Jueves, 16 Abril 2020 06:30

¿De qué nos separa el aislamiento?

¿De qué nos separa el aislamiento?

Los significantes del "quedate en casa"

El encierro modifica las posibilidades de respuesta de cada quien frente a la angustia, plantea el autor, pero la situación de amenaza y la libertad individual cercenada fundan un "nosotros" y un cálculo de acción colectiva.

I

El silencio en la calle se asemeja al de la hora de la siesta en la década del 80. En aquella época eran tan pocos los que tenían un auto en el pueblo que se solo se oía el viento y el sonido de unos pájaros, difícil de transcribir, pero que se parecía a los de una queja. Nosotros pasábamos esas horas entre el patio y la calle, a la espera de que los grandes se despertaran y comenzara la actividad. Pero también era la hora en que ejercitábamos cierta libertad al abrigo de la mirada de ellos. Había que respetar la siesta, por lo que todo lo que hacíamos debía ser en silencio. Cada tanto se oía un grito desde una habitación, para poner orden.

Esta mañana salí a la farmacia a comprar un antibiótico para uno de mis hijos al que le han salido unas casaras en la cabeza, con pus dice su mamá. El pediatra indicó medicación y me permito andar por la calle en el marco de las excepciones a la cuarentena. En el camino me detuvo la policía, ante quien debí dar explicaciones.

Se ha denominado a la cuarentena aislamiento social, preventivo y obligatorio. Soy el miembro de una especie que debo estar aislado para no contagiarme, ni contagiar el virus que se propaga a nivel mundial. El gobierno ha decidido aislarnos unos de otros y restringir la libertad de circulación de los cuerpos. Se ha decidido salvar vidas por sobre la libertad individual.

II

En 1890, Freud enfatizaba el influjo que tenía lo anímico sobre la evolución de una enfermedad y su desenlace, denominando expectativa angustiada a ese estado de angustia flotante que se presenta como un fenómeno de franja frente a cierta amenaza. Lo inminencia cobra la consistencia, no de un desenlace cierto, sino de un destino incierto. En la espera la angustia se presenta como señal de que algo va a pasar, de que algo está por pasar y no se sabe qué es.

Es lo que Lacan traducirá nombrando a la angustia como señal de lo real, o como afecto tipo de todo acontecimiento de real. Entendiendo este acontecimiento como encuentro contingente con un elemento fuera de discurso, imposible de soportar, por fuera de la estructura de ficción que sostiene la escena del sujeto en el mundo.

Esta presencia de la inminencia, de la amenaza opaca y presente, contrasta con el paradigma de la previsibilidad, de la anticipación y el cálculo al que ilusoriamente el discurso de la ciencia intenta sostener, y revela el “impasse” en el que se encuentra este discurso, al no poder aliviar las angustias del sujeto contemporáneo. (1)

La situación de amenaza, presente frente a ese agujero en las garantías, suscita en muchos seres hablantes esta expectativa angustiada. La característica de un virus que se propaga rápidamente, que no se conoce claramente su modo de contagio, que puede enfermar a cualquiera y que mata a personas de un modo inesperado, nos confronta a ese real, inicialmente sin ningún paraguas. Ilustra lo que Laurent y Miller han denominado la época del Otro que no existe, para transmitir algo de esta fragilidad en la que vivimos, la inconsistencia de un mundo en el que las garantías se han desvanecido.

Lacan en su seminario sobre la angustia enfatiza cómo el sujeto se siente amenazado, acorralado y está implicado, afectado en lo más íntimo de sí. La fenomenología de la angustia, tan descripta hoy en relación al ataque de pánico, acentúa frecuentemente las manifestaciones corporales, excluyendo la dimensión de concernimiento e implicación que subyace como certeza subjetiva. En la angustia el sujeto afectado advierte que eso extraño le es parte. Esta posición clínica sobre la angustia en la que se trastroca la estructura del adentro y del afuera, indica también que lo traumático aun cuando es para muchos, lo es también para cada uno. Y que el encuentro con ese real, con su afecto típico, no deja de funcionar como algo propio.

Cernimos en nuestra clínica que la actual situación de amenaza de enfermar en la que vivimos y su medida biopolítica de aislamiento, a fin de prevenir una propagación masiva, produce la irrupción de afectos entre los que se encuentra la expectativa angustiada y la angustia propiamente dicha (como afecto tipo), pero también es un tiempo, una pausa que habilita frente a esto, un abanico plural de respuestas en singular.

III

La amenaza, como una situación de perjuicio probable, eso que nos puede pasar, pero no se sabe cuándo, la podemos percibir irrumpiendo como un elemento desvinculado y no calculado. La intromisión de una presencia desconocida, frente a la cual comienzan a elucubrarse discursos de explicación y control.

Decimos que la pandemia se presenta como un real sin ley, ni sentido. Erosiona, quema, deshace el mundo ficcional, el tejido de sentidos, deshace lazos y mortifica. La amenaza de lo real produce a su vez las respuestas que intentan restituir una escena del mundo. Recordemos que Lacan acentuaba que actuar es arrancarle a la angustia su certeza y que actuar es operar una transferencia de angustia. De repente globalmente vivimos el confinamiento como una escena posible frente a esto.

La opacidad de la amenaza no excluye que a su vez proliferen teorías explicativas, que intentan ubicar una causa o una intencionalidad en la situación de pandemia. Estos intentos de restituir Otro consistente funcionan tal como funciona el armado delirante en la psicosis. A partir de un elemento sin sentido y desamarrado del discurso, extraño, amenazante e intrusivo, se tejen las teorías explicativas que toman formas paranoides, como las teorías de complot.

Las teorías del complot tal como Ricardo Piglia describe, funcionan como ficciones posibles frente a ese real sin ley, intentan anudar eso que se propaga.

Al respecto dice Piglia: “podemos ver el complot como una ficción potencial, una intriga que se trama y circula y cuya realidad está siempre en duda. (…) El exceso de información produce un efecto paradojal, lo que no se sabe pasa a ser la clave de la noticia. Lo que no se sabe en un mundo donde todo se sabe obliga a buscar la clave escondida que permita descifrar la realidad. (…) La paranoia, antes de volverse clínica, es una salida a la crisis del sentido.” (2)

A su vez irrumpen teorías que intentan ubicar un saber en lo real, restituir al sujeto supuesto saber, invocando un orden de la naturaleza, un saber por el cual lo que ocurre sería del orden de lo necesario.

Estas respuestas por el sentido se vuelven impotentes frente a eso que escapa a toda trama y arremete en forma sostenida.

IV

El aislamiento de los cuerpos, la no libre circulación en el espacio, modifica las posibilidades de respuesta de cada quien frente a la angustia. Recordemos que el encierro, la falta de libertad, son en sí mismas figuras en las que los sujetos se reconocen angustiados, cuando por ello la función del deseo se suspende.

Es también la experimentación de un límite impuesto, de una condición no elegida que fuerza en el mejor de los casos una acción basada en lo que hay. Hacer con lo que hay, hacer lo que se puede, en el marco de lo que se tiene. Esta experiencia de límite y sus posibilidades de acción permiten, en ocasiones, un tratamiento novedoso de la angustia.

Las redes sociales configuran un espacio posible en el que la circulación hace su lugar. Enseñando que en el límite de las restricciones impuestas, los sujetos multiplican espacios e inventan modos de vivir el deseo y el goce.

V

Algunos autores discuten hoy día la medida de aislamiento, entendiendo que acrecienta el control sobre los cuerpos de los Estados y reduce la libertad individual. Asimismo, como en la elección “la bolsa o la vida”, algunos lo traducen como una elección forzada “la salud o la vida”, si elijo la salud pierdo la vida y si elijo la vida pierdo la salud y con ello también la vida. Lacan acentuaba siempre la presencia de un factor letal interviniendo en este tipo de elecciones.

Cabe preguntarse si el aislamiento de los cuerpos como medida de excepción llevada adelante por estados democráticos va en desmedro de la libertad de circulación, si entendemos por ella estas posibilidades favorecidas, por este estado de excepción. El estado de excepción, como pausa, como intrusión en los discursos establecidos, permite a su vez un reordenamiento, circunstancial de los modos de circulación habituales (discurso corriente) por lo que se vuelve propicio para invenciones, cuestionamientos y reestructuraciones de nuevos lazos. La libertad de circulación habitual, podemos pensar, se encuentra atestada de modos en los que los circuitos se encuentran cristalizados, y por ende, los sujetos privados de otros modos de circulación.

Miller en el curso Piezas Sueltas acentúa como “el parlêtre es un ser que no depende de un cuerpo, que no recibe su ser del cuerpo que él sería, sino que lo recibe de la palabra, es decir, de lo simbólico. El parlêtre tiene un cuerpo, no lo es y por eso puede dejarlo caer (…)” (3) .

Parecería que el esfuerzo por separar los cuerpos nos ilustra mejor que nunca cómo las categorías de adentro y afuera no responden a la sustancia extensa del cuerpo, a la topología de la esfera sino a otra estructura, tan bien llevada a la literatura por Julio Cortázar en el cuento “Continuidad de los parques” en donde el afuera penetra en el adentro y el adentro se descubre afuera.

VI

En Argentina, la medida de excepción que se toma en un contexto de economía recesiva, abre el debate sobre otra disyuntiva del modo “la bolsa o la vida” que es la elección “la economía o la cuarentena”. Sin embargo el factor letal no se pone en juego del mismo modo, aquí se trata de elegir una de las opciones para salvar las dos, no sin pérdidas. La enunciación que subyace a este discurso vehiculiza la idea de un cuidado, en donde lo que se va a cuidar es la vida, asumiendo por ello decididamente las pérdidas económicas y entendiendo que estas serían aún peores si se abandonara el cuidado de la salud. Esta idea contrasta claramente con presidentes de otros países que han decidido sacrificar vidas de modo deliberado, a fin de que la economía no se detenga. Un presidente que cuida la vida como valor transmite un sentido a la cuarentena obligatoria que no es el de la restricción y la pérdida de libertad, sino el de la libertad de poder decir que no a ciertas presiones macroeconómicas, tal como ya lo había mencionado al referirse a la deuda con acreedores externos.

