Más de 500 niños indígenas murieron en internados de EU, revela pesquisa federal

La cifra podría llegar a decenas de miles // Identifican 408 planteles

Nueva York. La primera investigación federal de escuelas-internados que durante 150 años operaron en Estados Unidos con el objetivo de anular la identidad cultural de miles de niños indígenas –los cuales fueron arrancados de sus familias y comunidades– ha identificado en su etapa inicial más de 500 muertes de alumnos en esas instituciones.

Según el informe emitido ayer por el Departamento del Interior, se han identificado 408 escuelas que operaron en 37 estados y territorios entre 1819 a 1969. Las cifras iniciales de las muertes de alumnos son sólo de 20 de estas instituciones.

El Departamento del Interior, entre cuyas funciones están las relaciones con la población indígena de Estados Unidos y que administró el sistema de internados, informó que al continuar con su investigación se espera que el número de muertes estudiantiles identificadas podría ascender a decenas de miles.

Las políticas federales de las escuelas-internados para indígenas aplicadas durante siglo y medio tenían "el doble objetivo de asimilación cultural y despojo territorial de pueblos indígenas a través de la remoción y reubicación forzada de sus hijos", reportó el Departamento del Interior al presentar el primer volumen de su investigación.

Las muertes de alumnos fueron resultado de abuso, enfermedades y accidentes, según el informe. Algunas de las escuelas fueron administradas directamente por el gobierno federal, y otras por organizaciones religiosas, católicas y protestantes, con financiamiento y supervisión federal.

“Las consecuencias de las políticas federales de los internados para indígenas –incluido el trauma intergeneracional causado por la separación de familias y la erradicación cultural infligida sobre generaciones de niños tan jóvenes hasta de 4 años– son desgarradoras e innegables”, declaró la secretaria del Interior, Deb Haaland, de Laguna Pueblo y primera indígena en un gabinete presidencial en la historia del país, al presentar el informe.

"Muchos estadunidenses podrían alarmarse al enterarse de que Estados Unidos también tiene una historia de arrancar a niños nativos de sus familias en un esfuerzo por erradicar nuestra cultura y borrarnos como pueblo. Es una historia de la cual tenemos que aprender si nuestro país busca curarse de esta era trágica", escribió Haaland en un artículo de opinión publicado ayer en el Washington Post, recordando que sus propios abuelos maternos y su bisabuelo fueron enviados a la fuerza a estos internados.

Informa que durante más de un siglo, decenas de miles de niños fueron arrancados de sus comunidades y colocados en estos internados, y hay cálculos de que para 1926, casi 83 por ciento de indígenas en edad escolar estaban en ese sistema. Muchos fueron castigados físicamente si se atrevían a hablar en su idioma o practicar sus tradiciones. Un fundador de una de estas escuelas resumió así la misión de este sistema: "mata al indígena, salva al hombre".

Nadie ha rendido cuentas

La investigación federal impulsada por Haaland es una respuesta al hecho de que nunca antes el gobierno ha rendido cuentas sobre este sistema para niños indígenas, incluidas las muertes de alumnos. Haaland también anunció que se iniciará una gira de funcionarios de su secretaría durante un año por el país, para que ex estudiantes de estos internados compartan sus memorias como parte de una colección de historia oral permanente.

Deborah Parker, de la Coalición Nacional de Saneamiento de los Internados Indígenas Estadunidenses, organización que ayudó al Departamento del Interior en la identificación de las escuelas, comentó a la agencia Ap que elogia el trabajo inicial, pero que se requiere más del gobierno. "Nuestros niños merecen ser regresados a cada familia. Estamos aquí para hacerles justicia y no vamos a dejar de abogar por ello hasta que Estados Unidos rinda cuentas plenas por el genocidio cometido contra los niños nativos".

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Lunes, 11 Abril 2022 05:09

El silencio sobre las bajas rusas

El silencio sobre las bajas rusas

¿Podía Putin desconocer que los reclutas rusos estaban siendo enviados a Ucrania sin entrenamiento?

A Ivan le faltaba un día para cumplir 22 años. Cayó el primer día de la guerra. Su madre, Irina, recibió el comunicado de su muerte a través de Internet, del comandante, informándola que su hijo había caído durante los combates. No respondió a sus llamadas, no le explicó nada, pero Irina no podía creerlo. Porque su hijo nunca ha peleado, y solo ha empuñado un arma dos veces en su vida: para una foto de recuerdo del ejército, que pensó le mostraría a sus nietos más tarde.

El Ministerio de Defensa, la fiscalía militar e incluso el comandante de la unidad donde Iván hacía el servicio militar obligatorio desde octubre de 2021, no tenían nada que decirle a Irina. “En la oficina de reclutamiento militar nos dijeron que nos enviaron la noticia de su muerte demasiado rápido, y que tuvimos suerte, porque otros todavía no saben qué está pasando con sus hijos”, dijo la madre de Iván a “Novaya Gazeta” a principios de marzo, todavía con su nombre real.

¿Por qué crear confusión?

Dado que las autoridades rusas, por temor a "la difusión de noticias falsas", obligaron a la redacción de "Novaya Gazeta" a retirar los textos sobre las bajas del ejército ruso, Irina teme que hablar con los medios incomoda a las autoridades. Pero no piensa en esos 15 o 20 años de prisión por criticar o decir la verdad sobre el "operativo militar especial" no reconocido por las autoridades, o por traición a la patria, de la que cualquiera podría ser acusado por cuestionar la eficacia o la idoneidad de las operaciones militares rusas. Tiene miedo de no volver a ver a su hijo. Porque el cuerpo de Vania no ha sido devuelto y no sabe dónde está. La oficina de reclutamiento militar informó de inmediato a Irina que "el cuerpo no será devuelto hasta que finalice la operación militar, para no crear pánico".

Los funcionarios de las regiones rusas e incluso los periodistas reciben instrucciones similares. Un amigo reportero, que trabaja para un periódico en Siberia, me dijo: "Nosotros y muchas otras salas de redacción hemos recibido la orden de no publicar información sobre soldados muertos en nuestra región. Nos dicen que no debemos crear confusión y que los entierros se realizarán más tarde. Muchas editoriales han tenido que retirar estas noticias de sus publicaciones".

La familia de Iván se despide de él sobre una tumba vacía. La fosa, de varios metros de profundidad, está ahora protegida por una lona.

Perros salvajes

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, alertado de la situación, ha pedido ayuda a la Cruz Roja para evacuar los cuerpos de los soldados rusos. Sus palabras son confirmadas por Valentina Mielnikova, fundadora del Comité de Madres de Soldados de toda Rusia: "Los nuestros nunca han tenido la costumbre de recoger los cuerpos de los muertos. Y no siempre recogen a los heridos. Es más barato escribir que el soldado desapareció sin dejar rastro. Las autoridades se ahorran el transporte de los restos a las familias de los fallecidos. En caso de "desaparición", estos últimos no tienen derecho a las prestaciones estatales".

En su libro "Ataúdes de zinc", Svetlana Alexievitch describió cómo, hace 40 años, las madres y esposas rusas recibían ataúdes de zinc, atornillados y sellados, lastrados con tierra para que pesaran como restos humanos.

En sus informes del Donbass en 2014, Elena Kostyuchenko reveló que las autoridades, para ocultar el alcance de las pérdidas a la sociedad y los medios, no devolvieron los cuerpos de sus seres queridos a las familias durante semanas, a menudo permitiendo que se descompusieran. Dmytro Tymchuk, bloguero y soldado ucraniano, afirmó que los rusos estaban lanzando los cuerpos de los soldados muertos a pozos de minas en desuso en Donbass.

Hoy, la redacción de "The Telegraph" informa que el ejército ruso utiliza masivamente los llamados crematorios móviles, en realidad instalaciones diseñadas para destruir desechos biológicos peligrosos, producidos por una empresa en San Petersburgo. Los cuerpos de los soldados, a los que no pueden evacuar ni incinerar, son despojados de sus documentos y cédulas militares para impedir su identificación.

Por su parte, la senadora rusa Loudmila Naroussova ha declarado que en Ucrania “los perros callejeros salvajes olfatean los cuerpos de los soldados rusos que no han sido devueltos al suelo”.

Vania, el genial manitas

En sus entrevistas con "The Telegraph", medios locales e internacionales, activistas y defensores de los derechos humanos han informado que los soldados rusos están enterrados en tumbas sin marcar para ocultar que habían luchado en Ucrania. Por su parte, "The Washington Post" publicó que una de las secciones del Comité de Madres de Soldados acusó a Vladimir Putin de violar el derecho internacional. El editorial cita la declaración del Comité: "Los comandantes rusos obligaron a los soldados a luchar ilegalmente en Ucrania. Y ahora nosotras, las madres, recibimos anónimamente los ataúdes con nuestros hijos".

“Esto es lo que necesitas saber sobre la actitud del enemigo hacia sus propios soldados. Mientras tanto, los soldados ucranianos muertos son acompañados en su último viaje como héroes”, comentó el Comando Operativo “Pivnitch”.

Pero Irina aún no es consciente de estas prácticas. Todavía tiene la esperanza de poder despedirse de su hijo. Cuanto más hablamos, más se ahoga en lágrimas. "¿Dónde está mi hijo? Dijo que iría a Bielorrusia para entrenarse. ¿Cómo pueden enviar a un recluta a la guerra? No sabe pelear. No quería. ¡Lo engañaron!".

Conozco algo más de este chico en las redes sociales, y en algunos textos raros de publicaciones independientes rusas -borrados de la web bajo la presión de las autoridades- que lo describían como un manitas capaz de hacer de todo, graduado de una escuela secundaria vocacional, Vania es decrito como trabajador, que hacía horas extras en obras y talleres en los pueblos de los alrededores. No era raro -como contó su abuela a "Novaya Gazeta"- que para llegar al trabajo tuviera que caminar de 10 a 20 kilómetros. Estaba ahorrando para su boda, pues un año antes le había declarado su amor a Katia, de la misma edad. Se conocían desde la infancia. En otoño, antes de partir para el ejército, le pidió a la familia que le enviara la foto del cachorro que había recogido unas semanas antes. "Quería ver cómo estaba creciendo", dijo la abuela del chico. En la foto, en su perfil en el sitio VK, un chico de cabello oscuro sonríe, con ojos grandes y rasgos faciales aún tiernos, algo infantiles.

