Aunque Coca-Cola ha negado varias veces que siga utilizando hojas de coca en la preparación de su brebaje, en 1988 el periódico New York Times publicaba un artículo en el que un representante de la empresa reconocía el uso de la hoja de coca, eso sí, sin el alcaloide de cocaína.

La farmacéutica Stepan Company de Nueva Jersey se encarga del proceso de descalinización y es la única empresa en Estados Unidos autorizada por la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration o DEA en inglés) para importar y comercializar hojas de coca.

 

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Té con hojas de coca, que se usa para el mal de altura (Clara Roig)

 

Fabiola y su equipo recorren el pueblo de Belalcázar coche arriba, coche abajo, resolviendo problemas. Cualquier tarea es una odisea. El motor del tostador está roto y nadie en el pueblo tiene las herramientas para arreglarlo. No se encuentran jornaleros para recoger la poca hoja que queda y, por ende, la última producción de cien kilos de hoja de coca tostada que enviaron a la fábrica de Bogotá se la retuvieron los policías en Neiva, ciudad aledaña, pensando que era para el narcotráfico.

“Hay mucha ignorancia por parte de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, sostiene Fabiola Piñacué enfadada. “Al menos ahora cuando nos retienen la producción puedo decir que es una violación a nuestros derechos y demandar”, afirma.

 


La reivindicación


“Hay mucha ignorancia de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, afirma la fundadora de Coca Nasa”


En agosto de 2015, Coca Nasa consiguió finalmente que el Consejo de Estado colombiano reconociera el derecho al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca a las comunidades indígenas. Aunque tales derechos ya estaban garantizados por Naciones Unidas y la Constitución colombiana, la batalla más ardua ha consistido en hacer respetar estas garantías.

La ONU prohíbe el consumo y comercialización de la hoja de coca a nivel mundial dejando un espacio legal para el uso tradicional en territorios con evidencia histórica. Por su parte, la Constitución colombiana, a través de la Ley General de Cultura de 1997, garantiza a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, entendiendo a la hoja de coca como tal.

 

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Empleados de Coca Nasa negocian con jornaleros para poder recoger la hoja de coca (CR)

 

Con este marco jurídico, Coca Nasa obtuvo en el año 2000 los registros sanitarios para poder sacar adelante su proyecto. No obstante, en enero de 2007 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Inmiva) emitió una circular para que los productos derivados de la hoja de coca fueran retirados de la venta, alegando que solo se podían vender en territorio indígena, aunque posteriormente el intento de restricción fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado.

Justo en esa época se estaba por determinar el resultado de la demanda de Coca-Cola, que finalmente resultó favorable para los productores de Coca Sek. Y fue también en ese entonces que la institución de la ONU encargada del control de drogas (la JIFE) pidió al gobierno colombiano que ejerciera sus obligaciones en la lucha contra las drogas.

 

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Mujer "mambea" hoja de coca (Clara Roig)

 

“Después de la pelea legal con Coca-Cola empezó la persecución de Inmiva”, denuncia David Curtidor, marido de Fabiola Piñacué y abogado de la empresa. “Nos hemos desgastado en batallas legales”, añade. En efecto, los procesos judiciales han repercutido en la rentabilidad y productividad de la empresa. Coca Sek, uno de sus productos estrella, se dejó de producir por falta de fabricantes que quisieran envasar la bebida.

 

A por el consumo global

 

Aún así, Piñacué se siente orgullosa. Para ella la lucha legal va más allá de la viabilidad de su proyecto. “Es un servicio a la comunidad. Las sentencias que se han aprobado sirven para todos los pueblos indígenas de Colombia”, comenta. Desde que Coca Nasa empezó a reclamar, la Corte Suprema colombiana ha sido proactiva en hacer respetar el derecho al uso tradicional de la hoja de coca delante de jueces y fiscales que defienden que es ilegal. La retención es menor y hay la previsión de volver a producir Coca Sek.

 

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Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa (Clara Roig)

 

Coca Nasa tiene la esperanza de llegar a un público masivo. En Perú, un 14% de la población (unos tres millones y medio) consume hoja de coca al menos una vez al año, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei-Devida) del 2013. En Bolivia, un tercio de la población son consumidores regulares, de acuerdo con un estudio del gobierno financiado por la Unión Europea. Por su parte, Alfredo Menacho, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) del Perú, ha analizado el mercado potencial de la hoja de coca y en el caso de que fuera legal exportarla, podría generar 40.000 millones de dólares al año.

