El drama de los migrantes que buscan llegar a Europa por mar en frágiles gomones, una postal que se repite.. Imagen: AFP

Salió con 54 personas y solo 7 quedaron vivos

Partieron rumbo a España pero terminaron en Mauritania. La mayoría de quienes iban en el gomón fueron muriendo de sed y hambre, primero los niños y luego las mujeres.

 

"Se morían poco a poco. Primero los niños y luego las mujeres". Uno de los siete supervivientes de un bote inflable que partió del Sahara con 54 personas y navegó 13 días a la deriva antes de acabar en una playa de Mauritania relata la última tragedia de la ruta migratoria a las islas Canarias, en España, la más peligrosa de África.

Desde un centro de detención de migrantes en Mauritania, Moussa (el nombre ficticio que da para no revelar su identidad) rememoró este martes al teléfono su "infierno" de casi dos semanas a bordo de una barca semirrígida, esas a las que se tragan las olas en cuanto el mar se encrespa.

Su caso ha sido una excepción, relata a Efe Helena Maleno, portavoz de la ONG Caminando Fronteras, la interlocutora de Moussa y que ha visto desaparecer decenas de botes neumáticos a poco de partir.

Helena es además testigo de cómo este tipo de embarcaciones están aumentando en la ruta canaria, lo que agrava más aún su peligrosidad. "1.000 kilómetros. Es la primera vez que vemos que una zodiac aguanta tanto", dice.

Pero al aguante del bote de Moussa no acompañó el de sus tripulantes, que fueron muriendo de sed y hambre a medida que pasaban los días, a pesar de la ayuda de algunos pescadores marroquíes con los que se iban cruzando. Les daban, recuerda este guineano, dos o tres botellas de agua para 54 personas. No era suficiente.

Dos hermanos sobreviven juntos

Desde un puesto policial de Nuadibú, en Mauritania, un agotado Moussa usa para hablar con Helena un móvil prestado por un vecino de la zona, que se acerca a darles comida cada día. Allí está con otros tres compañeros de viaje: dos malienses hermanos y un senegalés. Los otros tres supervivientes se recuperan en el hospital.

Su pesadilla empezó un 3 de agosto, cuando esas 54 personas, mayormente de Guinea Conakry, Senegal, Costa de Marfil y Mali, se subieron cerca de El Alaiún (Sahara Occidental) a una barca frágil, construida para albergar muchas menos y con la intención de recorrer unos 125 kilómetros hasta la isla de Fuerteventura (Canarias).

Al día y medio de partir, se quedaron sin combustible. No estaban lejos de la costa y se iban cruzando con pescadores, pero ninguno, cree Helena, llamó a las autoridades para avisar de la barca a la deriva.

El bote continuó entonces su ruta hacia el sur llevado por el mar y la falta de agua y comida empezó a hacer estragos. Sus tripulantes iban muriendo "poco a poco", explica Moussa. Primero los niños (había tres) y luego las mujeres. De las diez que viajaban en el bote solo sobrevivió una, ahora en un hospital de Nuadibú.

"La gente se quedaba como dormida y moría, otros se tiraban al mar", revive Moussa, y recuerda cómo finalmente, 13 días después, el capricho de las corrientes llevó a la barca a una playa mauritana. Al llegar a la costa, murieron otras tres personas.

Al oeste, 4.500 kilómetros de agua

La barca de Moussa podría haber tenido un desenlace aún peor. El mar podría haberlos llevado hacia adentro, donde les esperaban al oeste 4.500 kilómetros de océano Atlántico. De hecho, este año ya van dos botes que llegan medio destrozados a Trinidad y Tobago con cadáveres a bordo. A la mayoría se los traga el mar.

Ahora, Moussa tiene miedo de que lo deporten y lo dejen en medio del desierto en la frontera con Mali, como suelen hacer las autoridades mauritanas cuando tienen constancia de migrantes de esa nacionalidad.

"Prometeme que no me van a llevar al desierto", implora al teléfono prestado a Helena, quien reclama a Mauritania un trato más benevolente para estos náufragos. "Pedimos a las autoridades mauritanas que no los sometan a un procedimiento de expulsión, sobre todo a estas víctimas de tragedias. Están destrozadas".

De la historia de Moussa, Helena saca otra reflexión. Cree que ninguno de esos pescadores que asistieron a los emigrantes avisó a las autoridades marroquíes. Tienen, dice, miedo a hacerlo. "Les pido que informen. Se pueden evitar tragedias. No tienen que tener miedo, lo importante es salvar vidas".

Helena no para de recibir llamadas de familiares de las mujeres que iban en la balsa. Esperaban saber de ellas el 4 de agosto tras una travesía prevista de 24 horas a Canarias, pero las noticias nunca llegaron.

Lo peor está por llegar

Si 2020 fue un año histórico en cuanto a repunte de llegada de emigrantes a Canarias, 2021 está doblando sus cifras. Hasta el 1 de agosto, ya se contaban 7.531 personas, frente a las 3.185 del año anterior.

Y lo peor está por venir. A partir de finales de septiembre, cuando el Atlántico se calma un poco y los vientos Alíseos acompañan, las pateras se multiplican.

A Helena le preocupan especialmente dos cosas: la emigración de marroquíes, que el año pasado aumentó de manera exponencial, y los botes como el de Moussa.

"Hemos visto un aumento de las balsas neumáticas en el Atlántico, que antes no se daban", avisa. Lo ha podido comprobar en su piel Moussa y con lo vivido ya no quiere volver a intentarlo. "Yo solo quiero volver a Guinea. Quiero ver a mi mujer y a mis hijos".

Por María Traspaderne

18/08/2021

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Foto de archivo (09/01/2018) de civiles y voluntarios de la Defensa Civil Siria mientras buscan supervivientes después de que varios ataques aéreos en Hamoria, al-Ghouta (Siria). — MOHAMMED BADRA / EFE

Se cumplen diez años del inicio de las primeras protestas que pronto dieron lugar a una terrible guerra civil. Una década después, el país está hundido y no parece posible la reconstrucción debido a las sanciones internacionales. Ni en el gobierno de Damasco ni en Occidente hay señales de que vayan a dar su brazo a torcer, lo que prolongará la miseria de millones de sirios.

 

Las protestas y revueltas que señalaron el inicio del conflicto sirio se iniciaron hace exactamente diez años en la ciudad sureña de Deraa, al calor de los sarpullidos primaverales que azotaron a varios países árabes. Las protestas enseguida dieron paso a la guerra más terrible que el mundo ha visto en muchos años, donde todos los agentes jugaron sucio.

