Fotografía cedida por el Congreso de Perú de las votaciones en el Congreso, hoy en Lima. — Ernesto Arias / EFE

La iniciativa obtuvo 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenciones, quedándose así a seis apoyos de conseguir los 52 necesarios para admitirla a trámite.

 

El Parlamento de Perú ha archivado la moción presentada por los grupos de derecha y ultraderecha para destituir al presidente del paísPedro Castillo. La iniciativa obtuvo 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenciones, quedándose así a seis apoyos de conseguir los 52 necesarios para admitirla a trámite.

Este es el primer intento de los tres partidos de derechas, el fujimorista Fuerza Popular, el ultraderechista Renovación Popular y el neoliberal Avanza País, de despojar de la Presidencia a Castillo. Estas fuerzas son las mismas que apoyaron las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por Keiko Fujimori tras perder las elecciones presidenciales ante Castillo, a quien niegan su legitimidad como presidente y al que acusan de llevar al país hacia el "comunismo".

La iniciativa, que perseguía declarar a Castillo "incapaz moral permanente" por, entre otras cosas, presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, apenas pudo conseguir apoyos más allá de los tres partidos de derechas que la promovían.

La congresista de Avanza País Patricia Chirinos, impulsora de la propuesta, ha defendido en el Pleno la moción de destitución contra el presidente, al que ha calificado de "verdugo de los peruanos" y ha acusado de "dinamitar las bases del Estado, infringir la Constitución y ser desleal a su partido y al pueblo que lo eligió", según recoge Europa Press.

"Desde que ganamos las elecciones, los golpistas han promovido la vacancia sin fundamentos. La demolición y los ataques han sido constantes, pero aquí nos encontramos, de pie, defendiendo nuestra democracia en aras de la gobernabilidad", escribió en redes sociales la congresista de Perú Libre y ministra de Trabajo, Betssy Chávez, en unas declaraciones recogidas por Efe.

En la mima línea se manifestó la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien pidió a los promotores de la vacancia que "entiendan de una vez que han perdido las elecciones".

Tras concluir la sesión en el Congreso, Castillo ha agradecido que la votación "antepusiera" a Perú "sobre otros intereses". "Hermanos, demos fin a las crisis políticas y trabajemos juntos para lograr un Perú justo y solidario", ha abogado también el mandatario a través de una publicación en la red social Twitter.

Por su parte, la primera ministra peruana, Mirtha Vásquez, ha saludado a la decisión del Congreso y ha garantizado la "mayor voluntad" del Gobierno por "sumar esfuerzos con el legislativo y los peruanos de buena voluntad" para "lograr cambios en la vida de quienes menos tienen".

Mientras, el retirado almirante de la Armada peruana y congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, no descartó que próximamente se presenten nuevas mociones para destituir a Castillo.

08/12/2021 09:50

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Cámara de Representantes aprobó “mico” contra la libertad de prensa en Colombia

El artículo 68, o de “Injuria y calumnia contra funcionarios públicos”, tuvo luz verde en la plenaria para castigar con cárcel y con multas a quienes critiquen a funcionarios públicos

 

Fue negada en la plenaria de Cámara de Representantes la proposición para eliminar el polémico artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción por 73 votos por el no sobre 51 votos por el sí.

Los promotores de eliminar el artículo, encabezados por los representantes Gabriel Santos, Germán Navas Talero, Juan Fernando Reyes Kuri, Ángela Robledo, María José Pizarro y David Racero, entre otros, alertaron que este “mico” le daba “dientes a la censura en Colombia”, según expresó Santos (Centro Democrático).

De qué trata el polémico artículo 68, o el “mico” contra la libertad de prensa en Colombia

Como parte del articulado del proyecto de ley anticorrupción que busca adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en Colombia, el “mico” que limita la libertad de expresión y de prensa en el país, fue incluido de última hora en la plenaria del Senado, por iniciativa de congresistas de la bancada de gobierno que presentaron esta proposición, al parecer, con el visto bueno de la Procuraduría y del Gobierno nacional.

Los autores de esta propuesta son los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Ana María Castañeda, Guillermo García Realpe, Fabián Castillo, Miriam Paredes, quienes votaron por el “no” en Plenaria.

Al detalle, al artículo 68 se le añadió el 221a titulado de “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.

7 de Diciembre de 2021

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Perú: la ultraderecha promueve el golpe parlamentario contra Pedro Castillo

A cuatro meses de haber asumido, lo acusan de "incapacidad moral"

Los últimos cálculos revelan que la oposición tiene posibilidades de pasar la barrera de los 52 votos para llevar al presidente al Congreso y someterlo a un proceso de destitución. 

 

Este martes la democracia peruana se juega una jornada clave. Ese día, la extrema derecha buscará aprobar en el Congreso un pedido para iniciar un proceso sumario contra el presidente Pedro Castillo, que asumió hace sólo cuatro meses, para destituirlo del cargo. Se alega una supuesta “incapacidad moral permanente” del maestro rural y sindicalista cuya sorpresiva victoria electoral llevó a la izquierda al gobierno y remeció a los grupos de poder y la derecha, que ahora buscan su caída. Tres bancadas de extrema derecha, entre ellas el fujimorismo, promueven el golpe parlamentario, con importante respaldo mediático. Estos sectores intentaron desconocer el triunfo electoral de Castillo sobre Keiko Fujimori, no pudieron y desde el primer día de su gobierno han maniobrado para sacarlo de la presidencia. 

Se necesita 52 votos, el 40 por ciento de los 130 legisladores del Parlamento unicameral, para darle luz verde al debate de la moción de vacancia (destitución) del presidente por “incapacidad moral”. Si se alcanzan esos votos, Castillo enfrentará en los siguientes días un proceso sumario que duraría unas dos semanas y que no pasa por las instancias de un juicio político. El ambiguo cargo de “incapacidad moral” da para ser interpretado como los intereses de los legisladores determinen. Se requieren dos tercios de la cámara, 87 votos, para concretar el golpe que promueve la extrema derecha. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 55 por ciento se opone a una posible destitución de Castillo, quien ganó la presidencia con el 50,12 por ciento.