Los muchachos que hacen el servicio militar obligatorio inmediatamente después de la escuela secundaria, o entre el primer y segundo nivel de estudios, a menudo terminan en el ejército, porque no tienen medios ni posibilidades de escapar. En internet, guías como "¿Cómo evitar ir al ejército de forma legal?" gozan de enorme popularidad, y los médicos, por sumas que van desde varias decenas hasta varios cientos de miles de rublos, emiten certificados de incapacidad para los chicos de buenas familias.

"Hace unos años, a mis padres les costó alrededor de 5.000 euros", dice Pavel, de 29 años, de Volgogrado, que tiene miedo al ejército, consciente de la violencia, la persecución y las torturas a las que son sometidos los reclutas, lo que se conoce como 'dédovchtchina' (novatadas crueles). Pero solo pueden escapar al servicio militar un puñado de privilegiados que no solo tienen dinero sino también contactos.

Reclutas, por lo tanto profesionales

Todos los días, las familias de los conscriptos se presentan ante el Comité de Madres de Soldados, una organización que se ocupa de la protección de los derechos de los soldados. El número de llamadas telefónicas aumentó hacia fines de febrero. Sus hijos fueron obligados a firmar urgentemente un acuerdo contractual que preveía un cambio de estatus de "reclutas" a "profesionales", o fueron enviados a los campamentos de las unidades militares ubicadas cerca de la frontera con Ucrania. El Comité ha comenzado a recopilar pruebas para presentar denuncias ante la fiscalía militar. Las autoridades tradicionalmente no dicen nada, solo aseguran que "en la operación militar especial sólo participan soldados profesionales".

Los periodistas de las publicaciones rusas independientes han hablado repetidamente con las madres de conscriptos desde el primer día de la guerra. Alona, ​​​​entrevistada por Meduza, dice a los editores que, en este momento: "Estoy en pánico. ¿Dónde está mi hijo? Me llamó por última vez el 22 de febrero, dijo que no podía hablar, que las conversaciones estaban siendo grabadas".

Los comentarios de padres y madres, publicados por los sitios independientes Meduza, "Novaia Gazeta", Mediazona y Zerkao.io, entre otros, muestran que las autoridades utilizaron el mismo esquema con los soldados recién reclutados. Primero, con el pretexto de participar en ejercicios organizados a mediados de febrero de forma conjunta por Rusia y Bielorrusia, fueron transportados desde varias unidades, incluso de las más alejadas de Rusia, hasta la frontera con Ucrania. Luego se les daban órdenes, cuya complejidad algunos soldados empezaron a percibir sólo a posteriori, porque los ejercicios eran demasiado reales y hacían pensar en la ejecución de un plan de invasión. Les confiscaron los teléfonos y les entregaron armas.

A los que tenían dudas, como escribe el escrito de Zerkalo.io, se les recordó las penas previstas para la "deserción" y la "traición a la patria".

¡Mamá, es la guerra!

No todos los padres creyeron a sus hijos, quienes los llamaron a escondidas y hablaron de sus temores de que "algo se estaba gestando", mientras los ejercicios de entrenamiento se prolongaban y el mando los acercaba cada vez más a la frontera. Léna, la madre de Pavel, de 18 años, le dijo a la redacción de Svoboda: "Vi las noticias y me reí de ese estúpido y falso Occidente que anunciaba la guerra. Después de todo, sabía por mi hijo que eran unos meros ejercicios", exigentes tal vez, pero es tan joven, sin entrenamiento y enfermizo. Pensé que estaba exagerando. Le expliqué que Occidente estaba mintiendo, y que no se preocupara, que no habría guerra. Solo me preguntaba por qué estaban durmiendo en camiones. Cuando me llamó la noche del 24 de febrero, gritó: "¡Mamá, nos traicionaron! ¡Nos engañaron! Esto es la guerra !"

Durante los "entrenamientos", los comandantes alentaron u obligaron a muchos reclutas a firmar contratos de alistamiento de 20 a 30.000 rublos [aprox. 200 € - NdT], prometiendo que podrían rescindirlos fácilmente. Olga Larkina, presidenta del Comité de Madres de Soldados, comentó a fines de febrero: "Las madres dicen que sus hijos las llaman diciendo que les obligan a firmar contratos. No sabemos cómo. Las que han logrado contactar a sus familias han dicho que les habían quitado las libretas militares, les habían puesto sellos, y los recalificaban como soldados profesionales”.

"Novaya Gazeta" reveló que si los comandantes no convencian a los reclutas, firmaban los contratos ellos mismos en lugar de los soldados que tenían bajo su mando. Los maltrataban física o psicológicamente, enviándolos a los campos de entrenamiento y ordenando ejercicios más allá de las fuerzas de los jóvenes, para quebrarlos.

También utilizaban provocaciones. "Mamá, nos rodearon y dijeron que eramos enviados voluntariamente a Bielorrusia. El comandante dijo que teníamos que estar estacionados en Bryansk, aunque fueron ellos quienes nos trajeron aquí a toda prisa. Dijo que somos desertores, y que o atacabamos a los ucranianos o seríamos transferidos a un batallón disciplinario de criminales. Yo firmé”. Así contó a "Novaya Gazeta" la madre de un militar de 23 años la conversación con su hijo.
La última vez que tuvo contacto con su hijo fue el 24 de febrero a las 4:30 am. Detrás, escuchabamos disparos y el sonido de aviones. "Mamá, nos subimos a los camiones y nos vamos. Te amo. Si recibes un comunicado de muerte, no lo creas de inmediato" – le había dicho.

A los jóvenes soldados, que muchas veces no sabían en qué había consistido "la reconquista de Crimea", ya que entonces eran niños, los comandantes les explicaron que su objetivo era "la liberación del pueblo ucraniano de manos de los nazis" y "la protección de la población ucraniana de habla rusa víctima de un genocidio". "Estamos por la paz. Estableceremos la paz en Ucrania. Hay que salvarla", declararon unos soldados rusos de 19 años reunidos en Crimea en enero por periodistas de "Novaya Gazeta". La transcripción de las entrevistas muestra que ninguno de estos soldados se daba cuenta de las verdaderas intenciones de las autoridades.

Esto lo confirma la parte ucraniana, que ha pedido repetidamente a las autoridades rusas que perdonen a "sus hijos". También Serhiy Kyslytsya, embajador de Ucrania ante la ONU, informó sobre el grado de conocimiento que tienen los soldados rusos de las operaciones que realizan sus ejércitos. Durante la sesión especial de la ONU, leyó los mensajes de texto que un soldado ruso fallecido envió a su madre antes de morir: "Mamá, estoy en Ucrania. Es la guerra de verdad. Tengo miedo. Estamos disparando a todo, incluso a los civiles. Dijeron que seríamos bienvenidos, pero se tiran debajo de nuestros vehículos. Nos llaman fascistas. Mamá, me siento fatal”.

Putin asombrado

Durante días, las autoridades rusas cuestionaron estas informaciones. Informaron de los soldados muertos dos veces: el 2 de marzo, el Ministerio de Defensa declaró que 498 soldados murieron durante la "operación militar especial", y el viernes siguiente 1.351. A su vez, el portavoz del Kremlin destacó que el presidente de Rusia, como " comandante en jefe", conoce las cifras precisas, pero "no puede divulgarlas".

Los activistas rusos son irónicos y llaman la atención sobre el hecho de que uno puede tener algunas dudas sobre el grado de conciencia de Vladimir Putin.

En su tradicional discurso a las mujeres pronunciado el 8 de marzo, Putin, el presidente de Rusia, dijo claramente: "Los soldados que hacen su servicio militar no participan en el combate... Tales obligaciones las llevan a cabo soldados profesionales". Al hacerlo, ignoró por completo la intervención de la senadora Ludmila Naroussova quien, cuatro días antes, durante la sesión del Consejo de la Federación de Rusia -con base en datos obtenidos del departamento militar- informó de las importantes pérdidas entre los soldados reclutados que cumplían su servicio militar obligatorio. "Los obligaron a firmar un compromiso, o se firmó por ellos. De una compañía de 100 soldados solo sobrevivieron cuatro", explicó.

El 9 de marzo, en reacción al comunicado de prensa del Ministerio de Defensa -que reconocía que "se ha descubierto la presencia de conscriptos en el territorio de Ucrania"-, Vladimir Putin exigió a la Fiscalía Militar Superior que explicara por qué un ejército no profesional se encuentra en una zona de combate, y que se impongan sanciones a los responsables de enviar reclutas a Ucrania. Aunque han pasado más de dos semanas desde entonces, el portavoz del Kremlin informó que el presidente de Rusia aún no ha recibido una explicación sobre los motivos de la presencia de conscriptos en el frente.
La mayoría de las veces, es a través de Internet como los padres se enteran de que sus hijos se encuentran prisioneros en Ucrania, por ejemplo, en el sitio 200rf.com creado por las autoridades ucranianas, donde publican fotos y videos de los prisioneros. El hermano de Danilo Vorobyov, uno de estos militares, dijo durante una entrevista a Radio Svoboda que la familia, tras alertar a las autoridades, fue objeto de burlas. "Se rieron de nosotros. Nos dijeron que nos equivocábamos. Sin embargo, lo vemos claramente en el video. Por cierto, los ucranianos le permitieron llamar a  casa de su madre y hablar un rato. Ni siquiera sabía a dónde lo habían enviado, o con qué propósito. Debe haber sido un ejercicio con las tropas bielorrusas".

Por las grabaciones publicadas por las autoridades ucranianas, nos enteramos de que los chicos no entienden "por qué los enviamos allí". Muchos de ellos repiten que fueron enviados a ejercicios, y pocas horas antes del inicio de la guerra les dijeron que iban al frente. "Mamá, papá, no quería ir a Ucrania. Nos dijeron que íbamos a hacer ejercicios con la Brigada 25. Luego, en la noche del 25 de febrero, dijeron que íbamos a Ucrania y cruzamos la frontera, dijo uno de los prisioneros.