Aunque la literatura publicada suele indicar que las protestas de Deraa fueron espontáneas, nada hay más lejos de la realidad. El último embajador de Estados Unidos en Damasco, Robert Ford, tenía la debilidad de recorrer el país incitando abiertamente a la rebelión, y las actividades encubiertas de distintos servicios secretos occidentales, con el británico a la cabeza, se empeñaron en desestabilizar el país, lo que sucedió de manera despiadada.

Fue necesario esperar varios años para tener la certeza de las injerencias occidentales, publicadas en medios del Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos, aunque estaba al alcance de cualquier observador comprender que los occidentales, sin olvidar a Israel, desde el principio se metieron en el conflicto hasta los corvejones.

Es difícil creer que todos los agentes occidentales implicados creyeran, como dijeron ampulosamente sus líderes, que lo que buscaban era la democracia. Así que cuando, poco después, como era previsible, los yihadistas asumieron el descontrol de la situación, ya todo era irreversible. Para más inri, los occidentales alimentaron generosamente los arsenales yihadistas de manera directa e indirecta.

No solo ocurrió desde las bases occidentales en Turquía, aunque fue desde ese país desde donde más se contribuyó a la desestabilización, sino también desde el sur, desde Jordania y sobre todo desde Israel. La filtración no deseada de un informe interno de los cascos azules desplegados en la línea que separa Israel de Siria, proporcionó abundantes datos sobre los continuos contactos y el apoyo directo, en armas y suministros, de Israel a los yihadistas.

Como donde las dan las toman, el caos sembrado pronto se volvió contra los occidentales con una interminable serie de atentados cometidos por parientes directos de los yihadistas que los occidentales habían engordado y armado hasta los dientes en Siria. Numerosas ciudades europeas vieron cómo corría a borbotones la sangre de sus ciudadanos, que era del mismo color que la que sus delicados mandatarios vertían en Siria.

Los resultados de esta intensa actividad fueron escandalosos. El número de muertos ha sido de 387.000, según el cómputo del opaco Observatorio Sirio de Derechos Humanos de Londres, aunque hay estimaciones superiores. Nadie se ha preocupado de establecer el número de heridos. El número de desplazados, incluidos los que abandonaron el país, es superior a la mitad de la población.

La economía ha naufragado. La libra se ha hundido exponencialmente. Las colas en las panaderías son multitudinarias. Los salarios no sirven para nada. Las infraestructuras están destrozadas y la reconstrucción no está a la vista por la sencilla razón de que los mandatarios occidentales prefieren continuar con las duras sanciones hasta que el país entre en una vía de "democratización".

Los tribunales internacionales tienen trabajo. Se acusa al presidente Bashar al Asad de haber usado armas químicas y de una serie de "crímenes de guerra". Estas acusaciones parecen calmar a los mismos mandatarios occidentales que incitaron y financiaron a los grupos opositores, es decir a yihadistas que rebanaban el cuello a quien se ponía por medio delante de cámaras de vídeo.

El cinismo imperante llega al punto de que los mismos mandatarios que entre lamentos se rasgan las vestiduras una y otra vez atribuyendo ataques químicos del régimen de Damasco, se olvidan de que son responsables de la muerte de un ingente número de sirios, por haber armado y financiado a los grupos opositores después de impulsar la guerra civil.

Está claro que esto no va a cambiar, que las sanciones continuarán vigentes, lo que impedirá la reconstrucción y permitirá que el hambre y la pobreza sigan castigando a toda la población. A los mandatarios occidentales no les importa un comino, porque lo que quieren es implantar una democracia liberal modélica sin contar con la realidad social y religiosa de Siria.

Los occidentales saben que Rusia e Irán, aliados del gobierno de Damasco, no pueden emprender la gigantesca tarea de reconstrucción necesaria por sí solos. Esto significa que los sirios van a continuar hundiéndose hasta convertirse en un país de pobreza extrema y con una sanidad insuficiente, un estadio en el que ya se encuentra pero que siempre podrá agravarse otro poquito más.

El relevo de administración en Washington debería significar un cambio también para Siria, pero el presidente Joe Biden no ha dado ninguna indicación en esa dirección. Washington mantiene unos cientos de tropas en el nordeste del país, justamente donde están los principales yacimientos de petróleo, lo que impide a Damasco acceder a esa riqueza.

Después de diez años de conflicto, el panorama no puede ser más dramático. Con pocas diferencias, los occidentales van a seguir metiendo presión al régimen, lo que va a pagar muy caro el conjunto de la población, mientras que el presidente Asad, salvo imprevistos que no parecen probables, va continuar al mando del país, ostentado el poder pero sin que eso repercuta en el bienestar de la población, algo que ya les va bien a los occidentales.

14/03/2021 08:32

Por Eugenio García Gascón

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Pie de foto: Abilio Peña junto con colombianos bloqueados en Honduras.

La pandemia que conmueve al mundo tiene, además de las consecuencias de enfermedad y muerte que reportan desde distintos países, otros matices humanitarios. Uno de ellos, para el caso colombiano, el bloqueo de connacionales en distintos países del globo, todos con deseo de regresar a su tierra. Ellos, hombres y mujeres temen lo peor, además de ver menguados sus recursos para procurar su manutención por muchos más días. Para solucionar tal situación, proponen un plan urgente de retorno, para lo cual se contacte con las empresas aéreas que han dejado de prestar el servicio o el gobierno disponga aviones de las Fuerzas Armadas. Antes de subir a las naves y una vez en el país, que se concreten los protocolos de rigor y que se dispongan edificios adecuados para pasar la cuarentena de rigor.

Sobre esta realidad, habló vía whatsapp con Abilio Peña, teólogo y defensor de derechos humanos que quedó atrapado, sin salida, en Tegucigalpa (Honduras) en medio de una pandemia que crece por Latinoamérica. ¿Cómo está su situación y de los cerca de 24 colombianos atrapados? Se nos está agotando el tiempo, si nos enfermamos sería muy grave, el sistema de salud acá es muy precario, peor que el colombiano. Necesitamos que nos resuelvan un vuelo no comercial, escribió Abilio.

Tegucigalpa en toque de queda y con 11 casos de coronavirus confirmados, no es el mejor lugar para estar en esta crisis de salud. Le pregunto a Abilio que está junto a una señora con crisis de ansiedad y no puede respirar, ¿qué crees que debería hacer el gobierno nacional ahora? Un vuelo, que paguen los que tienen el dinero para ello y subsidiar a los que no.

