https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/el-programa-bogta-cuidadora-es-de-sensibilizacion-contra-el-covid-19

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Cinco asuntos que han estado en la agenda política de la ciudad y que han sido objeto de decisión política por parte de la alcaldesa, y que desde mi punto de vista evidencian su profunda distancia con una postura feminista de gobierno, son el objeto del presente artículo: 1) el avance de la pobreza en la ciudad; 2) sus cuestionables posturas xenófobas hacia la población venezolana migrante; 3) sus reacciones ante el estallido social de la juventud bogotana; 4) su desatención de las mujeres transgénero y, 5) su tratamiento de las comunidades indígenas que actualmente ocupan el Parque Nacional.

Claudia López ganó la alcaldía de Bogotá y de inmediato se presentó como primera mujer alcaldesa de la capital, abiertamente lesbiana, de clase trabajadora e ideológica y políticamente de centro-izquierda (según sus declaraciones al diario El País, 3 de agosto de 2020). Estas características le valieron el apoyo, entre otros, de muchos colectivos y figuras feministas que la vieron como la posibilidad de que el máximo cargo de poder político en la ciudad fuera ejercido por una mujer con un proyecto afin. Esta elección generó esperanza dada la histórica exclusión de las mujeres de la toma de decisión política, pero además, porque Bogotá tiene una larga trayectoria de lucha feminista que ha posicionado las políticas de mujer y género como un asunto central en las agendas del gobierno distrital, de allí que, tener una alcaldesa fuera visto por muchas como un logro sobresaliente de este largo proceso de lucha.

Desde luego, gobernar no es fácil y menos una ciudad de más de siete millones de habitantes, que enfrenta viejos problemas de corrupción, segregación, desigualdad y marginación, y nuevos problemas, en particular la situación inédita de la pandemia causada por el covid-19, que enfrentó a todos los gobiernos del mundo a una crisis, sanitaria, social y económica sin precedentes. Sin embargo, quienes se postulan para gobernar asumen la responsabilidad de lidiar con lo viejo y con lo nuevo, y como muchos y muchas gobernantes alrededor del mundo la alcaldesa tomó decisiones que pusieron en cuestión al menos su compromiso con las mujeres, con los ideales de igualdad o con la justicia social en la ciudad.

Una fractura evidente, incluso, desde antes de la pandemia, cuando sus ideas políticas empezaron a cuestionar sus propios presupuestos de partida. Denominar, por ejemplo, su plan de desarrollo como un nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI fue indicativo de que en realidad su proyecto político estaba profundamente permeado por ideas cuestionadas desde algunas teóricas feministas que han mostrado cómo la metáfora del contrato social oculta que en realidad los pactantes en este tipo de acuerdo son los sujetos investidos de poder y autoridad por el poder político y económico, marginando una vez más a quienes están desposeídas/os y que en realidad nunca han sido reconocidos como pactantes de pleno derecho.

Esto no es un asunto menor. En el infinito mundo de las metáforas políticas proponer de nuevo un contrato social implicó claudicar frente a las lógicas liberales y neoliberales más añejas, al tiempo que colocar sobre la mesa el hecho de que en realidad sus ideas se ubicaban mejor en el centro derecha.

Esos primeros actos de gobierno fueron sintomáticos de una serie de decisiones, posiciones y acciones que han marcado la acción de la gobernante y que deben ser revisados desde una perspectiva crítica ya que el feminismo como campo político debería permanecer en una posición autorreflexiva de modo que sus posturas políticas no caigan en las trampas que pueden llevar a respaldar una gobernante sólo por un asunto identitario casi esencialista sin tener en cuenta cómo un gobierno puede afectar de manera desproporcionada a mujeres de grupos sociales empobrecidos o marginados y a muchos otros colectivos cuyas necesidades, intereses y demandas hacen parte de las agendas feministas. Veámos:

Aumento de pobreza

En su Plan de Desarrollo la alcaldesa incluyó por primera vez un sistema general del cuidado, lo que representó una innovación en tanto reconoce que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres representa una de las expresiones más injustas del orden de género en tanto este trabajo no es reconocido como tal, concentra la mayor parte de su energía y tiempo y pasa desapercibido en las cuentas de la macroeconomía. En cierto sentido un estado que ofrece guarderías, albergues, centros de cuidado de adultos y adultas mayores, y otras infraestructuras de servicios sociales, está cumpliendo su parte en las labores del cuidado y por tanto descarga a las mujeres para que puedan realizar otro tipo de actividades.

En la práctica, sin embargo, la cuestión es más compleja en tanto este tipo de oferta institucional parece más que insuficiente en una ciudad que según el Dane (2021) en el 2020 tenía 3,35 millones de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria (16% de todo el país) y cuyo coeficiente de Gini pasó de 0,498 en 2017 a 0,559 en 2020, lo que quiere decir que Bogotá es la ciudad con mayor desigualdad en el país. Alcaldías como las de Luis Eduardo Garzón, Clara López y Gustavo Petro habían mostrado cómo una importante inversión social permitía obtener notables resultados, como la disminución de la brecha entre ricos y pobres, la disminución de la desnutrición infantil, infraestructura y cobertura en educación infantil, primaria y secundaria, además de un importante red de servicios sociales para llevar salud a los barrios, comedores comunitarios, guarderías y centros día de jóvenes y adultos y adultas mayores, unidades de desintoxicación para adicciones y centros de atención itinerantes para habitantes de calle. Todo esto representó mejoras importantes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pese a lo cual fue desmontado por el posterior gobierno de Enrique Peñalosa quien gobernó de acuerdo a las lógicas del capitalismo trasnacional y para su propio interés, como cuando entregó enormes obras de infraestructura con ventajas totales para los empresarios a costa del erario.

Desde luego, todas las medidas tomadas para controlar la pandemia afectaron de manera negativa sectores claves de la economía lo que se tradujo en desempleo y afectación de los ingresos de miles de hogares bogotanos. Para muchas familias no salir un día a la calle implica no tener recursos para comer, y no se trató de un solo día, las restricciones en la ciudad se extendieron por meses de modo que según lo publicado por el Dane (2021) el 36 por ciento de las personas que habitan en esta ciudad apenas come una o dos veces al día. Sería parcial atribuir la responsabilidad exclusivamente a las medidas de la alcaldía, sin considerar la responsabilidad del gobierno nacional, sin embargo, y según lo realizado por esta administración, se requería un compromiso mucho más decidido de la misma con aquellos para quienes las condiciones materiales han sido históricamente más frágiles y requerían medidas inmediatas para paliar la falta de ingresos, en perspectiva de los cuales las centrales obreras, muchos movimientos sociales, entre ellos el feminismo, una y otra vez demandaron una renta básica que habría protegido a estos sectores sociales.

La misma, como es conocido, es una herramienta de gobierno que parte de la premisa de que toda persona tiene una dignidad humana que debe ser protegida y garantizada, con independencia de las lógicas del trabajo y del mercado, es decir, que es una tarea del Estado en general, y en particular de los gobiernos, en cualquier nivel territorial. Sin embargo el clasismo de nuestro sistema político ha fijado el prejuicio según el cual aquella persona que recibe trasferencias monetarias es un parásito, dependiente y perezoso. Habría que anotar sin embargo, que una renta básica no es un sueldo, no es todo lo que requiere una persona para vivir sino, simplemente, una base que garantiza que no se va a padecer hambre, que va a poder pagar los servicios públicos y poco más. Simplemente garantiza que miles de personas tengan lo mínimo para su subsistencia. Pero, como con muchas otras medidas de protección del Estado, esta fue considerada por los economistas neoliberales como un gasto innecesario, que genera lógicas de dependencia e incluso, de perturbar la libre dinámica del mercado. Lo curioso es que se señala este aspecto y no la evasión de impuestos de los grandes capitales, las inyecciones de capital al sistema financiero e incluso las trasferencias monetarias que se hicieron a las grandes riquezas por parte del gobierno nacional.