Las palabras de los prisioneros son confirmadas por Albert Sachibgarieyev, un soldado profesional de 25 años, el primer desertor conocido con nombre y apellido, que se negó a participar en los combates contra Ucrania y regresó a casa desde el frente. En una entrevista con el portal Meduza, dice: "No nos explicaron nada. Nos ordenaron cargar la munición en los camiones. Dijeron que íbamos a cambiar de posición. Dedujimos que era la guerra, cuando comenzaron a dispararnos y nosotros devolvimos el fuego. Antes pensábamos que eran ejercicios. No sabíamos que disparábamos contra los ucranianos. En el ejército no hay lugar para preguntas. Cuando recibes una orden, la ejecutas”.

El muchacho -como explica Meduza a partir de los documentos mostrados a la redacción- tras huir del frente para volver a su ciudad natal de Ufa, escribió una carta exigiendo su exclusión del ejército. "La participación forzada en la operación militar especial es contraria a mis creencias", dijo. En opinión de los abogados, no evitará la cárcel.

Cuando llamo a la sede del Comité de Madres de Soldados sobre este asunto, escucho que desde marzo ya no conceden declaraciones a los medios occidentales. En el Ministerio de Defensa de Rusia, una persona con una voz agradable, después de escuchar mi pregunta, colgó delicadamente.


Al mismo tiempo, la sección rusa de la BBC publicó los resultados de la investigación. Los periodistas lograron confirmar que "cargamentos 200" - así es como en la jerga militar hablamos de los cuerpos de los soldados muertos - llegarán a por lo menos 70 de las 85 regiones rusas. En algunas de estas regiones ya se habían realizado entierros individuales al comienzo de la guerra. Como escribió la redacción de Radio Svoboda, las madres de los soldados muertos habrían recibido cartas de agradecimiento de las autoridades con estas palabras: "Te agradecemos haber criado a tu hijo".

Es imposible estimar el número exacto de muertos, al igual que el número de reclutas obligados a participar en esta guerra. Probablemente nunca sea posible, dada la forma en que las autoridades rusas protegen la información sobre sus bajas. Según estimaciones de la inteligencia estadounidense, basadas en análisis de medios, fotos satelitales, fotos de soldados y equipos expuestos al fuego, perecieron al menos siete mil miembros del ejército ruso.

Generación P

Gimnasio de una escuela en el Óblast de Kamerovo. En la sala, los familiares de los soldados reclutas, que llegaron el 5 de marzo para una reunión con el gobernador Sergei Tsyviliov.

"¡¿Dónde está mi hijo?! Los engañamos a todos. Se suponía que iban a entrenar a Bielorrusia. ¿Por qué enviaron a nuestros muchachos allí? No tienen preparación. ¡Solo tienen 20 años! Y tu hijo, ¿dónde está?" ?! ¡¿Él está estudiando?!" - grita una de las madres. Los demás la siguen: "¡Usaste a nuestros hijos como carne de cañón!" Molesto, el gobernador responde: "Es un operativo militar especial. No hacemos comentarios. Mientras dure este operativo, está prohibido criticar a nadie". Y sale de la habitación.

Sergei Medvediev, politólogo y periodista ruso que escribe sobre la guerra en Ucrania, comenta: "Todos mis pensamientos están ahora con Ucrania, pero no puedo evitar pensar en esos chicos rusos nacidos en los años 2000-2002, que hacían ejercicios militares y de repente se convirtieron en soldados profesionales. De reclutas se convirtieron en carne de cañón. Esta es la generación P, nacida durante el reinado de Putin, y que ni siquiera sabía que había un mundo sin Putin. A menudo escribí sobre ellos y hablé con sociólogos que estudiaron sus preferencias políticas y modelos culturales. Pensamos que eran nativos digitales, nacidos con smartphones en la mano; hablamos de zoomers, tiktokers. Y ahora la Generación P arde dentro de los tanques y permanece enterrada en la tierra virgen ucraniana, sin haber podido darse cuenta de que había un mundo sin Putin".

Se han cambiado algunos nombres por razones de seguridad.

07/04/2022

Wiktoria Bieliaszyn

periodista de "Gazeta Wyborcza". Se especializa en temas relacionados con Europa del Este. También publicado en "Polityka", "Tygodnik Powszechny", OKO.press, Die Welt, La Repubblica y Meduza. Reportaje publicado el 24 de marzo de 2022 en "Gazeta Wyborcza", el principal diario polaco. - Traducido del polaco por Stefan Bekier.

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Fabio Manosalva, El tiempo cósmico, 29 x 22cm. (Cortesía del autor)

El poder político de las elites de origen criminal en Colombia se afianza en la redefinición del monopolio de la fuerza del Estado para favorecer intereses privados y en la captura del tributo nacional para su enriquecimiento particular. Todo con el visto bueno de las distintas fracciones del bloque dominante que también se beneficia de esos arreglos y con el aval de uno de los guardianes del orden mundial. La guerra contra las drogas y las narrativas sobre el narcotráfico se han afinado para favorecer la hegemonía de órdenes privados de claro origen criminal y que soslayan la vigencia de la sociedad civil, que fundamenta las viejas aspiraciones democráticas liberales.

 

El informe reafirma la realidad de una política antidrogas fracasada: Durante el 2020 Colombia mantuvo una dinámica de crecimiento de su capacidad de refinamiento de cocaína (1) y de exportación hacia mercados internacionales distintos a Estados Unidos principalmente Europa, Asia, Australia y África como puente hacia Europa y Suramérica región donde se incrementa el consumo problemático (2).


No obstante, distintos instancias del Estado colombiano como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, así como los organismos de seguridad responsables de este tipo de tráfico, carecen de un diagnóstico asertivo sobre las estructuras criminales y sus aliados responsables del manejo del potencial productivo de cocaína hacia su exportación. En su lugar, son recurrentes las narrativas facilistas que oscilan entre una producción para el consumo interno colombiano cuya evidencia es extremadamente limitada y de otro, que los narcotraficantes colombianos han sido reemplazados por mexicanos, llegando a controlar porciones del territorio nacional, explicación que igual carece de datos contundentes.


En síntesis, mientras las autoridades colombianas se mantienen en la elaboración de informaciones que miran las zonas de producción de hoja de coca con un nivel de detalle sorprendente (usando indicadores como la permanencia, desplazamiento, presencia de nuevas áreas, resiembras, amenazas, zonas libres de cultivos, etcétera), las dinámicas de estructuración de empresas criminales, el crecimiento de mercados, la configuración de rutas de tráfico ilícito, el lavado de activos, el uso de soborno a funcionarios estatales, la corrupción asociada a dicha cadena de valor, permanecen en un desconocimiento insólito.


Esta es una característica y una paradoja muy notoria en el diagnóstico del problema de drogas de Colombia: mientras el afán de conocimiento gira casi de manera obsesiva alrededor de los cultivos y del comportamiento de las áreas de producción y sus tendencias, el nivel del tráfico en el que se asienta la mayor criminalidad, se caracteriza por vacíos de información sobre todo de los organismos de investigación judicial.


Esta paradoja no es gratuita. La actual estrategia contra drogas pone todo el énfasis en la reducción de áreas de cultivos de uso ilícito, indicador que incluye a los programas de sustitución, soslayando el origen socio económico del problema en ese nivel inicial de la cadena ilegal. Esta distorsión compromete seriamente también a la política bilateral de Colombia con EU, país que condiciona el éxito del comportamiento de Colombia en materia de drogas si muestra la reducción de sus áreas de producción de materia prima. De allí que la cooperación militar se centre principalmente en la logística para desarrollar acciones de erradicación forzosa, con lo cual terminan desconociéndose los factores estructurales que más inciden en la permanencia del problema.


Por problemas estructurales entendemos aquellos asociados a la crisis de las economías campesinas, así como de los elementos que intervienen en la vigencia y sostenibilidad de la producción y comercialización tanto en territorios indígenas como de comunidades negras; crisis a la que contribuye un modelo basado en la concentración desproporcionada de la propiedad de la tierra acelerada por la usurpación violenta de más de 6 millones de hectáreas por parte de grupos paramilitares en alianza con elites políticas y económicas principalmente del orden regional (3), a la desfinanciación del agro colombiano en relación con la pequeña producción; a la expulsión de campesinos hacia los puntos de la frontera agrícola y lo que es mucho más grave, a la presencia de un lavado de activos del mismo narcotráfico acumulando tierras a través del despojo, ventas forzadas y en general mediante el uso de la violencia, situación facilitada por las distorsiones del uso de la seguridad estatal, del poder político de grandes terratenientes y en general por la protección política y legal de esos procesos (4).

 

Figura 1. Serie histórica del área sembrada con coca, 2001-2020, según Parques Nacionales Naturales, Resguardos indígenas y Tierras de las comunidades negras

Fuente: UNODC. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.

 


En otras palabras, la actual estructura agraria colombiana es el principal factor que estimula la persistencia de los cultivos de uso ilícito convirtiéndose esta economía en un mecanismo recurrente para la obtención de ingresos para los productores empobrecidos y desarraigados de sus territorios.
Esta situación se buscó corregir en el marco del Acuerdo de Paz (5), en el que se estableció la relación de causalidad entre el cultivo de uso ilícito y la estructura agraria colombiana, al punto de señalar expresamente que el manejo de los cultivos ilícitos constituía un capítulo del punto uno de los acuerdos relacionado con la Reforma Rural Integral que el país demanda y en consecuencia, buscó incorporar una serie de medidas de transformación del agro que procuran fortalecer a esos sectores rurales empobrecidos y vulnerados por la guerra en Colombia. No obstante, precisamente es el punto 1 de los Acuerdos de Paz el considerado como el que menos desarrollo ha tenido en su implementación, tanto a nivel legislativo, como presupuestalmente y en términos de su ejecución concreta.


Adicionalmente y como otra consecuencia perversa de las distorsiones tanto del diagnóstico como de los énfasis de la política sobre drogas frente a los agricultores, es el crecimiento exponencial de la instalación de cultivos de uso ilícito en zonas de protección especial, áreas protegidas por su importancia ambiental como los parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal, así como en territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas.


Para el año 2020, casi la mitad de todos los cultivos de coca estaban en estas zonas consideradas de manejo especial. Aunque entre 2019 y 2020 el área de cultivos de uso ilícito bajó en los consejos comunitarios afrodescendientes y resguardos indígenas, el 48 por ciento de los consejos y el 20 por ciento de los resguardos mantienen actualmente cultivos de coca (6), tendencia registrada en el gráfico adjunto.


