El gerente de la campaña de Santos reconoce que Odebrecht les financió en 2010

El presidente colombiano: "No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. Me acabo de enterar"


El gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2014, Roberto Prieto, ha reconocido este martes que la constructora Odebrecht les financió de forma irregular. Ocurrió en la anterior carrera presidencial, en 2010, cuando la compañía brasileña, investigada por tejer una amplia red de sobornos en América Latina, pagó los afiches del actual presidente de Colombia. “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”, ha afirmado Prieto.


“La irregularidad es evidente. Está claro que hubo parte de un equipo financiero que se acercó a Odebrecht para buscar financiar unos afiches”, ha proseguido durante una entrevista en Blu Radio. La ley electoral colombiana prohíbe aceptar fondos de una empresa extranjera y, ante esta circunstancia, ha señalado que el comité de campaña hizo “quedar mal” a Santos, a quien el exgerente ha exculpado en todo momento.


Tras las declaraciones de Prieto, el presidente colombiano ha difundido una declaración institucional a través de Twitter en la que condena esa financiación, pero no la niega. Santos asegura que no estaba al tanto de los pagos y pide que se investigue y sancione a los responsables de esas irregularidades. “Frente a la valoración de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi absoluto rechazo y condena frente a ese hecho”, ha enfatizado el mandatario. “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, ha continuado.


Santos ha reclamado a los cargos afectados “que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable” y ha rechazado que esta circunstancia salpique a su Gobierno. “Esta violación de la norma de la campaña no supone ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi Gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi Administración y sancionen a los responsables de cualquier, cualquier acto de corrupción”, ha recalcado.


Aunque la confesión de Roberto Prieto no ha entrado en detalles de cuánto costaron los afiches para la campaña presidencial de 2010 ni la empresa intermediaria a través de la que el departamento financiero llegó a Odebrecht, la Fiscalía investiga desde hace semanas a Impressa Group Corp. Se trata de la compañía panameña de publicidad, vinculada a los Papeles de Panamá, de María Fernanda Valencia y su entonces marido, Félix Otto Rodríguez. Ambos están llamados a declarar ante el organismo judicial para aclarar si la constructora brasileña asumió el pago de 400.000 dólares, coste de los dos millones de carteles.


Por el momento, la Fiscalía que dirige Néstor Humberto Martínez no ha informado de si cambiará el curso de su investigación tras las declaraciones radiofónicas de Prieto. El que fuera gerente de las dos campañas del actual mandatario también tendrá que pasar por estas dependencias judiciales.
El Comité Nacional de Colombia mantiene su investigación administrativa y paralela a la de la Fiscalía sobre las campañas presidenciales de 2014. La sala plena del organismo se reúne el miércoles en sesión ordinaria y podría solicitar a la dirección ampliar su tarea tras la confesión de Prieto. Por el momento se encargan de esclarecer si el actual presidente recibió más dinero del establecido por la ley electoral y si esas cantidades tienen un origen ilícito tras las declaraciones del exsenador Otto Bula, quien confesó haber entregado un millón de dólares en efectivo a Roberto Prieto. Si se llegara a confirmar que la campaña del presidente Santos recibió aportes de una empresa extranjera como Odebrecht, el entonces candidato habría superado el tope legal establecido.


Por otra parte, la Fiscalía colombiana ha verificado que Odebrecht cerró un contrato en febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares, para realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades de Colombia. “Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”, aseguran desde el organismo judicial.

Publicado enColombia
Martes, 23 Junio 2015 12:35

¿Hechos o verdad?

Hablar de "verdad" no solamente es complejo sino problemático, pues, pese a que el término pretende referirse a lo que es indiscutible, la aceptación de algo como verdadero requiere consenso. Quizá por ese motivo, el lógico y teórico austro-británico Karl Popper desterró la verificación (búsqueda de la verdad) del campo científico y la sustituyó por la falsabilidad, es decir, la promulgación de afirmaciones siempre provisionales y que, mientras no sean refutadas, pueden considerarse como corroboradas, sin que eso signifique su aceptación definitiva. Las innumerables aristas de la realidad son la razón para que las explicaciones que de ella se dan no deban ser juzgadas, bajo ninguna circunstancia, como inmutables. Es el descubrimiento de factores o perspectivas no tenidas en cuenta previamente lo que enriquece el conocimiento de los fenómenos y los sucesos, que de esa manera asumen una condición dinámica frente a nuestros ojos.