La alcaldía de Bogotá en muchos espacios afirmó que había aprobado una renta básica, pero esta no llegó a todas las personas que lo requerían, con el monto que era necesario ni con la suficiente rapidez que se requería. Por otro lado, el Congreso de la República ni siquiera consideró seriamente esta propuesta de modo que la pobreza y la desigualdad que impactan de manera más violenta a las mujeres y jóvenes de los sectores populares, no fue enfrentada de manera consistente, de modo que hoy habitamos una ciudad con más pobres y mucho más desigual.

Migrantes

Un segundo tema en el que la alcaldesa López se alejó no sólo de postulados de la ética del cuidado, o de políticas feministas, es su tratamiento a la población migrante venezolana en Bogotá. Varios de sus pronunciamientos públicos reprodujeron posiciones abiertamente xenófobas que son aún más graves dada la autoridad que tiene en un contexto ya de por sí convulso, en tanto para una población agobiada por las necesidades, la incertidumbre, la inseguridad, lo más sencillo e inmediato es culpar de sus problemas y miedos al migrante, al pobre, al diferente.

Tal vez la situación más grave se presentó cuando la alcaldesa anunció la creación de un comando especial para combatir los delitos cometidos por población migrante, reproduciendo el prejuicio según el cual el clima de inseguridad en la ciudad podía ser atribuido a su presencia en la ciudad. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en este contexto que los “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”, ya que de manera arbitraria atribuyen la responsabilidad del incremento en los índices de violencia y criminalidad a personas que con mucha mayor frecuencia son víctimas del prejuicio y la exclusión.

La xenofobia y el racismo son inexcusables. Recibir y atender una ola migratoria es un reto para cualquier gobierno, la cual no se resuelve asumiendo posiciones racistas y xenófobas pero también aporofóbicas, en tanto seguramente migrantes de élite o con grandes capitales son recibidos sin ninguna distinción ni reparo. Las grandes mayorías, sin embargo, que pasan por una situación muy difícil por su pobreza, por tener niños y niñas pequeñas, porque muchas de ellas estaban en embarazo, las han perseguido, estigmatizado y violentado de innumerables maneras y, de hecho, no han recibido un mínimo de atención, albergues, por ejemplo, mucho menos oportunidades de trabajo para alcanzar un mínimo de dignidad.

Protesta social

El estallido social de la juventud colombiana que tomó impulso en noviembre de 2019, y de nuevo se activó en abril de 2021, fue fotografiado, grabado en video y trasmitido en directo y para muchos y muchas fue evidente cómo las autoridades colombianas dieron una respuesta militar a esa expresión política. Las juventudes de sectores populares, estudiantiles, de los grupos étnicos, entre otros, se tomaron las calles para exigir lo mínimo: educación, salud, oportunidades dignas de trabajo y garantías de buen vivir o bienestar y lo que recibieron en cambio fue fuerza letal por parte de la policía, del Esmad, de algunas unidades militares que fueron desplegadas en las ciudades e, incluso, de civiles armados que apuntaron sus armas contra quienes sólo se defendían con los precarios equipos acondicionados por la primera línea.

Esta dolorosa situación ha dejado personas con mutilación ocular, asesinados, víctimas de violencia sexual, desaparecidos/as, torturadas/os, y cada vez más personas enfrentando gravísimos cargos ante autoridades judiciales. Todo esto pasó ante nuestros ojos y está grabado, la juventud lo gritó en las calles y sin embargo la respuesta de la alcaldesa y su secretario de gobierno sólo ayudó a la estigmatización de la protesta social, su reacción fue incluso de instrumentalización de la grave situación con fines políticos, para atribuir culpas y señalar responsabilidades en sus adversarios, sin nunca respaldar a esa juventud que estaba siendo masacrada. Claudia López no señaló en su momento el carácter criminal de los asesinatos cometidos por el Esmad, no denunció las desapariciones, ni las detenciones arbitrarias, tampoco tuvo una voz de respaldo que pusiera en el debate público la legitimidad de los reclamos que se expresaban en la calle y en la plaza pública.

López olvidó que la protesta social es un mecanismo de participación política y que garantizarla forma parte de las bases de la democracia. Solamente meses después, y gracias a un informe validado por la ONU y consultores independientes, se presenta a la opinión pública para ofrecer disculpas por la masacre, pero cuando tuvo que enfrentar y tomar posición prefirió en algunas ocasiones el lado del represor, y en muchas otras el del silencio.


Desprotección a población transgénero

La injusticia social es un entramado de varios ejes de poder que ubican a algunas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ante lo cual el Estado debe tomar medidas mucho más allá de lo mínimo para ofrecerles garantías materiales de vida y de protección frente a la exclusión y la violencia.

Este es el caso de las mujeres transgénero que en su mayoría están condenadas a trabajos peligrosos o estigmatizantes, tanto que se estima que su expectativa de vida no supera los 35 años. Son asesinadas o mueren debido a la desigualdad que les impide gozar hasta de lo mínimo, como un techo, comida o incluso atención médica; es por ello que el caso de Alejandra Monocuco, mujer transgénero fallecida en mayo de 2020, en pleno confinamiento, es emblemático ya que murió ahogada sin recibir adecuada atención médica.

No es posible determinar qué habría pasado de haber sido atendida en condiciones adecuadas, sin embargo este es un grave caso de injusticia social que ni siquiera mereció una reacción inmediata por parte de la alcaldesa dado que Alejandra, como mujer del colectivo Lgbtiq+, merecía algo más que la omisión o la mudez que sólo se rompió luego de la ola de indignación que generó el caso. Lo problemático de esto es que al no tomar medidas para ofrecer garantías de vida dignas a las mujeres transgénero, situaciones de este tipo siguen ocurriendo con frecuencia. Con demasiada recurrencia se registran muertes que parecen no concitar la responsabilidad del Distrito, a pesar de contar desde hace años con una política pública específica para el colectivo Lgbtiq+, y de una política pública de mujeres y equidad de género.


Tratamiento a comunidades indígenas en el parque nacional

Finalmente, hay que señalar lo que ocurre en pleno centro de la capital, en el Parque Nacional, donde entre 800 y 1.000 indígenas han demandado durante meses la atención de los gobiernos nacional y distrital. Sus peticiones de nuevo son por lo básico: salud, educación y vivienda, condiciones mínimas que les han negado históricamente. En este grupo hay al menos 250 niños y niñas que duermen en cambuches de plástico y lonas negras bajo las copiosas lluvias y el frío bogotano.

De acuerdo a las fuentes de prensa consultadas, la mayoría proviene del departamento del Chocó y huyeron de enfrentamientos entre grupos armados. Estas personas han sido desplazadas de sus territorios por la violencia y la incapacidad del Estado para protegerles; han tomado la plaza como último recurso para hacerse visibles ante un país y un gobierno indolentes.

En este periodo de gobierno se han presentado otros actos similares, y aunque de otros lugares han salido sobre la base de negociaciones, parece primar la tendencia reactiva al desalojo. De nuevo la vía policiva se privilegia, por encima del diálogo o la concertación que es descartada cuando se dice frente a la opinión pública que es la terquedad de las comunidades indígenas la que impide la negociación. Estas personas no quieren ir a otro lugar mientras no logren ser escuchados y sus demandas tomadas en cuenta. Posiblemente esta lucha trasciende las posibilidades de un gobierno distrital, pero ofrecer un trato digno y de respeto es posible. Hoy la actitud de la Alcaldía parece ser de indiferencia y está muy lejos de un compromiso ético con el cuidado o con el feminismo.

Más que una declaración de agravios y errores, este escrito pretende generar reflexión entre las feministas ya que el feminismo más que un discurso es una práctica política con la enorme responsabilidad de concretar una política distinta. No por un esencialismo que endilgue bondad o buen hacer a las mujeres, sino porque nos hemos propuesto como tarea la erradicación de todas las formas de injusticia que afectan a las mujeres, sobre todo y con mayor razón a las desposeídas, a las marginadas, a las víctimas del racismo o del heterosexismo. Cada vez más se escucha en las movilizaciones que el feminismo será antiracista y anticapitalista o no será, y esta reflexión pretende que ese lema atraviese los análisis que hacemos y que nos lleve a exigir más a quienes tienen más responsabilidad, y este es el caso de la alcaldesa López.