Previendo impactos negativos por el modelo dominante en relación con el manejo de los cultivos de uso ilícito, las comunidades negras e indígenas lograron incorporar en el Acuerdo de Paz un capítulo étnico donde fue consignada la protección de los derechos ya adquiridos por esas comunidades y se salvaguarda la autonomía de los territorios bajo su jurisdicción.


No obstante, el Estado colombiano tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el actual presidente Duque han llevado a cabo intervenciones alrededor de la presencia de cultivos de uso ilícito en esos territorios, incluyendo la política de erradicación forzada, con tratamientos homogéneos, como si se tratase de un mismo fenómeno sin especificar la condición diferencial. Así mismo se implementó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –Pnis–, sin que en sentido estricto se reconozca la especificidad territorial de esas comunidades, ni se reconozca en la práctica el gobierno y derecho propios, la ley de origen junto con la institucionalidad y autoridades propias de los territorios étnicos.


En consecuencia el capítulo étnico, o ha sido incumplido sistemáticamente en la mayor parte de los casos, o en aquellas zonas donde su implementación ha tenido desarrollos incipientes no se han incorporado las especificidades de las apuestas socio culturales y económicas de este tipo de territorios (planes de vida por ejemplo) pero también sin que se haya llevado a cabo procesos de consulta previa tal y como lo demandan Convenios internacionales y la Constitución colombiana para esta clase de áreas (7).


Las expectativas de grandes inversiones en minería o explotación de recursos naturales o simplemente en tierras que permitan seguir afianzando el proceso de concentración, explica de alguna manera la inacción del Estado frente a las amenazas y hechos graves de seguridad para los territorios que giran alrededor de la vigencia de la economía ilegal de los cultivos de uso ilícito. Los territorios colectivos e indígenas resisten el ejercicio de soberanía de los grupos armados que ofrecen seguridad de protección a los beneficiarios de la transformación de la materia prima producida en esas zonas, controlan rutas de comercio ilegal dentro de sus territorios, a la vez que disponen de la juventud para incrementar sus filas, imponen tributos, debilitan el ejercicio de la autonomía con disposiciones respaldadas por las armas y asesinan líderes sociales como si su guerra fuese contra las comunidades. Es así como el tejido comunitario de los pueblos indígenas ha sufrido un duro golpe con el asesinato de 376 de sus líderes en lo corrido entre la firma del Acuerdo de Paz y el 2021. En ese mismo período sólo en el norte del Cauca 51 suman las mujeres y hombres indígenas asesinados y que desarrollaban un ejercicio de liderazgo (8).


Mientras tanto, en diversas zonas con presencia de cultivos de uso ilícito se desarrollan las acciones de erradicación forzosa acarreando una serie de violaciones en derechos humanos y de los mínimos de protección a la población civil previstos en el Derecho Internacional Humanitario. Medidas de fuerza que se implementan sin considerar previamente lo consignado en el Acuerdo de Paz, en el sentido de que la erradicación forzosa sería una última medida para quienes se negasen a entrar en programas de sustitución y persistiesen en la economía ilegal de la coca.
En ese sentido y a instancias de Washington alrededor de la ‘lucha antidrogas” se siguen construyendo bases militares y policiales, llevando más dotación de infraestructura y adquiriendo pertrechos para garantizar los operativos de erradicación forzosa con dineros de cooperación provenientes de los contribuyentes de EEUU (9).


El dispositivo establecido por el Ministerio de Defensa, ha conllevado una militarización de la erradicación de cultivos de coca, mediante el empleo de tropas del Ejército o de una Policía antinarcóticos cada vez más militarizada, no solo en su vestimenta sino especialmente en su armamento y en sus prácticas, acompañadas del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad–, unidad cuestionada por el uso excesivo de su fuerza en la disolución de protestas sociales. Es de considerar que estas operaciones se adelantan en lugares a los que nunca ha llegado el Estado social y donde la presencia institucional territorial se caracteriza por su nula o débil presencia (10).


Finalmente, este panorama desolador se ve fuertemente contrastado por el silencio que caracteriza a los organismos de investigación como la Fiscalía, Procuraduría, el Consejo Electoral, alrededor de alarmas que se encendieron por las múltiples fotos, audios, versiones de informantes de primer orden, entre otras, que dan cuenta del compromiso del narcotraficante José Guillermo Hernández, alias “el Ñene” con la financiación, acompañamiento y compra de votos a favor del candidato Iván Duque, en la campaña del 2018, tal y como lo ilustran varias investigaciones periodísticas (11), situación que compromete también a representantes de organismos de seguridad del Estado. Este contexto de denuncias periodísticas también se vio complementado por la divulgación sobre presencia de pilotos de reconocidos narcotraficantes en la campaña presidencial, transportando al candidato Duque, al expresidente Uribe y miembros de su partido en correrías de dicha campaña (12).


El silencio sobre todos estos hechos sigue creando mucha confusión puesto que se observan prácticas esquizofrénicas entre la proclamación de la lucha antidrogas y la ausencia de demandas claras de solución frente a la impunidad del sistema institucional colombiano en aquellos aspectos más complejos de la economía ilegal de las drogas. Allí se refleja el control del Estado por parte de elites que se mueven en zonas grises de lo legal e ilegal, con nexos claros con el narcotráfico, blindando la oscuridad en los procedimientos y montos del lavado de activos provenientes de esa economía, así como en un manejo sin transparencia de los bienes incautados de origen ilegal y que excluye a las víctimas de la guerra contra las drogas por parte de la Sociedad de Activos Especiales. No obstante, Washington y las élites políticas colombianas radicalizan las acciones contra los cultivadores que, como ya fue relacionado en este artículo, son un producto de las distorsiones concentradoras de la riqueza que caracteriza la estructura económica y particularmente la agropecuaria en Colombia.


Junto a los sectores fundamentalistas de la guerra contra las drogas del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia (DEA), el Departamento de Defensa de los EU (DoD por sus siglas en inglés) mantiene la asociación inusitada del caso colombiano con el grave problema de muertes por sobredosis en EU y que como se sabe, son parte de las “muertes por desesperación” y a la vez son un producto de la bancarrota de su política de prevención y manejo de los opiáceos de todo tipo incluido el fentanilo. Los beneficios que obtienen en materia de seguridad para la región (principalmente zona Andina, Caribe y Pacífico) ayudan a sostener su compromiso en la guerra contra las drogas, así Colombia tenga muy poco que ver en esa crisis. La debilidad del presidente Biden y la puja de las posiciones de extrema derecha para restablecer la conducción de ese país tanto a nivel doméstico como en el plano internacional, contribuyen a detener o neutralizar cualquier intento de replanteamiento razonable de la política de drogas.


Bajo este contexto impredecible, seguimos navegando con el ángel de la historia de Paul Klee, Ángelus Novus, con sus ojos desorbitados, su boca entreabierta, sus alas desplegadas avanzando impulsado por las explosiones de muerte detrás y que el ángel ve como “una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso, es justamente esta tempestad” (13). Debe ser sobre esa visión de progreso que el jefe de la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización sermonea repetitivamente: “hay que construir sobre lo construido”.

1. UNODC Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.
2. Vargas, Ricardo “Narcotráfico, poder mafioso y democracia en Colombia. ¿Hay una salida? Transnational Institute TNI https://www.tni.org/es/articulo/narcotrafico-poder-mafioso-y-democracia-en-colombia
3. Salinas Abdala, Yamile; César Molinares D. Ricardo Cruz, “Macrocriminalidad con licencia legal Urabá-Darién 1980-2014”, Indepaz, 2020, Bogotá.
4. Véase Ballvé, Teo. “Grassroots masquerades: Development, paramilitaries, and land laundering in Colombia”, GEOFORUM 50 (2013) 62–75 y Teo Ballbé, “The Frontier effect: State formation and the violence in Colombia”, Cornell University Press March 15 2020.
5. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0
6. El consejo comunitario Pro-Defensa del Río Tapaje en Nariño continúa siendo con mayor afectación. UNODC Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.
7. Entre otros, el Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT; la sentencia SU-039/97 y que señaló los parámetros para la realización de las consultas previas con los grupos étnicos del país donde se encuentran aportes legales para la protección y garantía de los derechos de las comunidades o la sentencia de la Corte Constitucional, T-382 de 2006 y que también salvaguarda derechos fundamentales para los grupos étnicos. Véase, Rodríguez Gloria Amparo, “La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia”. Revista Semillas, Septiembre 23 de 2008. https://www.semillas.org.co/es/la-consulta-previa-un-derecho-fundamental-de-los-pueblos-indgenas-y-grupos-tnicos-de-colombia
8. ACIN Pronunciamiento “Rechazamos el asesinato de Marco Camayo y llamamos a defender la vida y la armonía territorial”, 22 de noviembre de 2021.
9. Vargas Ricardo y Pedro Arenas, “Erradicaciones Forzosas de cultivos de uso ilícito y Derechos Humanos en Colombia”, Corporación Viso Mutop, junio de 2020.
10. Ibídem.
11. Gonzalo Guillén y Julián Martínez, “La Ñeñepolítica” en La Nueva Prensa, https://www.lanuevaprensa.com.co/. Agencia EFE “Supuesta compra de votos en Campaña de 2018. Colombia: piden abrir una investigación a Duque y a Uribe por delitos electorales” en El Confidencia https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-10/colombia-investigacion-duque-uribe-expresidente-delitos-electorales_2489428/ . Julián Martínez Vallejo, “La narcoempresa vinculada a campaña de Iván Duque”, Especial para La Nueva Prensa, 10 de Marzo de 2020. https://www.pares.com.co/post/la-narcoempresa-vinculada-a-campa%C3%B1a-de-iv%C3%A1n-duque
12. Véase Guillén, Gonzalo y Julián Martínez, “Líder de los narco-pilotos de las campañas de Uribe y Duque fue condenado en 2015 por quien fuera Fiscal General de Barack Obama”, La Nueva Prensa, 22 Julio e 2021. Guillén Gonzalo y Julián Martínez, “Piloto de campaña de Iván Duque y de confianza de Álvaro Uribe desapareció en Guatemala transportando cocaína del cartel de Sinaloa”, La Nueva Prensa, agosto 3 de 2020.
13. Walter Benjamin, “Tesis de Fiolosofía de la Historia” (Tesis 9), versión de Maira Herrero “Paul Klee -Angelus Novus- Walter Benjamin”, Alejandra de Argos, 12 Mayo 2020. https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/41803-paul-klee-angelus-novus-walter-benjamin

*Corporación Viso Mutop.

