Sábado, 24 Diciembre 2016 07:37

La copa menstrual amenaza la regla de oro

La copa menstrual amenaza la regla de oro

Las multinacionales que hacen negocio con los úteros a través de compresas y tampones, también ocultan alternativas más económicas, saludables y respetuosas con el medio ambiente como la copa menstrual.

Las primeras compresas llegaban a España de la mano de las revistas del corazón allá por los sesenta, mientras que los anuncios de tampones empezaron a aparecer en los noventa. La industria está a día de hoy metida en todos los úteros que pueden pagar sus productos. A una media de 17 unidades sanitarias por menstruación durante 38 años de promedio, resulta que una sola mujer usa 7.752 compresas y tampones en su vida. Este hecho no solo genera toneladas de residuos, también asegura miles de millones de dólares a multinacionales como la estadounidense Procter&Gamble, dueña de Evax, Tampax y Ausonia.


Pero no es cuestión de culpabilizar a las mujeres, sino de poner el foco en este tipo de multinacionales que se dedican a decir a las mujeres a qué huelen las nubes y a ocultar alternativas más respetuosas con el medio ambiente y más saludables. Alternativas como la copa menstrual, de la que ellos no quieren oír hablar porque no son rentables en el mercado.


La ocultación de alternativas


“Recuerdo que hace unos cinco años, en una de las secciones del programa El Hormiguero en la que comentaban objetos ‘raros’ de teletienda sacaron una copa menstrual y empezaron a ridiculizarla entre risas”, explica en una entrevista para esta revista la ginecóloga y profesora de la Universidad de Granada, Enriqueta Barranco, para ilustrar cómo los poderes económicos han mercantilizado la menstruación. Durante el programa, el presentador Pablo Motos espetó: “¡Pero a qué degenerado se le ha ocurrido eso!”; mientras que otro de los conductores, Damián, bromea: “el chupito preferido de Drácula”; la sección colma la indecencia cuando otro de ellos dice: “Con Diva Cup (el nombre del modelo) ya no tendrás que levantarte cada dos horas por la noche para darle la vuelta a la compresa”.


Son cinco hombres en escena mofándose de algo de lo que no tienen ni idea. “Los anuncios de tampones y compresas venían después del programa. ¡Estaban comprados! Desde entonces ya no se ve El Hormiguero en mi casa”, añade Barranco, quien no tiene reparo en señalar que muchas actividades de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) están financiadas por estas multinacionales.


Queda bien claro en artículos como este, publicado en abril de 2001 en el portal especializado DMedicina: “Con el fin de llenar este vacío informativo y eliminar mitos y tabúes relacionados con la higiene femenina, la SEGO y Tampax han creado un programa de formación dirigido a profesionales de la medicina y usuarias de tampones”. Una agresiva estrategia de marketing en la que se imprimieron 800.000 folletos y que se desarrolló por aquel entonces para evitar el pánico ante la aparición del Síndrome del Shock Tóxico (SST).


Sobre esto, la portavoz de SEGO en ese momento decía que “en realidad, [el SST] tiene más relación con la higiene que con el tampón en sí. Por eso insistimos en el cambio frecuente de tampones”. No sólo incitaban a usarlos, sino a usarlos mucho, cuantos más mejor.


La historia: el poder de la rentabilidad


La copa menstrual es un invento del siglo XIX, el Museo de la Menstruación y Salud de la Mujer en Maryland (EE UU.) asegura que ya existían modelos desde 1867. Para conocimiento de Pablo Motos, la primera patente es de los años 30 y el “degenerado” que la inventó fue una mujer, Leona W. Chalmers. Se trataba de un recipiente fabricado con caucho vulcanizado, tal y como explican desde la cooperativa catalana Femmefleur formada por Eva Polio, Laida Memba, Cris Torres y Clara Guasch.


Cuatro mujeres que impulsan la iniciativa “La Copa Menstrual”, primera distribuidora en España. En su web, cuentan que al tiempo que la copa empezó a difundirse, apareció en escena Earle Haas, que patentó una empresa con un nombre muy conocido hoy en día: Tampax. A partir de aquí, “se vivió un largo silencio sobre el tema”, explica Femmefleur, que asegura que en 1963 dejó de fabricarse, sobre todo porque no era rentable. Dos décadas más tarde, en 1987 apareció en el mercado la copa menstrual de látex, reutilizable y en dos tamaños, cuyo éxito marcó el inicio del camino que llevó al año 2000, cuando se fabricó la primera copa de silicona.


Comparativa entre copa, tampones y compresas


Seis residentes de Matrona de los Hospitales Universitarios 12 de Octubre, La Paz, Fuenlabrada y la Fundación Alcorcón han llevado a cabo una revisión bibliográfica en inglés, español, francés y portugués sobre el efecto del uso de la copa menstrual para la higiene menstrual femenina en comparación a otros métodos. El resultado ha sido que la copa menstrual es mejor que los tampones y las compresas frente a la sequedad vaginal, el olor, el confort, la actividad física y la duración; mientras que los mayores temores aparecen por las fugas y por la dificultad de saber cuándo hay que cambiarla, “inconvenientes que desaparecen con el manejo habitual del producto”, indican.


Estas expertas concluyen que la copa menstrual, frente a otros métodos, disminuye las alteraciones de la flora y el PH vaginal; las infecciones vulvo-vaginales; las alergias; las alteraciones dérmicas; el coste económico; el impacto medioambiental y, además, no hay casos descritos del Síndrome del Shock Tóxico, favorece el conocimiento del cuerpo y es compatible con métodos anticonceptivos y práctica de relaciones sexuales.


En este sentido, y gracias a una encuesta vía redes sociales, esta revista cuenta con algunos testimonios de mujeres que explican su experiencia con la copa menstrual. Para conocimiento de los machos de El Hormiguero, todas son positivas, mientras que otras que aún no la usan aseguran que les falta información o, sin probarla aún, no confían en el método:
“Llevo utilizándola desde hace seis años y no la cambio por nada. Ya no sólo porque contribuyo con el medio ambiente, sino porque es saludable para mí”. Laura


“Soy mujer y hago todo el activísimo que puedo a favor de la copa por razones económicas, ecológicas y de la pura experiencia menstrual. Me cambió totalmente la percepción de la menstruación y del ciclo. Lo que más me sorprendió fue la poquísima cantidad de sangre que en realidad expulsamos y que no huela mal en absoluto cuando no está mezclada con químicos”. Anónimo.


“Llevo un tiempo usándola y estoy encantada. Me resulta muy cómoda. Además es ecológica y no usas cosas blanqueadas con lejía. No notas nada y económicamente es un acierto”. Carolina


“Me ha cambiado la vida, no puedo imaginarme el volver a usar tampones y/o compresas. Además de ecológica, barata y bonita (tengo una morada), resistente y cómoda. Ojalá la hubiese descubierto justo cuando me bajó la regla. Incalculable el dinero que me habría ahorrado”. Lau


“Yo no la uso. Me lo he planteado alguna vez, pero no me apetece nada utilizarla. Suelo sangrar mucho y pienso en cómo tendría que hacer para limpiarla cuando esté fuera de casa. Tati. A lo que otra usuaria, contesta, en el mismo hilo del foro:: “¡Qué va! Imposible. Yo sangro muchísimo y nunca me he rebosado la copa”. Lau


“Honestamente, ni había oído hablar de ella hasta que hace unos meses empecé a ver algunos anuncios por internet y me sonó a estafa. Al leeros hoy, me están entrando dudas, parece que sí existe en realidad y que merece la pena probarla”. Amada.


La información es la clave


Hace no mucho, trascendió a los medios que la CUP de Manresa planteó unos talleres públicos sobre la menstruación y las opciones de sangrado. “¡Qué barbaridad!”, “¡qué guarrería!” gritaban los tertulianos –seis hombres y dos mujeres– de La Marimorena, programa del canal 13TV, de la Conferencia Episcopal.


“Por favor, es que estamos en el siglo XXI”, decía una de ellas; “se puede defender el medio ambiente sin usar la copa”, decía la otra; “nos quieren adoctrinar”, seguían los demás hombres; pero, sin duda, la intervención de oro vino de la mano del periodista Jaime González que, entre risas, dijo: “A mí me parece que esto es una auténtica cochinada, producto de una señora que ha perdido en este momento el oremus. Esto viene de la típica pirada a la que estamos dedicando demasiado espacio”.


Una de las que según González está “pirada” es Gemma Tomàs i Vives, concejala de la CUP en Manresa. “Pensamos que estaría bien que fuera la Administración pública y municipal quien los impartiera para facilitar la empatía entre los jóvenes”, explica en una entrevista para esta revista, al tiempo que asegura que nunca pensaron que esto tendría repercusión mediática. “Creemos que es muy importante que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo. El contacto con la sangre menstrual nos facilita este conocimiento. Tenemos que romper el tabú. Hablar de la menstruación y de todos los efectos que producen las hormonas sobre nuestros cuerpos. Tendría que ser normal entre mujeres, y también tendría que serlo hablarlo con los hombres. Que sepan cómo nos sentimos, cómo es”, cuenta. Sin embargo, los talleres, que se demuestran más que necesarios después de ver las reacciones al mismo, no se han realizado, de momento.


Entre las “degeneradas” que inventaron la copa, las “típicas piradas” que quieren hablar de la menstruación, la “cochinada” de usar alternativas a los tampones y compresas y la “barbaridad” y “guarrería” de todo este tema, está claro que lo que falta es cultura y que el objetivo de muchos es ridiculizar a las mujeres y hacerlas sentir sucias. Lo que ocurre es que lo que hemos perdido no es el oremus, sino el miedo.


La copa menstrual como fuente de información


“La ’regla’ es un objeto de medida exacta y el ciclo menstrual y la menstruación es la menos regla de la reglas”, explica la ginecóloga y profesora de la Universidad de Granada Enriqueta Barranco, para quien esta palabra debería dejar de utilizarse. “Nos han metido en la cabeza que la menstruación tiene que ser algo certero, cada 28 días; de lo contrario, estamos enfermas”, señala.