* Fuente de los datos: Dane, Pobreza y condiciones de vida, Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 2020, publicado 29 de abril de 2021.

 

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Las contradicciones políticas del ‘centro’
Andrés Felipe Parra Ayala

Una falsa expectativa: campaña vs. realidad*
Equipo de Trabajo de la UN

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Publicado enColombia
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/el-programa-bogta-cuidadora-es-de-sensibilizacion-contra-el-covid-19

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

Cinco asuntos que han estado en la agenda política de la ciudad y que han sido objeto de decisión política por parte de la alcaldesa, y que desde mi punto de vista evidencian su profunda distancia con una postura feminista de gobierno, son el objeto del presente artículo: 1) el avance de la pobreza en la ciudad; 2) sus cuestionables posturas xenófobas hacia la población venezolana migrante; 3) sus reacciones ante el estallido social de la juventud bogotana; 4) su desatención de las mujeres transgénero y, 5) su tratamiento de las comunidades indígenas que actualmente ocupan el Parque Nacional.

Claudia López ganó la alcaldía de Bogotá y de inmediato se presentó como primera mujer alcaldesa de la capital, abiertamente lesbiana, de clase trabajadora e ideológica y políticamente de centro-izquierda (según sus declaraciones al diario El País, 3 de agosto de 2020). Estas características le valieron el apoyo, entre otros, de muchos colectivos y figuras feministas que la vieron como la posibilidad de que el máximo cargo de poder político en la ciudad fuera ejercido por una mujer con un proyecto afin. Esta elección generó esperanza dada la histórica exclusión de las mujeres de la toma de decisión política, pero además, porque Bogotá tiene una larga trayectoria de lucha feminista que ha posicionado las políticas de mujer y género como un asunto central en las agendas del gobierno distrital, de allí que, tener una alcaldesa fuera visto por muchas como un logro sobresaliente de este largo proceso de lucha.

Desde luego, gobernar no es fácil y menos una ciudad de más de siete millones de habitantes, que enfrenta viejos problemas de corrupción, segregación, desigualdad y marginación, y nuevos problemas, en particular la situación inédita de la pandemia causada por el covid-19, que enfrentó a todos los gobiernos del mundo a una crisis, sanitaria, social y económica sin precedentes. Sin embargo, quienes se postulan para gobernar asumen la responsabilidad de lidiar con lo viejo y con lo nuevo, y como muchos y muchas gobernantes alrededor del mundo la alcaldesa tomó decisiones que pusieron en cuestión al menos su compromiso con las mujeres, con los ideales de igualdad o con la justicia social en la ciudad.

Una fractura evidente, incluso, desde antes de la pandemia, cuando sus ideas políticas empezaron a cuestionar sus propios presupuestos de partida. Denominar, por ejemplo, su plan de desarrollo como un nuevo contrato social y ambiental del siglo XXI fue indicativo de que en realidad su proyecto político estaba profundamente permeado por ideas cuestionadas desde algunas teóricas feministas que han mostrado cómo la metáfora del contrato social oculta que en realidad los pactantes en este tipo de acuerdo son los sujetos investidos de poder y autoridad por el poder político y económico, marginando una vez más a quienes están desposeídas/os y que en realidad nunca han sido reconocidos como pactantes de pleno derecho.

Esto no es un asunto menor. En el infinito mundo de las metáforas políticas proponer de nuevo un contrato social implicó claudicar frente a las lógicas liberales y neoliberales más añejas, al tiempo que colocar sobre la mesa el hecho de que en realidad sus ideas se ubicaban mejor en el centro derecha.

Esos primeros actos de gobierno fueron sintomáticos de una serie de decisiones, posiciones y acciones que han marcado la acción de la gobernante y que deben ser revisados desde una perspectiva crítica ya que el feminismo como campo político debería permanecer en una posición autorreflexiva de modo que sus posturas políticas no caigan en las trampas que pueden llevar a respaldar una gobernante sólo por un asunto identitario casi esencialista sin tener en cuenta cómo un gobierno puede afectar de manera desproporcionada a mujeres de grupos sociales empobrecidos o marginados y a muchos otros colectivos cuyas necesidades, intereses y demandas hacen parte de las agendas feministas. Veámos:

Aumento de pobreza

En su Plan de Desarrollo la alcaldesa incluyó por primera vez un sistema general del cuidado, lo que representó una innovación en tanto reconoce que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres representa una de las expresiones más injustas del orden de género en tanto este trabajo no es reconocido como tal, concentra la mayor parte de su energía y tiempo y pasa desapercibido en las cuentas de la macroeconomía. En cierto sentido un estado que ofrece guarderías, albergues, centros de cuidado de adultos y adultas mayores, y otras infraestructuras de servicios sociales, está cumpliendo su parte en las labores del cuidado y por tanto descarga a las mujeres para que puedan realizar otro tipo de actividades.

En la práctica, sin embargo, la cuestión es más compleja en tanto este tipo de oferta institucional parece más que insuficiente en una ciudad que según el Dane (2021) en el 2020 tenía 3,35 millones de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria (16% de todo el país) y cuyo coeficiente de Gini pasó de 0,498 en 2017 a 0,559 en 2020, lo que quiere decir que Bogotá es la ciudad con mayor desigualdad en el país. Alcaldías como las de Luis Eduardo Garzón, Clara López y Gustavo Petro habían mostrado cómo una importante inversión social permitía obtener notables resultados, como la disminución de la brecha entre ricos y pobres, la disminución de la desnutrición infantil, infraestructura y cobertura en educación infantil, primaria y secundaria, además de un importante red de servicios sociales para llevar salud a los barrios, comedores comunitarios, guarderías y centros día de jóvenes y adultos y adultas mayores, unidades de desintoxicación para adicciones y centros de atención itinerantes para habitantes de calle. Todo esto representó mejoras importantes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pese a lo cual fue desmontado por el posterior gobierno de Enrique Peñalosa quien gobernó de acuerdo a las lógicas del capitalismo trasnacional y para su propio interés, como cuando entregó enormes obras de infraestructura con ventajas totales para los empresarios a costa del erario.

Desde luego, todas las medidas tomadas para controlar la pandemia afectaron de manera negativa sectores claves de la economía lo que se tradujo en desempleo y afectación de los ingresos de miles de hogares bogotanos. Para muchas familias no salir un día a la calle implica no tener recursos para comer, y no se trató de un solo día, las restricciones en la ciudad se extendieron por meses de modo que según lo publicado por el Dane (2021) el 36 por ciento de las personas que habitan en esta ciudad apenas come una o dos veces al día. Sería parcial atribuir la responsabilidad exclusivamente a las medidas de la alcaldía, sin considerar la responsabilidad del gobierno nacional, sin embargo, y según lo realizado por esta administración, se requería un compromiso mucho más decidido de la misma con aquellos para quienes las condiciones materiales han sido históricamente más frágiles y requerían medidas inmediatas para paliar la falta de ingresos, en perspectiva de los cuales las centrales obreras, muchos movimientos sociales, entre ellos el feminismo, una y otra vez demandaron una renta básica que habría protegido a estos sectores sociales.

La misma, como es conocido, es una herramienta de gobierno que parte de la premisa de que toda persona tiene una dignidad humana que debe ser protegida y garantizada, con independencia de las lógicas del trabajo y del mercado, es decir, que es una tarea del Estado en general, y en particular de los gobiernos, en cualquier nivel territorial. Sin embargo el clasismo de nuestro sistema político ha fijado el prejuicio según el cual aquella persona que recibe trasferencias monetarias es un parásito, dependiente y perezoso. Habría que anotar sin embargo, que una renta básica no es un sueldo, no es todo lo que requiere una persona para vivir sino, simplemente, una base que garantiza que no se va a padecer hambre, que va a poder pagar los servicios públicos y poco más. Simplemente garantiza que miles de personas tengan lo mínimo para su subsistencia. Pero, como con muchas otras medidas de protección del Estado, esta fue considerada por los economistas neoliberales como un gasto innecesario, que genera lógicas de dependencia e incluso, de perturbar la libre dinámica del mercado. Lo curioso es que se señala este aspecto y no la evasión de impuestos de los grandes capitales, las inyecciones de capital al sistema financiero e incluso las trasferencias monetarias que se hicieron a las grandes riquezas por parte del gobierno nacional.

