¿Por qué hay 100 millones de desplazados en el mundo?

Guerras, hambruna, xenofobia y redes de trata confluyen en el drama humanitarilo

La mayoría de los migrantes son recibidos por naciones de renta baja o media con muchos menos recursos que los países más desarrollados de Europa y Estados Unidos, sostiene ACNUR. 

 

Siglos de colonialismo, explotación de recursos, corrupción endémica y guerras de destrucción masiva – con la licencia de George W. Bush y su frase sobre las armas atribuidas a Irak -, provocaron quehoy se viva una tragedia humanitaria multiplicada por 100 millones de desplazadosen todo el planeta. La cifra es del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. No se trata de un tema migratorio estrictamente. Un concepto más amplio que a menudo se confunde con la situación de los perseguidos que buscan asilo en países diferentes a los de su lugar de nacimiento. Un dato dentro de un mundo de datos, basta para constatar de qué se habla. Hay 37 millones de niños entre los afectados según UNICEF y la cifra no contiene a los que padecen la guerra entre Rusia y Ucrania desde este año. Son el último torrente de menores que intentan llegar a un lugar seguro habida cuenta de otros padecimientos. El 28 por ciento de la población infantil es víctima de las redes de trata. 

La crisis en ascenso se percibe camino a 2023. La OIM (Organización Internacional de Migración) publica estadísticas que explican una parte del problema. El año próximo, según sus estimaciones, deberían ser reasentadas más de 2 millones de personas para no agravar la situación global. El desafío resulta imposible de cumplir si se considera que en 2021 más de 1,4 millones de seres humanos necesitaron reubicarse y solo 39.266 refugiados lo lograron. El contexto migratorio, desmesurado en sus cifras, tampoco ayuda. A 2020 había 281 millones de inmigrantes, el 3,6 % de la población mundial. Una cantidad superior en 128 millones a la cifra de 1990 y que triplica a la de 1970. Se disparó en las últimas cinco décadas.

Otro elemento que acentúa la debacle humanitaria esla desigual aceptación de refugiados según los países de acogida. Para Filippo Grandi, el alto comisionado de ACNUR, la mayoría de los desplazados son recibidos por naciones de renta baja o media con muchos menos recursos que los países más desarrollados de Europa y Estados Unidos.

Esta asimetría combinada con una noticia que difundió Naciones Unidas el 20 de junio pasado, empeoraría más la realidad de millones de personas. La información corrió por cuenta de David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Dijo que “mientras el hambre en el mundo se dispara muy por encima de los recursos disponibles para alimentar a todas las familias que necesitan desesperadamente la ayuda del PMA, nos vemos obligados a tomar la desgarradora decisión de recortar las raciones de alimentos para los refugiados que dependen de nosotros para su supervivencia”. Si la palabra hambruna comenzó a escucharse más en estos días, ya se sabe de donde proviene el alerta.

En ese contexto de calamidades, ni la guerra en Ucrania consiguió desalojar todavía a los refugiados sirios del primer lugar entre los desplazados. Según ACNUR son casi 5,7 millones y en 2023 deberían ser reasentados 777.800. A ellos les siguen los afganos, lo que llevó al Alto Comisionado “a publicar un aviso para detener los retornos forzosos, incluso para los afganos que previamente se consideraban no elegibles para la protección internacional”, según Naciones Unidas. La lista de países con mayor cantidad de desplazados la completan Congo, Sudán del Sur y Myanmar en ese orden.

Ahora, si se toman en cuenta las cifras de refugiados ucranianos desde el comienzo del conflicto con Rusia, se llega a 5,4 millones de personas, que en su mayoría escaparon hacia naciones vecinas. La OIM estima que además habría 7,5 millones de desplazados internos. Las estadísticas de esta guerra en Europa seguramente pondrán al tope el número de refugiados ucranianos cuando finalice 2022. Pero la gran diferencia con otras regiones del mundo está en cómo fueron recibidos esos ciudadanos en países como Polonia y Alemania y cómo los que en su misma condición debieron huir de guerras en África y Asia hacia el viejo continente.

A los primeros les abrieron las puertas de par en par basándose en una polémica mirada etnocéntrica sobre los pueblos. A los segundos los rechazaron o hacinaron en campamentos de refugiados en condiciones deplorables.

Las postales de la xenofobia y el racismo también se ven con nitidez en Latinoamérica. Aunque no entran en la dimensión cuantitativa de otros continentes. Según ACNUR, Venezuela continúa al frente en la cantidad de emigrados. Su alto comisionado Grandi declaró a principios de este mes que la situación “no tiene precedentes en la región” que recibió cerca de 5 millones de venezolanos en los últimos años. El funcionario elogió que “los estados continúan facilitando el acceso a sus territorios, asegurando derechos y también la atención en salud, incluyendo la vacunación contra la COVID-19”.

En Brasilia acaba de finalizar un encuentro del llamado Proceso de Quito, una plataforma de especialistas creada por trece países de América Latina para seguir la evolución del tema. El ACNUR valoró que el grupo integrado por México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, facilitó “el acceso al asilo y a la protección temporal” de los venezolanos desplazados. El 84 % de ellos ha sido recibido en la región, alrededor de 5,1 millones de personas. Argentina es el país más receptivo si se consideran a todos los migrantes, por delante de Colombia y Chile, según datos de 2020.

Estas cifras oficiales, básicamente obtenidas de organismos internacionales, suelen pasar inadvertidas hasta que las pantallas de TV o las redes sociales reproducen alguna tragedia con migrantes. Siempre hay una. En la última semana impactaron dos, una ocurrida en Texas, Estados Unidos y la otra en la frontera de Marruecos con los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

El hallazgo de un camión cerca de la ciudad de San Antonio con 53 migrantes muertos en su interior, la mayoría mexicanos, pero también de Guatemala, Honduras y El Salvador, le arrancó al presidente de EE.UU, Joe Biden, algunas palabras sobre los traficantes de personas: “una industria criminal que genera varios miles de millones de dólares”. Todos fallecieron por asfixia, deshidratación y hacinamiento en un camión cuyo aire acondicionado no funcionaba. En lo que va de 2022 la OIM ya contabilizó unos 500 migrantes muertos camino a Estados Unidos.

A miles de kilómetros de ahí, en otra frontera conflictiva, murieron – según datos oficiales - 23 refugiados del África Subsahariana que intentaban cruzar por Melilla hacia España. Otros 76 recibieron heridas y muchos más terminaron apilados en el suelo mientras los guardias marroquíes los apaleaban. Las imágenes recorrieron el mundo para la indignación de los espíritus políticamente correctos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMHD), en la provincia de Nador, calificó como “inhumana” la represión contra unos 2 mil desplazados que se lanzaron a saltar la valla de seguridad. Unos 133 lograron su objetivo y festejaban en territorio español. En la primavera del 2021 otros 8 mil habían conseguido cruzar por Ceuta.

La clase dirigente no puede entenderlo y sigue levantando muros alrededor del mundo. En ninguna frontera, nada detendrá a un desesperado. En la Edad Media “los ricos tuvieron miedo a los pobres”, dijo una vez el historiador francés Georges Duby. “Eran demasiado numerosos, inquietantes. Se sobrepasó el umbral de tolerancia de la miseria. En ese momento se produce el fenómeno del rechazo”, explicaba. Pasaron más de mil años.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Especuladores duplican valor del agua; debate sobre capitalizar derechos

A finales de 2018 se creó un instrumento asociado al precio del agua en California. Cuando dos años más tarde entró a cotizar en lLos mercados de futuros, el tema elevó un breve debate de qué tan ético es que las bolsas de Estados Unidos capitalicen un derecho humano. Desde entonces, el valor de ese índice se duplicó.

Con una cotización de 511.33 dólares al ser creado, en octubre de 2018, el Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) incluso se depreció en sus dos primeros años desde que fue creado. El 7 de diciembre de 2020, al entrar a cotizar en el CME Group –la bolsa de derivados financieros más grande del mundo— su valor era de 486.53 dólares.

Al entrar al mercado abierto, el índice –que representa el valor de 325 mil 851 galones de agua en California— se disparó 104.2 por ciento en menos de dos años. A la fecha el NQH2O se cotiza en 998.95 dólares.

Presentado como un tipo de cobertura para productores, sobre todo agrícolas, que requieren grandes cantidades de agua y están sujetos a la incertidumbre ambiental, el NQH2O en el CME Group no es para vender el líquido, sino contratos sobre su precio dentro de cierto plazo a futuro.

En el mercado de Chicago por lo general se comercializan productos derivados, instrumentos financieros en los que se establece un precio de compra y de venta para una transacción que se realizará en el futuro, explica Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico en Monex, al ser consultada sobre cómo operan los mercados de futuros.

