Miércoles, 13 Enero 2016 06:49

El fin del conflicto armado

El fin del conflicto armado

La Mesa de conversaciones de paz de La Habana entra a la parte final para la superación definitiva del conflicto social armado. La organización y preparación del plebiscito por la paz no, iniciativa del gobierno, en el que probablemente participaran cerca de 10 millones de ciudadanos, debe ser un escenario que permita la promoción de la Asamblea Constituyente popular y soberna

Tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como las Farc/Ep, preparan el trabajo y las condiciones para abordar el tema crucial del findel conflicto armado y el del mecanismo de refrendación de los consensos suficientes alcanzados a lo largo de los diálogos de paz.

Por supuesto son dos campos sociales ampliamente condicionados por diversas racionalidades políticas y por múltiples formas de constructivismo social discursivo en el contexto de lo que se denomina marcos de análisis o conceptos con que cada agencia aborda el diseño de un nuevo ciclo político nacional sin la feroz y letal incidencia de las armas y la violencia.

Conviene destacar que en los temas señalados se resume el principal desafío de la Mesa de diálogos. Tres años de encuentros y acuerdos entre las partes, permitieron establecer que lo más importante consiste en superar la violencia como instrumento de resolución de conflictos en la formación social, que es lo que desafortunadamente ha ocurrido durante más de medio siglo a raíz del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, de la atroz violencia de los años 50 y de la autodefensa agraria armada ubicada en el ámbito de la acción guerrillera tanto por las condiciones especificas del antagonismo social como por las consideraciones ideológicas y tácticas que se desprenden de cierta interpretación de la teoría revolucionaria.

Igualmente es pertinente advertir que el nuevo escenario delineado para los primeros meses del año 2016 en materia de paz, se da en el marco de una exacerbada crisis económica y fiscal con los efectos inevitables en el auge de la movilización popular antisistémica y en el quiebre de la legitimidad y gobernabilidad de las castas que controlan el Estado y el Gobierno.

Por supuesto, las nuevas subjetividades políticas que surjan en el marco de la desmovilización de las Farc, tienen grandes retos para asumir. Como quiera que la hipótesis que animara su militancia política se oriente a convocar un gran bloque nacional popular como alternativa al modelo de dominación oligárquica, hay diversos problemas a resolver en la perspectiva de la construcción de un sujeto que ofrezca una nueva posibilidad de organización sociopolítica democrática y justa para la Colombia del siglo XXI. En ese sentido, una reflexión atinada debe trascender el mero análisis estructural (de estructura y superestructura) conocido, para establecer una cadena de equivalencias en la injusticia que permita establecer un "significante vacio" (¿Paz con tierra, pan, empleo, salud, techo y educación?), como punto de convocatoria popular, más allá del simple llamado de clase obrero.

Lo que hay que entender es que un cambio profundo del Estado y la nación no será el resultado de meras alianzas electorales de aparatos ni de simples y mecánicas "acumulaciones de fuerza", como lo propone el viejo esquema dogmatico y sectario de una izquierda que se quedo estancada en los años 60 del siglo XX. Una izquierda autoritaria y minoritaria que dejo de convocar a las masas empobrecidas y a las clases medias arruinadas.

La construcción de un nuevo bloque histórico que sirva de fundamento a una nueva hegemonía popular debe ser el resultado de un amplio trabajo cultural en el seno de la sociedad civil (medios de comunicación, iglesias, escuelas), para generar nuevos consensos y legitimidades.

Estos son temas para abordar en análisis más detallados y ponderados, de los que modestamente nos ocuparemos en otros trabajos que publicaremos próximamente en estas páginas, sobre los movimientos sociales y la hegemonía popular.

Por el momento digamos que el tema del fin del conflicto armado suma diversas facetas que deben ser consideradas con toda la ponderación y celeridad correspondiente.

La extinción de la guerra debe abordarse, como proceso integral y simultaneo, según el Acuerdo general de La Habana en los siguientes espacios: a) Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo; b) Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político –, de acuerdo con sus intereses; c) El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP; d) En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; e) El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz; f) Garantías de seguridad; g) En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo; g) La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

La refrendación de un pacto general aun no se define pero las partes han planteado iniciativas puntuales que bien pueden converger en un momento determinado. Me refiero a las hipótesis del plebiscito, que ya tiene un largo camino recorrido en el Congreso de la Republica y en los sentidos que el Presidente Santos le quiere imprimir y también a la convocatoria de una Asamblea Constituyente popular y soberana, conformada mediante el recurso de acciones afirmativas que garanticen la adecuada representación de segmentos sociales afectados por el ventajismo clientelar y electoral de los gamonales de la política oficialista. No es cierto que una Constituyente con asignación de cupos específicos a los campesinos, indígenas, trabajadores, intelectuales y otras minorías, mediante acciones afirmativas, sea puro corporativismo nazifascista. Ese es un argumento trasnochado de la ultraderecha uribista que cada vez esta más arrinconada porque defiende la continuidad de la guerra.

De abrirse paso el plebiscito por la paz, como ya está ocurriendo, será inevitable utilizar los espacios de la movilización ciudadana, para explicar y promover entre los 10 millones de personas que lo votaran por el sí, las bondades de una Asamblea constituyente popular y soberna que coloque una base solida al nuevo ciclo político del post conflicto armado.

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Lunes, 09 Noviembre 2015 07:23

Paz, plebiscito y Constituyente soberana.

Paz, plebiscito y Constituyente soberana.

Las Farc y el gobierno buscan construir una fórmula de consenso para la refrendación de los acuerdos de paz. La Constituyente popular y el plebiscito se plantean como dos alternativas que bien pueden complementarse en un diseño que trascienda la formula estéril de la democracia participativa neoliberal de la Constitución de 1991.

La paz se debe legitimar y blindar contra las estrategias que pretenderá impulsar el bloque dominante oligárquico con la candidatura presidencial del Vicepresidente German Vargas Lleras.

A pesar de las acciones de sabotaje adelantadas por las Fuerzas Armadas, con sus brigadas, batallones, comandos de asalto y grupos paramilitares, para dañar el proceso de paz que se adelanta en la Mesa de conversaciones
de La Habana entre el gobierno de Santos y la delegación de las Farc, los diálogos siguen avanzando en el tratamiento de diversos asuntos que permitan llegar a un acuerdo definitivo para la terminación del conflicto social y armado.

Llama la atención la negligencia y complicidad de la Casa de Nariño y del Ministro de la Defensa frente a la nefasta acción de los militares (generales, coroneles y capitanes), quienes pretenden sacar ventajas
estratégicas de la tregua unilateral ordenada por la guerrilla desde el mes de julio del año en curso. Cualquier viraje inesperado en el proceso, para degradarlo, paralizarlo a arruinarlo, se debe atribuir a los enclaves más
recalcitrantes de las Fuerzas militares, que ubicados en el trazo del militarismo ultraderechista del fascismo, están empeñados tercamente en mantener la violencia, la guerra y destrucción de la nación y su pueblo.

Por eso tan urgente y prioritario abordar los puntos relacionados con las reformas militares, la disminución del descomunal dispositivo armado del gobierno, el recorte de las gigantescas partidas presupuestales, los
cambios democráticos en las doctrinas militares, la eliminación de las plataformas ideológicas contrainsurgentes y la erradicación de los grupos paramilitares organizados, patrocinados y financiados desde las entidades militares oficiales.