Abilio es dirigente del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (del Sicsal) y se reúne con otros 6 colombianos para hablar y ponerle frente a la situación. En las crisis nerviosas de los connacionales, los ayudan a respirar para dar tranquilidad. “Nos llaman los demás, preocupados, para que no los dejemos solos si se soluciona algo. Pero los ponemos en contacto con el consulado de Colombia en Honduras, que es el que tiene la obligación de resolver y le hacemos seguimiento”, escribió el líder.

Los 24 colombianos atrapados y bloqueados están hablando con el gobierno colombiano para concretar aviones particulares para que vayan a salvarlos. “Necesitamos de voluntad política para que podamos resolver esta situación”, concretó el defensor de derechos humanos.

El tiempo apremia, y se espera una solución sin más dilaciones.

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Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"

 

 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

Un porcentaje mayoritario de análisis y evaluación del primer año del gobierno de Iván Duque lo rajan. En materia de derechos humanos no es distinto: asesinatos, desplazamientos, amenazas, prácticas atemorizantes por parte de actores oficiales, incumplimiento de lo acordado con la insurgencia. El país parece regresar por escenarios vividos y no deseados.

 

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc desde el año 2012, y de diálogos con el Eln, tuvo efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo, de la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para el desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc. 

Los logros de estos procesos de diálogo, dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción persistente en la tasa de homicidios, que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación (El Espectador, 21 de enero de 2018). En el primer semestre de 2018, el país tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53 por ciento (El Tiempo, 27 mayo 2018), en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100 por ciento y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación al nivel en que se encontraba en el año 2010 (Portafolio, 2 mayo 2018).

 

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra

 

Ha bastado un solo año del gobierno de Duque para que estos logros comiencen a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos”, a pesar de los esfuerzos por concretarlos desde el Gobierno, sectores del Congreso, el empeño del exfiscal general de la Nación N.H. Martínez, y los sectores de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido llevar, como ha sido su propósito, a descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país. 

Sin embargo, ante las presiones sociales, de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional, el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos Acuerdos por los que no se esmera en obstaculizar y a los que el grupo político que representa pugna por llevar a la involución para retrotraer al país a la guerra, escenario en el que mejor pueden desarrollarse proyectos autoritarios de desarrollado basados en economías extractivas, connivencia no siempre bien disimulada con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, convivencia con el paramilitarismo y un vasto proyecto de control militar de los territorios basado en las denominadas Zonas Estratégicas Integrales de Intervención –Zeii–, las cuales al ser repudiadas masivamente como una burda reedición de las denominadas Zonas de Consolidación y Rehabilitación impuestas por Uribe en el 2002 y declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en virtud de las facultades excesivas a las fuerzas militares y restricción de libertades a los civiles, han pasado ahora a ser rebautizadas como “Zonas Futuro”1

Estas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto, y que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, como aquellos donde se llevarían las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución Pnis. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión, todo lo contrario a los programas de transformación de los territorios acordados en los Pdet, los Pnis y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

 

La militarización y los abusos sin control 

 

La militarización intensa de los territorios se ha llevado a cabo principalmente a través de la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y el despliegue de las nuevas Fudras (Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido), como la creada recientemente en el Catatumbo. Las intenciones del Gobierno Duque de reinstalar prácticas represivas cuestionadas en el pasada, se previeron a partir de sus decisiones de postular para ascensos a mandos militares implicadas de manera directa o indirecta con casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado, y lo mismo cuando decidió conformar la nueva cúpula militar con otros 9 mandos cuestionados por este tipo de prácticas, hechos denunciados por algunas bancadas en el congreso y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar. El asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril, puso de presente la reiteración de prácticas de “falsos positivos” y de desaparición forzada aun persistentes en las fuerzas militares. Después de ser objeto de seguimiento por varios días, detenido y torturado, lo asesinaron, pretendiendo desaparecer su cadáver, pues solo fue posible descubrirlo cuando la comunidad de la vereda Carrizal reunió a todos sus miembros para ingresar a la fuerza a una área militar donde les impedían el acceso, después de negarles que lo habían detenido, descubriendo que su cadáver recién asesinado estaba junto a una fosa en tierra en donde iba a ser enterrado y desaparecido. 

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos. Las revelaciones de directivas secretas por parte del New York Times, en las que promueven bajas en operaciones militares, logradas a cualquier costo, incluso mediante alianzas con grupos paramilitares y con relajamiento de los niveles de certeza sobre si los civiles pueden ser los blancos de las operaciones militares, llevaron al Gobierno a negar la existencia de este tipo de órdenes y de prácticas, creando para ello una “Comisión de Excelencia Militar”, que se encargó de certificar, contra toda evidencia, que no ha habido bajo el nuevo gobierno nuevos casos de falsos positivos y que todas las normas sobre operaciones militares respetan plenamente los derechos humanos.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el Eln, las llamadas disidencias de Farc y principalmente los grupos paramilitares. En estas regiones, quienes luchan por la implementación de los Acuerdos de Paz, y las salidas negociadas al conflicto armado, están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, compromiso que denota el principal y notorio incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz. 

 

Crisis humanitaria 

 

La crisis humanitaria, y la intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en distintas regiones del país, mientras el Gobierno Duque volvió a la tesis básica de la “política de seguridad democrática” de la negación del conflicto armado e imposición de una nueva narrativa de la memoria según la cual un solo actor, la guerrilla, ha vulnerado derechos en el pasado y, es el único actor que lo sigue haciendo hoy. 

 

En medio de esta crisis, durante el primer año de este gobierno se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país2, cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el Gobierno mienta sobre que ha reducido los asesinatos en un 35 por ciento3, o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 por ciento de los casos4. El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las Farc en el cual, según cifras de Indepaz, 55 de ellos han sido asesinados en el primer año de gobierno Duque, con lo cual ya son 140 los asesinados, más 11 desaparecidos, 17 tentativas de asesinato y 34 familiares asesinados, mientras el Gobierno se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las Farc que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes5 bajo el gobierno de la “paz con legalidad”.

 

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla, debería haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o el sometimiento forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria. 

