Domingo, 16 Septiembre 2018 06:14

Necesitamos un nuevo contrato social

Necesitamos un nuevo contrato social

El pacto socioeconómico alcanzado tras la II Guerra Mundial en Occidente se ha roto. La democracia depende de su refundación
 

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.


El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.


El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.


Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.


El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.


Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.


Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare State: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.


Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).
Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.


Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.


El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio¬económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.
Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).


El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.

 

Por Joaquín Estefanía
15 SEP 2018 - 17:24 COT

Publicado enSociedad
Viernes, 14 Septiembre 2018 09:35

Democracia, ¿con miedo al pueblo?

Miguel Ángel Echeverría

Pasadas las elecciones del 26 de agosto, cuando por primera vez en 27 años de vigencia de la renovada Constitución el país realiza una consulta popular de carácter nacional con un tema de  evidente rechazo ciudadano, resulta oportuno aguzar la mirada sobre los mecanismos de participación ciudadana previstos en los artículos 103 a 106 de la Carta del 91, como son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, y la revocatoria del mandato. Todos, formas de democracia directa en cabeza de la ciudadanía que clama por una mayor participación pero, sin encontrar en ellos mecanismos eficaces y expeditos para hacer sentir su voluntad. 


La comunidad internacional se preguntará qué pasa en Colombia, país donde realizan un plebiscito por la paz y gana el No a los Acuerdos de Paz, y en una Consulta anticorrupción no vota al menos una tercera parte del total de los electores, requisito para qué sea vinculante la decisión del pueblo. Por qué el desdén frente al robo de los recursos públicos y al valor de este certamen democrático.


Todo indica que, con un Estado excluyente y una profunda desigualdad social, con una clase política que mercadeó y envileció su labor, con la criminalización de la acción social alternativa y la despolitización propiciada desde las altas esferas, no es extraño que aún estemos lejos de una sociedad, con primacía de la democracia formal sobre la participativa y, por lo tanto, sin una sociedad movilizada por la defensa de lo suyo.


Es así como, si reparamos en otra parte de nuestra realidad que también aporta a erigir obstáculos que reducen o dificultan la eficacia de estos mecanismos de participación, debemos reconocer que en ellos, y a su alrededor prima por parte de la ciudadanía: falta de conocimiento y apropiación; desmotivación por lo engorroso de hacer realidad estos mecanismos participativos; ausencia de una capacitación seria –no partidista– para ahondar en todos y cada de ellos; la manipulación en que caen las campañas, bien en una consulta, como acabamos de experimentar, bien en un referendo, como sucedió con el impulsado por el derecho al agua como derecho fundamental, o como ha sucedido con las consultas mineras donde también sus principales voceros quedan convertidos en blanco de paramilitares y similares.


Entonces, con unos mecanismos de supuesta participación, ligados a un umbral del 100 por ciento del censo electoral, es tarea más que quijotesca lograr triunfo alguno, lo que convierte la democracia participativa en un simple eufemismo.


De esta manera, entre los muchos retos abiertos por esta realidad está la de reformar precisamente el umbral, ligándolo al censo real e histórico de las votaciones más altas a nivel nacional o la circunscripción dónde se haga –departamento o municipio. No podemos olvidar que la abstención en nuestro país siempre ronda el 50 o más del porcentaje de posibles votantes. Es una realidad tal que si se exigiera lo mismo para elecciones de Congreso u otras Corporaciones nunca habría elegidos, o tocaría implementar el voto obligatorio. 


Todo esto nos permite concluir que la reglamentación de los mecanismos de participación, en vez de propiciarlos los bloqueó, al convertirlos en procesos demasiado engorrosos, costosos y no fiables para los ciudadanos, como aconteció con la revocatoria de Peñalosa dónde se desconoció por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduria este derecho, con argucias jurídicas con fines políticos; o como ha sucedido con iniciativas legislativas populares, como el Estatuto del Trabajo, presentado al Congreso por firmas debidamente reconocidas y certificadas de miles de trabajadores y no tramitados o archivados. 


Pese a ello, con la consulta anticorrupción el país avanza algunos pasos hacia un cambio en sus formas políticas, sembrando confianza, como dicen popularmente, que “cuando se quiere se puede”, a pesar de no contar con financiación alguna, ni con transporte financiado, ni con algunas de esas formas que más parecen delictivas –corruptas– que ofrecen descuentos en el trámite del pasaporte, de la libreta militar, de la cédula, reducción en la matrícula en la universidad pública, reducción de un mes en la prestación del servicio militar, medio día compensatorio cuando se trata de un empleado del Estado. En fin, como dijo el poeta, “se hace camino al andar” y en Colombia ya estamos enrutados.

* Abogado, defensor de Derechos Humanos.

Domingo, 02 Septiembre 2018 10:37

Lo que debemos enfrentar

Lo que debemos enfrentar

La inteligencia artificial, tan poco estudiada en las universidades latinoamericanas y tan poco desarrollada en nuestro continente, podría tanto causar un terrible desastre social como, por el contrario, hacer posible el sueño de Fourier de unas pocas horas de trabajo para la reproducción y casi todo el día para otros trabajos voluntarios y creativos o, simplemente, para el descanso y el disfrute de la naturaleza.

Hoy ya hay robots que sustituyen a las cajeras de los supermercados, a los soldadores especializados, a los pintores de brocha gorda, albañiles y hasta a los cirujanos, pero con el desarrollo de la inteligencia artificial, millones de robots especializados y multiusos podrían remplazar a una enorme cantidad de trabajadores manuales o de empleados y funcionarios, arrojándolos a la desocupación. La pesadilla de Jack London en El Talón de Hierro podría concretarse y hacia su realización tienden los esfuerzos del capitalismo.

Para eso está acabando con todas las leyes de protección social, rebajando brutalmente el nivel de ingreso y destruyendo sistemáticamente poblaciones enteras de los países dependientes, que son minadas por el hambre y las enfermedades, pauperizadas y disgregadas por el despojo agrícola o minero, diezmadas por las guerras y las migraciones de los más jóvenes, audaces y emprendedores que empobrece a las comunidades.Para el capitalismo "sobran" miles de millones de personas, cuyas necesidades sociales y derechos (agua, aire limpio, servicios esenciales, vivienda digna) considera "gastos" (cuando son inversiones productivas dadas gratis a los patrones para que puedan explotar trabajadores rendidores y en buenas condiciones).

Una mejor condición de vida de la mayoría de la población eleva las expectativas de vida; eso es intolerable para el capitalismo, ya que los ancianos son también "sobrantes", "improductivos", "una carga social". Reducir la masa salarial, los servicios sociales y también el tiempo no productivo, aumentando el trabajo infantil y acelerando la muerte de los ancianos, es un objetivo del capital. El ideal del mismo es sustituir a trabajadores vivos por capital muerto (como los robots) que en poquísimo tiempo amortiza con su trabajo el costo de su producción y deja un margen de ganancia infinitamente mayor, además de no pensar ni hacer huelgas.

La alternativa a estos planes siniestros consiste en utilizar la nueva tecnología y desarrollar la inteligencia artificial, pero para reducir el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la familia obrera y para la amortización y renovación de las instalaciones y maquinarias, hay que distribuir la masa de trabajo entre los desocupados actuales, de modo de trabajar menos trabajando todos. Para eso hay que expropiar al capitalismo, cortando así de raíz las emigraciones en busca de trabajo y la delincuencia causada por la miseria y el atraso.

Hace 100 años se trabajaba en la industria 12 horas diarias y en los campos de sol a sol. La conquista de las ocho horas y de las leyes sociales fue un paso enorme hacia la civilización. Hoy es ya posible trabajar dos horas y dedicar todo el tiempo libre a cultivarse y a reconstituir el ambiente gravemente dañado por el capitalismo en apenas un siglo y medio. Pero, insistimos, para eso hay que acabar con los hambreadores, envenenadores y destructores de la naturaleza.

El capitalismo también siembra egoísmos nacionalistas y localistas y el odio "al de afuera" para mejor aplastar a todos y hace creer a los imbéciles que lo poco que aún tienen es amenazado por otros explotados de color, nacionalidad o lengua diferentes. A esa intoxicación ideológica es necesario contraponerle la solidaridad, la unión comunitaria y la conciencia de que, o nos salvamos todos unidos del peligro que nos amenaza o la barbarie tecnificada nos aplastará.

Los oprimidos comparten hoy, en su inmensa mayoría, los valores y la ideología de sus opresores, pero en algunos sectores subsisten restos de comunitarismo, de pensamiento colectivo, de solidaridad en lo que es posible apoyarse y que la lucha desarrollará porque sólo en el combate se aprende a ver las cosas y se cambian las ideas.