Y la enfermedad, conlleva el consumo de fármacos, por lo que todo apunta a que esta construcción de la realidad está velada para sacar beneficio. “La población no tiene ni idea de lo que es la menstruación” y el uso de la copa menstrual “ayuda a su conocimiento”, asegura. Esta ginecóloga y profesora también tiene facetas investigadoras; ha llevado a cabo un estudio junto a otras dos compañeras con la colaboración de 100 mujeres, que gracias a la copa, han podido donar su sagrado menstrual para su análisis. Entre los resultados, han descubierto que la media menstrual de sangrado es de 170 cm cúbicos, “el doble de lo que se cree, que son 80 cm cúbicos”, explica.

Otra de las conclusiones del estudio es que la sangre menstrual contiene niveles considerables de tóxicos procedentes de productos cosméticos, como parabenos (ácido para-hidroxibenzoico), que en la sangre corriente son invisibles y que afectan a la salud de la mujer. Sin embargo, pese a esta información tan relevante, Barranco asegura que están encontrando muchos problemas para sacar la investigación en medios científicos: “Si hubiéramos encontrado tóxicos en la leche materna, estaría ya publicado, pero al ser sangre menstrual, no. Sigue habiendo muchos prejuicios”.

Publicado enSociedad
Bogotá. El complejo universo de los vehículos amarillos

De alta complejidad y difícil abordaje son los espacios que conforman el universo del taxi en Bogotá, espacio singular de interacciones al que pocos se han aproximado con seriedad e interés investigativo. Precarias las situaciones laborales de los taxistas-obreros, ventajosa la posición de los patrono-propietarios que concentran la propiedad de los vehículos y de empresas autorizadas para prestar este servicio público. Ausencia de reglamentación, pésimas condiciones de contratación y Uber, son algunas de las afectaciones denunciadas por los taxistas que desean dar a conocer sus dificultades y piden no ser abandonados ni estigmatizados por la ciudadanía.

Durante toda la semana, por 24 horas y cada uno de los 365 días del año, circulan por las calles de Bogotá cientos de taxis en un continuo trasegar, infinita peregrinación amarilla por el sustento y la sobreviviencia de miles de conductores –y de sus familias– que se ganan la vida frente a los volantes prestando a la ciudadanía el servicio de transporte público individual. En Bogotá hay alrededor de 60.000 taxistas que conducen 50.000 vehículos, trabajando cada uno de ellos un promedio de 13.8 horas al día. Desarrollan un trabajo altamente competitivo, pletórico de contingencias que afectan tanto la productividad como las condiciones laborales de hombres y mujeres, quienes conforman uno de los gremios con mayor dinamismo y capacidad de movilización en la ciudad.

Múltiples interacciones entre diversos actores y sus intereses delinean un campo al que vale la pena aproximarse mediante las voces de sus protagonistas. Alonso Romero (AR), taxista de profesión y presidente de la Asociación de Pequeños Propietarios y Taxis de la ciudad de Bogotá, junto a Plubio Niño (PN), asesor de Asotaxi y presidente de la Corporación Colegio Mayor de Cultura y Ciencias, dedicada (en uno de sus capítulos) a la defensa de conductores del gremio del transporte en Colombia, confirieron una entrevista al periódico desdeabajo, con la que pretenden visibilizar posiciones que consideran representativas del gremio que integran.

Urge que operen las normas

Reglamentación[1] [2], es una de las primeras palabras en salir a la luz cuando Plubio y Alonso reflexionan sobre el tema que nos ocupa. La usan para ilustrar una vasta inoperancia jurídica que ha tenido múltiples incidencias (afectaciones para ser más preciso) sobre la labor de miles de taxistas en la capital, la misma que ha contribuido a generar las condiciones propicias para que empresas y propietarios de taxis sigan abusando de conductores que en ocasiones desempeñan su labor en condiciones laborales que vulneran su dignidad:

- Alonso Romero (AR): [...] Tenemos problemas con el mismo Estado, que no ha sido diligente en ayudar a crear una estabilidad laboral, para que las empresas cumplan con las reglamentaciones que la ley les exige. Entonces, nos están incumpliendo durante muchísimos años. Hablamos, por ejemplo, de un tema de seguridad que para el conductor debe ser el contrato laboral o, en cierta manera, la seguridad social, entonces nos han tergiversado y manejado de diez mil maneras; los conductores de taxis hoy estamos en la informalidad. Lamentablemente, todo constituye una afectación porque al conductor de taxi le empeoraron el salario, ahora él mismo tiene que pagar la seguridad social, ya las carreras no son las mismas. Entonces, están dañando nuestro gremio. En lugar de arreglarlo, lo están desbaratando y los conductores tenemos día a día muchos más sacrificios, muchas más dificultades.

La intervención de Romero realza algunas de las problemáticas laborales afrontadas por miles de conductores de taxi en la ciudad de Bogotá, de la misma manera que evidencia la disyunción entre el oficio de taxista y la propiedad sobre el medio de producción. Aunque normas como el Artículo 15 de la Ley 15 de 1959, El Código Sustantivo del Trabajo y el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, establecen las condiciones mínimas que debe tener cada trabajador, las empresas de transporte público a las que están afiliados los taxis, y los propietarios que habitualmente subordinan a los taxistas a través de contratos verbales, siguen incumpliendo la Ley. Alonso Romero opina que en algunas ciudades se registran algunos avances:

- AR: [...] hay ciudades, como Medellín y como Ibagué, donde ya han adelantado procesos con los cuales el conductor de taxi ha mejorado ostensiblemente, mejorarando, por extensión, el tema del servicio al usuario. Le explico, en Medellín quien debe pagar todo eso es el propietario del vehículo y la empresa se hace solidaria en el tema de exigirle al propietario que debe cancelar. El propietario cancela a principio de mes $360.000 pesos, más o menos, entonces cancela censantías, vacaciones, primas, pensión, salud, ARL, todo lo que le corresponde a cada conductor por Ley [...]

El jurista Plubio Niño, considera que estas medidas no son suficientes y que llevan consigo otras problemáticas que tienden a ser invisibilizadas, pero que siguen generando afectaciones sobre el gremio:

- Plubio Niño (PN): El hecho de que Medellín esté cumpliendo [...], está cumpliendo en unas condiciones específicas, pero surge un problema, la mimetización dentro de la planilla y dentro del sistema de aportes que deben hacer como trabajadores y que lo tercerizan, entonces desde ese punto de vista están eludiendo la responsabilidad de la empresa y eso es gravísimo [...]. A través de cooperativas de trabajo asociado contratan a los trabajadores, les dicen: “no, es que usted es un trabajador asociado y propietario de la empresa”, pero la responsabilidad no se le diluye, ¿por qué? Porque el artículo 59 de la Ley 79[3] del año 88 dice que a las cooperativas que no sean de trabajo asociado, y las que sean, se les debe aplicar el régimen laboral ordinario y este régimen lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, no lo que se invente la empresa, ni el propietario, etc.

Es de público conocimiento que incluso algunas empresas condicionan la expedición de los carnets de conducción a los taxistas al pago de salud, pensión y ARL, que deben hacer por su propia cuenta. Son decenas de artilugios y argucias los que siguen inventando propietarios, empresas y cooperativas de transporte asociado para trastocar las relaciones que guardan con los conductores de taxi, a los que alquilan diariamente los vehículos por un monto arbitrariamente establecido, modalidad de pago a destajo que el jurista Niño critica:

- PN: Otro problema, el caso del destajo. Efectivamente es una modalidad de pago de salario, el destajo, pero sucede que los índices de productividad los determina el patrono, y eso debe estar regulado es por la Ley de la oferta y la demanda, por el mercado, entonces esclavizan al pobre conductor ¡gravísimo!, porque le imponen una tarifa diaria sin hacer un estudio de costos, sin hacer un estudio diario de insumos de operatividad del sistema. Entonces, hay conductores que se van en el día con $20.000, con $10.000, y trabajan 16 horas, dos veces una jornada máxima legal, eso es abusivo, lesivo y es esclavista, así de sencillo, eso no tiene vuelta de hoja.

Se calcula que un conductor promedio en Bogotá, en el mismo momento en que inicia a trabajar, en el turno diurno o nocturno, ya es acreedor de una deuda de $150.000 pesos (100 mil de cuota al patrón y 50 mil destinados a combustible), deuda que deberá saldar al momento de terminar su jornada, y además de ello generar sus ganancias diarias. Lo que significa que en un día o noche “buena” los conductores deben generar al menos $200.000 pesos, movilizándose por las calles de Bogotá a una velocidad promedio de 13.6 Km/h (ver Recuadro), luchando contra la precariedad laboral, los trancones, la inseguridad, el clima, el mal estado de las vías, con las autoridades que en las calles tienden a entorpecer la labor con controles inadecuados y alteraciones sorpresivas al sentido de las vías y, como si fuera poco, contra la creciente flota de taxis piratas.

De esta manera se configura un trabajo precario, cercano al servilismo, capaz de imponer a miles de taxistas una carga elevada de estrés a través de extensas jornadas de trabajo. Son estas condiciones del oficio las que, según Plubio Niño y Alonso Romero, contribuyen a desmejorar condiciones del servicio –como el trato poco amable que los taxistas proporcionan en ocasiones a los usuarios–, uno de los argumentos con que muchos ciudadanos justifican el servicio que presta Uber y que los taxistas catalogan como otro de sus grandes males.

Un enemigo llamado Uber

No es fortuita la molestia del gremio por los servicios prestados por Uber, sentimientos que han precipitado lamentables situaciones donde los conductores usan la violencia para dirimir conflictos generados por la inoperancia de reglamentación. El impune incumplimiento de las normas sigue posibilitando la operación de un servicio bajo condiciones que los taxistas catalogan de injustas, inequitativas y lesivas para su labor. A esto se refiere el abogado Plubio Niño:

- PN: Miremos el problema de Uber y el criterio errado del ciudadano del común. Efectivamente, el ciudadano necesita un servicio de transporte, pero ese servicio de transporte quien debe prodigarlo es la empresa o los prestadores de servicio legalmente habilitados para prestarlo, punto. Si yo, un particular, utilizo los servicios de un vehículo particular me someto a las sanciones establecidas en la Ley 769 del año 2002 y en la reglamentación del Código Nacional de Transporte y, de manera adicional y eventual, estaría encubriendo una actividad ilegal, me convertiría en un encubridor, habría que determinar la connotación si estoy cometiendo o no un delito, es decir, estoy aparentemente satisfaciendo mi necesidad, pero estoy generándole un perjuicio a un tercero y a un gremio, a unas empresas legalmente habilitadas que pagan impuestos; entonces, eso precisamente es lo que hace que se predique la responsabilidad del Estado en esa permisividad [...].