Fabiola piensa que el cambio en la política de drogas se ha generado a través del consumo. Gracias a que cada vez hay más gente que compra su producto, tiene menos impedimentos para vender. Ahora ya no se pregunta cuanto vende, sino cuánto podría llegar a vender. Y los acuerdos de paz abren un nuevo horizonte de estabilidad en toda Colombia.

 

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Las hojas de coca se pasan por un molinillo para hacer la harina de coca (CR)

 

Publicado enColombia
EU y JIFE: se disparan narcocultivos en Colombia

La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia en los últimos años se mantiene, según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2016 (de Naciones Unidas) y el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos. Los dos estudios fueron conocidos ayer.


El informe del Departamento de Estado norteamericano se puede leer en inglés aquí http://bit.ly/2mg05lY, en tanto que el de la JIFE se puede leer completo en inglés aquí http://bit.ly/28ThBYO y un resumen ejecutivo en español aquí http://bit.ly/28Yek6E.


En el caso de la JIFE indica que la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca ha venido aumentando desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013.


Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano estima en el Reporte de la Estrategia Internacional de Control a los Narcóticos “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013”.


Agrega que el cultivo de coca aumentó notablemente en el departamento del Cauca (27.000 hectáreas, un incremento de 116 por ciento), en el departamento de Norte de Santander (30.500 hectáreas, un aumento de 85 por ciento) y en el departamento de Putumayo (22.000 hectáreas, un aumento de 76 por ciento).


Dijo también el Departamento de Estado que Norte de Santander se convirtió en el principal departamento de cultivo de coca. Nariño y Antioquia aumentaron en menos de 25 por ciento cada uno, pero redondean las cinco principales regiones de cultivo de coca en Colombia con 26.000 hectáreas y 13.500 hectáreas, respectivamente. Solamente Arauca experimentó una disminución significativa en el cultivo de coca, cayendo 77 por ciento de 590 hectáreas a 130 hectáreas.


Explica que varios factores han contribuido al aumento general del cultivo de coca en Colombia desde 2014. En primer lugar, los informes indican que las Farc instaron a los cocaleros a plantar más coca, supuestamente motivados por la creencia de que la inversión y los subsidios del Gobierno colombiano después del acuerdo de paz se concentrarán en las regiones con mayor cantidad de coca. En segundo lugar, el Gobierno redujo las operaciones de erradicación en áreas controladas por las Farc para reducir el riesgo de conflicto armado a medida que las partes negociaban un acuerdo de paz definitivo.


Tercero, las tácticas empleadas por los cocaleros han reducido significativamente la eficacia de los esfuerzos de erradicación de la coca, por ejemplo emplean técnicas de bloqueo para evitar que los erradicadores accedan a los campos.
Agrega el Departamento de Estado que Colombia es el principal productor mundial de cocaína, así como el país de origen de la heroína y marihuana. “Aunque el Gobierno colombiano sigue luchando contra la producción y tráfico de drogas ilícitas a través de operaciones de erradicación, interdicción agresiva, y la actividad de aplicación de la ley, la producción potencial de cocaína pura en 2015 (el año más reciente para el que se fecha disponible) aumentado un 60 por ciento a 495 toneladas métricas (MT), por encima de 185 MT 2014 la producción”.


Dice también el reporte que “mientras que el Gobierno de Colombia continúa con los esfuerzos de interdicción contra las organizaciones de tráfico y las redes delictivas, las cifras preliminares estimadas de cultivo de coca y cocaína de producción para 2016 indican un crecimiento dramático en el cultivo y la producción de cocaína”.


Es por ello que según el informe el gobierno de Estados Unidos continúa alentando a Colombia a seguir su lucha contra el narcotráfico y avanzar en las actividades de desarrollo económico, incluyendo la erradicación, en las zonas de cultivo de coca significativa.


En ese sentido también el Departamento de Estado señala que la implementación de los acuerdos de paz requerirá del Gobierno de Colombia dedicar recursos sin precedentes para mejorar la presencia del Estado, mejorar la seguridad, aumentar los servicios públicos, la construcción de infraestructura y generar oportunidades económicas lícitas en regiones históricamente influenciadas por grupos delictivos organizados.


Por su parte, el subsecretario para Asuntos Narcóticos del Departamento de Estado, William Brownfield, anunció que viajará la semana entrante a Colombia con el propósito de reunirse con altos funcionarios del gobierno Santos para tratar en detalle la problemática del incremento de los cultivos de coca y la producción de cocaína.


