https://www.colombiainforma.info/modificaciones-al-sistema-penitenciario-y-carcelario-continua-sin-novedades/

Colombia, el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario, las minorías olvidadas, las condiciones infrahumanas de reclusión y la flagrante violación de sus derechos fundamentales.

El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, presentó el balance de las visitas realizadas a los centros transitorios de detención en el territorio colombiano, se trata de las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), utilizadas para mantener a las personas privadas de la libertad como máximo 36 horas, antes de ser remitidas a las cárceles en caso de dictarse una medida de aseguramiento, pero se encontró que los detenidos permanecen en estos lugares incluso hasta dos años.

Dice en su informe, que durante el año 2021 se realizaron “[…] más de 50 visitas en terreno y corroboramos que la Estación de Policía de Maicao está a la cabeza de los centros de detención transitoria más inhumanos, ya que se vulneran de manera grave la dignidad humana y los derechos de los privados de la libertad. Allí, aunque la capacidad es para 30 personas, al momento de la visita se evidenció que estaban recluidas 262 personas (un hacinamiento del 773%), quienes deben pernoctar en los baños, los cuales producen olores nauseabundos, o en hamacas unos encima de otros”.

Confirma que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián –San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se concluye por el informe del Defensor del Pueblo, que se sigue consolidando el estado de cosas inconstitucional carcelario declarado en nuestro país por la Corte Constitucional, desde 1998.
Para dimensionar la problemática perpetuada en el tema carcelario, no podemos dejar de resaltar que el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, es el único declarado por la Corte Constitucional en dos oportunidades, como puede apreciarse en las sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, reiterado a través de la sentencia T-762 de 2015.

Ha reiterado la Corte desde 1998, que “[…] dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc.…”.

“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución…”1.

La Corte Constitucional concluye que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, por la confluencia de las siguientes condiciones: “(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (ii) (SIC) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial”2.

El Estado es responsable directo de esta problemática, por la sujeción especial de las personas privadas de libertad, y el incumplimiento sistemático de la obligación constitucional y convencional de garantizar plenamente los derechos fundamentales que no se ven limitados o suspendidos con la privación de la libertad.


Así lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reiteradas sentencias, cuando enseña que “[…] toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma”3.

La Constitución funda el Estado en el respeto de la dignidad humana, como enseña el preámbulo y el artículo primero. Mandatos incumplidos. Una Constitución inaplicada es como si no existiera.

Además, así lo enseña el conjunto de normas mínimas de tratamiento a los reclusos, vigentes desde el primer congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento de delincuente, en el cual se adoptaron reglas básicas en relación con el trato a los detenidos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la resolución 663 del 31 de julio de 1957.

Igualmente, así lo dispone el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José– aprobada por la Ley 16 de 1972, cuando señalan en sus artículos 10 y 5, respectivamente, que las personas privadas de la libertad deben ser tratadas de acuerdo con la dignidad que les confiere su condición de seres humanos.

Frente a esta situación, las intervenciones de la Corte Constitucional en principio fueron bastante tibias por decir lo menos, toda vez que a pesar de corroborar la situación infrahumana que padecen las personas detenidas en estos lugares y de declarar el estado de cosas inconstitucional carcelarias, por la flagrante violación de los derechos fundamentales, no actuó en consecuencia, y solo ordenó medidas cosméticas que obviamente no han generado un impacto trascendental en su abordaje y en la definición, por parte del Estado, de las políticas indispensables para superar la dramática problemática que viven las personas privadas de la libertad en estos centros de oprobio.

Pero más allá, y con el paso del tiempo, la Corte Constitucional terminó convirtiéndose en cómplice de esta situación, toda vez que en sus fallos de constitucionalidad, avala condiciones de procedencia de la detención preventiva que están proscritas por las Cartas de derechos humanos, las mismas que desde hace más de 20 años, al menos desde 1997, rechaza la CIDH, y a pesar de la fuerza vinculante de su normatividad y de las reiteradas decisiones de esta Corte en tal materia. Para ilustrar bastan algunos ejemplos:

En el caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, Párr. 311, la CIDH reitera que la detención preventiva es “[…] una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena4.

Concluye esta Corte, que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad deben ser compatibles con la Convención. “[…] la Corte ha indicado que “la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”5. En este sentido, la Corte ha indicado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva6. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto7.

A pesar de esta línea consolidada de la CIDH en la materia, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004, artículos 310) que permiten la detención preventiva con fines de prevención en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la CIDH la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que hoy tengamos un panorama tan vergonzoso y dantesco como el que dibuja el Defensor del Pueblo en el informe acá referido, un hacinamiento incluso mayor al 3.000 por ciento, situación que niega la vida en dignidad de cientos de personas, niega el tan cacareado y supuesto sentido resociliatorio de la prisión, al tiempo que crea las condiciones para que, tarde que temprano, el país sea deslegitimado y condenado a nivel internacional. Ya existen precedentes.

La misma Corte Interamericana en el caso Hernández Vs Argentina, recuerda a los estados que “[…] de conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En ese sentido, el Tribunal ha señalado que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención, que no es consecuencia natural y directa de la privación de libertad en sí misma. En relación a las condiciones de las instalaciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a la integridad personal. Como responsable de los centros de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos condiciones que respeten sus derechos fundamentales y dejen a salvo su dignidad”8.

Cumplir con el mandato

Desde el momento mismo en el que se decretó por primera vez el estado de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia han pasado 23 años, y las condiciones en estos lugares están peores. Es hora de actuar en consecuencia y ordenar la libertad de las personas detenidas preventivamente en centros de detención hacinados y disponer el cierre de los establecimientos carcelarios que no garanticen las condiciones de dignidad humana, en los que se somete al ser humano a un trato cruel y degradante. De esta manera la Corte Constitucional honraría su función, ser la voz de las minorías olvidadas, en tanto “[…] la racionalidad constitucional es diferente de la de las mayorías. Los derechos fundamentales son precisamente una limitación al principio de las mayorías, con el ánimo de garantizar los derechos de las minorías y de los individuos. El juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos”.

1 Corte Constitucional, T – 153 de 1998.
2 Sentencia T-025 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
3 Caso Hernández Vs Argentina, sentencia de 22 de noviembre de 2019, párr. 56; que reitera los Casos Neira Alegría y otros Vs Perú, sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60: Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 159 y Chinchilla Sandoval y Otros Vs Guatemala, sentencia de 29 de febrero de 2016, párr. 168.
4 Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228, y Caso J. Vs. Perú, noviembre de 2013, párr. 158.
5 (Párr. 312) Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157.
6 Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159.
7 Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159.
8 (Párr. 60) (igual en los casos Romero Feris vs. Argentina, 15 de octubre 2019, y Jenkins vs. Argentina, 26 de noviembre de 2019)

 

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Colombia, el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario, las minorías olvidadas, las condiciones infrahumanas de reclusión y la flagrante violación de sus derechos fundamentales.

El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, presentó el balance de las visitas realizadas a los centros transitorios de detención en el territorio colombiano, se trata de las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), utilizadas para mantener a las personas privadas de la libertad como máximo 36 horas, antes de ser remitidas a las cárceles en caso de dictarse una medida de aseguramiento, pero se encontró que los detenidos permanecen en estos lugares incluso hasta dos años.