Detalla que al vencimiento del contrato se debe respetar el precio pactado, lo que muestran estos índices es la expectativa de cuál será el precio en ese plazo. No obstante, estos mercados se usan con dos fines. Uno es de cobertura, para reducir la incertidumbre, pero hay otro tipo de usuarios, los especuladores, que al final sí pueden distorsionar los precios del mercado real.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, refiere que casi ningún futuro cierra la operación en la fecha pactada. Con el fin de evitar riesgos, algunos inversionistas lo cierran antes, una vez que vieron que ya ganaron o redujeron sus pérdidas, dado que si el precio llega a ir muy por arriba del precio en el contrato pueden quebrar.

Un ejemplo de la participación de especuladores en mercados de sectores donde no tienen un beneficio directo fue lo ocurrido en abril de 2020, a inicios de la pandemia de coronavirus, cuando los futuros de petróleo se cotizaron con valores negativos para el precio del barril y muchos de los compradores no tenían dónde almacenar el hidrocarburo, incluso pagaron para que se lo llevaran (https://bit.ly/3ui3anI).

Más allá de los mercados de futuros, en la Bolsa Mexicana de Valores se puede invertir en el mercado del agua, que de acuerdo con Global Water Intelligence tendrá un valor de 914 mil 900 millones de dólares en 2023, proyección que anticipa un crecimiento de 18.8 por ciento en cinco años.

La bolsa mexicana reporta que se puede invertir en empresas internacionales de tratamiento, almacenamiento e innovación del agua a través de Exchange Traded Funds (ETF), los cuales son portafolios asociados a un sector y que están compuestos por porciones de activos de diversas compañías, lo cual los hace más baratos (https://bit.ly/3ygwg82).

Pero más allá de los procesos alrededor del tratamiento o su almacenamiento, al entrar el NQH2O al mercado de futuros, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua, Pedro Arrojo Agudo, condenó la cotización de futuros del líquido dado que, advirtió, invitaría al comercio especulativo.

Mientras una parte de los mercados financieros especula con su precio, 2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, muestran informes de Naciones Unidas.

Publicado enInternacional
La universidad necesaria para América Latina

¿La enseñanza superior impartida hasta ahora ha generado resultados satisfactorios para el planeta y la humanidad? No, simplemente. De otra manera la Unesco no habría convocado en mayo pasado a la Conferencia Mundial de Educación Superior con una temática indudable sobre sus propósitos: "Reformular los ideales y prácticas de la educación superior" para asegurar el desarrollo sostenible del mundo y la humanidad.

Esa reformulación se enmarca en los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU; concretamente: "Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas, así como velar para que todos los seres humanos puedan explotar su potencial con dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable." Los Objetivos del Milenio planteaban hace dos décadas algo semejante. Nadie se atrevería a afirmar que se hayan cumplido en sus mínimos. Más bien se puede decir que han fracasado.

Si las agendas de la ONU y sus organismos especializados tuvieran cierto margen de concreción no seríamos testigos del mundo en que vivimos. Pobreza –al grado de causar hambrunas en algunas regiones–, violencia, emigración, racismo, discriminación social y, junto a ello, destrucción de recursos naturales (aguas, oxígeno, suelos, flora y fauna). Las consecuencias de esto último se comenzaron a sentir hace ya medio siglo: alteración en los ecosistemas naturales, extinción de especies, calentamiento ambiental. Y frente a unas y otras realidades, la incapacidad de los gobiernos para evitar profundas lesiones a la humanidad y a su hábitat.

En el último decenio del siglo XX, el balance sobre la educación que hacía la ONU, después de cuatro décadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, era francamente sombrío. Entre la población sin acceso a la escuela, analfabetos y ayunos de lectura y acceso a las tecnologías de la información, más de un tercio de la humanidad se hallaba al margen de los beneficios de una educación útil para la sobrevivencia digna y la capacidad de participar en cualquier cambio.

Pronto aparecieron las iniciativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que convirtieron a las instituciones de educación superior en maquiladoras cognitivas al servicio del mercado global. Las universidades fueron su blanco preferido. Un blanco al que habían preparado ciertos gobiernos, como el de Pinochet en Chile.

En la sostenibilidad ve la Unesco el gran recurso, si no es que la panacea, para evitar el deterioro creciente del planeta y de la humanidad que lo habita. Y llama a que la educación superior sea la que aporte las condiciones adecuadas para conseguir ese objetivo.

En su expresión más avanzada y consciente del suelo que pisan, los movimientos universitarios en el subcontinente americano –por lo general contrainstitucionales–, desde la reforma de Córdoba de 1918 han producido cambios cualitativos en la enseñanza superior y en el tejido político y social.

El espíritu de esa reforma –un espíritu imaginativo y democrático– se vino manifestando con gran vigor en varios países de América Latina durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Con frecuencia increíble, la respuesta de los gobiernos a las demandas universitarias era balazos y bombazos. Como editor de la revista Universidades, el órgano de difusión de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), me tocó conocer a numerosos y distinguidos universitarios que encontraban asilo en México debido a la violencia y la persecución de que eran objeto en sus naciones. Algunos de ellos nutrieron mi programa La universidad latinoamericana, que era difundido por Radio UNAM. Ambas instituciones, la Udual y Radio UNAM continúan siendo baluartes de lo mejor que ha producido el espíritu universitario de Córdoba.

Al contenido de la convocatoria de la Unesco, la propia Udual propuso un punto de vista específico sobre sus ejes temáticos. Esa especificidad geohumana se refería al ámbito de América Latina y el Caribe. Y en ella había una valoración insoslayable que no estaba en el documento oficial de la Conferencia. El énfasis de la Conferencia estuvo puesto en el covid-19 y sus efectos en la educación superior. “La educación superior en el mundo entero –dice el documento de la Udual– se ha visto afectada profundamente por la pandemia que, conviene recordar, surgió en un momento en el que enfrentábamos otra crisis sistémica derivada de un modelo civilizatorio excluyente y depredador, que afectaba de distintas maneras a nuestras universidades”.

Tal modelo excluyente y depredador, al que los numerosos eventos de la ONU suelen no aludir y menos llamar por su nombre es el que las universidades de América Latina y el Caribe deben cuestionar, so pena de ser cómplices de sus efectos contrarios a la vida y la naturaleza. No hay recetas para ello, pero con alentar el debate, la duda ("No nos enseñan a dudar", se quejaba Ortega y Gasset), el análisis de los problemas reales, la solidaridad con las causas que buscan su solución y la elaboración de propuestas que sirvan a ello se logrará que la educación por competencias –cara a la OCDE– modifique su carácter conductista por uno de crítica y discusión abierta al examen y al cambio.

Las universidades de América Latina y el Caribe no pueden atenerse a las decisiones de los organismos polinacionales que dominan a Occidente. Los suyos son problemas que esos organismos no han podido resolver a lo largo de tres cuartos de siglo.

Publicado enSociedad
Miércoles, 29 Junio 2022 05:18

Assange y Solzhenitsyn

Assange y Solzhenitsyn

La persecución contra Julian Assange no es diferente en esencia a la que tuvo la Unión Soviética contra Solzhenitsyn. No lo persigue un Estado, cierto, pero sí un estado de cosas: gobiernos, empresas que han visto en sus filtraciones un sótano bastante pestilente que se niegan a mostrar.

Más que un periodista o editor, Assange es una conciencia que nos ha permitido conocer con detalle el horror de un mundo donde los poderes político y económico cierran filas para mantenerse a cualquier costo, una red micelial ponzoñosa donde todo bajo tierra se conecta.

Nada nuevo que no se haya supuesto en muchos casos y demostrado en algunos, pero sin duda la mejor prueba documentada con cientos de miles de archivos. Aunque a mayor escala hizo lo mismo que el jefe de la FBI Mark Felt, el famoso "Garganta profunda" del caso Watergate: abrir la cloaca para que las cosas cambien.

La brutal reacción contra Assange (persecución internacional, aislamiento absoluto en una cárcel de máxima seguridad en Londres y la promesa de cadena perpetua en Estados Unidos) nos muestra que el periodismo de investigación seguirá siendo un problema para los regímenes políticos con tentaciones autoritarias.

Mucho se juega con el caso Assange porque la libertad de expresión no es un elemento más de la democracia sino, me parece, su centro de gravedad. No hay democracia sin libertad de expresión.

No deja de sorprender que recientemente un país democrático como Inglaterra decidió entregar a otro país democrático como Estados Unidos a Julian Assange. Para condenarlo, así, a 175 años de prisión por las revelaciones que hizo en el portal WikiLeaks.

Lo acusan de espionaje. Esto significa que Londres y Washington consideran como acto de espionaje cualquier ejercicio periodístico de investigación que documente las violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el poder.

Miles de documentos militares filtrados por WikiLeaks sobre las guerras de Afganistán e Irak son la causa de la acusación. Pero también, y sobre todo, la evidencia de que, entre otras cosas, un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos matara a tiros a periodistas de Reuters y niños en Bagdad.

Y si la extradición se cumple no enfrentaríamos un caso judicial aislado, el de Julian Assange, sino el del precedente para que el gobierno de Estados Unidos solicite la extradición de cualquier periodista que considere nocivo.