 

La creación de una Comisión de la Verdad (CV) acerca del origen y el desarrollo del actual conflicto armado colombiano ha dado lugar, sin que aún comience a operar, a una serie de reacciones que le auguran un devenir tormentoso. En carta que el jefe insurgente Iván Márquez le dirigió al Procurador el pasado 10 de junio, le dice que la CV no busca la "verdad" del Procurador sino la de las víctimas, incluida la verdad de los muertos, cuyos cuerpos deben hablar a través de los estudios forenses acerca de lo que fue su fin. Y más adelante señala que también se trata de la verdad de lo hecho por el militar, los financistas, los empresarios y dirigentes políticos, en una clara muestra de lo espinoso que será el asunto de las verdades. Ahora, en el espíritu de la carta, lo que allí se quiere enfatizar es que muchos de los actores de la violencia no son reconocidos como tales, porque sus acciones no se interpretan correctamente como causa directa de esa violencia o porque conscientemente se oculta su participación en ella.

 

El asunto se complica aún más si añadimos el elemento de la "construcción de las verdades", pues tenemos que incluir a los medios de comunicación y la academia, que curiosamente no son nombrados por Márquez. Pues, aun limitándonos a la sola divulgación de hechos, es evidente que, cuando en un enfrentamiento abierto entre ejército y guerrilla, por ejemplo, los combatientes muertos del primero son descritos como "asesinados", mientras los de la insurgencia son "abatidos", la 'verdad' que de allí surge es interesada, y mal puede llamarse indisputable. Sin embargo, para los defensores del statu quo no hacer la distinción sería distorsionar lo que consideran la 'verdad'. Pero, ¿cuáles son los hechos en este caso? Acá no cabe duda de que el asunto es el de un enfrentamiento entre individuos armados y preparados para la guerra, por lo cual los muertos de los dos bandos lo son bajo circunstancias iguales que debieran ameritar igual denominación. Pues, bien, es sobre una base descriptiva de los hechos, contemplados a la luz de iguales parámetros, como debe actuar una Comisión que busca un balance de responsabilidades para evitar la repetición del conflicto. Los combatientes tomados prisioneros en los enfrentamientos no pueden ser "secuestrados" si los toma un bando y retenidos si los captura el bando contrario. Igual ocurre con los muertos fuera de combate o las afectaciones a la población civil, vengan de donde vengan.

 

El enfrentamiento que tuvo lugar entre el columnista León Valencia y Miguel Gómez Martínez en el programa Voces RCN, ampliamente reseñado por los medios, y motivado por el señalamiento que León Valencia hizo de la familia Gómez como partícipes de la violencia, es un buen ejemplo de lo que significa develar sucesos que puedan ampliar la comprensión del conflicto, ya que, desde el ejercicio de la política, casos como los de Laureano Gómez y su hijo Álvaro Gómez Hurtado –a quienes León Valencia se refería en la discusión–, para citar tan solo un ejemplo, no han sido suficientemente dimensionados, pese a que del segundo se conoce su persistencia en el Senado en denominar "repúblicas independientes" a poblaciones de campesinos que buscaban tierra donde asentarse, y que Gómez Hurtado invitaba a destruir. El caricaturista Héctor Osuna, bajo el seudónimo de Lorenzo Madrigal, conservador laureanista, en su columna del 7 de junio en el diario El Espectador terció en la polémica, y, luego de calificar como insolente la opinión de León Valencia sobre los Gómez, afirmó con tono de advertencia que "la paz de Santos estará en vilo, si lo que se pretende es unificar la verdad y la memoria históricas por acuerdo con los rebeldes y como decreto para historiadores", expresando el sentimiento de los más conservadores en su nula disposición a reconocer que las razones que esgrime el otro puedan ser conmensurables con las suyas, y menos asumir responsabilidad alguna en el conflicto.

 

El negacionismo histórico es una característica de las élites criollas, legitimadas con una historiografía mediocre y dulzona que, salvo las excepciones de siempre, hasta el día de hoy ha sido panegírica y complaciente. ¿Cuál es el peso de la ausencia de un inventario riguroso de los hechos en nuestra persistente forma violenta de relacionarnos? Parece que no es despreciable, puesto que, siempre que han tenido lugar procesos de paz significativos, la búsqueda de una explicación estructural de las causas ha sido sentida como una necesidad perentoria para evitar la repetición de la tragedia.