La JIFE


El organismo de Naciones Unidas considera que “las expectativas generadas en torno a las negociaciones del proceso de paz podrían haber contribuido a que los agricultores tuvieran mayores esperanzas de beneficiarse de los posibles programas de desarrollo alternativo y podrían haber motivado un auge de los cultivos ilícitos”.


No obstante pone de relieve que “la cesación de las actividades de erradicación mediante la aspersión de glifosato por las autoridades en 2015, explicaría por qué el cultivo de arbusto de coca casi llegó a duplicarse en el país”.


Según la Unodc, durante el período 2001-2014 se deforestó un promedio anual de 22.400 hectáreas para el cultivo del arbusto de coca en Colombia. El organismo informó además que mediante imágenes satelitales, se habían descubierto concentraciones persistentes de cultivo de arbusto de coca en algunos de los parques nacionales de los tres países productores de coca (Bolivia, Colombia y Perú). Las zonas protegidas más afectadas fueron los parques nacionales Sierra de La Macarena, Tinigua y Los Picachos, en Colombia.


El informe indica que “América del Sur siguió siendo prácticamente el único proveedor de cocaína de los mercados de uso indebido de drogas de todo el mundo. Por lo tanto, América del Sur siguió concentrando la mayor parte de la incautación mundial de cocaína. La superficie mundial dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó en 2014 como resultado del notable ascenso experimentado en Colombia, si bien, según la Unodc, el Estado Plurinacional de Bolivia redujo la superficie dedicada al cultivo ilícito de arbusto de coca”.


En materia de marihuana el informe 2016 de la JIFE indicó que durante el período 2009-2014, Colombia y Paraguay fueron los principales países de origen de la hierba de cannabis que se encontraba en los mercados de drogas ilícitas.


El organismo de Naciones Unidas también reseña que en diciembre de 2015, el Gobierno de Colombia promulgó el Decreto 2467, por el que se autorizan el cultivo y el establecimiento de un mercado lícito de cannabis con fines médicos y científicos.
Según esta normatividad el cultivo personal para consumo con fines médicos de hasta 20 plantas de cannabis está exento de la obligación de tener licencia, frente a lo cual la JIFE señala que “esa exención podría dar lugar a la desviación de cannabis al mercado ilícito”.


Destaca el organismo que el régimen jurídico introducido por este Decreto no despenaliza el cultivo, la posesión ni la adquisición de cannabis con fines no médicos.


Agrega que “una vez más, la Junta desea señalar a la atención de todos los Gobiernos que las medidas que permiten la utilización del cannabis con fines no médicos infringen las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas”.


Empero llama la atención a todos los Gobiernos sobre la “posición que ya había transmitido de que el cultivo personal de cannabis con fines médicos es incompatible con la Convención de 1961 en su forma enmendada, entre otras razones, porque exacerba el riesgo de desviación. Todos los programas de uso de cannabis con fines médicos deben elaborarse y aplicarse bajo la plena autoridad del Estado de que se trate”.


Acuerdo de paz


Una mención especial hizo la JIFE en su informe del año 2016 sobre el impacto que tendría el acuerdo de paz con las Farc en la reducción de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia.


Como se dijo anteriormente el organismo considera que una de las razones para el incremento de 69.000 hectáreas a 96.000 hectáreas en cultivos de coca entre 2014 y 2015 sería que los agricultores tuvieran mayores esperanzas de beneficiarse de los posibles programas de desarrollo alternativo. Pero también “se espera que el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenga un efecto positivo sobre, entre otras cosas, la situación de la fiscalización de drogas en el país”.


La JIFE destacó que en noviembre de 2016 se firmó un acuerdo revisado con las Farc, después de que el 2 de octubre del mismo año en un plebiscito no fuera refrendado por los ciudadan0s un primer acuerdo.


Uno de los pilares del acuerdo de paz es el capítulo sobre el problema de las drogas ilícitas, frente a lo cual la JIFE en el citado informe le dice a Colombia que “la Junta queda a disposición de las autoridades para la aplicación del acuerdo, en el ámbito de su mandato, en lo que respecta a la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas”.


Batalla contra el narcotráfico


El informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada.


Destacó que mientras en Bolivia la incautación de cocaína disminuyó de 22,3 toneladas en 2014 a 21,2 toneladas en 2015, los niveles más bajos registrados desde 2007; Colombia siguió siendo el país con el mayor volumen de incautación anual de cocaína en el mundo.


Las incautaciones de cocaína por las autoridades colombianas aumentaron de 209 toneladas en 2014 a 252 toneladas en 2015, aunque esto va “en consonancia con el pronunciado aumento del cultivo del arbusto de coca y la producción potencial de cocaína en 2014 y 2015”.