La vida después de la pandemia es uno de los tópicos que se discute en estos días. Cómo será nuestra vida íntima, cómo será la vida política y económica. Este interludio, al que llamamos estado de excepción, suspensión de nuestra vida cotidiana en los términos de la circulación en la que vivíamos, instauró un tiempo de espera, la dimensión de un tiempo no compulsivo, no asertivo, un tiempo que nos encuentra en otro espacio, el hogar. Vivir dentro del hogar, algo a lo que no estábamos habituados en nuestras largas jornadas laborales, reducir el consumo de bienes y servicios, predicar una austeridad necesaria frente a la incertidumbre y a la vez pensar cómo administrar lo que tenemos. El sentido de la economía (oiko nomos) como administración de la casa, se vuelve pleno. La economía parece volver a la casa, ya sea ésta el hogar o el país en que vivimos. Queda expuesto el funcionamiento del discurso capitalista en el que estamos inmersos, capaz llegado el caso, de dejarnos en el peor estado de vulnerabilidad. La aparición de un virus puede frenar todo un movimiento gigantesco de recursos y encontrarnos con la escasez de los recursos públicos para atender la enfermedad.

El decir que se desprende de los dichos del presidente argentino focaliza en este punto. El funcionamiento económico debe estar al servicio de las vidas de las personas, la salud, la educación y la dignidad. Su anticipación en las acciones con las que el estado enfrenta la propagación del virus y las medias de ayuda económicas contrasta con la ausencia de medidas y demoras de otros gobernantes. Esta convicción instaura un significante que abriga a muchos. El “quedate en casa” funda un nosotros y un cálculo de acción colectivo (4). Presta una identificación basada en el cuidado y conecta a la ciudadanía con un Estado que protege, que suspende la libre circulación, cuando esta se convierte en una atadura a condiciones de vulnerabilidad.

Siguiendo a Eric Laurent diremos que para los psicoanalistas “(…) será necesario también, uno por uno, contribuir a elucidar cómo deben ser elaboradas, las prácticas de restricción colectiva a las que consentimos, para que sean vivibles. No solo top-bottom, sino también bottom-up, testimoniando las buenas maneras de responder a ello” (5).

Por Ramiro Tejo, licenciado en Psicología (UNLP). Hospital Municipal de Chascomús, docente del Servicio de Atención a la Comunidad del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.

Notas:

  1. El Otro que no existe y sus comités de ética. J-A Miller y E. Laurent. Buenos Aires Paidós (2010).
  2. Las teorías del complot. Ricardo Piglia en Antología Personal. Buenos Aires. FCE. (2014).
  3. Piezas Sueltas. J-A. Miller. Buenos Aires. Paidós (2013).
  4. La ley de la naturaleza y lo real sin ley. Miquel Bassols en Zadig España (2020).
  5. El Otro que no existe y sus comités científicos. Eric Laurent (2020).
Publicado enCultura
Viernes, 20 Marzo 2020 07:28

Clausura en el barrio

Clausura en el barrio

Frente a un virus que no entiende de ideología o nacionalidad, nos arropa la complicidad social

 

El columpio tiene ese vaivén un tanto somnoliento que llega a hipnotizar. Así lo recuerdo yo cuando en diciembre nos regalaron por navidad una nueva plaza, esta vez con columpio. Nunca olvidaré la primera vez que le vi accionarse como un péndulo. Era plena madrugada: una anciana envuelta en su bata azul celeste salió a pasear y a rebuscar tímidamente entre la basura. Al ver aquel columpio se precipitó contenta a balancearse entre los recuerdos de su infancia; parecía una niña encogida de soledad en el vacío e intimidad de la noche...

A la mañana siguiente, los chiquillos alegres terminaron de inaugurar el juguete alrededor del cual se concentra todo un alegre panorama multicultural, con conversaciones propias de un ocurrente guion cinematográfico, y vestuarios que revisten con una creativa estampa de color el gris convencional de los adoquines. Son la gente del barrio: un grupo de dominicanas que con la misma rigurosidad con la que todos los domingos van a brindarle respeto a San Lorenzo, se dirigen cada tarde a su cita en la plaza donde arman una potente partida de cartas hasta el anochecer, mientras otras mujeres y hombres africanos charlan, juegan al fútbol, bailan o se retan con jocosa sonrisa a combates físicos.

En los contornos de la plaza (rodeada de restaurantes, pequeñas tiendas y bares) el cotidiano transitar de las distintas culturas, costumbres, religiones, acentos y tonalidades de piel, avivan el ambiente que según la brisa nos va deleitando con una gama de aromas gastronómicos, desde especies hasta el reconocido olor a café matutino que emerge de las casas vecinales cada mañana.

Estaba en el balcón, respirando el aire fresco de la reciente tormenta mientras los reflejos de la lluvia convocaron este espejismo. Ahora, bajo el Estado de Alarma el columpio está quieto y precintado, al igual que el paso de las horas que parecen detenerse o flotar en una nube que no avanza, donde solo los recuerdos vienen a despertar la nostalgia.

Las colas de los supermercados, con una separación entre persona y persona de más de un metro, las mascarillas impersonales, los guantes de látex, el miedo, la vigilancia de policías, las magnificadas alertas de los medios de comunicación, la presencia de las fuerzas armadas, las extremadas precauciones que cada minuto debemos adoptar con rigor, el enemigo desconocido, y algún rezo a San Expedito, patrón de la urgencia, nos retratan la visión de una plaza futurista, decolorada y desalmada.

La avalancha de críticas de los partidos políticos de derecha a la gestión de un gobierno de colación de izquierdas recientemente votado en España, y que ha tenido la mala suerte de enfrentarse a esta pandemia, encrudece la confianza, cooperación y cohesión social.

La preocupación se engrosa cuando uno está recluido; la clausura y el pánico que infunden los telediarios convoca espectros. La paranoia al fin del mundo, a que cada día se vean menos vecinos porque el virus les haya atrapado no es una alternativa, me digo.

Dicen que la luz ahuyenta a los vampiros. Supongo que también los gritos de guerra y aplausos que cada noche le damos al conjunto de los trabajadores sanitarios, o la generosidad de algunos vecinos que cada día nos dedican conciertos desde su balcón acompañados de trompetas, voces y guitarras de otras tantas personas que se suman a esta bella iniciativa de crear un verdadero concierto de complicidad. Del mismo modo que lo hacen las caceroladas y todo el despliegue de cacharros que golpeamos desde nuestras

ventanas para que, tal como tituló el periódico Público, "el rey Juan Carlos done su opaca fortuna a la sanidad pública”.

Y es que las calles y plazas no parecen que vayan a silenciarse: que no haya diálogo y encuentro en ellas, no significa que no lo haya “en torno a ellas”. Si bien el balanceo del columpio por ahora lo provoca únicamente el viento, es tan solo una cuestión de calma, paciencia y sosiego. Hasta entonces, seguiremos lanzando bengalas a los trabajadores sanitarios porque detrás de cada chispa está el sueño de volver a abrazar a los nuestros...aquí o allá. Por ahora, nos queda arroparnos en ese hermoso gesto en el que consiste la complicidad social.

 

Por NATALIE VOLKMAR OSSA España (Madrid)

Publicado enSociedad
https://www.procuraduria.gov.co/

Las directrices de esta política contienen una retórica innovadora, pero se desenvuelven en los marcos de sentido tradicionales. Por tanto, está desarticulada de necesidades esenciales que plantea el escenario post-Acuerdo de paz y su implementación, pero también de otras urgencias nacionales, como detener el genocidio de líderes sociales, reformar la institución policial o modificar el enfoque represivo en la gestión de la protesta social.

 

Entre los distintos problemas que han pasado cuenta de cobro al presidente Iván Duque en lo que va corrido de su mandato se destaca el deterioro de la seguridad ciudadana. Los indicadores relevantes tanto de la seguridad fáctica como de la percepción de inseguridad descendieron sustancialmente bajo el gobierno Santos pero repuntaron con Duque. Por ejemplo, la sensible tasa de homicidios llegó en 2017 a 23,7 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja en cuatro décadas tras registrar un descenso sostenido, pero rebrotó a 24,3 en 2018.

Tal vez afanado por esta realidad, a finales de 2019 el gobierno presentó su “Política marco de convivencia y seguridad ciudadana”, un texto de 105 páginas que contiene sus directrices. Como es usual, el documento en las 7 líneas gruesas de acción, con sus objetivos específicos y estrategias de ejecución, con responsables y métodos de seguimiento que pasa a sustentar, sigue una estructura estrictamente lógica.

Si bien la retórica de la formulación se esfuerza por marcar diferencias, enfatizando en la seguridad ciudadana, la “visión multidimensional”, la “gestión integral” o la funcionalidad de la política respecto del emprendimiento y la innovación en ciencia y tecnología, en la mayoría de los casos se trata de tareas que ya están asignadas a instancias estatales, incluso con la directriz de colaborar entre sí.

Asimismo, aunque se contemplan una serie de acciones, como una apuesta decidida por el desarme de los ciudadanos, el impulso a una “cultura de la legalidad” o el cambio en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, no se plantea una innovación sustancial respecto al marco de sentido que ha orientado dicha política.

Por ejemplo, la política que acá nos ocupa contempla la participación de la ciudadanía en labores distintas a la inteligencia y el mantenimiento del orden público (p. 5). Pero se trata de una participación confinada a la ejecución de la política ya delineada y definida, es decir, no se comprende la participación en la formulación de planes, programas o proyectos, ni en labores para su veeduría o evaluación, sino en la formación de una “Red de Participación Cívica” para dar fluidez a las comunicaciones entre ciudadanías y autoridades, articulada con el uso de nuevas tecnologías, la colaboración con las empresas de seguridad privada y la nacionalización de la figura de los gestores de convivencia (p. 68).