Dice en su informe, que durante el año 2021 se realizaron “[…] más de 50 visitas en terreno y corroboramos que la Estación de Policía de Maicao está a la cabeza de los centros de detención transitoria más inhumanos, ya que se vulneran de manera grave la dignidad humana y los derechos de los privados de la libertad. Allí, aunque la capacidad es para 30 personas, al momento de la visita se evidenció que estaban recluidas 262 personas (un hacinamiento del 773%), quienes deben pernoctar en los baños, los cuales producen olores nauseabundos, o en hamacas unos encima de otros”.

Confirma que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián –San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se concluye por el informe del Defensor del Pueblo, que se sigue consolidando el estado de cosas inconstitucional carcelario declarado en nuestro país por la Corte Constitucional, desde 1998.
Para dimensionar la problemática perpetuada en el tema carcelario, no podemos dejar de resaltar que el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, es el único declarado por la Corte Constitucional en dos oportunidades, como puede apreciarse en las sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, reiterado a través de la sentencia T-762 de 2015.

Ha reiterado la Corte desde 1998, que “[…] dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc.…”.

“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución…”1.

La Corte Constitucional concluye que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, por la confluencia de las siguientes condiciones: “(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (ii) (SIC) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial”2.

El Estado es responsable directo de esta problemática, por la sujeción especial de las personas privadas de libertad, y el incumplimiento sistemático de la obligación constitucional y convencional de garantizar plenamente los derechos fundamentales que no se ven limitados o suspendidos con la privación de la libertad.


Así lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reiteradas sentencias, cuando enseña que “[…] toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma”3.

La Constitución funda el Estado en el respeto de la dignidad humana, como enseña el preámbulo y el artículo primero. Mandatos incumplidos. Una Constitución inaplicada es como si no existiera.

Además, así lo enseña el conjunto de normas mínimas de tratamiento a los reclusos, vigentes desde el primer congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento de delincuente, en el cual se adoptaron reglas básicas en relación con el trato a los detenidos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la resolución 663 del 31 de julio de 1957.

Igualmente, así lo dispone el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José– aprobada por la Ley 16 de 1972, cuando señalan en sus artículos 10 y 5, respectivamente, que las personas privadas de la libertad deben ser tratadas de acuerdo con la dignidad que les confiere su condición de seres humanos.

Frente a esta situación, las intervenciones de la Corte Constitucional en principio fueron bastante tibias por decir lo menos, toda vez que a pesar de corroborar la situación infrahumana que padecen las personas detenidas en estos lugares y de declarar el estado de cosas inconstitucional carcelarias, por la flagrante violación de los derechos fundamentales, no actuó en consecuencia, y solo ordenó medidas cosméticas que obviamente no han generado un impacto trascendental en su abordaje y en la definición, por parte del Estado, de las políticas indispensables para superar la dramática problemática que viven las personas privadas de la libertad en estos centros de oprobio.

Pero más allá, y con el paso del tiempo, la Corte Constitucional terminó convirtiéndose en cómplice de esta situación, toda vez que en sus fallos de constitucionalidad, avala condiciones de procedencia de la detención preventiva que están proscritas por las Cartas de derechos humanos, las mismas que desde hace más de 20 años, al menos desde 1997, rechaza la CIDH, y a pesar de la fuerza vinculante de su normatividad y de las reiteradas decisiones de esta Corte en tal materia. Para ilustrar bastan algunos ejemplos:

En el caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, Párr. 311, la CIDH reitera que la detención preventiva es “[…] una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena4.

Concluye esta Corte, que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad deben ser compatibles con la Convención. “[…] la Corte ha indicado que “la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”5. En este sentido, la Corte ha indicado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva6. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto7.

A pesar de esta línea consolidada de la CIDH en la materia, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004, artículos 310) que permiten la detención preventiva con fines de prevención en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la CIDH la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que hoy tengamos un panorama tan vergonzoso y dantesco como el que dibuja el Defensor del Pueblo en el informe acá referido, un hacinamiento incluso mayor al 3.000 por ciento, situación que niega la vida en dignidad de cientos de personas, niega el tan cacareado y supuesto sentido resociliatorio de la prisión, al tiempo que crea las condiciones para que, tarde que temprano, el país sea deslegitimado y condenado a nivel internacional. Ya existen precedentes.

La misma Corte Interamericana en el caso Hernández Vs Argentina, recuerda a los estados que “[…] de conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En ese sentido, el Tribunal ha señalado que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención, que no es consecuencia natural y directa de la privación de libertad en sí misma. En relación a las condiciones de las instalaciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a la integridad personal. Como responsable de los centros de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos condiciones que respeten sus derechos fundamentales y dejen a salvo su dignidad”8.

Cumplir con el mandato

Desde el momento mismo en el que se decretó por primera vez el estado de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia han pasado 23 años, y las condiciones en estos lugares están peores. Es hora de actuar en consecuencia y ordenar la libertad de las personas detenidas preventivamente en centros de detención hacinados y disponer el cierre de los establecimientos carcelarios que no garanticen las condiciones de dignidad humana, en los que se somete al ser humano a un trato cruel y degradante. De esta manera la Corte Constitucional honraría su función, ser la voz de las minorías olvidadas, en tanto “[…] la racionalidad constitucional es diferente de la de las mayorías. Los derechos fundamentales son precisamente una limitación al principio de las mayorías, con el ánimo de garantizar los derechos de las minorías y de los individuos. El juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos”.

1 Corte Constitucional, T – 153 de 1998.
2 Sentencia T-025 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
3 Caso Hernández Vs Argentina, sentencia de 22 de noviembre de 2019, párr. 56; que reitera los Casos Neira Alegría y otros Vs Perú, sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60: Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 159 y Chinchilla Sandoval y Otros Vs Guatemala, sentencia de 29 de febrero de 2016, párr. 168.
4 Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228, y Caso J. Vs. Perú, noviembre de 2013, párr. 158.
5 (Párr. 312) Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157.
6 Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159.
7 Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159.
8 (Párr. 60) (igual en los casos Romero Feris vs. Argentina, 15 de octubre 2019, y Jenkins vs. Argentina, 26 de noviembre de 2019)

 

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Publicado enEdición Nº287
Los jóvenes que protagonizaron las protestas en Colombia denuncian una "cacería de brujas"

A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos continuaron marchando entre abril y junio de 2021 con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes.

Entre abril y junio de 2021 cientos de miles de manifestantes coparon las calles de Colombia en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, que finalmente fue desechada ante el clamor popular. Las jornadas fueron en su mayoría pacíficas aunque los cortes de ruta y los destrozos dieron paso a una feroz represión que, según la Defensoría del Pueblo, dejó un saldo de 60 civiles y dos uniformados muertos, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 70 víctimas. 

A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos continuaron marchando por distintos departamentos de Colombia con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Las calles se silenciaron, pero ahora los jóvenes colombianos denuncian una "cacería de brujas" que continúa tras la detención de más de dos mil manifestantes, de acuerdo a organizaciones como Indepaz.

Las cifras del Paro Nacional

La ONG Indepaz presentó recientemente un balance sobre lo ocurrido durante el Paro Nacional. La organización registró 2005 detenciones arbitrarias y 79 asesinatos, de los cuales 44 fueron atribuidos a miembros de la fuerza pública. Por su parte, la oficina de la ONU registró entre el 28 de abril y el 16 de junio denuncias de 56 muertes, incluidos dos agentes de policía, durante las protestas en la ciudad de Cali y 49 víctimas de violencia sexual. Las cifras oficiales son mucho más bajas y muestran 24 asesinatos durante los dos meses de protestas.