La alcaldía de Bogotá en muchos espacios afirmó que había aprobado una renta básica, pero esta no llegó a todas las personas que lo requerían, con el monto que era necesario ni con la suficiente rapidez que se requería. Por otro lado, el Congreso de la República ni siquiera consideró seriamente esta propuesta de modo que la pobreza y la desigualdad que impactan de manera más violenta a las mujeres y jóvenes de los sectores populares, no fue enfrentada de manera consistente, de modo que hoy habitamos una ciudad con más pobres y mucho más desigual.

Migrantes

Un segundo tema en el que la alcaldesa López se alejó no sólo de postulados de la ética del cuidado, o de políticas feministas, es su tratamiento a la población migrante venezolana en Bogotá. Varios de sus pronunciamientos públicos reprodujeron posiciones abiertamente xenófobas que son aún más graves dada la autoridad que tiene en un contexto ya de por sí convulso, en tanto para una población agobiada por las necesidades, la incertidumbre, la inseguridad, lo más sencillo e inmediato es culpar de sus problemas y miedos al migrante, al pobre, al diferente.

Tal vez la situación más grave se presentó cuando la alcaldesa anunció la creación de un comando especial para combatir los delitos cometidos por población migrante, reproduciendo el prejuicio según el cual el clima de inseguridad en la ciudad podía ser atribuido a su presencia en la ciudad. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en este contexto que los “mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión”, ya que de manera arbitraria atribuyen la responsabilidad del incremento en los índices de violencia y criminalidad a personas que con mucha mayor frecuencia son víctimas del prejuicio y la exclusión.

La xenofobia y el racismo son inexcusables. Recibir y atender una ola migratoria es un reto para cualquier gobierno, la cual no se resuelve asumiendo posiciones racistas y xenófobas pero también aporofóbicas, en tanto seguramente migrantes de élite o con grandes capitales son recibidos sin ninguna distinción ni reparo. Las grandes mayorías, sin embargo, que pasan por una situación muy difícil por su pobreza, por tener niños y niñas pequeñas, porque muchas de ellas estaban en embarazo, las han perseguido, estigmatizado y violentado de innumerables maneras y, de hecho, no han recibido un mínimo de atención, albergues, por ejemplo, mucho menos oportunidades de trabajo para alcanzar un mínimo de dignidad.

Protesta social

El estallido social de la juventud colombiana que tomó impulso en noviembre de 2019, y de nuevo se activó en abril de 2021, fue fotografiado, grabado en video y trasmitido en directo y para muchos y muchas fue evidente cómo las autoridades colombianas dieron una respuesta militar a esa expresión política. Las juventudes de sectores populares, estudiantiles, de los grupos étnicos, entre otros, se tomaron las calles para exigir lo mínimo: educación, salud, oportunidades dignas de trabajo y garantías de buen vivir o bienestar y lo que recibieron en cambio fue fuerza letal por parte de la policía, del Esmad, de algunas unidades militares que fueron desplegadas en las ciudades e, incluso, de civiles armados que apuntaron sus armas contra quienes sólo se defendían con los precarios equipos acondicionados por la primera línea.

Esta dolorosa situación ha dejado personas con mutilación ocular, asesinados, víctimas de violencia sexual, desaparecidos/as, torturadas/os, y cada vez más personas enfrentando gravísimos cargos ante autoridades judiciales. Todo esto pasó ante nuestros ojos y está grabado, la juventud lo gritó en las calles y sin embargo la respuesta de la alcaldesa y su secretario de gobierno sólo ayudó a la estigmatización de la protesta social, su reacción fue incluso de instrumentalización de la grave situación con fines políticos, para atribuir culpas y señalar responsabilidades en sus adversarios, sin nunca respaldar a esa juventud que estaba siendo masacrada. Claudia López no señaló en su momento el carácter criminal de los asesinatos cometidos por el Esmad, no denunció las desapariciones, ni las detenciones arbitrarias, tampoco tuvo una voz de respaldo que pusiera en el debate público la legitimidad de los reclamos que se expresaban en la calle y en la plaza pública.

López olvidó que la protesta social es un mecanismo de participación política y que garantizarla forma parte de las bases de la democracia. Solamente meses después, y gracias a un informe validado por la ONU y consultores independientes, se presenta a la opinión pública para ofrecer disculpas por la masacre, pero cuando tuvo que enfrentar y tomar posición prefirió en algunas ocasiones el lado del represor, y en muchas otras el del silencio.


Desprotección a población transgénero

La injusticia social es un entramado de varios ejes de poder que ubican a algunas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ante lo cual el Estado debe tomar medidas mucho más allá de lo mínimo para ofrecerles garantías materiales de vida y de protección frente a la exclusión y la violencia.

Este es el caso de las mujeres transgénero que en su mayoría están condenadas a trabajos peligrosos o estigmatizantes, tanto que se estima que su expectativa de vida no supera los 35 años. Son asesinadas o mueren debido a la desigualdad que les impide gozar hasta de lo mínimo, como un techo, comida o incluso atención médica; es por ello que el caso de Alejandra Monocuco, mujer transgénero fallecida en mayo de 2020, en pleno confinamiento, es emblemático ya que murió ahogada sin recibir adecuada atención médica.

No es posible determinar qué habría pasado de haber sido atendida en condiciones adecuadas, sin embargo este es un grave caso de injusticia social que ni siquiera mereció una reacción inmediata por parte de la alcaldesa dado que Alejandra, como mujer del colectivo Lgbtiq+, merecía algo más que la omisión o la mudez que sólo se rompió luego de la ola de indignación que generó el caso. Lo problemático de esto es que al no tomar medidas para ofrecer garantías de vida dignas a las mujeres transgénero, situaciones de este tipo siguen ocurriendo con frecuencia. Con demasiada recurrencia se registran muertes que parecen no concitar la responsabilidad del Distrito, a pesar de contar desde hace años con una política pública específica para el colectivo Lgbtiq+, y de una política pública de mujeres y equidad de género.


Tratamiento a comunidades indígenas en el parque nacional

Finalmente, hay que señalar lo que ocurre en pleno centro de la capital, en el Parque Nacional, donde entre 800 y 1.000 indígenas han demandado durante meses la atención de los gobiernos nacional y distrital. Sus peticiones de nuevo son por lo básico: salud, educación y vivienda, condiciones mínimas que les han negado históricamente. En este grupo hay al menos 250 niños y niñas que duermen en cambuches de plástico y lonas negras bajo las copiosas lluvias y el frío bogotano.

De acuerdo a las fuentes de prensa consultadas, la mayoría proviene del departamento del Chocó y huyeron de enfrentamientos entre grupos armados. Estas personas han sido desplazadas de sus territorios por la violencia y la incapacidad del Estado para protegerles; han tomado la plaza como último recurso para hacerse visibles ante un país y un gobierno indolentes.

En este periodo de gobierno se han presentado otros actos similares, y aunque de otros lugares han salido sobre la base de negociaciones, parece primar la tendencia reactiva al desalojo. De nuevo la vía policiva se privilegia, por encima del diálogo o la concertación que es descartada cuando se dice frente a la opinión pública que es la terquedad de las comunidades indígenas la que impide la negociación. Estas personas no quieren ir a otro lugar mientras no logren ser escuchados y sus demandas tomadas en cuenta. Posiblemente esta lucha trasciende las posibilidades de un gobierno distrital, pero ofrecer un trato digno y de respeto es posible. Hoy la actitud de la Alcaldía parece ser de indiferencia y está muy lejos de un compromiso ético con el cuidado o con el feminismo.