Un diagnóstico sesgado e incompleto

El documento presenta la evolución de los principales problemas e indicadores de la seguridad ciudadana en los últimos años. Sin embargo, su diagnóstico es sesgado e incompleto, puesto que no se articula a un análisis de los múltiples problemas y dificultades que el tránsito de la guerra a la paz ha conllevado en esa materia. Las etapas de post-Acuerdo de paz en los casos de Centroamérica, caracterizadas también por el ascenso en las problemáticas de inseguridad ciudadana, alertan suficientemente sobre la necesidad de tal articulación.

Por ejemplo, el documento de política no responde preguntas básicas tales como si las dinámicas de inseguridad ciudadana están relacionadas con el fin del conflicto armado; con el copamiento y la disputa de espacios rurales y urbanos desalojados por la insurgencia y abandonados por el Estado pero copados por otros actores armados, por mencionar un caso.

Como consecuencia, las directrices de política quedan desligadas de un esfuerzo expreso por acompañar la implementación del Acuerdo de paz, por más que en ciertos apartados se mencione la necesidad de brindar seguridad a los desmovilizados (p. 82). De hecho, lo más sorprendente es que no se relacionen los problemas de la seguridad ciudadana con el escenario post-Acuerdo de paz, y que éste prácticamente ni se mencione explícitamente. Se trata, por tanto, de una política que no diagnostica en su complejidad el ámbito en el que pretende intervenir aunque, como es lógico, la convivencia y la seguridad ciudadanas tengan por fin último garantizar la paz.

Por esa razón el que quizás sea el principal problema planteado en dicho escenario, el genocidio perpetrado contra los líderes sociales desde que se firmó el Acuerdo de paz, que el actual gobierno persiste en considerar como un conjunto de homicidios aislados y no sistemáticos, ocupa un lugar muy marginal en la formulación de la política.

Así, solo una falla de diagnóstico permite explicar que alrededor de un millar de asesinatos de ciudadanos civiles y en estado de indefensión no sean considerados un problema de seguridad ciudadana. Incluso auque el documento reconozca a los líderes sociales como “población de alto riesgo” (pp. 82-83), resulta complicado que no existan medidas específicas para atender la problemática de manera diferenciada, pero son imposibles si no se reconoce que están siendo sistemáticamente asesinados.

La retórica y la omisión

Desligar la política de convivencia y seguridad ciudadana de la implementación del Acuerdo y el contexto generado tras su entrada en vigencia, termina por invalidar su apuesta central: el concepto de seguridad ciudadana en que se funda (p. 21). En la práctica, la implementación de políticas guiadas por ese concepto ha tenido un férreo obstáculo en una fuerza policial altamente militarizada en términos institucionales, doctrinales y operacionales, como legado del conflicto armado.

Las estructuras, mentalidades y formas de operar de la Policía si bien han incorporado parcialmente el ideal de la seguridad ciudadana, continúan caracterizadas por los legados arrojados por su participación en la guerra, como su sesgo represivo, la distancia en relación con la ciudadanía, vista potencialmente como parte del “enemigo interno”, y la prevalencia de la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana, entre otros. En consecuencia, la retórica de la seguridad ciudadana convive con prácticas como la represión con sesgo militar de la protesta y el énfasis en la seguridad del Estado.

El documento de política plantea, por ejemplo, la corresponsabilidad de las autoridades civiles locales y regionales para garantizar la seguridad. Pero pasa por alto uno de los problemas que ha obstaculizado esa corresponsabilidad: precisamente el hecho de que la Policía tenga una estructura calcada del Ejército, con poco margen de maniobra para los comandantes cuando una orden de su superior se antepone, por las razones que sea aunque con frecuencia relacionadas con el orden público, a las de la autoridad civil local o regional.

Aunque no necesariamente debe estar contemplada en la política de convivencia y seguridad, con posterioridad al Acuerdo de paz es urgente la reforma de la Policía y en general de las FF.AA. No obstante, esta tarea, frustrada en los años noventa, cuando la reforma planteada (ley 62 de 1993) se desdibujó finalmente en la ejecución por la propia institución del Programa de Transformación cultural (1995-1998), nuevamente se confía a la autonomía de la Polícía con el “proceso de modernización y transformación institucional” actualmente en curso.

La corrupción, que gana terreno al interior de la institución, de acuerdo a los frecuentes informes de prensa sobre uniformados de distintos rangos vinculados con actividades delictivas, reclama con urgencia dicha reforma. Ya en diciembre de 2015 el gobierno Santos había designado una comisión con ese propósito que, como varias anteriores, no arrojó resultados. El objetivo de desarticular organizaciones delictivas y provocar la “disrupción en la red de valor de las rentas criminales urbanas” (pp. 69-71), choca de frente con esa realidad.

Es así como resulta prácticamente imposible afincar la visión “multidimensional” (p. 24) sobre la seguridad ciudadana que plantea el documento en una institución que ni siquiera ha empezado a reorientarse en el contexto del post-Acuerdo de paz y que mantiene en gran medida, en su cultura organizacional y su doctrina, y en ciertas especialidades más que en otras, una orientación contrainsurgente que se confunde con la que debe tener un cuerpo militar, relegando las particularidades de un organismo de naturaleza civil como la policía.

Persiste el enfoque represivo

Aún más, en relación con funciones como la contención de la protesta prima en la política el sesgo represivo. Se desplaza de esa manera el concepto de seguridad ciudadana, no solo como ausencia de delito sino como potenciamiento de los derechos y libertades individuales, en este caso los de la protesta y la libertad de expresión, en favor del mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. En efecto, el documento insiste en que el gobierno garantizará el derecho a la protesta, pero a renglón seguido promete actuar contra los “disturbios” y el “vandalismo”, fortaleciendo los escuadrones antidisturbios (p. 88).

En la presentación de la política en cuestión no existe la más mínima reflexión sobre las especificidades de la protesta social, que siempre implica tensiones entre los derechos de quienes protestan y de los demás ciudadanos, o sobre lo que desde la perspectiva gubernamental se concibe como “violencia”. En la práctica los límites entre lo legítimo e ilegítimo, lo tolerable y lo intolerable, lo violento y lo no violento son difíciles de precisar; por ejemplo, ¿bloquear temporalmente una vía pública es “vandalismo” o “disturbio”?

En esa constante, la política no menciona el prontuario de abusos y crímenes cometidos por el Esmad, que no se reconoce ni siquiera como un problema, por lo que en últimas termina avalando y dando curso a los procedimientos represivos con que se ha manejado hasta hoy la protesta social. Se trata de una gestión basada en una visión contrainsurgente, que privilegia la seguridad nacional o del Estado sobre la del ciudadano, y donde éste, cuando ejerce su derecho a la protesta, es visto como parte del “enemigo interno” que amenaza el orden social.

De hecho, el mismo enfoque represivo está presente en la estrategia de “control efectivo de los espacios” con la que se propone reemplazar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Eso explica por qué, aunque el documento enuncia un enfoque preventivo según el cual los comandantes de policía deben concentrar los esfuerzos de todas las especialidades en “zonas de miedo e impunidad” (p. 17), la principal transformación sea el aumento del pie de fuerza en 34.000 nuevos policías en 4 años (en 2019 la cifra total de efectivos era de 139.766), junto con la destinación a esas zonas de los uniformados que hoy están concentrados en el control del tránsito, los servicios de protección y los servicios administrativos (p. 66).

En fin, un asunto delicado, como parte del enfoque represivo, es el tratamiento al consumo de estupefacientes en espacios públicos. Es un problema que marca el límite de la visión “multidimensional” que el documento reivindica. Si bien en algunos momentos se alude al fenómeno como un problema de “salud mental” relacionado pero no determinante de problemas de convivencia (p. 22), se termina por asumir una visión criminalizante y represiva puesto que “impacta la convivencia, pues, entre otras consecuencias relevantes, aumenta la percepción de inseguridad en los sitios en los que se consumen habitualmente estupefacientes” (p. 23). Por esa razón, el “control efectivo de los espacios” se propone “dar prioridad a los parques, plazas y los entornos de las universidades, escuelas y colegios, para evitar que sean lugares de expendio y consumo de estupefacientes” (p. 64).

Corolario

La política de convivencia y seguridad ciudadana no está ligada explícitamente a la implementación del Acuerdo de paz, lo cual plantea varias dificultades para responder al genocidio de líderes sociales en ciernes; está desvinculada de la necesaria reforma de la Policía para enfrentar un contexto post-Acuerdo, lo que entorpece varios de sus propósitos debido a los problemas de militarización de esta institución; y termina por privilegiar la seguridad del Estado sobre la del ciudadano en asuntos tan delicados como la gestión de la protesta social, lo que se traduce en la persistencia de un sesgo altamente represivo.

Pese a la retórica de innovación en que se formulan sus directrices, la política sigue presa en los marcos tradicionales que han guiado la acción estatal. El uso de nuevas tecnologías, el enfoque multidimensional del delito, la cooperación entre instancias estatales e incluso medidas como la promoción del desarme total de la ciudadanía –en la que el gobierno se aparta de las preferencias de su partido, el Centro Democrático–, quedan así opacadas por el peso de las estructuras, en particular de los problemas de militarización en la Policía, principal agencia encargada de la implementación de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana.

Publicado enEdición Nº265
https://www.procuraduria.gov.co/

Las directrices de esta política contienen una retórica innovadora, pero se desenvuelven en los marcos de sentido tradicionales. Por tanto, está desarticulada de necesidades esenciales que plantea el escenario post-Acuerdo de paz y su implementación, pero también de otras urgencias nacionales, como detener el genocidio de líderes sociales, reformar la institución policial o modificar el enfoque represivo en la gestión de la protesta social.