 

El 27 de mayo de 1958, mediante el Decreto 0942, se creó la Comisión Nacional de Investigación de las Causas Actuales de la Violencia (el nombre completo del actual organismo es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición), que, pese a un trabajo ingente y unas esperanzadoras recomendaciones, ve apenas una breve paz de cinco años, luego de los cuales estalla de nuevo el conflicto armado que ya sobrepasa el medio siglo de existencia. Negarse a entender las necesidades de grupos acorralados por el hambre y la ausencia de derechos, y, lo que es peor, negarse luego a aceptar que son esas necesidades la causa de las rebeliones armadas, se convirtió en el alimento de una espiral que no ha parado de crecer.

 

¿Puede alguien creer seriamente que sin diálogo se puede alcanzar en Colombia un silenciamiento de los fusiles? La respuesta es no, pero, para nuestro pesar, los guerreros de escritorio estiman que unos litros de sangre adicionales pueden llevarlos a la mesa con ventaja, y claman por empujar la confrontación un poco más, bajo la creencia de que el enemigo está debilitándose. A las élites y sus guardaespaldas intelectuales les parece inconcebible que de un acuerdo de paz surja un cuestionamiento a su quehacer histórico, y se niegan a aceptar responsabilidades. El trabajo de la pasada Comisión Histórica del Conflicto, que terminó convertida en una colcha de retazos en razón de las visiones mutuamente excluyentes de las diversas interpretaciones, es una muestra de la obcecación que acompaña las reflexiones sobre nuestro devenir como sociedad. La intolerancia de las visiones convencionales (¿oficiosas?) no fuera tan problemática si no se constituyera en una línea roja trazada como muro de defensa.

 

Si referirnos a la verdad es problemático porque, entre otras cosas, ésta lleva adosada siempre la carga de la valoración emocional, hablemos modestamente de hechos y de sus principales protagonistas. Respondámonos, quizá tan solo con las frías cifras y la simple enumeración, con una corta lista de interrogantes como: ¿Cuántas fuerzas armadas paraestatales han sido creadas en nuestra historia y por quiénes? ¿Cuántos miembros de la cúpula del ejército han participado en ejecuciones extrajudiciales, antes incluso que fueran denominadas con el eufemismo de "falsos positivos"? ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de esas ejecuciones luego que se emitiera la directiva de premios por "las bajas provocadas al enemigo"? ¿Quiénes han sido los 'inversionistas' privados de la guerra y cuánto el monto de su 'inversión'? ¿Cuáles patrimonios han surgido directamente del despojo? ¿Cuáles columnas de periódico o programas de radio o televisión son los que más gritos de ¡mátenlos! han emitido?

 

Dar respuesta a interrogantes de ese tipo tal vez nos ayude más que el propósito pomposo de "establecer la verdad" por parte de una Comisión para la que, dados los antagonismos ideológicos, es un imposible; y quizá nos evite la discusión inmediata sobre las justificaciones y el contexto de los acontecimientos, que debe ser una tarea permanente de todos.

 

Simplifiquemos la misión de los comisionados, garanticemos de alguna manera sus resultados y asegurémonos de que el caudal de hechos conocidos aumenta para que las generaciones futuras estén en condiciones de saber lo que no les conviene. No. No se trata de una discusión semántica para diferenciar hechos de verdades, se trata precisamente de no caer en discusiones bizantinas que hasta ahora les han permitido a muchos eludir su participación como agentes activos de nuestro cruento discurrir.

Publicado enEdición Nº 214
“Brasil merece toda la verdad factual”

Dilma lloró y rió. Es inusual que la presidenta suelte sus emociones en público como lo hizo ayer al anunciar, observada por los ex mandatarios Lula y Cardoso –ellos también inusualmente próximos–, la Comisión de la Verdad sobre el terrorismo de Estado. La guerrillera incipiente que enfrentó en los ’70, de cabeza erguida, a una corte marcial en la que fue condenada por alzarse contra la dictadura, ayer flaqueó al evocar a los desaparecidos.
 

“Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad factual aquellos que perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen siempre y cada día (un país no merece tener) hijos sin padres, padres sin tumbas, tumbas sin cuerpos”, sostuvo Dilma antes de lagrimear.
 

Ese trecho del discurso ofrece una pista de los objetivos del colegiado de siete miembros, ninguno de ellos perteneciente a organismos de derechos humanos: encontrar los cuerpos de los cientos de opositores al régimen que desaparecieron entre 1964 y 1985.
 