Entre los temas que han sido planteados por el gobierno como de mayor trascendencia está el de la refrendacion de los acuerdos que se consoliden en la Mesa de diálogos.

Los delegados oficialistas, así como los de las Farc, han dicho que cualquier decisión que se adopte debe ser fruto del consenso entre las partes.

Antes de que tal circunstancia cobre forma, cada una de las representaciones plenipotenciarias ha formulado por su lado, iniciativas y mecanismos que corresponden a los intereses y visiones políticas específicas.

Las Farc se inclinan por la convocatoria y funcionamiento de una Asamblea Constituyente popular y soberana
) que se encargue del diseño de un nuevo régimen yorden político en el que se incluyan los acuerdos totales alcanzados en el proceso de paz que se desarrolla desde el año 2012.

Es la ruta para legitimar y blindar los pactos ante cualquier pretensión de desconocer los consensos alcanzados; lo cual muy probablemente ocurrirá en un eventual triunfo presidencia en el año 2018, del actual
Vicepresidente de la Republica, German Vargas Lleras, a cuyo alrededor se están reagrupando todas las facciones de la ultraderecha radical partidaria de la guerra contra el pueblo.

El gobierno del señor Santos ha dicho que prefiere la refrendación de las coincidencias mediante un plebiscito contemplado en los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y reglamentados
mediante las leyes 134 de 1994 ) y 1757 del mes de julio del 2015 (http://bit.ly/1Mtf02v ).

Como se trata de un asunto político de la mayor trascendencia y para los efectos del debate que ya cobra auge, conviene indicar de qué se trata este instrumento.

Según el artículo 7 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.

Siempre y cuando la convocatoria a plebiscito que haga el Presidente de la República, satisfaga los requisitos previstos en el artículo 104 de la Constitución Nacional (Ver Sentencia C-180 de 1194 en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1M0xl5t )

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 134 de 1994, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso; excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes.

El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra elección.

Efecto de la votación: El pueblo se decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral.

Los plebiscitos no pueden modificar la Constitución.

Cuando el Presidente toma la decisión de convocar a un plebiscito debe informar las razones y la fecha en que se llevará a cabo de manera inmediata al Congreso y debe entregar a la Corte Constitucional el texto del decreto mediante el cual convoca al plebiscito para que ésta decida su constitucionalidad. La fecha decidida no puede ser anterior a un mes, pero tampoco puede fijarse para cuatro meses después de haberlo notificado al Congreso. Los plebiscitos tampoco pueden ejecutarse el día que se realicen otras elecciones.

El gobierno puede expresar su opinión sobre el plebiscito en los medios de comunicación a partir de los 20 días anteriores a la fecha en que se llevará a cabo.

Son las reglas vigentes que el proyecto de Acto legislativo sobre refrendación e implementación de los acuerdos de paz que cursa actualmente en el poder legislativo (http://bit.ly/1WHrM45 ),
intenta modificar en lo atinente al umbral para determinar que será suficiente con el número de votantes presentes el día establecido para realizar el plebiscito de la paz. No se ha dicho nada respecto de la prohibición de cambiar la constitución, que necesariamente debe darse con los acuerdos de paz en materias como la justicia, la extradición, fuerzas armadas, función social de la propiedad y la participación política de los guerrilleros con su presencia en las corporaciones de representación ciudadana.

Problemática que hace conveniente, entonces, la convocatoria de una Asamblea Constituyente popular y soberana en los términos planteados por la insurgencia revolucionaria.

Así que solo mediante el acuerdo bilateral será posible definir este crucial asunto para la paz.

Bien puede ser que un plebiscito cierre las deliberaciones y determinaciones de una Constituyente democrática que sirva de punto de partida para una nueva era de democracia ampliada y con justicia social en Colombia.

Constituyente y plebiscito deben legitimar y blindaran los acuerdos de paz si hay voluntad para terminar la prolongada guerra civil colombiana.

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Miércoles, 23 Abril 2014 09:33

"Constituyente sí. Pero, ¿es el momento?"

"Constituyente sí. Pero, ¿es el momento?"

Enseñanzas y aprendizajes. La destitución de Petro, la actitud de los Progresistas, Santos y su maniobra electorera con el control del ente territorial, el miedo de la oligarquía a un gobierno con sello de izquierda, y el reto de la constituyente.

 

desdeabajo –da–. Al observar la situación política presentada con la destitución del alcalde Petro, queda la sensación que la clase política colombiana todavía es muy refractaria para aceptar que se gobierne desde una visión de lo popular, y que representantes de esta visión accedan a cargos de alguna importancia. Quizá pueda parecer exagerado para algunos, pero queda el sinsabor que la destitución de Petro es un eslabón más en la cadena que comenzó con Uribe Uribe, siguió con el golpe de Estado en el segundo mandato de López, se acentuó con el asesinato de Gaitán, el robo de las elecciones a Rojas en el setenta, los asesinatos de los candidatos de la Unión Patriótica, etc., ¿qué opina al respecto?

Carlos Vicente de Roux –CVR–. Comparto en trazos gruesos esa apreciación, pero también creo que hay que examinar hasta qué punto la izquierda al frente de la ciudad, como dicen coloquialmente, dio papaya. Creo que lo ocurrido en Bogotá nos obliga a realizar una reflexión profunda sobre las capacidades de la izquierda en el manejo de las ciudades. Lo digo por lo siguiente: tuvimos un primer gobierno –Lucho Garzón–, quien hizo una gestión muy moderada, preocupado por pasar la antorcha sin tener traumatismos y entregó el cargo sin efectuar ninguna transformación significativa para Bogotá en aspectos como equidad, igualdad, justicia social y, en general, alrededor de los viejos ideales de la izquierda.

 

Después tuvimos una segunda administración, traumática, una cleptocracia se instaló en el Palacio Liévano, dolorosamente con el sello del Polo Democrático Alternativo (PDA), y se ligó a unas redes de contratistas muy corruptos.


da. ...y cuando poca gente confiaba en la continuidad de la izquierda en Bogotá fue elegido Gustavo Petro...
CVR. Sí, el desastre que acabo de recordar generaba desconfianzas, pero la ciudadanía da un nuevo voto de confianza. Llegó Petro al gobierno. ¿Y qué pasó? Fíjese, un gobierno con propuestas de trasfondo, por ejemplo: un modelo de ocupación del territorio no agresivo con los pobres, que no los lanza a lejanas periferias, desde dónde y hasta dónde es muy costoso transportarse; una política de subsidios generosa que pueda asumir la ciudad sin quebrarse; un proyecto de movilidad, incluida la infraestructura, que la hiciera equitativa. El plan de obras que se financiará con el cupo de endeudamiento gestionado por esta administración ante el Concejo es muy democrático, pensado en las grandes mayorías populares; un modelo de manejo de la basura mixto que no es el oligopolio fraguado y desequilibrado para la ciudad que teníamos antes ni tampoco es un monopolio estatal, es una empresa pública fuerte que maneja o debería manejar algo más de la mitad del mercado, con mucha inclusión de recicladores. Y además tenemos todas esas políticas para las mayorías cuyos derechos han sido conculcados toda la vida;

 

Entonces, ese paquete de apuestas plasmadas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, a diferencia de los dos gobiernos de izquierda anteriores, sí avanzaba en la transformación de la ciudad en la equidad. Allí, quizás, nuestros problemas han sido de dos tipos: políticos, en tanto que, quizá, no hemos tenido la capacidad de crear los bloques de fuerzas y de respaldos en la propia izquierda (de ahí nuestras relaciones complejas con el Polo) y en sectores que podemos llamar centro progresista, centro moderno o centro renovador, y también nuestras fallas gerenciales.