 

Entre los distintos problemas que han pasado cuenta de cobro al presidente Iván Duque en lo que va corrido de su mandato se destaca el deterioro de la seguridad ciudadana. Los indicadores relevantes tanto de la seguridad fáctica como de la percepción de inseguridad descendieron sustancialmente bajo el gobierno Santos pero repuntaron con Duque. Por ejemplo, la sensible tasa de homicidios llegó en 2017 a 23,7 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja en cuatro décadas tras registrar un descenso sostenido, pero rebrotó a 24,3 en 2018.

Tal vez afanado por esta realidad, a finales de 2019 el gobierno presentó su “Política marco de convivencia y seguridad ciudadana”, un texto de 105 páginas que contiene sus directrices. Como es usual, el documento en las 7 líneas gruesas de acción, con sus objetivos específicos y estrategias de ejecución, con responsables y métodos de seguimiento que pasa a sustentar, sigue una estructura estrictamente lógica.

Si bien la retórica de la formulación se esfuerza por marcar diferencias, enfatizando en la seguridad ciudadana, la “visión multidimensional”, la “gestión integral” o la funcionalidad de la política respecto del emprendimiento y la innovación en ciencia y tecnología, en la mayoría de los casos se trata de tareas que ya están asignadas a instancias estatales, incluso con la directriz de colaborar entre sí.

Asimismo, aunque se contemplan una serie de acciones, como una apuesta decidida por el desarme de los ciudadanos, el impulso a una “cultura de la legalidad” o el cambio en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, no se plantea una innovación sustancial respecto al marco de sentido que ha orientado dicha política.

Por ejemplo, la política que acá nos ocupa contempla la participación de la ciudadanía en labores distintas a la inteligencia y el mantenimiento del orden público (p. 5). Pero se trata de una participación confinada a la ejecución de la política ya delineada y definida, es decir, no se comprende la participación en la formulación de planes, programas o proyectos, ni en labores para su veeduría o evaluación, sino en la formación de una “Red de Participación Cívica” para dar fluidez a las comunicaciones entre ciudadanías y autoridades, articulada con el uso de nuevas tecnologías, la colaboración con las empresas de seguridad privada y la nacionalización de la figura de los gestores de convivencia (p. 68).

Un diagnóstico sesgado e incompleto

El documento presenta la evolución de los principales problemas e indicadores de la seguridad ciudadana en los últimos años. Sin embargo, su diagnóstico es sesgado e incompleto, puesto que no se articula a un análisis de los múltiples problemas y dificultades que el tránsito de la guerra a la paz ha conllevado en esa materia. Las etapas de post-Acuerdo de paz en los casos de Centroamérica, caracterizadas también por el ascenso en las problemáticas de inseguridad ciudadana, alertan suficientemente sobre la necesidad de tal articulación.

Por ejemplo, el documento de política no responde preguntas básicas tales como si las dinámicas de inseguridad ciudadana están relacionadas con el fin del conflicto armado; con el copamiento y la disputa de espacios rurales y urbanos desalojados por la insurgencia y abandonados por el Estado pero copados por otros actores armados, por mencionar un caso.

Como consecuencia, las directrices de política quedan desligadas de un esfuerzo expreso por acompañar la implementación del Acuerdo de paz, por más que en ciertos apartados se mencione la necesidad de brindar seguridad a los desmovilizados (p. 82). De hecho, lo más sorprendente es que no se relacionen los problemas de la seguridad ciudadana con el escenario post-Acuerdo de paz, y que éste prácticamente ni se mencione explícitamente. Se trata, por tanto, de una política que no diagnostica en su complejidad el ámbito en el que pretende intervenir aunque, como es lógico, la convivencia y la seguridad ciudadanas tengan por fin último garantizar la paz.

Por esa razón el que quizás sea el principal problema planteado en dicho escenario, el genocidio perpetrado contra los líderes sociales desde que se firmó el Acuerdo de paz, que el actual gobierno persiste en considerar como un conjunto de homicidios aislados y no sistemáticos, ocupa un lugar muy marginal en la formulación de la política.

Así, solo una falla de diagnóstico permite explicar que alrededor de un millar de asesinatos de ciudadanos civiles y en estado de indefensión no sean considerados un problema de seguridad ciudadana. Incluso auque el documento reconozca a los líderes sociales como “población de alto riesgo” (pp. 82-83), resulta complicado que no existan medidas específicas para atender la problemática de manera diferenciada, pero son imposibles si no se reconoce que están siendo sistemáticamente asesinados.

La retórica y la omisión

Desligar la política de convivencia y seguridad ciudadana de la implementación del Acuerdo y el contexto generado tras su entrada en vigencia, termina por invalidar su apuesta central: el concepto de seguridad ciudadana en que se funda (p. 21). En la práctica, la implementación de políticas guiadas por ese concepto ha tenido un férreo obstáculo en una fuerza policial altamente militarizada en términos institucionales, doctrinales y operacionales, como legado del conflicto armado.

Las estructuras, mentalidades y formas de operar de la Policía si bien han incorporado parcialmente el ideal de la seguridad ciudadana, continúan caracterizadas por los legados arrojados por su participación en la guerra, como su sesgo represivo, la distancia en relación con la ciudadanía, vista potencialmente como parte del “enemigo interno”, y la prevalencia de la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana, entre otros. En consecuencia, la retórica de la seguridad ciudadana convive con prácticas como la represión con sesgo militar de la protesta y el énfasis en la seguridad del Estado.

El documento de política plantea, por ejemplo, la corresponsabilidad de las autoridades civiles locales y regionales para garantizar la seguridad. Pero pasa por alto uno de los problemas que ha obstaculizado esa corresponsabilidad: precisamente el hecho de que la Policía tenga una estructura calcada del Ejército, con poco margen de maniobra para los comandantes cuando una orden de su superior se antepone, por las razones que sea aunque con frecuencia relacionadas con el orden público, a las de la autoridad civil local o regional.

Aunque no necesariamente debe estar contemplada en la política de convivencia y seguridad, con posterioridad al Acuerdo de paz es urgente la reforma de la Policía y en general de las FF.AA. No obstante, esta tarea, frustrada en los años noventa, cuando la reforma planteada (ley 62 de 1993) se desdibujó finalmente en la ejecución por la propia institución del Programa de Transformación cultural (1995-1998), nuevamente se confía a la autonomía de la Polícía con el “proceso de modernización y transformación institucional” actualmente en curso.

La corrupción, que gana terreno al interior de la institución, de acuerdo a los frecuentes informes de prensa sobre uniformados de distintos rangos vinculados con actividades delictivas, reclama con urgencia dicha reforma. Ya en diciembre de 2015 el gobierno Santos había designado una comisión con ese propósito que, como varias anteriores, no arrojó resultados. El objetivo de desarticular organizaciones delictivas y provocar la “disrupción en la red de valor de las rentas criminales urbanas” (pp. 69-71), choca de frente con esa realidad.

Es así como resulta prácticamente imposible afincar la visión “multidimensional” (p. 24) sobre la seguridad ciudadana que plantea el documento en una institución que ni siquiera ha empezado a reorientarse en el contexto del post-Acuerdo de paz y que mantiene en gran medida, en su cultura organizacional y su doctrina, y en ciertas especialidades más que en otras, una orientación contrainsurgente que se confunde con la que debe tener un cuerpo militar, relegando las particularidades de un organismo de naturaleza civil como la policía.

Persiste el enfoque represivo

Aún más, en relación con funciones como la contención de la protesta prima en la política el sesgo represivo. Se desplaza de esa manera el concepto de seguridad ciudadana, no solo como ausencia de delito sino como potenciamiento de los derechos y libertades individuales, en este caso los de la protesta y la libertad de expresión, en favor del mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. En efecto, el documento insiste en que el gobierno garantizará el derecho a la protesta, pero a renglón seguido promete actuar contra los “disturbios” y el “vandalismo”, fortaleciendo los escuadrones antidisturbios (p. 88).

En la presentación de la política en cuestión no existe la más mínima reflexión sobre las especificidades de la protesta social, que siempre implica tensiones entre los derechos de quienes protestan y de los demás ciudadanos, o sobre lo que desde la perspectiva gubernamental se concibe como “violencia”. En la práctica los límites entre lo legítimo e ilegítimo, lo tolerable y lo intolerable, lo violento y lo no violento son difíciles de precisar; por ejemplo, ¿bloquear temporalmente una vía pública es “vandalismo” o “disturbio”?

En esa constante, la política no menciona el prontuario de abusos y crímenes cometidos por el Esmad, que no se reconoce ni siquiera como un problema, por lo que en últimas termina avalando y dando curso a los procedimientos represivos con que se ha manejado hasta hoy la protesta social. Se trata de una gestión basada en una visión contrainsurgente, que privilegia la seguridad nacional o del Estado sobre la del ciudadano, y donde éste, cuando ejerce su derecho a la protesta, es visto como parte del “enemigo interno” que amenaza el orden social.

De hecho, el mismo enfoque represivo está presente en la estrategia de “control efectivo de los espacios” con la que se propone reemplazar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Eso explica por qué, aunque el documento enuncia un enfoque preventivo según el cual los comandantes de policía deben concentrar los esfuerzos de todas las especialidades en “zonas de miedo e impunidad” (p. 17), la principal transformación sea el aumento del pie de fuerza en 34.000 nuevos policías en 4 años (en 2019 la cifra total de efectivos era de 139.766), junto con la destinación a esas zonas de los uniformados que hoy están concentrados en el control del tránsito, los servicios de protección y los servicios administrativos (p. 66).

En fin, un asunto delicado, como parte del enfoque represivo, es el tratamiento al consumo de estupefacientes en espacios públicos. Es un problema que marca el límite de la visión “multidimensional” que el documento reivindica. Si bien en algunos momentos se alude al fenómeno como un problema de “salud mental” relacionado pero no determinante de problemas de convivencia (p. 22), se termina por asumir una visión criminalizante y represiva puesto que “impacta la convivencia, pues, entre otras consecuencias relevantes, aumenta la percepción de inseguridad en los sitios en los que se consumen habitualmente estupefacientes” (p. 23). Por esa razón, el “control efectivo de los espacios” se propone “dar prioridad a los parques, plazas y los entornos de las universidades, escuelas y colegios, para evitar que sean lugares de expendio y consumo de estupefacientes” (p. 64).