El ministerio de Defensa habló de "259 capturas de criminales y delincuentes de la primera línea", una facción de manifestantes encargada de repeler los ataques de la policía. El gobierno de Duque hizo lo posible por reducir a los cientos de miles de manifestantes a la llamada primera línea, cuyos supuestos líderes, cuatro hombres y tres mujeres, fueron detenidos luego de ser imputados por "concierto para delinquir, tenencia y tráfico de sustancias peligrosas, y violencia contra servidor público".

"La Fiscalía nos presenta como un grupo radical organizado que es peligroso para la sociedad y que tiene un odio irracional hacia la policía", dijo a la agencia AFP la estudiante de derecho Juliana Higuera. Por ser madre soltera de Salomé, de cinco años, le otorgaron la prisión domiciliaria, pero cinco de sus amigos siguen tras las rejas.

"El caso se parece a la película argentina 'La noche de los lápices'", denuncia el concejal de centroizquierda Diego Cancino, quien evidentemente se enteró por medios audiovisuales de ese oscuro capítulo de la dictadura iniciada en 1976 en Argentina. "Pasa la persecución de la protesta y, tiempo después, cuando la cosa está más calmada, cuando los ánimos están más apaciguados, ¡pum! Viene la andanada de la persecución judicial", explica el paralelismo Cancino.

El auge de los "testigos digitales"

Más allá de los detenidos de la primera línea, un elemento que distinguió a las masivas protestas de este año en Colombia ha sido la posibilidad de registrar diferentes vulneraciones a los derechos humanos en vivo y en directo. Así pasó, por ejemplo, el jueves seis de mayo, cuando los celulares de distintos manifestantes evidenciaron cómo un camión de la policía en la ciudad de Cali transportaba agentes vestidos de civil que los atacaron con armas de fuego.

También se viralizó el caso de Nicolás Guerrero, un joven artista de 22 años que vivía en Cali. Según testigos que lo acompañaban el pasado dos de mayo, Guerrero recibió un disparo por parte de agentes policiales mientras se encontraba en un "velatón" cerca del municipio de Calima en honor a los fallecidos en el Paro Nacional. Miles de personas vieron cómo Guerrero fue asesinado en medio de la transmisión de Instagram de un DJ local.

Otro rostro icónico de esa violencia televisada ha sido el de Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante todo el cinco de mayo estuvo participando de las marchas pacíficas en la ciudad de Pereira, y a través de videos compartidos por Twitter y Facebook varios usuarios resaltaron su alegría. Por la noche, a Lucas y a algunos de sus compañeros se les acercó por sorpresa un vehículo gris del que surgieron por lo menos siete disparosVilla recibió dos impactos de bala: uno en la cabeza y otro en su pierna derecha. Tras ser diagnosticado con muerte cerebral, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de Pereira.

Reformar el Esmad, la tarea pendiente

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, sostuvo en un comunicado que debe debatirse de forma urgente "si el entrenamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y de otras fuerzas policiales destinadas a reprimir manifestaciones ha sido permisivo con procedimientos que conllevan el riesgo de daño a manifestantes". Posso agregó en ese sentido que "centenares de heridos y muchas decenas de muertos por la brutalidad policial no pueden considerarse hechos aislados de responsabilidad individual ni ajenos a la responsabilidad de los mandos que están al frente de las operaciones".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló recientemente la conexión entre el abuso de la fuerza contra la protesta social y las políticas y orientaciones que ubican a los manifestantes como "terroristas que deben ser tratados con tácticas de guerra", e incluso como cómplices de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Para Posso, en el gobierno de Duque "no caben las recomendaciones de la CIDH sobre desmilitarización de la policía", por lo que llamó a "desterrar toda política y discurso que lleva a tratar la protesta como ataque a las instituciones, a la seguridad nacional o como riesgo de infiltración de criminales".

Publicado enColombia
Domingo, 28 Noviembre 2021 13:21

¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?

¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?

En este artículo presentamos algunos elementos que aportan al debate sobre las dificultades del derecho a la ciudad para determinados territorios ubicados en el sur de la ciudad de Bogotá.

En el marco de la propuesta reciente de POT elaborado por la actual administración distrital se han renovado discusiones sobre el derecho a la ciudad en Bogotá y las dificultades impuestas a ciertos territorios para ejercerlo. La organización espacial de la ciudad, enteramente mercantilizada, facilitada (y a veces estimulada) por el Estado y las administraciones, le han dificultado el acceso espacial a la oferta de servicios, equipamientos e instituciones a sectores desfavorecidos arrojándolos a las periferias cada vez más contaminadas y sobrepobladas.

Como es de conocimiento público, Bogotá tiene una profunda desigualdad socioeconómica materializada en el espacio: la inversión inequitativa de capital en el espacio producto de la desigualdad en la distribución de ganancia ocasiona segregación socio-espacial. En otras palabras, la segregación socio-espacial está relacionada profundamente con el modelo de acumulación capitalista y con la desigualdad socioeconómica que de éste se desprende y supone.

En El Capital en el Siglo XXI (1), Piketty diferenció entre riqueza e ingreso: mientras las clases más bajas producen ingresos por la venta de la fuerza de trabajo, las más privilegiadas gozan de otras fuentes adicionales para generar riqueza: ingresos por rentabilidad de activos, ya sea por intereses en bancos, bonos y rentas como accionista de empresa, dueño de inmuebles, etcétera. Si bien existen agudas desigualdades por ingreso, para Piketty es la riqueza la determinante de la desigualdad en una sociedad, la cual, como sabemos, se materializa en el espacio.

Para el caso de la capital colombiana, algunos territorios dentro de su zona urbana aportan la mano de obra y los recursos naturales que son utilizados por los sectores ricos de la misma ciudad para continuar en la carrera acumulativa, sin hacerle justicia a la riqueza extraída de los otros territorios. Para nadie es un secreto que localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Kennedy, aportan el grueso de la fuerza de trabajo de la ciudad, la cual es aprovechada por otros territorios ubicados sobre la estructura socioeconómica de la ciudad y sus alrededores, donde, además, se concentran los equipamientos, la oferta de servicios y la presencia de las instituciones.

A su vez, estas localidades son depositarias de las mayores cargas de contaminación ambiental de la urbe, problemática de la que por lo observado, es ejemplo, específicamente el sur y sur-occidente de Bogotá, no solo por la ubicación del Relleno Doña Juana en la localidad de Ciudad Bolívar, o los proyectos mineros –como el de Cerro Seco–, sino porque las principales fuentes de emisiones contaminantes se localizan en sus áreas sur y sur-occidente, como lo resalta el estudio que adelantan investigadores de la Universidad de La Salle, enfocado en la calidad del aire y del agua de las cuencas de los ríos de todo el Distrito.

Problemática con respecto a las calidades del aire, medidas en PM 2.5, o materia particulada de diámetro igual o inferior a 2,5 micras, que evidencia la existencia en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar de una concentración de partículas por encima de lo recomendado en los estándares internacionales. Esta realidad también ha sido evidenciada por un estudio publicado por Greenpeace Colombia en septiembre de 2020 y que deja en claro que “la polución atmosférica le ha costado a la ciudad más de 4 billones de pesos, y la cual fue responsable de la pérdida de 3.900 vidas en lo que va del año”.