 

Mientras tanto, la situación de derechos humanos sigue deteriorándose al punto que la tasa de homicidios vuelve a incrementarse: el año pasado, después de 7 años continuos de descensos, las desapariciones forzadas alcanzaron una cifra de una víctima cada 4 días; comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses, sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja –en su último informe– denuncia la grave crisis humanitaria y la expansión de 5 nuevos tipos de conflicto armado; el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 por ciento6, y en cada vez más regiones de nuevo la gente siente miedo7

 

1El Espectador (8 agosto 2018). Gobierno lanza programa Zonas Futuro en las regiones más afectadas por la violencia. En: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-programa-zonas-futuro-en-las-regiones-mas-afectadas-por-la-violencia-articulo-875161

2Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

3Uprimny, R. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

4 Colombia 2020. (27 julio 2019). “La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

5ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

6 CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721

7 Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR. En: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-gente-vuelve-a-tener-miedo-y-el-conflicto-aumenta-informe-del-cicr-2844992

*Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

 

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Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"

Un porcentaje mayoritario de análisis y evaluación del primer año del gobierno de Iván Duque lo rajan. En materia de derechos humanos no es distinto: asesinatos, desplazamientos, amenazas, prácticas atemorizantes por parte de actores oficiales, incumplimiento de lo acordado con la insurgencia. El país parece regresar por escenarios vividos y no deseados.

 

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc desde el año 2012, y de diálogos con el Eln, tuvo efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo, de la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para el desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc. 

Los logros de estos procesos de diálogo, dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción persistente en la tasa de homicidios, que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación (El Espectador, 21 de enero de 2018). En el primer semestre de 2018, el país tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53 por ciento (El Tiempo, 27 mayo 2018), en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100 por ciento y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación al nivel en que se encontraba en el año 2010 (Portafolio, 2 mayo 2018).

 

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra

 

Ha bastado un solo año del gobierno de Duque para que estos logros comiencen a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos”, a pesar de los esfuerzos por concretarlos desde el Gobierno, sectores del Congreso, el empeño del exfiscal general de la Nación N.H. Martínez, y los sectores de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido llevar, como ha sido su propósito, a descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país. 

Sin embargo, ante las presiones sociales, de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional, el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos Acuerdos por los que no se esmera en obstaculizar y a los que el grupo político que representa pugna por llevar a la involución para retrotraer al país a la guerra, escenario en el que mejor pueden desarrollarse proyectos autoritarios de desarrollado basados en economías extractivas, connivencia no siempre bien disimulada con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, convivencia con el paramilitarismo y un vasto proyecto de control militar de los territorios basado en las denominadas Zonas Estratégicas Integrales de Intervención –Zeii–, las cuales al ser repudiadas masivamente como una burda reedición de las denominadas Zonas de Consolidación y Rehabilitación impuestas por Uribe en el 2002 y declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en virtud de las facultades excesivas a las fuerzas militares y restricción de libertades a los civiles, han pasado ahora a ser rebautizadas como “Zonas Futuro”1

Estas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto, y que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, como aquellos donde se llevarían las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución Pnis. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión, todo lo contrario a los programas de transformación de los territorios acordados en los Pdet, los Pnis y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

 

La militarización y los abusos sin control 

 

La militarización intensa de los territorios se ha llevado a cabo principalmente a través de la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y el despliegue de las nuevas Fudras (Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido), como la creada recientemente en el Catatumbo. Las intenciones del Gobierno Duque de reinstalar prácticas represivas cuestionadas en el pasada, se previeron a partir de sus decisiones de postular para ascensos a mandos militares implicadas de manera directa o indirecta con casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado, y lo mismo cuando decidió conformar la nueva cúpula militar con otros 9 mandos cuestionados por este tipo de prácticas, hechos denunciados por algunas bancadas en el congreso y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar. El asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril, puso de presente la reiteración de prácticas de “falsos positivos” y de desaparición forzada aun persistentes en las fuerzas militares. Después de ser objeto de seguimiento por varios días, detenido y torturado, lo asesinaron, pretendiendo desaparecer su cadáver, pues solo fue posible descubrirlo cuando la comunidad de la vereda Carrizal reunió a todos sus miembros para ingresar a la fuerza a una área militar donde les impedían el acceso, después de negarles que lo habían detenido, descubriendo que su cadáver recién asesinado estaba junto a una fosa en tierra en donde iba a ser enterrado y desaparecido. 

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos. Las revelaciones de directivas secretas por parte del New York Times, en las que promueven bajas en operaciones militares, logradas a cualquier costo, incluso mediante alianzas con grupos paramilitares y con relajamiento de los niveles de certeza sobre si los civiles pueden ser los blancos de las operaciones militares, llevaron al Gobierno a negar la existencia de este tipo de órdenes y de prácticas, creando para ello una “Comisión de Excelencia Militar”, que se encargó de certificar, contra toda evidencia, que no ha habido bajo el nuevo gobierno nuevos casos de falsos positivos y que todas las normas sobre operaciones militares respetan plenamente los derechos humanos.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el Eln, las llamadas disidencias de Farc y principalmente los grupos paramilitares. En estas regiones, quienes luchan por la implementación de los Acuerdos de Paz, y las salidas negociadas al conflicto armado, están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, compromiso que denota el principal y notorio incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz. 

 

Crisis humanitaria 

 

La crisis humanitaria, y la intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en distintas regiones del país, mientras el Gobierno Duque volvió a la tesis básica de la “política de seguridad democrática” de la negación del conflicto armado e imposición de una nueva narrativa de la memoria según la cual un solo actor, la guerrilla, ha vulnerado derechos en el pasado y, es el único actor que lo sigue haciendo hoy. 

 

En medio de esta crisis, durante el primer año de este gobierno se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país2, cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el Gobierno mienta sobre que ha reducido los asesinatos en un 35 por ciento3, o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 por ciento de los casos4. El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las Farc en el cual, según cifras de Indepaz, 55 de ellos han sido asesinados en el primer año de gobierno Duque, con lo cual ya son 140 los asesinados, más 11 desaparecidos, 17 tentativas de asesinato y 34 familiares asesinados, mientras el Gobierno se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las Farc que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes5 bajo el gobierno de la “paz con legalidad”.

 

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla, debería haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o el sometimiento forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria. 