 

Por esto diría yo que ustedes tienen razón en la pregunta pues hay todo un alinderamiento de muchas fuerzas para impedir que la izquierda salga adelante, pero justamente porque esa es la situación tenemos el deber de extremar los cuidados y las cautelas en al plano propiamente político, de la gerencia y de la gestión para no generar vulnerabilidades que después nos cobrarían con mucha fuerza.

 

da. En lo que podríamos llamar la despedida de Gustavo Petro, desde el balcón de la Alcaldía convocó a la huelga general. Pero, más allá de la emocionalidad del momento -que pudo haber provocado una circunstancia como ésta-, ¿existen condiciones para una protesta de estas dimensiones?
CVR. Creo que las propuestas no son buenas o malas per se, dependen de la coyuntura y de las relaciones de fuerza. Con las declaraciones entregadas por Petro desde el balcón, básicamente tengo una identidad con el fondo de lo dicho, pero, ¿qué me preocupa?, que cuando Gustavo fue destituido, él logró recoger no solo la simpatía y la favorabilidad de quienes lo habíamos acompañado siempre –más o menos entre un 30 y un 40% de la población–, sino que esa favorabilidad dio un salto por el rechazo de muchos habitantes de la ciudad a la decisión del Procurador que, obviamente, contraria a la justicia y al ordenamiento jurídico.


Entonces, es así como la favorabilidad en algunos momentos crece a más del 60%, y según algunas encuestas pasó del 70%, por lo que era muy importante que nuestro discurso no se dirigiera, por así decirlo, a nuestras propias tropas, sino que debía sintonizarse con las personas abiertas a la perspectiva de respaldar a Petro. Y si bien una huelga general es una forma de acción absolutamente legítima –mientras no sea agresiva contra la vida y la integridad de las personas–, el punto es que hay que medir la posición de la ciudadanía frente al tema porque es por su estado de ánimo que rechaza lo hecho con Petro, y por lo que quiere actuar al respecto.

 

Entonces, creo que Petro asumió una actitud muy inteligente cuando dijo "vamos a volver a las urnas y con el respaldo de la ciudadanía vamos a recuperar la Alcaldía", por lo que me pregunto, ¿hasta qué punto el hecho de intentar desencadenar un paro de respaldo nos pueda enajenar el respaldo de gente que quisiera expresarse en las urnas, pero no a través de una protesta del tipo de un paro?

 

da. Hechos como éste del golpe al alcalde de Bogotá –que sin lugar a dudas tiene impacto nacional–; decisiones como las del Encuentro Agrario de proponer un nuevo paro agrario a nivel nacional; los problemas en que enredan a la justicia e, incluso, los mismos diálogos de La Habana, llevan a que una buena parte de las fuerzas que quieren un país mejor propongan una constituyente, ¿debe ser ésta, en este momento, uno de los propósitos políticos de estas fuerzas?, ¿cuáles serían los objetos centrales que asumiría la misma?
CVR. El ideal es que tengamos una constitución mejor que la del 91, que salió adelante por una suerte de equívoco entre las fuerzas que concurrieron a tal ejercicio.

 

En ella se resumió una excelente carta de derechos y algunos mecanismos de protección de los mismos, pero es muy interesante ver cómo distintos sectores que apoyaron esa Carta de derechos, tenían visiones distintas sobre cuál debí ser el modelo económico que permitiría hacerlos realidad.

 

Entonces, por supuesto, había unos –neoliberales– que consideraban que para satisfacer los derechos políticos, económicos, sociales y culturales plasmados allí, lo mejor era que operaran las fuerzas del mercado, débil regulación e intervención estatal, pocos esfuerzos redistributivos a través de los esquemas tributarios, etc.

 

Otros, consideraban, en cambio, que sólo era posible darle vida mediante una reconfiguración o una transformación del modelo económico, pero como la Constitución no penetró en el tema de tal modelo, esta vía era imposible. En fin, mucha alegría pro los derechos pero el tiempo les colocaría sus límites. Digamos que esta fue, un poco, la explicación de las esperanzas, de los logros de esta Constitución y también de las frustraciones que a muchos nos ha dejado.

 

Ahora se plantea reformularla. Vuelvo por la pregunta de las relaciones de fuerza: estoy totalmente de acuerdo que valdría la pena dejar plasmada en la Constitución otro esquema de relación entre el Estado, la sociedad y la economía, para garantizarle a la gente los derechos pero me pregunto ¿cuál sería la constituyente que elegiríamos hoy? Hoy por hoy es muy probable que tuviéramos una constituyente muy parecida al Congreso de la República, los mismos gamonales, los mismos líderes etc.; entonces me inclino por un trabajo más lento, más de mediano plazo que consiste en buscar avanzar entre muchas fuerzas sociales, políticas, territoriales, en acuerdos que luego se plasmarían en una constituyente. Pero si nos lanzamos al agua ya, insisto, lo más probable es que en gran medida sea un calco del Congreso que acabamos de elegir.

 

da. El presidente Santos lanzó un plan de gobierno para la ciudad de Bogotá, y pretende comunicar que lo ha encauzado con la breve estadía de Pardo en la alcaldía: movilidad, construcción de infraestructura, vivienda, y otros temas hacen parte de su agenda, que más parece parte de la campaña electoral, ganar el voto de opinión en Bogotá, fundamental para su reelección. ¿Cómo señalarle a la ciudadanía que lo dicho por el gobierno central –que de alguna manera es lo ya propuesto desde la alcaldía de Petro–, son cosas incompatibles con las orientaciones ideológicas de Santos, y que hay fuerzas –como las de los constructores que estuvieron detrás de la destitución y que estaban por la revocatoria–, que serán las beneficiadas si se abortan las políticas que se traían?

CVR. Pues con información y con indignación ante lo hecho por Santos. Realmente su propuesta suena muy seductora, porque vemos a un gobierno nacional comprometido y con chequera dispuesta para trabajar en temas que preocupan a fondo a los bogotanos. Si esto fuera cierto sería una buena noticia para Bogotá.

 

Ahora bien, es muy sospechosa la oportunidad tomada para los anuncios: primero, es un Presidente candidato; segundo, lo hace cuando acaba de sacar a escobazos a un alcalde de izquierda, violando el ordenamiento jurídico nacional e internacional; tercero, planteando como grandes innovaciones, en buena medida, programas y proyectos que ya están en marcha en la ciudad como resultado del trabajo del gobierno distrital, o que corresponden a solicitudes de recursos reclamados de manera reiterada al ente nacional, por ejemplo, aquello de financiar el 70% del metro y de las troncales, cuando desde hace mucho tiempo el gobierno capitalino le había pedido encarecidamente a la nación que diera ese respaldo para la ciudad. Los 160.000 millones de pesos para hospitales los requeríamos, los habíamos solicitado, casi que a gritos a la nación y apenas vienen a concederlos ahora, cuando los intereses electorales colocan la pauta.

