Vacuna covid-19: ¿protección, negocio o violación de derechos?

La regulación legal, base para la vacunación en Colombia, es la ley 2064 del 9 de diciembre de 2020, en la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19, la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones. Es importante resaltar que en ningún momento se regula en esta Ley sobre la obligatoriedad de participación en el proceso de vacunación; lo que especialmente aclará la misma es el principio de gratuidad, particularidad que se menciona expresamente en el artículo nueve; otro principio fundamental que deja en claro es la Universalidad.

La Ley 2064, es una previsión del proceso de vacunación que en efecto se desarrolla desde la tercera semana de febrero de 2021, y la que no previó un desafío posterior, presentado justo en el momento que se desarrolla la vacunación por etapas, y sí contemplado en múltiples decretos que desarrollan la norma: la apatía, o el temor o el rechazo directo que puede tener un sector de la población y que los lleva a la decisión de no aceptar el biológico.

Un desafió que no es menor. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 44,2 por ciento de los colombianos dijo no estar interesado en aplicarse la vacuna, situación que genera tensión frente a los espacios de la convivencia común e incluso en el ámbito laboral. Algo que para algunos eran impensable sucediera en esa magnitud. El quid del asunto es que poco a poco se llega a una obligatoriedad encubierta que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, salvo insistir en la necesidad de lograr inmunidades de rebaño a partir de coberturas masivas en la población.


¿Vacunación obligatoria o no? Derechos involucrados

Para establecer una hipotética obligatoriedad de la vacunación, es necesario establecer de manera somera los derechos que se encuentran involucrados en tensión, para decidir si se obliga o no, y nos vamos a referir a derechos fundamentales desde la Constitución en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El derecho a la vida (art. 11), libre desarrollo de la personalidad (art. 16), libertad de conciencia (art. 18), el derecho al trabajo (art. 25), esto en relación con algunos derechos fundamentales involucrados conforme el capítulo I, del título II de nuestra Constitución, y también entra en tensión uno muy importante del capítulo II, de los Derechos Sociales, económicos y culturales: Derecho a la Salud (art. 49).


La valoración de los citados derechos involucrados, nos puede llevar al mismo tiempo a decisiones contradictorias, porque sobre la base de estos mismos derechos podría negarse o imponerse la obligatoriedad. De antemano obsérvese que la balanza la puede inclinar básicamente el derecho a la salud, frente a los fundamentales de la vida, la libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, etcétera.

En este proceso hay que tener en cuenta que la vacunación requiere la introducción de una sustancia ajena al cuerpo, por lo que en principio necesita la voluntad de la persona que acepta o da su consentimiento para recibir el biológico. Desde este primer punto de vista, la vacunación nunca podría ser obligatoria ya que requiere una expresión voluntaria y libre de la personalidad del sujeto. En sentido contrario, al entenderse la vacunación como parte de un tratamiento que incluso puede considerarse preventivo, en libre expresión de su personalidad el sujeto también puede negarse a ser innoculado, blandiendo objeción de conciencia frente. Pero acá aparece otro importante derecho como obstáculo a este tipo de determinación: la salud pública, que como derecho colectivo podría imponerse sobre todo cuando es un sector amplio de la población el que se vería en riesgo frente a la actitud o el derecho de un solo individuo o en todo caso de un grupo minoritario. Consideramos entonces que esta podría ser la única excepción fuerte a la no obligatoriedad.

 

 

Que la OMS y todos los Estados hayan declarado que estamos en medio de una pandemia denominada covid-19 y que todos los Estados estén tomando medidas para contenerla, entre ellos la vacunación, y que ello obedezca a un riesgo ostensible para la salud de la mayoría deja en evidente ventaja el derecho a la salud frente a los derechos individuales en cuestión, ante una hipotética obligatoriedad de la vacuna que ya están aplicando o proyectando entre las medidas que toman los diferentes Estados.

En los derechos involucrados mencionamos expresamente el derecho al trabajo, porque este vive una tensión particular frente a los efectos de la pandemia, porque es en la población trabajadora que la tensión entre la obligatoriedad de la vacuna ha tomado un tono más fuerte, pues la consigna parece ser que la necesidad de trabajar cede frente a la voluntad de querer o no aceptar la vacunación; de hecho, es común que la empresa pública o privada envíe permanentemente links en plataformas digitales para que los empleados reporten en que momento se encuentra su proceso de vacunación.

Expertos en el área de derecho laboral se oponen abiertamente a que pueda amenazarse o derivarse algún tipo de sanción para los trabajadores que no accedan a la vacunación de forma “voluntaria” ya que atentarían contra la estabilidad laboral, y ni siquiera aceptan la imposición de otras modalidades como pasarlos a teletrabajo o a áreas que impliquen menor exposición a contagios, lo cual podría ser considerado un “castigo”. Sin embargo, en la práctica triunfa otra premisa y es que si el Gobierno o la empresa determinan que la vacunación es obligatoria, el empleado prácticamente no puede abstraerse de la obligación pues el Estado o la empresa privada resaltarán que deben garantizar un servicio no para el privilegio de uno sino de toda una comunidad. Por lo mencionado hasta este punto, todo indica que la tensión está a favor de los derechos colectivos y no de los individuales, y en tal punto podría prevalecer la obligatoriedad.


Vacunación y medias sanitarias: otro paso a la obligatoriedad


A medida que avanza la pandemia, y sobre todo la estrategia de vacunación mundial, con consecuentes desafíos y diferencias abismales entre Estados y poblaciones del primer y el tercer mundo, no hay duda que los países que imprimen la marcha en el orden mundial también van imponiendo poco a poco sus políticas públicas de obligatoriedad “velada” de la vacunación, como es el caso de la Unión Europea que a partir del 1 de julio de 2021 oficializó el Certificado covid digital de la UE, con la aplicación del reglamento acordado por los principales organismos de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo), lo que han dado en llamar implementación de los pasaportes sanitarios, que incluso ofrecen un reparo desde la cantidad de información personal que recaban de los ciudadanos pero que ellos aseguran “no realizaran tráficos indebidos con los datos personales” ya que solo es con fines de autenticación de la información sobre el estado de vacunación o cantidad de dosis aplicadas.

Sin embargo, con asombro puede observarse como en la aplicación de políticas dominantes, también desde el punto de vista sanitario, este bloque de países se da el gusto de aceptar o rechazar, para efectos de permitir la circulación en el territorio Schengen, entre las vacunas homologadas; según lo cual las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), son: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson.


Tras establecer el pasaporte que en principio no es obligatorio, pero que es un requisito a cumplir esté o no vacunado el ciudadano, muchos de los países europeos lo están considerando prácticamente obligatorio para poder realizar muchas actividades de ocio y turismo, en teoría con una finalidad absolutamente preventiva ante posibles contagios masivos en las actividades descritas.

Un protocolo que están retomando los demás países del orbe, incluso en nuestra realidad, ya es común exigir el certificado de vacunación covid 19 para poder asistir a espectáculos masivos como el fútbol, conciertos, entre otras actividades. Incluso se exige un esquema de vacunación ya completo, dejando cada vez más en entredicho la no obligatoriedad de la vacuna.

Estrategia que apunta a fomentar la vacunación masiva, con el objetivo de lograr la denominada “inmunidad de rebaño”, todo ello sin tener en cuenta la afrenta que implica frente a la violación de otros derechos fundamentales, como los ya listados supra, poniendo de presente la tensión entre la reactivación económica y la posibilidad que los “desjuiciados”, sobre todo población joven, hagan valer sus derechos y se sometan a los designios de las mayorías.

Estas medidas de política pública, de restricción de ciertos derechos y resumidas en los pasaportes sanitarios, o como se les quiera denominar, ante el privilegio alcanzado por la necesaria reactivación económica, lo que pretenden es evitar los confinamientos, lastre de la producción y el mercadeo. En este punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos e incluso podrían considerarse necesarias en una sociedad democrática donde la salud pública, como derecho colectivo, está por encima de unos de carácter meramente individual.


Vacunación y Bioética: qué dice la ciencia


Otro punto de vista que necesariamente debe tenerse en cuenta en este debate, es la posición de la ciencia desde la bioética, que aborda asuntos de fondo que muy posiblemente no tienen una respuesta segura en este momento, como: ¿Sí son eficaces las vacunas para prevenir la transmisión? ¿Hay en realidad acceso igualitario a la vacunación en el mundo?