Dilma creó en apenas un año, cuatro meses y 16 días el primer organismo de Estado, respaldado por ley, dotado de facultades para citar testigos y sospechosos, solicitar archivos y esclarecer delitos. Puesto en otras palabras: ella hizo más que los cinco presidentes civiles que se sucedieron en el poder desde el fin del régimen de facto. Sonriente, descendió ayer la rampa que une su despacho con el salón de actos en el segundo piso del Planalto, secundada por su mentor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente honorario del Partido de los Trabajadores, y Fernando Henrique Cardoso, referente del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña.
 

Reunir a Lula, aún no repuesto por completo de su tratamiento contra el cáncer, y su eterno contrincante Cardoso en un acto de tamaña relevancia institucional es una proeza política. Y eso no es todo, también estuvieron en el palco del Palacio los ex mandatarios conservadores José Sarney y Fernando Collor de Mello. Así es Dilma, intransigente en los objetivos (construir la comisión a como sea) y conciliadora con los adversarios de centroderecha (léase Cardoso) abiertos a sumarse a una patriada cívica capaz de repechar el golpismo verbal de los militares retirados y algunos activos.
 

“Esta no es la comisión ideal, hay gente que la hubiera querido más aguerrida, pero es lo que se podía hacer. Dilma tuvo que resistir una presión muy fuerte de los militares y prácticamente todos los medios, con su campaña de desprestigio. Confío en la presidenta y espero que esta comisión nos dé respuestas a nuestra búsqueda de hace décadas”, plantea Vera Paiva.
 

Es hija del diputado desaparecido desde 1971 Rubens Paiva, un militante progresista secuestrado en Río de Janeiro por facilitar cobertura a la resistencia armada. La desaparición de Paiva y de unos 60 guerrilleros del Partido Comunista en Araguaia, región amazónica, suenan como dos casos a ser indagados por la comisión, que también puede abordar la muerte del ex presidente Joao Goulart, fallecido durante su exilio argentino en diciembre de 1976, cuando estaba en la mira de los servicios de inteligencia del Plan Cóndor.
 

Será difícil que el organismo pueda dar cuenta de todas las denuncias de asesinatos y desapariciones hasta fines de 2014, plazo establecido para que presente su informe final. Aún así un grupo de locuaces marinos retirados, con el aval del presidente del Club Naval, crearon una Comisión de la Verdad Paralela con el fin de presionar para que se abran procesos sobre las acciones de la resistencia armada.
 

“Después de la Segunda Guerra nadie hubiera puesto en un pie de igualdad al general Charles De Gaulle con los nazis que ocuparon París. No había dos lados. En la dictadura no había dos lados, a los únicos que se les ocurre hablar de dos lados es a los militares y a los medios”, apunta Vera Paiva.
 

La puesta en funciones del grupo de trabajo ocurrida ayer en Brasilia es la apertura de un relato abierto, que puede derrapar en un fracaso o abrir paso a la Justicia. La ley que creó la comisión, en octubre del año pasado y luego de enhebrar acuerdos con parlamentarios conservadores, prohíbe expresamente presentar las investigaciones ante los magistrados, pues reconoce la vigencia de la amnistía decretada por el dictador Joao Baptista Figueireido en 1979.
 

En su discurso, la presidenta fue muy mesurada y defendió expresamente que la comisión se ajuste a su misión, la de esclarecer los hechos sin procesar a sus responsables. “Al instalar la Comisión de la Verdad no nos mueve el revanchismo o el odio o el deseo de escribir una historia diferente de lo que aconteció, nos mueve la necesidad imperiosa de conocerla.”
 

“La fuerza puede esconder la verdad, la tiranía puede impedir que circule libremente, el miedo puede postergarla, pero el tiempo acaba por traerla a la luz. Hoy ese tiempo llegó”, sentenció la presidenta desde el atril.
 

Pero a pesar del discurso de la presidenta el gobierno no renuncia por completo a que los casos lleguen a la Justicia, como lo ha dicho en varias entrevistas la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes.
 

El camino para que los acusados sean juzgados es hacer respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los delitos de lesa humanidad no pueden ser alcanzados por ninguna amnistía.
 

Publicado enInternacional
Lunes, 18 Abril 2011 09:24

Cuba. Los Debates del Congreso

Escuché hoy domingo, a las 10 de la mañana, los debates de los delegados al Sexto Congreso del Partido. Eran tantas las Comisiones que, como es lógico, no pude escuchar a todos los que hablaron.

Se habían reunido en cinco Comisiones para discutir numerosos temas. Desde luego que yo también aprovechaba los recesos para respirar con calma y consumir algún portador energético de procedencia agrícola. Ellos seguramente con más apetito por su trabajo y su edad.