Más que una declaración de agravios y errores, este escrito pretende generar reflexión entre las feministas ya que el feminismo más que un discurso es una práctica política con la enorme responsabilidad de concretar una política distinta. No por un esencialismo que endilgue bondad o buen hacer a las mujeres, sino porque nos hemos propuesto como tarea la erradicación de todas las formas de injusticia que afectan a las mujeres, sobre todo y con mayor razón a las desposeídas, a las marginadas, a las víctimas del racismo o del heterosexismo. Cada vez más se escucha en las movilizaciones que el feminismo será antiracista y anticapitalista o no será, y esta reflexión pretende que ese lema atraviese los análisis que hacemos y que nos lleve a exigir más a quienes tienen más responsabilidad, y este es el caso de la alcaldesa López.

* Fuente de los datos: Dane, Pobreza y condiciones de vida, Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 2020, publicado 29 de abril de 2021.

 

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Publicado enEdición Nº287
Sábado, 25 Diciembre 2021 07:06

MÁS LEÍDO 2021: 10 compromisos

MÁS LEÍDO 2021: 10 compromisos

Existen en la actualidad tres grandes iniciativas ciudadanas para transformar nuestra sociedad. La primera, derivada del Acuerdo de La Habana entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano. La segunda, presentada por la Misión de Sabios en noviembre del 2019. La tercera iniciativa está contenida en el pliego reivindicatorio presentado por los organizadores del paro del 21 de noviembre de 2019. Esas iniciativas pueden diferenciarse en 10 compromisos, resumidos en este artículo.

 

I. Cuidar el agua
La misión de sabios en su informe detalla acciones e instituciones que deben asumir la responsabilidad de planear, hacerle seguimiento y evaluación a las acciones y operaciones que implican cuidar el agua. Es posible afirmar que se trata de una síntesis de iniciativas elaboradas por una conciencia ecológica en consolidación en los últimos cincuenta años.

 

II. Defender los bosques
Intimamente ligado con el primero, está sintetizado en la necesidad de una reforma rural integral y un nuevo ordenamiento territorial.

 

III. Preservar la biodiversidad
La misión de sabios presentó un conjunto de iniciativas para garantizar esa preservación. Es significativo para este compromiso que el Papa Francisco haya establecido en la encíclica Laudato Sí, un vínculo entre los valores religiosos y la preservación de la biodiversidad del planeta Tierra al que llamó nuestra casa común.

 

IV. La salud humana
La comunidad médica logró una Ley Estatutaria donde la salud queda establecida como un derecho que el Estado debe garantizar. Esto significa cambios radicales en las políticas públicas dominantes hasta hoy.

 

V. La educación.
El derecho a la educación está establecido en la Constitución y la comunidad magisterial organizada en Fecode y su movimiento pedagógico han precisado cuáles son las condiciones adecuadas para la formación de la niñez, la infancia y la primera juventud. Hoy es un consenso que la formación universitaria es una condición universal de la experiencia adulta. Ahora se trata de transformar en política pública ese consenso.

 

VI. La renta básica
La experiencia de la pandemia ha permitido avanzar en el reconocimiento de una renta básica a toda persona que trabaje. Los recursos digitales ahora a la mano han permitido su implementación hoy todavía parcial.

 

VII.La vivienda digna
La experiencia de los Planes de Ordenamiento Territorial en todos los municipios, ha permitido precisar el sinsentido de familias sin acceso a una vivienda digna, servicios de agua, alcantarillado e internet adecuados.

 

VIII. Defensa de la paz
Superar la violencia en la sociedad tanto en sus especificidades locales como en las globales es hoy una posibilidad para el conjunto de la humanidad. Las culturas religiosas que giran todas alrededor del mandato “no matarás a tu prójimo” crean las condiciones afectivas para la realización de este derecho humano fundamental. Esta actividad implica dos compromisos afectivos:

 

IX. El cultivo de la amistad
Es consecuencia del anterior compromiso y tiene en la Encíclica del papa Francisco “Todos Hermanos” su síntesis expositiva.

 

X. El cultivo de la fraternidad
Este último compromiso clausura este decálogo y es la consecuencia del reconocimiento de la historia común de la familia humana con todas sus viscisitudes.

 

 

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Publicado enColombia
 Un joven en un centro comunal de salud mental de Perú. — UNICEF

La organización de las Naciones Unidas para la Infancia hace un llamamiento para invertir en la protección de la salud mental de los más jóvenes. En el mundo, denuncia, sólo se destina el 2% del presupuesto de salud en ellos.

 

El Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) ha exigido hoy a los gobiernos del mundo que incrementen los esfuerzos para proteger la salud mental de los más jóvenes. Denuncia que uno de cada siete adolescentes del mundo con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años (el 13%) padecen un trastorno mental diagnosticado y que el suicidio es ya la quinta causa de muerte entre este grupo de edad, al que recurren anualmente casi 46.000 jóvenes. Sin embargo, los gobiernos del mundo dedican de media a la salud mental tan sólo un 2% de sus presupuestos de salud. 

El problema no es nuevo, pero la pandemia por la covid lo ha exacerbado y profundizado y ha puesto en primera línea la necesidad de atender la salud mental. Así lo desvela el Informe Estado mundial de la Infancia 2021, titulado En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de los niños mi mente, hacho público por UNICEF en la madrugada de este martes a nivel mundial. Es la primera vez que el estudio más importante y extenso que realiza las Naciones Unidad sobre la infancia se dedica en exclusiva al problema de la salud mental como la depresión, la ansiedad y el resto de dolencias que aquejan tanto a los más jóvenes como a sus cuidadores. 

Las consecuencias de la pandemia tienen un gran alcance, pero son solo la punta del iceberg. Incluso antes de la pandemia ya había demasiados niños y niñas abrumados por el peso de una serie de problemas de salud mental a los que no se había prestado atención. Los gobiernos están invirtiendo muy poco para atender estas necesidades esenciales. No se está dando suficiente importancia a la relación entre la salud mental y las consecuencias que se producen más adelante en la vida", afirma la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Se trata de un iceberg que se ha estado pasando por algo durante demasiado tiempo y a menos que se tomen medidas seguirá generando resultados desastrosos para los niños y las sociedades mucho después de que la pandemia haya terminado, resalta el informe.

Según el estudio, la ansiedad y la depresión representan alrededor del 40% de estos trastornos de salud mental diagnosticados. Los demás incluyen el trastorno por déficit de atención/hiperactividad, el trastorno de la conducta, la discapacidad intelectual, el trastorno bipolar, los trastornos alimentarios, el autismo, la esquizofrenia y un grupo de trastornos de la personalidad.

Desigualdades y recursos escasos

Si bien se trata de un problema global y que la escasez de recursos es generalizada, la investigación hace hincapié en las grandes desigualdades que existen a lo largo y ancho del planeta. En algunos de los países más pobres del mundo, los gobiernos destinan menos de dos céntimos al año por persona al tratamiento de la salud mental. Pero incluso en aquellos de ingresos medianos altos, el gasto anual es inferior a 3 dólares por persona. "Todas estas cifras son demasiado exiguas para tratar las enfermedades de salud mental de los niños, los adolescentes y los cuidadores, especialmente en el caso de quienes se enfrentan a problemas más graves de salud mental", afirma.

El informe también resalta la falta de medios y especialistas par tratar los problemas de salud mental. El número de psiquiatras especializados en el tratamiento de niños y adolescentes es inferior al 0,1 por 100.000 en todos los países, excepto en los de ingresos altos, donde la cifra era de 5,5 por 100.000.

Pero si el coste sobre la vida humana es incalculable, el que económico que supone no dedicar esfuerzos  es muy alto, el coste económico por no prestar atención a la salud mental también importante. Según el estudio, el coste económico que pagamos por este descuido es alto: alrededor de 340.200 millones de dólares al año, según los cálculos que realizaron para este informe David McDaid y Sara Evans-Lacko, del Departamento de Políticas de Salud de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. "Se trata de una pérdida de 340.200 millones de dólares en potencial humano que podría destinarse a las economías de los países". 