Los últimos cálculos revelan que los golpistas tienen buenas posibilidades de pasar la barrera de los 52 votos para llevar a Castillo al Congreso y someterlo a un proceso de destitución. Las tres bancadas que promueven el golpe suman 43 votos y tendrían el respaldo de legisladores de otros grupos de derecha. No alcanzar esos 52 votos significaría un rotundo fracaso para los golpistas. Analistas coinciden que si se llega a abrir un proceso de destitución, es difícil que se alcancen los 87 votos para concretarla. Pero la política peruana ya ha demostrado su vocación por los resultados inesperados. El partido oficialista Perú Libre (PL) y sus aliados progresistas de Juntos por el Perú suman 42 votos, solo dos menos de los 44 que necesitan para neutralizar una destitución de Catillo. A ellos se sumarían tres votos del centrista Partido Morado, que ya se han pronunciado en contra de la destitución del presidente. Pero parlamentarios del sector considerado de extrema izquierda de PL, encabezado por su secretario general, Vladimir Cerrón, que se ha distanciado de Castillo acusándolo de haberse moderado, no han rechazado la conspiración golpista y han dicho que están “evaluando” la postura que tomarán, dejando así abierta la posibilidad de respaldarla, lo que sería un suicidio.

Hace un mes, 16 legisladores de PL votaron con la derecha en contra del voto de confianza al gabinete ministerial. Cuatro bancadas de centro derecha y derecha, que suman 41 votos, se expresaron inicialmente en contra de la vacancia, pero con el pasar de los días varios de sus legisladores han ido cambiando de posición y no hay seguridad de cómo votarían estas bancadas.

Reuniones con los partidos

En un intento por neutralizar el golpe parlamentario, Castillo ha comenzado reuniones con los líderes de los partidos. Las bancadas de extrema derecha promotoras de su destitución han rechazado el llamado al diálogo, las otras lo han aceptado. Esas reuniones comenzaron el viernes y continúan este lunes. Después de hablar con el presidente, hubo declaraciones de dirigentes opositores a favor de “la gobernabilidad y la democracia”, pero han sido intencionalmente ambiguos al momento de comentar cómo votarán sus bancadas.

"Incapacidad moral"

La derecha acusa de “incapacidad moral” a Castillo por supuestamente haber presionado para el ascenso de cinco militares, que no fueron ascendidos, una acusación hecha por dos generales luego de ser pasados a retiro y que está en investigación; por una denuncia de financiamiento ilegal de la campaña de PL, que también está en investigación, en la cual no está incluido Castillo; las movidas de su exsecretario Bruno Pacheco -a quien en una intervención fiscal se le encontraron 20 mil dólares en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno- a favor de algunas empresas ante las autoridades tributarias, quien ya fue separado de su cargo; por una supuesta relación con el “terrorismo” de funcionarios del gobierno, una imputación en la línea de la recurrente acusación que sin pruebas suele hacer la derecha contra la izquierda; a lo que se suman afirmaciones tan absurdas como calificar de “incapacidad moral” el reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.

Errores del gobierno, denuncias comprometedoras y reacciones tardías, debilitan a Castillo en medio de esta grave crisis. En los últimos días la situación del mandatario se ha complicado luego que un programa de televisión revelara que el presidente mantenía reuniones por fuera de la agenda oficial en una casa en el barrio popular de Breña, una vivienda prestada por un amigo en la que vivió durante la campaña electoral y despachaba antes de asumir el cargo. El caso ha dado lugar a que se hable de una “agenda paralela” y de “reuniones clandestinas”. Muchas de esas reuniones han sido con ministros y congresistas, encuentros que no tienen nada de extraño ni sospechoso, aunque se cuestiona que se hayan dado al margen de la agenda oficial, pero una de esas citas en la casa de Breña fue con una empresaria relacionada a un consorcio que ha ganado una licitación para construir un puente. Esta es una reunión que compromete a Castillo y sobre la que no se ha dado una explicación. El presidente ha admitido haber cometido errores, pero ha negado estar involucrado en actos de corrupción.

La figura de la destitución sumaria del presidente por “incapacidad moral” ha sido fuente de inestabilidad en los últimos años. Por esa razón cayó Pedro Pablo Kuczynski -PPK-, quien se libró de un pedido de destitución en diciembre de 2017 -un año y cuatro meses después de haber asumido la presidencia-, pero tres meses después renunció cuando se consideraba seguro que perdería un segundo pedido de destitución. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en noviembre de 2020, dos meses después de haber zafado de un primer pedido para sacarlo de la presidencia por “incapacidad moral”. La destitución de Vizcarra gatilló masivas protestas en rechazo a lo que se calificó como un golpe parlamentario, y su reemplazante, el legislador de derecha Manuel Merino, tuvo que renunciar solo cinco días después de asumir la presidencia. Ahora, otra vez aparece la amenaza del golpismo parlamentario y de la inestabilidad, y vuelve el recuerdo de las protestas en las calles y la brutal represión como un riesgo de repetición si se consuma otro golpe desde un Congreso que tiene 75 por ciento de rechazo. 

5 de diciembre de 2021

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Chile: malos tiempos para la ética política

En Chile la ilusión de estar viviendo un proceso constituyente radical, de transformación democrática se desvanece. Las macroelecciones dejan un resultado poco esperanzador. Dentro de un mes, el posible triunfo de la extrema derecha pinochetista es un mal presagio. Pero no podemos dejar pasar el nuevo mapa que se dibuja tras las elecciones parlamentarias. La derecha controla ambas cámaras. El pacto de transición (1988-90), entre las fuerzas armadas y los representantes políticos que le dieron vida, llega a su fin. El parlamento, ya en crisis, tiene nuevos actores y hay que reinventar alianzas y pactos. Si hablamos de la derecha, la coalición hegemónica Chile Podemos Más cohabitará con una derecha neofascista, cuya presencia ha dejado de ser marginal. Se trata del Frente Social Cristiano, encarnado en la figura de José Antonio Kast, y formado por el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano. En este contexto, UDI, RN y Evópoli, con 59 diputados, seguirán siendo la principal fuerza parlamentaria, pero deberán pactar a su derecha con el Frente Social Cristiano. Sus 15 diputados serán necesarios para articular mayorías. El chantaje será el arma política para mantener atada en corto a la derecha que negoció la transición, y según Katz abandonó sus postulados para plegarse a los designios de la izquierda marxista. Asistiremos, con seguridad, a un discurso más beligerante y anticomunista. Pero no ha sido este el único desprendimiento en la derecha, el Partido por la Gente, con seis diputados, creado ad hoc y legalizado en julio de 2021, inaugura su andadura. Para ello candidateó a Franco Parisi, economista conocido por sus programas de radio y televisión, adulador de la economía de mercado, quien ha fijado su residencia en Estados Unidos, sin participar en los debates. Cuesta creer que 891 mil 566 chilenos le otorgasen su voto, convirtiendo a Parisi en el tercer candidato más votado, por delante de Sebastián Sichel, de Chile Vamos. Sus motivos para "pedir asilo", según sus declaraciones, se deben al proceso judicial que le condena a pagar una millonaria deuda de pensión alimentaria a sus hijos.