Recoge también la JIFE que el Gobierno de Colombia anunció en abril de 2016 que reintroduciría el uso del herbicida glifosato, mediante la aspersión manual por los equipos de erradicación, en lugar de hacerlo desde aeronaves.
Autoridades presentan resultados


Entre enero y febrero pasados han sido erradicadas 5 mil hectáreas de coca de las 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos que se tienen como meta para este año, señaló en días pasados el presidente Juan Manuel Santos.


De igual forma destacó que 55 mil familias ya firmaron acuerdos para sustituir 38 mil hectáreas de coca por cultivos lícitos.
“Si logramos esta sustitución de cultivos ilícitos por vía de los acuerdos más la erradicación forzada, tenemos una oportunidad histórica de superar de manera sostenible el problema de los cultivos ilícitos, de dejar ser por primera vez el mayor exportador de cocaína en los mercados mundiales”, dijo Santos.


Indicó que en las regiones donde no se logren acuerdos con los campesinos, el Gobierno “mantendrá y va a intensificar las labores de erradicación que lidera la Fuerza Pública”.


En ese orden de ideas afirmó que la erradicación forzada es una política que “vamos a aplicar”.


En tanto que el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, indicó que “sustitución voluntaria abre un nuevo capítulo en la lucha contra las drogas que permitirá transformar los territorios”.


Por su parte ayer, el comandante de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, informó que en lo corrido del presente año se han incautado 35 toneladas de clorhidrato de cocaína, “también se han incautado más de seis toneladas de base de cocaína”, indicó el uniformado.


Añadió que también “hay un aumento considerable de incautación de sustancias, buscando, desde luego, afectar la producción de estupefacientes. Y afectar la intención de crecer los cultivos. Si no hay posibilidades de que salga la droga, que es lo que le interesa al narcotraficante, lograremos una disminución o una intención de que no se sigan aumentando los cultivos ilícitos en Colombia”.


En tanto que el ministro de Justicia (e), Carlos Medina Ramírez, dijo que “en materia de control de precursores el sistema es bastante débil, no tenemos un régimen sancionatorio que nos permita atacar con fuerza a las personas y a las empresas que desvían sustancias químicas en el país, y en ese sentido estamos haciendo unas propuestas para reformar todo el modelo de control y vigilancia”.


Así mismo, el Ministro (e) enfatizó en la necesidad de intervenir al actor industrial del mercado, en este caso los cristalizaderos, que provocan el crecimiento de los cultivos ilícitos. “Si logramos combatir esta actividad, que está asociada al narcotráfico, alcanzaremos una reducción significativa de esta práctica ilegal”. Señaló además que la erradicación en Colombia no está planteada de manera gradual, sino definitiva, y esto, sumado a una intervención en contra de dicho actor industrial, podría ayudar a Colombia a salir de los listados de productores y comercializadores.


Finalmente planteó la necesidad de modificar la Ley 30 de 1986, no por estimar que sea obsoleta, sino teniendo en cuenta que es una norma anterior a la Constitución de 1991 y a la Convención de 1988. Por ejemplo explicó que es necesario establecer que la judicialización no debe hacerse por peso, sino por dosis

Bogotá
Marzo 02, 2017 - 06:51 PM

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Colombia presenta un nuevo plan de política antidroga

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó el martes su plan de política antidroga, basado en la sustitución de cultivos ilícitos. En Nariño y Putumayo, dos departamentos del sur del país, muy golpeados por el narcotráfico, se implementará inicialmente un proyecto con el que se espera que 26.000 familias que se dedican a la producción de coca reemplacen los cultivos ilícitos por proyectos agrícolas o pecuarios que tengan opciones de producción en su territorio.


Santos recordó que en los últimos dos años se han incrementado los cultivos de coca. El país tenía 69.000 hectáreas sembradas en 2014, casi 100.000 menos que este año, según Naciones Unidas. "Colombia no tiene por qué seguir siendo el primer exportador de coca del planeta y vamos a probarlo", afirmó el mandatario, quien explicó que esta nueva estrategia estará coordinada inicialmente por la presidencia, aunque el Gobierno espera tener una entidad dedicada exclusivamente al tema que será liderada por el exministro de salud Eduardo Díaz.


El proyecto contempla también la creación de una agencia de comercializadores rurales, que se encargará de recoger, distribuir y buscar mercados para los productos que los campesinos cultiven bajo asesoría especializada. Uno de los puntos más importantes busca dar la garantía de titulación de tierras a las personas que por más de cinco años se hayan dedicado a los cultivos ilícitos en esos predios.