La tecnología y los conocimientos no son patrimonio exclusivo de los patrones; son meros instrumentos, como un martillo, que puede ser útil como herramienta o criminal como arma, según quién y para qué lo utilice. Con la masiva proletarización de vastas capas de científicos y técnicos especializados desplazados por la inteligencia artificial y los golpes que recibirán las universidades, mejorarán las condiciones para estrechar la alianza entre el trabajo manual y el intelectual que permitirá poner al servicio de las humanidad las técnicas que hoy sirven para su control y destrucción.

No hay gobiernos capitalistas buenos, sólo hay algunos menos peores, pero todos defienden la explotación del trabajo y aportan así a la construcción de un mundo inhumano sostenido por la represión y por la ignorancia. No hay salvadores providenciales y sólo los oprimidos pueden salvarse a sí mismos. La autorganización de los trabajadores y su independencia política frente a los partidos e instituciones de los explotadores, la creación a partir de asambleas de consejos de gobierno locales que registren cuáles son las necesidades urgentes y organicen cómo empezar a satisfacerlas de inmediato y directamente, la autonomía y la autogestión generalizadas, son las condiciones básicas para superar el desastre y al capitalismo mismo y para abrir el camino a un sistema en el que quienes trabajan sean dueños de su propio destino y discutan, resuelvan y apliquen las soluciones democráticamente elaboradas por ellos mismos.

Publicado enPolítica
Eliminan comisión contra la corrupción en Guatemala

Guatemala. El presidente Jimmy Morales anunció este viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en la nación centroamericana, incluida una contra el mandatario por delitos electorales.

"El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas preocupaciones que el Estado tenía sobre el actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes que violaron nuestras leyes induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad", expresó Morales.

"Estos señalamientos, hechos por la vía diplomática de primera mano, conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente sembrando el terror judicial en Guatemala", agregó.

Rodeado por miembros del ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y la cancillería, Morales dijo en conferencia de prensa que notificó por medio de una carta su decisión a la ONU para iniciar la transferencia de las capacidades de la CICIG a las instituciones guatemaltecas.

Minutos antes del sorpresivo anuncio, vehículos militares que fueron donados por Estados Unidos para el combate al narcotráfico y el contrabando fueron desplegados frente a la sede de la CICIG, situación que algunos consideraron un acto de intimidación.

Por la noche se informó que la Fiscalía General guatemalteca investiga la presencia de dichos vehículos castrenses.

Matías Ponce, vocero de CICIG, manifestó que el comisionado Iván Velásquez se encontraba bien y agradeció el apoyo de la población. Agregó que 12 vehículos oficiales estaban frente al edificio sede de la comisión.

Esta es la segunda ocasión que Morales intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esa comisión y la entonces fiscal Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido.

En aquel entonces Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.

La CICIG fue creada en 2006, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unida para investigar señalamientos que han involucrado a empresarios, funcionarios y ex funcionarios del gobierno.

El anuncio de Morales coincide con el vencimiento de la visa de los funcionarios internacionales de la CICIG, Velásquez incluido.

El presidente enfrenta actualmente un tercer pedido de retiro de inmunidad para ser investigado por delitos electorales.

La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última solicitud el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente "se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015".

En ese año Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional y es sospechoso de recibir más de un millón de dólares de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, esos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral.

Esta semana el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad.

Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.

Publicado enInternacional
Sábado, 01 Septiembre 2018 14:57

La Justicia decide la candidatura de Lula

La Justicia decide la candidatura de Lula

El tribunal electoral, en una reunión de emergencia, analizaba anoche el voto del relator del caso, quien votó en contra de la habilitación del ex presidente y propuso darle diez días al PT para que elija otro candidato.

El juez Luis Roberto Barroso, relator del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil en el caso de la inscripción de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, votó que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) que encabeza las encuestas no podrá participar en las presidenciales, cuya primera vuelta se dirime el 7 de octubre. En su voto, Barroso le dio diez días al PT para elegir un nuevo candidato y le prohibió hacer propaganda a favor de Lula durante el periodo electoral en radio y televisión de tres horas diarias que empezó ayer. El tribunal se reunió ayer después de que el PT presentara el jueves un escrito de 200 páginas rebatiendo las 16 impugnaciones que había recibido Lula por haber sido condenado en segunda instancia en un caso de presunta corrupción. Según una ley brasilera llamada “ficha limpia” los condenados con sentencia firme no pueden participar en las elecciones. Sin embargo la defensa de Lula había basado su apelación en un dictamen de la comisión de Derechos Humanos de la ONU el 17 de agosto pasado, la cual señalaba que el ex ppresidente brasileño había sido condenado por razones políticas, sin pruebas claras, y ordenaba al estado brasileño a habilitar su candidatura. La cancillería brasileña contestó con un comunicado diciendo que solo justicia brasileña podía decidir la viabilidad legal de la candidatura impugnada, pese a que destacados juristas dentro y fuera de Brasil opinaron que el dictamen de la ONU era vinculante.

La decisión final estará en manos de los siete miembros del TSE y dependerá de que se forme una mayoría simple para que la candidatura sea aceptada o rechazada. Según los sondeos, Lula tiene cerca de un 40 por ciento de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con en torno al 20 por ciento de las preferencias. En el caso de que Lula no pueda participar, Bolsonaro lidera con una tasa de apoyo también cercana al 20 por ciento, seguido por la ecologista Marina Silva, con 16, y el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes con un 9 por ciento.

Si finalmente el TSE se inclinase por vetar la candidatura del ex mandatario, éste será sustituido por el exalcalde de San Pablo y exministro de Educación, Fernando Haddad, quien integra la fórmula del PT como candidato a vicepresidente. Ayer Haddad informó que cualquiera sea el resultado de la votación del tribunal electoral, el PT no tomará decisión alguna hasta que él se reuna con Lula la semana que viene en la cárcel de Curitiba. “Además de ser vice de Lula, soy su abogado para fines de registro. Yo estaré con él el próximo lunes y voy a darle a conocer el resultado del TSE y allí vamos a discutir qué hacer”, dijo en una rueda de prensa para periodistas en Fortaleza, estado de Ceará.

Asimismo, Haddad criticó la decisión de la justicia electoral de votar en tiempo récord el registro de la candidatura de Lula. Para él, el TSE saltó una etapa del proceso, ya que no respetó los plazos para que las alegaciones finales de la defensa de Lula fueran realizadas. “Yo quería manifestar desolación con la Justicia porque considero que perjudicaron el derecho de defensa del presidente Lula a presentar las alegaciones finales. Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir a su presidente. No estamos hablando de nada, estamos hablando de un elemento de la democracia atropellado sobre todo tras la manifestación de la ONU”, subrayó.

Anteayer once juristas y abogados internacionales le pedieron a Brasilia que respete la resolución de la ONU sobre los derechos políticos de Lula. El pedido se formuló en una carta firmada, entre otras personalidades del derecho, el exjuez español Baltasar Garzón, y dirigida al presidente brasileño, Michel Temer, al canciller Aloysio Nunes, al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once miembros del Supremo Tribunal Federal.

En el documento, los juristas y abogados firmantes señalan que esa decisión da crédito a todos los que han expresado “serias dudas” sobre la imparcialidad del proceso que dio origen a la condena de Lula y, “por tanto, a la propia legalidad y legitimidad de las consecuencias resultantes de las próximas elecciones”, previstas para el 7 de octubre. En la carta también se declara que Brasil, “una de la grandes naciones democráticas del mundo”, no puede incumplir sus obligaciones internacionales ignorando las decisiones del Comité de la ONU.


 

El PT apelará el fallo que le impide ser candidato
 

"Lula está por encima de la persecución"

"Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil". De esta manera, el Partido de los Trabajadores ratificó su intención de luchar para que Luiz Inacio Lula Da Silva pueda ser candidato presidencial, tras el fallo judicial adverso, que anuló la candidatura del dos veces mandatario de Brasil.

En un comunicado, el PT aseguró que el veto del Tribunal Superior Electoral es “arbitrario” y “político” y que se basa en “una mentira”, al tiempo que anunció que "continuará luchando por todos los medios" para conseguir que se avale la candidatura de Lula, preso desde el 7 de abril en la cárcel de Curitiba. Allí purga una condena a doce años de prisión por una causa derivada del escándalo Lava Jato. 

Para el partido, el fallo es una muestra de “violencia practicada” que muestra a Brasil a los ojos del mundo como un país que "que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer una persecución política". Además, el PT indicó que “es una casación política, basada en la mentira y el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura" militar, indicó.

Anoche el Tribunal decidió por seis votos contra uno que Lula no puede ser candidato en las elecciones del próximo 7 de octubre, en las que es señalado como gran favorito por las encuestras, con cerca de un 40 por ciento de intención de voto. Para los jueces, Lula está sujeto a una ley que prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia.