Corolario

La política de convivencia y seguridad ciudadana no está ligada explícitamente a la implementación del Acuerdo de paz, lo cual plantea varias dificultades para responder al genocidio de líderes sociales en ciernes; está desvinculada de la necesaria reforma de la Policía para enfrentar un contexto post-Acuerdo, lo que entorpece varios de sus propósitos debido a los problemas de militarización de esta institución; y termina por privilegiar la seguridad del Estado sobre la del ciudadano en asuntos tan delicados como la gestión de la protesta social, lo que se traduce en la persistencia de un sesgo altamente represivo.

Pese a la retórica de innovación en que se formulan sus directrices, la política sigue presa en los marcos tradicionales que han guiado la acción estatal. El uso de nuevas tecnologías, el enfoque multidimensional del delito, la cooperación entre instancias estatales e incluso medidas como la promoción del desarme total de la ciudadanía –en la que el gobierno se aparta de las preferencias de su partido, el Centro Democrático–, quedan así opacadas por el peso de las estructuras, en particular de los problemas de militarización en la Policía, principal agencia encargada de la implementación de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana.

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Viernes, 07 Junio 2019 06:02

Se abre el telón en El Salvador

Se abre el telón en El Salvador

El pasado sábado 1º de junio fue la toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se estrenó con un discurso cortito, lleno de guiños personales, pero frágil, ingrávido, y que no deja de causar un poco de miedo. Sí, miedo, porque los problemas que este país tiene son horribles y una gestión política, que arranca con la mesa limpia, debe agarrar el toro por las astas.

Que el discurso haya sido escueto no es el problema, de hecho ahí está el maravilloso cuento "El dinosaurio" de Tito Monterroso para disipar dudas, puesto que todo sigue allí. Lo preocupante es que estos asuntos públicos urgentes –en el país del poeta Roque Dalton inmolado en 1975– exigen exposiciones de motivos inobjetables, porque de otra manera, como de algún modo lo insinuó el mismo Bukele en su comparecencia, quizás un desencanto más ya no lo aguante la paciente ciudadanía salvadoreña.


Moverse en el filo de la navaja, tal y como lo viene haciendo El Salvador desde hace muchos años –y no hay exageración en esto porque es casi literal– ha causado graves estragos para la convivencia ciudadana.


La Policía Nacional Civil, uno de los resultados más notables y esperanzadores de la negociación estratégica que puso fin a la guerra civil en 1992, es ahora un estropajo ensangrentado. Ha sido corroída por la corrupción, infiltrada por el crimen organizado y de ribete ha sido lanzada al combate frontal contra las pandillas, casi como el último recurso para contener este fenómeno social de cobertura nacional, guadaña macabra que todos los días descuaja vidas de compatriotas.


Dirigentes políticos tradicionales, diputados, personeros de organismos internacionales y funcionarios de los gobiernos anteriores al parecer no han logrado comprender que no se trata de un problema de inseguridad, categoría que da poca cuenta de la compleja realidad de este país. El problema es de convivencia social. Por asumir la premisa de la inseguridad el país se ha inundado del negocio de las agencias de seguridad privada (para proteger bienes estatales, empresas privadas y hasta desarrollos urbanísticos), y del negocio de la video vigilancia que se promociona como panacea.


El giro estratégico habría que hacerlo a partir de la noción de reconstitución del tejido social. Empero, esto será apenas propósito vano si se cree que la intervención en los territorios, ahora bajo control, asedio y presión de las redes pandilleriles, será efectiva si el aparato gubernamental se vuelca allí. Es un paso importante, pero un diseño de ese tipo deja por fuera a otros actores clave, tal vez con menos recursos, pero de mayor impronta en el imaginario colectivo. Hay que pasar de reparar cositas a reconstituir escenarios económicos, sociales, culturales y hasta político-organizativos.


En este punto, el flamante gobierno encabezado por Nayib Bukele se juega su destino. Se ha ensayado ya bastante, y mal, porque se ha creído que hay un buen camino y un mal camino, y que el éxito está en atraer al buen camino a los jóvenes extraviados en el mal camino. Si las cosas del mundo fueran así, las soluciones estarían a la vuelta de la esquina.


A la par de esto, el nuevo gobierno deberá ingeniárselas para desatar, fomentar y facilitar dinámicas de actividad económica que impacten sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Otra perspectiva será de poca ayuda. Sin embargo, esas nuevas dinámicas gestoras de otro rumbo económico chocan desde el arranque mismo con los seculares desequilibrios estructurales salvadoreños, que, de no atenderse al menos los que tienen que ver con el modelo productivo (no el modo de producción, que son palabras mayores), el déficit de la balanza comercial seguirá delatando con nitidez: 5904.5 millones de dólares (exportaciones) frente a 11.725.8 millones de dólares (importaciones). Si en esto no hay cambios apreciables, equivaldrá a seguir hablando de nada y el futuro de El Salvador seguirá sombrío.


Los dos grandes asuntos anteriores –convivencia y economía– deberán despegar con cierto éxito o al menos con algún ímpetu que permita atisbar algo distinto, para que temas como el de la prioridad nacional de la primera infancia, que traería la paz social a El Salvador, puedan realizarse.
Y paremos de contar. Por ahora.

Jaime Barba, de REGION Centro de Investigaciones de El Salvador.

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Miércoles, 24 Octubre 2018 16:42

Prisión Fantasía

Prisión Fantasía

A pesar de algunos relatos forzados, innecesarios y ‘alargados’ (en el sentido garciamarquiano), The Orange Is The New Black, en su sexta temporada, logra mantener atento al espectador gracias a sus historias dramáticas e irónicas, a sus personajes dotados de gran vitalidad y a su perfecta habilidad de dar “golpes” inesperados (en el sentido cortaciano) hasta dejarnos noqueados.

 

Quien resiste los engorrosos primeros capítulos, como quien cruza por el desierto, encontrará al final la Tierra Prometida, una que, sin duda, mana leche y miel. Sin convertirse en un documento panfletario, la serie denuncia el racismo estructural y las siniestras y deshumanizadas implicaciones de haber privatizado el sistema penitenciario en Estados Unidos. Muestra, al interior de las cárceles, la conflictiva vida cotidiana y sus dinámicas de poder y supervivencia y nos adentra al mundo íntimo, complejo e imposible de juzgar de sus fascinantes personajes.

 

Un juicio con muchos problemas

 

Luego del indignante asesinato de Poussey Washington (Samira Wiley), quien fue asfixiada por un joven guardia sin el perfil para tratar con las reclusas, y el posterior motín desatado por este hecho, reprimido por la fuerza policial antidisturbios, la trama pasa a las sentencias de las reclusas no sólo por haber liderado el motín sino por la muerte del oficial Desmond Piscatella (Brad William Henke), un hombre que, momentos antes de ser asesinado, había secuestrado y torturado a las reclusas. Aquí es donde los guionistas se suben las mangas y comienzan a lanzarles críticas a la justicia penitenciaria.

 

En una escena reveladora se muestra una pared con la palabra “murder” (asesinato) a la izquierda, a la derecha, Riot Leaders. Debajo: las fotos de Dayana Días, Cindy Hayes, Frieda, Mendoza, Flores, Nichols, María Ruiz, Pipper, Roja y Tacha. Tres oficiales tienen la difícil tarea de investigar quiénes fueron las líderes del motín y quiénes están implicadas en el asesinato. Más difícil aun cuando el Gobernador les reduce el tiempo para concluir la investigación dado que están sufriendo una crisis en “relaciones públicas”.

 

Las familias de los policías muertos quieren acusadas y la agencia de Priones necesita a cinco por cargos graves. Sin embargo, el oficial encargado tiene una solución. “Hoy acabaremos con la declaración de Dayanara Días, y de este grupo sacaremos una cadena perpetua por asesinato, y tres condenas de diez años mínimo para las líderes”. Pero aún así es mucho esfuerzo; “hagamos esto más fácil” dice y toma la foto de Tacha –mujer negra y defensora de los derechos de las reclusas– y la pega en cadena perpetua; una oficial le dice que ninguna reclusa acusa a Tacha, pero el encargado la calla diciéndole que no importa, “es la cara que la gente vio en los videos”. Pero para que no se note la injusticia y la arbitrariedad, concluye: “elijamos de todos los colores”. 

 

Así, Tacha Jefferson pasa a ser el chivo expiatorio, la cara negra que hace comprensible el asesinato del oficial. Ella lo sabe y da la pelea. Ante el jurado acepta los cargos por el motín, pero niega responsabilidad por el asesinato. No está sola. A su lado está una organización por los derechos de las reclusas negras y, pieza importante de este puzle, Joe Caputo, exalcalde de mínima seguridad en Lichfield, quien representa el papel del que quiere hacer el bien por las reclusas, pero siempre se ve impedido por el sistema corporativo. Caputo, a la vez que investiga por su cuenta quién es el verdadero responsable por la muerte de Piscatella, idea una estrategia para desviar la atención de la opinión pública sobre Tacha, gracias a su pareja Nataly, mujer ambiciosa y ahora nueva alcalde de mínima seguridad. Contacta a las reclusas a las que les han vulnerado sus derechos y les propone que demanden. Es el caso de Sophia Burset, travesti, quien durante seis meses dejó de recibir su tratamiento hormonal. Al mismo tiempo, Tacha ofrece entrevistas a medios que ejercen el periodismo de investigación. Pero comete un error. En su necesidad de denunciar lo que se vive en la cárcel, miente al decir que los oficiales de máxima seguridad la maltratan.