Para ambientar brevemente esta discusión, nos parece oportuno referenciar al experto en Bioética Julian Savulescu, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, quien en su artículo: “Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?”* considera que sólo cabe proceder a la vacunación obligatoria cuando se dan cuatro condiciones fundamentales:

a. Hay una amenaza grave para la salud pública.
b. La vacuna es segura y efectiva.
c. Las políticas de vacunación obligatoria muestran una ratio de coste/beneficio superior a otras alternativas.
d. El nivel de coerción impuesto es proporcionado.

Responder a cada uno de estos puntos que correctamente plantea el experto, podría llevarnos a otra columna sobre la materia, pero a groso modo podemos decir que prácticamente la única premisa que se cumple es la grave amenaza para la salud pública, porque sobre la seguridad y efectividad de las vacunas por ahora no hay estudios científicos unívocos; menos sobre el coste-beneficio de la obligatoriedad, y en cuanto a la coerción de derechos de manera proporcionada, en realidad está por verse.

Recordemos, incluso que, frente a la efectividad, recientemente nos enfrentamos a la “proposición” de una tercera dosis por parte de las farmacéuticas, como es el caso de la estadounidense Pfizer, con la justificación de proteger contra la nueva variante delta del coronavirus y según datos preliminares de un estudio, que como siempre son preliminares y en desarrollo.

Sobre lo anterior obliga decir que existen numerosas variantes del virus: Cepa alfa (Reino Unido), Beta (África), Gamma (Japón) Delta (India) y Delta Plus (varios países), por lo cual otras farmacéuticas propietarias de la vacuna Moderna, AstraZeneca, Sinovac, también están “sugiriendo” tercera dosis. En Colombia, y según datos del ministerio de Salud, con la variante Delta el país completó 61 linajes covid.

El problema de las variantes, advierte la OMS, es que las mismas están asociadas a un aumento de la transmisibilidad o cambio en la epidemiología del covid-19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la efectividad de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos disponibles.

Lo anterior indica que ni el virus está resuelto, ni está completamente diagnosticado, pero que alguien está tomando ventaja en el comercio “obligado” de las vacunas, y que lo que podrían ser solo dos dosis para obtener un “pasaporte sanitario” podría convertirse en dosis periódicas y necesarias siempre frente a las nuevas fuentes de riesgo biológico y, por lo tanto, los derechos siempre estarán en permanente tensión frente a la obligatoriedad.

A todo lo expresado, el tema nos obliga volver al origen y preguntarnos sobre todo en estos países del trópico de una fuerte tradición ancestral indígena: ¿Por qué no volvemos a las hierbas y a las raíces de los árboles? ¿Por qué, aunque sin el supuesto sustento científico (como tampoco lo tienen ciertamente las vacunas hasta ahora homologadas) no ayudamos a enfrentar la pandemia con las recetas tradicionales y sus propiedades que también han salvado vidas, y sin obligar a nadie?

Es una opción viable, junto con otro tipo de medicinas, que ha evidenciado efectividad en barrios populares, penales, comunidades indígenas y campesinas en general, incluso aplicada de distinta manera por galenos de amplia trayectoria que actúan en silencio ante el temor de perder su licencia profesional. Todo lo cual evidencia que la solución no puede ser solo la obligatoriedad a la que nos conducen los intereses de las multinacionales farmacéuticas, del empresariado y de los gobernantes para obtener pasaportes sanitarios, que por lo visto y por el nivel de dificultad que ofrece el virus en cuanto a desarrollo y variantes, nunca serán suficientes.

* Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk? Disponible en: https://jme.bmj.com/content/47/2/78 BMJ Journal of Medical Ethics. Consultado 8(08/2021.

 

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Publicado enEdición Nº283
El coste de los derechos: ¿por qué la libertad depende de los impuestos?

Hay muchos libros que, concebidos en el fragor de la contienda ideológica, no logran conciliar la urgencia de su presente con la perspicacia y la profundidad de una labor intelectual que deje poso para el futuro. The Cost of Rights logra conjugar ambos extremos y eso es mucho decir en una época marcada por la ofensiva neoconservadora de los años 80 y 90 en Estados Unidos, desde Ronald Reagan hasta George W. Bush.

Llegué a este libro a través de una breve nota a pie de página en El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech. Publicado en 1999, no existe traducción al castellano y, sin embargo, resulta muy pertinente en el contexto de la España de hoy. Un texto realmente útil para el debate político concerniente a las políticas redistributivas, a la extensión de los derechos y a la fiscalidad progresiva.

Conviene aclarar que no se trata de una recopilación de las justificaciones más manidas de la tradición de la izquierda, sino, más bien, una reordenación de sus fundamentos argumentativos para dotarlos de mayor consistencia. El propio título del libro tiene ya de por sí solo un punto de provocación. Para muchos, sin duda, resultaría peligroso asociar dos términos como costes y derechos, o, más aún, considerarían que esa asociación implica una claudicación de partida.

Derechos positivos

Es cierto que los discursos neoconservadores denuncian habitualmente el gasto presupuestario “desproporcionado” que originan los derechos sociales desplegados en forma de servicios y prestaciones públicas: sanidad, educación, pensiones, etc. Ahora bien, lo que parecen olvidar es que esto puede aplicarse a todos los derechos y libertades reconocidos hasta el día de hoy. No hay ningún derecho que no origine costes financiados por la sociedad en su conjunto. El derecho de propiedad sería imposible de sostener sin una legislación que la respaldara, sin un sistema judicial que velara por ella y sin unos cuerpos de seguridad del Estado que la protegieran. Es más, los derechos y libertades pueden originar costes no solo presupuestarios sino sociales. Difícilmente alguien puede negar que el acceso desigual al derecho de propiedad favorece a unos individuos frente a otros promoviendo enormes desigualdades sociales.

Los costes que originan los derechos y libertades reconocidos legalmente son asumidos y gestionados desde las Administraciones Públicas. Pese a la retórica antiestatal de la derecha, lo cierto es que todos aquellos derechos y libertades que dicen defender dependen fundamentalmente de la intervención estatal. La tradicional distinción entre derechos positivos y negativos, entre derechos que requieren la acción del Estado y derechos que requieren su inacción es sencillamente un timo. Todos los derechos son positivos, todos entrañan costes, todos requieren la intervención estatal.

Un modo particularmente eficaz de demostrar que los derechos se afirman a través de y no contra el Estado es recordando que la propiedad privada no solo está protegida por la ley, sino que es la regulación estatal la que define la propiedad privada y, de ese modo, es también quien la crea. Es el Estado el que otorga títulos de propiedad, quien regula cómo pueden transferirse y en definitiva el que asigna qué le pertenece a quien. Jeremy Bentham dijo que “la propiedad y la ley nacen unidas y mueren unidas” y David Hume señaló que la propiedad privada es un monopolio garantizado y conservado por la autoridad estatal a expensas de lo público. Es decir que la propiedad privada es ante todo una institución política y en modo alguno preexiste a la ley y al Estado que son los únicos capaces de otorgar carta de legitimidad a aquello que un individuo particular reclama como suyo. Más aún, es fácil observar en términos históricos que la propiedad privada ha sido permanentemente subsidiada por el Estado que ha asumido como propios los costes que permiten a los individuos ejercer un dominio pleno sobre su propiedad.

Los mercados

Del mismo modo, tampoco puede trazarse una divisoria nítida entre los mercados y el gobierno. Son los Estados quienes han hecho posible el funcionamiento moderno de estos: unificando pesos y medidas, emitiendo una moneda nacional, regulando las relaciones económicas mediante el derecho mercantil, estableciendo un vasto sistema judicial y funcionarial que da estabilidad y seguridad a los intercambios, construyendo infraestructuras que permiten el transporte de mercancías, etc. Los mercados modernos no pueden funcionar fuera del perímetro de la ley. Sin gobierno lo que queda es un sistema económico derruido por la fuerza, el monopolio, la intimidación y la fragmentación. El funcionamiento de los mercados necesita a un Estado apoyado en los impuestos y el gasto público. Como el propio Hayek reconocía, la cuestión no es si el Estado debería actuar o no, él mismo era un crítico de la noción ambigua y confusa de ‘laissez-faire’, la verdadera cuestión es: ¿Qué tipo de gobierno para qué tipo de mercados?