De los 1.102 municipios que tiene Colombia, 204 tienen cultivos de coca. El 81% de la producción se concentra en seis departamentos y dos terceras partes de los cultivos ilícitos están en parques naturales, zonas de reserva natural o territorios étnicos o colectivos. Para esto, según el anuncio, las comunidades que cultivan en los parques tendrán un plan de reubicación fuera de ellos, con programas de vivienda rural, servicios y proyectos agropecuarios. Las FARC no serán ajenas a esta estrategia. Santos aseguró que el Gobierno ha hablado con la guerrilla para realizar planes conjuntos para la sustitución de cultivos.


El analista y politólogo León Valencia señala que la nueva política antidrogas corresponde a unos de los aspectos que se han debatido en los diálogos de paz con las FARC. "Se ha discutido sobre la importancia de la erradicación manual y la sustitución de cultivos, de ayudar a los campesinos cocaleros en lugar de reprimirlos", afirma. Para Valencia, Colombia "entra a una nueva era para superar el problema de las drogas, ofreciéndole una salida al campo colombiano".


La nueva política antidrogas llega pocos días antes de que se deje de usar de forma definitiva el glifosato, el próximo 1 de octubre, luego de ser utilizado en sembradíos de coca en el país desde 1994. "Comienza una nueva era en la lucha contra el narcotráfico en el país", aseguró Santos, quien reiteró que este plan no significa que no continuará "la destrucción de laboratorios, la incautación de cargamentos, de insumos y la captura y judicialización de los mafiosos". El presidente reconoció que en las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos ha existido abandono del Estado.


Cambio de política


Jorge Restrepo, analista del Centro de recursos para el análisis de conflictos, dice que el anuncio del presidente es un gran avance. "Después de tantos años de luchar contra el narcotráfico en Colombia no existía una institucionalidad que pudiera ejecutar programas de manera eficiente y rápida. La creación de una agencia ahora lo resuelve", afirma.


Restrepo agrega que el país está abriendo un camino hacia un cambio total en la política de la lucha contra el narcotráfico. "Es revolucionario", destaca, al señalar que los diálogos y acuerdos serán prioridad en la relación del Gobierno con los cultivadores de coca para lograr la sustitución de los cultivos ilegales, pero que de no existir voluntad para hacerlo, se acudirá a la erradicación de manera forzada. "Es una estrategia residual cuando las comunidades no logren organizarse para erradicar voluntariamente los cultivos".

La prevención del consumo es prioritaria


El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó ayer durante la presentación de la nueva política antidrogas que "dentro de los departamentos con mayor consumo están importantes productores, como Nariño, Putumayo, Cauca y Meta". El Ministerio de Salud coordinará con otras 10 entidades del Estado un Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo, que se enfocará en la prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos y daños en el uso de estas sustancias ilícitas. Según el presidente, en el posconflicto este plan tomará mayor fuerza debido a los ofrecimientos que, desde ya, ha hecho la cooperación internacional.

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Colombia: las indecisiones del Gobierno en la política de acción contra las drogas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó el pasado 2 de julio un informe que compila los resultados del monitoreo satelital de cultivos de coca en el territorio colombiano durante el año 2014. A la presentación de dicho informe asistió el Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado quien, a partir de las cifras entregadas, reflexionó sobre la efectividad de la política de erradicación de cultivos ilícitos implementada en la última década en el país. La exposición del Ministro respecto al informe exhibe una ruptura del Gobierno frente a la manera como concibió por años la lucha contra los cultivos de coca, además, realza la preocupación oficial por el fracaso de la aspersión con glifosato y la erradicación manual como estrategias para la supresión de cultivos ilícitos en Colombia.

Se expanden los cultivos de coca

Las cifras son poco alentadoras: en el año 2013 fueron registradas 48.000 hectáreas sembradas de coca, durante 2014 estas ascendieron a 69.000, lo que representa un incremento del 44% en la extensión de los cultivos a nivel nacional. La expansión más significativa ocurrió en la región Putumayo–Caquetá con un 68% de incremento, lrompiéndo la tendencia al decrecimiento presentada en la zona durante los últimos ocho años. La Región Pacífica, por su parte, concentra los mayores sembrados de coca: alberga 25.976 hectáreas, es decir, el 38% de los cultivos totles sembrados en el país, alcanzando un incremento en área sembrada del 40% respecto al año inmediatamente anterior. La Región Central y el área comprendida entre los departamentos Meta/Guaviare ocupan el tercer y cuarto lugar en concentración de cultivos de coca con 11.412 y 10.700 hectáreas, con un incremento del 40% de las hectáreas sembradas respecto al 2013.