Pese al revés, que el PT tachó de “injusto”, aun quedan instancias de apelación en el Tribunal Superior de Justicia y en la Corte Suprema. De hecho, hay recursos en trámite ante ambas cortes. El PT considera que el veto electoral no puede darse ya que la ley dice que la inelegibilidad se puede suspender mientras hay recursos a analizar.

Lula fue registrado como candidato el 15 de agosto, junto al ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, como candidato a vice. Si Lula, finalmente, no pudiese ser candidato, Haddad tomaría la posta.

La conducción del PT también citó en su defensa la decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió garantías para que el ex presidente pueda competir aun mientras esté en prisión. "El TSE no tiene autoridad para negar lo que dice un tratado internacional que Brasil firmó soberanamente", dijo al respecto Gleissi Hofffmann, titular del PT.

En su fallo, el Tribunal Superior Electoral no solamente deja a Lula fuera de la carrera presidencial: también impide su presencia en la propaganda electoral, tanto radial como televisiva en la campaña que se inició de manera formal este sábado. No obstante, el PT ya utilizó la imagen del antiguo dirigente sindical en un video publicado en las redes sociales.

"Vamos a defender a Lula en las calles, junto con el pueblo, porque él es el candidato de la esperanza",  aseguró el partido en el comunicado, dado que “la candidatura del compañero Lula es la respuesta del pueblo brasileño a los poderosos que usurparon el poder”. Para sus seguidores, “está por encima de las casuísticas, de las maniobras judiciales, de la persecución de los poderosos. Es con el pueblo y con Lula que vamos a luchar hasta el fin”. El texto se cierra con la consigna “’¡Lula libre!".

Publicado enPolítica
Domingo, 26 Agosto 2018 10:22

Lo válido del zapatismo

Lo válido del zapatismo

El punto fuerte del zapatismo y su aporte siempre actual es la práctica y la defensa de la autonomía de las comunidades y de la autogestión de los pueblos indígenas. Esa es la base de su amplia influencia en México e incluso internacional a finales de los años 90 y de la persistencia de su apoyo en un sector de la población chiapaneca y en algunos grupos urbanos, mientras otros fueron rechazados por la arrogancia, el autoritarismo y el sectarismo de sus caudillos-portavoces.

El zapatismo, sin embargo, es más precapitalista que anticapitalista porque defiende los intereses de los pueblos indígenas y la autogestión y autonomía de los mismos, pero no tiene como finalidad primordial la autogestión social generalizada, las autonomías de las comunas no indígenas, la democracia real y para los trabajadores y oprimidos de todo el país y del mundo ni va más allá de exigir algunas leyes indigenistas, pues quiere "un mundo donde quepan muchos mundos", o sea un capitalismo democrático conviviente con organizaciones no capitalistas lo cual equivale a querer jaguares vegetarianos.

El capitalismo es un sistema mundial, no regional. Se basa en la explotación del trabajo ajeno. Debe ser ayudado a morir, pues no es posible reformarlo. Es justo luchar para que los indígenas tengan igual dignidad e iguales derechos que los mestizos, pero no hay que olvidar que también éstos están sometidos, oprimidos y aplastados por un sistema que debe ser abatido por indígenas, negros, blancos, asiáticos y mestizos de todo el mundo, porque la riqueza creciente de pocos se basa en la creciente pobreza en el otro polo y en un sistema explotador no puede haber democracia.

Durante milenios las enormes diferencias de información, cultura y conocimientos que existían entre los "especialistas" (filósofos, matemáticos, sacerdotes o grandes guerreros) y todos los demás, dieron origen a castas y clases que en algunos casos, como en Atenas, eran democráticas para unos pocos iguales, pero se basaban en la esclavitud. La democracia griega, la de las ciudades-repúblicas en el Renacimiento italiano y la de la República nacida de la revolución francesa no eran gobiernos del demos, el pueblo, sino de quienes hablaban en nombre de éste, al que dejaban sin voz, aunque a veces decían interpretar.

Para la monarquía, la soberanía correspondía al rey por derecho divino. Para los liberales, los conservadores o los marxistas dogmáticos de la socialdemocracia o del estalinismo pertenece supuestamente al pueblo, pero, para ellos, éste no puede ejercerla de modo directo porque no está preparado. Por eso tratan de perpetuar la delegación de poderes y son centralistas y adoradores de las instituciones estatales, que son sus escudos frente a la plebe.

Los burgueses "progresistas" utilizan el Estado en nombre de la democracia y del pueblo como si fuera un bien propio y con él se defienden de sus adversarios nacionales o extranjeros y de todo intento de democratización radical, demovilización plebeya. Algunos, como García Linera, en su afán por construir un capitalismo-andino moderno, imitan el centralismo jacobino, pisotean las autonomías y aborrecen la autogestión social.

El capitalismo actual –que ha conducido a la especie humana al borde del peligro de extinción y se suicidará si sigue destruyendo las bases naturales y sociales de la civilización– ha abierto, sin embargo, la posibilidad de un salida positiva de esta crisis de agonía del sistema.

En efecto, los actuales medios de comunicación y de información permiten eliminar por completo el analfabetismo y, gracias a una vasta capa de técnicos y científicos proletarizados, elevar enormemente el nivel de la cultura general de modo tal que cualquiera pueda intervenir y decidir en la dirección de los problemas que ahora se tratan en las asambleas legislativas y otras instituciones mediadoras en favor del capital. Al mismo tiempo, el nivel actual de la producción y las nuevas tecnologías permitiría en poco tiempo una distribución equitativa de alimentos y riquezas y una drástica reducción de los horarios de trabajo a dos o tres horas diarias, dejando así tiempo para reconstruir el planeta.

La barbarie de linchamientos de delincuentes o de matanzas de terratenientes y opresores es fruto del odio mortal a las injusticias, de la sensación de impotencia política y de la ignorancia y podría ser controlada por las comunidades libres mismas, mientras ejercen la democracia directa, discutiendo y decidiendo todos los problemas en asambleas y nombrando representantes revocables para cada asunto que requiera especialización, como hacía la Comuna de París en 1871.

Por primera vez en la historia existen las bases materiales y culturales para la democracia directa de modo que todos sean al mismo tiempo, dirigentes y aplicadores de políticas decididas colectivamente. El obstáculo para que ese sueño se convierta en realidad es el capitalismo, que está hundiéndonos cada día más en la barbarie y nos conduce a un inmenso desastre.

Marx definía el socialismo diciendo que sería una federación de libres comunas asociadas. Unafederación de comunas libres y de individuos libres y asociados, no de súbditos dispersos de un poder central burgués. La democracia directa es posible a condición de acabar con este sistema.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enSociedad
Viernes, 17 Agosto 2018 07:10

Cómo se fabrica un Presidente

Verona, escultura.

El retorno de Uribe, dicen muchos. Pero la cuestión no es tan simple. Un renovado juego de alianzas, para desgracia del pueblo colombiano, se impuso, de nuevo, en el ejercicio del poder político electoral. Examinarlo es indispensable para definir las alternativas del futuro.

 

Desde el principio intentó lucir diferente, tal vez por una pizca de orgullo personal, o porque, en Colombia resulta más cómodo y, sobre todo rentable, ubicarse en el centro. Una pretensión inútil, sin embargo. No había más que decir: era simplemente “el que había dicho Uribe” y bastaba examinar el talante de quienes lo exhibían en la feria electoral. Marta Lucía, José Obdulio, Ordóñez, Vivian y la bancada de congresistas acaudillados por Paloma. Pero fue después de la primera vuelta de las presidenciales, una vez eliminado su principal contendor en el imaginario derechista, Germán Vargas Lleras –el preferido del establecimiento– cuando comenzó, en forma definitiva, la operación maquillaje. Sólo que ahora ya no era en su favor sino en interés de los verdaderos protagonistas sociales. En favor del status quo.


El salón de la belleza política


A la operación contribuyeron varias presiones que fueron conformando un clima de opinión. De una parte, la satanización de la presunta polarización. “Ninguno de los extremos representa una opción de unidad, que es lo que necesita Colombia”, insistía Fajardo; actitud falsamente neutral que se intentó materializar con el voto en blanco. En el mismo sentido pero con una salida “optimista” se pronunciaba El Tiempo: “Esta tendencia a alejarse de los radicalismos ha sido oportunamente leída por Iván Duque y Gustavo Petro quienes en las últimas tres semanas, especialmente, se han esforzado por moderar posiciones extremas y mostrarse, en buena hora, más cercanos al centro […]” (1). Salida que hacía más creíble la “conversión” de Duque. En realidad el que contaba era este último ya que el argumento del desplazamiento al centro nunca se aplicó de manera simétrica: a Petro, por definición, no se le podía creer así lo jurara una y otra vez. De todas maneras, en el colmo del optimismo, para algunos especialistas en pensar con el deseo ya daba lo mismo cualquiera de los dos: “Si es Duque, deberá traicionar a quienes quieren bloquear la implementación del acuerdo de paz y abrir el gobierno a la concertación popular, para liderar un cambio social que se volvió inatajable […]” (2).