Las razones esgrimidas por los neoconservadores para reclamar un Estado dirigido a proteger el monopolio de la propiedad privada y puesto al servicio de (quienes dominan) los mercados, son fundamentalmente de tinte moralista. Su explicación es que la extensión de los derechos fomenta la irresponsabilidad de los individuos. Sin embargo, nuestros derechos no solo no entran en tensión con nuestros deberes, sino que, de hecho, son correlativos. Al aceptar vivir en sociedad renunciamos a actuar de forma unilateral por fuera de las reglas que la sociedad ha establecido. Por ejemplo, renunciamos a poder tomarnos la justicia por nuestra mano para depositar esa potestad en la administración de justicia. El individuo, al salir del estado de naturaleza hobbesiano para integrarse en la sociedad política, asume sus normas. Esa renuncia es el germen de la responsabilidad y la disciplina en la vida social.

El argumento con el que los discursos reaccionarios tratan de respaldar ese discurso es que el derecho al bienestar desincentiva el trabajo productivo. Sin duda para mucha gente esa es una afirmación razonable, pero podemos examinar el argumento opuesto tal como lo planteaba nada menos que Adam Smith: “No parece muy probable que los hombres en general trabajen mejor si están pobremente alimentados que si están bien alimentados, si están descorazonados mejor que si están de buen humor, si están constantemente enfermos mejor que si gozan de buena salud”. Siguiendo ese razonamiento, el derecho al bienestar es una condición necesaria para el desarrollo de cualquier actividad, incluido el trabajo. La garantía del derecho al bienestar personal por parte del Estado no desincentiva el trabajo; en todo caso, lo que permite es que las personas puedan rechazar la explotación laboral y aquellos empleos incompatibles con su dignidad como seres humanos.

El declive moral

Desarrollando el hilo conductor del discurso neoconservador, la extensión de derechos fomenta una cultura del relativismo moral que conduce a los individuos a percibirse a sí mismos como víctimas y a buscar el amparo del gobierno promoviendo la dependencia, la autocompasión y la falta de iniciativa. Es una argumentación que consigue un doble efecto: por un lado, estigmatiza a los sectores subalternos y, por el otro, culpa a los programas sociales del gobierno de perpetuar el problema.

La alegoría de la libertad representada por un hombre fuerte, autosuficiente y orgulloso tiene en realidad muy escaso recorrido en cuanto se admite que las personas somos seres sociales. Un ciudadano libre es, de hecho, especialmente dependiente. La libertad se fundamenta en el reconocimiento de que todos dependemos unos de otros, por eso fijamos unas reglas comunes de modo que esa relación de dependencia no derive en comportamientos arbitrarios de unos contra otros.

¿De qué modo se garantiza la libertad de una persona con diversidad funcional? El discurso del orgullo y la autosuficiencia no da para mucho. Lo que ofrece garantías es el derecho a acceder a los medios que necesite, a estar acompañado por profesionales que le permitan vivir de forma autónoma, a tener infraestructuras adaptadas a su movilidad, etc. Pero esto no es algo restringido a un colectivo concreto, es un patrón general. Cualquier persona es más libre si ha podido instruirse a través del sistema educativo o si puede recibir asistencia médica cuando lo necesite. Por eso, podemos ser más libres precisamente a partir del reconocimiento de que somos seres dependientes.

Por su propia naturaleza, los derechos dan lugar a responsabilidades y viceversa. La sociedad reconoce derechos cuando asume la responsabilidad de que le está fallando al conjunto de sus miembros o a una parte de ellos. Al mismo tiempo, cuando se reconoce un derecho todos los miembros de la sociedad, empezando por quienes se benefician de ellos, tienen que adaptar su comportamiento a la regulación introducida por el Estado.

A menudo los derechos emergen cuando la sociedad falla. Si las normas sociales funcionan eficazmente y para el conjunto de la sociedad, los derechos pueden volverse innecesarios o redundantes. Pero, además, también hay reglas morales que pese a existir, se incumplen, y hay otros ejemplos de reglas morales, que, pese a cumplirse, son discriminatorias o perversas. Históricamente ha habido personas que no podían acceder a determinados puestos de responsabilidad por razón de su raza o su género. Que esas mismas personas luchen porque el Estado reconozca sus derechos y los garantice no es una prueba de pasividad, de dependencia o de conformismo, es todo lo contrario.

La redistribución

Tanto desde la derecha como desde la izquierda se tiende a alimentar la simplificación según la cual el Estado toma recursos de los contribuyentes para financiar programas sociales. Esto nos impide adoptar una perspectiva más amplia. El Estado es siempre redistributivo, no puede evitar serlo. Todas las actuaciones del Estado desplazan recursos de un lugar a otro y, por tanto, los redistribuyen. Cuestión distinta es qué dirección tome esa reasignación de recursos que, en términos sociales, puede beneficiar a los más pobres en detrimento de los más ricos, pero también puede provocar todo lo contrario.

No solo puede haber redistribución de arriba abajo y viceversa. Hay que recordar que la expansión de las llamadas clases medias fue posible precisamente al calor del desarrollo del Estado de bienestar y algunos de sus programas sociales más exitosos han fomentado la reproducción intergeneracional de este mismo estrato social. Aunque la educación sea un derecho universal en España, el acceso a la educación superior suele ser mucho mayor a partir de un determinado umbral de renta familiar. Los jóvenes de esas familias, aunque no sean ricos, pueden acceder a la universidad y completar sus estudios sin tener que pagar matrículas excesivas y sin cargar con la enorme deuda de los créditos de estudios.

Aunque los derechos sean universales, el acceso a los servicios y a las prestaciones que ofrece el Estado no está igualmente distribuido. Primeramente, porque aquellos individuos con una posición social privilegiada pueden hacer un uso más intensivo de determinados servicios públicos, pero también porque gracias a su capacidad económica pueden aprovecharlos mejor. No es solo que alguien más acomodado tienda a recurrir más a la administración de justicia para hacer valer sus intereses, es que también puede contratar a los mejores abogados para hacerlo de la forma más eficaz.

Un gobierno democrático, aunque quiera, no siempre lo tiene fácil para igualar la capacidad de todos los ciudadanos para ejercer todos sus derechos, pero sin lugar a duda debe evitar que el Estado se convierta en una máquina de (re)producción de desigualdades sociales que actúe exclusivamente en beneficio de los más ricos.

La escasez

De nuevo, es habitual, tanto desde la derecha como desde la izquierda, concebir los derechos como imperativos morales de obligado cumplimiento y, por lo tanto, como inviolables, innegociables y concluyentes. Sin embargo, los derechos son también un reflejo de las metas que la sociedad quiere alcanzar y, por lo tanto, son necesariamente aspiracionales y abiertos.

Como nos recuerda el título del libro, los derechos tienen costes, y nada que tenga costes puede ser absoluto, los derechos pueden garantizarse solo en la medida en que se asignen los recursos necesarios para ese fin. Por ese motivo, para tomarse en serio los derechos es necesario tomarse en serio el problema de la escasez. Además, no todos los derechos están perfectamente alineados en cada contexto, sino que, de hecho, pueden colisionar entre ellos de modo que el Estado tenga que escoger entre priorizar unos en detrimento de otros. Todo ello no significa que los derechos sean papel mojado, pero sí que supone que el mero reconocimiento de un derecho no implica que quede automáticamente asegurado, o al menos, no en su totalidad.

Por supuesto los derechos deben estar protegidos en su conjunto, pero hasta qué punto lo estén cada uno de ellos por separado depende de decisiones de quienes gestionan los distintos aparatos del Estado. Es por eso por lo que la lucha por los derechos no puede limitarse al terreno de las reivindicaciones sociales, sino que requiere también una traslación a la esfera institucional. No se trata solo de exigir reconocimiento sino de hacer política para decidir cuáles son las prioridades y qué metas merecen el esfuerzo conjunto de la sociedad.

 

Economista y diputado por Podem en las Cortes Valencianas

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Holanda aprueba una ley para limitar el precio de los alquileres

Conservadores y laboristas apoyan una medida que impide subir los precios de los alquileres durante tres años. Solo los partidos de ultraderecha se han opuesto a la regulación.

 

En los próximos tres años, los inquilinos holandeses estarán protegidos contra los aumentos de los precios del alquiler, en un contexto de crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus. Las rentas del sector privado solo podrán incluir el aumento de la inflación y un incremento de un 1%. 