Por el otro lado, los partidos que han configurado la Concertación, hoy Nuevo Pacto Social, acaban haciendo aguas. Aunque se mantiene la alianza entre socialistas, democratacristianos, Partido Radical y Partido por la Democracia, sus resultados no han sido mejores que Apruebo Dignidad, donde se agrupan el Frente Amplio, el Partido Comunista, Comunes y Verdes. Ambas coaliciones han obtenido igual número de escaños: 37. La novedad es la juventud de sus diputados. La vieja generación de líderes y dirigentes ha sido desbancada, lo cual supone un cambio que acabará repercutiendo en los discursos, los comportamientos y actitudes a la hora de enfrentar los pactos, lo cual no necesariamente debe traducirse en un ideario más a la izquierda, anticapitalista y contra el neoliberalismo.

Así, en segunda vuelta, a pesar de en­tender que el triunfo de Kast, el 19 de diciembre, sería la confirmación de la peor de las opciones posibles, el probable triunfo de Gabriel Boric, dejaría un presidente debilitado. La derecha, con mayoría en ambas cámaras, podrá desarrollar una política de cortapisa, retrotrayendo el país a los años más oscuros del pinochetismo político y, de paso, convertirse en un dique a la Convención Constituyente, aislando a sus convencionales situados a la izquierda y decididos a cambiar el modelo. En esta tarea contaría con la colaboración de una parte importante de los independientes, socialdemócratas y democristianos de los partidos que firmaron el 15 de noviembre de 2019 el pacto de la traición.

Si dentro de un mes, votar a Gabriel Boric se piensa como freno a José Antonio Kast, sus opciones están en buscar alianzas con la socialdemocracia y la democracia cristiana, en otros términos, con la vieja Concertación, y atraerse los votos del progresista Marco Enrique Ominami (7.61 por ciento) y de Unión Patriótica, Eduardo Artés (1.47), secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria). Sin olvidar la necesidad de movilización social. Los índices de abstención se elevan a 52 por ciento. De los 15 millones 30 mil 973 ciudadanos con derecho a voto, lo ejercieron 7 millones 93 mil 303. En pocas palabras, uno de cada dos chilenos se abstuvo. La despolitización, la corrupción, el descrédito de los partidos, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, la falta de una opción ilusionante en la izquierda, un proyecto real, por encima de discursos grandilocuentes, genera desafección y desinterés. Ahí está otro triunfo cultural del neoliberalismo chileno, relegar la política a un espacio emocional de marketing electoral, desligándola de su sentido ético de construcción de dignidad y ciudadanía plena.

En definitiva, la disyuntiva en Gabriel Boric y Jose Antonio Kast pierde relevancia si entra en la ecuación la nueva composición parlamentaria, sin por ello restarle importancia. No son lo mismo. Pero la realidad es tozuda. Boric, si quiere recuperar terreno, deberá buscar la confianza de los sectores medios, los empresarios, las trasnacionales y los organismos internacionales, lo cual le conduce a posicionarse en favor de la economía de mercado, los tratados de libre comercio y suavizar su rechazo al neoliberalismo. Entre la espada y la pared, si triunfa, su gobierno dará tumbos entre el desencanto y la frustración. José Antonio Kast es el candidato de la derecha, todas las derechas, y harán lo posible para suavizar el discurso xenófobo, racista y violento, maquillando sus declaraciones. Si lo consiguen, tendrán mucho ganado. El Chile real dista mucho de aquel imaginado hace apenas un año con el proceso constituyente. La tendencia es a reconstituir el proceso neoliberal bajo nuevas formas y para ello, da lo mismo ocho que 80.

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Pedro Castillo: "Nos quieren callar unas personas que son elegidas con 2.000 votos y callar la voluntad de un Gobierno elegido por millones"

El mandatario peruano manifestó que continuará con su promesa de "desarrollo e industria en el campo y la ciudad".

El presidente de Perú, Pedro Castillo, reafirmó su compromiso de "trabajar con firmeza" en medio de la agitación política y las presiones de la oposición. Así lo dejó claro este sábado durante un discurso en el marco de la inauguración de un proyecto de energías renovables en el distrito de Huambos, en Cajamarca.

"Es algo curioso lo que pasa en el país; que cuando queremos recuperar los recursos para el país, cuando queremos entregar las obras de envergadura a la patria, nos quieran callar unas personas que son elegidas con 2.000 y 3.000 votos. En el Perú quieren callar la voluntad de un Gobierno que es elegido por millones. No vamos a distraernos en eso", expresó.

El mandatario manifestó que continuará con su promesa de "desarrollo e industria en el campo y la ciudad". "El ruido político impide muchas veces que la población se entere de lo que estamos haciendo. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando arduamente porque para eso nos ha elegido el pueblo. Seguiremos luchando", aseveró.

Reiterando que el esfuerzo de su administración "tiene que ser para el pueblo" y que "primero está el país", Castillo subrayó que tiene que "ordenar la casa", refiriéndose a la necesidad de prestar atención a otras regiones del territorio nacional, pese a los "problemas al interior del Gobierno".