 

Mientras tanto, la situación de derechos humanos sigue deteriorándose al punto que la tasa de homicidios vuelve a incrementarse: el año pasado, después de 7 años continuos de descensos, las desapariciones forzadas alcanzaron una cifra de una víctima cada 4 días; comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses, sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja –en su último informe– denuncia la grave crisis humanitaria y la expansión de 5 nuevos tipos de conflicto armado; el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 por ciento6, y en cada vez más regiones de nuevo la gente siente miedo7

 

1El Espectador (8 agosto 2018). Gobierno lanza programa Zonas Futuro en las regiones más afectadas por la violencia. En: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-programa-zonas-futuro-en-las-regiones-mas-afectadas-por-la-violencia-articulo-875161

2Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

3Uprimny, R. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

4 Colombia 2020. (27 julio 2019). “La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

5ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

6 CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721

7 Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR. En: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-gente-vuelve-a-tener-miedo-y-el-conflicto-aumenta-informe-del-cicr-2844992

*Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

 

Publicado enColombia
Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"

Un porcentaje mayoritario de análisis y evaluación del primer año del gobierno de Iván Duque lo rajan. En materia de derechos humanos no es distinto: asesinatos, desplazamientos, amenazas, prácticas atemorizantes por parte de actores oficiales, incumplimiento de lo acordado con la insurgencia. El país parece regresar por escenarios vividos y no deseados.

 

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc desde el año 2012, y de diálogos con el Eln, tuvo efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo, de la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para el desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc. 

Los logros de estos procesos de diálogo, dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción persistente en la tasa de homicidios, que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación (El Espectador, 21 de enero de 2018). En el primer semestre de 2018, el país tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53 por ciento (El Tiempo, 27 mayo 2018), en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100 por ciento y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación al nivel en que se encontraba en el año 2010 (Portafolio, 2 mayo 2018).

 

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra

 

Ha bastado un solo año del gobierno de Duque para que estos logros comiencen a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos”, a pesar de los esfuerzos por concretarlos desde el Gobierno, sectores del Congreso, el empeño del exfiscal general de la Nación N.H. Martínez, y los sectores de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido llevar, como ha sido su propósito, a descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país. 

Sin embargo, ante las presiones sociales, de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional, el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos Acuerdos por los que no se esmera en obstaculizar y a los que el grupo político que representa pugna por llevar a la involución para retrotraer al país a la guerra, escenario en el que mejor pueden desarrollarse proyectos autoritarios de desarrollado basados en economías extractivas, connivencia no siempre bien disimulada con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, convivencia con el paramilitarismo y un vasto proyecto de control militar de los territorios basado en las denominadas Zonas Estratégicas Integrales de Intervención –Zeii–, las cuales al ser repudiadas masivamente como una burda reedición de las denominadas Zonas de Consolidación y Rehabilitación impuestas por Uribe en el 2002 y declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en virtud de las facultades excesivas a las fuerzas militares y restricción de libertades a los civiles, han pasado ahora a ser rebautizadas como “Zonas Futuro”1

Estas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto, y que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, como aquellos donde se llevarían las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución Pnis. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión, todo lo contrario a los programas de transformación de los territorios acordados en los Pdet, los Pnis y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

 

La militarización y los abusos sin control 

 

La militarización intensa de los territorios se ha llevado a cabo principalmente a través de la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y el despliegue de las nuevas Fudras (Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido), como la creada recientemente en el Catatumbo. Las intenciones del Gobierno Duque de reinstalar prácticas represivas cuestionadas en el pasada, se previeron a partir de sus decisiones de postular para ascensos a mandos militares implicadas de manera directa o indirecta con casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado, y lo mismo cuando decidió conformar la nueva cúpula militar con otros 9 mandos cuestionados por este tipo de prácticas, hechos denunciados por algunas bancadas en el congreso y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar. El asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril, puso de presente la reiteración de prácticas de “falsos positivos” y de desaparición forzada aun persistentes en las fuerzas militares. Después de ser objeto de seguimiento por varios días, detenido y torturado, lo asesinaron, pretendiendo desaparecer su cadáver, pues solo fue posible descubrirlo cuando la comunidad de la vereda Carrizal reunió a todos sus miembros para ingresar a la fuerza a una área militar donde les impedían el acceso, después de negarles que lo habían detenido, descubriendo que su cadáver recién asesinado estaba junto a una fosa en tierra en donde iba a ser enterrado y desaparecido. 

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos. Las revelaciones de directivas secretas por parte del New York Times, en las que promueven bajas en operaciones militares, logradas a cualquier costo, incluso mediante alianzas con grupos paramilitares y con relajamiento de los niveles de certeza sobre si los civiles pueden ser los blancos de las operaciones militares, llevaron al Gobierno a negar la existencia de este tipo de órdenes y de prácticas, creando para ello una “Comisión de Excelencia Militar”, que se encargó de certificar, contra toda evidencia, que no ha habido bajo el nuevo gobierno nuevos casos de falsos positivos y que todas las normas sobre operaciones militares respetan plenamente los derechos humanos.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el Eln, las llamadas disidencias de Farc y principalmente los grupos paramilitares. En estas regiones, quienes luchan por la implementación de los Acuerdos de Paz, y las salidas negociadas al conflicto armado, están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, compromiso que denota el principal y notorio incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz. 

 

Crisis humanitaria 

 

La crisis humanitaria, y la intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en distintas regiones del país, mientras el Gobierno Duque volvió a la tesis básica de la “política de seguridad democrática” de la negación del conflicto armado e imposición de una nueva narrativa de la memoria según la cual un solo actor, la guerrilla, ha vulnerado derechos en el pasado y, es el único actor que lo sigue haciendo hoy. 

 

En medio de esta crisis, durante el primer año de este gobierno se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país2, cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el Gobierno mienta sobre que ha reducido los asesinatos en un 35 por ciento3, o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 por ciento de los casos4. El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las Farc en el cual, según cifras de Indepaz, 55 de ellos han sido asesinados en el primer año de gobierno Duque, con lo cual ya son 140 los asesinados, más 11 desaparecidos, 17 tentativas de asesinato y 34 familiares asesinados, mientras el Gobierno se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las Farc que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes5 bajo el gobierno de la “paz con legalidad”.

 

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla, debería haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o el sometimiento forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria. 