Este aspecto, el de la independencia frente a su mentor, ha sido, desde luego, el más difícil de vender; aunque sólo fuera por el hecho de que Uribe no permitiría otro “traidor”…. A menos que la “independencia” fuera pactada. Para algunos podría ser sencillamente un resultado de la multiplicación de acreedores políticos que vino después de la primera vuelta, con el apoyo en masa de todos los partidos políticos del status quo. Lo cierto es que se había vuelto una necesidad para el conjunto de la burguesía, y así se intentó demostrarlo, contra toda evidencia. Otro columnista del mismo periódico, declarado antiuribista, hizo explícito un artilugio que ya se había hecho popular en ciertos círculos de opinión. En realidad –se argumenta– los polos son Uribe y Petro, de modo que Duque vendría a quedar en el centro. Y lo repite casi como un acto de fé. “¡Y yo le creo! Le creo porque lo conozco y conocí a su padre. El pasado familiar de Duque es impecable y su vida lo ha sido también. No veo a Duque siendo el títere de Uribe […]” (3).


Es posible que el recurso desesperado de proclamar “es de los nuestros” no haya sido del todo convincente, pero sí obraba como una notificación a los oídos del propio beneficiario. ¡No es que sea independiente sino que debe serlo! En la cúspide del poder la cuestión estaba clara: dado que Vargas Lleras definitivamente no pudo recuperarse, había que expropiarle el candidato al incómodo Uribe. Ya se sabe que la gran burguesía, aunque muy bien se aprovechó del trabajo sucio de este último, no estaba dispuesta a entregarle otra vez el país a la rufianesca fracción narco terrateniente; opinión seguramente compartida en Washington después de cumplida la cruzada anticomunista. Pero la realidad electoral obligaba a hacer algunos ajustes. El disgusto tampoco era tan grande, ni las contradicciones tan irreconciliables como para no hacer concesiones. Uribe, por su parte, prefería asegurarse por varios años más, al riesgo de jugar al todo o nada.


El nuevo look de Duque iba encaminado sobre todo a proporcionar tranquilidad a los electores que iban a tomar una decisión que antes les resultaba incómoda. Tal era el propósito, en general, de toda la cantinela de los centristas “formadores de opinión” quienes, en el fondo, no suelen ser tan centristas (el mismo Zuleta lo declaraba con toda franqueza: “Le tengo más susto a Petro que a Uribe”). Y lo lograron. Una rápida aritmética con datos preliminares nos indica que los 10,373,000 votos por Duque, representan un incremento de 2,76 millones de votos sobre la primera vuelta. Ahí, lógicamente se encuentran los 1,4 millones de votos de Vargas Lleras y hasta los 200.000 de De la Calle; sin embargo, como el voto en blanco apenas superó los 800.000, quiere decir que, por lo menos, 1,1 millón de votos vinieron de los fajardistas.


El segundo objetivo de la operación de maquillaje era más fácil. Vender una imagen de candidato renovador y refrescante. Muy fácil en un país en donde se cree que ser joven equivale a tener ideas jóvenes. Un candidato risueño y bailarín al que le gusta el fútbol y las “redes sociales”. Se proyectó entonces la idea de “nuestro” Macron, o “nuestro” Trudeau. Esto significaba, por supuesto, meter en el armario las consignas más conservadoras, así como las propuestas económicas e institucionales más controvertibles. Y así se ajustaron las nuevas “ideas fuerza” de su campaña: educación, ciencia y tecnología, respeto al medio ambiente y lucha contra la corrupción; salud y erradicación de la pobreza. Parecería que se robaba las consignas de sus oponentes, lo cual es relativamente fácil pues en el nivel de las generalidades todo el mundo queda bien –téngase en cuenta que sólo a Petro los periodistas le exigían el “cómo”: múltiples precisiones y hasta cifras.


En cierto modo se trataba de una disputa por el mismo electorado de Fajardo y de Petro que, según todo parece indicar, estaba conformado, en parte, por jóvenes universitarios (estudiantes y un buen número de los profesores). Claro está que ellos no debieron aportar más de tres millones de votos. Para darnos una idea, observemos que, según el Ministerio de Educación, los matriculadors en el 2016 suman 2.394.434 de estudiantes. Incluidos los docentes, solamente pasamos de dos millones y medio de posibles votantes. Los jóvenes, por supuesto, son muchos más (4). Se estima que hoy en día más de 8 millones de personas estarían entre 20 y 30 años.


Por supuesto, la influencia de las ideas llamadas juveniles, en vista de que confieren cierto prestigio, se extiende a muchos otros grupos de edad. Entre estas ideas se encuentran precisamente las evocadas en las mencionadas consignas, en especial aquella confianza iluminista en el poder redentor y progresista de la educación. La proyección de Duque como un “joven” le proporcionaba además otro atractivo, ese sí gratuito y contra toda evidencia: como tal joven, lo más lógico es que procediera a renovar las “costumbres políticas” y por tanto ¡a erradicar la corrupción!


El espinoso asunto de la paz


En este grupo de población –que podemos identificar mejor como jóvenes escolarizados de clase media urbana–, un asunto resultaba ser el más delicado del debate electoral: la paz, y más concretamente los “acuerdos de paz”. Y cabe referirse a este grupo porque en los demás sectores parecía haber, de manera nítida, una definición ya tomada. Es decir, en la relación candidato-paz. Sobra recordar el éxito de la campaña uribista alrededor de que el costo de la paz no podía ser la impunidad para los de las Farc. Pues bien, en Colombia ha tomado fuerza, de un tiempo para acá, un movimiento similar al conocido a principios de los años sesenta en los Estados Unidos, como expresión de fatiga con la guerra (para ellos la de Viet Nam): paz y amor eran sus divisas. No puede calificarse de subcultura como aquel, pues carece de símbolos novedosos, ropas distintivas y música propia, pero sí se trata de una poderosa fuerza motivacional materializada en nuestra sociedad. Varios son los determinantes: la repugnancia y el terror frente al ejercicio cotidiano y despiadado de la violencia –en la mayoría de los casos relacionada con la criminalidad y el narcotráfico–; pero también, como aporte de otros grupos de edad, la fatiga y el arrepentimiento de una generación (o sus sobrevivientes) que creyó en la posibilidad de una guerra revolucionaria. Se trata, pues, de un fenómeno juvenil que viene desarrollando un discurso sobre la violencia, con un diagnóstico centrado en la intolerancia y que ve la alternativa en la inclusión y la reconciliación.


Para Duque, a pesar de todo, se había convertido en una rémora aquella fanfarronada de “hacer trizas los acuerdos” con la que los medios terminaron identificando al Centro Democrático. Un inconveniente en la campaña electoral, claro está. A la burguesía, en su conjunto, en realidad, no le preocupa la hostilidad contra el Acuerdo de Paz. Es más, a través de Santos, supo muy bien aprovecharse, durante la negociación, de la algarabía de esta fracción política detestable y anacrónica, para que le ayudara a equilibrar el resultado, limitando las aspiraciones de las Farc. Pero además, sabe muy bien que el interés de Uribe no se orienta, en guarda de la “sacrosanta justicia”, a evitar la impunidad sino, por el contrario, de manera más pedestre, a asegurarse la suya. El “presidente eterno” se siente en un riesgo cada vez mayor. En síntesis, a la burguesía no le llama la atención “hacer trizas los acuerdos” pero tampoco va a defender a las Farc. (Santos lo entendió muy bien: en la “implementación”, con su apoyo o sin él, los Acuerdos viven una constante desnaturalización). En el mismo sentido, es claro que la burguesía no va a atacar a Uribe pero tampoco va a defenderlo. Siente que basta con manejarlo durante otro cuatrienio, hasta su hundimiento o su eclipse que es lo mismo.


Es por eso que Duque pudo repetir hasta el cansancio que no iba a “hacer trizas el Acuerdo”, que bastaba con hacerle algunos “ajustes”. Por supuesto; da lo mismo. Es obvio que un acuerdo bilateral no puede ser modificado unilateralmente. El que una de las partes lo modifique significa dejar de reconocer lo establecido por la otra y por tanto equivale a burlarse de lo firmado. Es eso realizado bajo la presidencia de Santos. En esa línea de continuidad Duque tiene muy claras sus tareas en relación con el Acuerdo. Todo gira alrededor de los “ajustes” a la JEP. Poco a poco, militares, paramilitares, parapolíticos, y “terceros”, recibirán beneficios, y nunca se tomarán en cuenta los grandes y poderosos responsables de los crímenes de guerra y de la utilización de la violencia para el logro de sus intereses particulares. En cuanto a los diálogos con el Eln, ya ha dejado claro que su estrategia consiste en colocar unas nuevas condiciones para el mismo, condiciones absolutamente inadmisibles para la insurgencia; el único desafío, en el plano de la política y los medios de comunicación, se referirá a quién va a asumir el costo político de levantarse de la mesa.