Tendría razón Stella Moris, la pareja de Assange: la solicitud de extradición sería una represalia disfrazada, otro ejemplo de la invasión de Estados Unidos a la soberanía de otros países.

Me sorprende que los principales medios periodísticos en todo el mundo, que le dieron una gran cobertura a las revelaciones de WikiLeaks, no hayan reaccionado con la misma fuerza y claridad respecto a la persecución que ha padecido Assange. ¿Validarán con su silencio que el mensajero es el culpable?

La extradición de Assange y la reciente criminalización del aborto en Estados Unidos son muy malas noticias para la democracia en ese país y en el mundo. ¿Qué sigue? ¿La homofobia institucionalizada?

Publicado enSociedad
La policía texana acordonó la zona e informó de la detención de tres personas. Foto Ap

San Antonio., Al menos 46 personas fueron encontradas muertas ayer dentro de un tráiler en una carretera en Texas, informó el Departamento de Bomberos de San Antonio en uno de los episodios más mortíferos de tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó de "tragedia" la muerte por asfixia de los migrantes y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias. Informó que el cónsul se dirigía al lugar.

"Aún no conocemos nacionalidades", tuiteó Ebrard, aunque después detalló que al menos dos son guatemaltecos.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente Joe Biden de la tragedia. "Estas muertes son responsabilidad de Biden, son el resultado de su mortal política de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley", tuiteó.

El acalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo a periodistas: "La difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria. Pero esta noche nos enfrentamos a una horrible tragedia humana".

El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, declaró a periodistas: "en este momento hemos procesado 46 cuerpos".

Indicó que 16 personas –12 adultos y cuatro niños– fueron trasladadas al hospital vivas y conscientes.

"Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento por el calor y sin señales de agua en el vehículo. Era un camión refrigerado, pero no había evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando", añadió.

Los oficiales dijeron que tres personas fueron detenidas. Un funcionario del departamento de bomberos detalló que no había niños entre los muertos.

Más temprano, la policía comenzó a buscar al conductor del tráiler que aparentemente abandonó a las afueras de San Antonio.

Las altas temperaturas en el área de San Antonio, a 250 kilómetros de la frontera con México, llegaron ayer hasta los 39 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El vehículo fue encontrado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, en un área remota al suroeste de la ciudad texana, en una carretera cercana a la autopista I-35, que llega directo a la frontera con México.

El Departamento de Seguridad Nacional se hará cargo de la pesquisa, que se investiga como un intento de contrabando de migrantes, indicó el jefe de policía de San Antonio, William McManus.

En los últimos meses se ha registrado un número récord de cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Diez migrantes fallecieron en 2017 después de quedar atrapados en un camión que estaba estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003 fueron hallados 19 migrantes dentro de un camión bajo intensas temperaturas al sureste de la misma ciudad.

Publicado enInternacional
Lunes, 27 Junio 2022 07:00

Resistencia

Activistas por el derecho al aborto se reunieron ayer en el centro de Los Ángeles. La Suprema Corte de Estados Unidos anuló el derecho constitucional a la interrupción del embarazo que había estado vigente durante casi 50 años.Foto Ap

“Las nietas hoy no deberían tener que luchar las batallas que ya habían ganado sus abuelas”, declara una pancarta en las protestas de decenas de miles que estallaron alrededor del país ante el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos anulando el derecho constitucional al aborto, mientras en los desfiles anuales masivos de orgullo gay con pancartas señalando que "seguimos nosotros" con un amplio coro de representantes de las diversas fuerzas democratizadoras de este país advirtiendo que el fallo es sólo una parte del ataque contra los derechos y libertades civiles de este país.

Algunos proclaman que esta ofensiva derechista no es nada menos que el avance del "cristo-fascismo". El fallo sobre el aborto es sólo uno de una serie de triunfos derechistas a nivel federal y estatal recientes, a pesar de la expulsión de Trump y que los demócratas controlan la Casa Blanca y el Congreso. Esto incluye la imposición de prohibiciones contra libros que abordan temas gay o sobre el racismo e historia, reducción de restricciones sobre armas de fuego, suprimir el derecho al voto, reducción de libertades civiles de inmigrantes y de la comunidad gay en varios estados, entre otros avances ominosos. En parte, esta estrategia derechista ha prosperado porque los republicanos ahora controlan los congresos en 30 estados, los demócratas sólo 17.

Algunos advierten que este fallo es un paso más hacia detonar una "guerra civil" que muchos en la ultraderecha han promovido durante años, incluyendo organizar fuerzas paramilitares para ese propósito, y cuyo primer ensayo fue el intento de golpe de Estado por fuerzas neofascistas hace año y medio.

Los demócratas, desde el presidente para abajo, de inmediato usaron esa decisión para propósitos electorales (y junto con diversas ONG, para recaudar fondos), esperando que pueda cambiar la dinámica de las elecciones legislativas federales de noviembre donde hasta ahora el pronóstico era que los republicanos retomarían el control del Congreso.

Pero el problema con ese mensaje, expresaron diversos activistas, es que la gente ya votó para que los demócratas retomaran el control de la Casa Blanca y el Congreso hace menos de dos años y aun así, esto sucedió.

Vale subrayar que entre 60 y 70 por ciento del país apoya el derecho al aborto, así como las mayorías respaldan una reforma migratoria, control de armas, acceso universal servicios de salud, derechos laborales, medidas para combatir el cambio climático y la desigualdad económica y más. Pero como se demostró de nuevo la semana pasada, la voluntad del pueblo no es lo que impera en este "faro de la democracia".

Por cierto, con este fallo y otros fracasos democráticos continúa el deterioro de la legitimidad de las principales instituciones de la república. La confianza popular en la Suprema Corte se ha desplomado en 11 puntos desde el año pasado a su nivel más bajo con sólo 25 por ciento, según la encuesta más reciente de Gallup. La tasa de aprobación del presidente ahora oscila en alrededor de 39 por ciento; la del Congreso está en sólo 21 por ciento en el promedio de las principales encuestas más recientes.

Ante el avance de la derecha minoritaria, es cada vez más claro que sólo votar o salir a marchar sobre el tema de cada quien no es suficiente. El desfile del orgullo gay de Nueva York este domingo fue encabezado por la organización nacional de servicios de salud para las mujeres Planned Parenthood que marchó con pancartas que declaraban "juntos, luchamos para todos".

Rage Against the Machine, Olivia Rodrigo, Madonna y otros artistas denunciaron las últimas noticias y están recaudando fondos para apoyar de manera directa a organizaciones que ofrecen servicios de aborto en varios estados y para defender derechos civiles. Organizaciones y movimientos de defensa de derechos y libertades civiles dicen que están buscando como responder de una manera conjunta contra la violencia legal, política, social y física de la ofensiva derechista contra las mujeres, los gay, las minorías, los inmigrantes, los periodistas entre otros.

Algunos dicen que ahora inicia –o debería iniciar– un movimiento amplio de resistencia para el rescate democrático de Estados Unidos.

Aretha Franklin. Respect. https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0

Publicado enSociedad
Bombardeo en Siria

Las intervenciones militares de la Alianza Atlántica han dejado un elevado saldo en términos de vidas humanas. Sus actuaciones no han sido objeto de ningún tipo de examen independiente. Sus crímenes tampoco han sido investigad

 

El precio de la guerra se mide en vidas. Lo saben en Afganistán y lo comprobaron en Irak. Lo sufrieron también en Libia, donde los misiles de la OTAN en nombre de la libertad dejaron un reguero de muerte entre aquellos que, paradójicamente, pretendían liberar. Unos y otros son los crímenes impunes que la Alianza Atlántica nunca ha querido aclarar.

A pocos días de que los atlantistas se reúnan en Madrid bajo estrictas medidas de seguridad, Público ha tenido acceso a un informe del Instituto Watson, un prestigioso centro de estudios sobre asuntos internacionales dependiente de la Universidad Brown, con sede en Rhode Island (EEUU).

El mencionado instituto realiza un detallado seguimiento sobre el número de muertes que dejaron como saldo las principales intervenciones militares lanzadas por EEUU y la OTANtras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esas campañas militares tuvieron lugar en escenarios como Afganistán, Pakistán, Irak o Siria.  

De acuerdo a las cifras que maneja ese informe –elaborado mediante el uso de distintas fuentes de datos consultadas por sus autores–, se calcula que 350.800 civiles de estos países "han muerto de forma violenta como consecuencia de las guerras". "Las personas que viven en las zonas de guerra han sido asesinadas en sus hogares, en los mercados y en las carreteras. Han muerto a causa de bombas, balas, fuego, artefactos explosivos improvisados y drones", describe el Instituto Watson.