El presidente hizo un llamado a las fuerzas políticas regionales y nacionales para priorizar proyectos que cubran las necesidades más urgentes de la población, como son la educación, la salud y el agua potable. "Ha llegado un hombre del campo y del pueblo para trabajar con el pueblo", concluyó.

Los comentarios del jefe de Estado suceden poco después de que Patricia Chirinos, legisladora del partido derechista Avanza País, presentara ante el Congreso una moción de vacancia contra el presidente, alegando que Castillo es "incapaz moral" para ejercer el cargo. Sin embargo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que no está en los planes del Parlamento promover la destitución del mandatario. Asimismo, desde otras bancadas también rechazaron la iniciativa de Chirinos.

Publicado: 21 nov 2021.

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Perú: el gobierno de Pedro Castillo cumple cien días

En medio una guerra política desatada por la derecha y la prensa hegemónica

El presidente resaltó su política de apoyo, con créditos, ayuda técnica y acceso a mercados, a los pequeños productores, algo más de dos millones de familias campesinas.

 

Cien días agitados, enfrentando una guerra política desatada por la derecha, de ataques sin cesar de la prensa hegemónica, de una permanente amenaza golpista desde el Congreso opositor, y también de errores y divisiones internas, han marcado el inicio del gobierno del campesino, maestros rural y sindicalista Pedro Castillo. Este miércoles, Castillo hizo un balance de los primeros cien días de su gobierno desde la andina región de Ayacucho, en una plaza colmada de entusiasmo. Es la misma región en la cual en el primer día de su gobierno había hecho un juramento simbólico ante una multitud. Castillo comenzó su discurso de cerca de una hora remarcando que había sido elegido presidente porque la mayoría “quiere cambios, no para seguir haciendo lo mismo”. “Este es el gobierno del pueblo”, repitió varias veces. 

Con su inseparable sombrero blanco de paja y un poncho multicolor con motivos andinos, Castillo sorprendió cantando, antes de comenzar su discurso, parte de la popular canción ayacuchana Flor de Retama, que es un homenaje a los estudiantes muertos en es aplaza durante la represión policial a una protesta a fines de los años sesenta. Recordó que había asumido el gobierno con un país en grave crisis y una histórica exclusión de las mayorías. “Encontramos un Estado que siempre estuvo de espaldas al Perú profundo y a la agricultura. La salud y la educación nunca fueron un derecho, sino un servicio. Todos los gobiernos pasados siempre defraudaron al pueblo. Llegamos acá y encontramos un sistema de salud totalmente colapsado, que conllevó a que más de 200 mil peruanos fallecieran por la Covid – 19. Encontramos a más de tres millones de peruanos que habían perdido su trabajo y millones de hermanos que clamaban por una vacuna (contra la Covid - 19), cientos de conflictos sociales porque nunca fueron atendidos, pueblos olvidados que no tienen agua ni luz, escuelas y hospitales destrozados, postas de salud en completo abandono, miles de peruanos en situaciones de analfabetismo y desnutrición, una grave crisis por problemas de corrupción, graves problemas de inseguridad, delincuencia común”.

Balance

Después del duro diagnóstico, vino el balance de su gestión. “Hemos logrado cosas muy importantes”, se defendió de las críticas. “Pero con poca vergüenza -agregó- un sector me dice que no he hecho nada. Ellos que en doscientos años se dedicaron a robarle a nuestro país y no hicieron nada por la Patria, hoy quieren que un campesino entre al gobierno y en cien días resuelva los problemas del país”. Castillo alzó la voz: “Yo tengo una línea clara dada por el pueblo, estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que este llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo”. La plaza colmada aplaudió.

Castillo señaló que su gobierno ha iniciado la renegociación de los cuestionados contratos de explotación y comercialización del gas con el Consorcio Camisea, que integran las empresas argentinas Pluspetrol y Tecpetrol. Aseguró que esa renegociación, que apunta a priorizar el mercado interno para masificar el consumo del gas y mejorar los ingresos para el Estado, se hará dentro de la legislación vigente. Una vez más descartó estatizaciones. “Desde la campaña -recordó- me decían comunista y que les voy a quitar sus propiedades y sus ahorros. Han pasado cien días de gobierno, ¿a alguien le he quitado sus casas y sus ahorros, a alguien le he expropiado? Puras mentiras”.

Entre los principales logros de su gobierno, destacó el importante avance en la vacunación contra la Covid – 19. Cuando asumió la presidencia la cobertura de la vacunación alcanzaba solamente el 15 por ciento, ahora bordea el 60 por ciento. Dijo que para este año se proyecta un crecimiento del PIB de 11,9 por ciento “y hay analistas que dicen que podría ser mayor”, y aseguró que se han creado 300 mil puestos de trabajo en estos cien días. El primer campesino que llega a la presidencia resaltó su política de apoyo, con créditos, ayuda técnica y acceso a mercados, a los pequeños productores agrarios, algo más de dos millones de familias campesinas, el sector más pobre y excluido, en su mayoría de las zonas andinas. Su prioridad, señaló, es invertir en educación y salud.

Lucha contra la corrupción

Con seis expresidentes y otros altos funcionarios y políticos condenados o procesados por corrupción -entre ellos Keiko Fujimori, jefa de una bancada que encabeza la oposición golpista-, el presidente aseguró que la lucha contra la corrupción es una prioridad de su gobierno. Anunció que se venderá el avión presidencial.

La celebración por estos primeros cien días de gobierno le permitió a Castillo un entusiasta contacto popular en medio de una nueva crisis que enfrenta su gobierno, luego del intempestivo cambio de los comandantes generales del ejército y la fuerza aérea y las denuncias de ambos militares de que el ministro de Defensa y el secretario del presidente los habían presionado para el ascenso irregular de tres coroneles y un general, ascensos que no se dieron. Han dado a entender que por su negativo a esos ascensos fueron pasados al retiro. El titular de Defensa, Walter Ayala, que el lunes anunció su renuncia, pero sigue en el cargo sin que el presidente se haya pronunciado sobre su futuro, niega las afirmaciones de los militares y los ha acusado de prestarse al juego político de la oposición que busca destituir al presidente.