La ley fue presentada por el diputado laborista Henk Nijboer en el Congreso el 9 de febrero pasado y contó con el apoyo de todas las formaciones políticas a excepción de los ultraderechistas Foro para la Democracia (FvD, en neerlandés) y el partido de Henk Otten, fundador de FvD y recientemente escindido de esta organización neofascista. La medida fue finalmente aprobada por el Senado este 23 de marzo.

La nueva ley afectará a medio millón de viviendas, aquellas cuyo alquiler supere los 750 euros mensuales, según publicó el diario holandés Het Parool. El pasado año, 87.000 inquilinos se enfrentaron a un aumento del precio del alquiler que con esta nueva ley aprobada serían ilegales.

El gobierno de centro derecha de Mark Rutte ya había propuesto en mayo de 2020 limitar el aumento de los alquileres a un 2,5%, una propuesta que resultó insuficiente para la oposición laborista. La presión de la izquierda en el Parlamento ha conseguido sacar adelante una ley que supone una inflexión en la política de vivienda en los Países Bajos: hasta ahora los límites al aumento de los precios solo se aplicaban a la vivienda social. 

Junto con esta medida, el Senado ha dado el visto bueno a otros dos proyectos de ley que afectan a los alquileres y entrarán en vigor en 2022. Entre las medidas recogidas, se incluye una vía para que los propietarios puedan hacer descuentos temporales antes problemas económicos de los inquilinos y otra que vincula los ingresos de los inquilinos a los precios del alquiler: los propietarios podrán subir más el precio del alquiler a los inquilinos que tengan ingresos más altos. 

Redacción El Salto

25 mar 2021 12:53

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Jueves, 17 Diciembre 2020 08:50

Esto es una revolución, señor

Esto es una revolución, señor

Probablemente la huelga más grande de la historia de la humanidad tuvo lugar en India

El 26 de noviembre, los trabajadores de India hicieron una huelga general que fue acatada por alrededor de 250 millones de personas, convirtiéndose probablemente en la huelga más grande de la historia de la humanidad. Ahora están uniendo fuerzas con el sector campesino para protestar contra la agenda de extrema derecha y proempresaria de Narendra Modi.

Las huelgas generales han sido un rasgo característico durante el gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi. En general sucede siempre lo mismo. Los sindicatos nacionales —excepto los que están alineados con el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de extrema derecha de Modi— llaman a una huelga general de uno o dos días. La mayoría de las veces lo hacen en respuesta a alguna de las muchas medidas antiobreras del BJP. Millones de personas en todo el país salen a las calles para manifestar su apoyo. Quienes dirigen la huelga, la caracterizan como la huelga más grande de la historia. Los medios de izquierda de afuera del país saludan las protestas, mientras que los medios principales de la India apenas las mencionan. Y luego la vida parece volver a la normalidad.

La huelga general del 26 de noviembre mostró algunas de estas características: fue llamada por los sindicatos nacionales en respuesta a las medidas antiobreras del BJP; las declaraciones posteriores afirmaron que hubo una participación masiva (en este caso, 250 millones de personas); y la duración de la medida fue limitada. Pero siendo el año 2020, este paro tuvo también un significado distinto. En marzo, el gobierno utilizó la pandemia como una excusa para quebrar y remover los últimos remanentes físicos de las protestas que se extendían en contra de una serie de leyes discriminatorias. Por lo tanto, volver a ver a la gente protestando en las calles fue realmente impactante.

Lo que es más importante, la huelga general confluyó con una marcha convocada por un amplio sector de organizaciones campesinas que planeaban descender a la capital de Delhi. De repente, las redes sociales se llenaron con imágenes de tractores y camiones que eran utilizados para romper los bloqueos levantados por la policía, que pretendían mantener la manifestación fuera de la ciudad. En un video, un manifestante le explica enfáticamente a un policía en las barricadas: «esto es una revolución, señor».

Luego de reconocer la determinación de la que daba cuenta la protesta, el gobierno dio permiso para que se llevara a cabo en un rincón de Delhi alejado de los centros de poder de la ciudad. A pesar de que algunas personas terminaron marchando hacia el sitio de la protesta oficial, la mayoría rechazó la oferta y permaneció en la frontera, argumentando que habían traído suficiente comida y provisiones como para quedarse durante meses. Esto no era simplemente un asunto simbólico de un día. El martes 1 de diciembre, el gobierno central empezó a reunirse con la dirección de los sindicatos campesinos, pero los sectores movilizados dicen que mantendrán el acampe en la frontera hasta que se responda a todas sus demandas.

En muchos sentidos, la marcha de Delhi fue una continuación de las protestas que habían estallado en septiembre, cuando la legislatura nacional, controlada por el BJP, empezó a presionar para que se aprueben tres leyes muy controversiales que pretenden abrir el sector agrícola a los grandes intereses financieros y empresariales. Los sectores que se movilizan temen que esta legislación sea un preludio al desmantelamiento del antiguo sistema de precios mínimos de sostenimiento (MSP, por sus siglas en inglés), que provee algo de estabilidad a estos sectores, estableciendo el precio al cual el gobierno compra una variedad de granos.

El gobierno pensó que tal vez sería capaz de aprobar las leyes en medio del caos del COVID —India superó en cantidad de casos a Brasil ese mismo mes—, pero el tratamiento de estas leyes inició una ola de indignación generalizada, en el marco de la cual los sectores campesinos denuncian la profundización de las reformas neoliberales en el sector agrícola. Las protestas se extendieron por todo el país pero fueron más fuertes en Punjab y en Haryana, dos estados ricos del norte que alguna vez fueron la zona cero de la revolución verde de India. A pesar de que las figuras que dirigen las manifestaciones suelen provenir de sectores campesinos ricos, las manifestaciones ganaron un amplio apoyo entre las distintas clases de la población rural.

La cuestión de los movimientos campesinos ha sido siempre motivo de disputas en el campo de la izquierda marxista. Esto es así también en el caso de India. Si nos retrotraemos hasta Lenin, Kautsky e incluso Marx, la izquierda ha debatido la «cuestión agraria» asumiendo algunas veces que el campesinado es una reliquia histórica, un remanente del feudalismo condenado a desaparecer a medida que las relaciones capitalistas penetran en el mundo agrario. Pero muchas décadas de desarrollo capitalista en India ponen en cuestión este supuesto, dado que el campesinado sigue siendo con obstinación uno de los elementos centrales de la economía del país.

A menudo el campesinado se divide analíticamente mediante las categorías de rico, medio o pobre, pero todos estos grupos están unidos en su rol de propietarios de la tierra y productores de commodities para el mercado. Con todo, es cierto que los sectores más pobres del espectro a menudo combinan este trabajo con trabajo asalariado, y que lo hacen algunas veces en la tierra de otros propietarios. Tal como observaron Amit Basole y Deepankar Basu en un artículo de 2011, «la coexistencia del trabajo asalariado y de la producción mercantil simple, en la medida en que participan de ambas tanto trabajadores sin tierra, campesinos marginados y pequeños campesinos, en un caso como fuerza de trabajo libre y en el otro como propietarios-productores, ha dificultado los objetivos de la política revolucionaria».

Estas dificultades salieron a luz en los años 1980, cuando India empezó a avanzar hacia el neoliberalismo. A medida que los términos del intercambio se modificaban en la agricultura, «nuevos movimientos campesinos» emergieron en todo el país, en general nucleados alrededor de la demanda de mayores precios para las commodities agrícolas. En aquel momento, muchos sectores marxistas desestimaron estos movimientos, argumentando que estaban compuestos por las franjas más ricas del campesinado que explotaban en sus tierras al proletariado rural. Hubo otros sectores que no estuvieron de acuerdo y, reconociendo la estratificación en el campesinado, argumentaron a su vez que la gran mayoría sufría bajo el neoliberalismo.

En su artículo, Basole y Basu analizan estadísticas económicas y demográficas durante un período de cinco décadas para determinar los mecanismos precisos de la explotación capitalista que operan en India. En el sector agrícola, observan, «la diferenciación de clase se desarrolla, pero en un sentido distinto al del caso europeo […] Más que entre capitalistas y trabajadores, la diferenciación que está teniendo lugar en la India rural se produce entre un señorío rural heterogéneo y sectores rurales pobres heterogéneos».

La porción más pobre de estos sectores participa del trabajo asalariado y, por lo tanto, es explotada en el sentido marxista clásico. Pero muchos pequeños productores, no solamente los más pobres, enfrentan lo que Basole y Basu denominan «extracción de plusvalor a través del intercambio desigual». En este contexto, «los comerciantes se las arreglan para garantizar sistemáticamente la desviación de los precios […] de su valor-trabajo subyacente debido a la posición monopólica que tienen en estos mercados».