Salud mental y pandemia

La pandemia se ha cobrado un alto precio. Según los primeros resultados de una encuesta internacional realizada por UNICEF y Gallup entre niños y adultos de 21 países  y cuyos datos adelanta el estudio de UICEF, una media de uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años encuestados afirmó que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en realizar algún tipo de actividad.

En España, los resultados de la encuesta desvelan que el 58,3% de los jóvenes de entre 15 y 24 años reconocen sentirse preocupados, nerviosos o ansiosos "a menudo" y el 36,1% "a veces". Además, el 11,5% de dichos jóvenes asegura que están deprimidos o tienen poco interés en hacer cosas "a menudo" y el 68,2% "a veces".

En vista de estos datos, el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha pedido que "se apruebe cuanto antes la Estrategia de Salud Mental, y que tenga muy en cuenta a la infancia. "Es necesario que se cree un grupo permanente de infancia y salud mental que concrete la implementación de esa estrategia abordando las principales cuestiones que afectan a la salud
mental y el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes. Además, deben aumentar los recursos especializados y los canales a través de los cuales puedan ser escuchados", ha añadido.

A nivel global UNICEF a los gobiernos romper el silencio que rodea a los problemas de salud mental, afrontando el estigma, promoviendo una mejor comprensión de la salud mental y tomando en serio las experiencias de los niños, las niñas y los jóvenes.

También exige que realicen una inversión urgente en la salud mental de los niños y adolescentes "en todos los sectores, no sólo en el de la salud". Aboga por llevar a cabo intervenciones que han demostrado su eficacia en ámbitos como la salud, la educación y la protección social, entre ellas los programas de crianza y los programas integrales en la escuela. Y pide que las sociedades rompan el silencio que rodea a la salud mental, aborden el estigma, promuevan la comprensión y se tomen en serio las experiencias de los niños y los jóvenes.

"La salud mental forma una parte integral de la salud física; no podemos permitirnos seguir considerándola de otra manera", ha afirmado Henrietta Fore. Y añadió que "hemos observado que, durante demasiado tiempo, tanto en los países ricos como en los pobres, no se han hecho los esfuerzos suficientes para comprender esta cuestión e invertir en ella, a pesar de que desempeña un papel fundamental para el potencial de todos los niños. Esto tiene que cambiar".

05/10/2021 07:23

 

Publicado enSociedad
Las mujeres son las qué más carga de cuidados soportan durante la pandemia. — Reuters

Sin redes de apoyo familiar y social, con empleos más precarios y una enorme carga de cuidados a sus espaldas, las mujeres han visto cómo la pandemia las hace retroceder varios pasos en el ya lento camino hacia una igualdad real.

 

Un año después de iniciarse la crisis provocada por el coronavirus, el relato mayoritario de las mujeres es demoledor. Durante las últimas semanas, Público ha recopilado los testimonios de decenas de mujeres que han narrado en primera persona cómo están viviendo la pandemia y qué efectos está teniendo esta crisis sobre sus vidas. Son testimonios individuales pero que conforman un relato común y casi único: estamos extenuadas, estresadas, con sentimientos de culpa por no llegar a todo o llegar mal, con días interminables para poder cumplir con la doble jornada y con un gran sentimiento de soledad.

Tal y como resaltan diversas expertas consultadas, todos los estudios han alertado sobre la sobrecarga de trabajo no remunerado que ha supuesto esta pandemia para las mujeres, "y muy especialmente para aquellas con empleos e hijos e hijas pequeños con el consecuente impacto en la salud mental y emocional", explica Alba Crusellas, politóloga y socióloga y experta en igualdad.

En los momentos más duros de la pandemia, con los colegios y otros centros de actividades cerrados y la falta de redes de apoyo como las abuelas y otras personas cercanas, "muchas madres han tenido que hacer verdaderos malabares para responder satisfactoriamente a las demandas propias de sus empleos, de la enseñanza a distancia de sus hijos e hijas y de las tareas domésticas y de cuidados. Todo ello con el peso del sentimiento de culpa que impone convenientemente el patriarcado cuando no están disponibles al 100% a los requerimientos de la familia (esa imagen de 'malas madres')", añade Crusellas.

"Las mujeres entramos en esta crisis como lo hemos hecho en otras, con grandes desigualdades, y vamos a salir de ella aún peor, con más trabajo productivo y reproductivo [el que sostiene la vida] y con una gran carga de culpa", afirma Empar Aguado, investigadora social y profesora en el departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València. "La pandemia y el confinamiento nos devolvió una imagen amplificada de lo que ya estaba ocurriendo antes" en cuanto a las falta de corresponsabilidad, una mayor carga de los cuidados y la precariedad laboral, afirma este experta, que en el mes de abril inició un estudio sobre las consecuencias del confinamiento en las mujeres con hijos y cuyos efectos, afirma, se han intensificado y profundizado a lo largo de los últimos meses.

Los comentarios de estas expertas son corroborados con cifras publicadas por distintas instituciones. Los últimos datos sobre desempleo hechos públicos por el Ministerio de Trabajo reflejaban que el 70% de las personas que habían perdido su empleo en el mes de febrero eran mujeres y tal como denuncia el sindicato UGT ellas ostentan también más del 74% de los contratos a tiempo parcial.

Un reciente informe elaborado por la firma de consultoría Boston Consulting Group (BCG) afirma que las mujeres dedican el doble de tiempo (unas 27 horas semanales) que antes de la pandemia a trabajos no remunerados como las tareas domésticas y las relacionadas con la educación de los hijos. La repercusión en el ámbito profesional supone que el 30% de las madres europeas aseguran que su capacidad de desempeño en el trabajo ha descendido con la pandemia, porcentaje que en España alcanza el 37%. Además, un 38% de las mujeres no tiene un espacio privado en el que trabajar, el 28% asegura que es interrumpida constantemente, y el 40% no se siente segura sobre su empleo. Unos porcentajes que son 10 puntos inferiores en el caso de sus compañeros varones. Según una directiva de la compañía, estas cifras indican que con la pandemia se podrían haber "perdido 20 años en la carrera por cerrar la brecha de género" en el ámbito laboral.

Un dictamen que corroboran decenas de mujeres consultadas por Público durante las últimas semanas.

Emilia, una asesora de comunicación de 52 años, explicaba a este diario que aunque ella y su pareja tienen trabajos con una alta demanda de tiempo y concentración, durante el confinamiento él dispuso de un lugar aislado para trabajar y ella se quedó en el salón, donde era mucho más "interrumpible". Esta misma situación la cuentan Ana, una periodista que estableció su lugar de trabajo en la barra de la cocina, y Verónica, analista de datos, que tuvo que convertir el salón en su oficina y compartirlo con sus hijos, mientras su marido disponía de una habitación para él solo "porque tenía muchas reuniones".

"Lo que estamos viendo es que en muchísimas ocasiones ellas son las facilitadoras del tiempo de trabajo de sus parejas. Y no es que se conformen, es mucho más complicado que eso. La pandemia y el confinamiento nos posibilitó ver de forma amplificada lo que ya se estaba dando antes. Si los vínculos afectivos de los hijos se estaban dando mayoritariamente con las madres cuidadoras, tu puedes sacar una hoja de excel y sentarte con tu pareja a repartir hora a hora las tareas de las que se va a encargar cada uno. Pero esto es muy difícil de llevarlo a cabo en una casa de 80 metros, con una criatura de seis años. Aquí aparecía de forma muy clara el sentimiento de culpa", puntualiza Aguado.

Esta experta explica que cuando se nos cayeron todas las redes de apoyo (la escuela, la persona que ayuda en casa, los abuelos cuidadores…), lo que quedó al descubierto fue lo lejos que estamos de tener prácticas corresponsables y se vio claramente la necesidad de cambiar de cultura. "Las mujeres necesitamos leyes y políticas públicas hacedoras de tiempo, porque somos nosotras las que estamos gestionando los cuidados". Cuando al inicio de la pandemia se cerró la escuela y se dificultó la posibilidad de externalizar el trabajo doméstico del hogar, lo que se puso de manifiesto fue la tremenda desigualdad de roles, incluso en aquellas parejas que se denominaban "igualitarias".