Sucesión de crisis

Esta es la última de una sucesión de crisis que ha enfrentado este gobierno en este corto tiempo. Crisis fogoneadas por la oposición, pero a las que el gobierno ha aportado con algunos errores y nombramientos que han sido un flanco fácil para los ataques. El primer gabinete ministerial, encabezado por el legislador oficialista Guido Bellido, que apostó al radicalismo verbal y a confrontar con la oposición y también con aliados del gobierno a los que consideraba moderados, se convirtió en fuente de varias crisis y puso al gobierno en problemas. Duró apenas poco más de dos meses. Castillo lo cambió por la exlegisladora de izquierda Mirtha Vásquez, que le dio un giro al gobierno, no a las propuestas de cambio, sino en el estilo, apostando por el diálogo y la concertación. Esto le abrió al gobierno posibilidades de un acercamiento a otros sectores, pero gatilló la ruptura en el partido oficialista Perú Libre, que vio con malestar la salida de Bellido, alto dirigente del partido.

La sorpresiva llegada a la presidencia de Castillo, que viene de los sectores más pobres y excluidos del país, ha despertado el entusiasmo y las esperanzas de los sectores populares, especialmente de los marginados de las zonas rurales, y el miedo y la rabia de la derecha, los medios y el poder económico. La oposición de derecha no le concede nada al gobierno, en estos cien días solo ha tendido críticas. Han sido cien días difíciles, de una esperanza que se mantiene, y de resistencia a las movidas desestabilizadoras.   

 

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Pedro Castillo en una ceremonia con sus aliados bolivianos.. Imagen: AFP

Buscan votos para destituir a Castillo por "incapacidad moral"

En su enfrentamiento con el gobierno de izquierda de Pedro Castillo, el Congreso controlado por la derecha maniobra para maniatar al presidente. El Legislativo ha dado un importante paso en esa dirección promulgando una ley que limita las facultades de Castillo y debilita al mandatario frente a un Parlamento opositor y en buena parte hostil y golpista. Esta ley, que es un ataque directo al presidente, ha sido promulgada cuando en el Congreso sectores radicales de la derecha encabezados por el fujimorismo, complotan para dar un golpe parlamentario. Para eso tienen la ambigua figura de la destitución del presidente por “incapacidad moral”, que puede aplicarse sumariamente en un proceso de pocos días sin necesidad de un juicio político y sin otro argumento que la fuerza de los votos. Se necesitan dos tercios del Congreso unicameral, 87 votos de 130. La derecha golpista todavía no alcanza esos votos, pero trabaja para sumarlos, con apoyo de un sector importante de los medios. La nueva ley le quita opciones al presidente para defender su gobierno.

El sistema político peruano es una combinación de presidencialismo con elementos de los modelos parlamentarios. Además de la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment, el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros, obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de confianza del Congreso, si la confianza le es negada el gabinete cae. El Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de confianza le es negado dos veces queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.

La cuestionada ley sacada por la derecha, aprobada por insistencia con 79 votos luego que el Ejecutivo la observara, limita las facultades del gobierno frente al Congreso, prohibiéndole utilizar el pedido del voto de confianza para lo que se considere “facultades del Congreso” y para defender reformas constitucionales. Entre otras limitaciones, ahora el gobierno no podrá utilizar el voto de confianza para defender su propuesta de una reforma constitucional para habilitar un referéndum para elegir una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución heredada de la dictadura de Alberto Fujimori. Se limita la cuestión de confianza que puede pedir el Ejecutivo, pero se mantienen intocables todas las facultades del Congreso frente al gobierno, entre ellas la de destituir al mandatario por “incapacidad moral”. El equilibrio de poderes se ha roto, la cancha ha quedado inclinada a favor del Parlamento, donde la ultraderecha golpista tiene importante fuerza.

“Esta ley implica un debilitamiento de la presidencia, precariza la figura del presidente Castillo, lo hace más frágil. Esto se suma a otros problemas congénitos que tiene el sistema peruano, como el hecho que un presidente puede ser destituido en un proceso exprés de quince días porque aquí no existe juicio político. Esta ley se ha dado para mediatizar al presidente, a la presidencia de la república como institución, para neutralizar al gabinete y toda posibilidad de cambio, y es un aviso de la vacancia (destitución del presidente) que los sectores de la ultraderecha quieren presentar en el Congreso. Al restringir el criterio de amplitud del voto de confianza lo que se hace es empoderar al Parlamento sobre el presidente de la República y eso es una fractura histórica. Hay un fuego cruzado entre el Ejecutivo y el Congreso, con esta ley el Parlamento toma ventaja”, le señaló a Página 12 el abogado y politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla.

“Esta ley -indica De la Puente- ya está teniendo efecto. Mi impresión es que Castillo está gobernando de cara al Parlamento, diría de cara a la enorme influencia que en el Congreso tiene la ultraderecha. La consecuencia de esto podría ser que Castillo tenga gabinetes menos suyos y más interesados en quedar bien con el Parlamento, caer en el juego que postula la derecha que quiere un consenso pero sin cambios, cuando el mandato de las elecciones es que haya consenso y cambio”.

En los últimos años, con estas figuras de la destitución del presidente por “incapacidad moral” y la disolución del Congreso, el país ha estado en permanente inestabilidad política. En el último quinquenio, antes que asuma Castillo en julio pasado, hubo cuatro presidentes y dos Congresos. En diálogo con Página 12, el abogado constitucionalista Luciano López, profesor de la Universidad Católica, opina sobre los efectos de esta ley en este escenario de inestabilidad.

“Si se quisiera dar estabilidad -señala López- se debería eliminar la posibilidad de disolver el Congreso y reemplazarla por la renovación parcial a mitad de mandato como existe en Argentina y otros países, y del otro lado eliminar también la destitución del presidente por incapacidad moral, que no se ha tocado, y establecer un juicio político con todas las garantías para una falta grave. Pero con esta ley no se ha querido dar estabilidad, sino debilitar al presidente. El trasfondo de esta ley es que el Congreso está tratando de neutralizar la posibilidad de su disolución al limitar la cuestión de confianza y está dejando abierta la puerta de la vacancia del presidente por una causal amplia como la incapacidad moral que se presta a la arbitrariedad. La Constitución le da un revolver al Ejecutivo para que le dispare al Parlamento disolviéndolo si se le niega dos veces la confianza, y le da otra pistola al Parlamento con la figura de la vacancia del presidente por incapacidad moral. Esta ley le quita ese revolver al Ejecutivo, pero le deja al Parlamento el revolver para que le dispare al Ejecutivo”.