 

Hay un punto por destacar en esto: siento pasos de animal grande, la actual Constitución tiene un diseño centralista, pero con autonomía de las entidades territoriales, lo que vemos de parte del gobierno nacional es un envión hacia la captura de los entes territoriales, en este caso del más grande de todos en el país, expresado en sacar al Alcalde, en poner una persona de la órbita inmediata de los colaboradores del Presidente y en definir rápidamente un plan de acción que no quiso proponer y trabajar en articulación con el gobierno distrital.

 

da. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, tanto a nivel nacional como, regional y local, no brilla por su pulcritud a lo largo de su historia. ¿Qué balance haría de las relaciones Petro-Concejo? ¿Realmente fueron planteadas nuevas formas para ese tipo de relación?, es decir, ¿sí hubo alguna ruptura con el pasado?
CVR. Esto está conectado con su primera pregunta. De entrada, recién subió Petro, se generó una coalición mayoritaria claramente contraria a él y a su gobierno. Acá debe hacerse una precisión, el Plan de Desarrollo sí fue aprobado, pues es muy difícil lo contrario porque generalmente estos planes están formulados en términos muy constructivos, muy propositivos, pero cuando entran los proyectos específicos para la marcha de la ciudad comienzan las dificultades. Y cuando se empiezan a ver las medidas con que Petro perfila su gobierno, el Concejo se alineó rápidamente en contra suya, montaron una coalición mayoritaria que se reparte los cargos internos, las presidencias, las mesas directivas de la plenaria y de las comisiones, coalición claramente adversa al alcalde. Ellos dicen que no son oposición, porque no quieren asumir los costos de serlo, pero realmente están en la oposición, y en ello han sido muy persistentes, y ahí uno se pregunta: bueno, y esto ¿por qué?

 

Mi percepción fue que –acá queda evidente– cargan un sello ideológico que les impide trabajar con un gobierno de izquierda. Incluso, en un primer momento, Petro, siguiendo un modelo que es moderno y que se usa a lo largo y ancho del mundo, llamó a distintas bancada para sellar acuerdos programáticos que tuvieran expresión administrativa; esto lo manejó inicialmente Antonio Navarro como Secretario de Gobierno distrital, y todo se planteó por encima de la mesa. La idea era, por ejemplo, que pudiéramos llegar a un acuerdo con las distintas fuerzas del Concejo en materia de salud, aterrizar los propósitos generales del plan de desarrollo en programas y proyectos concretos, y eventualmente confiarle esa secretaría a una persona del partido liberal con plenas credenciales éticas, de solvencia técnica, administrativa, etc.

 

Este era el modelo con el que quería trabajar el Alcalde, pero las bancadas que dominan el Concejo rechazaron esa posibilidad.

 

Me acuerdo de esas reuniones con Navarro, que era como si algo les fastidiara de trabajar con un gobierno y con un líder de izquierda tan caracterizado como Petro, y esa posibilidad fue rechazada. Además, salieron de una manera muy censurable a decir que era que Petro quería hacer repartijas burocráticas, etc., cuando toda la vida los gobiernos han recogido apoyo de fuerzas políticas y bloques de partidos que le dan determinado respaldo a los gobiernos participando en ellos; allí sentí, en concreto, lo que usted señalaba en su pregunta inicial, la existencia de una resistencia a involucrarse en un ejercicio de gobierno de la ciudad con un dirigente y con un líder de izquierda.

 

da. Después de formalizada la destitución del Alcalde por parte del Presidente, algún grupo de Progresistas propuso no presentar terna, otros expresaron lo contrario. Pues bien, más allá de los nombres, ¿cómo explicarle a los electores por qué se optó por la terna y cuál puede ser la importancia de seguir participando en un juego donde la arbitrariedad no está ausente?
CVR. Inicialmente todos nos inclinamos por no presentar terna, porque significaba involucrarse en un procedimiento compartido con el gobierno nacional para definir un alcalde o alcaldesa transitorio/a. Nosotros insistimos en la grave arbitrariedad cometida por el gobierno en contra de Petro, violando el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

 

Una vez sacan a Petro a escobazos, decimos: no nos involucramos en ese procedimiento con el gobierno nacional, nosotros nos medimos ante el tribunal que siempre hemos debido tener en cuenta –la ciudadanía, el electorado–; es por esto que reivindicamos el referendo revocatorio (y cometimos el error de demorarlo el año pasado, pero esa es otra discusión), y entonces lo que queríamos –a lo que aspirábamos– era que vinieran las elecciones atípicas, pero aquí se atraviesan las normas según las cuales para que puedan realizarse estas elecciones hay que agotar previamente el procedimiento de aportar una terna del partido Progresistas. Es más, no solo la elección está amarrada a la presentación de la terna, también la fecha para su realización, porque el Presidente tiene que convocarla en fecha que corresponda a un término de 55 días exactos después de posesionada la persona escogida por el propio Presidente del seno de la terna presentada por el movimiento político. De manera que si queríamos elecciones teníamos que trabajar la terna, y por eso Petro, como dicen los españoles, se decantó porque la presentáramos.

 


 

 

Recuadro

 

Manipulación y desinformación

 

El jueves 20 de marzo Rafael Pardo tomó posesión como alcalde (e) de Bogotá. De inmediato, como por arte de magia, todo, según los grandes medios de comunicación, cambió en la ciudad.

 

No habían transcurrido ni siquiera tres días de gestión administrativa por parte del también Ministro de Trabajo, y sin embargo los creadores de opinión no ahorraban palabras de elogio para quien con cada uno de sus actos demostraba "que sí sabía administrar".

 

Los elogios no eran casuales. Pasados otros pocos días, con cada una de las medidas tomadas por el representante del Presidente en la capital del país, emergía ante los ojos de todos lo que realmente estaba en juego en Bogotá: el modelo de ciudad.

 

Sin duda. El alcalde (e) aludía a los proyectos de vivienda en la periferia de la ciudad, y los gremios de constructores saltaban de alegría. Su propuesta de pico y placa extendido también recibió aplausos de parte de los grandes medios de comunicación. De igual manera, con lo referente a las concesiones educativas, y la extensión de Bogotá hacia la Sabana a través de la Avenida longitudinal de Occidente (ALO). Los temas y los intereses privados retomados –a través de posibles medidas por decretar en Bogotá– son muchos más, pero por ahora dejemos acá.

 

Dos modelos de ciudad

 

Como se recordará, la alcaldía Petro propuso, en el tema vivienda, una redensificación del centro ampliado de la ciudad, aprovechando la existencia de servicios de todo tipo en este sector, evitando con esto que la vivienda para pobres continúe edificándose en la periferia urbana, en ocasiones sobre áreas inundables. La medida no gustó a los gremios de la construcción, que soñaban con seguir sembrando de cemento la Sabana de Bogotá, sin importar sus consecuencias.