 

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Colombia. Con asesinatos y amenazas pretenden silenciar el descontento social

Asesinan al joven y activista estudiantil Esteban Mosquera

Dolor y frustración en amplios sectores sociales dejó el asesinato del joven activista estudiantil Esteban Mosquera, a quien le arrebataron la vida en la tarde del pasado lunes 23 de agosto en las inmediaciones de su residencia en el barrio La Pamba de su natal Popayán.

 

Un crimen que al ser puesto en contexto genera aún más indignación. Esteban, joven estudiante de música, activista y periodista comunitario, objeto de asesinato selectivo, había padecido los estragos de la represión estatal: el 13 de diciembre de 2018, en el marco de las manifestaciones estudiantiles de ese entonces, fue violentado por el Esmad en su rostro, acción por la cual había perdida su ojo izquierdo.

Ataque aleve sufrido mientras hacía el ejercicio periodístico como fotógrafo, pues Esteban a lo largo de su vida colaboró con tres medios alternativos locales: Red Alterna, Contraportada y Raíz Grafica. Además, se desenvolvía como estudiante de música en la Universidad del Cauca, en la que era conocida su labor como activista en favor de los derechos estudiantiles y símiles reivindicaciones sociales.

Objeto de la violencai estatal, y también víctima de la incomprensión hogareña. “No hay que ocultarlo”, nos dice alguién que compartió vivencias con él: Esteban también estuvo atravesada por acoso y violencia intrafamiliar, agresiones que en parte padecía por su participación activa en la protesta social y por el ejercicio del periodismo.

Una realidad que, rompiendo el silencio que muchas veces prevalece ante litigios familiares, él ventiló en Red Alterna, denunciando el maltrato que padecía en su sitio de residencia producto de su forma de pensar. Cotidianidad dificil, ya que entre maltrato físico y otras practicas su día a día se veía coartado por humillaciones, como cerrarle con llave el servicio sanitario e impedirle el acceso al piano de cola para perfeccionar sus estudios.

Víctima en todo sentido de la ignorancia e intolerancia, que históricamente se han incrustado en la idiosincrasia del colombiano de a pie, alienación que celebra gobiernos corruptos y rechaza tajantemente la crítica, la protesta, la demanda de justicia social, así como la diferencia.

Tendencias macabras

La muerte de Esteban Mosquera se suma a la sombría estadística de líderes sociales, activistas y estudiantes asesinados a lo largo del 2021, cuyas estadistícas, según Indepaz, totalizan 108 víctimas, de las cuales 56 asesinatos se produjeron dentro del marco del Paro Nacional y movilizaciones posteriores. Asesinatos a los que se suman 82 víctimas jóvenes impactados por el Esmad con sus armas “no letalres” producto de lo cual quedaron con un ojo menos, agresión, violación de sus derechos humanos, padecido por Esteban en el 2018.

El nombre de Esteban Mosquera se suma al de Juan Sebastián Quintero Munera, Yeison Benavides y Camilo Galindez, otros jóvenes asesinados desde el mes de junio en el departamento del Cauca,.

Nombres, números y fechas que alimentan las estadísticas del oprobio, en las que, caso por caso, se hallar patrones comunes, y donde aparentemente el ‘crimen’ es protestar, dignidad que en Colombia es cobrada con sangre. Intimidar, multiplicar el mideo, es sello del poder.

Números que dejan entrever patrones claros de represión y persecución contra todo tipo de personas que manifiesten sus sentires y exprese su voz en aras de tejer lazos de colaboración en tiempos de “posconflicto”. El modus operandi del establecimiento deviene de prácticas totalitarias también implementadas en protestas sociales de otras latitudes, pues las lesiones oculares también han tenido lugar en Chile, Francia, Hong Kong y demás países donde la ciudadanía ejerce su derecho a la protesta. Pero los homicios solo tienen lugar en uno que otro país y nunca en cantidades como las registradas en Colombia donde la criminalización de la protesta social tiene la huella de estrategia y operatividad militar.

El día de ayer miércoles 25, fue velado el cuerpo de Esteban en la ciudad de Popayán, luego de múltiples actos simbólicos en su alma mater y varias movilizaciones convocadas en su nombre. El día de hoy, jueves 26 de agosto, a las 5pm en el Boulevar del río en la ciudad de Cali han convocada una velatón en su nombre para honrar la memoria de Esteban Mosquera, joven comprometido con la transformación social, cuya muerte significa un duro golpe para la resistencia estudiantil en la ciudad de Popayán.

La consigna de “Ni un muerto más” se diluye entre más víctimas. Cada día se sienten los pasos totalitarios del establecimiento, uniformado o de civil, resguardados en la impnidad, porque nada más colombiano que “tapen, tapen”, procurando que las cosas se queden como están.

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/06/en-colombia-han-asesinado-1201-homicidios-de-lideres-sociales-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

Publicado enColombia
Martes, 28 Julio 2020 06:00

Nuevas ilegalidades de Bolsonaro

Paulo Sergio Pinheiro, embajador.   ________________________________________ Imagen: AFP

Revelación en Brasil de un esquema de inteligencia paralelo creado por Sergio Moro

La existencia de “fichas” de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”, confirmaría la persecución política e ideológica de los adversarios. 

 

En medio del torbellino que vive Brasil – al mediodía se supo que el número de infectados por la covid-19 superó los dos millones 400 mil, y el de víctimas fatales se acercó a 90 mil –, surgieron nuevas y graves denuncias contra el ultraderechista Jair Bolsonaro.

La más contundente fue la presentación, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de un documento que acusa a Bolsonaro de haber cometido “crimen contra la humanidad y genocidio”. Presentada en la noche del domingo, la denuncia trae un peso extra: viene firmada por un millón de trabajadores en el sector de Salud, de enfermeros a médicos. Aunque el Tribunal de La Haya tarde meses en decidir si acepta juzgar denuncias recibidas, la repercusión ha sido muy fuerte y podrá traer consecuencias.

Los 64 folios del documento están repletos de acusaciones detalladas y de ejemplos impactantes. Su divulgación contribuye para corroer aún más la ya ultra-desgastada imagen del ultraderechista y del país.

Hoy hay otra denuncia contra el gobierno brasileño, esta vez en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiendo inmediatas informaciones y providencias.

Se trata de algo que fue creado en tiempos de Sergio Moro, el ex juez que condenó Lula da Silva en un juicio manipulado facilitando la elección de Bolsonaro, de quien luego fue ministro de Justicia: la SEOPI (Secretaría de Operaciones Integradas), un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución y la legislación vigente.

Luego de la salida de Moro del gobierno, el sucesor, André Mendonça, transformó la SEOPI en secretaría Nacional. De esa manera se consolidó parte del deseo expresado en reiteradas ocasiones por Bolsonaro: tener un esquema de inteligencia bajo su control directo.

La revelación de las verdaderas actividades del SEOPI surgió a través del periodista Rubens Valente, del grupo vinculado al diario Folha de S.Paulo.

Valente reveló la existencia de intimidadoras “fichas” idénticas a las de los órganos de represión de la dictadura militar (1964-1985) tan defendida por Bolsonaro y los uniformados esparcidos por su gobierno, con nombres, fotos y direcciones en las redes sociales de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”.

Entre los nombres revelados llamaron la atención los de Luis Eduardo Soares, quien ocupó el puesto de secretario nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2006) y fue uno de los guionistas de la película “Tropa de Elite”, y principalmente el del embajador Paulo Sergio Pinheiro, ambos profesores universitarios.

Además de haber ocupado la secretaría nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Pinheiro integró la Comisión de la Verdad instituida durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, preside desde 2011 la comisión independiente de la organización sobre derechos humanos en Siria.

La revelación de la existencia de ese dossier confirma algo que se insinuaba desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia: la creación de un aparato estatal destinado a persecución política e ideológica de adversarios. Es fácil suponer la existencia de otros dossiers cuyo blanco sean intelectuales, artistas, periodistas, activistas sociales y ambientales y, claro, políticos opositores.

Al conocer la actividad de la SEOPI, Paulo Sergio Pinheiro se dijo “absolutamente perplejo”, y pidió una inmediata investigación tanto por parte de la Fiscalía como del Congreso.

Luego de trazar la inevitable comparación con los tiempos de la dictadura, Pinheiro ironizó: “Todo lo que hablo y escribo es público. Además de ilegales, esas prácticas ahora son inocuas. ¿Por qué gastar recursos con funcionarios para espiarme?’.

Ya llegaron al Supremo Tribunal Federal pedidos de investigación, incluyendo que se averigüe la existencia de otros dossiers. El gobierno, por su parte, optó por declaraciones formales, que no dicen ni justifican nada.

 Con relación a la denuncia presentada en La Haya, la reacción de Bolsonaro, acorde a sus auxiliares directos, no trajo ninguna sorpresa: dijo que el tema no está en la “pauta presidencial”. Para los que rodean al ultraderechista, “no es hora de darle atención a eso. Si la denuncia es aceptada, entonces el presidente sabrá contestar las acusaciones”.

Por Eric Nepomuceno

Río de Janeiro

Publicado enInternacional
“El Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado”

La investigadora centra su análisis en las pandillas y en la criminalización de los jóvenes pobres. “Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad”, dice sobre un proceso que tuvo como uno de los pilares la participación de los militares.

 

Pese a la resistencia social y política a una inminente militarización de la seguridad interior, el gobierno nacional de Mauricio Macri defendió una vez más la reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el decreto 638/18, violatorio de la legislación vigente, al reivindicar la importancia de que los militares colaboren con la seguridad interior. Aunque anclado en un pasado distinto –una guerra civil que duró más de diez años–, también en El Salvador el proceso de militarización agravó los niveles de violencia existente al tiempo que la participación del Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado, afirma Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. En la base social, las pandillas cambiaron su composición y afinaron sus prácticas delictivas. A nivel político, gobiernos de diverso tinte ideológico impulsaron políticas de seguridad de tolerancia cero y conminaron a los jóvenes a abandonar los barrios y pasar a la clandestinidad. Los medios de comunicación tuvieron un rol clave: “antes de que la violencia alcanzara esos niveles, ya habían construido al gran monstruo”, concluye la investigadora salvadoreña.
–¿En qué situación se encuentra actualmente el conflicto entre pandillas en El Salvador?

–Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. “Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia”, sería el mensaje. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero; lo único que lograron es aumentar la violencia. Las pandillas son grupos juveniles de los barrios, que nacieron en la década de los ‘80 en El Salvador, durante el conflicto armado. Cuando finalizó la guerra civil y se firmaron los acuerdos de paz sufrieron una transformación.


–¿En qué consiste esa transformación?


–En ese momento, mucha gente volvió a El Salvador y también hubo una primera ola de deportaciones desde Estados Unidos, entre estos deportados había algunos pandilleros que habían construido su práctica allá. Las organizaciones se mezclaron entre sí, entre los años ‘90 y los 2000, otros grupos barriales desaparecieron y se consolidaron dos pandillas que habían nacido en Estados Unidos: La Mara Salvatrucha y El Barrio 18. Una vez que esas dos pandillas tomaron protagonismo, las políticas de mano dura provocaron que los chicos dejaran los barrios y se clandestinizaran. Eso complicó la situación: en los últimos años, las prácticas de la violencia dentro de las pandillas se afinaron cada vez más, con la consecuente degradación del tejido social que se traduce en un incremento de homicidios y amenazas a la seguridad en los barrios.


–¿Qué formas concretas toman las amenazas a la seguridad en los barrios?


–Uno de los modos de extorsionar a las personas es pedir una cantidad de dinero mensual, cuando las personas ya no pueden pagar se tienen que mover del lugar. En el año 2009, la izquierda llegó al poder y el presidente Mauricio Funes decidió construir un espacio de negociación, que posteriormente se conoció como “La Tregua”. Para mí, el mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad. Se prometió a los pandilleros cosas que no son las mejores, como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña.


–¿Qué consecuencias trajo ese malestar?


–En lugar de debilitar la fuerza de las pandillas, esa tregua produjo nuevas escisiones entre las pandillas. Los que están en las cárceles perdieron su liderazgo y se produjo una atomización muy particular. Considero que la única salida posible ahora sería un proceso de negociación de cara a la sociedad.


–¿Qué características distintivas habría tenido una negociación de cara a la sociedad?


–Una tregua es simplemente un cese momentáneo del enfrentamiento violento. Una negociación donde la sociedad intervenga no debería ser un cese momentáneo de la violencia. La tregua es: yo necesito que me bajes la cantidad de homicidio porque eso me está jodiendo, entonces bájamelos y yo te doy algo... y después veremos qué hacer. La negociación implica una estrategia a largo plazo: un proceso de reincorporación de los jóvenes y generación de puestos de trabajo, implica buscar otros medios de subsistencia que no sean la pandilla misma. Una negociación requiere, además, procesos claros en los que los líderes que hayan cometido crímenes contra la sociedad se sometan a juicio; son los elementos de base de una negociación con cualquier otro actor que esté por fuera de los procesos legales de un gobierno. La tregua termina dando un respiro en el cual las dos partes se rearman y el enfrentamiento continúa de una manera más violenta.


–En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.


–Antes de que la violencia alcanzara esos niveles, los medios de comunicación ya habían construido al gran monstruo. La sociedad salvadoreña siempre ha necesitado un otro a quien culpar de lo que las mismas élites no hacen. Las élites, los dirigentes políticos de izquierda y de derecha, no se han preocupado por construir un país; entonces es muy cómodo tener a quien echarle la culpa de que el asunto no funcione. Primero, el culpable del problema del desarrollo fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla salvadoreña... y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es allí donde quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros.


–¿Qué hay detrás de crear al nuevo responsable/culpable de que la sociedad no avance?


–En El Salvador tenemos un capitalismo neoliberal muy voraz, extractivista, que le apostó a la tercerización de la economía y debilitó profundamente la agricultura. El Salvador es, además, una economía dolarizada.


–¿Qué sector o sectores son responsables del crimen organizado en El Salvador?


–Muchos sectores. La diferencia con otro tipo de lógicas violentas es que el crimen organizado debe tener complicidad del Estado. El Salvador es fundamentalmente una zona de paso, como lo es Centroamérica en general: la droga que viene del Sur hacia los Estados Unidos pasa por allí. Entonces, la pelea mayor es el control de los territorios y las rutas. Ahora, ¿eso lo hacen las pandillas? Depende, algunas sí, otras se dedican a otro tipo de negocios criminales (tráfico de armas, extorsión, narcomenudeo, etc.).


–¿Qué implicancias sociales tiene el proceso de militarización en El Salvador, frente a un enemigo definido como “omnipresente”, y cuán legal es esa intervención de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad?


–El proceso de militarización empieza con las políticas de mano dura. Con los acuerdos de paz en El Salvador –proceso que culminó en 1992–, parte de las discusiones consistieron en desmantelar algunas instancias coercitivas que habían sido violatorias de los derechos humanos, habían cometido desapariciones, torturas y asesinatos. Desaparecieron algunas estructuras y se crearon otras que garantizaran la seguridad, como la Policía Nacional Civil, al tiempo que el Ejército dejó de estar vinculado a tareas de seguridad. Pero los niveles de violencia empezaron a aumentar y en 2001 resurgió la política de mano dura.


–¿En qué consistió esa política de mano dura?


–Es una política de tolerancia cero a la delincuencia y de régimen de excepción. Con el argumento de que con los efectivos de la Policía Nacional Civil no era suficiente para cubrir todo el territorio, se pidió la excepcionalidad para que el Ejército saliera a las calles e hiciera tareas de apoyo. Independientemente de la historia que se ha vivido, en El Salvador la autoridad militar tiene legitimidad en la visión popular: se cree que con el Ejército estaremos más seguros. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la construcción de esa imagen del militar como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, se infiltra y termina sirviendo al crimen organizado.


–¿En qué medida la política de mano dura, impulsada con el argumento de circunscribir y combatir a las pandillas, se expande hacia la coerción de otros sectores de la sociedad?


–En este último período gubernamental que terminará en mayo de 2019, se impulsaron medidas extraordinarias que permiten apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo sin que hubiera empezado necesariamente una investigación o el juicio. Estas medidas son violatorias de los derechos humanos de los encarcelados, tanto los que están con condena como los que no, cuyos derechos no se respetan. Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque “parecen pandilleros”, porque son pobres.


–¿Hay algún tipo de resistencia frente a estas violaciones a los derechos humanos?


–Hay un movimiento que se llama “Azul originario”, encabezado por Wendy Morales, una chica que estuvo encarcelada tres meses y le dijeron: “ups perdone, usted tiene razón, no es culpable”. “Azul originario” y “Los siempre sospechosos de todo” son movimientos que nacen de condenas injustas y ayudan a jóvenes que están encarcelados esperando un juicio sin ninguna prueba que muestre que ellos son pandilleros o que han cometido algún tipo de ilícito. En algunos casos se probó que la policía sembró droga en la mochila de algunos jóvenes para apresarlos. Volvemos a encontrar fuerzas armadas y policiales terriblemente coercitivas. Más que la pobreza, el problema en El Salvador es la desigualdad que lleva a estos altos niveles de violencia.


–¿En qué medida logra colarse la palabra oficial, gubernamental, en el discurso mediático?


–Hay allí, al menos, tres cuestiones. La primera tiene que ver con una sociedad profundamente autoritaria de la cual el periodista forma parte y, por ende, está acostumbrado a multiplicar ese discurso oficial. Es complejo también exigirle al periodista que salga de esa lógica social en la cual está inmerso, donde además, probablemente viva en zonas controladas por pandillas y también sea extorsionado. La segunda cuestión se refiere a la lógica perversa de muchos medios de comunicación que hacen que un mismo reportero tenga que cubrir cinco notas en un día, de temas muy distintos y en espacios muy distintos. Eso te crea una aproximación muy básica al tema que estás cubriendo. Entonces, imagínate la siguiente escena. El presidente dice: “Llevamos 1500 homicidios pero no te preocupes que 1000 de esos son pandilleros. Esos, que se maten”. El periodista alcanza a tomar nota, no tiene datos para hacer una repregunta y sabe que dentro de media hora debe estar cubriendo otra nota. La propia lógica mediática nos impide construir discursos más articulados. La tercera cuestión es la compra de periodistas por parte del Estado.


–¿Cómo se llega a esa cooptación de los periodistas?


–Hay periodistas que prácticamente son comunicadores institucionales cuidando la imagen estatal, que en lugar de hacer preguntas de fondo a un funcionario reproducen lo que el funcionario está diciendo. En ciertos casos, se sabe que hubo sobresueldos cobrados por periodistas desde distintos espacios por determinados favores.


–¿Es posible establecer continuidades entre el derrotero de la guerra civil en El Salvador y la forma que tomaron los acuerdos de paz con el rasgo autoritario que usted asigna a la sociedad salvadoreña?


–La guerra civil en El Salvador forma parte de estos procesos latinoamericanos en donde grupos de campesinos, grupos de estudiantes, obreros de fábricas entre otros, se dan cuenta de que nuestros Estados, que en casi toda América Latina estaban liderados por militares, eran autoritarios y promovían una profunda desigualdad socioeconómica. Frente a ello, deciden emprender una lucha revolucionaria para intentar cambiar el sistema. La terrible represión de los años ‘70 no logra bajar los niveles de lucha. Por el contrario, el slogan del momento era: “a más represión, más lucha, más organización”. El 15 de octubre de 1979 llega al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno que da un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, el presidente de entonces. Pero a los seis meses nuevamente se le da un golpe a la Junta Revolucionaria y se vuelve otra vez a los procesos represivos. A principios de 1980 matan a Mario Zamora, uno de los grandes dirigentes de la Democracia Cristiana y asesinan también a Oscar Arnulfo Romero, un arzobispo muy famoso en El Salvador que denunciaba las injusticias cometidas por el gobierno militar.


–El asesinato del arzobispo Romero fue un punto de inflexión para la sociedad salvadoreña, durante la dictadura.


–Sí. En ese momento, la sociedad tomó conciencia de que ese asunto no iba a mejorar mediante pequeñas reformas y mucha gente decidió tomar las armas. El 10 de octubre de 1980, cinco organizaciones guerrilleras militares –provenientes de distintas perspectivas político-sociales que, además, estaban dispersas en distintos puntos del país– decidieron crear el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMNL). Esa lucha se prolongó diez años y después vinieron los acuerdos de paz. Yo destacaría dos cuestiones. Una, que los dos partidos políticos que han estado en el poder nacen de una guerra militar y sus dirigentes tienden a reproducir estrategias político-militares; eso se mantiene.