Una realidad que, al enlazarla con la densidad poblacional por UPZ, nuevamente muestra que zonas como Patio Bonito en Kennedy y las UPZ circundantes están dentro de las más densas de Bogotá, llegando a índices de densidad poblacional similares al que registran las ciudades más sobrepobladas del continente asiático.

Por otro lado, con respecto a la calidad del agua, de las cuatro principales cuencas de la ciudad, en el mismo estudio se realizó un muestreo, en cuatro tramos a lo largo de los ríos. En los resultados se encuentra que las cuencas del Río Fucha y Tunjuelito en el tramo 4, a la altura de las localidades Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, tienen un nivel de contaminación como en ningún otro tramo de ninguna otra de las cuencas de los ríos de la capital del país. Todo esto, sumado a que su zona sur no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Mientras que la PTAR Salitre, que descontamina el agua residual desde la calle 26 hacia el norte, está a punto de ser entregada a la CAR y al Acueducto de Bogotá, a pesar de que descontaminaría tan solo el 30 por ciento del agua residual de la ciudad. Por su parte, la PTAR Canoas, que aún se encuentra en etapa de diseño, sin aplicarle le la celeridad requerida, descontaminaría el 70 por ciento excedente de las aguas correspondientes a las provenientes del sur de la ciudad, incluyendo las del municipio de Soacha.

Como fue anotado, los niveles de contaminación medio ambiental se concentran en el sur y suroccidente capitalino, recibiendo residuos de diverso tipo, materiales y otros que provienen de variadas fuentes, y, aun así, parece existir una prelación del Distrito y sus instituciones por los problemas ambientales del centro y norte bogotano. Prevalencia que desconoce, además, y por ejemplo, déficits de árboles y espacio verde en UPZ como Bosa Occidental, Corabastos o Kennedy Central en las que, según los datos del Ministerio de las TIC, la cantidad de metros cuadrados de área verde son: 1,69 m2, 3,22 m2, y 3,45 m2 respectivamente, a pesar de que la OMS recomienda entre 9 y 11 metros cuadrados por habitante, es decir, en algunas UPZ hay un déficit de más del 400 por ciento.

Finalmente, pero no menos importante, preocupa que los grandes proyectos urbanísticos –como el de Reverdecer del Sur–, tiendan a densificar estos territorios, agravando su problemática y socavando la calidad medio ambiental de unos territorios que a su vez cuentan con altos índices de población con necesidades no satisfechas.

En ese marco, ¿cómo hablar de derecho a la ciudad si existe una clara relación extractivista y neocolonial hacia el sur, de donde extraen la fuerza de trabajo y los recursos? ¿Cómo hablar del derecho a la ciudad cuando gran parte de su población es depositaria de las peores condiciones ambientales, de vivienda, de acceso a equipamientos, servicios e instituciones del Estado, a expensas de otros territorios privilegiados?

Un instrumento de ordenamiento territorial, como el POT, debería, por tanto, hablar de injusticias ambientales, injusticias económicas y socio-territoriales, para no continuar con la tendencia de perpetuar el ordenamiento territorial que estipula el mercado de acuerdo con sus intereses. Continuar por esta esta vía es la garantía para profundizar la segregación socio-espacial, con lo cual el derecho a la ciudad continuará siendo privilegio de muy pocos, y no un derecho.

 

Bibliografía:
Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (2016). Primer Reporte técnico de indicadores de espacio público. Observatorio de Espacio Público. Disponible en: primerreporteindicadores.pdf (dadep.gov.co) Consultado el 27 de septiembre de 2021.
Greenpeace Colombia. 2020. La contaminación del aire en Bogotá provocó 3900 muertes en lo que va del año. Página oficial Greenpeace Colombia. Disponible en: www.greenpeace.org/colombia/noticia/uncategorized/la-contaminacion-del-aire-en-bogota-provoco-3900-muertes-en-lo-que-va-del-ano/ Consultado el 29 de octubre de 202.
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. (2019) Informe APH. Árboles por habitante. Oficina de Arborización Urbana. Disponible en www.orarbo.gov.co/
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. (2018) Espacio público verde por habitante por UPZ. Datos abiertos Colombia. Disponible en: https://www.datos.gov.co/widgets/276j-m5rd. Consultado el 27 de septiembre del 2021.
Piketty Thomas. [2013]2014. El Capital en el siglo XXI. Editorial S.L. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid.

 

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Publicado enEdición Nº286
Argentina legaliza el aborto en una votación histórica en el Senado

 

La interrupción involuntaria del embarazo fue aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención

Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Congreso argentino convirtió en ley la despenalización del aborto. La agotadora sesión en el Senado fue seguida por una multitud en las calles, a pesar de la pandemia y las altas temperaturas. Esta vez, a diferencia de 2018, se impuso el color verde que simboliza las luchas históricas en favor de un proyecto favorable a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El resultado provocó una verdadera explosión de alegría en las inmediaciones de la legislatura.

Dos años atrás, una iniciativa similar había obtenido la luz verde en la cámara de Diputados, pero no pudo pasar la prueba del Senado por siete votos. Las condiciones políticas se modificaron con la llegada al Gobierno del peronismo. El presidente Alberto Fernández la incluyó en su programa electoral. «Soy católico, pero tengo que gobernar para todos«, ha dicho al promover la llamada «Ley Nacional e Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia». La normativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados a mitad de diciembre, contempla la despenalización del aborto hasta la semana 14 del embarazo. Después de esa franja de tiempo, la interrupción solo será autorizada según lo que se contempla en la actualidad: casos de violación o riesgo de salud. Además de la despenalización, la ley se complementa con un «Plan de Mil días» que, en palabras de Fernández, busca “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida”.

De acuerdo con cifras extraoficiales, en Argentina se realizan unos 447.000 abortos ilegales por año. El Ministerio de Salud de Nación ha contabilizado solo entre 2010 y 2017 un total de 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos. Según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el aborto clandestino le cuesta al sistema de salud pública hasta 21 veces más que si se realizara de manera legal, segura y gratuita. El aborto en lugares clandestinos es una de las primeras causas de muerte materna en Argentina.

Las discusiones

Las discusiones parlamentarias no estuvieron exentas de opiniones encontradas. «Hoy es un día de esperanza«, dijo la legisladora oficialista, Norma Durango, al abrir el debate. «No cambie mis creencias personas ni mi modo de pensar sobre el aborto. Lo que cambié fue el enfoque desde el que se debe abordar. No se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa que mata, lastima y escribe historias muy tristes de este país. Historias que muchos se niegan a ver», señaló por su parte la senadora Lucía Crexell. «Pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización», dijo Gladys González, quien pertenece a la coalición de derechas Junto por el Cambio que lidera el ex presidente Mauricio Macri. González volvió a respaldar el IVE. Silvia Elías de Pérez dijo que integrantes de su espacio cambiaron sus votos por presiones. «La batalla por la vida no se pierde«, dijo y anunció que muy pronto se iniciará una campaña de recursos de amparo contra le ley.