Las víctimas civiles comprenden también a quienes "mueren en los puestos de control, cuando son sacados de la carretera por vehículos militares, cuando pisan minas o bombas de racimo, cuando recogen leña o cuidan sus campos, y cuando son secuestrados y ejecutados con fines de venganza o intimidación". Todos ellos "son asesinados por Estados Unidos, por sus aliados y por los insurgentes y sectarios en las guerras civiles engendradas por las invasiones".

La pesadilla no termina cuando explota la bomba o alguien dispara su arma. "La guerra también puede llevar a la muerte semanas o meses después de las batallas –describe–. Muchas veces han muerto más personas en las zonas de guerra como consecuencia de las infraestructuras maltrechas y las malas condiciones sanitarias derivadas de las guerras que directamente de su violencia".

Solo la aventura de Afganistán lanzada por EEUU y la OTAN en 2001 dejó un saldo de 46.319 civiles asesinados. Se estima que en Irak murieron otras 185.000 personas que no combatían en ningún bando. En Siria, el número llega a los 95.000. En Pakistán se contabilizaron hasta 24.099 fallecidos. 

Víctimas civiles en Libia

Libia fue otro escenario elegido por la OTAN para intervenir con sus máquinas de guerra. En marzo de 2011, varios Estados miembros de la Alianza Atlántica –entre los que se encontraban Estados Unidos, Reino Unido y Francia– iniciaron una serie de ataques por mar y aire contra las fuerzas del coronel Muamar al
Gadafi. 

"Según la OTAN, en su campaña militar aérea y marítima de siete meses se llevaron a cabo más de 9.700 misiones de combate y se destruyeron más de 5.900 objetivos militares", dice un informe publicado un año después por Amnistía Internacional (AI). 

La organización de derechos humanos documentó sobre el terreno que los ataques de la OTAN habían provocado la muerte de "decenas de civiles
libios
que no participaban directamente en las hostilidades", mientras que otros resultaron heridos. 

En enero y febrero de 2012, una delegación de AI visitó varios lugares situados dentro o cerca de las localidades de Trípoli, Zlitan, Sirte y Brega, "en los que parecían haberse producido víctimas civiles como consecuencia de ataques de la OTAN". Allí inspeccionó los daños causados y los restos de proyectiles, entrevistó a supervivientes de los ataques y a otros testigos y consiguió copias de los certificados de defunción de las víctimas.

Tras esa visita, AI consiguió documentar un total de 55 muertes de civiles, entre los que figuraban 16 niños y niñas y 14 mujeres. De hecho, "decenas de civiles murieron en ataques aéreos de la OTAN contra viviendas particulares de
zonas residenciales y rurales", apuntaba el informe. 

La Alianza Atlántica admitió que había matado civiles en Libia a raíz de un "fallo técnico". Hasta ahí llegó todo. No hubo investigación independiente ni consecuencias de ningún tipo para quienes cometieron tales atrocidades.

"La OTAN ni rinde cuentas ni repara daños en casos de operaciones como las realizadas en Libia. Nadie ha hecho ninguna investigación, mucho menos independiente, sobre cuánto sufrimiento ha costado esas intervenciones", afirma a Público Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y autor de La guerra contra el terror (Editorial Icaria). 

Desplazamientos

El trabajo realizado por la Universidad Brown incide también en el número de desplazamientos provocados por las intervenciones militares realizadas por EEUU y la OTAN desde 2001. De acuerdo a ese informe, las guerras posteriores al 11-S "han desplazado por la fuerza a al menos 38 millones de personas" en lugares como Afganistán, Irak, Pakistán, Libia o Siria. Este número, destaca el estudio, "supera a los desplazados por todas las guerras desde 1900, excepto la Segunda Guerra Mundial".

Entre otros aspectos, destaca que los refugiados de guerra "suelen perder el acceso a un suministro estable de alimentos o a sus puestos de trabajo, lo que provoca un aumento de la desnutrición y la vulnerabilidad a las enfermedades". Son las otras consecuencias de las guerras del siglo XXI.

26/06/2022 20:42

Publicado enInternacional
Una de las marchas contra el fallo de la Corte, en Portland. . Imagen: AFP

Una de las más multitudinarias fue la de Washington. La interrupción del embarazo ya es ilegal en nueve jurisdicciones.

 

La Policía de Phoenix, Arizona, dispersó con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que se había concentrado durante la noche del viernes frente al parlamento estatal para protestar contra el controvertido fallo de la Corte Suprema que anuló los efectos de la sentencia de 1973 en favor del aborto.

Luego de la represión, las autoridades policiales emitieron un comunicado en el que reconocieron haber utilizado gas lacrimógeno, aunque aclararon que se vieron forzados a hacerlo luego de que varios protestantes "intentaran romper el cristal" de los grandes ventanales del parlamento.

Según un video publicado en Twitter por la senadora estatal republicana Michelle Ugenti-Rita, decenas de personas estaban fuera del edificio y algunas de ellas golpeaban con fuerza los vidrios, mientras los agentes les advertían que retrocedieran. Los incidentes derivaron en el uso de gas lacrimógeno y en la interrupción de la sesión

La senadora estatal republicana Kelly Townsend denunció en la red social que los manifestantes estaban manteniendo a los legisladores como "rehenes" dentro del edificio del Senado. "Se puede oler el gas lacrimógeno y los niños de uno de los miembros (del parlamento) están en su oficina llorando de miedo", se quejó.

La policía aseguró que los manifestantes atacaron algunos de los monumentos de la plaza frente al parlamento local, por lo que se volvió a usar gas lacrimógeno para detenerlos.

En el caso de Arizona, ya hay clínicas que han dejado de practicar abortos por miedo a enfrentarse a consecuencias penales. Esos centros de salud temen una ley de 1901, proclamada 11 años antes de que Arizona fuera un estado, y que establece que cualquiera que facilite un aborto puede ser sentenciado a entre dos y cinco años de prisión.

Algunos republicanos de Arizona argumentan que esa ley ha entrado en vigor automáticamente tras el fallo del Tribunal Supremo, aunque los demócratas difieren. Además, existe en el estado otra ley que prohíbe el aborto a las 15 semanas de gestación y que está previsto que entre en vigor en septiembre.

Las protestas contra el fallo que anuló la sentencia Roe vs. Wade se han sucedido por todo el país. Una de las más multitudinarias fue la de Washington, donde centenares de personas se concentraron durante horas frente al edificio de la Corte al grito de "¡Mi cuerpo, mi decisión!" o "¡Abortemos el Tribunal!".

Consignas similares se escucharon en decenas de ciudades. Algunas manifestaciones fueron organizadas por grupos como Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en Estados Unidos; pero otras surgieron de manera espontánea.

Las protestas fueron especialmente numerosas lugares como Nueva York, donde miles de personas se concentraron en el Washington Square Park, una céntrica plaza que tradicionalmente acoge mítines políticos y manifestaciones.

En Los Ángeles, los manifestantes bloquearon el tráfico del centro de la ciudad, mientras que en Filadelfia miles se concentraron frente al emblemático Ayuntamiento y en Austin Texas, hubo una protesta frente a la corte federal. Otros cientos de personas salieron a la calle en Atlanta, Georgia, en dos manifestaciones diferentes que se unieron a los pies del parlamento estatal.

Por otro lado, en Cedar Rapids, dos personas resultaron heridas al ser atropelladas por un coche durante una protesta. En un comunicado, el alcalde de esa ciudad, Tiffany O'Donnell, dijo que la policía estaba investigando el suceso.

El aborto ya es ilegal en nueve estados: Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. Todos ellos habían aprobado con anterioridad leyes destinadas a prohibir el aborto y que entraron en vigor tan pronto como se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo.

Planned Parenthood estima que 26 estados acabarán prohibiendo el derecho al aborto, en cuestión de días, semanas o meses.


El día después de cuando el aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos

Miles de personas, la mayoría mujeres, se concentran en el parque Washington Square de Nueva York. Han venido a quejarse y a gritar, porque oficialmente el aborto ya no es un derecho constitucional en Estados Unidos.

Marta Campabadal Graus

@MartaCampabadal

El Salto

26 jun 2022

Son las seis de la tarde del primer viernes de verano. Washington Square Park, el parque de Nueva York que ejerce de punto de encuentro de jóvenes, tatuadores, vendedores de marihuana y estudiantes con latas de cerveza, tiene hoy un aspecto muy diferente. Miles de personas, la mayoría mujeres, ocupan la plaza. Han venido a quejarse y a gritar, porque desde hoy oficialmente el aborto no es un derecho constitucional en los Estados Unidos.

El viernes 24 de junio, la Corte Suprema hacía público el fallo sobre el procedimiento judicial Dobbs vs Jackson Women's Health Organization, la anulación de Roe v. Wade, el caso que hace más de 50 años convirtió el aborto en una práctica legal en los Estados Unidos.