El informe muestra que gran parte de los cultivos registrados corresponden a resiembras en zonas que anteriormente habían sido intervenidas por aspersión o erradicación manual. El mismo detalla la existencia de estos cultivos en 16 parques naturales (de un total de 59) y el crecimiento del 45% en área sembrada en los parques Nukak, Sierra de la Macarena, Paya, Yinigua y Farallones de Cali. El mismo informe expresa su preocupación por la expansión de estos cultivos en el seno de Resguardos Indígenas: las 6.225 hectáreas detectadas en el 2013 aumentaron a 7.799 hectáreas en el 2014 (+25%, 11% del total nacional). Situación similar ocurre con los cultivos en los Consejos Comunitarios de Comunidades afrodescendientes, en los cuales las extensiones sembradas registraron un incremento de 17% (en ellos se encuentra el 15% de la coca sembrada en Colombia). Este tipo de vegetales, sembrados en este tipo de comunidades étnicas, amenazan la diversidad cultural que fundamentan su estabilidad interna, haciéndolas especialmente vulnerables a la presencia y accionar de actores armados.

La coca parece no haber cedido ante la embestida de los erradicadores manuales y la aspersión aérea: el 3.5% del territorio sembrado tiene una afectación reciente (nuevos sembrados), el 43.5 ha padecido afectación intermitente entre los años 2005 y 2014; el área abandonada creció al 35.5% –lo que puede interpretarse como una relocalización de los cultivos, no como una extinción de los mismos–. Los cultivos proliferaron en zonas de arraigo cocalero en las cuales las estrategias de erradicación han enfrentado las más duras batallas, generando enormes afectaciones sobre el medio ambiente y la población civil.

A pesar de lo fáctico de las cifras consignadas en el informe del monitoreo de los cultivos de coca en el 2015, las posiciones respecto a la estrategia de lucha contra este tipo de cultivos son disimiles. El Procurador General de la Nación relacionó recientemente (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/crecimiento-inusitado-de-cultivos-de-droga-fortalecera-articulo-569883) la suspensión de las fumigaciones con una exigencia de las Farc presentada en la mesa de negociación de La Habana, con el incremento de los cultivos a causa de esta decisión del Gobierno, y con la disponibilidad de mayores recursos de las organizaciones insurgentes para atentar contra la fuerza pública y la infraestructura nacional.

En medio de esa pugna, es de resaltar que el pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió colocarle fin a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión de glifosato, producto de una votación en la que el único voto en contra provino precisamente de la mano del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. La decisión del CNE obedeció a la aplicación del principio jurídico de precaución que ampara la suspensión de la práctica ante la ausencia de evidencia científica que fundamente la inocuidad del producto para la salud humana y la estabilidad del medio ambiente. Por el contrario la evidencia médica, y el testimonio de comunidades y organizaciones internacionales de acompañamiento humanitario, han aportado testimonios contundentes sobre los daños infligidos a la población, las plantas, los animales, el suelo, las fuentes de agua, por el glifosato en los perímetros de fumigación y zonas aledañas.

Cambios en la política de acción contra las drogas

Sobre estos aspectos, en entrevista para desdeabajo, Ricardo Vargas, profesor universitario e investigador que ha dedicado parte importante de su trabajo a estudiar problemáticas relacionadas con la siembra, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, no atribuye las modificaciones en la política gubernamental frente a esta temática a una contricción ante los magros resultados obtenidos, no, para el investigador este giro refleja más bien modificaciones en la postura de acción en los EEUU producto del debate generado allí por la legalización, en algunos de sus estados, de drogas blandas, como el cannabis.

Además, aclara Vargas, que aun no puede hablarse de cambio de estrategia porque "la suspensión de las fumigaciones no indica necesariamente que la estrategia de acción haya cambiado [...] el glifosato es parte de una técnica que busca reducir áreas, esa es una cosa, otra cosa es la política global de drogas, donde no gana espacio una discusión de fondo, ahí sigue habiendo un vacío, todo ha girado alrededor del glifosato que es coyunturalmente importante porque hace mucho daño, pero ese no es el eje de la política como quieren hacerlo ver los grupos más radicales de derecha [...]".