El gobierno ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que esta norma sea declarada inconstitucional por modificar irregularmente la Constitución. “La Constitución -precisa López- no pone límites a la cuestión de confianza que puede usar el Ejecutivo y así lo ha establecido el TC en dos sentencias, de 2018 y 2019. Esta ley es inconstitucional porque ha hecho una reforma de la Constitución limitando el pedido de confianza a través de una ley ordinaria que no es la vía para reformar la Constitución. Si el TC aprueba esta ley sería por razones políticas y no jurídicas”, señala López. El proceso en el TC, dice el constitucionalista, podría tomar unos cuatro o cinco meses, mientras tanto la ley sigue vigente.

Con un Congreso opositor que limita sus facultades, una derecha golpista con fuerza en el Parlamento y apoyo mediático y en sectores empresariales, y su frente interno dividido, Castillo se enfrenta a un panorama complicado. El analista Juan de la Puente señala que la respuesta del maestro rural y sindicalista que ha llegado a la presidencia debe pasar por movilizar las bases populares que votaron por él.

“Lo primero que puede hacer Castillo, que me parece está comenzando a hacer, es acudir al pueblo. En los últimos días la reacción del presidente ha sido volver a sus bases, viajar por el país, y está dejando que corra la idea que este es un Parlamento abusivo que está obstruyendo su trabajo. El principal sostén del presidente está en las calles, porque la coalición oficialista está muy deteriorada”, dice Juan de la Puente.

 

1 de noviembre de 2021

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla a sus seguidores tras la derrota en las primarias legislativas celebradas el domingo 12 de septiembre de 2021. REUTERS-QUALITY

Los aspirantes del Gobierno al Congreso pierden en todos los distritos más importantes, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

 

El kirchnerismo tiene mucho de qué preocuparse. Sus candidatos a pelear por un asiento en el Congreso el 14 de noviembre han perdido en elecciones primarias en 18 de los 24 distritos del país, según resultados oficiales, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo y responsable del 40% de los votos a nacionales. La oposición, reunida en Juntos por el Cambio, la coalición que en 2015 llevó al poder a Mauricio Macri, retiene sus distritos tradicionales (ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba), y gana en provincias que suelen ser díscolas a la derecha, como Chaco, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y hasta Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. Los resultados suponen un durísimo golpe, de consecuencias aun imprevisibles, para el Gobierno de Alberto Fernández, que en estas elecciones primarias plebiscitaba su gestión. El triunfo opositor coloca al alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, en la carrera por la presidencia en 2023.

El presidente Fernández admitió el triunfo opositor junto a los principales candidatos y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto. Hay una demanda que no hemos satisfecho y que a partir de mañana le prestaremos atención”, dijo. “La campaña acaba de empezar y faltan dos meses [para las elecciones Legislativas]. Tengo por delante dos años de Gobierno y no voy a bajar los brazos, y pido humildemente que nos ayuden. Vamos para adelante que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, cerró el presidente, que asumió en soledad el discurso de la derrota.

Los argentinos participaron este domingo de un original experimento electoral, con la elección de candidatos en elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Las PASO, como se llaman, se convierten así en un referendo de la gestión oficial. El Gobierno era consciente de las dificultades que enfrentaba: la economía en picada, producto de tres años de recesión y la parálisis de la pandemia, y errores no forzados de Alberto Fernández y su entorno y las peleas cada vez más evidentes en el seno de la coalición, con Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. Esperaba, sin embargo, un ajustado triunfo en la provincia de Buenos Aires y el primer lugar en la suma total de votos nacionales. Nada de eso ha pasado. Incluso con el peronismo unido. El mapa de las provincias de Argentina se ha teñido de amarillo, el color de Juntos por el Cambio, y el peronismo pierde el control del interior del país, fuente de su país.

Los resultados dan una dimensión de la catástrofe. En la provincia de Buenos Aires, con el 82% de las mesas escrutadas, la coalición opositora saca el 38,3%, contra 33,5% del oficialista Frente de Todos. En Capital, el macrismo se quedó con el 48,3% de los votos, contra 24,6% del peronismo. En el interior del país no le ha ido mejor al Gobierno, incluso en distritos tradicionalmente peronistas como La Pampa (48,8% contra 38,3%) o Chaco (44,2% contra 35,5%). Los precandidatos del Gobierno solo han sumado más votos que sus rivales en Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, San Juan y Santiago del Estero. El resultado encumbra como líder de la oposición al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que armó la elección con candidatos propios, en detrimento de los sectores más radicalizados de la coalición, representados por Mauricio Macri.

La pérdida de la provincia de Buenos Aires y otras tradicionalmente peronistas no estaba ni en las proyecciones más pesimistas. “La derrota se explica en parte por razones económicas”, dice en un análisis rápido el director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza. “El valor del salario se ha deteriorado, los niveles de inflación son intolerables y el Gobierno no ha logrado compensar con la gestión de la pandemia. En Buenos Aires, por ejemplo, vemos que los votos han sido básicamente los de Cristina Kirchner, porque ni Alberto Fernández ni Sergio Massa (el presidente de la Cámara de Diputados y tercera fuerza de la coalición oficialista) han sumado para el resultado total”, explica.

El Gobierno tendrá ahora dos meses de campaña para que el resultado de las primarias no se repita en la elección definitiva de noviembre, cuando se renovará en las urnas la mitad de los diputados y un tercio del Senado. El oficialismo corre el riesgo de perder incluso el quorum del que disfruta en la Cámara Alta, donde están representadas las provincias a razón de tres senadores por cada una. Es allí donde manda Cristina Kirchner, quien como vicepresidente ostenta la titularidad de ese cuerpo legislativo. “La perspectiva es compleja”, advierte Fidanza, “porque el Gobierno llegó debilitado a la elección y a partir de mañana esa debilidad será mayor, con un presidente con poco apoyo popular y una vicepresidenta que tiene un rechazo del 50%”, explica.