 

Mientras tanto, la situación de derechos humanos sigue deteriorándose al punto que la tasa de homicidios vuelve a incrementarse: el año pasado, después de 7 años continuos de descensos, las desapariciones forzadas alcanzaron una cifra de una víctima cada 4 días; comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses, sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja –en su último informe– denuncia la grave crisis humanitaria y la expansión de 5 nuevos tipos de conflicto armado; el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 por ciento6, y en cada vez más regiones de nuevo la gente siente miedo7

 

1El Espectador (8 agosto 2018). Gobierno lanza programa Zonas Futuro en las regiones más afectadas por la violencia. En: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-programa-zonas-futuro-en-las-regiones-mas-afectadas-por-la-violencia-articulo-875161

2Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

3Uprimny, R. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

4 Colombia 2020. (27 julio 2019). “La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

5ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

6 CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721

7 Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR. En: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-gente-vuelve-a-tener-miedo-y-el-conflicto-aumenta-informe-del-cicr-2844992

*Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

 

Publicado enEdición Nº260
Miércoles, 30 Enero 2019 08:26

En marcha

En marcha

Una nueva componenda, para concretar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro está en marcha. Una sincronizada cascada de acciones da fe de ello:

 

1. Enero 4, reunión del Grupo de Lima –integrado por 14 países de la región, catalogando al gobierno venezolano como dictadura, desconociendo la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, por asumir su segundo mandato presidencial el 10 de enero. México no firma y opta por una vía que privilegia el diálogo.


2. Enero 10. Desconocimiento por parte del Consejo Permanente de la OEA del gobierno venezolano por “ilegítimo”. La resolución fue aprobada por 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia. Por otra parte, llama a todos los estados miembros y a los observadores permanentes de este organismo a adoptar las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren necesarias para contribuir “a la restauración del orden democrático en Venezuela” y a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en ese país.


3. Enero 11, Paraguay rompe relaciones con Venezuela al desconocer la legitimidad del gobernante venezolano. Igual proceder, en la práctica, han tomado todos los países firmantes de la declaración del Grupo de Lima, entre ellos Colombia que ha roto desde meses atrás los canales diplomáticos de contacto con el país vecino, asumiendo el liderazgo regional, junto a Mauricio Macri, presidente argentino, y el recién posesionado Jair Bolsonaro en Brasil, para provocar la caída de su par venezolano.


4. Enero 11. Autoproclomación de Juan Guaidó, presidente del parlamento venezolano cómo gobernante de Venezuela, dando paso con ello a la conformación de un gobierno paralelo o una dualidad de poderes que busca atizar un levantamiento militar y una confrontación civil en Venezuela.


5. De manera inmediata. el secretario General de la OEA, Luis Amagro, brindó su aval al autoproclamado presidente. La declaración no extraña, ya que en varias ocasiones, a lo largo del 2018, había llamado a dar un golpe contra Maduro.


6. Enero12. El gobierno de Brasil reconoce a Juan Guaidó. Por su parte el presidente de Colombia emite una declaración donde reconoce “[…] a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano democrático y legítimo que existe en ese país”. El presidente de esa Asamblea es el autoproclamado Guaidó.


7. De manera simultánea, todas las declaraciones de los países integrantes del Grupo de Lima aluden al gobernante venezolano como dictador, desatando una ofensiva en procura de crear en la opinión pública la inclinación por un golpe militar o similar en el país suramericano.


8. Como eco de esta acción, los informativos colombianos, de manera constante y sin brindar a sus radioescuchas, lectores o televidentes información de contexto, aluden al Presidente venezolano como dictador. La desinformación como norma gana espacio a todo nivel.

 

Como una acción previa para poner en marcha esta sincronizada arremetida, Mike Pompeo, secretario de Estados de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, se había reunido los días 1 y 2 de enero con los presidentes de Colombia y de Brasil. Ya en abril de 2018 había estado presente en varios países de la región afinando compromisos en contra de Cuba, Nicaragua Bolivia y Venezuela.

 

Previo a la maniobra geopolítica en marcha, a lo largo del 2017 y 2018, la OEA intentó por varios conductos aislar a Venezuela del escenario regional, lo que motivó la misma renuncia a este organismo por parte del país suramericano. Intentos de bloqueo diplomático que fueron accionados al tiempo que se estimulaba un alzamiento social, el cual se prolongó por varios meses del 2017 y con especial énfasis en Caracas, a través de movilizaciones de todo tipo. Al final de esta confrontación, cientos de los manifestantes habían caído presos, algunos voceros de la oposición habían corrido igual suerte, y la coordinación de las fuerzas opuestas al gobierno venezolano estaba rota. Las contradicciones en cuanto a los resultados obtenidos, las acciones por proseguir y qué hacer ante las elecciones presidenciales que se avecinaban, terminaron por fracturarlos.


Llegada la campaña electoral –enero/abril de 2018–, la mayoría de los integrantes de la coordinación opositora se abstuvo de participar de la campaña presidencial. Al final de los comicios Maduro fue elegido con el 57 por ciento de los votos.

 

Soberanía popular

 

Que el gobierno de Nicolás Maduro y su dirección al frente de Venezuela está cuestionada, no hay duda, pero no por ello los gobernantes de la región pueden saltarse el derecho de cada pueblo a resolver sus problemas con autonomía, basados en el respeto a su soberanía y derecho a vivir en paz.

 

Más allá de los resultados de los comicios de abril pasado, la economía y la prolongada crisis social de su país son quienes le han colocado a Maduro el Inri de impopular. No es para menos. Más allá del bloqueo económico emprendido por los Estados Unidos y el conjunto de medidas internacionales para llevar a este país a la ingobernabilidad, están las medidas del propio gobierno y de la dirigencia venezolana, incapaces de desatar el liderazgo social y emprender una gestión de verdad revolucionaria para encarar los destinos de su patria. Imaginación, audacia, autogestión, poder popular, soberanía alimentaria, industrialización autónoma que rompa la matriz petrolera del país, ingresos dignos, estos y otros retos son los que tendría que resolver el liderazgo social, más allá del gobierno.

 

Contrario a ello, una gestión cada vez más burocrática y enclaustrada, aislada de las dinámicas diarias de los millones de connacionales que padecen una inflación inimaginable y un desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, con una presencia cada vez más autoritaria del Estado, es la que cuestiona al líder venezolano, así como a todo el equipo que lo acompaña, con las Fuerzas Armadas como soporte y sustento, de cuya cohesión depende la continuidad del jefe de Estado.

 

Por ahora, con el doble gobierno en marcha, con el llamamiento a las Fuerzas Armadas a fracturarse, así como la instigación al alzamiento social, lo que está en marcha es una peligroso y arriesgada maniobra por parte de los Estados Unidos y sus países satélites, que más allá del destino que corra Maduro puede terminar en una confrontación civil interna.

 

Alineada Venezuela cada vez más con China y Rusia, países que le apuestan a la recuperación y estabilidad económica del país suramericano, invirtiendo para ello significativas sumas de dinero y comprometiendo acompañamiento a todo nivel, decisión que aruña con evidencia el patio trasero y última retaguardia del otrora incuestionable imperio gringo, provocan, no sin cálculo, la furia de su enemigo del Norte, lo que puede desatar en este territorio una disputa geopolítica global, tipo Siria, que terminaría por descuadrar el mapa regional americano, en especial el de Sur y Centro América, así como El Caribe, algo que no depararía nada bueno para todos nuestros pueblos, incluido el colombiano.