Aunque no se trate totalmente de un cambio de estrategia de combate, hay modificaciones generadas en ámbitos más allá del plano discursivo que parecen incomodar a algunos sectores políticos colombianos. Es así porque, recuerda Ricardo Vargas "[...] las acciones contra los cultivos lo son contra las Farc, acciones decisorias en el contexto de la guerra pues esa economía es una de las bases de su financiación y creo que para muchos sectores atacar los cultivos no es tanto por la credibilidad de la lucha antidrogas, sino acción para resolver el problema de bajarle al ingreso a las Farc, es la economía [...] un ambiente de ruptura ha logrado incrementar la presión de la extrema derecha para que se mantenga una linea muy radical de erradicación".

La actitud del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez al oponerse ferreamente a la erradicación por aspersión, que ha sido la punta de lanza de la política dura de erradicación, no es muy objetiva como han sostenido y representan fielmente las voces de los sectores políticos incómodos por los nuevos planteamientos "si hay una decisión multilateral de un organismo de salud que al final procura con el principio de precaución proteger la salud de las personas, debería la Procuraduría actuar en función de eso, ahí lo que se ve es una postura ideológica a favor de la guerra [...] el Procurador es un militante de la guerra [...].

¿Podría encontrarse algunas soluciones para esta problemática dentro del acuerdo de drogas pactado entre el Gobierno

y las Farc?

Las Farc han planteado en reiteradas ocasiones, desde la mesa de negociación en La Habana (así lo consignaron incluso en el acuerdo de drogas firmado con el Gobierno) que cualquier estrategia de acción contra los cultivos ilícitos deben incluir políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo, una mayor presencia del Estado, el desarrollo de la infraestructura de transporte y servicios locales, el combate a los grupo armados ilegales.

Ricardo Vargas se refirió a dicha propuesta en los siguientes términos: "esa es una parte del problema, uno puede argumentar que el tema de los cultivos se debía a alguna situación de exclusión social grave en temas de colonización y tiene un origen en el modelo rural colombiano excusando a la población, y eso es valido, independientemente de que haya o no cultivos, es valido generar una propuesta de cambio del modelo agrario colombiano, pero esa es una parte del problema, la otra, insisto, es el problema de la política de drogas y allí lo de La Habana es pobre, no ha dado una discusión de fondo sobre el asunto y, al contrario, se ha plegado a la postura del Gobierno porque finalmente lo que quedó en La Habana es una estrategia de reducción de la oferta y ahora le metieron el tema de sustitución, que son cosas cuestionables. Las Farc se afirman en ese concepto de una manera equivocada: el problema no es de sustitución sino de desarrollo regional [...] yo no veo aportes importantes en cuanto a eso, es parco que se reivindiquen integralmente dinámicas de desarrollo incluyendo las dimensiones ambientales que han sido muy pobres en La Habana, que para mi están desdibujadas. Allí hay dos vacíos, uno, la pobreza del enfoque de política que quedó en el acuerdo de política de drogas y, dos, la reproducción de unos conceptos que definen una política de reducción de la oferta, a eso en La Habana le faltó muchísimo, el problema sigue vivo".

¿Avanza Colombia en la legalización o regulación de algunas drogas ilícitas?

Frente a esta pregunta fundamental comentó el investigador, "Actualmente no existe esa ruta, en esa ruta hay que comenzar por regular marihuana [...] por lo menos darle esa parte del negocio a la criminalidad y, junto con una estrategia de prevención fuerte, bien hecha, se podría avanzar un poco en una cultura distinta; el país debería, por lo menos, hacer una apuesta por diferenciar drogas duras de blandas, es una opción, hay otras, la idea daría pautas para avanzar un poco en un manejo mucho más razonable. La marihuana es la puerta de entrada para otras drogas que controlan los grupos criminales generando problemas de salud en los jóvenes [...] nadie habla de su regulación."

Sí existe una administración local en Colombia que ha asumido posiciones consideradas de vanguardia en cuanto al tema de flexibilización del control punitivo a los usuarios y manejo diferencial de las problemáticas de salud generadas por el consumo de drogas ilegales es la de Bogotá, al proponer otras estrategias, como el tratamiento de adictos al bazuco a partir del suministro controlado de marihuana en Centros de Atención Médica Ambulatoria (Camad).