 

Igual sucedió con las concesiones educativas, clausuradas por una sencilla razón: todo el presupuesto oficial de este sector debe garantizar de manera directa este derecho humano fundamental para niños(as) y jóvenes de todos los sectores sociales. Continuar pagando a privados por un derecho reducido a servicio no tiene razón de ser. Negociantes de la educación, en primera instancia congregaciones religiosas, esperan que la medida se reverse, así la justicia no llegue a la tierra.

 

Sucede igual con la ALO, y el deterioro ambiental que traería su construcción sin restricciones. Pero a los negociantes, especuladores, terratenientes, bancos, y sus aliados, poco los conmueven humedales, bosques y el ambiente en general, hay que abrir más rutas pavimentadas para que el "desarrollo" no pare.

 

Dos modelos de ciudad, uno de los cuales estaba parcialmente detenido producto de un programa de gobierno en ejecución. El afán por tumbar a su gestor no era casual. Tampoco el afán por retomar el control del aparato administrativo de la ciudad, mucho más cuando la elección presidencial está de por medio. Están urgidos de negocios, para engrosar mucho más sus bolsillos, y de parlantes para desinformar y ganar votos. Rafael Pardo sirve a ambos intereses y actúa en estos momentos como el beneficiario de los grandes capitales en Bogotá, y como el jefe de la campaña electoral de Santos en la capital del país.

Publicado enEdición Nº201
Qué diferencia hay (o debería haber) entre políticas de izquierda y de derecha

Existe una percepción generalizada en los mayores medios de información y en la cultura general del país, de que la división de las sensibilidades políticas se basa en las políticas que proponen en relación al Estado y al sector público. Se asume que las izquierdas están a favor de la intervención del Estado y la expansión del sector público, y que las derechas están a favor del mercado y del sector privado. Es característico de las fuerzas conservadoras y neoliberales (lo que se llaman las derechas en España, incluyendo Catalunya) acusar a las izquierdas de "estatalismo" y de depender excesivamente del Estado y del gasto público. Parecería, a primera vista, que los datos facilitan esta percepción. Una de las características de las izquierdas ha sido su mayor sensibilidad social, traducida en su mayor apoyo, por ejemplo, al gasto público social.


Pero si uno mira con mayor detalle la relación del Estado con, por ejemplo, la economía, ve rápidamente que esta percepción no está justificada. Una de las mayores intervenciones del Estado, que hemos visto en estos últimos años, ha sido precisamente la masiva ayuda financiera del Estado a la banca, a las compañías de seguros y al sector inmobiliario, lo que en la cultura anglosajona se llama FIRE, incendio en inglés, y que resulta de poner juntas las primeras letras de Finance (Finanzas), Insurance (Compañías de seguros) y Real Estate (Inmobiliaria). Nunca se había visto en la historia reciente tanto apoyo (o, utilizando una terminología que utilizan las derechas, beneficencia) público a un grupo social como al capital financiero, que incluye en un lugar prominente a la banca.

 

Las derechas no son anti Estado

 

En realidad, en todas las sociedades capitalistas el Estado juega un papel fundamental dentro de cada sector de actividad económica. En EEUU, una de las administraciones estadounidenses que se consideran y autodefinieron como más liberales -la administración presidida por el señor Ronald Reagan- fue una de las más intervencionistas que haya habido en la historia de EEUU (desde después de la II Guerra Mundial). El gasto público durante su mandato aumentó como no había aumentado bajo ninguna otra administración, y el intervencionismo estatal se incrementó enormemente, reforzando todavía más el papel central que el Estado tiene en la economía estadounidense (el Presidente Reagan fue el que subió más el gasto militar después de la II Guerra Mundial).


Se desconoce en Europa que el Estado federal de EEUU es el Estado que tiene la política industrial más avanzada de todos los países de la OCDE. Y lo hace a través del gasto militar, que juega un papel clave en la economía de aquel país. Y a todos los niveles. Desde internet hasta el móvil (y muchos más equipamientos de tecnología electrónica y de comunicación), están todos ellos basados en el conocimiento, generado y financiado con fondos públicos, de carácter militar. Apple no existiría si no hubiera existido el Departamento de Defensa, que financió la investigación básica que Apple utilizó y comercializó más tarde. Y un tanto igual en una gran mayoría de los nuevos desarrollos electrónicos.
Parte de este incremento del gasto público militar se hizo también a costa de recortes de gasto público social. Los datos están ahí para todo el que quiera verlo. El tema clave pues, no es Estado sí o Estado no, o gasto público sí o no, sino a quién sirve este Estado. Hoy, la evidencia es abrumadora de que el Estado está profundamente influenciado por el capital financiero (banca, compañías de seguros, hedge funds y una larga lista de instrumentos e instituciones que manejan dinero), así como por los intereses de la minoría de la población que obtiene sus recursos de la propiedad del capital que genera rentas, incluyendo los propietarios y gestores del gran capital (sea este financiero, industrial, o de servicios).

 

¿Cuál debería ser la línea divisoria entre las izquierdas y las derechas?


Hacerse esta pregunta es preguntarse qué es lo que existe en el capitalismo que dificulta y/u obstaculiza el desarrollo humano. Y el punto clave no es tanto el tipo de propiedad (pública o privada), sino el objetivo de dicha propiedad, y la definición de esta propiedad y de su función y objetivo. Bajo el capitalismo existente, la propiedad tiene como objetivo principal proporcionar beneficios a su propietario, el cual tiene la potestad de definir dicho objetivo, objetivo que puede o no servir el bien común. Cuando los banqueros, en su intento de optimizar sus beneficios, desarrollaron prácticas especulativas que crearon la crisis financiera, dañando la vida y el bienestar de la población, estaban actuando según el principio capitalista de poner la acumulación de capital, a los propietarios de capital, como su objetivo principal, sin considerar los desbeneficios a la sociedad. Lo que ha ocurrido muestra claramente el error de anteponer el objetivo de acumulación de capital por encima del bien común. Este es uno de los mayores problemas existentes en el capitalismo.


Las distintas tradiciones socialistas (llámense socialistas, socialdemócratas, comunistas o anarcosindicalistas) se han caracterizado precisamente por identificarse con la lucha para conseguir el bienestar de la población y, muy en especial, de las clases populares, poniendo la propiedad al servicio del bien común. Este bien común exige poner el bienestar de la población como objetivo final, mediante la aportación necesaria según los medios y recursos de cada uno. El famoso dicho de que "de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad" es un principio que sintetiza muy bien la ética y cultura de izquierdas, y subraya que el objetivo de la economía, por ejemplo, no es la acumulación de capital sino el desarrollo del potencial de cada ser humano, respondiendo a sus necesidades.