Me asombraba la preparación de esta nueva generación, con tan elevado nivel cultural, tan diferente a la que se alfabetizaba precisamente en 1961, cuando los aviones yankis de bombardeo, en manos mercenarias, atacaban la Patria. La mayor parte de los delegados al Congreso del Partido eran niños, o no habían nacido.

No me importaba tanto lo que decían, como la forma en que lo decían. Estaban tan preparados y era tan rico su vocabulario, que yo casi no los entendía. Discutían cada palabra, y hasta la presencia o la ausencia de una coma en el párrafo discutido.

Su tarea es todavía más difícil que la asumida por nuestra generación cuando se proclamó el socialismo en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos.

Por ello, persistir en los principios revolucionarios es, a mi juicio, el principal legado que podemos dejarle. No hay margen para el error en este instante de la historia humana. Nadie debe desconocer esa realidad.

La dirección del Partido debe ser la suma de los mejores talentos políticos de nuestro pueblo, capaz de enfrentarse a la política del imperio que pone en peligro a la especie humana y genera gansters como los de la OTAN, capaces de lanzar en solo 29 días, desde el inglorioso "Amanecer de la Odisea", más de 4 mil misiones de bombardeo sobre una nación de África.

Es deber de la nueva generación de hombres y mujeres revolucionarios ser modelo de dirigentes modestos, estudiosos e incansables luchadores por el socialismo. Sin duda constituye un difícil desafío en la época bárbara de las sociedades de consumo, superar el sistema de producción capitalista, que fomenta y promueve los instintos egoístas del ser humano.

La nueva generación está llamada a rectificar y cambiar sin vacilación todo lo que debe ser rectificado y cambiado, y seguir demostrando que el socialismo es también el arte de realizar lo imposible: construir y llevar a cabo la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, y defenderla durante medio siglo de la más poderosa potencia que jamás existió.

Fidel Castro Ruz
Abril 17 de 2011
8 y 33 p.m.


Se romperá el modelo vertical: Raúl Castro


La Habana, 17 de abril. La reforma cubana rebasa la economía e implicará decisiones políticas de largo alcance, como la ruptura del modelo vertical que concentra en pocas manos la dirección de las empresas, el Estado y el partido único, para construir, en cambio, un sistema regido por instituciones, según el informe que presentó el sábado el presidente Raúl Castro.

Al iniciarse el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), Castro esbozó una transición gradual del Estado, que busca relaciones más horizontales, y que junto con la apertura económica pone a la isla en el campo de los regímenes socialistas que se reformaron, como China y Vietnam, y la separa del escenario de colapso en el que se hundieron la Unión Soviética y Europa del Este.

"Estamos convencidos de que lo único que puede hacer fracasar a la revolución y el socialismo en Cuba, poniendo en riesgo el futuro de la nación, es nuestra incapacidad para superar los errores que hemos cometido durante más de 50 años y los nuevos en que pudiéramos incurrir", dijo Castro.

Sin embargo, el presidente cubano estuvo consciente de que enfrentará una resistencia interna y por ello pidió reaccionar con sentido común "ante las violaciones y la disciplina de todos, en primer lugar de los cuadros de dirección", cambiar la mentalidad y "dejar de lado el formalismo y la fanfarria".

Separación de funciones

La clave de la reforma institucional está en la "separación precisa" de funciones entre las empresas, la administración pública y el partido único, señaló el mandatario, "asunto que por décadas se ha visto plagado de confusiones e improvisaciones".

Se trata también, agregó el presidente, "de despojar para siempre al partido de todas las actividades no propias de su carácter de organización política, en pocas palabras, liberarse de funciones administrativas y dedicarnos cada quien a lo que nos toca". Así podrá ejecutarse la "paulatina descentralización de facultades, desde el gobierno central hacia las administraciones locales y desde los ministerios y otras entidades nacionales en favor de la autonomía creciente de la empresa estatal socialista".

Esa línea pondría punto final a la práctica en la que han vivido generaciones enteras de cubanos, según la cual el PCC es una especie de poder fáctico de decisión o veto hasta en los más pequeños conglomerados, y los gerentes de empresas y funcionarios públicos de cualquier nivel tienen que subordinarse a la opinión partidaria.

Durante años, el PCC "se vio involucrado en tareas que no le corresponden, limitando y comprometiendo su papel", señaló Castro, y de inmediato puso un ejemplo de corrección: ya se está reduciendo "sustancialmente" el catálogo de nombramientos en cargos públicos nacionales, provinciales y municipales que hasta ahora tenía que aprobar el partido, para entregarle esa facultad a los ministerios y empresas.