Sobre esto Ricardo Vargas opinó "[...] es que eso del uso de la marihuana por el bazuco no se está haciendo, hay como una imagen equivocada porque lo que hay es un discurso pero en la realidad no se está haciendo, entonces hasta ahora no ha habido la experiencia concreta y la idea es un acuerdo entre el Distrito y el Gobierno nacional para generar experiencias piloto. Una es esa, pero a mi me parece que ha habido como una especie de falsa imagen de que eso se está haciendo en el Distrito y resulta que en ninguna parte se está llevando a cabo. Debe procederse, concretar el respeto por un espacio, crear unas condiciones, por ejemplo, para 'habitantes de calle', realizar un ejercicio piloto y a partir del seguimiento y experimentación reproducir ese modelo para una política nacional, pero eso se está aplazando, ya vamos para cuatro años y no se hizo, lo que hay es que empezar, es a hacerlo, concretarlo".

El futuro del modelo de manejo al consumo y producción de drogas ilícitas ¿continuidad o cambio?

El panorama, de acuerdo a Ricardo Vargas, es incierto: "Yo siento que con Santos y con la administración Distrital era un buen momento para escuchar iniciativas experimentales para lograr un soporte muy concreto de experimentación, de lineas concretas, y ese cuarto de hora está pasando ya, y no se hizo. Entonces, la perspectiva de lo que viene es muy incierto, no sabemos hacía dónde es que van las cosas, sobre todo en el contexto de la terminación del conflicto, pues abre también un espacio interesante. Entonces, a futuro, como el tema de drogas está pegado al tema del conflicto, pues no podemos pensar en cambios si no es sobre la base que llegue a buen puerto el fin del conflicto, cuando ya no se vea que las drogas son fuente de financiación de la guerrilla, eso abrirá un espacio político para pensar en una discusión más de drogas como tales, mientras tanto la perspectiva es incierta. Lo segundo es que mientras no haya procesos experimentales específicos, mientras no se aborden las drogas diferenciadas, mientras no haya un respaldo de investigación, un compromiso con los centros de investigación de las universidades, me parece muy difícil hacer una política si no tienen unos soportes de ese orden, entonces hay mucho por hacer y no se está haciendo [...]"

Es imperativo que se actué, que se definan los nuevos lineamientos y que la nueva disposición del Gobierno precipite en pautas de acción concretas, "[...] aquí no se trata de un problema voluntarista, sino de un problema de decisiones , y creo que Santos se está demorando en tomarlas. Obviamente en este país el tema es que la derecha cabalga sobre la ignorancia y el desconocimiento, y este tema lo ha metido en el terreno de la moral y desde ahí elabora la demonización de las drogas y la continuidad de la prohibición oponiéndolas a la salud de la gente y de los jóvenes, entonces hay mucho conservadurismo; es necesario romper eso y empezar a tomar decisiones de procesos experimentales.".
Lo que propone Ricardo Vargas en esta entrevista para desdeabajo es particularmente interesante en varios sentidos. En primer lugar, porque propone sacar del plano ideológico la discusión de los problemas relacionados con el consumo de drogas para situarlos en el terreno de la experimentación e investigación coordinada entre la academia, las administraciones locales y nacionales, cosa que nunca ha sido desarrollada, por lo que puede concluirse que los rasgos punitivos, el discurso erigido en torno a las problemáticas generadas ha sido erigido con juicios y apreciaciones provenientes de una matriz moral conservadora, más que de la evidencia científica de los efecto que se condenan.


En segundo lugar, porque plantea la necesidad de ponderar las problemáticas de la producción de drogas en el país por fuera del conflicto armado, pues tanto el discurso como las estrategias de acción se han estructurado con la finalidad objetiva de suprimir fuentes de financiación a la insurgencia, pasando por alto las dimensiones y determinantes sociales del negocio, lo que evidencia lo ineficaz de las estrategias de reducción de la oferta colocadas al frente de la política oficial. En tercer lugar, porque la ambigüedad del gobierno, manifiesta en la incongruencia entre sus esperanzadores destellos discursivos y la ausencia de acciones concretas, queda desnuda, y demanda una acción de cambio para que las consecuencias por decisiones no las sigan pagando los consumidores, los que ahora mismo llenan con sus cuerpos buena parte de las masmorras colombianas, así como cientos de jóvenes que apegados a una economía de sobrevivencia encuentran en el microtráfico una alternativa económica para ellos y sus familias, sirviendo, al mismo tiempo, de carne de cañon de la acción militar para el control social en todas nuestras ciudades.

La indecisión del Gobierno llegó al límite: recientemente anunció el reinicio de las fumigaciones con glifosato en extensas zonas del Catatumbo, clara incongruencia con su discurso y decisiones de hace unas cuantas semanas. ¿A donde nos conducirán la indeterminación política del Gobierno central?

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