El futuro de la paz, sin embargo, no reside, como parecen creerlo muchos colombianos, en los acuerdos con las insurgencias. La violencia, en realidad, no ha cesado. Porque ha sido un vehículo, principalmente, como lo comprueba nuestra historia, para eliminar las resistencias sociales y políticas frente a diferentes proyectos económicos y forzar reordenamientos territoriales. También aquí lo que puede preverse es la continuidad. Duque, es apenas un pequeño actor dentro del conjunto de fuerzas que suelen poner en práctica la violencia, y aunque en su propaganda haya sugerido lo contrario, no va a hacer nada para impedirlo. Su silencio es lo mínimo que se espera. Y es a lo que han aspirado muchos ilusionados. No obstante, existe ya un panorama preocupante que combina diversos rasgos: asesinatos selectivos e impunes de líderes sociales, amenazas por parte de supuestos grupos criminales, hostigamiento jurídico y mediático, judicialización de líderes sociales “sospechosos” o abiertamente acusados. Se ha conformado ya un marco político y jurídico, impulsado, entre otros, por la fiscalía. Obviamente el triunfo de Duque puede, en sí mismo, entenderse como un mandato claro y una garantía de impunidad; falta ver si el nuevo gobierno, además, va a jugar un papel activo y protagónico en este sentido. Este es, pues, el verdadero mentís a la prometida paz. Y es la principal prueba que tendrá que afrontar el movimiento juvenil.


La batalla del status quo


Más allá de las apariencias, el verdadero eje del proyecto maquillado es la continuidad; una continuidad de veinticinco años, o más. Fue por eso que, ante la opinión pública, el nudo del debate terminó siendo únicamente el riesgo del “cambio”. Tenemos unas instituciones democráticas y no podemos arruinarlas, se dijo. Lo primero que se exorcizó fue, en consecuencia, el fantasma de la “asamblea constituyente” que en ambos lados se había mencionado. Duque sencillamente lo olvidó y Petro improvisó un pobre argumento: ¡con un Congreso renovado ya no será necesaria! Pero sobre todo, continuaba la cantinela: tenemos una brillante tradición de política económica prudente que ha mantenido el respeto a “los fundamentales macroeconómicos” –o sea el neoliberalismo– y es algo que no podemos poner en riesgo. Salta entonces la liebre: ¡el peligro del “populismo”! Un engendro satánico que en todo el mundo se identifica con re-estatización y gasto público social. Y, en vocabulario de moda, con el Castro-Chavismo.


Con esta operación quedaba perfilado el “extremo”. Quienes proponen cambios azuzan la polarización. Duque entonces es el centro y el que mejor puede propiciar la concordia y la reconciliación. Ahí cayó en la red buena parte del fajardismo. Y lo que es peor, se convirtió en la condición chantaje que puso la parte restante de éste. Antonio Navarro, después de anunciar que Petro era el cambio, alcara, sin titubeo alguno: “[…] nosotros le hemos puesto una condición: no ande demasiado rápido, no de saltos al vacío […] el cambio se necesita pero hay que darlo paso a paso […]” (5). Y culmina con algo que también aparecía en las tablas de la ley que Antanas le hizo firmar al candidato de la Colombia Humana: ”respete la propiedad privada...”!!! Como quien dice, Petro ya iba quedando ajustado al gusto de la burguesía, para el caso de que sucediera lo menos probable: que ganara.


Desde luego, el designado por las alturas del poder era Duque. La continuidad neoliberal es la prenda de garantía. Las tareas encomendadas son bien conocidas, a algunas les llaman reformas pero significan más bien una profundización del modelo o un “perfeccionamiento”. Por sobre todo, atracción de la inversión extranjera y reforzamiento del modelo extractivista exportador; políticas encaminadas a seguir ampliando el mercado para el capital financiero: privatización y bancarización; consolidación de los proyectos agroindustrial y de infraestructura. Y, entre las reformas, la fiscal, la laboral y la peor y más importante de todas: la pensional. Es decir, la eliminación o marchitamiento del sistema público. Como resalta en muchos países, los Fondos de Pensiones constituyen la fuente más cuantiosa e importante de capital dinero, bien sea para especular en el mercado financiero internacional o para aplicarla a grandes obras de infraestructura, con todo y corrupción. Lo peor es que los congresistas la aprobarán fácilmente a cambio de que no toquen sus privilegios y los de los altos funcionarios del Estado; privilegios que deberían ser el objeto de una verdadera reforma. Tal es el ominoso futuro que nos espera.


La nueva mascarada


Al decir capital financiero estamos indicando cuál es la fracción burguesa que ostenta la hegemonía. Es la que articula el renovado proyecto del joven candidato, y hoy presidente, en nombre del conjunto de la burguesía. El problema con el grupo ordinario y lumpenesco del uribismo consiste en que es también neoliberal pero ha buscado, de manera descarada, dividendos particulares. Se trata ahora de hacer general la política particular. Un exministro neoliberal y excontratista del Banco Mundial, que ahora oficia de columnista, y votó por Fajardo, lo decía en tono compungido a propósito de la “confianza inversionista”: “La diferencia de opinión en materia tributaria entre Uribe y los economistas ortodoxos es la de que nosotros preferimos favorecer TODAS las empresas y él sólo ALGUNAS (subrayado del autor)” (6).


Pero, claro, había que hacer concesiones y la plutocracia financiera nunca ha tenido problemas en ese sentido. Formada en y para la especulación, es decir en el casino, carece de escrúpulos, no escatima ningún arma ni trampa y no se espanta ante la corrupción. Y lo más importante: carece de proyecto de desarrollo. Se burla del largo plazo. Exuda la filosofía del negociante, la del día a día. Hoy tenemos extractivismo, probablemente Petro tenga razón y las reservas han de agotarse, pero eso no importa, lo que cuenta son los millones de hoy y para ello basta con las mejores garantías jurídicas. He ahí su única religión. Un fundamentalismo neoliberal: eso es lo que necesita.


Duque no tiene, por supuesto, ningún problema para cumplir este encargo. A la burguesía le bastará con colocar en los puestos claves de su gobierno a representantes destacados y de confianza de la tecnocracia. Pero el Presidente, necesariamente, tiene que responder a los diferentes patronos. Conservará, por lo tanto las ventajas y las garantías de las que gozan los tenebrosos poderes locales, esencia del Uribismo. Las concesiones que ya son conocidas, o más, dependerán de las resistencias sociales. Lo cierto es que el programa de Uribe va a desarrollarse principalmente a través del Congreso. Curiosa paradoja la que nos tocó en suerte: una autocracia parlamentaria.


Duque puede jugar entonces a la división del trabajo, y dedicarse a embellecer el régimen del terror. ¡El pobre joven no tiene la culpa! En eso ya le están ayudando algunas de las almas buenas de la opinión pública. De ser un hombre maquillado pasará a ser un maquillaje sin hombre. Sin embargo no hay que engañarse, lo fundamental del terror estará en la política económica. Precisamente por el carácter extremadamente antipopular que tendrá ésta, Duque se verá obligado, como equilibrio y fórmula de distracción, a recurrir a un tema más popular, al de mayor acogida entre los ciudadanos: la seguridad. Y es en nombre de la seguridad, el orden y las buenas costumbres, que va a justificar cualquier medida represiva. Quedan así conciliadas las diferentes exigencias de sus patronos. Al terror de la economía neoliberal tendría que añadirse el terror desembozado de la violencia física. La burguesía financiera sigue en el poder, sólo que ahora vuelve a tener la máscara monstruosa de la mafia.

 

1. Editorial. “Democracia Viva”, El Tiempo. 17 de junio de 2018, p. 1.16
2. Alejandro Reyes “Duque, Petro y el centro” El Espectador, 17 de junio 2018, p. 56
3. Felipe Zuleta Lleras, “Los peligros acechan”, El Espectador, 17 de junio 2018, p. 59
4. La cobertura de pregrado, por ejemplo, se calculaba en 51.5 por ciento ya que, según la misma fuente, la población entre 17 y 21 años sumaría en ese mismo año 4.336.577.
5. Mensaje audiovisual anunciando su voto.
6. Perry, Guillermo “Hablando de confiancitas” El Tiempo, 29 de abril de 2018, p. 1.19. Destacados del autor.