 

Entre tanto, como es de esperar, Gerencia y Correccionales mueve sus hilos para impedir que continúe la crisis de “relaciones públicas”. Su primera estrategia es cambiar de nombre: PolyCon se llamarán ahora. Luego, en otra muestra de originalidad, hacen un documental en el que las reclusas hablan de la buena administración de GC. “A PolyCon no le interesan las personas”, se confunde Suzanne (Uzo Aduba), uno de los personajes más impactantes, quien debía decir “no sólo le importan las personas”. Por último, comprar conciencias. Linda, presidenta de PolyCon y examante de Caputo, le ofrece 300 mil dólares y la salida anticipada a Sophia Burset. En este punto, entre otros, es donde se ve la buena mano de los escritores. Tras aceptar el dinero y la salida, el espectador sensato no puede juzgar a Sophia. ¿Cómo se dejó sobornar? ¿No importa más la lucha por los derechos de las mujeres travesti? “La única responsabilidad que tengo es con mi esposa e hijo. Este dinero podría mantenerlos como yo debí hacerlo todos estos años. Mi hijo irá a la universidad, así no terminará aquí como yo”. No es sólo el interés personal lo que guía su conducta. En eso se basa la imposibilidad de juzgarla. Está pensando no en sí misma sino en su hijo.

 

Nancy y la ley del sobreviviente

 

A quien no le gusta que le revelen los finales puede dejar de leer en este instante. Sin embargo, es necesario decirlo para que se comprenda a cabalidad la magnitud del problema. Tacha Jefferson es declarada culpable. ¿Cometió el asesinato? No. Y eso lo sabía Nancy Hayes (Adrienne C. Mooe), mujer negra de cuerpo grande y conocedora de todos los raperos importantes. Ella era la única que podía salvarla. Nancy, junto con Suzanne, presenciaron cuando la policía antimotines, luego de asesinar por error a Piscatella, puso su cuerpo en la piscina donde estaba el grupo de reclusas, entre ellas Tacha, y hacen parecer que ellas fueron quienes lo asesinaron disparándole un tiro en la frente. ¿Por qué Nancy no dijo nada? “Estuve rodeada de policías despreciables toda mi vida. Sé lo que hacen a personas como yo cuando hablamos”, responde ella.

 

Prisión Fantasía

 

Copelad y Álvarez, dos guardias de la prisión, encuentran tiradas en el piso a dos mujeres. Una, boca arriba, se desangra por la garganta. La otra, bocabajo, tiene clavada en la espalda un cuchillo improvisado. “Son puntos dobles por la asesinada y la asesina”, dice Álvarez, un hombre blanco de padres latinos al que se puede odiar con facilidad. “Ganaste Prisión Fantasía”, continúa. Copelad, mujer de cara roja rellena que disfruta de los libros de autoayuda, se congratula de su victoria ante Álvarez. “En tu cara”, le dice. Esta es la prueba máxima de la deshumanización de los guardias de prisión hacia las reclusas. Para ellos, las mujeres no son personas. “Si comienzas a ver a esos animales así, estás jodida”, le dice uno de los guardias a una colega.

 

“Prisión Fantasía” en un juego inventado por los guardias de máxima prisión. Consiste en seleccionar a reclusas y ganar puntos por lo que ellas hagan. Suman si sus reclusas tienen sexo, se pelean, suicidan o vomitan. Para ganar los puntos debe haber un tercero presenciando el comportamiento. Gana, claro, quien más tenga. Las conductas están clasificadas por un número de puntos: suicidio, 20, fuga, 40, vómito 1, así con todos. Aquí es donde comienza la historia. Para ganar, los guardias son quienes incitan y promueven la violencia entre las mujeres. En un momento, desesperada por el ambiente pacífico entre las reclusas, Copelad le dice a Chapman que le devolverá la parte del diente roto que encontró en el pasillo si ella le pegaba a María Ruiz.

 

El juego macabro no es sólo una forma de diversión producto de la deshumanización, es ante todo de carácter político. Hastiada del juego, McCullough (Emily Tarver), una guardia blanca que padece estrés post traumático por el motín, confronta a Hopper, el jefe de los guardias, y le dice que no tiene sentido el juego, que es horrible. Hopper le pregunta desafiante: “¿alguna vez oíste de un motín en máxima seguridad? ¿qué hayan atacado a un guardia? ¿recuerdas un incidente grande? Por eso hacemos Prisión Fantasía, para que se golpeen entre ellas. Porque cuando hacen eso, no nos miran a nosotros”. El que se peleen entre ellas no sólo evita que pongan el foco en los guardias y las injusticias y abusos que cometen. Evita, ante todo, que miren a Gerencia y Correccionales, que se organicen y peleen juntas por sus derechos en contra de la compañía que ahora busca meter a cuatro prisioneras en una celda hecha para una persona o dejar que la prisión sea sólo para penas largas, con ello el nivel de rentabilidad económica es más alto. Así, Prisión Fantasía es una metáfora de esos juegos, discursos, que el poder diseña para que, como ciudadanos, trabajadores, desempleados, no cuestionemos al poder.

 

Las hermanas y la guerra entre bloques

 

De forma magistral, la serie se esfuerza en resaltar una y otra vez las estrategias del poder para perpetuarse. En este caso, la estrategia que utilizan las hermanas Denning le es muy familiar al espectador colombiano. Bárbara y Carol, las hermanas, llegaron a la cárcel por asesinar a su hermana menor, de quien sentían envidia por concentrar la atención de sus padres. Unidas en la muerte, separadas en la vida, las hermanas entran en conflicto el primer día que pasan en prisión. La causa: los créditos por una historia graciosa que cada una acredita como suya. Sí, por eso. Como el conflicto se hizo tan violento, separaron a cada hermana en un bloque distinto. Carol, bloque C, Bárbara, bloque B. El bloque E está asignado para la tercera edad y las travestis, por eso se considera una región neutral. Así se conformó la guerra entre el bloque C y el D. Cada una de las hermanas buscaban conformar un ejército de reclusas en contra del bloque enemigo. Para convencerlas de unírseles, no bastaba con decirles que una le robó la historia a la otra. Era necesario construir el miedo. Hacerles creer que el bloque contrario quería hacerles daño, que si no hacían algo las iban a lastimar. El discurso funcionó. Las subordinadas se apropiaron de éste y lo vivieron como propio. Además, aspecto fundamental, su poder también se basó en el control del comercio de drogas, productos de todo tipo y los trabajos legales de la cárcel, claro, siempre aliadas con los guardias.

 

En un momento en el que el nivel de tensión llega a su clímax, Bárbara acusaba a Carol de intentarla asesinar con veneno y Carol de que su hermana le quitara los trabajos buenos, cada una se prepara para la guerra. Reclutan soldadas y construyen armas. Aprovecharía el día en que volverían a jugar KIckball, un deporte legendario en la prisión, para ejecutar el ataque. Era necesario, había que vengarse. El día llegó. Los equipos estaban conformados y ya sabían en qué momento se atacarían. Sin embargo, al salir al campo, las dos hermanas se esconden juntas en el cuarto de aseo. Confiesan su verdadero plan: hacer que las mujeres se maten entre sí para así poder ellas infiltrase en el bloque E para matar a Frieda, quien les hizo aumentar décadas a su condena.

 

¿Resulta familiar? Debería. Fernando Guillén Martínez, en El poder político en Colombia, expone cómo líderes liberales y conservadores pasaban de uno a otro bando, dependiendo de la posición de poder que ocuparan. Así, si un líder hacendado conservador quedaba derrotado por otro conservador hacendado, se pasaba a las líneas liberales y desde ahí movilizaba al pueblo para ir en contra de los sotaneros rezanderos. Con la misma lógica, en la actualidad, uribistas insultan a santistas creyendo que sus líderes son radicalmente diferentes.

 

El final de la serie es uno de los más bellos que puedan existir. Profundamente simbólico y con una clara intencionalidad política. Traicionadas por sus soldadas, quienes decidieron dirimir sus diferencias con el Kickball, en el cuarto de baño las hermanas se atacan luego de volver a discutir por los créditos de la anécdota. La una le abre el cuello a la otra al tiempo que recibe una puñalada en la espalda. El poder se acaba así mismo. Y la anécdota en realidad le sucedió a un tercero, a una compañera de trabajo. No hace falta describirla. La misma serie nos muestra la banalidad de las razones del conflicto.

Publicado enEdición Nº251
"Debemos acercar al diálogo a un importante sector estudiantil"

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, es moderadamente optimista ante los tímidos avances logrados esta semana entre el Gobierno de Venezuela y los sectores de la oposición que se han sumado al proceso de diálogo auspiciado por Unasur y el Vaticano. Patiño y sus homólogos brasileño y colombiana, Luiz Alberto Figueiredo y María Ángela Holguín, se implicaron en una intensa campaña diplomática para vencer las reticencias de embarcarse en unas negociaciones inmersas en la desconfianza y cuyo futuro es, todavía, muy incierto. "A pesar de que las posiciones siguen siendo distantes, comienza a crearse un clima de entendimiento, lo cual es un bien síntoma para Venezuela y para toda la región", reconoce Patiño a través de varias respuestas remitidas por correo electrónico a EL PAÍS.


El rechazo de los principales promotores de las manifestaciones en la calle, como los líderes políticos María Corina Machado o Leopoldo López, encarcelado, o el movimiento estudiantil -cuyas reivindicaciones detonaron las protestas que ya han cumplido dos meses- es uno de los principales obstáculos que amenazan el éxito de las discusiones, un reto del que el responsable de Exteriores ecuatoriano es muy consciente. "El desafío actual para Unasur, pero también para las partes involucradas en el diálogo, es encontrar los mecanismos más idóneos para incorporar a otros actores que tengan interés en participar en el restablecimiento de la paz en Venezuela y corresponsabilizarse en la construcción de soluciones a los problemas que aquejan al país actualmente", señala Patiño.


El canciller ecuatoriano destaca que la segunda sesión de la ronda de negociaciones entre el Gobierno que preside Nicolás Maduro y una parte importante de la Mesa de la Unidad Democrática ha demostrado que "ha comenzado a superarse la desconfianza que estaba particularmente lesionada por la polarización que había alcanzado el conflicto".