A menudo el mandatario leyó citas de Fidel Castro de décadas atrás, para ilustrar cómo ciertas decisiones se tomaron, pero la práctica fue distinta. Raúl repitió el ejercicio en este caso, recordando un discurso de su hermano mayor, de hace 49 años, en el que se reclamaba la separación de funciones entre un ministro, un administrador y el partido único. Luego el presidente cubano sacó de la gaveta otra resolución, esta vez del PCC, de 1973, exactamente en la misma dirección.

Recordó que los acuerdos de los congresos partidistas suelen quedarse en el papel y anticipó candados para impedir que su proyecto corra la misma suerte. Habrá una comisión, que le reportará directamente al mandatario, para dar seguimiento a la reforma y preparar los cambios jurídicos indispensables y las enmiendas a la Constitución. Castro anunció que el PCC celebrará una conferencia nacional en enero de 2012, para revisar su vida interna

La construcción de un país de instituciones ya ha empezado, según la reseña de Castro, que recordó medidas recientes que reglamentan el funcionamiento del gobierno en varios niveles y la política de defender el valor de los contratos, las obligaciones de pago y cobro y la eliminación del exceso de reuniones de todo tipo.

Sesiona el congreso

El congreso sesionaba el domingo a puerta cerrada en cinco comisiones. El documento de base, el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, estaba siendo reconstruido, según el informe de Castro.

De 291 lineamientos originales, el 68 por ciento resultaron reformulados en la discusión nacional –entre diciembre y febrero pasados– y resultaron 311, reportó el mandatario. Algunas iniciativas no se reflejaron en la versión que discuten ahora los mil delegados, por diversas causas. Castro puso el ejemplo de 45 personas que pidieron autorizar la concentración de la propiedad, lo cual se desechó por "entrar en abierta contradicción con la esencia del socialismo".

Los puntos particulares más debatidos fueron la libreta de abastecimiento alimentario, la política de precios, el transporte de pasajeros, la educación, la unificación monetaria y la calidad del sistema de salud, añadió.

No tenemos una generación experta que entre al relevo, admite gobierno cubano


La Habana, 17 de abril. El presidente Raúl Castro reconoció que no existe una generación con experiencia y madurez que remplace a la máxima dirigencia cubana en el gobierno, el Estado y el partido único.

"A pesar de que no dejamos de hacer varios intentos para promover jóvenes a cargos principales, la vida demostró que no siempre las selecciones fueron acertadas", señaló Castro en la apertura del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) el sábado.

"Hoy afrontamos las consecuencias de no contar con una reserva de sustitutos debidamente preparados" y será necesario solucionar el relevo durante los próximos cinco años, añadió el mandatario.

Castro deploró la "falta de rigor y visión que abrieron brechas a la promoción acelerada de cuadros inexpertos e inmaduros a golpe de simulación y oportunismo, actitudes alimentadas también por el erróneo concepto de que para ocupar un cargo de dirección se exigía, como requisito tácito, militar en el Partido o la Juventud Comunista".

El presidente cubano fue particularmente crítico al señalar la falta de promoción a cargos de primera línea en el PCC de mujeres, negros, mestizos y jóvenes, "sobre la base del mérito y las condiciones personales".

Apuntó que "no haber resuelto este último problema en más de medio siglo es una verdadera vergüenza, que cargaremos en nuestras conciencias durante muchos años", porque eran decisiones aprobadas por todos los congresos anteriores del PCC.

El sexto congreso concluirá el martes próximo, con la elección de un nuevo Comité Central, que elegirá entre sus miembros al Buró Político, el órgano ejecutivo permanente de la organización. Se espera que Raúl Castro sea elegido primer secretario, en remplazo de su hermano Fidel, quien se mantiene en el cargo desde la fundación del PCC, en 1965.

El actual Comité Central fue electo en el quinto congreso, en 1997 y originalmente tenía 150 integrantes, que a la fecha se han reducido a 125. El Buró Político tenía 24 miembros, que ahora son 19.

Raúl Castro dijo que como parte de la reforma tendrá que cambiar el funcionamiento de los órganos dirigentes del PCC, del Estado y del gobierno, "al tiempo que se garantice el rejuvenecimiento sistemático en toda la cadena de cargos administrativos y partidistas, desde la base hasta los compañeros que ocupan las principales responsabilidades, sin excluir al actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros ni al primer secretario del Comité Central que resulte electo en este congreso".