Según Plubio, no son los usuarios de Uber, ni el Estado colombiano, los únicos culpables de esta situación caótica que afecta al gremio de los taxistas, hay otro poderoso actor que también tiene mucha responsabilidad en lo que está sucediendo:

- PN: [...] no solamente (responsabilidad) del Estado, sino también de los medios masivos de comunicación, que están enviándole mensajes subliminales permanentemente a la gente con Uber: en Youtube aparecen, en el Facebook aparecen, en todas partes aparecen. Entonces, la gente en el inconsciente colectivo, como decía Karl Jung, se crea esa errónea idea de que Uber es el servicio adecuado, que Uber es el más óptimo de los servicios, cuando en el fondo es simplemente un particular prestando un servicio para el que no está autorizado y es un ilegal. En mi criterio, tendría que habilitarse Uber como empresa, y al ser empresa asumir las mismas responsabilidades de las demás empresas.

El descontento de los taxistas radica en que enfrentan, en cada uno de los segmentos del mercado del transporte público individual, a conductores de Uber que cobran tarifas similares sin que tengan que regirse por sus mismas reglas, asumir los mismos impuestos y cumplir (en muchos casos) con el pago de cuotas fijas diarias pues, a diferencia del servicio de taxi, Uber se caracteriza porque un número significativo de conductores es dueño de los automóviles empleados como herramienta de trabajo. Alonso Romero, proporciona otra justificación para regular a Uber, que alude al tema de la expatriación de recursos:

- AR: Vamos a un ejercicio más sencillo, una carrera de aquí al aeropuerto que tiene un precio 15 o 20 mil pesos, y esta empresa a veces cobra hasta 116 mil pesos, ¿cuánto le está quitando de dinero a Colombia? Y fuera de eso se queda con el 25 por ciento, ósea, es todo un drama porque resulta que en esta situación económica que atraviesa el país, pues es muy complicado, cualquier peso es una cantidad de dinero enorme que puede servir para solucionar problemas en el país.

Uber continúa generando polarización y un profundo malestar en el gremio. Cada dia los taxistas dicen tener que enfrentar una creciente competencia que está superándolos en indicadores de calidad y eficiencia, porque sus servicios requieren menos gastos operativos, porque están sujetos a menos reglas y controles. El problema para algunos, como Plubio Niño, es tan grave que lo catalogan como un asunto de soberanía nacional:

- PN: Es gravísimo la forma como una empresa multinacional particular, que nació en Colombia en una forma de figura SAS, con un capital de 20 millones de pesos, prácticamente una empresa de fachada, esté moviendo miles y miles de millones de pesos y, fuera de eso, aplicando sus propias tarifas, cuando los servicios públicos están regulados por el Estado, y el servicio público de transporte debe estar regulado por el Estado, hay unas normas establecidas para eso. Entonces, en eso tiene razón para decir que están violando la soberanía nacional, porque ellos no son quien para imponer unas tarifas específicas.

El servicio prestado por la multinacional saca chispas entre grandes empresarios que concentran la propiedad de decenas, incluso de cientos de taxis en la capital. Estos son otros actores claves para entender la amplia operación de especulación de los cupos, el origen de la “proletarización” –en clave de precariedad laboral– de miles de conductores en Bogotá, así como la enorme capacidad de movilización social dirigida “desde arriba” que ha mostrado tener un amplio segmento del gremio frente a problemáticas que no afectan exclusivamente a los conductores que alquilan a diario un taxi para llevar a casa el sustento.

Pulpos con cientos de tentáculos amarillos

De repente, con la expedición del Decreto Distrital 613 del año de 1993[4], durante la alcaldía de Jaime Castro, el servicio del taxi se proyectó como un jugoso negocio. Esta norma decretaba en su artículo primero:

Artículo 1º. A partir de la vigencia del presente decreto únicamente se podrá autorizar el ingreso de vehículos clase taxi al servicio público individual de pasajeros, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que el interesado acredite el retiro simultáneo del servicio en la ciudad de un vehículo clase taxi que haya sido registrado por lo menos cinco años antes; 2. Que el vehículo nuevo que se registre esté dotado de equipo y aditamentos que aseguren el mínimo posible de contaminación. Los vehículos que ingresen al servicio conforme a las disposiciones de este Decreto deberán ser del modelo correspondiente al año en que se inscriban.

Lo promulgado por este decreto significó detener toda ampliación al número de taxis en Bogotá, la creación de un mecanismo de acceso a las plazas congeladas mediante el reemplazo de vehículos registrados con cinco años de anterioridad. Desde el 93 fue necesario retirar un taxi para introducir otro, el espacio ocupado por cada uno de los carros habilitados para prestar el servicio recibió el nombre de “cupo”, que por efectos del decreto se convirtió en un nuevo “bien” de oferta limitada y alta demanda, encendiendo el carrusel de la especulación por su valor de uso.

En la medida en que transcurrieron los años estos “cupos” fueron adquiriendo un valor incluso superior al que los “corredores” en su mercado paralelo pudieron estimar, proceso que comenzó a incidir de manera decisiva en que los pequeños propietarios vendieran sus plazas y que la propiedad se fuera concentrando en grandes acaparadores que reemplazaron los antiguos propietarios por conductores a quienes alquilaron los vehículos, sometieron al destajo y contrataron en condiciones de precariedad laboral. Todo este proceso, al tiempo que fundamentó un mecanismo de inversión y enriquecimiento al margen de la legalidad, dio paso a un negocio que sigue teniendo las condiciones necesarias para movilizar enormes cantidades de dinero, sin el menor de los controles por parte del Ministerio del Transporte, de la Superintendencia de Servicios Públicos o cualquier otro organismo de control del Estado.

A este proceso se refiere con preocupación y molestia Plubio Niño:

- PN: Pero ¿por qué el cupo vale eso? ¿Quién le ha puesto ese valor? Los propietarios de las empresas dicen que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Ley de oferta y demanda? Miremos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico [...] ¿de dónde surge? ¿Dónde hay un mercado real, donde se oferte la venta de los cupos (en bolsa, por ejemplo) de un vehículo? ¡No existe! ¿Cuánto vale inscribir un vehículo en la Secretaría de Movilidad? Por ese vehículo, por cuyo cupo se pagaron 100 millones, inscribirlo vale 300 mil pesos ¿De dónde les surgen esos 100 millones de pesos? Allí es donde yo digo que hay un enriquecimiento sin causa, traducido en un enriquecimiento ilícito porque es una estafa colectiva para todo el mundo, al pobre ciudadano lo están estafando [...]

Prosigue ampliando el jurista:

- PN: Se enriquecen ilícitamente y sin justa causa [...]. Crearon un mercado especulativo paralelo y oscuro, poniéndole a los vehículos unos precios que no son, entonces, ¿dónde está el pago de impuestos de esos grandes empresarios que tienen miles de vehículos? ¿Cuánto le están tributando al Estado por ese concepto? Porque si un vehículo vale 130 millones de pesos, de allí para adelante tiene que declarar renta y patrimonio, y si tiene 10, 20, 200 carros, entonces la Dian tiene que meter la mano allí para entrar a investigar ese cúmulo de corrupción y ese es plata que está perdiendo el Estado colombiano y plata que está dejando de llegar en servicios a los ciudadanos porque el Estado se ve quebrado.

Hasta el momento quien compra o vende un cupo entre 100 y 120 millones de pesos no declara esta operación, pues sigue sin existir algún mecanismo reglamentado para efectuar estas transacciones llevadas a cabo entre tinieblas de un inmenso espacio de indeterminación jurídica. A pocos conviene esclarecer este tipo de negocios, pues de hacerlo contravendrían poderosos intereses políticos y económicos sustentados en el trabajo precario de cientos de taxistas en la capital, en la capacidad de movilización que posibilita la inmensa fuerza de trabajo que siguen concentrando y explotando bajo la mirada indiferente de la sociedad y del Estado.

Es necesario enfocar el tema desde distintas ópticas

Los trabajadores del taxi en Bogotá están afectados por este tipo de situaciones, que desmejoran objetivamente las condiciones del ejercicio de su labor, sin embargo continúan siendo poco incidentes en el gremio las asociaciones de pequeños propietarios, como Asotaxi, e inexistentes las asociaciones de conductores por destajo o alquiler. Ninguno de los paros y de las movilizaciones de los taxitas, llevadas a cabo durante los últimos años en la ciudad de Bogotá, estuvo inspirada en alguna de las necesidades fundamentales de estos trabajadores precarizados, sometidos a condiciones cercanas a la servidumbre.

Prosigue la estigmatización sobre este gremio, pues la ciudadanía sigue afectada de múltiples maneras por un servicio prestado de manea precaria, ciudadanía que no comprende –tal vez no le interese hacerlo– algunas de las principales problemáticas que tienen estos trabajadores. Aunque estos problemas no puedan usarse como un recurso retórico efectivo para justificar las miles de carreras que a diario se niegan a prestar los conductores de taxi, los malos tratos que muchos de ellos proporcionan a los usuarios, los abusos en el cobro de las tarifas (entre otros), una aproximación a estas problemáticas basta para configurar una opinión más ponderada que la habitual frente al gremio. Los taxistas están sintiendo el rechazo de la ciudanía, que castiga los exabruptos cometidos por muchos conductores solicitando carreras de Uber; sin embargo, tal como lo manifestó Alonso Romero en el transcurso de toda la entrevista, muchos están dispuestos a mejorar el servicio optando por la formación personal y la profesionalización de su labor.

Es un asunto con muchas aristas y, por ello, susceptible de ser enfocado desde múltiples ángulos. ¿Por qué proceder entonces por la estigmatización y el abandono de estos trabajadores?, máxime cuando muchas problemáticas que enfrentan, y las condiciones a las que se encuentran expuestos, se difuminan ampliamente entre la clase trabajadora que mueve al país generando efectos más sutiles, menos públicos, tornando inexistentes los pequeños dramas laborales que viven a diario millones de colombianos/as.

 

(Recuadro)

Las cifras y los datos del taxi en Bogotá.

* En Bogotá hay un taxi por cada 176 ciudadanos.

* La distancia promedio de los viajes en Bogotá es de 6.6 kilómetros, que se recorren en un tiempo medio de 34 minutos. La velocidad promedio de un viaje en taxi en Bogotá es de 13.6 km/h.