«Desde el punto de vista de la clase trabajadora», escriben, «es difícil identificar dónde termina la extracción de plusvalor por medio del intercambio desigual y dónde comienza la que se realiza por medio del trabajo asalariado». Hay que agregar que tanto los sectores campesinos medianos como los pequeños están atrapados en ciclos de endeudamiento, lo cual alimenta la horrenda crisis de suicidios campesinos que la pandemia solo ha exacerbado.

Esto sirve para explicar por qué las actuales protestas campesinas, a pesar de ser dirigidas principalmente por el campesinado rico, han encontrado un amplio apoyo más allá de los estratos acomodados del mundo rural. A pesar de que la clase y la casta divide a todo el campesinado, el giro neoliberal ha creado una apertura para que se produzcan alianzas entre clases y entre castas en el sector agrario. Y con la intervención de los sindicatos que sintonizan con las necesidades de los sectores más explotados —trabajadores agrícolas, propietarios marginados, castas oprimidas— los movimientos campesinos podrían verse presionados a demandar un cambio más radical.

La presencia de sectores más ricos en estos movimientos, por lo tanto, debería ser vista menos como una barrera insuperable a la organización de la izquierda que como un desafío a abordar con flexibilidad y atención, teniendo en cuenta los cambiantes vientos económicos y políticos. Durante los años recientes, la izquierda ha adoptado este tipo de enfoque sobre la organización agraria; a pesar de su decreciente fortuna electoral, el Partido Comunista de India (Marxista), o CPM, jugó un rol importante en una masiva marcha campesina que se desarrolló en 2018, la cual ayudó a abrir la puerta a la ronda actual de protestas campesinas militantes.

Incluso en la esfera electoral, los partidos comunistas están mostrando una flexibilidad y una inteligencia política similares, al menos en algunos lugares. Durante las últimas elecciones en el estado de Bihar, no solo los principales partidos comunistas (el CPM y el Partido Comunista de la India, o CPI), sino también el CPI (ML) Liberación —un partido que hunde sus raíces en el movimiento de inspiración maoísta Naxalbari, y que ganó experiencia dirigiendo luchas bastante violentas en contra de los regresivos sistemas de propiedad y de explotación—, entraron en una coalición electoral con otros partidos anti-BJP.

La flexibilidad no siempre fue el fuerte de la izquierda india. En 1996, en un evento que sigue siendo denominado como el «error histórico», luego de que las elecciones nacionales concluyeron en un parlamento indeciso, el CPM rechazó la oferta de designar al primer ministro en una coalición anti-BJP. Por lo tanto, las recientes elecciones de Bihar representan un punto de partida renovado.

Evitando la pureza ideológica, los tres partidos comunistas se unieron a una coalición dirigida por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD) regional, un partido que ha intentado consolidar el voto de las clases más bajas en el estado apelando a un mensaje de justicia social. Yadav se rehusó a dejar que el BJP estableciera los términos del debate en torno a una línea hinduista nacionalista, poniendo el eje en cambio en las necesidades reales frente a las cuales el BJP no ha dado ninguna respuesta, especialmente en lo que concierne al empleo. Este mensaje resonó en el electorado de Bihar, como así también en las campañas de los partidos comunistas.

Al final, la coalición del BJP terminó ganando las elecciones, en parte porque la campaña de Yadav, a pesar de ser muy popular, tardó mucho tiempo en despegar. Aun así, los partidos comunistas, y especialmente el CPI (ML) Liberación, tuvieron un desempeño excepcional. Este último conquistó doce de los diecinueve de los escaños que disputó.

Hay quienes atribuyen este resultado al pragmatismo del que dio cuenta la izquierda al unirse a una coalición popular en contra del gobierno actual, pero también hay quienes apuntan a la profunda inserción y a la dedicación militante, especialmente en el caso del CPI (ML) Liberación. Si bien el partido abandonó su carácter subterráneo para entrar en la política electoral, todavía mantiene conexiones firmes con las bases de los grupos oprimidos junto a los cuales ha luchado durante mucho tiempo.

Entre los partidos comunistas, Liberación se ha adaptado particularmente bien a las cuestiones de casta, en parte porque las luchas que han dado junto al campesinado asalariado han sido simultáneamente luchas por la dignidad de los Dalits, a quienes se considera tradicionalmente como parias o «intocables» y constituyen la gran mayoría del proletariado rural. Tal como observó el líder anticastas Jignesh Mevani, «en las elecciones de Bihar, [Liberación] no propuso ningúnn candidato de las castas más altas, cambiando la noción del liderazgo brahmánico, popular en la izquierda».

Estos destellos de esperanza no implican que el resurgimiento de la izquierda sea inevitable. A pesar de la enorme devastación social, económica y sanitaria que resultó de la pandemia, Modi todavía disfruta de una gran popularidad, en parte porque a diferencia de sus colegas reaccionarios Trump y Bolsonaro, Modi ha aceptado la gravedad de la pandemia, aunque la ha definido como una calamidad natural que está fuera de su control. Esta retórica no solo deja en la sombra las décadas de desinversión neoliberal en el sector de la salud pública —que el gobierno del BJP ha empeorado— sino también el desastroso anuncio de un confinamiento abrupto y corto de miras, que ha dejado en la calle a millones de trabajadores migrantes, forzándolos a hacer penosos viajes de vuelta a sus pueblos de origen.

Pero Modi ha desplegado con mucha habilidad el lenguaje del sacrificio compartido, invocando la mitología hindú y comparando a los ciudadanos y a las ciudadanas que combaten el COVID con los guerreros de la antigua épica Mahabharata. El resultado de las elecciones de Bihar sugiere que su gobierno no ha sido castigado por la gestión de la pandemia, a pesar de que el estado es sede de un gran número de trabajadores migrantes cuyas vidas fueron trastocadas por el repentino confinamiento. Y, al menos en el frente electoral, todavía no emergió a nivel nacional ninguna alternativa al BJP.

Sin embargo, como observó alguna vez la filósofa Isabelle Stengers, «la esperanza es la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad». La huelga general, el movimiento campesino, las elecciones de Bihar… todo esto ofrece la posibilidad, cuando no la probabilidad, de presionar en contra del gobierno de la derecha en India, y de navegar a través de las ambigüedades de la política de clases, para poner a punto una coalición por el cambio transformador.

Por Thomas Crowley | 17/12/2020 

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/13/esto-es-una-revolucion-senor/

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Productos de higiene femenina. EUROPAPRESS/JOHN MARSHALL MANTEL/ZUMA PRESS

Los parlamentarios escoceses han aprobado la legislación por unanimidad después de cuatro años de campaña que han logrado cambiar el discurso público en Escocia

 

Escocia se ha convertido en la primera región del mundo en proporcionar acceso gratuito y universal a los productos de higiene femenina, después de una campaña de cuatro años que ha cambiado fundamentalmente el discurso público en torno a este tema.

La Ley de Productos del Período (suministro gratuito), aprobada por unanimidad el martes por la noche, impondrá a las autoridades locales la obligación legal de poner los productos de la menstruación a disposición de todas las personas que los necesiten, basándose en la labor realizada por municipios como el de North Ayrshire, que desde 2018 proporciona gratuitamente tampones y compresas en sus edificios públicos.

La campaña, refrozada por el apoyo de las bases a nivel nacional, ha estado encabezada por la portavoz de salud del Partido Laborista Escocés, Monica Lennon, que ha declarado que este era "un día de orgullo para Escocia".

"Esto marcará una gran diferencia en la vida de las mujeres y niñas y de todas las personas que tienen la menstruación. Ya ha habido un gran progreso a nivel comunitario y a través de las autoridades locales para dar a todas la oportunidad de tener dignidad menstrual", ha señalado Lennon a The Guardian.

"Ha habido un cambio radical en la forma en que se discute en la esfera pública sobre el periodo. Hace unos años nunca había habido una discusión abierta sobre la menstruación en el Parlamento (unicvameral) de Escocia y ahora es un tema normal. Los miembros del Parlamento han disfrutado siendo parte de este debate, que ha abarcado la menopausia, la endometriosis, así como los tipos de productos que usamos y su sostenibilidad".