Las últimas cifras disponibles del Instituto Guttmacher, ​una organización sin ánimo de lucro que promueve la salud reproductiva son de 2020 y dicen que en ese año se practicaron 930.160 abortos en todo el país, frente a 916.460 en 2019. Cabe señalar que las cifras reportadas incluyen solo los abortos inducidos legales realizados por clínicas, hospitales o consultorios médicos, o que hacen uso de píldoras abortivas dispensadas en establecimientos certificados como clínicas o consultorios médicos. No tienen en cuenta el uso de píldoras abortivas que se obtuvieron fuera de los entornos clínicos.

Son días convulsos en el alto tribunal. Esta misma semana publicaban la resolución por la cual las armas son permitidas en la calle, para defensa propia, en estados como Nueva York, un “oasis” de las armas. El Tribunal, que espera a la última semana de trabajo antes de verano para publicar sus resoluciones más controvertidas, ha hecho pública la decisión de desproteger el aborto esta semana, aunque era ya un secreto a voces. El fallo fue “filtrado” y publicado el pasado 3 de mayo por el medio Politico, que sigue de cerca la vida gubernamental del país.

El think tankPew Research Center determinó en su última encuesta que el 61 % de los adultos estadounidenses dice que el aborto debería ser legal todo o la mayor parte del tiempo, mientras que el 37 % dice que debería ser ilegal todo o la mayor parte del tiempo.

Carol Sanger, profesora de derecho de Columbia University, especializada en derechos reproductivos, apunta que “esta es la primera vez en la historia moderna, y tal vez incluso en toda la historia de los Estados Unidos, que se anula un precedente establecido para rescindir los derechos de las personas”. La profesora añade que “los conservadores han estado esperando mucho tiempo, 50 años, para tener suficientes jueces de su ideología para que puedan salirse con la suya. Y se opusieron y odiaron a Roe V. Wade desde 1973. Así que este es su momento”.

De hecho, uno de los miembros más controvertidos, el juez Clarence Thomas ya ha dicho que el Tribunal Supremo “debería reconsiderar la contracepción, y las leyes sobre matrimonios del mismo sexo”.

“En 2015 tuve un aborto. Sin él, probablemente no me habría graduado de la universidad, y no estaría donde estoy hoy. Estoy muy triste y enfadada”, dice Annelise Eden en un tuit. Eden acaba de graduarse con matrícula de honor de un máster de periodista de la Universidad de Columbia.

La escritora Tiffany D. Jackson compartía en Twitter un pensamiento que también se palpaba en las protestas: “Vivimos en un país que nos obliga a parir pero que no tiene baja por maternidad obligatoria ni atención médica universal”.

Amanda Paige, una joven de Florida que vive y trabaja en el mundo editorial en Nueva York, reaccionó rápidamente ante la resolución del tribunal y publicó en sus redes el siguiente mensaje. “Hola, si conoces a alguien que necesite un lugar donde quedarse en el estado de Nueva York para abortar, puedo encargarme de darle una habitación, transporte y comida. Vivo en una ciudad pequeña a una hora de la ciudad de Nueva York. No me importa si casi no te conozco, o si no te conozco de nada. Puedes contar conmigo”.

Carol Sanger dice que “la gente con menos recursos necesitará ayuda de fuentes privadas, o posiblemente de sus empleadores”. De hecho ya hay varias empresas, como Amazon, Apple o Bumble, que han anunciado ayudas económicas y laborales a sus trabajadoras para poder abortar si así lo desean.

Símbolos como los pañuelos verdes —inspirado por la marea verde, la lucha de las proabortistas argentinas—, los pantalones blancos con manchas rojas y muchos carteles con mensajes claros. “My body, my choice” (Mi cuerpo, mi decisión), “Abortion is a human right” (Abortar es un derecho humano), y “Being pro life is regulating guns, no women’s bodies” (Protejer la vida es regular armas, no el cuerpo de las mujeres).

La manifestación de Nueva York y de la mayoría de ciudades del país fue organizada por Rise Up for Abortion Rights. Merle Hoffman es una de sus fundadoras y lleva vinculada al movimiento desde que en los años 80 empezó a colaborar con la clínica Choice’s Womens Medical Center del barrio de Queens, al este de la ciudad de Nueva York, que atiende en una variedad de servicios alrededor de la reproducción a más de 34.000 pacientes al año. “Ya no podemos ver al Tribunal Supremo como el Olimpo y a las personas que lo integran como dioses. Creo que la credibilidad de la corte se está perdiendo”.

Ryan Bess Winnick, vecina de Brooklyn de 34 años, lleva escrito en su camiseta “My body, my f* choice” (My cuerpo, mi jodida decisión). Desde Washington Square Park cuenta cómo tomará acción, participando en una asociación que llama a ciudadanos registrados como demócratas o independientes de los estados con empate, para que vayan a votar. “Cuando lo leí por la mañana en las redes y en medios, me sentí muy triste. Esto es muy trágico. Pero justo después mi reacción ha sido de enfurecimiento, y por eso estoy aquí”. Bess Winnick añade que “esto es solo el principio de un ataque a los derechos fundamentales”.

El revocamiento de Roe v. Wade no significa que a partir de ahora sea ilegal abortar en los Estados Unidos, pero ya no es un derecho universal y, por lo tanto, su regularización dependerá de cada estado. Los más liberales como Nueva York o California, ya han anunciado que van a blindar el derecho al aborto, y no solo eso, sino que van a poner facilidades a mujeres de otros estados que quieran abortar.

Hasta 26 estados tienen leyes que restringen o prohíben el aborto y que han entrado en vigencia o lo harán en los próximos días. Aun así, lo más probable que la demanda de abortos no cambie. Un análisis del NYT determinó que con la anulación de Roe, la distancia media de viaje para realizar el procedimiento aumentaría de 56 a 450 kilómetros. Lo que significa que los estados, incluidos Kansas, California e Illinois, verán sus clínicas inundadas con pacientes de otros estados. Illinois espera que su número de pacientes aumente entre dos y cinco veces, según ha calculado Bloomberg.

En las últimas semanas, también ha habido acción política proabortista. Y es que anticipando que muchos estados restringirán el acceso al aborto, los políticos en algunos estados con leyes de aborto permisivas como Nueva York, California y Oregón, han aprobado nuevas instancias para proteger y blindar aún más el derecho al aborto y esperan que más mujeres de estados con menos acceso al aborto viajen a sus estados para abortar.

Helmi Henkin es una joven activista que vive en Sant Louis, Missouri, uno de los estados que ha anunciado que prohibirá el aborto. Henkin empezó su activismo en 2016, como acompañante de mujeres que querían abortar en Tuscaloosa, donde hay una de las únicas tres clínicas de aborto de Alabama. Ahora se decida al activismo digital. “Me hice famosa en Twitter porque durante años si veía una noticia sobre algo relacionado con el aborto, respondía con un listado de lugares donde las personas podían donar para promocionar el aborto”. Luego lo convirtió en un documento, que hace aproximadametne un mes Squarespace le pidió si podía convertir en un sitio web que pudiera mantener gratis para siempre. Así que ahora es un sitio web, un documento creciente y vivo.

Las respuestas vienen también de organizaciones seculares que están reaccionando rápido. Nori Rost salió del armario en 1978. Tenía 16 años y vivía en el estado de Kansas, conversador y muy rural. Ahora es la presidenta de la New York Ethical Society, una alternativa secular a la religión, que se basa en la ética y los valores. “Aunque estemos en retroceso, la diferencia entre antes de Roe v. Wade y ahora es que las mujeres no recibían la atención médica adecuada y además estaban solas y avergonzadas en el proceso”. Rost explica que tras la decisión del tribunal, quiere crear una red entre las diferentes sociedades culturales e iglesias unitarias universales, para que las mujeres que están en estados que han perdido su acceso al aborto puedan acceder a fondos y ayudar con el viaje y la vivienda, y venir a un estado que lo permita como Nueva York.

En este sentido, Carol Sanger cree justamente que “si algo puede salir de esto, es una mayor solidaridad en temas reproductivos, porque tendremos que empezar de nuevo y volver a la década de 1950. Es increíble”. Sanger pone palabras a lo que ya se ha ido viendo en los últimos años. “Creo que Estados Unidos ha perdido estatus como líder en el mundo en muchos temas. Y creo que eso comenzó con Trump”.

Por su parte, Hoffman opina que “la libertad nunca es gratis y siempre hay que estar alerta, porque nada está escrito en piedra y nos han quitado el único lugar donde las mujeres tienen el poder de vida y muerte. Ahora vivimos en un estado de esclavitud”.

Publicado enInternacional
Aborto eeuu

Las norteamericanas no dejarán de abortar, pero en muchos estados ahora lo harán de forma ilegal e insegura. La anulación del derecho al aborto es un triunfo del supremacismo blanco y las más perjudicadas serán las mujeres más vulnerables.