* Los destinos y los orígenes de las carreras de taxi en Bogotá se concentran en la franja oriental de la ciudad, ubicada entre las calles 6 y 153.

* El 20 por ciento de las carreras de taxis de todo un día se llevan a cabo en la franja de 6:00 am a 8:00 am.

* El 71.7 por ciento de los viajes en taxi los realizan personas de los estratos 3 y 4. En términos porcentuales, son las personas de estrato 5 los mayores usuarios del taxi.

* En el 2012 existían alrededor de 59.000 conductores de taxi para los 50.000 taxis registrados en la ciudad. Un conductor de taxi trabaja un promedio de 13.8 horas al día en Bogotá.

Fuente: Rodríguez Valencia, A. & Acevedo, Bohórquez J. “¡Taxi! El modo olvidado de la movilidad en Bogotá”. Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. Ediciones Uniandes. Bogotá, 2012.

 

Citas

[1] El Decreto Nacional 172 de 2001 reglamenta el transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, es el decreto que fija las condiciones generales en que debe prestarse el servicio. Esta normativa establece que: A. Cada taxi debe estar vinculado a una empresa de transporte legalmente constituida y prestar su servicio dentro de los límites donde esta haya sido autorizada; B. Además de estar suscrito a la empresa todo taxi y de hacer parte de su parte automotor, el vehículo requiere una tarjeta de operación expedida por la autoridad local, gestionada por la empresa donde a la que pertenece el vehículo; C. Todo taxi debe contar con una tarjeta de control donde se especifican los datos básicos del conductor y las tarifas vigentes.

[2] El Decreto Distrital 101 de 1999 estable disposiciones para la prestación del servicio de taxi en la ciudad de Bogotá. Reglamenta: Los distintivos que deben portar los vehículos, la revisión técnico mecánica, los cursos que deben tomar los taxistas por las empresas para que puedan obtener un carnet. por su parte, la resolución 124 de 1998 reglamenta, las condiciones técnicas bajo los que deben instalarse, calibrarse y repararse los taxímetros.

[3] Ley 79 de 1988: “Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa”.

[4] “Por el cual se promueve la reposición del equipo automotor y se reglamenta el ingreso de vehículos clase taxi al servicio público”. Las disposiciones de este decreto han sido prorrogadas por los decretos: 944 de 1999 “por el cual se prorroga la suspensión transitoria del incremento de vehículos clase taxi al servicio público urbano de la ciudad”, 1029 de 2000 “Por el cual se prorroga la suspensión del ingreso de vehículos clase taxi por incremento para el servicio público al Distrito Capital” y 519 del 2003 "Por el cual se prorroga la suspensión del ingreso de vehículos por incremento para el servicio publico de transporte colectivo e individual de pasajeros al Distrito Capital”.

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"La violencia contra las mujeres es el Holocausto del siglo XXI"

1.200 millones de mujeres sufren la violencia de género en todo el mundo. "Hay una alternativa a ser asesinada, que es la de ser feliz", reivindica Ana Bella, una mujer que sufrió maltratos durante 11 años.

 

Ana Bella se casó con 18 años y su primer hijo llegó cuando tenía 19. Era una buena estudiante, pero a pesar de haber obtenido matrícula de honor en el instituto su marido no le permitió ir a la universidad. Este fue uno de los primeros indicios de que la relación que tenía con su pareja no era sana. Sufrió once años de malos tratos psicológicos y físicos hasta que una noche se escapó de su casa con sus cuatro hijos, denunció a su marido e ingresó en una casa de acogida.


"Cuando salí de la casa de acogida, cuando estaba por fin a salvo del maltrato, seguía sin poder dormir. Tenía cuatro niños pequeños, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía una casa, no tenía estudios... Lo único que tenía era un certificado que acreditaba que yo era una víctima, y con eso podía solicitar una renta activa de inserción", explica Ana en una entrevista con RT.


En aquel entonces, la ayuda consistía en recibir 320 euros al mes. Una cantidad de dinero insignificante para poder sacar adelante a sus cuatro hijos: "Leía aquel papel y pensaba que lo único que había conseguido con 29 años era ser una mujer maltratada... Y me hundí, como tantas otras mujeres".


Sin embargo, un buen día se dio cuenta de que ella no era una víctima, como decía aquel certificado: "Yo era una superviviente. Yo era una mujer muy fuerte, una mujer resistente, una mujer con muchas cualidades positivas que había utilizado para aguantar durante tantos años un maltrato, y que ahora iba a utilizar para comenzar una nueva vida feliz con mis hijos. Todas nos merecemos una vida feliz".


"Hay una alternativa a ser asesinada, que es la de ser feliz"


Era el año 2002 y en los medios de comunicación solo aparecían noticias de mujeres asesinadas, campañas que mostraban duras imágenes de mujeres golpeadas, entrevistas a mujeres que habían sufrido malos tratos con la cara oculta, la voz distorsionado o llorando. "Si tu estás siendo maltratada y ves esto en los medios, tu no vas pedir ayudar para acabar así: muerta o muerta de miedo".


Comenzó entonces a aparecer a cara descubierta en la televisión, ofreciendo un testimonio positivo a las mujeres: "Si rompes el silencio y denuncias hay una alternativa a ser asesinada, que es la de ser feliz. Y si yo pude con cuatro hijos, pues ellas también pueden", reivindica.


Tras su primera aparición pública en un medio regional recibió más de mil llamadas de mujeres que buscaban ayuda o estaban dispuestas a ayudar. Y así nació la Fundación Ana Bella que, tal y como explica ella misma, es "una red de mujeres supervivientes que utilizamos nuestra empatía y nuestro testimonio positivo para ayudar a una media de 1.400 mujeres al año para salir de la violencia, para que rompan su silencio y emprendan una vida feliz".


Bajo la premisa "una mujer ayuda a otra", Ana Bella ha creado redes con otras fundaciones que trabajan con mujeres tanto en España como en Latinoamérica. Todas ellas ofrecen ejemplos positivos de superación para conseguir que las mujeres maltratadas se empoderen y se transformen en supervivientes, capaces de actuar como promotoras de igualdad y rompiendo, así, con el enfoque tradicional de la victimización.


"Empezamos alojando a mujeres en mi casa y ahora ya tenemos ocho viviendas de apoyo, y en México, por ejemplo, donde casi una de cada dos mujeres son maltratadas, ayudamos a mujeres que salen de los refugios pagándoles un año de alquiler para que no tengan que volver con los maltratadores", explica la promotora de la iniciativa.


1.200 millones de mujeres sufren la violencia de género en todo el mundo


Este viernes se celebra el día internacional contra la violencia de género. Una fecha que nos recuerda que una de cada tres mujeres en el mundo es maltratada por el mero hecho de ser mujer. "Eso significa que 1.200 millones de mujeres, dos veces la población de Europa, somos maltratadas por el mero hecho de ser mujeres. No importa el país en el que vivas, la religión que proceses o tu color de piel. Ni siquiera importa tu nivel económico, social o cultural", explica Ana.


En el caso de España, una de cada 10 mujeres sufrirán violencia de género a los largo de su vida. Sin embargo, según los datos de la fundación, solo el 27% de ellas se atreven a denunciar, por lo que actualmente más de un millón y medio de mujeres en España no reciben ayuda. Para la fundación, se trata de mujeres invisibles para la sociedad y las administraciones.


"Es el Holocausto del siglo XXI", asegura Ana, quien explica el por qué: "El Holocausto fue una matanza de judíos y judías simplemente por serlo. Y fue tan atroz que el mundo no se lo creía hasta que acabó la guerra y las víctimas ofrecieron sus testimonios. Y ahora mismo, la violencia de género es tan atroz que tiene dimensiones de pandemia mundial. No es una lacra social, es una vulneración de los derechos de la mujeres y su dimensión es tan grande que parece que la gente no se lo cree".


En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Sin embargo, para poder ofrecer mensajes positivos y que las mujeres que sufren maltratos se animen a denunciar, Ana defiende un cambio en la forma de hablar sobre la violencia de género para centrar el discurso en el agresor: "39 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas en España durante 2016".


Cómo erradicar la violencia de género


Mujeres como Ana, consiguieron que en España el Gobierno aprobase la ley contra la violencia de genero en 2004, una herramienta que ha conseguido mejorar las condiciones de aquellas mujeres que deciden romper su silencio y denunciar los maltratos que sufren.

Publicado: 25 nov 2016 08:55 GMT | Última actualización: 25 nov 2016 11:21 GMT


25 de Noviembre, Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres


¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!

Rebelión

Declaración de la Unidad Internacional de las y los trabajadores - Cuarta Internacional

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana, por ser mujeres y por atreverse a enfrentar a la dictadura de Trujillo. Hoy, a más de 50 años de sus femicidios, las mujeres del mundo conmemoramos su lucha y salimos a pelear contra la violencia patriarcal y capitalista que nos asedia y nos mata en todo el mundo.

A escala global, es sabido que al menos el 50 por ciento de las mujeres sufrió o sufrirá violencia física y/o sexual por parte de sus parejas a lo largo de la vida. También los datos señalan que el 50 por ciento de los asesinatos de las mujeres en el mundo provienen de agresores que son parejas o familiares de las mismas, es decir, son femicidios. A su vez, más de 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas. Y 200 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital en 30 países de África y Oriente Medio.

La trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y laboral constituye el tercer negocio ilegal más grande del mundo (luego del tráfico de armas y drogas). Mueve cerca de 32.000 millones de dólares. Desde Latinoamérica, Asia y el Este de Europa, las mujeres son vendidas hacia Estados Unidos y el resto de los países europeos, con total complicidad de los gobiernos. El derecho al aborto es ilegal en la mayoría de los países del mundo (70 por ciento). Se trata de los países más pobres donde, además, representa a una de las principales causas de muertes de mujeres. Y en países como Italia, Polonia y el Estado Español, este derecho se encuentra permanentemente amenazado por las presiones de la Iglesia Católica. A su vez, en países como China, se promueve el aborto selectivo de mujeres, por considerarlas de menos valor social.