–¿Y la segunda cuestión?


–Una de las grandes deudas de los acuerdos de paz en El Salvador es no haber trabajado con la víctima ni con el proceso de reconciliación. En una sociedad autoritaria, al igual que en una familia autoritaria, se dice: “nos callamos y no se vuelve a hablar del asunto”. En El Salvador no hubo un proceso de diálogo, de ver cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó.
–¿Los acuerdos de paz no incluyeron un proceso de diálogo?


–No incluyeron trabajar la reconciliación. Cuando se firman esos acuerdos, después de crear una comisión de la verdad que investiga crímenes, se produce una amnistía general para todos... y borrón y cuenta nueva. Entonces, veinticinco años después de los acuerdos de paz, la gente empieza a preguntarse si no tendríamos que hablar de esos temas, si no se tendría que hablar de las masacres que han pasado, si no habría que reconocer a la víctima.


–El que no haya habido una política de memoria se traduce en avances tibios por parte de los gobiernos de izquierda. En forma paralela, hay batallones que mantienen el nombre de los generales que encabezaron masacres a la población durante la dictadura.


–Sí. Al mismo tiempo, en la sociedad salvadoreña se está creando mayor conciencia de la importancia de trabajar la memoria. Surgen nuevas propuestas y peticiones de la sociedad civil, como el año pasado, durante la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz, el gobierno se comprometió a construir un Museo de la Memoria. Los Museos de la Memoria que tenemos han sido creados y administrados por la sociedad civil; lo que el Estado no hace lo va construyendo la gente. En materia de memoria, destaco el trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen, pero también hay museos en sitios donde hubo masacres, pequeños espacios donde la gente intenta mantener la memoria de su historia.


–En su estudio sobre las migraciones de ciudadanos salvadoreños hacia Estados Unidos, describe los rasgos de una “cultura nómada”. ¿De qué se tratan esos rasgos?


–En El Salvador subyace un discurso construido desde los medios de comunicación según el cual la migración es la gran posibilidad de movilidad social. El último informe de desarrollo humano, realizado hace aproximadamente seis años, afirma que de cada tres salvadoreños que consiguen trabajo, dos están fuera del país. Esto da una pauta de la problemática a la que se enfrenta cualquier salvadoreño que está intentando construir un proyecto de vida en el país. Esta cultura migrante asume que El Salvador es un lugar que te cierra las puertas. Actualmente, los jóvenes de clases populares tienen dos opciones como posibilidad de defensa: ingresar a la pandilla o migrar.


–¿Entrar a la pandilla supone una suerte de ascenso social?


–Si entras a la pandilla, aunque te maten muy joven, te aseguras que al menos tu mamá y tus hermanos tendrán casa o posibilidades de estudiar. Más que ascenso, hay una suerte de protección de la propiedad. La pandilla y la migración llegan a donde el Estado no llega. Aunque el Estado salvadoreño se comprometa a decir: “Los vamos a convencer y no van a migrar más”, la gente seguirá migrando. Y además, la reunificación familiar se vuelve muy importante. En este momento, la primera causa de migración es la reunificación familiar, la segunda causa de migración es la violencia: la pandilla te amenaza y te tienes que ir. En Centroamérica, la sociedad civil está muy sola. Vemos estrategias de supervivencia en esta moderna soledad que se habita.

Publicado enInternacional
Lunes, 25 Septiembre 2017 11:08

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes

Capítulo 16

 

Recostado en el sofá Marlowe sostiene una bolsa de hielo contra el mentón mientras con la otra mano mantiene en el aire un pequeño libro de poemas. Un verso se le ha quedado grabado en la mente sin saber muy bien por qué: “The disturbed eyes rise,/ furtive, foiled, dissatisfied/ from meditation on the true/ and insignificant.” Marlowe lee varias veces el verso como si las palabras del poeta estuvieran dirigidas directamente a él. “True and insignificant”, repite. “True and insignificant”...

 

El sonido del teléfono celular interrumpe los pensamientos de Marlowe. “¿Y ahora qué?”, piensa, antes de responder. “¿Agente Marlowe?”, dice una voz del otro lado, “soy el agente Rodríguez de Inteligencia, tengo en mis manos un mensaje dirigido al señor.” “¿Qué tipo de mensaje?”. “El tipo de mensaje que se deja en el cuerpo de una mujer asesinada.”

 

El edificio de la Corte Suprema está ubicado sobre la avenida séptima, frente a una pequeña plazoleta con la estatua del Libertador y un conjunto de placas de metal que exhiben fotos antiguas de la ciudad. Es un edificio moderno, de 20 pisos. La fachada está cubierta por un vidrio oscuro que refleja las luces de los edificios contiguos y las lámparas y semáforos de la avenida. En el piso 17, al lado de un amplio escritorio de caoba, yace el cuerpo sin vida de la abogada Laura Alcaba. Una mujer de unos 45 años, de tez morena, delgada, de pelo negro y nariz pequeña y achatada. Lleva un vestido de color gris oscuro y a no ser por el rictus extraño que domina su rostro y la rigidez de sus miembros, podría pensarse que está a punto de salir a una fiesta.

 

Las marcas moradas a ambos lados de su cuello no dejan muchas dudas sobre las causas de la muerte. Un poco más abajo, justo donde termina el escote de su vestido, está escrito con tinta roja el nombre de Marlowe y una combinación de números y letras. “Los vigilantes dicen que la abogada entró con alguien pero no notaron nada sospechoso”, dice el agente Rodríguez. Rodríguez es un hombre joven, de unos 30 o 35 años, blanco, de ojos negros y grandes que parecen a punto de salirse de sus órbitas. “¿Hombre o mujer?”, pregunta Marlowe. “No están seguros”. “¿Y la cámara?”, dice Marlowe señalando una esquina del techo. “La desconectaron”.

 

Marlowe se acerca al cadáver y observa detenidamente aquella combinación de signos. “¿Alguna idea?”, dice el agente Rodríguez. “Ninguna”. “Puede ser de un cofre de seguridad”. “Puede ser”, dice Marlowe, desconfiado. “¿Tiene que ver con el caso del filósofo?”, dice Rodríguez de improviso. Marlowe lo observa de reojo. “Todo el mundo está hablando del caso.” Rodríguez habla con mucha propiedad, como alguien muy seguro de sí mismo, un tipo de actitud que Marlowe detesta. “Gracias por llamarme, agente”, dice Marlowe incorporándose y cortando la conversación. “Si encuentran algo más, le pido que me informe”. “Claro, colega”, dice Rodríguez estirando la mano hacía Marlowe. Marlowe duda un momento pero finalmente le aprieta la mano sin mucha convicción.

 

Antes de salir del edificio, Marlowe anota la combinación en su libreta y vuelve a guardarla en el bolsillo. Afuera una masa compacta de periodistas y curiosos se amontonan contra la cinta de seguridad, atrás de varios policías que custodian la entrada. “¡Detective, detective! ¿Alguna pista sobre el asesino?”, grita una periodista cuando ve salir a Marlowe. “¿Se trata de algún complot contra el gobierno?”. “¿Algún grupo se adjudica el hecho?”. Marlowe continúa caminando pausadamente hacia su auto sin mirar hacia el lugar donde están los periodistas. “El tipo ni sabe español, cómo va a resolver el caso”, dice uno de ellos y los demás ríen. Marlowe se devuelve, se acerca lentamente donde el periodista que habló y lo llama con el dedo. El hombre le acerca el micrófono pensando que Marlowe va a decir algo, pero Marlowe le da un puño seco al micrófono hacia arriba golpeando al periodista en la boca y la nariz que empieza a sangrar a borbotones.

Publicado enEdición Nº239
Sábado, 02 Septiembre 2017 09:14

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes

Capítulo 15

 

Marlowe sale del restaurante y sube a su auto. La lluvia se ha detenido pero el ambiente está helado. La placa ubicada junto al semáforo en la esquina de la calle marca cinco grados. Marlowe avanza dos cuadras por la calle once hacia el sur y luego da vuelta hacia la izquierda y regresa por la carrera novena. Una cuadra más adelante estaciona junto a un árbol al final de una calle con poca iluminación. Después de caminar un poco llega hasta el muro de ladrillo cubierto por hiedra que separa la casa del restaurante de la acera de la calle 85. Luego de dos intentos fallidos, Marlowe consigue subir al muro y saltar al otro lado. Las hojas húmedas acumuladas sobre la tierra amortiguan la caída y disminuyen el ruido que provoca el cuerpo de Marlowe al chocar contra el suelo, pero aún así el dolor en la rodilla izquierda vuelve a recordarle el peso de sus años. A lo lejos se escuchan las voces que salen de la sala principal del restaurante. Marlowe se acerca a la parte posterior de la casa buscando alguna entrada. Hacia la izquierda, al lado de dos grandes contenedores con bolsas negras de basura, hay una puerta de hierro. La puerta no está trancada.

 

Desde el corredor que Marlowe atraviesa se escuchan muy cerca las voces que vienen de la cocina y los pedidos a gritos de los meseros. Hacia el final del corredor hay una puerta de madera que Marlowe abre con cuidado. No hay nadie. Al lado de la puerta hay un pequeño ascensor. Del otro lado el corredor continua hacia el lugar donde se originan las voces. Marlowe entra al ascensor y oprime el botón del subsuelo.

 

Un corredor poco iluminado comunica la puerta del ascensor con una escalera de madera. La escalera desemboca en una pequeña sala con dos sofás de cuero y una chimenea encendida. Atravesando esta pequeña sala hay un corredor más amplio e iluminado con varias puertas de madera a ambos lados. Marlowe se acerca a la primera puerta y coloca su oído contra la superficie. “Quinientos”, dice una voz masculina. “Sus quinientos y quinientos más”, responde otra. Se escuchan algunas risas apagadas y el sonar de vasos siendo servidos. Marlowe continua avanzando por el corredor. Se acerca a una de las puertas de la derecha pero no logra distinguir lo que oye. Parece un quejido pero no está seguro. Luego escucha un golpe seco y de nuevo aquel quejido lejano. Intenta dar la vuelta a la manija pero la puerta no abre. De repente escucha pasos viniendo desde el fondo del corredor. Marlowe se aproxima a la puerta siguiente y mueve la manija. La puerta se abre sin hacer ruido y Marlowe entra.