 

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección al derecho al aborto, dejará en manos de cada estado decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 26 de ellos, que están en manos de gobernadores conservadores o republicanos, ya han aprobado leyes  contrarias al aborto o que lo prohiben totalmente listas para ser aplicadas cuando la máxima corte de Justicia del país tumbara la mítica sentencia Roe contra Wade, cosa que ocurrió este viernes. De hecho, solo una hora después de que el Supremo tumbara el derecho al aborto, al menos tres estado ya habían prohibido el aborto en todas sus formas.

En Estados Unidos no existe una legislación nacional sobre el derecho al aborto. La protección de este derecho a la salud reproductiva la abrió una sentencia del Tribunal Supremo (el mismo que ahora la tumba). La sentencia, que se conoce como  Roe contra Wade, es de 1973. Es decir que data de hace casi 50 años. Los magistrados de la Corte Suprema en su fallo justifican la medida, afirmando que la Constitución, un texto escrito en el siglo XVIII cuando no existían los derechos humanos ni las mujeres eran sujetos de derecho, "no otorga" este derecho.

La decisión de la Corte Suprema, tendrá un efecto devastador sobre millones de mujeres, pero especialmente sobre las más pobres y sobre todo en las racializadas: las negras, latinas y en general en las de origen migrante. Según datos de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), la decisión del Supremo afectará a unas 40 millones de  mujeres y niñas en edad reproductiva, que podrían dejar de tener acceso al aborto. Esta organización calcula que la mortalidad de las mujeres podría incrementarse un 14%. La peor parte, añaden, la sufrirán las mujeres afroamericanas, en las que el riesgo de morir durante el parto se multiplica por tres en la actualidad.

La prohibición del aborto no supone que se realicen menos abortos, tal como han constatado los expertos en planificación familiar y de las organizaciones que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, sino que éstos serán más difíciles de realizar, ilegales y de alto riesgo para la vida de las mujeres.

"Sabemos con certeza que prohibir el aborto no significa menos abortos y que cuando se promulgan prohibiciones, mueren mujeres y personas embarazadas, como hemos visto en todo el mundo, más recientemente en Polonia. También sabemos que aquellas que no pueden acceder a la atención del aborto legalmente se verán obligada a utilizar métodos no regulados e inseguros, lo que podría provocar daños graves o incluso la muerte", afirma Dr. Álvaro Bermejo, director de IPPF.

A partir de este fallo cada estado podrá decidir sus propias medidas y esto puede suponer que millones de mujeres no solo no tengan derecho a interrumpir sus embarazos, sino que pueden ser perseguidas, investigadas y criminalizadas, tal como ocurre en la actualidad en países como Nicaragua o el Salvador, donde muchas mujeres han acabado en prisión por sospecha de aborto. A partir de este fallo en muchos estados mujeres y niñas serán obligadas a llevar a término sus embarazos aunque éstos sean fruto de violación o incesto. A pesar de que el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida o de que la madre necesite tratamiento o un aborto por tener un enfermedad como un cáncer. Leyes de distintos estados republicanos permitirán la investigación de las mujeres, que pueden incluir las búsquedas que realicen en redes sociales o el uso de aplicaciones online para seguir su ciclo menstrual, o tener que comparecer ante a justicia por un aborto espontáneo en incluso acabar en prisión.

Un triunfo del supremacismo blanco

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no ha cogido por sorpresa a las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos. A principios de mayo de este año, el diario Politico, filtró un borrador de la propuesta del Alto Tribunal favorable a anular la histórica sentencia.

Para Almudena Rodríguez, de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya, el sentido del voto de la Corte era previsible "debido a la ideología de los magistrados que la componen, que es ultraconservadora. Esta fue una estrategia bien diseñada por [Donald] Trump, que ha metido a magistrados de esa ideología hasta el último día de su mandato, como fue el caso de Amy Coney Barret, en sustitución de la progresista Ruth Bader Ginsburg". [fallecida poco antes de las elecciones en las que Trump fue derrotado]. 

Rodriguez afirma que con esta medida el aborto inseguro aumentará y que tendrá consecuencias principalmente sobre las afrodesencidentes, las mexicanas, las mujeres migradas, porque las blancas o las que tengan medios podrán viajar o recurrir a otros medios".

del supremacismo blanco y tiene mucho que ver con el racismo. Es también una medida ejemplarizante para todo el mundo y nos dice muchas cosas de la geopolítica. Esto no solo ocurre en Estados Unidos, sino que se trata de grupos fundamentalistas y son acciones colectivas y se deciden en espacios internacionales donde planifican campañas y acciones. En este caso lo han conseguido. Esto es un aviso a navegantes, a todas", añade Rodríguez.

 Desde IPPF coinciden con este análisis. Para Elizabeth Schlachter, esto no se trata solo del movimiento contra el aborto en los EEUU, sino de un esfuerzo global concertado y calculado por parte de extremistas religiosos y conservadores anti-mujeres, anti-género, anti-LGBTQI+ y anti-negritudes, que están usando dinero opaco y medios antidemocráticos para negar a las personas su derecho humano a la atención médica, la igualdad, la autonomía corporal y, en última instancia, la libertad".

Para Rodríguez en Europa tenemos metida a esta extrema derecha en los parlamentos desde hace años en algunos países y tenemos también el ejemplo de Polonia, que es el extremo paradigmático. Por ahora tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa han conseguido resistir, pero el auge de la extrema derecha es un hecho y acabar con el aborto es uno de sus grandes objetivos. En España hemos ampliado derechos, pero se trata de una victoria en un contexto que es peligroso y abierto. Por eso repito que es un aviso a navegantes".

 

24/06/2022 19:47

Marisa Kohan@kohanm

 

Publicado enSociedad
El Acuerdo de Escazú o la ilusoria tregua en medio de una guerra total contra la vida

Es esencial empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuelvan los verdaderos problemas. (Murray Bookchin)

Nuestra derrota sólo quedará sellada si decidimos no escrutar los fundamentos de lo ocurrido, si no descubrimos con claridad lo que propiamente hemos de combatir. Precisamente por estas razones mis amigos y yo hemos de ir a las raíces de las cosas. (Günther Anders)

Aviso de incendio

Es un derecho inalienable de todo ser humano y una obligación de todo Estado garantizar el libre acceso a la información, la participación pública activa en la toma de decisiones y el irrestricto acceso a la justicia, principalmente cuando se trata de los temas que caracterizan al entorno que habitamos y compartimos con otras formas de vida. Esto debería ser así si asumimos que vivimos en democracia.

Al no ser así, todo instrumento jurídico y político que nos permita acceder a estos derechos debe ser entendido como necesario para continuar defendiendo la vida en el planeta. A partir de esta realidad es que consideramos que el llamado “Acuerdo de Escazú” es una herramienta que podría utilizarse como un mecanismo legal para garantizar el acceso a la justicia pronta y efectiva para todas aquellas singularidades y comunidades que se ven vulneradas por la violencia intrínseca del modelo de destrucción capitalista, al que consideramos irremediablemente insostenible.

Es necesario desarrollar una inteligencia compartida de la situación mundial que nos permita comprender a qué nos enfrentamos: El colapso mundial y la guerra total contra la vida. Esta inteligencia compartida posibilita la visión de las operaciones en curso que se ejecutan bajo una lógica de competencia por el control de los recursos estratégicos en acelerado agotamiento. Para ello es necesario el debate que invite a todas las voces a pronunciarse y a reflexionar sobre el rumbo de los acontecimientos.

Es a partir de la comprensión de nuestra situación actual que proponemos una crítica política al Acuerdo de Escazú con la intención de aportar herramientas y elementos para que tenga lugar este debate; NO con la intención de rechazar las garantías jurídicas que en él se contemplan para la protección de las vidas de las personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza en América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo, pero también la más rica en materia de bienes comunes.

Por el contrario, nuestra crítica se centra en algunos aspectos que se circunscriben al Acuerdo de Escazú, y que consideramos se deben tomar en cuenta en este debate. Específicamente nuestra crítica se enfoca en:

  1. El concepto de “Desarrollo Sostenible” en el que se inscribe la Cumbre de Rio+20 del que emana el Acuerdo de Escazú.
  2. Los promotores del acuerdo, principalmente las agencias financieras internacionales y los gobiernos latinoamericanos que participaron en su elaboración.
  3. El acceso a la información y la excepción bajo excusa de la seguridad nacional.
  4. El desmantelamiento de las instituciones públicas como una política neoliberal que coarta la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información y a la justicia.

Es este contexto latinoamericano en el cual nos situamos y las dinámicas imperialistas y coloniales que en él se desarrollan, lo que nos lleva a plantear nuestra crítica. No nos situamos en el ámbito del derecho para analizar al Acuerdo de Escazú, desde el cual ya se han expuesto todas sus bondades como una herramienta jurídica necesaria; sino desde lo político, ámbito de reflexión que ha sido considerado como superfluo, “porque se entiende que los mecanismos de control judicial «a posteriori» constituyen una vía suficiente para revisar los resultados de la actividad política” (Agapito, 2009, p. 12).