 

La democracia como objetivo

 

Ahora bien, la otra diferencia es en la identificación de quién define estas necesidades. De nuevo, las derechas creen que estas necesidades las define el cliente a través del mercado. El mercado es el que configura el carácter y usos de la propiedad. Las izquierdas, históricamente, han considerado que debería ser la propia población, no individualmente a través del mercado, sino colectivamente a través de las instituciones democráticas, la que definiera esas necesidades. Consecuencia de ello es que, por lo general, las izquierdas, en los países democráticos, han sido más sensibles y exigentes en el desarrollo de las instituciones democráticas que las derechas. En España el ejemplo de ello es claro y la evidencia contundente. Y ello se debe a que el compromiso que tienen las derechas con el objetivo de la propiedad (aumentar la acumulación de capital) entra en conflicto con el principio democrático. El capitalismo dificulta, e incluso imposibilita, el desarrollo de la democracia, pues la concentración del capital determina la captura de las instituciones democráticas (y los medios de información y persuasión) por parte de este capital, tal como estamos viendo hoy claramente en España y en la Unión Europea. Mírese como se mira, la acumulación del capital hace imposible o limita la expresión democrática. EEUU, el país con mayor influencia del capital, y con mayores desigualdades, es de los países menos democráticos (algo más de la mitad de los congresistas son millonarios). Y por otra parte, los países escandinavos, con menores desigualdades, son los que tienen una mayor expresión democrática.


Y ello me lleva al último punto de la diferencia entre las izquierdas y las derechas: la definición del significado de democracia y su expresión política. Hoy, la inmensa mayoría de las izquierdas en los países de elevado nivel de desarrollo económico no basan su estrategia en la toma del Palacio de Invierno, año A, día D, hora H, por el partido revolucionario armado, pues aceptan la vía democrática. Ahora bien, hay muchas maneras de interpretar la democracia. La más generalizada ha sido la vía representativa, que se expresa a través de las instituciones representativas (los parlamentos, como máxima expresión), basándose en el principio de que cada ciudadano debe tener la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, expresada a través de procesos electorales. Un voto, igual de determinante, para cada ciudadano. El mayor problema con esa vía es que prácticamente en ningún sistema democrático dicho principio se aplica. Casi no existen sistemas parlamentarios auténticamente proporcionales. Y ello no es por casualidad. A mayor influencia del capital, menor es la proporcionalidad, pues el objetivo del capital es disminuir por todos los medios posibles ese principio democrático. EEUU y España, con su bipartidismo (que siempre favorece a las derechas), son claro ejemplos de ello.

 

Democracia no es solo votar cada cuatro años

 

Pero la otra limitación del sistema representativo es que, además de la carencia de diversidad mediática (limitada por la enorme influencia del capital), tiende a la profesionalización de la política y al establecimiento de una clase política que desarrolla intereses propios y reduce la política al "politiqueo entre las élites gobernantes de los partidos", limitando la participación ciudadana a votar cada cuatro años. La democracia representativa, incluso la proporcional, es insuficiente. Se requiere, además de democratizar la democracia representativa, la democracia directa, a través de la activa participación ciudadana, constante y directamente, no solo en la gobernanza del país, sino también en la gobernanza de los lugares de trabajo, de los barrios, de los lugares de ocio y dondequiera que existan actividades colectivas. Y ello no quiere decir (como maliciosamente dicen las derechas) estatalismo, sino participación ciudadana. Los referéndums (derecho a decidir), una de las formas de democracia directa más común, deben ser utilizados ampliamente en cualquier sistema democrático, en todos los niveles de gobierno. Democracia y bienestar y calidad de vida son, pues, las dos dimensiones claves que deberían definir a las izquierdas. Democracia como fin, y democracia como estrategia.


Indudablemente habrá una enorme resistencia por parte del Estado, enormemente influenciado por las fuerzas conservadoras, que utilizarán todo tipo de represión y violencia provocadora. Y es enormemente importante no responder a estas provocaciones con la fuerza física. La violencia es enormemente reaccionaria, pues distancia las izquierdas de la población (que siempre rechaza la violencia). Hoy, la gran mayoría de la población está de acuerdo con los principios clave que sostienen (o deberían sostener) a las izquierdas, es decir, está de acuerdo con la necesidad de redefinir la democracia, rechazando este Estado actual, heredero de una Transición inmodélica que dio lugar a un Estado escasamente democrático, corrupto, y coaptado por intereses financieros y económicos. Nada menos que cerca del 80% de la población española está de acuerdo con el dicho del reciente movimiento 15-M "no nos representan". Y de ahí la urgencia de mantener este apoyo popular, del cual las izquierdas derivan su poder. Y más de 86% de la población está también de acuerdo con el eslogan de que el estado no está sirviendo a la ciudadanía en sus necesidades cotidianas.


Y es ahí, precisamente, donde las izquierdas deberían centrar sus esfuerzos. Las izquierdas tendrían que centrarse en hacer propuestas reales y resolutivas para solucionar los problemas que angustian a las clases populares de este país, guiándose por los principios socialistas que he indicado anteriormente. Cuando se establece un servicio nacional de salud encaminado a responder a las necesidades de la población, definidas por ella misma, y financiado con fiscalidad progresiva, se está caminando hacia el socialismo, independientemente de cómo se llame. La gran mayoría de la población está de acuerdo en esta medida. Cuando se está destruyendo un servicio nacional de salud, sustituyéndolo por compañías de seguros o de gestión privadas que tienen como objetivo aumentar sus beneficios, se está destruyendo el socialismo, y construyendo el capitalismo.


No aconsejo por lo tanto, que se intenten patrimonializar estos cambios poniéndoles una etiqueta. Utilizar términos y narrativas genéricas como "anticapitalismo" o "socialismo" tienen poco sentido cuando nos distancian de la ciudadanía o cuando se los percibe como excluyentes. Hay que ser conscientes de que ninguna de las revoluciones socialistas en el siglo XX, desde la revolución bolchevique a la cubana o china, movilizaron a la población con la llamada al socialismo. Lo que movilizó a la población fueron propuestas reales, inmediatas, que conectaban con su vida diaria (el ansia por la paz, por la reforma agraria, por el fin de la dictadura). Fue la rigidez del sistema autoritario existente en estos países frente a esta petición de reformas la que creó su colapso. Las revoluciones no se hacen pidiendo la revolución, sino pidiendo programas reformistas que, de no poder realizarse, determinan movilizaciones populares que exigen el fin de regímenes autoritarios o escasamente democráticos. Y es aquí donde estamos.

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Más de 150 representantes de diferentes colectivos locales y departamentales del occidente de Honduras, aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), se reunieron por tercera vez, el pasado 28 de diciembre, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, con el objetivo de elaborar y consensuar propuestas para los contenidos de la nueva Constitución Política de Honduras mediante un proceso constituyente. Este histórico evento fue organizado por el equipo de coordinación del colectivo local de Santa Rosa de Copán, acompañado por un grupo de sacerdotes representantes del clero de la Diócesis de Santa Rosa de Copán y una plataforma regional interinstitucional.
 
Como auténticos y legítimos constituyentes, campesinos/as, citadinos/as, indígenas, profesionales, sacerdotes, académicos/as, jóvenes y abuelos/as, presentaron y debatieron las propuestas elaboradas en sus diferentes colectivos de origen. Ilusión y esperanza reflejaban los rostros y las palabras de las y los presentes. Y no era para menos. Es la primera vez, en la historia hondureña, que el mismo pueblo impulsa un proceso constituyente incluyente, participativo y soberano para refundar el país con la voluntad de todas y todos.
 
Uno de los participantes graficó la importancia material y simbólica de este proceso en los siguientes términos: “Tengo 26 años, no sé si tendré otra oportunidad en la historia, quiero ser parte de este proceso, quiero que la nueva Constitución Política me represente, quiero que lleve una partecita de mí”.
 