«Vengo a representar a mi conciencia. La ley actual protege la desigualdad», la corrigió Luis Petcoff Naidenoff, del mismo partido, la Unión Cívica Radical (UCR), favorable a la iniciativa. «Si España e Italia pusieron el problema sobre la mesa, ¿por qué nosotros no? Si mi voto ayuda a salvar a una mujer que puede perder la vida en una clínica clandestina, voto afirmativamente», dijo el peronista Sergio Leavy. «Las mujeres estamos conquistando el poder de decidir. Lo logramos porque otras caminaron antes que nosotras», dijo la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Historia de luchas y presiones

El camino que desembocó este miércoles en la aprobación de la ley es fruto de años de perseverancia de los colectivos feministas que cobró forma masiva especialmente en las últimas dos décadas. “Creo que estamos donde estamos, porque hubo un trabajo de miles de mujeres que, en distintos momentos, comenzamos a deconstruir el patriarcado», dijo a sus 91 años la abogada Nelly Minyersky, una de las referentes del movimiento.

En las vísperas del debate las iglesias católica y evangélica redoblaron sus prédicas de rechazo a la ley. Incluso el papa Francisco público un sugestivo tweet: «el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura».

El debate se siguió en las inmediaciones del Parlamento por los defensores y detractores del IVE. «Sigue la vida, aborto no«, no dejaron de corear lo que se identificaron con el color celeste. La «marea verde«, integrada por jóvenes, adolescentes, pero también sus madres y abuelas, acompañó con un tono festivo las discusiones, despreocupados en su mayoría por el uso de la mascarilla a la hora de abrazarse durante el minuto más esperado. La euforia fue creciendo a medida que se tuvo la certeza del voto favorable. «Nos impiden el aborto los curas que abusan menores», gritaron unos. «Aborto legal, en el hospital», cantaron otros.

Un dictamen reparatorio

El Senado votó el mismo día que empezó a aplicarse la vacuna rusa Suputink V. Argentina, donde ya han muerto por covid-19 casi 43.000 personas, ha recibido una primera partida de 300.000 dosis.  La campaña de vacunación proseguirá en enero.

La aprobación de la ley coincidió con otro episodio judicial relevante que no ha sido ajeno a las discusiones parlamentarias. La Cámara Federal confirmó una sentencia dictada en 2018 contra dos policías por las violaciones y el aborto forzado que sufrió Silvia Suppo, una sobreviviente de la última dictadura militar (1976-83), quien fue asesinada en 2010, pocos meses después de haber denunciado ante un tribunal oral sus padecimientos. Suppo había sido secuestrada el 24 de mayo de 1977 mientras trabajaba en un consultorio médico de la provincia de Santa Fe de Rafaela. Sus captores la torturaron y violaron. Tuvo su embarazo en cautiverio y la obligaron a abortar en condiciones aberrantes.

Por Abel Gilbert | 30/12/2020


Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201230/argentina-espera-ansiosa-decision-senado-11427405

Publicado enInternacional
Europa contra los electrónicos y electrodomésticos con muerte programada

El "deerecho a reparar" smartphones, televisores, computadoras y lavarropas 

 

Con la reciente aprobación del "derecho a reparar", el Parlamento europeo pretende darle fin a la obsolescencia programada. Es decir, a la limitación de la vida útil de un dispositivo electrónico voluntariamente para obligar a su reposición y por lo tanto asegurar las ventas de las empresas. La normativa pretende limitar los productos electrónicos de un solo uso, obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.

Entre las distintas medidas que aborda la iniciativa se encuentra el respaldo a la producción sostenible. Además, demanda un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos, una batalla que actualmente es motivo de debate entre los principales fabricantes. Como primera medida, el Parlamento obligará a establecer un etiquetado que determine la durabilidad de los productos a través de un índice de reparación del dispositivo: una información "clara y precisa" que deberá ser ofrecida al usuario antes de realizar la compra.

Medio ambiente

La propuesta surge de un reclamo que los ciudadanos europeos realizan hace tiempo. De acuerdo a una encuesta realizada por la Unión Europea en 2014, el 77 por ciento de los europeos repararían sus productos antes que reemplazarlos y el 79 por ciento cree que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación o reemplazar componentes.

Dentro de los principales argumentos que sostiene el parlamento para justificar la votación de la norma se encuentran la defensa a los consumidores que siempre se encuentran en una relación vulnerable frente a las empresas, el cuidado del medio ambiente al evitar la disminución de recursos naturales, necesarios para la producción de nuevos dispositivos y la producción de basura electrónica. También habla del efecto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en el mercado, y de cómo ha demostrado la necesidad de establecer nuevos modelos de negocio más sostenibles.

Primero Francia

Francia tomó la delantera en la aplicación de la normativa, que comenzará a regir a partir de enero de 2021. Los fabricantes franceses deberán informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar un producto. Se implementará como una etiqueta con una puntuación del uno al diez que que represente lo fácil que es reparar el dispositivo, siendo diez el valor máximo. Por el momento se aplicará a lavarropas, notebooks, smartphones, televisores y cortadoras de pasto. El índice francés tiene como objetivo ir incorporando variables y transformarse, para 2024,  en un índice que informe no solo sobre la reparabilidad, también sobre su fiabilidad y solidez.

Publicado enMedio Ambiente
¡No hay derecho! Miradas territoriales sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Si bien la sentencia C-355 de 2006de la Corte Constitucional ha tenido como objetivo garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE);las realidades estructurales, sociales y particulares a las que nos enfrentamos las mujeres en el territorio colombiano, agudizadas por la penalización de la práctica del aborto en el Código Penal Colombiano, han condicionado la posibilidad de que a través de este fallo se garantice a las mujeres y las niñas de todo el territorio nacional, servicios accesibles que tengan como finalidad el ejercicio del derecho.

Con el ánimo de garantizar la protección del derecho a la IVE -aspecto que no se agota con la interrupción del embarazo per se, sino que vincula la fase diagnóstica y la atención postaborto-, es indispensable que el Estado reconozca la desigualdad en acceso a servicios e información que caracteriza a las regiones y zonas rurales del país. Hablar de IVE desde una perspectiva centralizada, en un país como Colombia, implica acrecentar las brechas existentes entre las mujeres que habitan en las grandes ciudades y las que viven en regiones periféricas, también, esta visión centralizada permite el detrimento del derecho a la igualdad y nodiscriminación. Es necesario escuchar argumentos descentralizados geográficamente, construidos a partir de la experiencia propia y del proceso situado de acompañar o trabajar por la garantía del derecho, en configuraciones territoriales específicas.

Sobre este punto es determinante considerar las condiciones especiales a las que se someten las mujeres habitantes de zonas rurales del país, con escasos recursos, con un sistema de salud deficiente que no permite la atención oportuna de las mujeres y con un sin número de barreras sociales y culturales específicas en cada región, que por su complejidad menoscaban el acceso oportuno a los servicios relacionados con la IVE.

En el caso de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño –territorio en el que habitamos como organizaciones-, existen múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse, entre ellas, la carencia de oferta suficiente de los procedimientos de segundo nivel, ya que solo se cuenta con aspiración manual endouterina –AMEU- en tres instituciones en todo el departamento. Así, por ejemplo, para procedimientos que deban aplicarse más allá de la semana veinte de gestación, no existe una institución en el municipio, ni en el departamento que preste el servicio, teniendo que hacerse una referencia a otro lugar del país para realizar el procedimiento, situación que genera un mayor obstáculo en las mujeres que lo requieran, pues no solo deben desplazarse sino además, asumir los costos que ello supone, cuestión que es mucho más complicada atendiendo a sus situaciones particulares.