El 70 por ciento de los pobres y analfabetos en el mundo, son mujeres. Y entre las trabajadoras, además de estar relegadas a las tareas menos calificadas, se estima que cobran al menos un 30 por ciento menos que los varones frente a igual tarea. Estos datos y muchos más, muestran con claridad la terrible situación que viven las mujeres en todo el mundo. Y también resaltan que la violencia hacia las mujeres es un proceso mundial, consecuencia del sistema patriarcal que oprime a las mujeres al definirlas como inferiores socialmente; y del sistema capitalista-imperialista que se aprovecha de esa condición para sobreexplotar a las mujeres trabajadoras. Los femicidios, los golpes, las violaciones y demás formas de violencias que viven las mujeres de todos los países, son parte de una política de disciplinamiento constante para todas las mujeres que garantizar la dominación del capitalismo patriarcal. Pero, tal como sucedió a lo largo de nuestra historia, nuevamente las mujeres han decidido tomar las calles contra la violencia.

Desde las grandes movilizaciones por el Ni Una Menos y Vivas nos queremos de Argentina, México, Perú, Brasil, el Estado Español; hasta el paro de mujeres de Polonia y las movilizaciones en Italia por el derecho al aborto o la lucha de las mujeres indias contra las violaciones colectivas, este 2016 termina con las mujeres del mundo diciendo ¡Basta! Por eso, desde la Unidad Internacional de las y los Trabajadores – Cuarta Internacional, llamamos a seguir en las calles y a realizar grandes jornadas de lucha la semana del 25 de noviembre en todo el mundo.

Como feministas luchamos contra la opresión patriarcal; y como socialistas revolucionarias peleamos contra la explotación capitalista-imperialista que también es mundial. Por eso, ante la movilización, llamamos a no confiar en variantes capitalistas que se ofrecen como referentes de las mujeres, pero gobiernan para el imperialismo. Ni Michelle Obama (EE.UU.), Hillary Clinton (EE.UU.) o Ángela Merkel (Alemania) defienden nuestros derechos. Tampoco presidentas de países oprimidos como Michelle Bachelet (Chile), Cristina Fernández (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil), Ellen Johnson Sirleaf (Liberia) o Patribha Patil (India) que ya gobernaron son nuestra alternativa.

Solo podremos lograr nuestra emancipación organizándonos independientemente como mujeres y trabajadoras, para conquistar nuevas bases sociales luchando por un mundo socialista con plenas libertades para las y los trabajadores. Este 25 de noviembre día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, decimos:
¡Patria, Minerva y María Teresa, presentes!

¡Basta de femicidios!

¡Ni una menos!

¡Vivas nos queremos!

Contra toda forma de opresión y explotación seguiremos hasta que todas seamos libres.

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Miércoles, 02 Noviembre 2016 06:38

Las cosas aún son blancas y negras

Las cosas aún son blancas y negras

Medio siglo después del fin de la segregación legal, la brecha económica sigue separando a las razas

 


Ya no hay ninguna ley que separe a los afroamericanos de los blancos, ahora la brecha económica deja aparte los negros y latinoamericanos. Los más pudientes dejan las ciudades segregadas y la caída de ingresos fiscales deteriora las comunidades. En sitios como Nueva Jersey se habla de "apartheid" escolar. En Newark el año pasado se supo que el agua de los colegios públicos estaba contaminada por plomo. La raza dominante es la verde, el color de los dólares.
En la avenida Sussex, en Newark (Nueva Jersey), se atisban pocos signos de vida, se pasee por allí un viernes, un domingo o un lunes. Ni locales abiertos, ni gente en la calle o esas casas humildes, un silencio aplastante. Solo lo interrumpen la entrada de los niños de dos colegios de la zona y las actividades de la iglesia baptista de Nueva Esperanza, allí donde un día empezó a cantar Whitney Houston. Está en un barrio poco recomendable para algunos, en transición para otros, y es una de las zonas de mayor concentración de población negra de la ciudad, una de las más segregadas de Estados Unidos.


John Abeigon, de origen gallego, presidente del sindicato de profesores, muestra durante un paseo por la zona que él es de los menos optimistas. “Aquí mucha gente se va, familias que llegaron hace muchos años, al cabo de un tiempo, cuando pueden se marchan. Vienen a Newark a trabajar y se van a sus casas de los suburbios”, explica. Abeigon creció en un barrio de españoles y portugueses, en los años noventa se mudó a Mapplewood, una zona residencial cercana a Newark, y hace cinco años regresó a la ciudad, a una casa modesta en el vecindario histórico de Forest Hills.


Medio siglo después de que terminaran las leyes de segregación racial, blancos y negros siguen sin vivir juntos del todo. En junio de 2017, EE UU celebra medio siglo de la sentencia que permitió a los americanos casarse con alguien de otra raza, pero de todas las bodas de 2013, solo el 12% fueron interraciales (la estadística, del Instituto Pew, no separa a los latinos de los blancos). Y fue un récord histórico. Los datos del censo, analizados por la Brookings Institution, también reflejan avances mínimos entre 2010 y 2014. Nueva York, Newark, Jersey City, Chicago o Milwaukee figuran en los primeros puestos. Si antes era la ley la que separaba a las razas, ahora es el dinero. “La raza dominante es la verde”, el verde de los dólares, lamenta Abeigon.


En Newark, solo el 11,6% de la población es blanca (datos de 2010); el 86% son negros y latinos. En Maplewood, por ejemplo, los blancos son el 53% y los afroamericanos y latinos el 42%. Si en Newark la renta familiar media era de algo más de 34.000 dólares en 2014 (unos 30.970 euros), en Maplewood superaba los 116.000 dólares, más del triple. Si en el primero el 28% no tiene seguro médico, en el segundo son menos del 10%. Son brechas comparables a las de otros suburbios por el estilo, como Bloomfield o Montclair.


“Los que se quedan en las ciudades son los afroamericanos y los latinos, que tienen los sueldos más bajos, y cuando se pierde a los contribuyentes blancos, que más aportaban al pago de impuestos, se produce ese deterioro de los servicios, porque dependen en buena parte de los recursos locales”, explica, por su parte, Christian Estevez, miembro de una entidad llamada Latino Action Network.


El año pasado, poco después de que estallara el escándalo de las aguas contaminadas de Flint (Michigan), se supo que el agua de las escuelas públicas de Newark contenía plomo por el mal estado de las cañerías y los escasos recursos para arreglarlas.


Cuanto más humilde es el barrio, peores servicios, peor salud y más crimen, y eso en áreas como Nueva Jersey significa hablar de raza, ya que la pobreza castiga mucho más a los afroamericanos y latinos que a los blancos. Y con la Gran Recesión, la brecha ha crecido en el conjunto del país: el patrimonio neto medio de una familia blanca en 2013 eran 141.900 dólares, el de una negra 11.000 y el de una hispana 13.700, según los datos del Pew Research. Las cosas, en Estados Unidos, sí son blancas o negras.


‘Apartheid’ escolar


En 2013, un informe de la Universidad Rutgers, de Newark, sacudió Nueva Jersey al abordar la segregación de las escuelas de este Estado y hablar directamente de “apartheid”. Aquel estudio identificó 17 colegios charter (operados de forma privada pero con fondos públicos) con menos de un 1% de estudiantes blancos y la mayoría estaban en Newark. Nueve no tenían un solo blanco y cuatro tenían entre el 0,3% y 2,5%. Por el contrario, en 14 de ellos los negros suponen entre el 84% y el 100% de los estudiantes.


“Cuando hablamos de segregación, hablamos de separación y desigualdad, ambas basadas en la raza y en la pobreza, y estos dos aspectos alimentándose entre sí”, explica Deborah Smith Gregory, una maestra jubilada y responsable para Newark de la NAACP, una asociación en defensa de la gente de color. “Detrás de esta desigualdad siempre hubo un motivo económico. Se nos trajo a este país como fuerza de trabajo y EE UU se convirtió en la primera potencia económica apoyada en la mano de obra esclava de los negros”, añade.


Con el fin legal de la segregación, algunos barrios fueron perdiendo vida. “La integración ha hecho que mucha gente a la que le ha ido bien se marche, muchos profesionales y muchos negocios. Yo me he querido quedar pero mucha gente se ha ido. En la época de la segregación, las comunidades negras eran más vibrantes; obviamente no estoy defendiendo la segregación, pero es un fenómeno que ha ocurrido”, reflexiona Smith.


En algunas ciudades, el éxodo de los blancos ha sido masivo. Ferguson, en Misuri, símbolo ya de las protestas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) tras la muerte de un joven desarmado por la policía en 2014, la población blanca cayó de 16.454 a 6.206 de 1990 a 2010, según datos censales recogidos por The Atlantic. La segregación racial es, también, una de las mayores causas de la disparidad en la salud de los estadounidenses.


Una forma de bloquear la entrada de los pobres a determinados barrios, se queja Estevez, está en manos de los Gobiernos locales, ya que, sostiene, con los planeamientos urbanos pueden primar un tipo de construcción para familias de alto poder adquisitivo, vetar los apartamentos y así reducir la vivienda asequible a lo mínimo.


EE UU está a punto de despedirse del primer presidente negro de su historia, Barack Obama, todo un símbolo de avance, pero cuando se baja al terreno de la calle, el que refleja la estadística, América sigue fracturada.

 

Newark (Nueva Jersey) 1 NOV 2016 - 20:35 COT

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Paro indefinido de los mineros de Segovia y Remedios: problemáticas laborales y sociales

Segovia y Remedios son dos municipios del nordeste antioqueño con vocación económica especialmente minera. Desde el año 1852 las minas de oro fueron explotadas por la multinacional Frontino Gold Mines; sin embargo, los últimos 35 años de explotación de esta empresa se caracterizaron por un gran déficit financiero hasta el 2011, año en el cual vendió sus títulos mineros a la empresa canadiense Gran Colombia Gold, representada en Colombia por la Zandor Capital, que, en la actualidad, amenaza con hacer desaparecer a la clase trabajadora de estas dos localidades antioqueñas. Lo anterior se explica por el título minero a perpetuidad que posee dicha multinacional sobre el 80% del subsuelo de Segovia y donde la mayoría de los entables mineros se encuentran bajo esta área, entendiéndose, según esto, que solo pueden ser explotadas por esta multinacional.

Como muchas regiones de Colombia, el nordeste antioqueño también ha sido una zona abandonada por el Estado y donde sólo ha hecho presencia la fuerza militar, con miras a la protección de los intereses económicos de las transnacionales y el hostigamiento a las comunidades que se han arriesgado a enfrentar o desafiar el Estado, o simplemente defienden sus escasos recursos o forma de subsistencia.