En ese punto expuso su iniciativa de limitar a dos periodos consecutivos de cinco años el ejercicio de "los cargos políticos y estatales fundamentales", aunque no elaboró más sobre el tema.

Fidel Castro retuvo durante décadas las posiciones principales en las fuerzas armadas, el gobierno, el Estado y el partido único. Era comandante en jefe desde la guerrilla de los 50 y mantuvo el rango al convertirse el Ejército Rebelde en las actuales Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El líder cubano ha aparecido en público en uniforme militar sin las insignias de comandante en jefe, pero todavía se le llama en público con ese rango. Por mandato constitucional, el jefe supremo de las fuerzas armadas es el jefe de Estado, en este caso Raúl Castro, quien, sin embargo, aún se mantiene con su antigua posición de general de ejército, segunda en el escalafón castrense.

Como jefe de gobierno, Fidel Castro fue designado primer ministro y se mantuvo en el puesto hasta la aparición de nuevas instituciones en 1976, cuando se convirtió en presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros (jefe de Estado y de gobierno).

En febrero de 2008 el parlamento designó a Raúl Castro como jefe de Estado y de gobierno.

Fidel estuvo al frente del Movimiento 26 de Julio, la fuerza política que encabezó la insurrección de los años 50. Tras el triunfo de la revolución, el líder fue también el máximo dirigente de dos agrupaciones temporales de coalición, las Organizaciones Revolucionarias Integradas y el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, que finalmente se convirtió en el actual PCC.
Publicado enInternacional
Martes, 20 Julio 2010 08:25

El salario de la política

Todo trabajo merece un salario… salvo el trabajo político. Desde que la democracia se confunde prácticamente con el régimen representativo, la sospecha siempre atravesó la relación entre los elegidos y los electores: ¿pueden los primeros representar verdaderamente a los segundos si con ello obtienen algún interés particular, empezando por una retribución financiera? En 1789, los delegados de los Estados Generales no tenían previsto dejar sus provincias por mucho tiempo.

Apremiados por los gastos en Versalles –cuyos alquileres representaban una bendición para los arrendadores, tempranamente bloqueados en París por la transformación de los Estados Generales en Asamblea Nacional Constituyente–, y lejos de su casa y su familia, estos delegados se encontraron en dificultades financieras más o menos rápidamente en función de su condición social y, para los más modestos, de la amplitud del peculio que les habían asignado sus mandantes. Así pues, el 1º de septiembre de 1789, la Asamblea votó una dieta legislativa de 18 libras por día, con tanta discreción que el voto no fue registrado en el acta de las sesiones. A continuación, el régimen censitario, limitando la capacidad del elector y del elegido al pago de cierto impuesto, y por lo tanto a la riqueza, excluyó del mandato toda remuneración.

Y este principio perduró en los comienzos del sufragio universal: aunque el derecho de voto estaba abierto a todos los hombres (todavía no a las mujeres), era necesario tener una fortuna para ser elegido. ¿Cómo podría un pobre acariciar la absurda idea de ser elegido como representante? En Francia, la dieta legislativa adoptada sin discusión en 1848 con el sufragio universal abrió el camino a legisladores provenientes de ámbitos más modestos. Sin duda, no hubo jamás asambleas más “populares” que las de principios del siglo XX. En países como el Reino Unido, donde la remuneración no estaba legalizada (habría que esperar hasta 1911), esta “democratización” del reclutamiento político pasó por los sindicatos (trade unions), ya que estos últimos se hicieron cargo de los emolumentos de los diputados del partido laborista.

Todos los regímenes políticos instauraron finalmente una dieta parlamentaria: una manera de decir que el cargo no es un trabajo, sino que merece una compensación financiera. A pesar de su lógica elemental, sería un error creer que esta institución fue aceptada tan fácilmente. Al fijar inmediatamente la dieta en veinticinco francos por día, la Segunda República provocó una protesta antiparlamentaria, ya que el salario de un obrero parisino estaba comprendido entonces entre los dos y los cuatro francos. Su supresión por el Segundo Imperio y su posterior restablecimiento por su asamblea legislativa no arreglaron el asunto. Por mucho tiempo todavía, los veinticinco francos por día, restaurados en 1871 –bajo la forma de nueve mil francos anuales–, fueron un motivo de ironía, si no de hostilidad hacia los diputados. A tal punto además que hubo que esperar hasta 1906, y la llegada de una cámara más popular, con el Bloque de Izquierdas, para ver aumentar esta dieta a quince mil francos. También allí la medida fue tan discreta que desató quejas. Sus partidarios se ganaron el despectivo apodo de “quincemilistas”.