 

En términos generales, los procesos de acompañamiento y formación en IVE han permitido a las organizaciones identificar una amplia gama de barreras, situaciones u obstáculos sociales, institucionales y estructurales presentes en el territorio, que limitan el acceso al servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las barreras sociales son todas aquellas actitudes, comportamientos y creencias presentes en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, que censuran la práctica del aborto, desconociendo los derechos de las mujeres en general, y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Una de las barreras que identificamos es la falta de conocimiento respecto a la IVE, como un derecho fundamental de las mujeres y niñas; este desconocimiento limita la exigibilidad del derecho y,en el plano institucional, impide la prestación de un servicio de salud que no vulnere los derechos sexuales y reproductivos, e incumple el ordenamiento jurídico nacional respecto a este derecho.

La idealización de la maternidad y la construcción de imaginarios respecto a condiciones “idóneas” para el ejercicio de la misma, se convierte en la negación de la posibilidad de elección; estos imaginarios provenientes de creencias religiosas y conservadoras arraigadas en la cultura nariñense censuran el aborto, el disfrute de la sexualidad y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La censura social condiciona la aplicación de las causales, a través de las cuales, en la actualidad, se hace efectivo el derecho a la IVE; por ejemplo, cuándo se otorga legitimidad a la causal violencia sexual, pero se reprocha la causal salud mental y se acepta condicionalmente la causal malformación del feto incompatible con la vida extrauterina[1].

A su turno, las barreras institucionales son aquellas prácticas (discursivas o fácticas) que ejercen las y los profesionales de salud, vinculados a la prestación del servicio de IVE, realizados en las EPS e IPS,   que niegan, dificultan o dilatan injustificadamente el acceso al derecho. Estas prácticas irresponsables condicionan la operatividad de la ruta de atención al conocimiento que tienen las mujeres sobre su derecho a la IVE y al acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

La objeción de conciencia -el derecho de las y los médicos a no practicar la IVE por razones religiosas o morales-, adquiere la calidad de barrera cuando no atiende las condiciones en las cuales debe presentarse por parte de las y los profesionales de salud, cuándo se utiliza de forma indiscriminada, cuando las instituciones de salud no cuentan con profesionales que no se declaran objetores-as y que puedan prestar el servicio, o cuando se declaran objetoras de conciencia como institución, siendo este un derecho de las personas naturales, no jurídicas.

Por otra parte, las instituciones exigen a las mujeres solicitantes de IVE, requisitos adicionales no previstos en la jurisprudencia, como la obligación de atención psicológica en causales que no la requieren; así mismo, se expiden certificaciones con diagnósticos incompletos que retrasan la prestación del servicio, imponiendo cargas desproporcionadas que vulneran derechos y configurando una violencia institucional, prohibida por la misma Corte Constitucional

En lo que concierne a las barreras estructurales, entendidas como aquellas situaciones que afectan el acceso al derecho, producto de las condiciones de desigualdad social y económica que rodean a las mujeres que pretenden acceder al servicio, se destaca la debilidad en la ejecución de proyectos y estrategias de formación relacionadas con educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que el departamento de Nariño es un territorio mayoritariamente rural, altamente golpeado por situaciones de violencia social y armada del país, donde su población no cuenta con condiciones socioeconómicas favorables y que en algunos casos las usuarias deben asumir los costos asociados a la práctica de la IVE; la mayoría de mujeres del departamento no logran efectivizar el derecho, de manera que, concluyen con el embarazo o se someten a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En concordancia con lo anterior, la existencia del delito de aborto previsto en el Código Penal Colombiano, aun cuando la IVE es underecho fundamental, se convierte en una de las mayores barreras estructurales, en tanto es una figura utilizada por las instituciones de salud para coartar el derecho de acceso a la IVE, generando incertidumbre en las y los profesionales de la salud, sobre su marco de acción legal, pero además, conservando en la sociedad la percepción de delito respecto del derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre la maternidad. Esto envía un doble mensaje: por una parte, las instituciones se excusan en la figura jurídica penal para no prestar el servicio de IVE, so pena de incurrir en delito; por otro lado, las mujeres solicitantes sufren en carne propia la estigmatización a que conlleva su práctica, cuestión que se explica además por la falta de información y de educación existente frente al tema y que finalmente incrementa el miedo de las mujeres a la criminalización.

Como podemos observar, las condiciones para la garantía del derecho fundamental a la IVE dependen de los contextos regionales, de ahí que es preciso la implementación de un enfoque territorial que reconozca las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres en Colombia para acceder al servicio que efectiviza el derecho, las cuales se ven agudizadas en los territorios que enfrentan condiciones de exclusión histórica, en las zonas rurales y en regiones de exacerbación del conflicto armado interno, como es el caso del departamento deNariño.

Estamos seguras que avanzar en la protección al goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como deber del Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva territorial antes mencionada, implica el análisis comprometido respecto a la eliminación de barreras estructurales existentes para el acceso al derecho de IVE y en este sentido, la reflexión respecto a la pertinencia de la despenalización del aborto, como condición indispensable para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La experiencia en Colombia nos ha mostrado que la penalización del aborto no disminuye su práctica, sólo condena su realización a la clandestinidad.Es un hecho que la despenalización no implica incremento de abortos, sino la atención segura, oportuna y con dignidad de quienes han decidido interrumpir su embarazo. De ahí que, la penalización se traduce en muertes de mujeres por la falta de condiciones para la práctica del aborto, costos para el sistema de salud que debe atender los casos de las mujeres con complicaciones por abortos inseguros, costos en el sistema judicial derivados del proceso de investigación y sanción del delito, y construcción y legitimación de dinámicas de sanción social, ejecutadas en su mayoría por grupos antiderechos, tanto contralas mujeres que acceden a la IVE, como contra  los y las profesionales e instituciones prestadoras del servicio.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la vida, exigimos al Estado la despenalización total del aborto, así como la construcción de espacios de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones en la garantía del derecho a la IVE, a no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por el contrario, reforzar el avance en el reconocimiento y garantía de la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras esto no se haga efectivo ¡No hay derecho!

 

Coautoras: Surprise City, Asmupaz y Corporación Violeta en Movimiento.

 

*Surprise City: Fundación que desde el arte y la cultura para jóvenes, acompaña y fortalece los procesos de formación en educación sexual y reproductiva, esencialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

*Asmupaz: Asociación legalmente constituida por mujeres trabajadoras sexuales, que desde el año 2015 viene trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, Reproductivos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales; y que desde el año 2016 viene desarrollando procesos de acompañamiento en IVE en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, así como también procesos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos, y campañas de promoción del derecho.

* Corporación Violeta: Expresión organizativa en construcción, cuyo objeto es la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos en la región desde una perspectiva feminista. Comprometida, en ese sentido, con la promoción de justicia con enfoque de género y de diversidad; el fortalecimiento de procesos institucionales, sociales y organizativos alrededor de la implementación y construcción del enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género; el desarrollo de escenarios de construcción de conocimientos respecto a las dinámicas territoriales en materia de derechos humanos, prevención de VBG y violencias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no binarias, que permitan la reflexión, discusión y recomendación de acciones para la protección de los derechos.

 

[1]En mayo de 2006, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355, a través de la cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en reconocimiento del derecho que asiste a toda mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando (i) la vida o la salud física o mental de la mujer gestante se encuentren en riesgo; (ii) el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que por su gravedad hacen que el feto sea inviable y, (iii) cuando la gestación sea producto de violación o incesto (Corte Constitucional, 2006).