Las mismas necesidades y el deseo de sobrevivir llevaron a que muchos de los habitantes de estas dos poblaciones, sumidos en la pobreza y la miseria, y dedicados a la minería, se organizaran en cooperativas con el fin de impulsar “la pequeña minería responsable con el medio ambiente, optimizando y racionalizando la extracción de los metales preciosos, generando mecanismos para la exploración técnica de los yacimientos mineros y mejorando no solo la calidad de vida, sino del empleo del minero, brindándole seguridad social y oportunidades de capacitación. Pese a estos avances, la legalización de la minería aún es una tarea pendiente, pues apenas 35 minas han logrado formalizar sus operaciones, frente a las 160 que carecen de título minero” (“En Segovia y Remedios decimos: No queremos la multinacional” – Periódico Desde Abajo).


Valiéndose de mentiras y falsas promesas como remuneración justa y acorde con los duros trabajos que tienen que realizar los mineros y la inversión en obras sociales para la región, la Zandor Capital se instala en Segovia y comienzan los atropellos, el acoso y el cierre de las pequeñas minas donde rebuscan su sustento y el de sus familias, quienes no trabajan por contrato con la multinacional.


En la actualidad también, la Zandor Capital sigue con el objetivo de ejecutar los amparos administrativos en contra de los pequeños mineros para apropiarse de las minas trabajadas¸ les entrega propuestas y contratos dañinos que llevan a la quiebra al pequeño trabajador, no hace propuestas de inversión, no brinda asesorías, como tampoco realiza aportes de tecnología. Todo ello obedece a la privatización y monopolización del subsuelo, tendencia que se visualiza en todo el país.

Por todo lo anterior LA MESA MINERA DE SEGOVIA Y REMEDIOS, decide reactivar las manifestaciones pacíficas y democráticas congeladas desde el 11 de noviembre de 2015, convocan a toda la comunidad a ejercer el derecho a la libertad de expresión y se declaran en cese de actividades indefinido, desde el 19 de septiembre de 2016. El paro seguirá hasta tanto no se logren los acuerdos concretos que permitan el respeto y garantía de los derechos como MINEROS TRADICIONALES Y ANCESTRALES.


Algunas de las temáticas en discusión, expuestas en el Pliego de peticiones, son las siguientes:


➢ Reforma al Código de Minas y reconocimiento e inclusión de la minería tradicional y ancestral
➢ Implementación por parte del Gobierno Nacional, de estrategias para diferenciar la minería informal de la minería ilegal
➢ Exigencia del Gobierno Nacional del cumplimiento por parte de la Zandor Capital, de su responsabilidad social empresarial en el Nordeste antioqueño
➢ Exigencia por parte del Gobierno Nacional a la Zandor Capital del cumplimiento de las normas que protegen el medio ambiente.
➢ Protección a la vida y la integridad personal de los integrantes de la Mesa Minera de Segovia y Remedios. Es de anotar en este punto que en reiteradas ocasiones los miembros de la Mesa Minera han recibido amenazas a través de panfletos, llamadas telefónicas, vacunas, extorsiones y las extrañas muertes especialmente de mineros jóvenes; estas intimidaciones se incrementan especialmente cuando los integrantes de la Mesa Minera suspenden las conversaciones con la Empresa, por diferentes circunstancias y discrepancias. Las amenazas y asesinatos se extienden además hacia diferentes sectores poblacionales de Segovia y Remedios.


Se exige la presencia del Estado, representado en congresistas, ministros, Gobernador de Antioquia, alcaldes y concejales de Remedios y Segovia, autoridades ambientales y por supuesto, directivas de la Zandor Capital y/o de la Gran Colombia Gold.


Ante ellas se expondrá la situación jurídica, territorial, social, cultural y económica de la región y la vulneración de los derechos de los trabajadores mineros. Igualmente se presentarán posibles soluciones a la problemática minera, que garanticen una vida digna dentro de esta actividad tradicional y ancestral.

Los pequeños mineros de Segovia y Remedios, agrupados en la Mesa Minera, tienen clara la opción del diálogo y la vía política, siempre y cuando  les respeten sus derechos.

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Las razones de los trabajadores del Sena para continuar en paro indefinido

El incumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado sobre ampliación de planta de personal y aumento salarial, el anunciado Proyecto de Reforma Tributaria que amenaza con eliminar las fuentes de financiamiento del Sena, y la implementación de Sistema Nacional de Educación Terciaria, son las razones por las cuales los trabajadores agremiados en el Sindicato de Trabajadores Públicos del Seba, Sindesena, adelantan desde este martes un paro nacional indefinido.

El SENA es una entidad que cuenta con 6.900 funcionarios vinculados, más de 30 mil empleados e instructores por contrato, y anualmente capacita 
para el trabajo a cerca de 1´300.000 jóvenes aprendices.

Atendiendo las orientaciones de la directiva sindical se encuentran en paro las regionales de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Aprendices, trabajadores, empleados públicos, pensionados y contratistas del Sena salieron a movilizarse y a manifestarse pacíficamente en las calles y las sedes de la entidad en las principales capitales. Sin embargo, no faltaron las provocaciones del Esmad de la policía.

En la sede de la Regional Bogotá hubo varios lesionados cuando los uniformados del Esmad arremetieron contra los sindicalistas que se apostaron temprano en la entrada para poner las pancartas. En Cartagena la marcha de los aprendices con el resto de la comunidad Sena también fue dispersada por el Esmad; y tanto en las regionales del Huila y Quindío intentaron impedir con gas lacrimógeno la protesta de trabajadores y aprendices, con saldo de varios lesionados.

La directiva nacional de la CUT, central a la cual pertenece Sindesena, emitió un comunicado en el cual apoya irrestrictamente la protesta de los instructores y trabajadores del SENA, al tiempo que hace un llamado a todos sus sindicatos y subdirectivas a acompañar la movilización. “Desde hace muchos años se viene impulsando la liquidación del SENA por la vía de reducir su presupuesto y aumentar sus obligaciones académicas”, afirma la CUT en su comunicado. 

Incumplimiento de acuerdos

Según la negociación colectiva firmada el año pasado entre el SENA y Sindesena, la entidad ya debería estar cumpliendo el compromiso de ampliación de la planta de 3.000 cargos definitivos con formalización y 800 cargos temporales, al igual que el ajuste salarial pactado en el 10%, retroactivo a junio de este año.

Pero nada de eso se ha cumplido, pese a que la ampliación de la planta y el reajuste salarial ya tienen el estudio técnico, el presupuesto y la aprobación del Consejo Directivo del Sena, del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Ministerio de Trabajo y de Planeación Nacional.

“Es el Ministerio de Hacienda el que se niega a poner su firma. Y si en dos semanas no lo hace, vamos a quedar en nada porque esos recursos se van para otro rubro y no habrá ampliación de planta ni incremento salarial”, dijo a esta agencia Nicolás Alberto Zapata, presidente Subdirectiva Sindesena Antioquia.

La amenaza de la Reforma Tributaria

El Gobierno Nacional ha anunciado un Proyecto de Reforma Tributaria que, según las recomendaciones que entregó la comisión de expertos designada para tal fin, amenaza con eliminar los recursos de destinación específica para el Sena, el Icbf y las Cajas de Compensación Familiar. Una medida que Sindesena califica como “flaco” favor a la Paz, pues de esa manera se desfinanciaría una entidad que, como el Sena, está llamada a capacitar a los trabajadores en el posconflicto.

De aprobarse esa propuesta, la financiación del Sena quedará a cargo del presupuesto nacional, lo cual sería desastroso, anotó el dirigente sindical. “No es sino mirar el estado lamentable de las universidades públicas, de la Universidad Nacional, por ejemplo. Lo más seguro es que al Sena le pase lo mismo”, agregó.

Otro asunto espinoso es el Proyecto de Educación Terciaria que viene impulsando el Gobierno sin consultarlo con la comunidad educativa del Sena. Es un proyecto que profundiza la propuesta de desvío misional de la institución, algo que Sindesena rechaza porque excluye de los beneficios del Sena a personas marginadas de la educación formal, y en genera a aquellos que no han tenido la posibilidad de culminar la educación secundaria.

Según Zapata, en vista de que Colombia tiene tan baja cobertura en educación superior, el gobierno ha visto en el Sena una entidad formidable para dar educación superior. Los cursos de tecnólogos los está asimilando a la educación formal, sin considerar que el sistema del Sena tiene características diferentes al sistema educativo tradicional que rige el Ministerio de Educación.

“Ahora andan como locos buscando registros calificados para todos los programas de tecnólogos, y así el Sena va a quedar convertido en una universidad de garaje, atendiendo a bachilleres, y vamos a dejar abandonados a los obreros, campesinos y trabajadores que solo necesitan un curso de 40 horas para actualizarse”, indico el dirigente sindical.

Publicado 15 de septiembre de 2016.

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El fin del conflicto con las FARC y los derechos de los trabajadores del campo

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC para terminar con más de 50 años de confrontación armada, abren una ventana de oportunidades para la modernización del sector agropecuario colombiano, dominado tradicionalmente por una elite terrateniente que le ha impuesto al país sus intereses mediante un modelo de explotación y de propiedad completamente anacrónico e ineficiente; el mismo que le ha permitido la captura de enormes rentas y de un poder político con una gran incidencia en el diseño de la políticas públicas en todos los niveles, y que además ha excluido a la inmensa mayoría de los trabajadores del campo de su condición de ciudadanos sujetos de derechos.

El 1º capítulo de los acuerdos de La Habana: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, establece como requisito para la efectividad y transparencia de esta política “la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados”, resaltando que esta participación como garantía de mayor inclusión de las comunidades rurales en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación .

Hasta ahora, la participación se ha concentrado únicamente en la comunidad de los grandes propietarios y empleadores del campo, a través de fuertes y reconocidas organizaciones gremiales como la SAC, Fedegán, Fedepalma, la Federación Nacional de Cafeteros (tradicionalmente dominada por los grandes comercializadores del grano), FENAVI, entre otras. Estas organizaciones, en conjunto con los distintos gobiernos, han moldeado la política agraria en función de sus intereses.

En cambio, la participación e incidencia en las políticas públicas y las relaciones laborales para el sector por parte de las comunidades de campesinos pobres, jornaleros y trabajadores agrícolas asalariados, no ha sido posible en ningún sentido, dados los bajísimos niveles de sindicalización que presentan estos trabajadores en todo el país, con la excepción de la zona de Urabá. Y son bajísimos debido a la violencia y estigmatización que han acosado a las pocas organizaciones sindicales existentes.