El 23 de noviembre de 1906, recordando la suerte del parlamentarista Alphonse Baudin, abatido cuando se oponía al golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, Le Matin escribía irónicamente: “Baudin en su barricada moría por veinticinco francos por día. Ayer nuestros diputados decidieron vivir con cuarenta y un francos y nueve centavos”. Había que imaginar, pues, otro procedimiento para adaptar la dieta al aumento de precios. En 1938, fue indexada sobre los salarios de la alta función pública, lo que le permitía crecer regularmente sin que los parlamentarios tuvieran que votarla. Al término de esta historia agitada, la institución de la remuneración de los cargos ya parece conseguida. Los manuales de derecho, aunque discretos sobre el tema, hacen de ella un principio democrático.

El sociólogo Max Weber, sin duda más realista, sugería en una conferencia de 1919 (Politik als Beruf) que el pago era “una condición del reclutamiento no plutocrático del personal político” (1). Pero su generalización no resolvió todo, pues falta ponerse de acuerdo sobre su monto y su transparencia (véase el artículo sobre Noruega). El escándalo de las sumas gastadas por los parlamentarios británicos para su uso privado recordó recientemente el carácter explosivo de la cuestión. Hacer más libre al representante está muy bien, pero ¿respecto a quién? La pregunta fue suscitada en los partidos socialistas, donde los militantes veían con malos ojos la retribución legal de sus propios elegidos, sobre todo si –como en el Reino Unido– éstos atendían a sus necesidades antes que al propio Estado. En un primer momento la institucionalización de la dieta parlamentaria desligó a los representantes de sus camaradas, puesto que su reelección ya no dependía del partido sino de los electores. En parte por esta razón, el Partido Comunista en Francia exigía de sus diputados que cedieran su dieta; a cambio, él les pagaba un salario –ajustado al de un obrero calificado– y se hacía cargo de sus gastos. En la actualidad, la cuestión ya no se plantea en esos términos. La investidura partidaria se volvió la condición obligatoria de la reelección de los parlamentarios.

Esta dependencia impone una rigurosa disciplina que los constriñe a votar por el gobierno, o a favor de su bloque, a veces incluso contra sus convicciones. Así se comprende mejor cómo una institución que es aceptada como necesaria engendra nuevas tensiones. En esta ocasión, la retribución de los cargos parlamentarios contribuyó sin duda a “democratizar” socialmente el reclutamiento político, pero con mayor seguridad contribuyó a profesionalizarlo. La política se volvió un oficio en el transcurso de un largo proceso iniciado en el siglo XIX. No era tan fácil para un médico como Georges Clémenceau, vencido en las elecciones de 1893, tener que recuperar una actividad profesional. Se comprende, pues, el creciente lugar que ocuparon los funcionarios en las asambleas después de la segunda guerra mundial (antes era incompatible), ya que la reintegración automática a sus puestos les ofrece una seguridad considerable contra los avatares electorales.

La idea es vulgar, pero cuando perder equivale a conocer la desocupación, se piensa dos veces antes de arriesgarse en política. Además, evitar esta dolorosa experiencia merece concesiones a la disciplina y al compromiso. La evolución se acentuó más en nuestros días, en que algunos dirigentes políticos no han tenido jamás ningún otro oficio sino la política –como asistente parlamentario, por ejemplo–, antes de ganar una circunscripción y de ser siempre reelegidos en su feudo. Otros, incluso, no han ejercido sino un oficio de fachada. Y qué decir de los altos funcionarios cuya carrera se desarrolla entre los gabinetes ministeriales y su lugar de destino. Por supuesto, no hay solamente inconvenientes en estas carreras que parecen asegurar la competencia de los elegidos.

Pero sí los hay, incontestablemente, en el alejamiento de una profesión –que forzosamente tiene sus intereses, sus hábitos, sus relaciones– con respecto a los ciudadanos que debe representar. ¿Hay que ver allí una de las razones de la reducción de las diferencias ideológicas entre las formaciones políticas? La tensión entre vivir de y vivir para la política sigue más viva de lo que permite pensar el consenso aparente sobre las reglas del juego democrático.

1 Max Weber, El político y el científico, Alianza, Madrid, 1997.

Por Alain Garrigou
Le monde diplomatique
Publicado enInternacional