Desde Juntos por el Cambio todo ha sido festejos. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires con Macri, arrasó ahora en la capital. “Gracias por darnos otra oportunidad”, le dijo a sus seguidores acompañada por el alcalde Rodríguez Larreta y otros dirigentes de la coalición opositora. Vidal perdió la relección en 2019 contra el actual gobernador, el kirchnerista Axel Kicillof. “Esta noche los votos dijeron ‘falta menos’. Ustedes lo saben, yo lo sé y el kirchnerismo lo sabe: falta menos. Falta menos para que haya un bloque opositor en el Congreso para impedir la mayoría, para que el cinismo y la mentira se agoten, para recuperar la educación que perdimos”, dijo. Las primarias pusieron también en evidencia el surgimiento de una fuerza de extrema derecha hasta ahora desconocida en Argentina. El economista Javier Milei, defensor de Jair Bolsonaro y Donald Trump, fue la tercera fuerza en la capital, con el 13,6% de los votos.

Buenos Aires - 12 sept 2021 - 04:48 CEST

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Dos congresistas del "ala izquierda" del partido demócrata votaron aumentar la ayuda militar a Israel

Solo dos meses después de haber cometido crímenes de guerra, Israel podrá recibir miles de millones de dólares en ayuda militar del Congreso estadounidense. El proyecto fue aprobado con casi todos los votos del partido Demócrata.

Sábado 7 de agosto | 16:10

El 28 de julio, el Congreso estadounidense aprobó el proyecto de ley de asignaciones de ayuda exterior, que incluyó 3.300 millones de dólares en ayuda militar para el Gobierno israelí. El proyecto dice explícitamente que “no menos de 785.300 millones [de los 3.300 millones] deberán estar disponibles para artículos y servicios de defensa, incluyendo investigación y desarrollo”. Contiene además otros fondos para Israel, para programas educativos, adquisición de armas y reubicación de refugiados. El proyecto fue aprobado con apenas tres votos negativos en toda la bancada del Partido Demócrata: Los representantes Rashida Tlaib (Michigan), Cori Bush (Mississippi) y Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York). La representante Ilhan Omar (Minnesota), sin embargo, votó a favor. Musulmana y nacida en Somalía, huyó de la guerra civil, estuvo en un campo de refugiados en Kenia y finalmente obtuvo asilo en Estados Unidos. Jamaal Bowman (Nueva York) fue el otro que votó a favor. El apoyo al apartheid de Israel es verdaderamente bipartidista.

El proyecto es el último de una larga serie de proyectos que arrancó en el acuerdo entre Estados Unidos e Israel de 1999 para firmar “memorandos de entendimientos” (MOU) -que no son ni leyes ni decretos presidenciales. El más reciente MOU, firmado en 2016, estipula que el presidente estadounidense podría solicitar al Congreso 33.000 millones de dólares para financiamiento militar de otros países y 5.000 millones para ayuda para defensa antimisiles por los próximos diez años. El congreso debe aprobar el proyecto de asignaciones cada año autorizando el dinero, pero habitualmente lo hace sin cambios a los requerimientos del presidente. Estados Unidos apoya al Gobierno derechista del Estado de Israel para mantener los intereses y la hegemonía estadounidenses en la región, y lo ha hecho desde la Guerra fría, cuando Israel fue punta de lanza de la estrategia anti soviética de Estados Unidos. El continuo interés imperialista de Estados Unidos está basado en el interés de mantener la estabilidad política en la región para mantener el acceso de Estados Unidos a los mercados globales de petróleo.

Sabemos qué hace Israel con el dinero -el Ejército israelí lo gasta en aviones de combate con los que bombardea Gaza y mata a civiles, en policía militar que usa su fuerza brutal contra los Palestinos en los checkpoints y durante las manifestaciones, encarcela a miles de palestinos a cada año y los desaloja de sus casas en los “oficiales” territorios ocupados, para dar lugar a colonias ilegales. Israel también gasta el dinero en tecnología militar como el sistema de defensa antimisiles Domo de Acero y en herramientas de detección de túneles de cruce de frontera y sistemas anti drones que Israel está desarrollando en colaboración con Estados Unidos, para usar en cada frontera del país.

No solo usa su dinero para comprar armas para mantener su propia fuerza militar, sino que los MOU entre Israel y Estados Unidos permitirán a Israel gastar una parte de ese dinero para ayuda militar en su propia industria de defensa hasta el 2028 (lo que ningún otro país que recibe ayuda militar de Estados Unidos tiene permitido hacer). Esto prácticamente creó una industria armamentística israelí y transformó a Israel en el mayor exportador de armas del mundo. Israel ha vendido armas a las juntas militares de Myanmar y de Argentina, el Ejército Bosnio durante el genocidio Serbio, Sudán del Sur y el apartheid sudafricano. Entrena a las fuerzas policiales estadounidenses.

Israel también desarrolla y exporta armas cibernéticas y equipos de vigilancia, como la empresa israelí AnyVision’s facial recognition software, que fue probada primero en los palestinos en los checkpoints y luego exportada para ser usada en escuelas, shoppings, hospitales, bancos y casinos, incluso en Estados Unidos. En particular, la empresa israelí de software espía NSO Group, fundada por ex alumnos del grupo de inteligencia de señales del Ejército israelí, exportaron el software espía para celulares llamado Pegasus, que fue descubierto recientemente por haber sido usado para vigilar y ubicar en tiempo real a docenas de activistas y periodistas en todo el mundo, incluso a los investigadores internacionales enviados a México para investigar la desaparición de decenas de estudiantes de Ayotzinapa y parientes cercanos de funcionarios del gobierno mexicano que luchan contra la corrupción gubernamental. Ningún equipamiento militar, incluyendo software, puede ser vendido a gobiernos extranjeros sin una licencia aprobada por el Ministerio de Defensa israelí. Solo en 2019, 815 millones de estadounidenses aportaron dinero que fue gastado directamente en la industria israelí de armamentos.