La tabla 1 ilustra en qué medida les han sido negados los derechos de libertad sindical a los trabajadores asalariados del campo, y qué tanto diálogo social existe en el sistema de relaciones laborales de las empresas del sector, ambos componentes esenciales de la noción de “Trabajo Decente” que promueve la OIT y cuya implementación obliga tanto a empleadores como al gobierno:

 

 

Una de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado con las FARC y con otros actores armados, sumado a la cultura antisindical de las elites económicas y gobernantes del campo, ha sido la imposibilidad de constituir sindicatos autónomos e incidentes en las empresas agrícolas, y a través de ellos promover los derechos humanos laborales y el diálogo social en las empresas mediante la negociación colectiva.

En la base de datos de la ENS sobre Censo Sindical aparecen 455 organizaciones sindicales del sector agropecuario registradas en el Ministerio del Trabajo, con un total de 89.361 afiliados, el 2.5% del total de la población ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo, no todas agrupan trabajadores propiamente asalariados: 290 son asociaciones que agrupan a jornaleros y campesinos pobres, la mayoría con una jurisdicción territorial, a nivel municipal o veredal, y con apenas 38.161 afiliados; 62 son organizaciones de pequeños campesinos y productores, con 7.656 afiliados, y una jurisdicción también territorial; 30 son asociaciones que agrupan principalmente a mujeres, a jóvenes, a desplazados y ambientalistas, con 3.146 afiliados; y 52 son sindicatos propiamente de trabajadores dependientes/asalariados, que agrupan a 37.242 trabajadores, o el 10.9% de los trabajadores asalariados con contrato de trabajo.

Que apenas el 2.5% de los trabajadores del campo se haya podido organizar en sindicatos, es de por sí un indicativo claro del enorme déficit democrático que existe en el campo. Esto sin tener en cuenta qué tan efectivas y representativas sean estas organizaciones, interrogante válido dado el grave contexto de violencia y de estigmatización que han tenido que soportar la mayoría de las organizaciones sociales del campo.

La tabla 1 nos indica también cuál es la tasa de afiliación a la protección social, al menos al sistema de riesgos laborales, que es apenas del 9.6%, la más baja de todas las divisiones económicas, y cuánto es el ingreso promedio que tienen los trabajadores del campo: $503.474 al mes, según el DANE, un ingreso que apenas representa el 55% del ingreso promedio nacional y el 78% del salario mínimo.

A estos datos agreguemos que, según la encuesta de calidad de vida del DANE, el 56.8% de la población de los centros rurales poblados y dispersos se considera pobre, que el 36.6% considera que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos mínimos del hogar, y que el 59.4% considera que sus ingresos apenas alcancen para cubrir este mínimo. Esta precariedad en el ingreso es consecuencia, entre otros factores, de la falta de un actor sindical fuerte con capacidad de incidir en la forma como se distribuye la riqueza que se genera en el trabajo agrícola a través del diálogo social, que es el instrumento idóneo para promover mejores condiciones de vida y de trabajo y una mayor justicia social, como lo ha demostrado la OIT a nivel internacional.

La falta de un actor sindical con incidencia en las políticas del sector agropecuario se explica por varios factores. El primero de ellos es la fuerte cultura antisindical que promueven las elites dominantes del campo , las que incluso en muchos casos han acudido a los ejércitos paramilitares para impedir la organización de los trabajadores.

Un segundo factor ha sido la presencia de grupos armados ilegales como las FARC y la AUC, con control sobre amplísimos territorios, en los cuales no se ha permitido la organización autónoma de los trabajadores, incluso, algunas de estas fuerzas se han utilizado por parte de los empleadores para perseguir, desterrar y hasta asesinar a directivos y activistas sindicales, y para acabar con organizaciones sindicales autónomas, como lo indican, por ejemplo, las denuncias que se han hecho acerca de la financiación a los ejércitos de la extrema derecha por parte de organizaciones gremiales de los propietarios terratenientes y hacendados del campo . Y como lo indican también los datos que la ENS ha recogido sobre la violencia antisindical, y que nos dicen que entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas de los sectores de la agricultura, la caza, la pesca, minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización con 1.207 casos , fenómeno del que ni las FARC han escapado, como lo muestran los asesinatos de sindicalistas en el sector bananero de Urabá.

Esta violencia no solo incidió en la pérdida de vidas, la instauración del terror, el debilitamiento y exterminio de los sindicatos en lo rural, y con ello, la pérdida de garantías y derechos, sino que marcó unos impactos que entorpecieron el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en este sector. Hay actividades en las que no se registra la existencia de un solo sindicato, como en la actividad ganadera, por ejemplo.

La tercera causa tiene que ver con la debilidad del Estado, y en muchísimos casos, su ausencia total, en la mayoría de los municipios y regiones agrícolas. Para todo el país apenas hay 904 inspectores, la mayoría concentrados en las oficinas de las regionales del trabajo de las principales ciudades, y los pocos inspectores asignados para el sector rural están dispersos en unos pocos municipios, con un radio de acción tan amplio y con tan pocos recursos, que su presencia efectiva en las zonas rurales es prácticamente inexistente, situación que facilita las relaciones laborales por fuera de la ley. Adicionalmente, muchos de estos inspectores están completamente subordinados, o cooptados, a los gamonales y empleadores del campo, lo que hace que su actuación sea en muchos casos cómplice con la ilegalidad laboral.

Y finalmente, otra causa de la baja sindicalización de los trabajadores asalariados agrícolas se deriva de las propias condiciones en las que se desarrollan muchas de las actividades del campo, que demandan trabajadores por cosecha, o por temporadas, lo que impide que surjan organizaciones sindicales estables y con posibilidades reales de actuación; situación que se agrava por la tercerización ilegal a la que acuden muchas empresas como estrategia para disminuir costos laborales (como la utilización de falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector de la palma) y para descargar sobre otros los riesgos propios de la contratación laboral.

Las consecuencias que ha tenido esta debilidad del Estado para vigilar y someter a la ley las relaciones laborales en el campo, se observan en la siguiente tabla:

 

 

Aunque no se cuenta con información acerca de cuántos trabajadores del campo son dependientes/asalariados, ni cuántos están empleados de manera directa en cada una de los sectores contenidos en la tabla, la situación de todas maneras no deja de ser deplorable: apenas el 9.6% de los trabajadores del campo cuentan con una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, y apenas 30.154 empresas afilian a sus trabajadores al sistema de protección social.

De todas maneras, lo más seguro es que en la mayoría de estos sectores el respecto a la ley sea completamente marginal. En la caficultura, por ejemplo, la actividad económica más importante en el sector agrícola colombiano, la formalización del trabajo apenas cubre al 0.35% de los trabajadores directos. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sector empleaba a cerca de 800 mil personas en 2014, lo cual indica la precariedad laboral que campea en este sector y que explica, en parte, las dificultades que tienen los productores de café para reclutar trabajadores que recojan la cosecha.

Por su parte, Fedegán informa en su plan estratégico que la ganadería es el primer generador de empleo directo del país, con cerca de 950.000 empleos directos, de los cuales apenas 25.995, o el 2.7% del empleo en este sector, está afiliado a la protección social.

Según Fedepalma, en el sector de la palma el empleo directo era en 2015 de 58.273 trabajadores, de los cuales estaban afiliados a la protección social apenas el 37.8%. En el sector avícola, el boletín de Fenavi informa de la vinculación directa de “un poco más de 400.000 trabajadores”, vinculados a 7.000 granjas avícolas, por lo que la supuesta “responsabilidad social” que pregona este gremio queda en contraevidencia al cruzar los datos de la afiliación de sus trabajadores al sistema de protección social: de cada 100 trabajadores contratados apenas 0.7 están afiliados al sistema de riesgos laborales, y de cada 100 empresas, sólo el 11.7% cumplen con la ley laboral en esta materia .

Ni siquiera el sector exportador de flores escapa a la precariedad e ilegalidad laboral: aunque en este sector, según Asocolflores, se encuentran vinculados un poco más de 130 mil personas, “vinculadas de manera formal, permanente, directa e indirectamente”, y que “la floricultura genera en la actualidad el 25% del empleo rural femenino del país” , la protección social apenas cubre al 47.6% de los trabajadores.

Si esta es la situación del trabajo en los sectores más moderno de la agricultura, la situación es todavía más grave en los demás sectores, en los que la informalidad, la desprotección social, los ingresos precarios y la falta de derechos son el pan de cada día y afectan a cerca del 90% de los trabajadores del agro.

Está claro, entonces, que el problema fundamental que viven los habitantes del campo, precisamente la región del país que más ha sufrido la violencia, es un déficit enorme y profundo de la democracia; déficit medido con tres indicadores: la ausencia de organizaciones sociales fuertes que les permitan a los trabajadores del campo incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo y en las políticas públicas que se diseñen para este sector; la exclusión de la mayoría de su población trabajadora de los sistemas de protección social, que los coloca en una situación de vulnerabilidad permanente y en una enorme incertidumbre respecto de su situación futura; y la exclusión de los frutos de la riqueza que se genera a través del trabajo agrícola, por la falta de ingresos, o porque estos son precarios, factor que, añadido a la concentración de la propiedad en pocas manos, explica los altos niveles de pobreza e indigencia que presenta la población del campo colombiano.

El primer capítulo de los acuerdos de La Habana sobre lo que debe ser una política agropecuaria, contiene, entre otros, un principio que se refiere al “Bienestar y buen vivir”: “El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales...” Principio que se puede convertir en un simple canto a la bandera sino aprovechamos la oportunidad que tenemos de acabar con el conflicto armado con las FARC, para poner en marcha modelos de relaciones laborales en el sector agropecuario que vinculen de manera efectiva los contenidos del trabajo decente en materia de diálogo social: protección social, remuneración suficiente, trato justo en el trabajo, estabilidad y seguridad en el empleo.

En este sentido, construir la paz en el campo es imposible si a los trabajadores agrícolas no se les garantizan condiciones reales y efectivas para que se organicen en sindicatos fuertes y articulados, lo que significa que se reconozca su legitimidad y se abandone de manera definitiva los prejuicios y la estigmatización de que han sido víctimas históricamente, y se ponga fin al tratamiento de orden público que se le ha dado a los conflictos sociales y laborales en el campo.