La pobreza menstrual –dificultad para pagar los productos sanitarios básicos mensualmente– ha aumentado durante la pandemia del coronavirus, según las organizaciones benéficas.

Una investigación previa del grupo Women for Independence (Mujeres por la Independencia) reveló que casi una de cada cinco mujeres había sufrido pobreza menstrual, lo que tiene un impacto significativo en su higiene, salud y bienestar. Se estima que las mujeres gastan un promedio de 13 libras al mes (14,5 euros) en productos sanitarios y varios miles a lo largo de su vida.

El plan, con un coste estimado de alrededor de 8,7 millones de libras (9,7 millones de euros) al año, estará disponible para todas las mujeres, independientemente de sus ingresos. El Gobierno escocés había impugnado inicialmente la disposición universal, pero modificó su postura para unirse al de otros partidos en la primera fase del debate del proyecto de ley en febrero. El SNP (Partido Nacional Escocés) se había enfrentado una presión creciente de sus propios activistas, así como de una amplia coalición de sindicatos y grupos de la sociedad civil impulsados por Lennon.

La legislación también consagrará en la ley el requisito de que las escuelas, colegios y universidades proporcionen los productos de forma gratuita, lo cual fue anunciado por la primera ministra, Nicola Sturgeon, en 2017, convirtiéndose en los primeros del mundo en ofrecer este servicio. Mientras, el Gobierno escocés también ha financiado un proyecto en Aberdeen para entregar gratuitamente productossanitarios a los hogares de bajos ingresos, así como otros 4 millones de libras (4,4 millones de euros) para que los ayuntamientos amplíen los puntos de suministro en otros lugares públicos.

Mientras tanto, varios negocios individuales –restaurantes, pubs e incluso clubs de fútbol– han comenzado a ofrecer productos gratuitos de forma independiente. Cada vez es más común en Escocia entrar en un baño de mujeres y encontrar productos gratuitos junto a los lavabos, o con una cesta para dejar una pequeña propina.

Lennon sostiene que los activistas de todo el mundo habían estado observando muy de cerca el progreso en Escocia. "Es un mensaje importante: en medio de una pandemia mundial, todavía podemos poner los derechos de las mujeres y las niñas en un lugar prioritario de la agenda política".

Por Libby Brooks

Escocia — 25 de noviembre de 2020 12:36h

Traducido por Lara Lema

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La educación "no escapa a la lógica del mercado neoliberal": educadores

La virtualización de la educación derivada de la pandemia y las políticas neoliberales están llevando a la pérdida de derechos de millones de estudiantes y trabajadores del sector en todo el mundo, por lo que urge que los maestros de distintos países hagan un frente común para luchar por la educación pública, sostuvieron este viernes representantes de organizaciones de trabajadores de 20 países.

En la inauguración del Congreso Mundial de Educación 2020: en Defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo, en el que se busca establecer una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de Argentina, manifestó que la docencia ha intentado sostener el derecho humano a la educación para terminar con las políticas neoliberales que "solamente han dejado una acumulación obscena en pocas manos a expensas del crecimiento pavoroso de la pobreza en nuestros países".

Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que "trabajamos para mantener nuestra escuela y nuestra educación viva, para nuestros niños, que son la esperanza del mundo".

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, señaló que ante la imposibilidad de que se reanuden las clases presenciales por la emergencia sanitaria, "los empresarios han aprovechado para imponer sus negocios digitales sobre nuestro sufrimiento y para abrir las puertas a la privatización de la educación".

"Ante este escenario, que se repite de país en país, es hora de que unifiquemos nuestras luchas", fue el llamado de Martínez.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, dijo que los sistemas educativos "no escapan a la lógica del mercado neoliberal", por lo que llamó a estar alerta ante los planteamientos de los gobiernos de derecha para la educación en tiempos pandemia.

Laura Isabel Vargas, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, admitió que la educación ha sido el eslabón más débil en esta pandemia, pero también lo ha sido para el neoliberalismo. Por ello, dijo, es necesario mostrar que los maestros de todo el mundo están dispuestos a dar la lucha en defensa de la educación pública y de un mundo mejor.

Rosa Berrio, del USTEC-STEs, sindicato mayoritario entre los docentes en Cataluña, España, lamentó que no haya ninguna señal de que se pretenda detener el ataque a los pilares básicos de las sociedades: la educación y la salud, por lo cual "nos vemos obligados a continuar la lucha".

Eduardo Gonzalez, vocero del Movimiento por la Unidad Docente de Chile, dijo que hoy hay una carencia de proyectos contrahegemónicos que se enfrenten al neoliberalismo. Señaló que se deben "construir lineamientos de trabajo en conjunto que nos permitan avanzar en un proyecto político-pedagógico-educativo que ponga en el centro la educación pública".

Este sábado continúa el congreso, que se puede seguir en el canal de YouTube "Otras Voces" y en los perfiles de Facebook de los sindicatos que participan.

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Para muchos suecos, su epidemiólogo, Anders Tegnell, ha encarnado un enfoque racional de la pandemia de COVID-19. (Magnus Andersson/TT News Agency/vía REUTERS)

Rechazó el confinamiento que casi todo el mundo aplicó y escuelas, restaurantes, gimnasios y hasta las fronteras permanecieron abiertos en Suecia. Llegó a recibir amenazas de muerte pero hoy muestra logros importantes en la caída de la transmisión del coronavirus

 

Si en los Estados Unidos la fama de Anthony Fauci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca hizo que Brad Pitt lo personificara en SNL, la de Anders Tegnell en Suecia le ha valido cosas más asombrosas, como que muchos ciudadanos se tatúen su cara. Y del mismo modo que el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde Ronald Reagan, el epidemiólogo del gobierno sueco ha despertado pasiones en contra por sus actos —en su caso, las responsabilidades del cargo van más allá del consejo— durante la pandemia de COVID-19.

Pocas personas en el mundo, y aun entre los 10 millones de habitantes de Suecia, conocían a Tegnell a comienzos de 2020; hoy, sin embargo, es “una de las figuras más famosas —y más polémicas— de la crisis global del coronavirus”, según lo describió Financial Times (FT). Este médico de 64 años, con gran experiencia en enfermedades infecciosas en África y Asia, decidió enfrentar el SARS-CoV-2 sin atender al manual habitual, que China aplicó con la cuarentena luego del brote en Wuhan y luego siguió buena parte del mundo. Así en Suecia la escuelas, los restaurantes, los gimnasios y las fronteras permanecieron abiertos.

“Para muchos suecos, su epidemiólogo estatal ha encarnado un enfoque racional, mientras otros países parecían sacrificar la ciencia en el altar de las emociones”, siguió el periódico financiero. “Muchos en la derecha estadounidense y británica han aprovechado a Tegnell como un campeón de las libertades que ellos sienten haber perdido durante el confinamiento”.

No obstante —aclaró Richard Milne, corresponsal del FT en los países escandinavos y bálticos— para una minoría local e internacional resultó una figura más problemática. “Los demócratas suecos, populistas, han pedido su renuncia luego de que miles de ancianos murieran en las residencias geriátricas”, ilustró. Esa consecuencia del COVID-19 llevó a Suecia hasta el quinto lugar en mayor mortalidad per capital en Europa, una tasa cinco veces mayor a la de su vecina Dinamarca y 10 veces mayor a la de Noruega y Finlandia. “The New York Times dijo que Suecia era ‘un estado paria’ y ‘una fábula para el mundo entero’".

Su fama, dijo Tegnell, se ha convertido en “un problema”; además, nunca había ambicionado tenerla. “Está a favor de la libertad de expresión pero los comentarios que lo comparan con Hitler o Stalin ‘no están bien’ y ha debido hablar con la policía por las amenazas de muerte”.

La moraleja de la fábula, al cabo de varios meses, no fue la esperada. Hoy Suecia tiene una caída estable en los casos. En opinión del epidemiólogo, el país tendrá “un bajo nivel de transmisión” con brotes locales ocasionales. “Lo que sucederá en otros países, creo, será más grave. Es probable que sean más vulnerables a esa clase de picos”, dijo al FT. La cantidad de casos en el otoño y el invierno europeo aumentará allí donde “no se cuente con un nivel de inmunidad que de algún modo pueda frenarlos”.