Otra de las realidades que dejó patente el estudio realizado por la Universitat de València y que aún está por publicar, es que a ellos se les da muy bien jugar con sus hijos. Entre la mujeres encuestadas en la muestra, muchas afirmaban que si se dividían el cuidado de los hijos a lo largo del día, el rato que les tocaba a ellas atendían las tareas escolares, ponían lavadoras o hacían la comida en ese espacio, pero que a ellos en general sólo les daba tiempo a jugar. "Lo que dejó patente esta pandemia es que nosotras somos realmente las titulares de los cuidados y que ellos están sentados en el banquillo como suplentes", afirma Aguado.

De vuelta a casa

Tal como explica la socióloga Rosa Cobo, las mujeres salimos del espacio privado/doméstico al mercado laboral y al ámbito público a partir de los años sesenta, un proceso que ha ido creciendo a lo largo de las últimas décadas. "Y, de pronto, la pandemia nos devuelve a casa. Y no nos devuelve en la misma situación que a los varones: a nosotras nos devuelve a las tareas domésticas. Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la debilidad de la conciliación y de la corresponsabilidad. Creo que esta pandemia ha sido un golpe irreparable a la corresponsabilidad y ha mostrado que el trabajo doméstico y de cuidados es una tarea de las mujeres", abunda esta profesora de Sociología en la Universidad de A Coruña.

Esta experta afirma que, paradójicamente, la pandemia está reforzando el papel de las mujeres como cuidadoras y como trabajadoras domésticas gratuitas. "Esta dedicación y entrega a las tareas domésticas y de cuidados suscita un malestar en las mujeres que no es nuevo. Es el malestar que no tiene nombre del que hablaba Betty Friedan".

Para la socióloga Ángeles Briñón, este malestar colectivo y la falta de corresponsabilidad real dentro de las familias debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas y hay que cuidar de que éstas no vayan en contra de los derechos de las mujeres. Y critica que tras un año de pandemia "todas esas teorías que hablaban de trabajar por la corresponsabilidad y poner la vida y los cuidados en el centro no se han reflejado aún en una política que haya paliado la situación de muchas mujeres".

Lo mismo opina Crusellas, quien afirma que  "si no integramos eficazmente la perspectiva de género en todos y cada uno de los proyectos de recuperación, nos vamos a encontrar con actuaciones que van a tener un impacto negativo en la igualdad de género y en las vidas de las mujeres, quienes no se van a ver beneficiadas por igual". Por eso, explica, "el sector público debe asegurar que la recuperación contribuya a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad entre mujeres y hombres y no a reproducirlos o agravarlos".

Para Crusellas, se sigue dando una visión estereotipada de la maternidad que coloca a las mujeres como principales responsables del mantenimiento del hogar y afirma que existe una falta de corresponsabilidad de los hombres, pero también del Estado. "Recordemos que, más allá de la posibilidad de reducir la jornada laboral con la correspondiente pérdida salarial, las administraciones públicas no han dado alternativas. Esta medida tiene, además, efectos muy negativos en términos de igualdad de género, ya que, en su inmensa mayoría, se acogen mujeres, transfiriéndoles por tanto el coste de la pandemia y reproduciendo los roles tradicionales de género: vuelta a los hogares y dependencia económica de las mujeres".

"Lo único que puede hacer que las mujeres salgan de la desigualdad es tener a su lado políticas publicas que construyan tiempos para ellas, porque desde la corresponsabilidad no se está obteniendo. Y también es importante no sólo lograr esto en la corresponsabilidad familiar. Deberíamos de hablar también de la corresponsabilidad empresarial o corporativa y de la corresponsabilidad pública", argumenta Aguado. 

"El confinamiento fue un laboratorio magnífico para indicarnos y confirmarnos lo que ya sabíamos: que las mujeres, para poder librarnos de esta doble carga necesitamos tener políticas públicas que construyan nuestros tiempos. Y esto es algo que sigue vigente y no ha pasado un año después. Hay que incorporarlo a la agenda pública", concluye Aguado.

madrid

07/03/2021 22:48

Actualizado: 08/03/2021 09:07

Marisa Kohan@kohanm

Publicado enSociedad
Martes, 26 Enero 2021 15:44

10 compromisos

10 compromisos

Existen en la actualidad tres grandes iniciativas ciudadanas para transformar nuestra sociedad. La primera, derivada del Acuerdo de La Habana entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano. La segunda, presentada por la Misión de Sabios en noviembre del 2019. La tercera iniciativa está contenida en el pliego reivindicatorio presentado por los organizadores del paro del 21 de noviembre de 2019. Esas iniciativas pueden diferenciarse en 10 compromisos, resumidos en este artículo.

 

I. Cuidar el agua
La misión de sabios en su informe detalla acciones e instituciones que deben asumir la responsabilidad de planear, hacerle seguimiento y evaluación a las acciones y operaciones que implican cuidar el agua. Es posible afirmar que se trata de una síntesis de iniciativas elaboradas por una conciencia ecológica en consolidación en los últimos cincuenta años.

 

II. Defender los bosques
Intimamente ligado con el primero, está sintetizado en la necesidad de una reforma rural integral y un nuevo ordenamiento territorial.

 

III. Preservar la biodiversidad
La misión de sabios presentó un conjunto de iniciativas para garantizar esa preservación. Es significativo para este compromiso que el Papa Francisco haya establecido en la encíclica Laudato Sí, un vínculo entre los valores religiosos y la preservación de la biodiversidad del planeta Tierra al que llamó nuestra casa común.

 

IV. La salud humana
La comunidad médica logró una Ley Estatutaria donde la salud queda establecida como un derecho que el Estado debe garantizar. Esto significa cambios radicales en las políticas públicas dominantes hasta hoy.

 

V. La educación.
El derecho a la educación está establecido en la Constitución y la comunidad magisterial organizada en Fecode y su movimiento pedagógico han precisado cuáles son las condiciones adecuadas para la formación de la niñez, la infancia y la primera juventud. Hoy es un consenso que la formación universitaria es una condición universal de la experiencia adulta. Ahora se trata de transformar en política pública ese consenso.

 

VI. La renta básica
La experiencia de la pandemia ha permitido avanzar en el reconocimiento de una renta básica a toda persona que trabaje. Los recursos digitales ahora a la mano han permitido su implementación hoy todavía parcial.

 

VII.La vivienda digna
La experiencia de los Planes de Ordenamiento Territorial en todos los municipios, ha permitido precisar el sinsentido de familias sin acceso a una vivienda digna, servicios de agua, alcantarillado e internet adecuados.

 

VIII. Defensa de la paz
Superar la violencia en la sociedad tanto en sus especificidades locales como en las globales es hoy una posibilidad para el conjunto de la humanidad. Las culturas religiosas que giran todas alrededor del mandato “no matarás a tu prójimo” crean las condiciones afectivas para la realización de este derecho humano fundamental. Esta actividad implica dos compromisos afectivos:

 

IX. El cultivo de la amistad
Es consecuencia del anterior compromiso y tiene en la Encíclica del papa Francisco “Todos Hermanos” su síntesis expositiva.

 

X. El cultivo de la fraternidad
Este último compromiso clausura este decálogo y es la consecuencia del reconocimiento de la historia común de la familia humana con todas sus viscisitudes.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
La crisis de los cuidados en forma de coronavirus

La nueva crisis se llama “coronavirus”. Dos de sus consecuencias relevantes están siendo el aumento de la violencia machista y la puesta de relieve –más si cabe– de la trascendencia de los cuidados y de la urgencia de una rearticulación sistémica de los mismos, más allá de la explotación y el esclavismo heteropatriarcal racista y capitalista. Por poner un par de ejemplos, tres mujeres han sido asesinadas en nuestra pequeña nación, EuskalHerria, en una semana, en la que se puso en marcha el confinamiento de la población, o cuatro hombres han sido detenidos por agredir a mujeres en Navarra, mi comunidad, el primer fin de semana de confinamiento.