 

*Investigador social. Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diploamtique, edición Colombia.

Publicado enColombia
Domingo, 12 Agosto 2018 07:13

Retratos de un país destrozado

Retratos de un país destrozado

El año pasado hubo en Brasil 63.880 asesinatos, que en el léxico de los informes oficiales aparecen como “muertes violentas”. Es decir: 175 asesinatos a cada uno de los días de 2017. Más de siete por hora.

Eso significa que hubo más asesinatos en Brasil el año pasado que muertos en la guerra civil de Siria.

De ese total macabro, 4.539 eran mujeres. Y 5.144 fueron muertos por la policía: 14 por día. El promedio nacional indica 30,8 asesinatos por cada grupo de cien mil habitantes. Pero en algunos estados el índice es tremendamente impactante: 59,1 asesinatos por cada cien mil habitantes en nordestino Ceará, y 63,9 en el amazónico Acre, y escandalosos 68 en el también nordestino Rio Grande do Norte.

Hubo al menos 60.018 estupros oficialmente denunciados, lo que significa 164 por día, casi siete por hora. Y se registraron 606 mil casos de violencia doméstica. Vale recordar que esos datos se refieren exclusivamente a denuncias prestadas ante a las autoridades, y que persiste en Brasil la costumbre de víctimas que optan por silenciar frente a la perspectiva, absolutamente común por todo el país, de ser humillada al presentarse en alguna comisaría de policía, las especializadas en este tipo de crimen inclusive. Estudiosos e investigadores de esa clase de violencia indican que el número real sería de por lo menos el doble, o sea, escalofriantes 120 mil estupros, 328 al día, catorce por hora.

En el abandonado y arruinado estado de Río de Janeiro, se registró, en los cuatro primeros meses de 2018, la muerte de un preso a cada dos días. Principales causas de semejante brutalidad: enfermedades infecciosas, malas condiciones de higiene y falta de personal médico.

Con pequeñas diferencias, y siempre para peor, el escenario de repite en todo el país: pilas de presos, muchísimos de ellos (en Brasil, se calcula en 40 por ciento del total de poco más de 700 mil presos, la tercera población carcelaria del mundo, ni siquiera han sido juzgados) sin condena alguna, hacinados en condiciones medievales. Se estima que la sobrepoblación media de los presidios brasileños es del 50 por ciento. O sea, por cada cien plazas, 150 presos.

El pasado febrero, Michel Temer, presidente ilegítimo rodeado por una pandilla de bucaneros voraces, intentó lo que él mismo clasificó de “golpe maestro”: para distraer a la opinión pública de Río, muy justamente alarmada por el creciente aumento de la violencia frente a la inoperancia absoluta del gobierno local, e intentó que su inexistente popularidad (su figura es rechazada por 97 por ciento de los brasileños) pegue un salto al decretar una intervención militar en el Estado.

Se registran hasta ahora dos resultados: una disminución en el número de robos, y un fuerte aumento en el de muertes. Desde marzo ocurren 17 tiroteos por día, en promedio, en el conurbano carioca. Algunos duran minutos, otros media hora, muchos hora y media. Y algunos cruzan la madrugada de manera intermitente.

Son bandos de narcotraficantes disputando territorio, o enfrentando a policías militarizados sin preparación alguna, trabajando en condiciones subhumanas, o tropas militares igualmente ineptas para semejante labor. Se multiplican casos de muertes de inocentes, niños y adolescentes, sin que nada cambie, excepto para peor.

El aumento astronómico de la violencia, en todo caso, es solamente uno de los muchísimos aspectos del derrumbe de un Brasil que se deshace de manera veloz. Cada día gana impulso, fuerza e impacto el incalculable retroceso experimentado por el país que hasta hace tres años era la sexta o séptima economía mundial, ocupaba un espacio nítido y consolidado en el escenario internacional y mantenía –pese a sus problemas económicos y principalmente fiscales– programas sociales de enorme envergadura.

Tal retroceso se inicia con las maniobras de los derrotados en 2014 para impedir que el segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff, iniciado el primero de enero del año siguiente, lograse despegar. Y alcanza su punto más elevado con la instalación de Temer y compañía en el poder.

El golpe institucional llevado a cabo por un Congreso plagado de corruptos, por medios hegemónicos de comunicación y por una Corte Suprema cobarde y omisa, valiéndose de arbitrariedades que de tan nimias serían inadmisibles en tribunales de primera instancia, significó la victoria de sectores que cargan en sus espaldas siglos de privilegios absurdos.

Y significa también la retomada del crecimiento de la mortalidad infantil, el retorno de enfermedades que habían sido extirpadas, la vuelta de entre cinco y ocho millones de brasileños a la situación de miseria y hambre. Se traduce en la existencia de 27 millones de brasileños desempleados, o trabajando en condiciones de precariedad absoluta, o sobreviviendo vaya a saber cómo (37 por ciento de la fuerza laboral del país).

Como telón de cierre para semejante y dantesco espectáculo, Lula sigue preso sin prueba alguna, broche de oro del golpe de los inmundos. Claramente no podrá disputar una elección que ganaría con facilidad olímpica. Y surge un fantasma asombroso, un capitán troglodita llamado Jair Bolsonaro, capaz de emitir mugidos como este: “No hay mortalidad infantil, lo que hay es demasiado partos prematuros, porque las mujeres no tienen higiene bucal ni tratan sus vías urinarias”.

U otra maravilla: “Expandiré la educación a la distancia para combatir al marxismo”.

Publicado enInternacional
Brasil: “Hubo una sucesión de golpes a la democracia”

Boulos, referente del Movimiento de los Trabajadores sin Techo, señala que a la destitución de Dilma Rousseff le siguieron la aplicación de una agenda neoliberal y los recortes en salud y educación. Llama a la unidad latinoamericana.

Desde Porto Alegre

 

“Aunque tenemos cuestionamientos importantes a los límites de las experiencias progresistas en Brasil, no toleramos la injusticia de la detención de Lula porque no se pueden silenciar los avances golpistas de la derecha.” En una entrevista con PáginaI12, Guilherme Boulos, candidato a presidente en Brasil por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), llamó a la unidad latinoamericana para “luchar contra la judicialización de la política, contra el avance del neoliberalismo y de la extrema derecha”. Recalcó que tiene que ser “una unidad fuerte, segura, para luchar por los derechos y por la democracia, sin perder la osadía de presentar un proyecto de futuro progresista y de izquierda”.


Boulos, referente del Movimiento de los Trabajadores sin Techo, sostuvo que para lograr esos objetivos, los dirigentes y los partidos tendrán que tener en cuenta que “con quién andamos, con quién caminamos” porque “el golpe en Brasil ha demostrado que no se puede gobernar con la derecha” , al tiempo que advirtió que “no habrá triunfo progresista y de izquierda sin una decidida política de enfrentamiento contra los sectores del privilegio”. Boulos pidió no sólo la libertad del ex presidente Inácio Lula da Silva sino también que “cese la persecución judicial” contra los ex mandatarios Cristina Kirchner y Rafael Correa.

 

–El golpe en Brasil, el macrismo en la Argentina, lo que está ocurriendo en Venezuela, en Ecuador, ¿cómo se sale de esta encrucijada totalitaria, antipopular?

–Antes de responder, quiero señalar que no hubo solamente un golpe en Brasil, hubo una sucesión de golpes. Un golpe para poner un gobierno ilegítimo, que es el de (Michel) Temer, el peor gobierno de la historia republicana de Brasil. El segundo golpe fue la agenda neoliberal, una agenda que no fue elegida por el pueblo brasilero y que incluye la reforma laboral, el recorte de los presupuestos públicos de salud y educación. Otro golpe fue aprobar un gobierno por parte de un Congreso desmoralizado que actuó en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. En definitiva, fueron golpes a la democracia.

 

–Son varios los actores que están siendo protagonistas de un plan que parece orquestado para desterrar cualquier intento progresista en la región.

–En este golpe a la democracia, una de las manos es la del Poder Judicial, que en Brasil actuó para interrumpir el proceso político electoral con la detención de Lula, pero que además se ha expresado por medio de la violencia, como lo demuestra el cobarde asesinato de nuestra compañera Marielle Franco. Esto significa que el debate político es reemplazado por el balazo. Todo esto significa que la crisis en Brasil se expresa por estos varios golpes contra el pueblo brasilero.

 

–¿Cuál debe ser la actitud de los sectores populares, de los partidos progresistas, frente a una crisis que lastima a Brasil, pero que se repite en otros países de América latina?