Los intereses del imperialismo estadounidense en la continuidad del gobierno israelí representa un fuerte ejemplo de que la política exterior y doméstica no van por separado sino que son cosanguíneas. La sangre del imperialismo estadounidense alimenta cada rincón del planeta, y su corazón, el Congreso de Estados Unidos, bombea dinero para mantener regímenes que reprimen violentamente los levantamientos de la clase trabajadora, vigila a activistas y periodistas, y desestabiliza economías para hacer el mundo un lugar más seguro para las inversiones estadounidenses, contribuyendo generosamente a las crisis de refugiados y violaciones a los derechos humanos. La política exterior, la violencia policial doméstica, vigilancia y crisis migratoria están entrelazadas y son inseparables.

Apoyar la ayuda militar para un Estado de apartheid no sólo legitima sus atrocidades, sino también las del imperialismo estadounidense. Cada voto de confianza en interés de los capitalistas y del imperialismo estadounidense fortalece la hegemonía capitalista solidificando la idea de su corrección innata, y es una oportunidad perdida para demostrar qué distinta podría ser la hegemonía de la clase trabajadora. Cada voto a proyectos como este ayuda a construir la idea hegemónica de que eso es una acción normal para los representantes del “ala izquierda”.

Cuanto más asoma la cabeza el imperialismo de Estados Unidos, más aparece como una ley natural del universo. Cuanto más millones de dólares Estados Unidos entregue por año a regímenes estatales opresivos, más natural parecerá la existencia de esos estados y más profundamente se enraizarán. El moderno Estado de Israel tiene menos de 80 años. El trato dado a los palestinos no es una ley inherente del universo sino una decisión activa, avalada por Estados Unidos -una relación social que puede ser transformada en una Palestina laica y democrática que incluya a judíos y palestinos y enmiende décadas de expulsiones y abusos a los derechos humanos.

Cuando más tiempo dure el régimen de apartheid, más tiempo sufrirá el pueblo palestino, cuanto más arraigado se vuelve su sufrimiento en la mente de las personas de todo el mundo. Palestina será libre, pero hoy el imperialismo estadounidense sigue proveyendo soporte material al estado de apartheid que los oprime, con el abrumador apoyo del Partido Demócrata.

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Lunes, 07 Junio 2021 06:07

SOS

 Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, llegó ayer a Guatemala. La visita estará centrada en atender la migración indocumentada y la corrupción. Foto Ap

“La democracia está enfrentando una crisis existencial. La desigualdad e injusticia nos están destrozando. Los hechos fundamentales están bajo ataque. Y las fuerzas del fascismo se están reorganizando. Si no actuamos ahora para proteger la democracia, temo que podremos perderla para siempre durante la próxima década”, advierte Robert Reich, profesor en Berkeley, ex integrante del gabinete de Bill Clinton y una de las voces liberales más prominentes del país.

Esto, después de que más de cien expertos en democracia emitieron una declaración expresando alarma sobre los "cambios radicales" en los procesos electorales promovidos a nivel estatal por republicanos, como también el esfuerzo por frenar una reforma nacional para facilitar el acceso universal al voto (https://www.jornada.com.mx/2021/06/ 02/mundo/022n1mun). "Nuestra democracia está en peligro", concluyeron.

Una de esas expertas, Pippa Norris, de Harvard, escribe que si no se promueven reformas para garantizar el proceso electoral, incluyendo la protección de derechos de los votantes que ya están ante el Congreso antes de las elecciones intermedias a finales de 2022, la democracia estadunidense podría estar perdida. “El 6 de enero (el intento de golpe de Estado con la ocupación del Capitolio para tratar de frenar la certificación del voto presidencial) fue la campana de alarma… Otros países han visto la desintegración democrática. Esto no es alarmismo. Desafortunadamente es real”, escribió en The Guardian.

Sectores derechistas siguen hablando abiertamente de promover un cambio de régimen para expulsar al gobierno de Biden y reinstalar a Trump (el magnate ha alentado eso en privado con varias personas, reportó el New York Times esta semana), mientras se multiplican los esfuerzos por cambiar las reglas básicas del juego con el fin de limitar el derecho sagrado al voto a sectores minoritarios y pobres, y con ello lograr un sufragio inefectivo necesario para consolidar un gobierno para la derecha representando a los blancos y sus aliados reaccionarios.

Lo que más asombra a todo los analistas críticos de estos esfuerzos coordinados para suprimir el derecho democrático al voto es qué tan abierta y explícitamente se está haciendo todo esto. Algunos expertos advierten que si se continúa logrando cambiar las reglas de algunos de los procesos electorales en diversos estados, los conservadores republicanos aliados de Trump podrían recuperar sus mayorías en ambas cámaras del Congreso en 2022 y con ello podrán controlar el proceso electoral presidencial de 2024, sobre todo la certificación del resultado, o sea, lograr lo que intentaron hacer en la elección de 2020 a través de poner en duda los resultados con la "gran mentira" de un fraude y, cuando eso no funcionó, intentar un golpe de Estado.

Esta pesadilla puede suceder muy rápido, advierten expertos sobre cómo las democracias son destruidas. El especialista en autoritarismo y fascismo Timothy Snyder, de Yale, advierte: "si tu plataforma es que las elecciones no funcionan, estás diciendo que tienes la intención de llegar al poder de otra manera", al explicar la estrategia de promover constantemente la mentira del fraude. “La gran mentira está diseñada no para ganar una elección, sino para desacreditarla… es justo lo que intentó Trump en 2020 y eso llegó a un intento de golpe en enero de 2021. Será peor en enero de 2025”. Agrega: “puede ser frenado, pero sólo si se entiende. Todo sucede rápidamente… Tenemos que actuar ahora”.

O sea, el experimento neofascista no fue neutralizado con la derrota de Trump, y por ello continúan así casi todos los días las alarmas y alertas sobre cómo la democracia estadunidense se encuentra en grave riesgo.

La vicepresidenta Kamala Harris está visitando Guatemala y México, y el miércoles el presidente Biden iniciará su primera gira internacional al viajar a Europa. Ambos afirman que están promoviendo los principios democráticos fundamentales y enfrentando las "amenazas". Pero esta vez, la mayor amenaza a la democracia estadunidense proviene de adentro.

Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. https://www.youtube.com/watch?v=TLV4_xaYynY

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