En ese intento por atraer a más voces de la oposición a la mesa de diálogo, Patiño señala directamente a los estudiantes, quienes no han desistido de abandonar la calle. "Debemos acercar a otros sectores que, con honestidad, quieran encontrar soluciones para Venezuela en el marco de la Constitución y, en este caso, podría estar un importante sector estudiantil", afirma. Los representantes del movimiento de estudiantes anunciaron el pasado miércoles, nada más conocerse los tres principios de acuerdo alcanzados entre el Gobierno y la MUD, que sus condiciones para sentarse a dialogar con Maduro pasaban ineludiblemente por una invitación fique exista una invitación formal del Ejecutivo, que la reunión sea transmitida de manera pública y que sea la Iglesia católica el garante del encuentro. El canciller de Ecuador, no obstante, minimiza la influencia que ahora mismo puedan tener las marchas de estudiantes. "En estos momentos han perdido intensidad, son claramente esporádicas y van acompañadas de un creciente grado de concienciación sobre la validez de las mesas de diálogo a las que ha convocado el presidente Maduro desde hace ya varios meses".


Sin nombrarlos directamente, Patiño señala al ala de la oposición liderada por Machado y López, que exige como objetivo ineludible para cualquier negociación la salida del poder de Maduro, como "grupos a los que no les interesa el diálogo para alcanzar la paz y llegar a acuerdos para un pacto nacional sobre los diferentes temas". El ministro ecuatoriano recalca también que, en todo este proceso, "la campaña mediática internacional que ha distorsionado la realidad que se vive en Venezuela y que tiene como una de sus consecuencias la exacerbación de las tensiones y la pérdida de confianza entre actores", es uno de los principales factores que "conspiran" contra su éxito.


Más allá de los elementos externos, Patiño sostiene que, ahora, lo esencial es trabajar para "definir los términos y las condiciones de los posibles acuerdos para su puesta en marcha". Para él, el futuro de este proceso pasa por lograr definir la Comisión de la Verdad, encargada de investigar la violencia en la que se ha sumergido Venezuela en estos últimos dos meses y estipular otros puntos de partida similares que "conciernen a la Comisión Económica y la de Derechos Humanos".


Patiño defiende también la importancia de la implicación de Unasur en este proceso para tratar de acercar posturas frente a quienes sostienen que debería ser OEA –como trató de exigir la propia Machado en una sesión de su Consejo Permanente en Washington- el organismo regional interlocutor. "Unasur ha demostrado ser ágil y efectiva en su funcionamiento y ha buscado canalizar y viabilizar las voluntades políticas reconocidas en la región antes que los aparatos burocráticos", afirma. "La Cláusula democrática ha sido todo un ejemplo de cómo esas voluntades pueden confluir en unas medidas comunes para forzar el entendimiento democrático y pacífico en la región [...] Sus mecanismos han servido en la práctica en las tareas de desactivación de recientes intentos desestabilizadores como los de Bolivia (2008) y Ecuador (2010).

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Jueves, 20 Marzo 2014 06:02

Los ricos destruirán la civilización

Los ricos destruirán la civilización

Con el título de A Minimal Model for Human and Nature Interaction, un grupo de matemáticos de la NASA publicó hace poco más de un año un interesante artículo en el que pronosticaban el final de nuestra civilización en pocas décadas. El artículo ha causado sensación en diversos medios, por el prestigio de los firmantes, algunos de ellos, como Safa Motesharrei de la universidad de Maryland, conocido por sus estudios interdisciplinares que relacionan sistemas de población humana con modelos globales terrestres. Sus conclusiones son escalofriantes, si sus modelos matemáticos no fallan, en pocas décadas nuestra civilización podría colapsar.


El modelo presentado tiene solo cuatro ecuaciones que describen la evolución de las elites, del resto de la población, de la naturaleza y de la acumulación de riqueza. Estas variables se han aplicado a distintas civilizaciones históricas, como a los pueblos minoicos y micénicos, las civilizaciones del próximo oriente, los griegos, los romanos, mayas o aztecas. El estudio demuestra como las civilizaciones avanzadas, sofisticadas, creativas y complejas son a la vez frágiles y destructibles. Los autores concluyen que en la mayoría de casos concurren dos circunstancias que acompañan al fin de una civilización, una referente a la explotación desmesurada de los recursos naturales a unos niveles superiores a la capacidad de renovación de los ecosistemas, la otra a la división social entre elites y masa, y la exagerada acumulación de la riqueza en unos pocos.


El modelo HANDY (Human And Nature Dynamical Model) que han creado para estudiar la relación entre civilización y medio es asimilable al modelo matemático que define la relación entre depredador y presa, siendo la presa el medio natural donde obtenemos los recursos y el depredador la población humana, pero también es aplicable a la relación entre las elites y las masas. Los autores auguran un colapso en pocas décadas de nuestra civilización, por la interrelación entre la explotación del medio y la desproporcionada concentración de riqueza en las elites. Y, curiosamente, no auguran una revolución, el colapso llega según los modelos matemáticos por la inacción. La situación podría salvarse si las elites fueran capaces de introducir los cambios necesarios para ajustar el sistema, pero les puede la codicia. La codicia inmoviliza a la clase dirigente, y el hundimiento de la civilización actual llega forzada por el inmovilismo, por la falta de adaptación. Los ricos acabarán con su propia gallina de los huevos de oro, por ceguera y codicia. En los modelos estudiados, las elites no pueden modular ni frenar su crecimiento, va contra su propia razón de ser. La falta de adaptación a los cambios medioambientales es la causa principal de la desaparición de una especie, en el caso de una civilización, su falta de adaptabilidad será su sentencia de muerte. El colapso, lo provocarán los ricos, pero no nos engañemos, nos perjudicará a todos.

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Encuesta Decenal de Cultura: ¿Mockus otra vez?

Corpovisionarios presentó el pasado 24 de septiembre en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, los resultados de una Encuesta Decenal de Cultura (2003-2013), que logró resonancia mediática. ¿Qué dice el estudio frente al comportamiento de la ciudadanía?, ¿Qué silencios guarda ante el fenómeno urbano sobre los sujetos? Al presentar la encuesta, ¿No se tratará más bien del retorno de Antanas Mockus para incidir en el juego electoral?

 

La encuesta, compuesta por 54 preguntas, distribuidas en seis bloques, explora opiniones, percepciones, actitudes, hábitos y reacciones sobre distintos aspectos de la vida cotidiana de Bogotá.

 

El estudio surge de un mandato del Concejo Distrital, que reclama que la inversión de recursos en cultura ciudadana exige contar con instrumentos que permitan evaluar su impacto. Una tarea que Corpovisonarios, como centro de pensamiento y acción con el propósito de lograr cambios voluntarios en los comportamientos colectivos, ha tomado como propia. Como se conoce, al frente de esta Organización No Gubernamental (ONG), figura como presidente y máximo líder Antanas Mockus.

 

En el evento Mockus, al referirse al estudio afirmó: "Estamos transitando de una propuesta ética a una egoísta". Su propuesta política es recuperar la confianza en las instituciones como bandera fundamental, dado que la desconfianza en lo público como institución aumenta la ilegalidad. Para lograr un buen comportamiento de la ciudadanía, propone lograr acuerdos de calidad. Así, la seguridad en la ciudad se obtiene en la medida que la ciudadanía respete y acepte el orden establecido. En el fondo es una apuesta por la solidificación de procesos de institucionalización.

 

El estudio se basó en la Escala Likert, también conocida como "Método de evaluaciones sumarias", que consiste básicamente en valorar el acuerdo o desacuerdo frente a una declaración. Como se puede deducir, un estudio nada innovador, basado en lo desarrollado por Rensis Likert en 1932, un teórico organizacional que se enfocó en aspectos de la gestión corporativa. Desarrollos más contemporáneos se encuentran en el análisis factorial o en el análisis multivariado, para condensar núcleos de representación colectiva.

 

La presentación propiamente dicha estuvo a cargo de Henry Murraín, director de proyectos de Corpovisionarios y mano derecha de Mockus. Como fiel pupilo, además de seguir el discurso de su tutor, aprovechó el evento para elogiar la gestión de las dos alcaldías de Mockus, "los niveles de convivencia no han vuelto a ser los mismos desde que se descuidó el enfoque". Pero ¿cuál es la novedad en el estudio sobre la convivencia en la ciudad?

 

Seguridad, convivencia y violencia intrafamiliar

 

En la encuesta se exploran, entre otros aspectos, realidades como las del atraco, los homicidios y las situaciones conflictivas entre ciudadanos. Entre los datos arrojados por ésta se concluye que en Bogotá las riñas terminan más en homicidio que los atracos. Para el 2012, por ejemplo, una riña tenía 20 veces más de probabilidades de terminar en muerte que el mismo atraco. Lo anterior, ligado al hecho que entre la gente hay una actitud de validar la justicia por mano propia, más si es por asuntos de familia o de honor.

 

Estas afirmaciones van acompañadas en el estudio de infografías donde se indica, por ejemplo, que dos de cada diez ciudadanos acepta el linchamiento a un ladrón. Podemos recapitular que este espíritu de "renegado justiciero" ambienta un mayor acuerdo social sobre el porte de armas. Desde una perspectiva de género, la encuesta identifica la presencia de una cultura machista violenta que la denominan: "cultura del macho machito", el simio alfa que no se la deja montar de nadie. Esta, que es una evidencia simple y cotidiana para la mayoría de la gente de a pie, fue presentado por la ventana mediática como el último hallazgo sociológico, titulado por la prensa como "Una ciudad de machitos". Lo que sí llama la atención en los resultados entregados es que este comportamiento entre hombres tiende a predominar, sobre todo, en las nuevas generaciones.