–Este es un momento de resistencia, de resistencia muy fuerte del campo popular y de la izquierda. Y esa resistencia nos tiene que unir a todos los partidos progresistas, a todos los sectores populares que vienen luchando organizados, porque necesitamos construir una unidad en defensa de los derechos conquistados con tanto esfuerzo y en defensa de la democracia en todo el continente. La ofensiva neoliberal, la ofensiva de la extrema derecha, incluso, la ofensiva de la judicialización de la política y de la partidización de la Justicia es un problema continental, lo que ocurre con Cristina (Kirchner) en Argentina, lo que ocurre con (Rafael) Correa en Ecuador, lo que ocurre con Lula en Brasil, es una tentativa de criminalizar la lucha política, de criminalizar cualquier intento de progresismo en la región, por más contradictorio que sea y es importante recalcar esto.

 

–Buscar la unidad, más allá y a pesar de las diferencias…

–Nosotros estamos en un campo que tiene cuestionamientos importantes a los límites de nuestras experiencias progresistas, pero tener críticas no significa ser tolerante a cualquier tipo de injusticia o silenciar los avances golpistas de la derecha. Por eso, nosotros tenemos dos desafíos: una unidad fuerte, segura, en la lucha por los derechos y por la democracia, y por otro lado, no perder la osadía de presentar un proyecto de futuro. Y por eso es necesario aprender de las lecciones del proceso que estamos viviendo, en términos de analizar con quién andamos, con quién caminamos. En Brasil esto ha sido muy claro, el golpe ha demostrado que no se puede gobernar con la derecha. Esta lección tiene que ser aprendida por nuestro campo. El golpe ha demostrado también que los mercados financieros actúan en forma mancomunada con el Poder Judicial. Para tener una política de avance en los derechos, hay que tener una decidida política de enfrentamiento a los sectores privilegiados. El margen que pudo haber en el pasado ya no existe más. Y el golpe es la expresión de esa realidad. Por eso es necesario enfrentar dos desafíos: el de la unidad para luchar por los derechos y el desafío de pensar un nuevo ciclo progresista, de izquierda y democrático en la región. Lamentablemente, el Partido de los Trabajadores de Lula desaprovechó la oportunidad de impulsar una reforma política que cambiara la forma de gobernar para apostar por una movilización de la sociedad para poner las decisiones en manos del pueblo y presionar al Congreso para llevar adelante las reformas necesarias.

Publicado enPolítica
Sábado, 28 Julio 2018 09:34

Los desafíos de la clase trabajadora

Los desafíos de la clase trabajadora

Un Congreso de trabajadores con debate abierto y vocación de renovación sindical fue el realizado por Únete en días pasados. Acá la novedad del mismo, así como sus proyecciones de diversa índole

 

“El sindicalismo no desaparece, se transforma”. Bajo esta premisa alrededor de 50 organizaciones sindicales, con 147 delegados de 27 ciudades de todo el país se dieron cita los pasados 20, 21 y 22 de junio en la ciudad de Bogotá, para desarrollar el primer Congreso nacional programático de la Federación Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete). El propósito fundamental de esta cita: asumir los desafíos de la reconfiguración sindical en un país donde el derecho de asociación sindical está ampliamente obstaculizado por una cultura anti-sindical y por la violencia estructural de nuestra sociedad.

 

Este Congreso surgió de la reflexión desarrollada por Únete a lo largo de los últimos 6 meses, con el ánimo de darle una nueva proyección –socio-política– al sindicalismo en nuestro país. Propósito derivado de la necesidad que tiene la organización de los trabajadores por construir más allá de sus propias reivindicaciones laborales, y contribuir con otra democracia posible junto a los más diversos sectores sociales.

 

El regreso al gobierno del uribismo

 

Éste evento sesionó en un contexto difícil para la clase trabajadora colombiana, pues el recién elegido gobierno de Iván Duque anunció la implementación de reformas que afectarán a la sociedad colombiana en los planos laboral, pensional y tributaria. Proseguirá por esta vía lo hecho durante los últimos 8 años por Juan Manuel Santos y retomará lo ya realizado por Álvaro Uribe, mentor del gobierno que se posesionará el 7 de agosto próximo (Ver recuadro Cascada regresiva).

 

El sindicalismo no desaparece, se transforma

 

Para comprender la crisis por la que atraviesa el sindicalismo retomamos a García Nossa (1971), quien afirma que la crisis es el agotamiento de las posibilidades de un periodo. Por eso, cuando hablamos de los factores políticos que configuraron la crisis del sindicalismo, hablamos al mismo tiempo de su necesaria transformación. Únete es consciente de ella. Si vemos el cuadro adjunto, podemos evidenciar que entre 1994-2016, en casi todas las ramas de la economía, las tasas de sindicalización bajaron en varios puntos porcentuales, siendo notable su reducción en el sector financiero, el sector económico de más crecimiento en los últimos años. Esto unido a los escándalos de corrupción, a la verticalidad, burocratización y el divorcio que tienen las organizaciones sindicales con la ciudadanía y otros trabajadores.

 

Por ello, para salir de la crisis, el Congreso avanzó en identificar los factores y los ejes que podrían significar una ruptura con el actual sistema sindical, tratando de iniciar un proceso de re-configuración profunda para los próximos años. A través de diversas discusiones los trabajadores y trabajadoras estatales mostraron un afán de romper con la burocratización y la falta de dinamismo que caracteriza al movimiento sindical, anquilosado en viejas prácticas rutinarias, por lo que se enfatizó en construir sobre el pluralismo, la democracia, la horizontalidad, la territorialización, la solidaridad y la des centralización de la actuación sindical. Consecuente con ello, desde su carácter inicial, Únete se concibe como un proyecto de unidad sindical desde la base, con el ánimo de romper la dispersión que caracteriza a las constipadas cúpulas sindicales, de ahí que la Federación aglutine sindicatos afiliados a las 3 centrales, respetando siempre su derecho de autonomía sindical.

 

Luego de identificar estos factores, la sesión pasó a la exposición del cuaderno de debates “Del boxeo al ajedrez, los desafíos de la re-configuración sindical en la Colombia de hoy”, construido en los últimos 6 meses, donde se consigna el resultado de varios talleres e investigaciones realizadas en Bogotá junto con el comité ejecutivo de Únete, escrito que tiene por propósito dinamizar la discusión regional y sectorial en todas las organizaciones filiales de la Federación (ver recuadro, Un cuaderno abierto).


De igual manera, con el fin de generar relevos y propiciar nuevos liderazgos sindicales, acrecentar las habilidades y capacidades de los trabajadores en la lucha por sus derechos, los participantes hicieron un fuerte énfasis en la educación, mediante tejidos con centros de estudios laborales. Para esto se planteó la creación de una escuela sindical de carácter permanente y la elaboración de un diplomado en organización comunitaria y economías propias. Al mismo tiempo, se proyecta articular todo esto a la promoción de un sistema nacional de comunicación alternativa, a partir de sistematizar y compartir experiencias, dinámica comunicacional que debe llevar a disputar la opinión pública al establecimiento.

 

Las economías propias también sonaron en el Congreso, para superar las relaciones laborales precarias y cobijar al amplio espectro de trabajadores informales y por cuenta propia; el énfasis en la construcción de unas finanzas y una economía otra fue un tema central. Construir unidades productivas basadas en relaciones laborales alternativas también se concibió, bajo la idea de construir un sistema nacional de economías propias, a partir de mutuales y cooperativas de todo tipo. Para ello se piensa optimizar los recursos de la Federación, mediante planes de inversión, con rendición de cuentas anuales, en procura de hacer balances periódicos de avances y retrocesos. Para esto se planteó la idea de construir un gobierno sindical en línea, mediante un eficiente sistema económico contable.

 

Los mismos trabajadores precarizados que están en las plantas paralelas de las entidades, muchos de ellos jóvenes, así como la inclusión de temas de género fueron otros temas a tratar, nivelar los salarios y buscar acabar con las órdenes de prestación de servicios, entre otras formas de tercerización que alimentan el clientelismo en las entidades, fueron para el Congreso formas de fortalecer nuestra democracia. Asimismo, pensarse a fondo los temas de salud, medio ambiente y el arte, elementos esenciales para la vida de quienes sobrellevan su cotidianidad a partir de vender su fuerza de trabajo.

 

Nos transformamos o desaparecemos

 

Son retos inmensos por encarar, y que para hacerlos realidad obliga a invertir la lógica de lo sindical, de los paradigmas que lo rigen y las arquitecturas propias del viejo modelo que desde hace décadas hace agua. Cambio que será posible cuando sembremos y cosechemos identidad y acción solidaria de, con y para los trabajadores, pero con proyección hacia el conjunto nacional. Cambio que podría materializarse en acciones como, por ejemplo, que los trabajadores vinculados por contrato fijo concreten un paro exigiendo trabajo digno para todos, demostrando así que los trabajadores tenemos poder si lo hacemos real y si tomamos una conciencia política que trascienda lo meramente sindical, pues son también los trabajadores mejor empoderados los que mantienen una vinculación laboral más estable y lucrativa, y son ellos quienes más deben movilizarse para el beneficio de todos los demás compañeros y compañeras que no gozan de tal beneficio.