No se trata de un concepto sencillo: acaso la inmunidad colectiva sea la cuestión más discutida en la crisis extendida de COVID-19. Y si bien el experto aseguró que las políticas suecas nunca tuvieron como objetivo permitir que el virus siguiera su naturaleza hasta que una porción suficiente de los habitantes hubiera sido expuesta y la tasa de infección comenzara a bajar, argumentó que “la inmunidad es responsable, al menos en parte”, de la reciente baja notable de los casos en Suecia.

Una de las razones por las cuales el caso sueco se alza como singular es que el gobierno del país también lo es. Las decisiones de la agencia de salud pública nacional no están en manos de los políticos, sino de las autoridades independientes del sector. En la práctica eso tiene un nombre: Tegnell.

“Eso hace que su capacidad de independencia, mientras el resto del mundo se cerraba, parezca aún más notable”, destacó el corresponsal del FT, quien le preguntó al epidemiólogo sueco al respecto:

—¿No sería más fácil seguir la corriente?

—Sí, por supuesto que lo es. Pero no estoy solo —le respondió, en referencia a los 500 empleados de la agencia de salud pública, el gobierno y la mayor parte de la población de Suecia.

Tegnell repitió la frase que lo hizo famoso —o fastidioso, para algunos— cuando se negó al confinamiento en su país: “Es como usar un martillo para matar una mosca”. Su enfoque ha sido casi el opuesto: no apuntó a un insecto concreto sino a la posibilidad de la aparición de insectos y buscó otra clase de herramientas. En su caso, para desarrollar una estrategia que pueda funcionar durante años si llegase a ser necesario.

“Este tipo de confinamiento drástico, con aperturas y cierres, no nos parece viable”, siguió. “No se puede abrir y cerrar las escuelas. Va a ser un desastre. Y probablemente no se puede abrir y cerrar los restaurantes y cosas así demasiadas veces. Una vez o dos veces sí, pero luego la gente se cansaría y los comercios probablemente sufrirían más que si los cerraran completamente”.

El enfoque sueco se basó en considerar la salud pública en un sentido más amplio que tratar de mantener el sistema de salud en funcionamiento o reducir las muertes de la primera ola. “Es bueno tener la clase de experiencia que yo tengo”, dijo, a la vez como reaseguro y como defensa. "He trabajado en hospitales. He visto la epidemia de gripe y la gente que llega de a montones y satura los hospitales. He trabajado con el ébola en África. Me doy cuenta de los desastres que la enfermedad puede hacer a una sociedad y a un sistema”.

En Suecia continuaron los deportes infantiles, las clases en la escuela primaria, las sesiones de yoga, las visitas a los bares y los restaurantes, las compras. Y más: es uno de los pocos países que no recomienda el uso de máscaras en público. Por lo demás, el paisaje local es parecido al de los vecinos: los suecos han dejado de viajar y los hoteles y los restaurantes se han visto gravemente afectados.

Básicamente, las actividades públicas tienen restricciones detalladas sobre cuánta gente puede estar en un espacio y cómo se las tiene que tratar. “Este tipo de restricciones no existen casi en otro lado”, siguió el epidemiólogo. “Tratamos de concentrarnos realmente en los lugares que sabíamos que iban a ser realmente peligrosos. Ir a una tienda de música y comprar un álbum no va a hacer que se infecten cientos de personas”, dio como ejemplo.

Además de la epidemia del ébola, Tegnell viajó mucho por el mundo en campañas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A esa formación, cree, le debe mucho su capacidad de “pensamiento amplio en la salud pública". Para él las escuelas no son solamente un lugar donde el virus se puede transmitir, sino también la parte más importante de la salud de una persona joven.

“Si uno tiene éxito en la escuela, su vida irá bien", argumentó al FT. "Si fracasa, su vida será mucho peor. Va a vivir menos. Va a ser más pobre. Eso, por supuesto, nos ronda la mente cuando nos ponemos a hablar sobre cerrar las escuelas”. Por eso cuando en junio regresó la premura por clausurar actividades en Europa y los Estados Unidos, sintió que “el mundo se había vuelto loco”.

Del mismo modo que ante el resto de los factores de la pandemia, Tegnell mantiene una perspectiva independiente sobre la vacuna contra el COVID-19: cuando llegue, si llega, no será una solución mágica. “No me inclino mucho por las soluciones fáciles a los problemas complejos, por creer que una vez que tengamos la vacuna podemos volver a vivir como hemos hecho siempre", cerró el diálogo con Milne. "Creo que es peligroso transmitir ese mensaje, porque no va a ser tan sencillo”.

15 de Septiembre de 2020

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Viernes, 14 Agosto 2020 06:07

Despojo a los mapuches

Despojo a los mapuches

Desde que el pinochetista Víctor Pérez asumió el Ministerio de Interior, la guerra contra el pueblo mapuche ganó en intensidad y brutalidad. Con su nombramiento como jefe de gabinete, el presidente Sebastián Piñera volcó su gobierno hacia la extrema derecha que utiliza el racismo y la violencia para amedrentar a los pueblos.

Uno de los hechos más graves sucedió la noche del primero de agosto, cuando civiles armados apoyados por Carabineros atacaron a los mapuche que ocupaban los municipios de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén, con violencia y gritos racistas. Las bandas armadas se activaron horas después de la visita del ministro Pérez a Wallmapu, donde esgrimió el clásico discurso de odio y represión.

La actual ofensiva responde a dos situaciones: por un lado, la crisis del gobierno de Chile, debilitado por la revuelta social activada en noviembre y que nunca se detuvo, pese a la pandemia, los estados de emergencia decretados y la militarización impuesta. La base social y política de Piñera se venía desmoronando, lo cual permitió que el Parlamento votara una medida a contrapelo de la privatización de los fondos previsionales, que permite a los ahorradores retirar 10 por ciento de sus fondos.

Para recomponer sus apoyos, Piñera decidió hacer lo que la publicación El Mostrador califica como "un guiño al sector más duro de la derecha" para enfrentar la doble revuelta chilena y mapuche, y defender la Constitución pinochetista de 1980 (https://bit.ly/3iDdLBz). El nuevo ministro se rodeó de un "círculo de hierro" con personajes que tienen fluidas relaciones con empresarios agrícolas cuyas tierras, usurpadas en la llamada Guerra de la Araucanía (1861-1883), están en disputa con comunidades autónomas en la región de Ercilla.

La segunda y decisiva es la am-plia movilización mapuche en el sur, en apoyo a la huelga de hambre indefinida del machi (autoridadreligiosa) Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay durante un incendio en su hacienda, en 2013. La huelga de hambre exige que se cumpla con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT que permite continuar la pena en su comunidad.

La solidaridad con Celestino está movilizando a decenas de organizaciones y comunidades, desafiando la pandemia y la militarización. Durante los 100 días de huelga de Celestino, a la que se sumaron 27 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, se formó una red de apoyo liderada principalmente por mujeres, que se erigieron en sus voceras y en convocantes de las manifestaciones que sufrieron agresiones y violencia de los Carabineros (https://bit.ly/3fOiiPF).

El Estado, denuncia un editorial del medio digital Mapuexpress, ha actuado con indolencia frente a la pandemia en tierras mapuches y ante a la huelga de hambre. La represión llegó al extremo de impedir, en mayo, que las hortaliceras mapuches vendieran sus productos, pese a vivir momentos de extrema necesidad (https://bit.ly/3ah4LPm).

Mientras reprimía a las vendedoras de hortalizas, con la otra mano el gobierno promovía "el ingreso masivo de proyectos extractivos al Servicio de Evaluación Ambiental", en momentos en que la principal preocupación de las comunidades y organizaciones mapuches está puesta en contener el avance del Covid-19 (https://bit.ly/3gWxDze).

Lo hace, como denunciara Mapuexpress, en momentos en que están suspendidos los procesos de participación ciudadana y cuando las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado habían solicitado la suspensión de los plazos de las evaluaciones ambientales, por la imposibilidad de evaluar los megaproyectos y socializarlos con las comunidades.

En pocas palabras, aprovechan la pandemia para intensificar el despojo, algo que sucede en toda América Latina, como lo atestigua la aceleración de las obras del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en México.

Dos consideraciones más: la guerra contra el pueblo mapuche es una guerra colonial de despojo, en línea con la conquista europea y la mal llamada Pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, rematada por Pinochet cuando traspasó a privados las seis forestales estatales entre 1976 y 1979. El pueblo mapuche demanda la devolución de 3 millones de hectáreas robadas durante este largo ciclo de despojo, hoy en manos de empresarios y multinacionales. El racismo es un instrumento de la neocolonización.