 

El que juega con candela, puede desatar incendios. Duque y todos aquellos a quienes él representa, el poder real a la sombra hoy en Colombia y en la región, pueden terminar como pirómanos.

Publicado enColombia
Martes, 29 Enero 2019 15:51

En marcha

En marcha

Una nueva componenda, para concretar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro está en marcha. Una sincronizada cascada de acciones da fe de ello:

 

1. Enero 4, reunión del Grupo de Lima –integrado por 14 países de la región, catalogando al gobierno venezolano como dictadura, desconociendo la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, por asumir su segundo mandato presidencial el 10 de enero. México no firma y opta por una vía que privilegia el diálogo.


2. Enero 10. Desconocimiento por parte del Consejo Permanente de la OEA del gobierno venezolano por “ilegítimo”. La resolución fue aprobada por 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia. Por otra parte, llama a todos los estados miembros y a los observadores permanentes de este organismo a adoptar las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren necesarias para contribuir “a la restauración del orden democrático en Venezuela” y a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en ese país.


3. Enero 11, Paraguay rompe relaciones con Venezuela al desconocer la legitimidad del gobernante venezolano. Igual proceder, en la práctica, han tomado todos los países firmantes de la declaración del Grupo de Lima, entre ellos Colombia que ha roto desde meses atrás los canales diplomáticos de contacto con el país vecino, asumiendo el liderazgo regional, junto a Mauricio Macri, presidente argentino, y el recién posesionado Jair Bolsonaro en Brasil, para provocar la caída de su par venezolano.


4. Enero 11. Autoproclomación de Juan Guaidó, presidente del parlamento venezolano cómo gobernante de Venezuela, dando paso con ello a la conformación de un gobierno paralelo o una dualidad de poderes que busca atizar un levantamiento militar y una confrontación civil en Venezuela.


5. De manera inmediata. el secretario General de la OEA, Luis Amagro, brindó su aval al autoproclamado presidente. La declaración no extraña, ya que en varias ocasiones, a lo largo del 2018, había llamado a dar un golpe contra Maduro.


6. Enero12. El gobierno de Brasil reconoce a Juan Guaidó. Por su parte el presidente de Colombia emite una declaración donde reconoce “[…] a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano democrático y legítimo que existe en ese país”. El presidente de esa Asamblea es el autoproclamado Guaidó.


7. De manera simultánea, todas las declaraciones de los países integrantes del Grupo de Lima aluden al gobernante venezolano como dictador, desatando una ofensiva en procura de crear en la opinión pública la inclinación por un golpe militar o similar en el país suramericano.


8. Como eco de esta acción, los informativos colombianos, de manera constante y sin brindar a sus radioescuchas, lectores o televidentes información de contexto, aluden al Presidente venezolano como dictador. La desinformación como norma gana espacio a todo nivel.

 

Como una acción previa para poner en marcha esta sincronizada arremetida, Mike Pompeo, secretario de Estados de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, se había reunido los días 1 y 2 de enero con los presidentes de Colombia y de Brasil. Ya en abril de 2018 había estado presente en varios países de la región afinando compromisos en contra de Cuba, Nicaragua Bolivia y Venezuela.

 

Previo a la maniobra geopolítica en marcha, a lo largo del 2017 y 2018, la OEA intentó por varios conductos aislar a Venezuela del escenario regional, lo que motivó la misma renuncia a este organismo por parte del país suramericano. Intentos de bloqueo diplomático que fueron accionados al tiempo que se estimulaba un alzamiento social, el cual se prolongó por varios meses del 2017 y con especial énfasis en Caracas, a través de movilizaciones de todo tipo. Al final de esta confrontación, cientos de los manifestantes habían caído presos, algunos voceros de la oposición habían corrido igual suerte, y la coordinación de las fuerzas opuestas al gobierno venezolano estaba rota. Las contradicciones en cuanto a los resultados obtenidos, las acciones por proseguir y qué hacer ante las elecciones presidenciales que se avecinaban, terminaron por fracturarlos.


Llegada la campaña electoral –enero/abril de 2018–, la mayoría de los integrantes de la coordinación opositora se abstuvo de participar de la campaña presidencial. Al final de los comicios Maduro fue elegido con el 57 por ciento de los votos.

 

Soberanía popular

 

Que el gobierno de Nicolás Maduro y su dirección al frente de Venezuela está cuestionada, no hay duda, pero no por ello los gobernantes de la región pueden saltarse el derecho de cada pueblo a resolver sus problemas con autonomía, basados en el respeto a su soberanía y derecho a vivir en paz.

 

Más allá de los resultados de los comicios de abril pasado, la economía y la prolongada crisis social de su país son quienes le han colocado a Maduro el Inri de impopular. No es para menos. Más allá del bloqueo económico emprendido por los Estados Unidos y el conjunto de medidas internacionales para llevar a este país a la ingobernabilidad, están las medidas del propio gobierno y de la dirigencia venezolana, incapaces de desatar el liderazgo social y emprender una gestión de verdad revolucionaria para encarar los destinos de su patria. Imaginación, audacia, autogestión, poder popular, soberanía alimentaria, industrialización autónoma que rompa la matriz petrolera del país, ingresos dignos, estos y otros retos son los que tendría que resolver el liderazgo social, más allá del gobierno.

 

Contrario a ello, una gestión cada vez más burocrática y enclaustrada, aislada de las dinámicas diarias de los millones de connacionales que padecen una inflación inimaginable y un desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, con una presencia cada vez más autoritaria del Estado, es la que cuestiona al líder venezolano, así como a todo el equipo que lo acompaña, con las Fuerzas Armadas como soporte y sustento, de cuya cohesión depende la continuidad del jefe de Estado.

 

Por ahora, con el doble gobierno en marcha, con el llamamiento a las Fuerzas Armadas a fracturarse, así como la instigación al alzamiento social, lo que está en marcha es una peligroso y arriesgada maniobra por parte de los Estados Unidos y sus países satélites, que más allá del destino que corra Maduro puede terminar en una confrontación civil interna.