 

Frente a la violencia intrafamiliar, la conclusión: Bogotá registra los niveles más altos del país, lo que escandaliza a los responsables del estudio. La Encuesta Decenal de Cultura señaló que un cuarto de los casos de este tipo de violencia ocurren en Bogotá. Aunque son preocupantes las cifras, no se reflexiona, por ejemplo, que quizás esta realidad refleje que en la capital del país se denuncia este tipo de violencia mientras en el resto del país se silencia porque se asume como un asunto privado.

 

El estudio resalta, además, la violencia de pareja, con los celos como principal causa. ¡Vaya novedad! No hace falta ir a una Comisaria de Familia para enterarse de primera mano de esta realidad.


Movilidad y espacio público

 

Aunque mencionan la larga realidad de contar con una malla vial deteriorada, las conclusiones sobre la materia señalan que en accidentes de tránsito (año 2012) los principales afectados fueron peatones, especialmente adultos mayores. Como sus principales causantes se registran los conductores de buses del transporte público. Lo interesante no es el dato sino que debería ser la pregunta: ¿qué pasa con la movilidad urbana de personas adultas o ancianas, que han perdido agilidad, requieren apoyo o ayudas semejantes, y para las cuales no hay consideración alguna de parte de los conductores del transporte ya indicado?

 

La encuesta acierta al identificar las motos como vehículo asociado a las muertes de peatones en un 13%, conductores en un 66% y pasajeros en un 30%. Pero en el estudio no se involucra el creciente negocio de comercialización de estos vehículos, sin restricción alguna. Un hecho categórico: señalar que entre todas las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad, la mitad son producidas por la violación de las normas de tránsito. Al parecer, para disminuir las muertes por conducir automotores, obliga a la superación en nuestra cultura comercial aquello de ser "rápido y furioso".

 

Cultura tributaria, confianza y acuerdos

 

Aunque hay espíritu para desobedecer la ley –bajo la lógica de hacer trampa–, concluyen en la encuesta una mejor actitud tributaria, como lo llama Copovisionarios. Un informe para decir que estamos pagando.

 

Frente a quienes generan menos confianza dentro del conjunto social, las respuestas señalan a los funcionarios públicos; en el Congreso y los políticos la mala imagen.

 

Sólo para los funcionarios, desde el 2011, el 87% de los ciudadanos considera que más de la mitad son corruptos. Sin embargo hay un grado de tolerancia con esta realidad al valorarla como algo normal, tolerancia tan laxa que incluye también a los narcotraficantes. Sin embargo poco se habla de las consecuencias derivadas para la nación del largo periodo de traquetización del país, reflejadas en el respeto, admiración y deseo de ser un capo, ahora amplificado por el entretenimiento televisivo. Pero, peor aún, también se percibe a los mismos ciudadanos con disposición a la corrupción bajo la concepción generalizada que Corpovisionarios llama "justificación prosaica". Un eufemismo de individualismo para referirse a la búsqueda de objetivos propios y beneficios personales, bajo la creencia que en el país hay pocas probabilidades de resultar castigado. Lo que en realidad sintetiza una creencia generalizada en el país: el torcido sale, o el delito paga.

 

Participación y valoración de lo público

 

La participación para la gente es algo tan lejano como inexistente. En lo que más se participa en Bogotá: la organización de eventos culturales, recreativos y deportivos. En este aspecto, que pasa el informe de agache, es donde se evidencia de verdad la ausencia de una cultura ciudadana preocupada por los temas de lo público y empoderada para ejercer incidencia y control frente a las instituciones.

 

En general los resultados de la encuesta se basan en la institucionalización regida por la autoregulación. Es decir, que además de las sanción de la norma, el sujeto coopere de manera voluntaria, fortalecido con la mutua regulación "que entre todos nos corrijamos". A esto denomina cultura ciudadana el movimiento de Mockus, como si cultura no existiera en las otras formas de identidad o expresión, en el lenguaje callejero o formas de apropiar el territorio que trasciende lo normativo. Pero preocupa esta forma de cultura corporativa del comportamiento humano, donde la institución siempre debe ser respetada.

 

Después de revisar los resultados, el mérito de sus conclusiones parece perder valor, al descubrir que el enfoque del mismo ya estaba predeterminado, pues Corpovisionarios editó un libro con financiación del Banco Interamericano1 donde gira sobre los mismos asuntos. Tanto bombo para un refrito que les ha permitido mantenerse mediáticamente activos, y que les brinda una ventana para que Sayra Aldana integrante de esta ONG, al referirse a la protesta la considere como un simple vandalismo, porque no hay respeto por lo público. Para completar, agrega, que para la efectividad de la autoridad policial, el recurso se debe invertir en educación pero impartida a los ciudadanos en el respeto a la institucionalidad.

 

Una encuesta que porta algunos datos relevantes, pero en general otros muchos ya conocidos y todos ellos sin el análisis de contexto que permitan explicaciones y comprensiones de los sucesos. Extraña, por tanto el eco mediático que recibió, como extraña el silencio de esos mismos medios de comunicación ante investigaciones urbanas de verdad rigurosas. Ante tal realidad, un interrogante que no puede dejar de plantearse, ¿No será que tanta alharaca con estos estudios es el simple impulso para mantener vivo en el escenario político al profesor Mockus, o a quien su bendición corpovisonaria delegue?

 

1 Mockus, Antanas; Murraín, Henry y Villa María (Coords.) (2012) "Antípodas de la violencia: desafíos de cultura ciudadana para (in)seguridad en América Latina" Banco Interamericano de Desarrollo, Corpovisionarios, Washington.

 


 

 

Recuadro

 

La base del pensamiento mockusianso está en las teorías desarrollados por Jon Elster, investigador social que desarrolla la teoría de elección racional desde una perspectiva del individualismo metodológico donde existe una relación fundamental de condicionar a los individuos a sus comportamientos. Sin embargo, Elster discute con el funcionalismo de Talcott Parsons, al señalar que el mecanismo sirve para explicar la variabilidad de discursos sobre el comportamiento de los sujetos en función de otros factores. Pero Elster se dedicó en vano a integrar el marxismo y compatibilizarlo con su teoría, pues en general, la teoría de elección o acción racional ha sido utilizada al comportamiento social y económico, donde el individuo siempre se va a comportarse de manera egoísta.

Publicado enEdición N°197
Jueves, 23 Abril 2009 19:17

La cárcel más singular del mundo

La prisión de San Pedro, en La Paz, es la más grande de Bolivia, pero no es una cárcel cualquiera. Alberga a 1.500 presos. Y a sus invitados. Cerca de 200 reos conviven ahí con sus familias. Las mujeres y los hijos pueden entrar y salir de la prisión sin ningún problema. Pero la rocambolesca situación no termina ahí. Hasta hace un mes, San Pedro también era el sitio turístico más extraño del mundo, según la guía de viajes Lonely Planet. ¿La razón? Por unos 35 dólares (unos 26 euros), cualquier visitante podía conocer la peculiar sociedad establecida en el interior de la prisión, consumir la cocaína producida en el mismo sitio y hasta pasar una noche en una celda.

Entre sus reos están varios de los prisioneros más famosos de Bolivia. Algunos de ellos son el ex prefecto de Pando, el opositor y autonomista Leopoldo Fernández, a quien el Gobierno ha señalado como el responsable de la matanza efectuada en esa región el año pasado; el destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, y hasta los dos detenidos la semana pasada por el supuesto complot en contra del presidente Evo Morales. El criminal de guerra nazi Klaus Barbie (acusado de 4.500 asesinatos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial) estuvo encarcelado en la prisión unos meses durante 1983 antes de ser extraditado a Francia, donde murió en 1991. Pero ninguno de estos presos fue el que convirtió a San Pedro en una atracción turística.

Un británico nacido en Tanzania, Thomas McFadden, pasó tres años encarcelado por tráfico de drogas, entre 1996 y 1999. Su temporada en prisión le inspiró fundar la singular compañía de viajes que ofrecía recorridos y estancias en el interior de la cárcel. "Mostraba las condiciones con las que los presos vivían. Era un sitio muy extraño", explica.

La mayoría de los presos trabajan en las cárceles para matar el tiempo. No en San Pedro. Los reos consiguen trabajos remunerados, con los que pueden aspirar a mejorar sus condiciones. El centro dispone de una peluquería, pequeñas tiendas de alimentos y un salón de billar.

La prisión se divide en ocho secciones, de acuerdo con el poder adquisitivo del preso. Las más lujosas tienen baño privado, cocina y televisión por cable; los prisioneros más pobres comparten celda. McFadden, gracias al éxito de su "empresa turística", consiguió hacerse propietario de una cafetería y un pequeño supermercado en el interior del penal.

La fama del sitio comenzó a pasar de boca en boca y llegó a oídos del mochilero australiano Rusty Young, que visitó La Paz en 1998, donde conoció a McFadden. Los dos son autores de un libro basado en las memorias de McFadden, Marching powder (Polvo en marcha), publicado en 2002. La novela incluso ha llamado la atención de Hollywood. El libro será llevado al cine en 2010. La película será producida por Brad Pitt; el director, el brasileño José Padilha (Tropa de élite, 2008) y el papel de McFadden será interpretado por el actor estadounidense Don Cheadle (Traffic y Ocean's eleven).

La notoriedad, sin embargo, llevó a las autoridades a poner un alto a los recorridos. El diario boliviano La Razón publicó en febrero un reportaje sobre el sitio, donde además denunciaba el tráfico de drogas. Las restricciones causaron un motín en la prisión y dos gobernadores de la cárcel fueron destituidos por no poder orden.

El Gobierno boliviano también había anunciado su intención de separar a las familias e impedir que los niños y las mujeres siguieran viviendo en San Pedro. Esta última decisión fue revocada ayer, después de que 18 presos se declararan en huelga de hambre desde el martes. El actual gobernador de la prisión, José Cabrera, declaró que la meta de las autoridades es "que los internos entiendan que éste es un centro penitenciario".

VERÓNICA CALDERÓN - Madrid - 24/04/2009
Publicado enInternacional