Entre las más importantes propuestas consensuadas en este encuentro regional, están:
 
Tipo y organización del Estado
 
Un Estado Pluricultural, soberano, descentralizado, con autonomías indígenas, laico y que reconozca la diversidad de espiritualidades existentes en el país. Además, se plantea la creación de un cuarto poder (órgano) llamado Poder Popular.
 
Nuevos derechos fundamentales
 
Entre los nuevos derechos sugeridos, están: derechos de la Madre Tierra, acceso al agua potable-saneamiento y medio ambiente saludable como derechos fundamentales.
 
Sistema político
 
Un sistema político participativo y con control social. Esto significa: revocatoria de mandato para todos los cargos de elección popular, elección por voto popular de magistrados/as de la Corte Suprema, Fiscal General, magistrados/as del Tribunal Supremo Electoral, aparte de diputados/as alcalde/sa y Presidente/a de la República. Se plantea el reconocimiento y la implementación de mecanismos de participación como el referéndum, plebiscito y Asamblea Constituyente. Asimismo, se propone que todo candidato o candidata política sea nominado por las bases y controlado en función al cumplimiento de su plan de trabajo propuesto. Reducción de la cantidad y el sueldo de diputados/as. Participación e igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes, indígenas y adulto mayor.
 
Recursos naturales
 
Recuperación de la propiedad y administración pública de los recursos naturales. Prohibición de nuevas concesiones a manos privadas. Participación y beneficio comunitario y público del manejo de los recursos naturales. Prohibición de la minería a cielo abierto. Nuevo ordenamiento territorial según la vocación productiva de cada región del país. Recuperación del dominio del espectro radioeléctrico y promoción de la comunicación alternativa comunitaria.
 
Sistema económico
 
Una economía diversificada y complementaria. El Estado debe promover la pequeña y mediana empresa, los emprendimientos comunitarios y campesinos. La iniciativa privada debe estar bajo el rol protagónico del Estado en la actividad económica.
 
Servicios sociales
 
Seguro social para todos/as. Educación y salud intercultural, gratuita, universal y preventiva. Una educación liberadora.
 
Sistema agrario
 
Recuperación y redistribución de las tierras con carácter colectivo para las comunidades campesinas e indígenas que carezcan de ella. Fijar un límite al tamaño de la propiedad agrícola. Reversión de los latifundios. Promover la agricultura campesina/indígena para garantizar la soberanía alimentaria del país, libre de transgénicos.
 
Seguridad
 
Abolición de las FFAA. Prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional. Reestructuración de la Policía Nacional. Creación de policías municipales.
 
Relaciones internacionales
 
Libre circulación de personas en la región centroamericana. Reincorporación de Honduras al ALBA y renuncia a los diferentes TLC con los países ricos.
 
La calidad y novedad de estas y otras propuestas reflejan la sabiduría subestimada de la Honduras excluida. Todo proceso constituyente implica un debate de ideas y propuestas. Y éstas serán legítimas en la medida que salgan de abajo/adentro hacia arriba.
 
Éste proceso de inclusión es la única vía y espacio para la reconciliación nacional. Así lo entienden los colectivos del FNRP que paulatinamente transitan de la protesta hacia las propuestas. Y esto deben escuchar y entender las y los dirigentes nacionales del mismo Frente, quienes, aparte de estar ausentes en estos espacios locales/regionales, no están acompañando con urgencia estos procesos de participación primigenia y genuina de las bases por distraerse con la ilusión de la toma inmediata del poder.
 
A 18 meses del golpe de Estado político militar, el pueblo consciente, incluso rebasando las prioridades de sus dirigentes, se encamina finalmente a darle cuerpo/contenido a la demanda de una Asamblea Constituyente Soberana para la reinvención de Honduras, mediante una nueva Constitución Política del Estado.
 
Ahora es el momento para que todas las instituciones públicas y privadas, ONGs, iglesias, cooperación internacional, organizaciones gremiales, activistas e intelectuales acompañen este proceso de reencuentro nacional si en verdad se busca la convivencia pacífica en el país. De lo contrario, los discursos de reconciliación nacional seguirán siendo hipócritas discursos demagógicos para mantener los estilos de vida de los privilegiados alargando la agonía de las y los excluidos. ¡El proceso constituyente incluyente y participativo es el único espacio genuino para la reconciliación nacional!
 
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Tegucigalpa, 27 de junio. Unas 45 mil personas se sumaron hoy a la distribución de 15 mil urnas en todo el territorio de Honduras para realizar este domingo una encuesta sobre la posibilidad de convocar a Asamblea Constituyente, pero al mismo tiempo los partidos de derecha, la jerarquía católica y asociaciones de comerciantes se apresuraron a impulsar una campaña contra el proceso y recomendaron no salir a la calle con el argumento de que puede haber disturbios.

La capital hondureña amaneció hoy en calma y se mantuvo así a lo largo de la jornada, pero en los accesos terrestres a la capital fueron establecidos retenes de fuerzas del ejército, como medida preventiva contra posibles desórdenes, según reportes de la prensa local.

Los edificios que albergan las oficinas de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General también están bajo custodia militar.

Honduras se prepara para celebrar elecciones generales el 27 de noviembre, y en este ambiente el presidente Manuel Zelaya propuso la realización de una encuesta que permita que los ciudadanos digan si están de acuerdo en convocar de inmediato a una Asamblea Constituyente que introduzca la figura de la relección presidencial.

El miércoles pasado el jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez Velásquez, hizo saber a Zelaya su negativa a distribuir el material para la encuesta, lo que desató una crisis política sin precedentes contra Zelaya, cuyo mandato termina el 27 de enero de 2010, tras cuatro años en el poder.

Vásquez Velásquez rechazó la instrucción presidencial aduciendo que el Tribunal Supremo Electoral había declarado ilegal la encuesta.

Zelaya dijo el viernes que la consulta se llevará a cabo porque el resultado no es vinculante y el objetivo es dar la oportunidad a los ciudadanos para participar democráticamente en una decisión.

Según Samuel Madrid, representante de Unificación Democrática, partido de izquierda que junto con el Bloque Popular respalda la iniciativa de Zelaya, unas 45 mil personas apoyaron la distribución de la documentación y las urnas que se utilizarán este domingo para la encuesta, que estará a cargo de la especialista Fedra Tibot.

Ayer, fuentes vinculadas al gobierno indicaron que la Policía Nacional se ocupará de la custodia del proceso de consulta electoral, en sustitución de las fuerzas armadas.

En algunos puntos de la capital fueron colocadas mantas que llaman a no participar en la encuesta.

Dirigentes del derechista Partido Liberal y comerciantes de Tegucigalpa y de San Pedro Sula –la segunda ciudad del país– sugirieron a la población no acudir a las urnas y no salir de sus casas.

El obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino, aseguró a una radioemisora local que la Iglesia católica no respalda la ilegítima consulta del gobierno de Zelaya por ser inaceptable, en la que está la mano del presidente venezolano (Hugo) Chávez.
 