 

Alineada Venezuela cada vez más con China y Rusia, países que le apuestan a la recuperación y estabilidad económica del país suramericano, invirtiendo para ello significativas sumas de dinero y comprometiendo acompañamiento a todo nivel, decisión que aruña con evidencia el patio trasero y última retaguardia del otrora incuestionable imperio gringo, provocan, no sin cálculo, la furia de su enemigo del Norte, lo que puede desatar en este territorio una disputa geopolítica global, tipo Siria, que terminaría por descuadrar el mapa regional americano, en especial el de Sur y Centro América, así como El Caribe, algo que no depararía nada bueno para todos nuestros pueblos, incluido el colombiano.

 

El que juega con candela, puede desatar incendios. Duque y todos aquellos a quienes él representa, el poder real a la sombra hoy en Colombia y en la región, pueden terminar como pirómanos.

Publicado enEdición Nº253
La crisis humanitaria en La Guajira y nuestras instituciones de papel. ¿Será que hay esperanza?

El pasado cinco de marzo, una nueva comisión (desde el 2013 han asistido otras comisiones de diferentes entes del Estado) visitó el departamento de La Guajira. Esta vez la visita fue por parte de la Procuraduría General de la Nación, a través de su oficina Delegada para las Minorías Étnicas, en atención a las denuncias presentadas por el movimiento Nación Wayuu, debido a la muerte de niños por causas asociadas a la desnutrición severa, denuncias elevadas desde 2013, no solo por la Nación Wayuu, sino por fundaciones, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, sin que sean efectivas las acciones para hacer visible una mejora en las condiciones del vida del Departamento y. en especial. de los niños wayuu. El recorrido se desarrolló en medio de los conflictos e irregularidades que la Nación Wayuu viene denunciando en la asignación de cupos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), encargado de velar por la vida de estos niños.

La visita se desplazó por los municipios de Manaure, Uribia, Maicao, y los corregimientos de Matitas y Piyaya, entre otros corregimientos de la región. En las inspecciones oculares y visitas de campo, se hallaron niños en condiciones muy precarias, en recintos sin ventilación y sin el mínimo vital, ya que el agua que consumen no es potable ni apta para el consumo humano. Se encontraron centenares de niños sin atención y con evidentes signos de estado de desnutrición.


Según informaciones de los padres de familia y los líderes de la zona, el Icbf-Regional Guajira no les ha prestado atención, a pesar de los múltiples requerimientos realizados. Todo lo anterior, debido a que, tal como lo manifestó José Silva, líder del movimiento Nación Wayuu, en los últimos tiempos se han presentado cierres arbitrarios de los centros de atención por parte de las Fundaciones contratistas de Icbf y por otro lado se han dado, sin justa causa, exclusiones a la atención de los niños.


En medio de estos hallazgos que presentan una vulneración de los derechos humanos fundamentales por parte del Estado colombiano a la Nación Wayuu, renació una luz de esperanza en las instituciones y la justicia colombiana, ya que nuevamente el Tribunal Superior de Riohacha, admite Incidente de Desacato, por el no cumplimiento a la sentencia ratificada por la Corte Constitucional en contra de Icbf, Gobernación de la Guajira y otros, por incumplimiento a la sentencia STC4406-2017 en donde a les demandados les exigen amparar los derechos fundamentales de consulta previa, etno-educación, transporte escolar y salud de la niñez wayuu, así como también su derecho al idioma wayuunaiki, autonomía cultural y diversidad étnica.


La Procuraduría Delegada Para las Minorías Étnicas, luego de su vista, regresó a la ciudad de Bogotá preocupada por todos los hallazgos y la omisión del Icbf y los entes territoriales frente a la atención de la niñez wayuu, en donde muy probablemente estarán tomando las acciones disciplinarias correspondientes frente a estos hechos.

Las preguntas que me quedan son: ¿Cuántos otros informes y trámites burocráticos serán necesarios? ¿Cuánto tiempo más se tiene que esperar? ¿Cuántos niños más tendrán que morir para que el Estado colombiano y sus instituciones restituyan los derechos fundamentales de acceso al agua, a la salud con pertinencia cultural, la educación, la autonomía y el territorio de esta etnia? ¿A quién más hay que acudir a nivel internacional, si ni siquiera las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido suficientes para que los municipios afectados por la falta de agua tengan acceso al mínimo del líquido vital? (Según la OMS el mínimo es 50 litros por persona, cuando en La Guajira cada persona vive con 0.7 litros al día, muchas veces agua contaminada, no apta para consumir) ¿Qué tipo de mecanismos quedan, si los institucionales y de ley no han logrado resolver la situación?

Como ciudadanía debemos estar pendientes de los resultados del informe de la Procuraduría, y de las fechas y cronogramas, proyectos y planes específicos a los cuales se comprometan las entidades encargadas, pues como ciudadanos estamos dispuestos a llevar a cabo toda la veeduría a dichos compromisos, en uso de nuestro derecho constitucional de participación ciudadana.

Confirmamos el apoyo a la lucha de la Nación Wayuu, que cumple 450 días de resistencia pacífica en Katsaliamana, al lado de la línea férrea del tren de Carbones el Cerrejón, que extrae 36 millones de toneladas de carbón al año, y cuyo impacto sobre las comunidades es, y ha sido avasallador por la alteración de sus métodos tradicionales de subsistencia.

La Protesta en Katsaliamana pide por la supervivencia y respeto de nuestra etnia wayuú, amparada por la Constitución, por tratados internacionales, y que representa a través de su cultura, sus tejidos, sus palabreros, sus autoridades tradicionales, sus curanderos, sus territorios de impactante naturaleza y belleza, de sus tradiciones orales, su música, su idioma, y su raza, un legado invaluable que es parte de nuestra raíz como pueblo y como nación.

 

A continuación los informes de visitas anteriores por parte de instituciones del Estado colombiano, así como las Medidas Cautelares de la CIDH. 

Procuraduría pide declarar el Estado de cosas institucionales en la Guajira. Marzo 2017.
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-pide_declarar_estado_de_cosas_inconstitucionales_por_crisis_en_La_Guajira.news 
LA GUAJIRA: Pueblo Wayuu, con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas. Procuraduría General de la Nación. 2016
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe(1).pdf 
Medidas Cautelares de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2015. Pide al Estado Colombiano: “Proteger la vida e integridad personal del pueblo wayuu.
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf 
Crisis Humanitaria en La Guajira. 2014, Defensoría del pueblo.
http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialguajira11.pdf 
Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Contraloría General de la Nación. 2013.
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/01/mineria-en-colombia-contraloria-vol-ii.pdf 

Publicado enColombia
El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
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