Pero desde la insularidad y atomización del aislamiento la lucha, la organización y la resistencia siguen. Vídeos, carteles y protestas ruidosas y nocturnas en forma de caceroladas desde balcones y ventanas se suceden a modo de denuncia de la violencia machista y racista. Una de las reivindicaciones principales del movimiento feminista, dentro y fuera de EuskalHerria, es la necesidad de poner la vida en el centro, cuestión en la que se entrelazan, tanto la violencia machista, como la necesidad de una revalorización y redistribución de los cuidados. La solidaridad colectiva franquea los muros del aislamiento social y crearedes de cuidadoen pueblos y barrios,paracombatirasí la intensificación de la precarización vital y asistencial.

En el Estado español (división geográfico-administrativa a la que actualmente pertenece la mayor parte de EuskalHerria, la otra parte pertenece al Estado Francés), existe una sistema público de salud, en teoría universal y gratuito, que si bien en buena parte privatizado y maltrecho por los recortes capitalistas, implica una cobertura sanitaria para la ciudadanía general. Esto significa que la gente que vive en la calle, la que no llega al salario mínimo, la que no tiene seguro médico ni seguro privado, las migrantes sin papeles, etc. serán, en teoría, atendidas.

Aun con todo, esta estructura social que paliará y amortiguará los efectos del coronavirus dejará fuera muchos cuerpos –en situación especialmentevulnerable se encuentranlas personas confinadas en cárceles y en los Cies (Centro de Internamiento de Extranjeros)–y muchas demandas, y no opacará la urgente necesidad de poner la vida, mucho más allá de la vida hegemónica, en el centro. El coronavirus no hace sino poner de relieve una crisis sistémica de los cuidados, la profunda y planificada inercia neoliberal capitalista de invisibilización, feminización, racialización, infravaloración y pauperización de los cuidados. Las recesiones económicas teledirigidas y los colapsos ecológicos no cesarán si no otorgamos a los cuidados el valor central que tienen como sostenedores y reproductores de vida,y articulamos nuestras sociedades en torno a ellos de manera justa y equitativa.

Publicado enSociedad
Así es la normativa de bienestar animal más avanzada del mundo

La región de Valonia, en Bélgica, ha aprobado una amplia ley de protección y defensa animal que incluye la videovigilancia en mataderos, la prohibición de los circos y las jaulas para gallinas o límites a su uso en la experimentación científica.

El Parlamento de la región de Valonia, en Bélgica, aprobó el pasado 3 de octubre el Código de Bienestar Animal, una amplísima ley de protección y defensa animal que se ha ganado la reputación de ser una de las más avanzadas del mundo. En 12 capítulos y 109 artículos, la nueva normativa (la anterior databa de 1986) acepta a los animales —no sólo los domésticos— como "seres sensibles con necesidades específicas según su naturaleza" y desarrolla avanzados derechos para los mismos en la tenencia, explotación, comercialización, matanza o experimentación científica.


Además, la ley valona contempla sanciones sin precedentes para el maltrato animal, con penas de entre 10 y 15 años de cárcel y multas de hasta 10 millones de euros para los delitos más graves. Incluso para los casos que no terminan en un proceso judicial, la administración de la región puede imponer una multa administrativa de entre 50.000 y 100.000 euros. En España, el delito de maltrato animal —que fue reformado y endurecido en 2015— contempla penas máximas de 18 meses de prisión.


Licencia para poseer animales


Quizás una de las novedades más destacadas es la que impone un permiso o licencia para la tenencia de animales. La norma permite que cualquier ciudadano disponga de un permiso automáticamente y sin necesidad de un proceso formal, pero la administración o los tribunales podrán retirárselo si lo consideran conveniente. Será también obligatorio el registro de todos los perros y gatos, por el que se realizará un pago que será destinado a un fondo contra el abandono y el maltrato, que recibirán los refugios y protectoras. La comercialización con animales no registrados estará prohibida, así como su venta o regalo a menores.


Videovigilancia en los mataderos


Como ya se legisló en Inglaterra, en Valonia todos los mataderos deberán contar con videovigilancia para verificar que en las instalaciones se respetan las normas de bienestar animal. Además, todos los animales deberán ser sacrificados con anestesia o aturdimiento previo, a excepción de las actividades de caza y pesca, control de plagas, fuerza mayor o controles de población para la conservación de la naturaleza. Para el sacrificio de animales conforme a ritos religiosos como el halal o el kosher —que requieren que el animal esté vivo— también será necesario el aturdimiento, aunque este podrá ser reversible y no podrá suponer la muerte del animal.


Límites a la experimentación con animales


Los animales destinados a experimentación científica también están contemplados dentro de la nueva norma. Se prohíbe la experimentación con animales salvo las destinadas a la investigación para la salud humana y animal. Aún así, sólo se permitirán los experimentos que formen parte de un proyecto autorizado por una comisión ética. Además, se creará un comité específico para la protección de los animales destinados a experimentación.


Prohibidos los circos y las gallinas enjauladas


El código regula y prohíbe toda una serie de actividades hasta entonces permitidas. Por ejemplo, los circos no podrán usar ningún animal no doméstico en sus funciones y se prohíbe la instalación de jaulas para la crianza de gallinas ponedoras. Pero tampoco estarán permitidas las peleas organizadas, las prácticas de tiro con aves, las atracciones como los caballitos de feria, cegar a las aves cantoras para mejorar sus habilidades vocales, recoger pelos o plumas de animales vivos, teñir o colorear a un animal, excitar o provocar su ferocidad, imponerles una sobrecarga de trabajo que exceda su capacidad natural, regalar animales como parte de un premio o donación y enviarlos por correo, entre otras

.
El transporte de animales, regulado


La norma prohíbe la retención de algunos animales, entre los que se incluyen los cetáceos. Además, también se regula el transporte de animales, que no podrá exceder las 8 horas de duración y deberá hacerse en unas condiciones que eviten el sufrimiento de los mismos.

 

31/10/2018 10:00 Actualizado: 31/10/2018 10:00
LUCÍA VILLA
@Luchiva

 

 

Publicado enSociedad
Miércoles, 29 Agosto 2018 07:46

"Si hay pelito no hay delito"

"Si hay pelito no hay delito"

La sabiduría de los dichos no contrarresta otras presiones sociales. Sexólogos identifican que desde los años 80 se ha ido configurando una visión de la feminidad que supone depilación parcial o total de las zonas genitales, tendencia que se ha ido extendiendo a los hombres.

No falta quienes argumentan que es un asunto de higiene, sin embargo, nada menos higiénico que quitar las barreras naturales que nos protegen. El contacto genital piel a piel de dos personas depiladas aumenta, significativamente, los riesgos de enfermedades transmisibles sexualmente. Los dermatólogos señalan riesgos de hongos, bacterias y otras afecciones de la piel. El vello púbico, como los otros en el cuerpo, cumple una importante función de protección.

La rasurada, provoca micro fisuras, aumenta el riesgo de pelos encarnados, que conlleva a la formación de quistes, sin hablar de las bacterias que pueden entrar más fácilmente al organismo. Si las consecuencias son evidentes en el caso del vello púbico, lo son en el caso de cualquier depilación, ya que siempre es traumático para la piel.

En las axilas solemos usar desodorante o peor antitranspirantes que contienen materiales cancerígenos, en estos casos las personas que se las depilan favorecen el ingreso del aluminio y otros componentes, poco amigables, a una parte muy sensible del cuerpo.

Habría mucho que decir sobre la construcción de los imaginarios sociales y sexuales y el vello. Muchas personas no pueden soportar la idea de una mujer peluda, porque se ve como un hombre. Otros no disfrutan el sexo oral porque les da asco. Sin embargo, ese asco está basado en una concepción errónea de la higiene. Es más higiénico tener pelito que andar pelado, abierto a cualquier tipo de infección y regándolos por ahí.

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