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La situación en Honduras se complicó este jueves por minutos. El presidente del Gobierno, Manuel Zelaya, quiere reformar la Constitución para seguir en el poder y, como primer paso, convocó para el próximo domingo una especie de referéndum para que los hondureños digan si están de acuerdo o no con que vaya iniciando los trámites. Pero ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Ejército están de acuerdo con la iniciativa presidencial, a la que tachan de ilegal. Así que el presidente Zelaya optó el miércoles por cortar por lo sano: destituyó al jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, y de paso aceptó la renuncia del ministro de Defensa, su otrora amigo Ángel Edmundo Orellana.
 
El caso es que Tegucigalpa amaneció este jueves con militares en las calles. La explicación oficial es que los centenares de soldados -desplegados alrededor del aeropuerto, el Parlamento, la Corte Suprema y la Casa Presidencial- tienen como objetivo evitar posibles disturbios protagonizados por grupos afines al presidente, lo que parece indicar que éste ya ha perdido el control de los uniformados.
 
Aunque el presidente, que anunció por radio y televisión la destitución del jefe del Ejército, dijo que en breve nombraría a un sustituto para así zanjar la crisis, la situación no parece tan sencilla. En primer lugar, el destituido general goza del respaldo de sus subordinados y del Parlamento. Y, en segunda instancia, sea quien sea el sustituto tendrá que hacer frente a una difícil encrucijada: ¿a quién hacer caso, al presidente del país o al Tribunal Supremo Electoral?
 
El presidente quiere que el Ejército se encargue de instalar la maquinaria para que los hondureños puedan votar, mientras que el tribunal electoral -el único capacitado legalmente para hacer ese tipo de consultas- ha ordenado a los mandos militares que no permitan la instalación de una sola urna. La situación es tan complicada que el presidente de Honduras ha pedido la reunión urgente del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se sitúe a su lado.
 
En su comparecencia pública del miércoles, el presidente Zelaya justificó la destitución del jefe del Ejército en "la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido". Pero lo que parece más probable es que el general Romeo Vásquez fuese removido de su cargo al negarse a colaborar con la consulta. Los acontecimientos se precipitaron después de que, el pasado martes, el Parlamento de Honduras aprobase una ley que prohíbe expresamente la celebración de consultas populares 180 días antes o después de las elecciones generales. Si se tiene en cuenta que las elecciones presidenciales están previstas para el próximo mes de noviembre, queda claro que la oposición parlamentaria al presidente Zelaya logró bloquear su aspiración de perpetuarse en el poder.
 
La guinda del gran lío en el que por momentos se sumerge Honduras es la noticia de que la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Romeo Vásquez casi al mismo tiempo que portavoces del presidente Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro general, Edgardo Mejía, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Sin saber todavía a cuál de los dos generales tendrán que obedecer, centenares de soldados armados con pistolas, bastones de madera y gases lacrimógenos vigilaron los puentes de Tegucigalpa desde el amanecer.
 

Pueblo escolta a Zelaya. Militares alzados contra poder popular

TeleSUR, Jueves, Junio 25, 2009 - 16:51
 
Movimientos y organizaciones sociales de Honduras acompañan este jueves al presidente de esa nación, Manuel Zelaya, en el rescate de las urnas que se encuentran en la sede de la Fuerza Aérea y que fueran retiradas contraviniendo la orden del primer mandatario.
 
El presidente Zelaya, denunció que se ha desencadenado un "proceso de golpe de Estado" en su contra, hizo un llamado al pueblo para que no se preste al juego de las oligarquías y  para que defiendan a su lado el estado de derecho.
 
En declaraciones exclusivas a teleSUR señaló que ha "recurrido al pueblo para que me defienda, para que defiendan los derechos constitucionales del país, el estado de derecho".  Ratificó que la consulta del venidero domingo va.
 
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso en horas del mediodía de este jueves en el Ministerio Público una denuncia para que esta institución proceda de inmediato a decomisar toda la logística referente a la celebración de la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo planear realizar el próximo domingo.
 
Tras la denuncia, el fiscal general Jorge Alberto Rubí ordenó la integración de un equipo de fiscales encabezado por Henry Salgado, titular de la Fiscalía Contra la Corrupción para que en conjunto con el TSE procediera a la incautación del material.
 
En el lugar de los hechos y en exclusiva para teleSUR el dirigente social, Luther Castillo relató que  "No se ha podido deterner la entrada del pueblo a las instalacio
 
Durante una entrevista que concedió el dirigente campesino, Rafael Alegría, a teleSUR informó que  "miles de compatriotas hondureños se trasladan para  rescatar las urnas, que estaba previsto que las Fuerzas Armadas llevaran a las comunidades y ante su negativa el pueblo está dispuesto a buscarlas y disponerlas para que se lleve a cabo la consulta popular el próximo domingo".
 
Por su parte, el Dirigente del Bloque Popular de Honduras, Juan Baraona, ratificó que los movimientos sociales respaldan la iniciativa de consulta popular propuesta por el primer mandatario de esta nación, Manuel Zelaya.
 
A través de un contacto telefónico que ofreció a teleSUR luego de que concluyera una concentración  frente al Palacio de Gobierno en Tegucigalpa para apoyar a Zelaya, el dirigente calificó como un abuso de poder la decisión de la Corte Suprema  que ordenó la restitución en su cargo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada,Romeo Vásquez, quien había sido destituido de sus funciones por primer mandatario.
 
"El poder judicial ha reintregrado al comandante de las Fuerzas Armadas lo que es un intromisión y abuso de poder", dijo.
 
Declaró, además, que la acción "es una manipulación de la justicia gestada a través de las élites de poder, por ello hemos salido a al calle con el presidente Zelaya y los ministros".
 
La propuesta de la cuarta urna, parecida a la consulta popular, que presentó el mandatario hondureño,  ha generado una serie de conflictos por parte de sectores de oposición que rechazan la iniciativa.
 
Con la realización de este proceso se pretende consultar al pueblo de esta nación si está de acuerdo en que se instale una asamblea constituyente para hacer reformas a la actual constitución de la República.
 
En ese sentido, numerosos  movimientos sociales hondureños han programado constituir un frente amplio y realizar acciones para apoyar al mandatario.
 
La resolución de la Corte Suprema de Honduras fue anunciada al país por la magistrada hondureña, Rosalinda Cruz quien expresó "que ha habido unanimidad en la sala consitucional y (la decisión) ha sido respaldada por el pleno entero de magistrados del tribunal".
 
Frente a esta decisión, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, envió  desde la casa de Gobierno un mensaje de alerta a los presidentes del mundo frente a lo que ha catalogado como "una revelación en contra del poder pueblo, del poder civil" y ratificó que "nadie detiene" la consulta del domingo.
 
El presidente Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.



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Jueves, 25 Junio 2009 08:07

Relevos castrenses en Honduras

Tegucigalpa, 25 de junio. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, destituyó la noche de este miércoles al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia al ministro de Defensa, Edmundo Orellana.
 
Ante la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras (...) como presidente constitucional de la República he decidido separar de su cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez Velásquez, y aceptar la renuncia del abogado Edmundo Orellana Mercado como ministro de Defensa, anunció el mandatario en cadena de radio y televisión, sin añadir más detalles.
 
Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre para una eventual asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.
 
El presidente enfrenta oposición de todos los sectores, incluso en su propio partido, pero tiene el apoyo de sectores de izquierda.
 
Afp
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