Publicado enColombia
Sábado, 10 Agosto 2019 05:43

El robo del álbum de la historia mundial

Comunidad zapatista La Garrucha, Chiapas. Foto Mario Olarte

UN CRIMEN DE CUELLO BLANCO DEL EMPORIO GETTY

El botín del robo cibernético más cuantioso del planeta está depositado en los bancos de Mark Getty y los sótanos secretos de Wall Street. Y no se trata de una película de ciencia ficción por estrenar, sino del silencioso, pero criminal jaqueo de lesa humanidad diseñado para convertir las imágenes y audiovisuales pertenecientes al dominio público del patrimonio de la historia mundial en propiedad privada para luego ser comercializadas en el imperio monopólico más tóxico del mundo corporativo en perjuicio de más de siete mil millones de seres humanos.

Y es que el álbum de la historia con millones de imágenes, diseños gráficos, ilustraciones y documentos históricos pertenecientes a emblemáticas colecciones o archivos culturales, artísticos y religiosos que se han producido a nivel mundial a lo largo de varios siglos, fueron robadas y sustraídas de sus archivos mediante la complicidad de Google, Facebook y las redes sociales. Se trata de imágenes de la historia mundial pertenecientes, principalmente, al dominio público, que ahora fueron monopolizadas y convertidas ilegalmente en propiedad privada para ser comercializada por la familia del billonario Mark Getty por medio de sus corporaciones dedicadas a la piratería terrorista digital de imágenes que son comercializadas fraudulentamente: Getty Images, Inc, Getty Images (US) “Getty US” y License Compliance Services, Inc (LCS).

Así, estas corporaciones ladronas de imágenes, literalmente se han apropiado digitalmente de la historia mundial y consumado con ello, el robo más escandaloso del patrimonio histórico, cultural y artístico del planeta del que se tenga memoria. Aquí́ se encuentran atrapadas las imágenes adquiridas en los principales archivos militares, revolucionarios, de movimientos políticos y sociales, de la Librería del Congreso de EU, universidades y bibliotecas. Las colecciones y álbumes sustraídos al patrimonio de la humanidad y en especial a cada país, son incalculables e invaluables en toda su magnitud. Pero ahí podemos observar cómo se lucra con las obras de Diego Rivera, Siqueiros, Orozco o todo sobre las culturas indígenas. También destacan el Holocausto, la Revolución Mexicana, la Revolución de Cuba o imágenes de Pancho Villa, Emiliano Zapata, Gandhi, Abraham Lincoln, Martin Luther King y miles de personajes de la historia iconográfica de cada país que ahora son comercializadas como mercancías que son exhibidas en el internet, universidades y centros culturales como parte del monopólico imperio del mundo de las imágenes robadas y agregadas a la fortuna de Getty.

Ante estas flagrantes violaciones a los derechos de los ciudadanos y pueblos del mundo a conservar sus imágenes dentro del dominio público y respetar las leyes de propiedad intelectual, la firma de abogados de CixxFive en base a el Acta de Protección del Consumidor de Washington, (Washington Consumer Protection Act) ha presentado una demanda legal colectiva en la United States District Court Western District, Washington, con el fin de frenar las acciones monopólicas fraudulentas en contra de millones de personas a nivel mundial, al despojarlos de imágenes del dominio público que forman parte de la historia universal y de su propia identidad nacional. Además del dinero pagado a Getty. Este poderoso imperio pirata audiovisual, incluye también obras musicales, caricaturas, material robado de libros antiguos o modernos, donde aparecen personajes con obras como las de Darwin, Einstein, Shakespeare, Miguel Ángel, Marx, Ho-Chi-Min, Dickens, Lenin, Buda, Che Guevara, García Márquez Galeano y miles más, pertenecientes al mundo del arte y la cultura universal. Además de imágenes religiosas de todos los tiempos.

También archivos periodísticos e impresos culturales de publicaciones aparecidas en la información mundial desde que se inventó la imprenta han sido asaltados y robados mediante sus conexiones con agencias de noticias y despachos de prensa convertidos en mercancía para satisfacer la avaricia y voracidad de las corporaciones del barón cibernético, Mark Getty.

Tribunal Internacional contra la propiedad privada ilegal. Inexplicablemente, a pesar de las contundentes e inapelables evidencias de estas violaciones cometidas por los ladrones de imágenes, encabezadas por las corporaciones de Getty en contubernio con los gigantes del Internet, casi nadie los ha denunciado legalmente, a pesar de que son millones de víctimas a nivel mundial que han sido dañadas por los crímenes cometidos contra el patrimonio de la humanidad. Ni gobiernos, organizaciones, universidades, iglesias o individuos han alzado la voz para frenar esta práctica que les obliga a pagar a las mafias de estas corporaciones por los derechos de propiedad intelectual que en verdad corresponden al dominio público.

Sin embargo, en 2016, Getty fue demandado por la agencia de noticias independiente Zuma Press, por apropiarse de más de 47 mil imágenes que fueron utilizadas sin su autorización con fines lucrativos. El juicio sigue su curso legal. Contradictoriamente, a pesar de las múltiples violaciones cometidas por las corporaciones de Getty, éste tiene un ejército de abogados para demandar a los que caigan en sus trampas digitales. Ellos se dieron el lujo de amenazar con demandar a la fotoperiodista Carol Highsmith por utilizar una de sus propias fotos en su sitio digital, ignorando que Highsmith en julio de 2016 había demandado a sus patrones por mil millones de dólares por explotar, sin su autorización, una licencia para utilizar su colección adquirida en donación por la Librería del Congreso de Estados Unidos. En la larga lista de agravios y violaciones cometidas por las corporación de Getty existen resistencias y demandas como la del fotoperiodista Daniel Morel por 1.2 millones de dólares por apropiarse de imágenes sobre el terremoto de Haití en 2010. Ello con el contubernio de la agencia de noticias France Press, una empresa socia del magnate.

Estos referentes son sólo una pequeña evidencia de la reacción contra la apropiación transformadora criminal del dominio público convertida en propiedad privada en beneficio de un imperio que ha crecido silenciosamente. Falta mucho para hacer justicia y obligar a Getty a devolver las riquezas que pertenecen al dominio público de la humanidad, así como los millones de dólares que su corporación ha recibido de quienes han sido sus víctimas: la comunidad internacional y todos los países que han sido engañados por el magnate.

Con la demanda en su contra se tiene la oportunidad de revalorar lo perdido en base de una defensa organizada para llevar a los tribunales todas las querellas necesarias para defender a sus pueblos y ciudadanos afectados. Esto, independientemente de los delitos ocultos y secretos en evasión de impuestos, lavado de dinero, construcción fraudulenta de filiales y todo lo concerniente al monopolio establecido para apuntalar la riqueza de la familia Getty desde su central de Inglaterra conectada con los principales bancos del mundo y su conexión especulativa con Wall Street.

Se trata de una gran telaraña de actividades de alta tecnología criminal en asociación para enriquecerse con el trabajo creativo y productivo de la comunidad mundial del arte y la cultura, en beneficio de la ambición más egoísta e insana del planeta en materia del patrimonio de la humanidad.

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Carlos U. Vigueras dirige el Laboratorio de Nuestro Futuro México-EU. Este escrito fue editado por el Museo Casasola y enviado a Ojarasca por el autor.