Pero la realidad y la misma actividad política no cesan de recordarnos que la visión dominante que se tiene de la Política es la de un ámbito definido exclusivamente por lo político, esto es, la lucha por el poder, entendiendo a éste como el poder matar y destruir, y “quien pueda hacerlo, sostiene Santiago López Petit, es quien tiene el poder” (2015, p.11).

El desarrollo como catástrofe

El crecimiento económico imparable e infinito que pretende el modelo capitalista no es acorde con la finitud de la vida y de lo que llaman bienes comunes planetarios. El capitalismo se sustenta en la lógica de la acumulación por destrucción y el despojo. Para expresarlo abiertamente, sin eufemismos, NO es posible un desarrollo sostenible. El desarrollo, sin importar que adjetivos le acompañen, debe ser entendido como catástrofe, siendo ésta, no sólo consecuencia del accionar humano, sino, el resultado intrínseco del capitalismo y de la clase parasitaria que se beneficia de la explotación y destrucción de otros seres humanos y otras formas de vida.

La magnitud de la catástrofe hace cada vez más evidente la urgencia de adoptar acciones más decididas para hacerle frente, asumiendo posturas éticas y políticas que nos permitan irrumpir en la realidad que nos ataca. Es por esta razón que hacemos eco de las alarmas que nos advierten que el planeta está experimentando “un gran episodio de disminución y extirpación de poblaciones, que tendrá consecuencias negativas en cascada en el funcionamiento y servicios de los ecosistemas que son vitales para el mantenimiento de la civilización. Describimos esto como una “aniquilación biológica” para resaltar la magnitud actual del sexto evento de extinción grave actualmente en curso en la Tierra” (Ceballos, Ehrlich, y Dirzo, 2017, p. 1. Énfasis nuestro).

Dicho con más contundencia, los procesos destructivos provocados por el modo de producción capitalista “eventualmente resultarán en la aniquilación de toda la vida en el planeta” (Strona y Bradshaw, 2018, p. 2). Y con ella, la sensación de no poder detener ese proceso de aniquilación, lo que nos coloca en medio de “la paradoja de unos beneficiarios que son incapaces de proteger al sistema que les beneficia” (George, 2003, p. 27).

Hablamos de aniquilación biológica y no del sinsentido del “desarrollo sostenible”, principalmente porque este concepto describe cabalmente al proceso de acumulación por destrucción infinita en un planeta de “recursos” finitos, mientras que términos como “desarrollo sostenible” nos refiere al mantenimiento del modo de destrucción capitalista, siguiendo su crecimiento ininterrumpido, pero gestionado de tal forma que pueda considerarse como “verde”, una suerte de catástrofe amigable con el entorno que destruye.

No es posible un desarrollo sostenible cuando la realidad evidencia un proceso histórico que solo puede comprenderse en términos de Maldesarrollo que “epitomiza la amplitud, la profundidad y la trágica realidad de un fracaso global” (Carmen, 2004, p. 37). No hay punto intermedio, hablar, por tanto, de “desarrollo sostenible”, no es otra cosa que una abdicación epistémica y un posicionamiento a favor del agresor y contra las singularidades y comunidades más vulnerables en esta guerra total contra la vida.

Cuando llamamos por su nombre real a los procesos destructivos que atentan contra la vida, advertimos sobre la urgencia de acciones más contundentes para hacer frente a la catástrofe resultante del modelo capitalista. Hablamos de Aniquilar, del latín annihilare, alteración de nihil, ‘nada’, que significa literalmente “reducir a nada” (Corominas, 1961, 52), acción que no se gesta por generación espontánea, ni mucho menos un error que escapa a todo cálculo. Hacemos referencia no solo a una fase sino a una acción que perfectamente se relaciona con la guerra que, como señaló Carl von Clausewitz, “en todas las circunstancias debemos considerar a la guerra no como algo independiente, sino como un instrumento político” (2004, p. 49).

La aniquilación biológica es una manifestación directa de una guerra total contra la vida, la de todos los seres que habitan en el planeta, incluida la humanidad. Al ser la guerra un instrumento político, debe entonces comprenderse como parte de un proyecto político, con objetivos claramente definidos, no es un hecho aislado, ni un error humano, mucho menos que estalla de improviso. Es un acto de fuerza llevado a cabo por la clase parasitaria capitalista, obsesionada con la acumulación de poder y el gobierno de las especies.

Conociendo al enemigo: De cuando el lobo ya no se disfraza de oveja, pero sí se pinta de verde

Queda claro que el contexto planetario que vivimos actualmente es de guerra y es un principio de ésta conocer al enemigo que se enfrenta. De ahí que el primer objetivo de nuestra crítica al Acuerdo de Escazú consiste en visibilizar a los promotores de este acuerdo, operarios de la destrucción; armas de guerra imperialista para la devastación de países y el saqueo de sus recursos considerados como estratégicos. Ahora se asumen, sospechosamente, como amigos de la naturaleza y protectores de comunidades y singularidades vulnerables; víctimas de sus propias políticas y directrices.

Que el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras agencias imperiales promuevan un acuerdo que parece más una suerte de tregua, debería encender todas nuestras alarmas y considerar la posibilidad de una paz con la naturaleza y con quienes la defienden como un rescate del sentido original de la pax imperii, esto es, la dominación y la rendición absoluta frente al dominador. No extraña, por tanto, que se acoja de tan buena gana conceptos engañosos como el de desarrollo sostenible. Pero lo que sí extraña es el silencio repentino de ciertos sectores que han dejado de cuestionar a estas agencias imperiales de la destrucción, y que, sin mediar una crítica profunda, ven su historial delictivo como “errores humanos” que son rectificados tras una suerte de epifanía institucional de la catástrofe.

Otros actores promotores de este Acuerdo dignos de toda sospecha son los gobiernos latinoamericanos firmantes, merecedores del epíteto de administradores coloniales de la destrucción de países y garantes del robo de los bienes comunes en detrimento del bienestar de sus propias poblaciones, tal como fue esgrimido por el ideólogo imperial George Kennan al referirse al rol colonial que deben cumplir los gobiernos latinoamericanos en beneficio de los intereses imperiales estadounidenses sobre la región. Para Kennan, “Para proteger nuestros recursos, debemos combatir una herejía peligrosa que, tal como señaló la inteligencia norteamericana, estaba proliferando en América Latina ‘la amplia aceptación de la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo” (Chomsky, 1988, p. 34).

Resulta paradójico que los gobiernos sean los principales garantes del respeto a la vida y los Derechos Humanos y de la Naturaleza a la vez que son los mayores violadores de esos mismos derechos. Su poco interés por avanzar en la resolución de los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de la vida, hace de los Estados, máquinas de impunidad al servicio del mayor postor. A pesar de esto, se les encomienda la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo estipulado en un acuerdo como el de Escazú.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 cuando algunos de los peores gobiernos latinoamericanos de la segunda década del siglo XXI estaban en el poder. El proceso de negociación fue copresidido por el Chile de Sebastián Piñera enemigo acérrimo del pueblo Mapuche y la Costa Rica del saliente Luis Guillermo Solís, para luego ser sustituido por Carlos Alvarado, periodos de tiempo en los que fueron asesinados los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.

Junto a estos dos países también fueron parte del Acuerdo el México del sanguinario régimen de Enrique Peña Nieto, la Argentina del impresentable Mauricio Macri, la Colombia de Juan Manuel Santos, el Ecuador de Lenin Moreno y el Brasil del golpista Michel Temer. Ninguno de ellos dignos de ser considerados garantes de la democracia, el Estado de Derecho, o de los derechos de los pueblos indígenas, mucho menos pueden ser considerados como adalides por la protección de la Naturaleza. ¿Se puede entonces confiar que un acuerdo elaborado por estas administraciones coloniales va a garantizarnos los derechos más elementales para la protección de la vida en el planeta?

Por otra parte, rechazamos contundentemente la instrumentalización de las violencias y las muertes de las personas que han puesto, y ponen su cuerpo y su vida en defensa de los derechos de la Naturaleza y de las singularidades y comunidades a vivir en un ambiente digno y saludable para la plenitud de la vida. Rechazamos que entidades como el Banco Mundial y otras agencias financieras internacionales y regionales, así como representantes de gobiernos neoliberales que se han encargado de custodiar y asegurar la destrucción de nuestros países y el saqueo de nuestros territorios, se valgan de los asesinatos de Berta Cáceres, Sergio Rojas, Jehry Rivera y muchas otras, para promover acuerdos marco que, en sus propias palabras, garanticen un “ambiente sano para las inversiones”, siendo estas entidades y gobiernos, los responsables de sus muertes y de la impunidad de esos delitos.