En años recientes emergió un conjunto de organizaciones con fuerte presencia juvenil y femenina, que retoman y profundizan la importante lucha de la Coordinadora Arauco Malleko en la década de los 90. Se trata de la Alianza Territorial Mapuche, Parlamento de Koz Koz, Identidad Territorial Lafkenche (pueblos costeros), cooperativas, asociaciones de mujeres, hogares estudiantiles, comunidades autónomas y medios de comunicación que se reafirman en el camino de la autonomía y la autodeterminación (https://bit.ly/3kBKSr6).

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Celestino Córdova, machi (líder espiritual mapuche), fue condenado a 18 años de cárcel por participar en 2013 en un incendio provocado en el cual murió un matrimonio.Foto tomada de redes sociales

Santiago. La Corte Suprema de Chile rechazó ayer un recurso de amparo del machi (líder espiritual mapuche) Celestino Córdova, quien cumplió 102 días en huelga de hambre en protesta porque le impiden cumplir en arresto domiciliario una condena a 18 años de prisión por la muerte de un matrimonio durante un incendio intencional.

El fallo no es apelable y Córdova deberá seguir cumpliendo su condena en la cárcel.

El machi fue condenado a 18 años de prisión por participar en un incendio provocado por mapuches en 2013, en el cual murió el matrimonio Luchsinger-Mackay, según estableció el juicio en su contra desarrollado en la región de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago.

Córdova advirtió esta semana en un audio divulgado por sus voceros que "en cualquier momento" iniciará una "huelga seca", es decir, dejará de ingerir líquidos, y por tanto "su desenlace no será lento como lo esperan todos los poderes del Estado".

En la conflictiva zona de La Araucanía los atentados incendiarios contra inmuebles, camiones y maquinaria agrícola se producen desde hace décadas y muchos son reivindicados por grupos radicales de mapuches que exigen la devolución de las tierras que en los inicios de la conquista de Chile pertenecían a sus antepasados.

El presidente Sebastián Piñera aseguró que se hará "todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre", en el contexto del respeto a la ley.

Piñera habló en una localidad cercana a Santiago durante la firma de un proyecto de ley que endurece las penas de cárcel por atentados incendiarios contra vehículos motorizados. Camioneros de La Araucanía afirman que este año han sido quemados cerca de 500 camiones.

Córdova permanece en un hospital en La Araucanía luego de que su salud se complicó en la cárcel por la huelga de hambre. Seis de otros ocho mapuches encarcelados que se sumaron desde el inicio al ayuno de Córdova también fueron trasladados a un centro de salud hace unos días.

Rodrigo Curipan, vocero de los ocho mapuches, declaró que el fallo del máximo tribunal "es una vía que siempre ha estado resuelta de manera discriminatoria en los tribunales en contra de los mapuches".

Los huelguistas piden la aplicación del artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile, que señala que cuando se condene a indígenas "deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales" y "deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento".

El Ministerio de Justicia ha desarrollado algunos diálogos con voceros de los mapuches en ayuno, pero no ha logrado ningún acuerdo.

Los mapuches representan 10 por ciento de los 19 millones de chilenos y la mitad vive en comunidades rurales pobres en La Araucanía.

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Las esculturas del Centenial Land Run, en Oklahoma City, que evocan la ocupación de las tierras indias por los blancos (Sue Ogrocki / AP)

A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio

 

A la tumultuosa y sangrienta historia de la conquista del Oeste en Estados Unidos de América le faltaba aún un capítulo.

Lo ha escrito esta semana el Tribunal Supremo con una sentencia que reconoce que casi la mitad del territorio de Oklahoma pertenece a las tribus indígenas que allí se instalaron cuando se vieron forzadas a abandonar sus tierras para hacer sitio a los colonos blancos. A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio.

“Al final del Sendero de Lágrimas había una promesa. Forzados a dejar sus tierras ancestrales en Georgia y Alabama, la nación creek recibió garantías de que tendrían por siempre aseguradas sus nuevas tierras al oeste”, recuerda en la sentencia el juez Neil Gorsuch en alusión a los tratados firmados en 1832 y 1833 por el gobierno de EE.UU. con esta tribu amerindia para conseguir que les cedieran sus terrenos al este del río Misisipi.

“Hoy se nos pregunta si la tierra prometida sigue siendo una reserva india a efectos de la ley penal federal. Dado que el Congreso no ha dicho lo contrario, la palabra del Gobierno se mantiene”, concluye. Si se reconoce la validez de tratados similares firmados en el siglo XIX con las tribus cherokee, chickasaw, choctaw y seminolas, casi la mitad del territorio de Oklahoma pasará a ser clasificado como reserva india.

La sentencia, aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra, es un recompensa tardía por las lágrimas vertidas entre 1831 y 1838 por miles de miembros de tribus indígenas, una caravana humana en la que fallecieron unas 4.000 personas. El Gobierno de EE.UU. incumplió sus promesas y desde el primer momento se dedicó a minar y torpedear la acción de los órganos de gobierno propios de los indígenas.Pero el Congreso nunca desmanteló oficialmente la reserva india. “Estuvo muy cerca pero nunca aprobó el tipo de texto que generalmente se usa en estos casos”, aduce Gorsuch, a cuya opinión se sumaron los cuatro jueces progresistas.

Entre quienes se opusieron está el presidente, el juez John Roberts. En un informe aparte recordó que “las cinco tribus, cuyos miembros tenían colectivamente al menos 8.000 esclavos, firmaron tratados de alianza con la confederación” durante la guerra de Secesión y “aportaron fuerzas para combatir del lado de las tropas rebeldes”. Al conceder la ciudadanía a los miembros de las tribus y darles voto en la formación del estado, “el Congreso los incorporó en una nueva comunidad política”.

Mientras la juez progresista Sonia Sotomayor destacó el trato vejatorio sufrido por las tribus y el destierro del Sendero de Lágrimas, el conservador Brett Kavanaugh argumentó que si Washington incentivó la llegada de blancos al territorio fue en respuesta al apoyo de las tribus a los confederados. Fue el comienzo de los intentos de “asimilación” de la población nativa. En lugar de permitir que los indios gobernaran sobre una población blanca o expulsarlos, el Congreso optó por crear un nuevo estado en 1907, recalca Kavanaugh. Catorce años después, Tulsa, la principal ciudad de la reserva y segunda mayor del estado, protagonizaría uno de las peores masacres racistas de la historia de EE.UU. con el linchamiento de cientos de negros.

El origen de la sentencia del Supremo no está en ninguna demanda de los pueblos nativos sino en el recurso de un vecino de Oklahoma condenado por abuso de menores que cuestionó que las autoridades estatales tuvieran potestad para procesarlo. El hombre, Jimcy McGirt, de la tribu seminola, alegó que debía ser juzgado en un tribunal federal. Ha habido más casos de este tipo pero este llegó al Supremo. En la vista oral celebrada en mayo, la Administración Trump y el estado de Oklahoma defendieron que el reconocimiento de la existencia de la reserva podría provocar un caos jurídico. Gorsuch discrepó. Dar por buenas todas las tretas que el estado usó para pasar por encima de las tribus nativas sería aceptar “la ley del más fuerte, no el estado de derecho”

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Origen de la sentencia

 

La sentencia implica que solo las autoridades federales pueden presentar cargos contra nativos americanos que cometan crímenes graves en ese territorio, donde viven 1,8 millones de personas (15 % de ellos son nativos americanos). El fallo abre la puerta a que se recurran una cantidad indefinida de sentencias penales dictadas por los tribunales estatales y probablemente a cambios fiscales ya que los estados no tienen derecho a imponer tributos en reservas indias. El estado de Oklahoma, la tribu creek y las otras cuatro naciones afectadas se han comprometido a trabajar juntos para aplicar la sentencia y velar por la seguridad pública, la economía y los derechos de propiedad privada.

“Con el paso del tiempo, Oklahoma y sus tribus ha demostrado que pueden funcionar con éxito como socios”, escribe en la sentencia, optimista haca el futuro, Gorsuch. Su sensibilidad hacia la historia de los pueblos e instituciones indígenas, gestada durante su tiempo como juez en (Denver) Colorado, ha sorprendido a muchos. Gorsuch es uno de los jueces conservadores nombrado por Donald Trump, quien tiene entre sus ídolos a Andrew Jackson, el presidente que en 1830 firmó y ejecutó manu militari la expulsión india.

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