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Más de 500 marchas en EU contra ofensiva para anular el derecho al aborto

Más de 500 manifestaciones se realizaron en decenas de ciudades a lo largo del país en protesta contra la ofensiva conservadora para anular el derecho al aborto impulsada por el régimen de Donald Trump y sectores derechistas, calificada de "guerra contra las mujeres" por defensores de derechos civiles.

Las acciones responden a una serie de nuevas leyes promulgadas por fuerzas conservadoras en varios estados para limitar severamente e incluso prohibir la suspensión del embarazo con el objetivo final de provocar una disputa legal en la Suprema Corte para anular el fallo que legalizó el aborto a escala nacional hace cuatro décadas.

El estado de Alabama promulgó este mes la ley más severa del país, que en los hechos prohíbe el aborto aun en casos de embarazo por violación sexual o incesto y establece penas hasta de 99 años de cárcel para doctores que se atrevan a incumplir esta norma. Otras leyes estatales recién aprobadas (no todas han sido promulgadas todavía) en por lo menos ocho estados prohíben el aborto después de que se detecta un latido de corazón en el feto, aproximadamente seis semanas, plazo en el cual muchas mujeres ni están enteradas de que están encintas.

El propósito detrás de este impulso a restricciones más extremas contra el aborto en décadas, es que activistas "pro vida", sobre todo de la derecha cristiana y la Iglesia católica, están confiados en que ahora podrán lograr su sueño después de que Trump instaló a dos jueces antiaborto en la Suprema Corte. Con ello, ahora existe una mayoría conservadora de cinco contra cuatro en el máximo tribunal, y se supone que con ello se podrá revertir el fallo histórico de 1973 conocido como Roe v Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos.

El propio Trump, en esta coyuntura, ha reiterado su posición "pro vida" al invitar a esta disputa.

Ante esto, ayer se realizaron protestas a lo largo del país, incluida una frente a la Suprema Corte, en Washington, y los tribunales federales en Nueva York, donde en cada lugar cientos de activistas pro aborto y pro derechos de la mujer y políticos, incluyendo algunos de los precandidatos presidenciales demócratas, expresaron su repudio a las nuevas leyes.

Las protestas fueron convocadas por una gama de organizaciones que han estado al frente de la defensa del derecho de la mujer al aborto, entre ellas NARAL, Planned Parenthood, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Women’s March.

"Este es el inicio de la guerra del presidente Trump contra las mujeres", declaró la senadora demócrata y precandidata presidencial Kirsten Gillibrand ante los manifestantes en Washington. Advirtió que "si él quiere esta guerra la tendrá y va a perder". Otros políticos y activistas hicieron eco de estas posiciones.

Algunos activistas indican que la ofensiva contra el aborto es sólo parte de una guerra más amplia contra las mujeres en este país. La ACLU tuiteó, por ejemplo, que aunque las mujeres en Estados Unidos representan sólo 4 por ciento de la población femenina mundial, son 33 por ciento de las encarceladas en el mundo y 80 por ciento de éstas son madres.

Otros señalan la hipocresía de líderes políticos y religiosos pretendiendo defender la "vida sagrada" de los aún no nacidos en lugares como Alabama, estado con la tasa más alta de mortalidad infantil en el país, con el mayor nivel de pobreza de los menores de edad y que ocupa el lugar 46, de 50, en educación, reporta la periodista de Los Angeles Times Jackie Calmes.

Señalando que muchas de estas leyes fueron aprobadas por el género masculino en las legislaturas (la de Alabama, por ejemplo, por 25 hombres blancos en el Senado estatal), la comediante Samantha Bee concluyó: "supongo que los hombres no aman nada más que ser policías de los cuerpos de las mujeres", pero "lo que todas estos proyectos de ley tienen en común es que demuestran que quienes los están formulando no tienen ni puta idea de cómo funciona el sistema reproductivo" y, por lo tanto, dedicó su programa Full Frontal a "ofrecer educación sexual a los senadores".

Mientras, el régimen de Trump ha llevado su guerra contra las mujeres a escala mundial, al suspender todo financiamiento de organizaciones internacionales de salud y de servicios de apoyo a familias que ofrecen servicios de aborto o incluso si sólo educa a la gente sobre esa opción.

 

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Viernes, 03 Mayo 2019 06:13

Assange resiste la extradición

Assange resiste la extradición

“No deseo entregarme para ser extraditado a EE.UU. por haber hecho un periodismo que ha protegido a muchas personas”, dijo el ciberactivista.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó ayer ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos. El australiano de 46 años compareció mediante videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el proceso sobre su entrega a Washington, luego de haber sido condenado por otro tribunal británico a 50 semanas de cárcel. “No deseo entregarme para ser extraditado a Estados Unidos por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas”, afirmó el activista y periodista en su declaración. Luego de su videoconferencia de ayer, el juez Michael Snow decidió que Assange deberá comparecer nuevamente en el tribunal el próximo día 30. Al mismo tiempo varias decenas de partidarios del activista australiano se congregaron frente a la corte con carteles que decían “Liberen a Assange” y “No a la extradición”.


“La batalla comienza realmente hoy”, declaró en tanto el actual director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, que calificó la sentencia como “un escándalo” y aseguró que el experto informático está muy afectado por la posibilidad de ser encarcelado por un año, luego de los 2.488 días que pasó recluido en la embajada ecuatoriana en Londres. “La extradición está basada en una ofensa menor que puede ser castigada con cinco años de cárcel”, advirtió en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. “Básicamente, lo consideramos como una estrategia para poder presentar luego más cargos contra él. Todo parece indicar que podría ser acusado de violar la Ley de Espionaje de 1970, que prevé incluso la pena de muerte”, afirmó.


Assange está recluido en la prisión de Belmarsh, un centro de alta seguridad en el suroeste de Londres. Allí permanece desde el 11 de abril cuando fue detenido por la policía británica en la legación ecuatoriana después de que este país le retirase el asilo diplomático concedido casi siete años antes. Assange se había refugiado en Londres en junio de 2012 para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando años después estas fueron archivadas, permaneció afirmando temer que lo entregasen a la justicia estadounidense.


Su plataforma online se hizo famosa en 2010 cuando difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos que pusieron a Estados Unidos en un fuerte aprieto a nivel nacional e internacional. Washington, por su parte, afirma querer juzgarlo solo por piratería informática. Estados Unidos sostiene que el periodista conspiró con la analista de inteligencia Chelsea Manning para poder interceptar un ordenador del Pentágono. En la misma línea, la fiscalía mantiene que Assange ayudó a Manning a decodificar una clave secreta para que ella pudiera filtrar cables clasificados a través de WikiLeaks. Ben Brandon, un representante de la justicia estadounidense, confirmó ayer que este cargo es pasible de un máximo de cinco años de cárcel. Pero los defensores de Assange temen que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corra el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.


Al anunciar hace tres semanas la expulsión del australiano de la embajada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró haber recibido la garantía de Reino Unido para que Assange no sea entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. Ese mismo día, la abogada británica del experto informático, Jennifer Robinson, anunciaba que lucharía hasta el final para impedir su entrega a Estados Unidos, afirmando que la detención de Assange crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas en el mundo.


Mientras tanto, los políticos británicos están divididos respecto a Assange. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se opone a su extradición afirmando que el australiano “expuso pruebas de las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán”. Pero por otro lado el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es “ningún héroe”. La primera ministra Theresa May declaró en sintonía con Hunt al afirmar que “nadie está por encima de la ley”.

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