Siendo ellos los gestores de esta aniquilación de la vida, nos resulta sospechosa su renovada actitud “amigable con la naturaleza” y comprometida con la protección de nuestras vidas y la de otras formas-de-vida, cuando históricamente se han valido del principio realista-político “Necessitas non habet legem” (la necesidad no tiene ley) para justificar sus acciones y proteger sus intereses a costa del exterminio y de la destrucción de otras formas de vida, y el asesinato sistemático de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, como se manifiesta en las palabras del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el 6 de abril de 2016 en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York, cuando se le preguntó por el asesinato de Berta Cáceres, afirmando que “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer, y que alguno de estos incidentes no suceda” (“you cannot do the kind of work we are trying to do and not have some of these incidents happen”) (Knight, 2016).

Estas palabras de Kim evocan a la guerra total, la destrucción es llevada a cabo por todos los medios sin miramiento de sus consecuencias. Siguen la misma lógica que la del ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos de la era Trump, James Mattis, respondiendo al cuestionamiento sobre los bombardeos de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra Siria: “El asesinato de civiles es “una realidad de la vida en este tipo de situación” (HISPANTV, 2017). Los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, son más que daños colaterales en esta guerra total contra la vida, son objetivos militares…

Autopsia de un acuerdo demasiado perfecto

Nuestra crítica política no puede quedarse en la exposición de los operadores de la destrucción, autoproclamados como nuevos defensores de la vida en el planeta, sin que ello implique un análisis de algunos aspectos del acuerdo que deben ser pensados en el contexto actual de guerra global que padecemos.

En primer lugar, nos encontramos con el artículo 5 referente al acceso a la información ambiental que en su numeral 6 se desprende que el acceso a la información es limitado según lo establezca cada una de las legislaciones nacionales, o bien, en caso de no contar con ellas, el Acuerdo brinda una serie de excepciones que permiten denegar el acceso a información sin importar lo que previamente se había mencionado.

Entre las excepciones esgrimidas, no podía faltar la voluble excusa siempre presente de la seguridad nacional, definida en los manuales militares como el conjunto de condiciones que permiten alcanzar objetivos nacionales permanentes”, objetivos perpetuamente ligados al modelo capitalista y a la lógica de la acumulación por destrucción. No extraña que los doctrinarios de la Seguridad Nacional argumentaran panfletariamente que “la seguridad es la esencia del desarrollo”.

En un contexto de colapso mundial, caracterizado por la aniquilación biológica y el acelerado agotamiento de los recursos considerados estratégicos, aceptar la excusa de la seguridad nacional como una excepción a los derechos y garantías jurídicas necesarias para la defensa de la vida planetaria no sólo raya en la ingenuidad política, es una suerte de suicidio por parte de los movimientos ambientalistas.

Otro elemento de este acuerdo que nos genera sospecha y que consideramos como una especie de blanqueamiento y legitimación de la aniquilación biológica tiene que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones. No vivimos en democracia –el solo hecho de pensarlo ya da cuenta de mucha inocencia política-; el clamor popular no se impone sobre los objetivos estratégicos de los grupos de poder y su afán por la acumulación de poder y capital en un contexto de acelerado a agotamiento de los recursos. La participación ciudadana no significa “veto ciudadano” en la toma de decisiones a proyectos contrarios a sus interés o destructores de la naturaleza. Es sencillamente, una “garantía de participación”. Un ejemplo de ello fue la experiencia del Movimiento Ríos Vivos entre los años 2013 y 2018, cuando imperaba la amenaza de la construcción de Proyectos Hidroeléctricos, la ARESEP llegó a organizar audiencias públicas en las que alrededor de 400 personas se opusieron al PH San Rafael, frente a solo 10 que lo apoyaban, a pesar de esto la entidad les otorgó la autorización para su construcción. La lección fue obvia: la sociedad civil solo sirvió para legitimar el proceso por medio de su participación.

El acuerdo parece a primera vista, un gran avance en materia de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Lo sería realmente si no fuera por el hecho de que no menciona, ni siquiera toma en cuenta un factor elemental, las instituciones estatales garantes de esos derechos han sido, y continúan siendo, desmanteladas por los mismos gobiernos neoliberales que elaboraron el acuerdo.

En Costa Rica, a pesar del ímpetu de la administración de Carlos Alvarado respecto al Acuerdo de Escazú, no hizo nada para contrarrestar la impunidad del asesinato de Jhery Rivera ni para eliminar o al menos reducir el racismo institucional y social que impera en el país. Si lo analizamos en detalle según la base de datos del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto nacional, bajo la excusa de la reducción del déficit fiscal y el saneamiento de la economía, este gobierno se dedicó a recortar el presupuesto de instituciones encargadas de la protección ambiental, como es el caso de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), que pasó de contar con un presupuesto de ¢2.326.948.000 en 2018, a ¢1.926.766.046 en 2022. Práctica que se puede ver en casi todas las entidades gubernamentales, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo presupuesto se ha mantenido constante, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, pero cuyos efectivos terminan siendo utilizados contra las poblaciones que se movilizan.

A modo de conclusión

En definitiva, muy a pesar de que el Acuerdo de Escazú pueda ser considerado como una herramienta jurídica para garantizar el acceso a derechos elementales para la defensa de la vida en todas sus formas, puede que este mecanismo no sea más que una ilusión, una falsa tregua publicitada como lo mejor, y por tanto, defendida y promovida inocentemente por los mismos movimientos ambientalistas. Por ello, puede terminar siendo una trampa finamente elaborada por los operarios de la destrucción para crear “un ambiente sano” para la ejecución de sus planes a pesar de la oposición social que pueda surgir para hacerles frente.

Por ello, consideramos que todo mecanismo e instrumento que sea útil para garantizar el acceso irrestricto a nuestros derechos, debe emanar de nosotros mismos, de las comunidades y las singularidades en movimiento, nunca como una concesión del poder, de los verdaderos enemigos de la vida en el planeta.

Situarnos en el colapso mundial implica denunciar la ideología y los procesos que definen a esa sistemática acumulación por destrucción y exponer las operaciones en curso que son parte de la guerra total contra la vida bajo la consigna de una gestión compartida del riesgo.

Ante esto es importante recordar las palabras de Günther Anders: “estamos en peligro de muerte por actos de terrorismo perpetrados por hombres (sic) sin imaginación y analfabetos sentimentales que son hoy omni-potentes” (2007, p. 160). El dilema que se nos presenta en este contexto de catástrofes por responsabilidad de las jerarquías y las estructuras de poder, es, parafraseando al mismo Anders, “¿cómo detener a quienes no se detendrán ante nada?”

 

Referencias:

Agapito, R. (2009) Prefacio. En Schmitt, C. (2009) El concepto de lo político. Trad. Agapito, R. Madrid: Alianza Editorial.

Anders, G. (2007). Filosofía de la situación. Madrid, España: Los libros de la Catarata.

Bookchin, M. (2015). Ecología Social. Apuntes desde un anarquismo verde. Concepción, Chile: Editorial Novena Ola.

Carmen, R. (2004). Desarrollo autónomo. Humanizar el paisaje: una incursión en el pensamiento y la práctica radicales. Heredia, Costa Rica: Editorial Universidad Nacional.

Ceballos, G; Ehrlich, P; Dirzo, R. (2017) Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1704949114

Chomsky, N. (1988). Nuestra pequeña región de por aquí: Política de Seguridad de los Estados Unidos. Trad. Alegría, C; Flakoll, D. Managua, Nicaragua: Editorial Nueva Nicaragua.

Clausewitz, K. (2004). De la guerra. Buenos Aires, Argentina: AGEBE.

Corominas, J. (1961). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid, España: Editorial Gredos.

George, S. (2003). Informe Lugano: Cómo preservar el capitalismo en el siglo XXI. 9ª ed. Trad. Wang, B. Barcelona, España: Icaria Editorial / Intermón.

González, B. (2022). Plutoceno. Destrucción planetaria y aniquilación de la vida. Mimeo

HISPANTV (2017). Pentágono justifica que coalición mate civiles en Siria e Irak. En línea: http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/342855/bajas-civiles-ataques-aereos-eeuu-siria-pentagono-james-mattis (31/5/2022)

Knight, N. (2016). World Bank’s new rules condemned for disregarding people and planet”, publicado en Common Dreams, el 4 de agosto de 2016. En línea: https://www.commondreams.org/news/2016/08/04/world-banks-new-rules-condemned-disregarding-people-and-planet (31/5/2022).

López, S. (2015). Prólogo. En Valverde, C. (2015). De la necropolítica neoliberal a la empatía radical. Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización. Barcelona, España: Icaria Editorial.

Ministerio de Hacienda. Presupuesto. En línea: https://www.hacienda.go.cr/Presupuesto.html (31/5/2022)

Naciones Unidas (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Santiago, Chile: Naciones Unidas. En línea: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf (31/5/2022)

Strona, G. y Bradshaw, C. (2018). Co-extinctions annihilate planetary life during extreme environmental change. Scientific Reports 8 (1), pp. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-35068-1

Por Bryan González Hernández, Jiri Spendlingwimmer | 23/06/2022

Bryan González y Jiri Spendlingwimmer son miembros del Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica.

Publicado enMedio Ambiente
Página 1 de 121