 

Como un llamado para todos y todas, este Congreso, el primero en la corta historia de la Federación, llama a tener memoria sobre los gobiernos que hemos padecido en nuestro país, y su relación y sometimiento a los dueños del capital; a la par que llama la atención sobre la oportunidad urgente e inédita que tenemos para cambiar y crecer. El reto es convocar a las mayorías negadas hacia la construcción de una alternativa diferente al modelo capitalista y neoliberal que sin duda alguna representa Iván Duque: nos transformamos o desaparecemos.

 

cuadro da248 p8

 

 

 


 

Recuadro 1

 

Un cuaderno abierto

 

En él se plantea una radiografía general de la estructura económica y ocupacional del país, así como algunas herramientas para analizar los discursos y las reivindicaciones populares, de manera que puedan acercarse demandas laborales con demandas de orden social. El documento recomienda nutrir los pliegos y el contenido de las negociaciones colectivas con puntos que realicen un vínculo con las necesidades de las comunidades y la ciudadanía en general, que también son trabajadores. Así como ajustar la estructura organizativa para integrar organizaciones de la sociedad en general, como por ejemplo realizando articulaciones entre los sindicatos de empresas en los servicios públicos con sus ligas de usuario respectivas, o fortalecer las veedurías y las formas de participación ciudadanas en la aplicación de políticas públicas por las entidades donde operan los trabajadores sindicalizados. Para ello se planteó la idea de realizar reuniones del ejecutivo ampliadas, con invitación a otros sectores sociales.

 


 

Recuadro 2

 

Cascada regresiva

 

La memoria no nos debe fallar, como senador liberal en los años 90, como Presidente y ahora como jefe de la derecha extrema, Uribe ha encabezado multitud de reformas que nos han hecho un enorme daño a los trabajadores colombianos. En 1990 fue ponente en el Senado de la ley 50 de 19901, una reforma laboral que derogó conquistas de los trabajadores como la estabilidad laboral y con la que los empresarios pudieron abaratar los costos de producción, aumentar sus rentas y restringir la acción sindical en el sector privado, en donde hasta hoy los trabajadores sindicalizados son una pequeña minoría acorralada.

 

Esta Ley partió en dos la historia de los que trabajamos en Colombia: suprimió la retroactividad en el pago de las cesantías, la estabilidad laboral después de los 10 años de antigüedad y eliminó por 10 años del concepto de unidad de empresa. Crecieron como la espuma los empleos temporales y el despido masivo de trabajadores con autorización del Ministerio del trabajo.

 

Luego, tres años después, Uribe, junto con Fabio Valencia Cossio, lideraron la ponencia de la famosa ley 100 de 19932 que privatizó el servicio de salud y hoy deja morir a cientos de colombianos en las puertas de los hospitales.

 

En el año 2003, bajo su gobierno, el empresariado logró que fueron liquidadas y estructuradas 4643 empresas y entidades estatales como el Instituto de los Seguros Sociales, el Banco Cafetero, Granahorrar, Ecogás y Telecom, plasmando el Acuerdo Stand by firmado con el FMI producto de la crisis financiera de 1999. Varias organizaciones sindicales son arrasadas, además de ser tratadas como terroristas. De esta manera el uribismo ha sido el máximo exponente del proyecto neoliberal en el país, desmanteló el Estado colombiano, ya bien insuficiente y lo ferió a empresarios privados, casi todos extranjeros.

 

Bajo su gobierno, el capital privado logró que escindiera Ecopetrol en tres mediante el decreto 1760 de 2003 y posesionó a Isaac Yanovich como presidente de la empresa con el propósito de destruir a la Unión Sindical Obrera –USO– y masificar la tercerización laboral. En diciembre de 2003 expidió el decreto 31644 para abaratar salarios de trabajadores tercerizados y logró que un tribunal de arbitramento obligatorio modificara la convención colectiva de trabajo USO-Ecopetrol para quitarles derechos a los trabajadores directos. La resistencia de los trabajadores impidió que acabara con el sindicato.

 

Arrasando más derechos. También fue aprobada en su gobierno la ley 789 del 20025 con la cual el día de los trabajadores se extendiese hasta las 10 de la noche sin lugar a recargo alguno, hizo que el pago por trabajo dominical fuera insignificante y los despidos mucho más baratos. Ese mismo año, con la ley 790, acabó el Ministerio del Trabajo y lo fusionó con el de salud. Y como si esto fuera poco, con la Ley 797 de 20036 o reforma pensional, aumentó la edad y el número mínimo de semanas laboradas para el retiro de hombres y mujeres.

 

El final de ese mismo año, impulsó en el Congreso el “Estatuto Antiterrorista”7 con el cual concedieron facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares y el cual permitía capturas e interceptaciones sin orden judicial previa. Un año después la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta ley.

 

En el año 20058 tramitó y llevó a norma constitucional la prohibición de que los sindicatos pudieran negociar normas pensionales y acabó, según lo aprobado por el gobierno de Andrés Pastrana con el FMI, regímenes especiales dejando vigente solo el de las Fuerzas Militares. En el año 2006 logró que el Congreso aprobara la ley 11189 de 2006 con la cual abrió a Ecopetrol al capital privado.

 

Durante los 8 años de gobierno de Uribe Vélez aumentaron las violaciones a los derechos humanos10 contra mujeres sindicalistas, contra docentes sindicalizados. En realidad su gobierno fue una piñata para el capital nacional e internacional, que pudo concretar gran parte de sus propósitos, sirviéndose para ello del Estado y en contra de las mayorías nacionales.

 

Todo indica que el gobierno que se avecina retomará esta senda. En una reunión del Centro Democrático con sindicatos de Medellín a principios de este año, Uribe planteó la línea política de lo que él denomina el “sindicalismo gerencial y participativo”, que piensa hacer uso de los contratos sindicales (re-encauche de las otrora cooperativas de trabajo asociado) para “desconcentrar” las actividades al interior de las empresas, argumentado que así se evita la tercerización desde afuera y puede darle mayor empuje al liderazgo empresarial al interior de los mismos trabajadores para lograr mayor competitividad y productividad, al mismo tiempo que se logra mejorar la remuneración de los trabajadores (¿!?).

 

Es claro que el uribismo proyecta el divisionismo ideológico y orgánico a través de la mermelada del discurso y el bolsillo. El supuesto pacto social que propone Duque, se basa en la forma más efectiva inventada por la derecha para subordinar los sindicatos a la iniciativa patronal: tergiversar la relación laboral cooptando líderes y quitándole todas las responsabilidades a los empresarios con las prestaciones sociales de sus empleados. Como si esto fuera poco, vale resaltar una política del actual gobierno pero que continuará y ahondará el que entra: el retiro por parte de la unidad de protección de los esquemas de seguridad de varios líderes sindicales, muchos de ellos de la federación Únete y Fenaltrase.

 

De lo anotado se desprende un primer reto para los trabajadores, por acometer en los meses que vienen: hacerle frente a la figura de contrato sindical, el que lejos de constituirse como un mecanismo de negociación colectiva, a la luz de los indicadores de trabajo decente, es una forma de intermediación que precariza la actividad laboral, viola las normas internacionales de trabajo, principios y derechos fundamentales, a razón del incumplimiento reflejado en que las condiciones de vinculación laboral carecen de estabilidad y de garantías prestacionales por su corta duración, al tiempo que impide el derecho de asociación pese a que se suscribirse como tal, y desvirtúa su naturaleza en tanto el empleador es el mismo sindicato.

 

1 Así quedó la reforma laboral http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-979506
2 https://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/20-anos-ley-100-sistema-salud-colapsado
3 Procesos de reestructuración del estado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El caso Telecom. http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/5253
4 Ecopetrol rumbo a la privatización http://viva.org.co/cajavirtual/svc0026/articulo03.pdf
5 Reforma laboral ley 789 Diciembre 27 de 2002. www.asys.edu.co/.../REFORMA-LABORAL-789-2002-CONTRATOS-DE-APREND
6 La reforma pensional que propone Uribe https://www.elespectador.com/noticias/politica/reforma-pensional-propone-uribe-articulo-585052
7 Estatuto antiterrorista https://www.semana.com/on-line/articulo/estatuto-antiterrorista/67905-3
8 https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-26-anos-destruyendo-trabajo-decente/
9 https://www.dinero.com/negocios/articulo/listo-proyecto-ley-para-venta-del-10-ecopetrol/108778
10 Los derechos humanos en el régimen Uribe Vélez. https://prensarural.org/spip/spip.php?article4417

Publicado enEdición Nº248