 

En el cuarto no hay nadie. Hacia el fondo y al centro hay una estructura de madera formando una especie de arco. De la parte superior cuelgan dos cadenas. Otras dos cadenas reposan sobre el piso a cada lado de los soportes de la estructura. En una mesa de hierro a un lado brillan algunos objetos bajo la luz débil de un bombillo. Una máscara de cuero, algo parecido a una pinza de acero, y una cadena no tan gruesa como las que cuelgan de la estructura. Marlowe se acerca nuevamente a la puerta y no oye nada. La abre y da un paso hacia fuera. En ese momento siente la presión sobre su cuello y luego un golpe pesado en la boca del estómago que lo hace perder la fuerza en las piernas. Hubiera caído al piso si el hombre que lo sujeta por el cuello no sostuviera el peso de su cuerpo. Marlowe es arrastrado hasta el fondo del corredor. Atraviesan la puerta y luego algunos metros sobre la tierra húmeda hasta una puerta de hierro abierta que da hacia la calle. Uno de los hombres le da otro golpe en el rostro antes de lanzarlo contra la acera. Desde el piso Marlowe escucha el sonido de la puerta al cerrarse.

Publicado enEdición Nº238
Sábado, 27 Mayo 2017 08:28

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes


Capítulo 12

 

Las oficinas del diario El espacio, ocupan un viejo edificio blanco de la zona industrial, al lado de una bodega, aparentemente vacía, y de una pequeña fábrica de velas. El movimiento en el interior del edificio contrasta abruptamente con la calma de la calle que a esa hora permanece en una quietud casi fantasmagórica. En la recepción Marlowe pide hablar con el director del periódico. “¿Tiene cita marcada?”, dice la recepcionista con una mirada irónica. “Sí, claro”, dice Marlowe mostrándole la placa muy cerca de los ojos. “Un momento, por favor”. La recepcionista aprieta un timbre debajo de la mesa y en pocos segundos aparece un hombre bajo y calvo que camina directamente hacia Marlowe con una sonrisa exagerada en la boca. “Detective, mucho gusto, mi nombre es Raúl Borja, el director no se encuentra en este momento en la ciudad, yo soy su asesor, ¿en qué puedo ayudarle?”. Marlowe pensó en decirle que quería hablar con el dueño del circo y no con los payasos, pero se contuvo, tal vez podría ayudarle realmente. “¿Podemos hablar en otro lugar?”, dice Marlowe. “Claro, pase por aquí por favor”, dice Borja mientras le señala el camino hacia una sala lateral

 

En mitad de la pequeña sala hay una mesa redonda con tres sillas. En la pared del fondo una estante adornada con artesanías y algunas placas que hacen referencia a premios obtenidos por el periódico. “Mejor crónica Año 1999”. “Mejor Fotografía Periodística Año 2003”, “Mejor Entrevista Año 2005”. Increíble, piensa Marlowe, premios para un periódico que chorrea sangre por todas sus páginas. Borja se sienta en una de las sillas, de espalda al estante y Marlowe en la silla de enfrente. “Estoy buscando a uno de sus colaboradores”, dice Marlowe directamente mientras siente en la espalda el duro respaldo de madera que una espuma demasiado fina no logra disimular. “¿De quién se trata?”. “De Quincey”. Borja lo mira como si el nombre no le fuera familiar. “Usa el pseudónimo de Thurtel en su columna de crónica”. “Ah, Thurtel”, dice Borja, haciendo un extraño chasquido con la boca. “¿Está metido en algún problema?”. “Sólo quiero hablar con él, aclarar algunas dudas”, dice Marlowe. “Le aseguro que se trata de un hombre decente, excéntrico tal vez, algunos incluso lo tildan de loco, ¿pero quién no está un poco loco estos días cierto?”, dice Borja al tiempo que emite una especie de carcajada que no parece natural. “Le confieso una cosa, para mí es uno de los mejores cronistas de policiales que ha pasado por este diario en años, yo diría en décadas”. “¿Dónde lo encuentro?”, dice Marlowe cortando el entusiasmo de su interlocutor. “Imagino que ya fue a su casa, ¿cierto?”. Marlowe lo mira a los ojos. “Claro. Hace días tampoco aparece por aquí, pero es normal”. “¿Cómo así?”, pregunta Marlowe. “Thurtel no tiene una rutina convencional como el resto de nuestros colaboradores. Suele trabajar en la noche y en la madrugada, duerme de día, a veces pasa varios días sin dormir recorriendo las calles como un sonámbulo... además está lo del opio”. “¿Opio?”. “Ah, eso ya no es un secreto, él mismo lo ha confesado de manera pública. Thurtel es adicto al opio”. “¿Hace cuántos días no aparece por el periódico?”. “Creo que la última vez que estuvo aquí fue la semana pasada. Vino en la noche, entrego su crónica, recogió el cheque y volvió a salir sin hablar con nadie, como es su costumbre. Aquí adentro no tiene amigos. Yo creo que los demás lo envidian. Por su forma de escribir, quiero decir. Muchos de estos periodistas, formados en algunas de las mejores facultades del país, no tienen ni el diez por ciento del talento de Thurtel. Lo digo en serio.” “Bien, es todo lo que necesito saber. Si aparece por aquí dígale que quiero hablar con él”, dice Marlowe al tiempo que le entrega una tarjeta. “Claro, con todo gusto”, dice Borja con la misma fingida y exagerada amabilidad.

Publicado enEdición Nº235
Sábado, 25 Marzo 2017 09:59

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes

Capítulo 10

 

Aunque el sol todavía no logra imponerse a la niebla, el día ya ha comenzado con toda su actividad frenética cuando Marlowe sale del edificio. Los trabajos en varias avenidas hacen que la ciudad parezca un inmenso laberinto en medio a un paisaje de posguerra. Cada nuevo desvío lleva a un nuevo congestionamiento. Algunos conductores irritados tocan la bocina desesperadamente como si eso sirviera de algo. En esos momentos especiales, Marlowe suele preguntarse por qué diablos dejó su soleada California para venir a parar a este infierno congelado del tercer mundo. Aunque en el fondo sepa muy bien los motivos y eso sea algo por lo cual no se siente particularmente orgulloso.

 

Después de casi una hora de viaje estaciona frente al edificio Solar en la esquina de la calle 12 con Avenida Jiménez. El edificio fue remodelado recientemente. Tiene la forma de un triángulo terminando de manera arredondeada en el vértice. La parte frontal del edificio está cubierta con grandes ventanales de vidrio lo que le da una apariencia moderna que contrasta con la arquitectura colonial de las casas vecinas. En el edificio funcionan varias firmas de abogados, consultores financieros y una agencia de viajes. Marlowe atraviesa la puerta giratoria y pregunta por Eduardo Contreras. El hombre de uniforme atrás del balcón de la recepción revisa un cuaderno cuadriculado de tapas rojas. “Oficina 618”, dice, “tiene que dejar un documento”. Marlowe le muestra la placa y el hombre asiente con una mirada cómplice.

 

Hombres de corbata impecablemente vestidos y mujeres de sastre oliendo a perfume caro suben con Marlowe en el ascensor. Todos permanecen en silencio. El ascensor para en el cuarto piso, algunos ocupantes salen y se despiden educadamente. En el sexto y antes de que la puerta se abra por completo Marlowe alcanza a ver la figura de un hombre que se precipita por las escaleras a toda velocidad. Marlowe sale del ascensor y comienza a correr detrás de él. A pesar del esfuerzo del hombre la distancia entre los dos se va haciendo cada vez más pequeña. El que corre adelante es un poco gordo, lleva saco y pantalón de color gris y unos zapatos negros de charol que no son los más indicados para escapar de una persecución policial. En el tercer piso el hombre gira sorpresivamente hacia el corredor tratando de alcanzar la puerta de servicio. En ese momento y haciendo un gran esfuerzo, Marlowe aprovecha para dar un salto y caer sobre él. “Estoy muy viejo para hacer esto”, piensa Marlowe sintiendo el dolor a un costado de la espalda. Los dos caen al piso y rápidamente Marlowe lo domina y lo levanta sujetándolo por las solapas del saco. “¿Por qué la prisa Contreras?”, le dice. “Por favor no me mate, yo no sé nada”, dice Contreras asustado. “¿Y por qué lo iba a matar?”. “Ya mataron a Carlos...”. “Cálmese, soy de la policía, no le va a pasar nada”. Contreras recupera un poco la calma y mira a Marlowe aún incrédulo. “Estoy investigando la muerte de Carlos, por eso estoy aquí”. Contreras respira tres veces de forma profunda y cierra los ojos un instante. Marlowe lo suelta. “¿Por qué Carlos se sentía amenazado?”. Contreras saca un pañuelo blanco del bolsillo de atrás de su pantalón y se seca el sudor de la frente. Después mira a ambos lados como si existiera la remota posibilidad de que alguien los estuviera escuchando. “Carlos me dijo que su profesor, el tipo que mataron en el centro, le había contado algo sobre un grupo...”. “Eso ya lo sé”, dice Marlowe impaciente, “necesito saber si Carlos le dio algún detalle que pueda ayudarnos a encontrar a esa gente, un nombre, un lugar de encuentro, cualquier cosa”. Contreras se queda pensativo un momento. “¿Pueden darme protección, al menos por un tiempo?”. “Veré qué se puede hacer”. “Zubiria llegó a decirle a Carlos dónde se reunía el grupo. Es un lugar en el barrio Cabrera, sobre la calle 86. Aparentemente es un bar-restaurante muy exclusivo, pero en el subsuelo funcionan varias salas clandestinas. En una de ellas se hacían las reuniones del grupo.” “Algo más. ¿Algún nombre?”. “Carlos siempre hablaba de De Quincey, decía que era el líder del grupo, nunca mencionó ningún otro nombre”. “Esta bien, llame a este número, pregunte por el subteniente García y dígale que llama de mi parte, él sabrá qué hacer”. Marlowe le entrega un papel con un número y baja por las escaleras hacia la salida del edificio.

Publicado enEdición Nº233
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