 

Publicado 13 de septiembre de 2016.

Publicado enColombia
Un espacio de construcción de futuro en clave feminista

Cerró ayer en Brasil la mayor conferencia mundial sobre derechos de las mujeres


Yasmín Thayná tiene el pelo mota alto: es la marca más visible de su negritud y por eso se lo deja así, para que se note, porque en su infancia se lo aplastaban, porque su piel es clara y podía disimularlo, y así escapar de la discriminación histórica hacia las personas de color en este país. Esta cineasta de 23 años, de Río de Janeiro, hija de una empleada doméstica y primera mujer de su familia que entró a la universidad “por la puerta de adelante” (“siempre entrábamos por la de atrás, para limpiar”), “fruto del gobierno de Lula y los movimientos sociales” –como se definió–, creó Afroflix, una plataforma en la web de películas y otros contenidos visuales producidos, dirigidos o filmados por personas negras, con el objetivo de mostrar y promover otras narrativas, distintas a las “estigmatizantes”, que difunden los medios hegemónicos. Yasmín fue una de las feministas jóvenes que conmovieron con sus palabras en el 13º Foro de AWID. “El arte es una herramienta política, un lenguaje universal de resistencia feminista”, dijo, ante un auditorio de alrededor de 1800 participantes, de más de un centenar de países.


La conferencia global más grande sobre derechos de las mujeres y desarrollo de los últimos años, finalizó ayer, en este punto del nordeste brasileño, frente al mar esmeralda, después de cuatro días de intensos debates, en los que se abordaron múltiples temáticas, como el impacto de los fundamentalismos religiosos en los derechos sexuales y reproductivos, la violencia en el ámbito laboral, las disidencias corporales y sexuales, el estado de los movimientos feministas, entre tantísimos ejes que propuso el extenso programa. Varias argentinas estuvieron presentes, entre investigadoras, abogadas de derechos humanos, activistas feministas, de la diversidad sexual y por la legalización del trabajo sexual.


La necesidad del autocuidado, como un ejercicio colectivo, no solo para disminuir los impactos del desgate que produce el mismo activismo, sino para enfrentar los niveles de violencia que están sufriendo muchas mujeres en distintos países, fue un tópico novedoso que surgió en los debates. La joven kurda Dilar Dirik, de 25 años, lo dijo con claridad. Fue una de las voces más inspiradoras del Foro. En una sesión plenaria convocada para pensar “nuevos futuros juntxs”, sorprendió a la moderadora, al plantearle que ella no podía hablar de futuro: “Hoy nos autogobernamos”, señaló. Vive en un campamento de mujeres y niños al norte de Siria. “Somos una democracia radical, gobernada por mujeres en base a la ética del cuidado. Una revolución de mujeres está teniendo lugar en el norte de Siria y mucha gente lo desconoce. Practicamos la teoría de la rosa, nos protegemos unas a otras como los pétalos”, describió.


Lo que queda


“Cómo hacer más sostenible el activismo y que nos permita tener mayor resiliencia, cuidándonos unas con otras y otres, es una de las miradas que nos deja el Foro, desde una perspectiva que rompe con la lógica del autocuidado como una forma individual”, apuntó a este diario Lydia Alpízar Durán, directora ejecutiva de la Asociación para los derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés), al hacer un rápido balance sobre el 13º Foro. ¿Qué más deja? “Vimos movimientos como el indígena que ya están viviendo y se están conformando desde la intersectorialidad, donde se cruzan dimensiones de género, raza, etnia, de forma más fluida de lo que se veía antes. Se reafirma, para nosotras, la necesidad de establecer alianzas entre movimientos, en un contexto cada vez más difícil”, indicó la costarricense/mexicana. “El tema de los recursos sigue siendo un gran pendiente, el dinero para nuestras luchas es escaso”, agregó Alpízar. También destacó la presencia en el Foro de diferentes actores “muy importantes, como las feministas negras, las compañeras indígenas, las mujeres con discapacidad, el movimiento trans, las trabajadoras sexuales, haciendo aportes increíbles”. “Hemos logrado integrarlas mejor y ellas se sienten cómodas y respetadas. Y en esa línea, el rol de las jóvenes, con mucha reivindicación feminista y gran creatividad, el aire fresco que el movimiento feminista necesita, ellas son el presente y están apoyando de forma muy fuerte las luchas”, enumeró, al sacar algunas conclusiones.
Creatividad en las luchas


Los ejemplos originales y exitosos de activismo contra las opresiones –en distintos ámbitos y geografías– tuvieron un espacio destacado. La brasileña Yasmín Thayná fue una de las oradoras en la sesión plenaria sobre “Experiencias de solidaridad, resistencia y creaciones disruptivas”, donde contó sobre la creación de Afroflix, a partir de su película Batalhas, para reflejar otros relatos de mujeres negras, reales. “Los medios de comunicación en Brasil están en manos de unas diez familias, con vínculos políticos. Esos medios narran las historias de personas negras de forma estigmatizante. Las mujeres aparecen sexualizadas, vinculadas al carnaval o son siempre sirvientas”, describió. En el mismo panel sobresalió el carisma de Alicia Garza, de 35 años, de Oakland, California, líder negra de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas de EEUU y creadora del #BlackLifeMatter (Las vidas negras importan), que en apenas tres años derivó en una organización nacional contra la brutalidad policial y el racismo, con gran protagonismo en las protestas de Ferguson, y está convirtiéndose en un movimiento internacional por los derechos de las personas negras. En 2013, luego de la absolución de un policía por el asesinato de un adolescente negro, Alicia escribió en su Facebook un texto con esa frase y una amiga la tuiteó, y empezó a reproducirse en redes sociales. Así, ellas dos y una tercera amiga le dieron vida al movimiento #BlackLifeMatter. En 2014 fue votado como uno de los 12 hashtag que cambiaron el mundo. “Estamos en un mundo capitalista. Ahora tenemos que evitar que el hashtag se convierta en una marca en lugar de una causa”, comentó Alicia.


También contó su experiencia de lucha y empoderamiento Arelis Uriana, indígena wayúu del norte de Colombia e integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y líder del Enlace Continental Indígena. “Como mujeres indígenas hemos sufrido mucho, primero tuvimos que romper esas barreras del machismo dentro de nuestros pueblos. Antes no hablábamos, nos resultaba muy difícil estar solas en un escenario público, como este. Hoy somos miles a nivel del continente alzando nuestras voces, hoy somos muchas en distintos lugares de poder y nos sentimos muy bien representadas a nivel local, nacional e internacional. Nos hemos aliado con feministas, con organizaciones de la sociedad civil, no nos resulta ajena la lucha de las mujeres negras. Decimos que el territorio es sagrado, el cuerpo de nosotras es territorio y por eso tenemos que defenderlo”, subrayó, y recibió una ovación.


La cuarta panelista, de esta sesión plenaria, fue una activista queer tunecina, Khouloud Mahdhaoui, de la organización Chouf, que creó hace dos años un festival internacional de arte feminista en su país, con una expansión enorme. En su segunda edición, en 2015, tuvo 136 participantes de 34 países, contó. “El arte es un vehículo internacional. No hace falta traducir”, dijo Khouloud. Y contó que en esa región del norte de África el discurso sobre las mujeres es fundamentalmente victimizador. “Estamos cansadas de esa perspectiva. El festival es un espacio revolucionario, libre, sin censura. Se trata de redefinir lo que se entiende por mujeres”, explicó. Y denunció que el gobierno de Túnez está tratando de “destruir” ese festival.


La sesión plenaria matutina estuvo precedida por una marcha de tambores, a cargo de una banda de percusionistas negras, que ingresó al auditorio principal de este complejo de vacaciones. Y terminó con el grito de las activistas presentes de: “El pueblo unido jamás será vencido”, en su versión en inglés. Luego, el repetido, en este espacio de construcción feminista en alianza con otros movimientos sociales: “¡Fora Temer!”.

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Miércoles, 17 Agosto 2016 06:00

Utopías y utopías

Utopías y utopías

Disconformes con lo que veían y cuyos detestables defectos padecían o, más calmos, registraban, ciertos espíritus esclarecidos, comprobado que no estaba en sus manos corregirlos, imaginaron dos tipos de conducta. El primero, Platón es el ejemplo, sugerir, suplicar, recomendar, convocar a los dueños del poder a que hicieran algo para que la sociedad fuera un poco mejor, más equilibrada o más justa, según lo que entendían por justicia. Como el caso que les hicieron, otra vez Platón es un ejemplo, fue nulo, adoptaron el otro camino, la otra conducta: imaginar mundos perfectos en los que la injusticia, la infelicidad, el dolor, la incomodidad y aun la muerte, estuvieran prohibidas, desterradas, abominadas.
Esas construcciones, como no estaban en ninguna parte, salvo en las mentes y los escritos de quienes las concebían, fueron llamadas utopías y a lo largo de los siglos lo fueron de todos los colores. San Agustín imaginó la “Ciudad de Dios”, pura armonía y esperanza de vida eterna; Tomás Moore algo más mundano y terrenal, tal vez inspirado por los relatos de Marco Polo que observó que todo andaba muy bien en los dominios del Gran Can, donde incluso se comía pasta, y así otros, el deseo de una existencia mejor no cesó hasta llegar al siglo XX.


Tal vez se hayan seguido concibiendo esos mundos perfectos, no sólo imaginándolos: la experiencia soviética de 1917 puede muy bien ser eso, terminó como terminó pero todavía sigue siendo visto como un modelo posible de concreción de la utopía. Siguiendo esa huella, u otras de diverso signo, tal vez en alguna medida y para algunos, la perfección, o su búsqueda, no sea tan utópica gracias a la formidable expansión tecnológica que día a día ofrece soluciones hasta hace pocos años impensadas y que mejoran, sin duda, un vivir lleno de problemas, de enfermedades y de molestias. Es claro que se trataría de otra clase de utopía, que no es necesario poner en un libro, pero que se empieza a ver en usos y prácticas.


Pero, volviendo a las utopías clásicas, en ninguna de ellas, por empezar a distinguir peculiaridades, se propone un regreso a la naturaleza, a alimentarse con los frutos que cuelgan de los árboles ni a fornicar libremente, cuando se tengan ganas: son raros los que se vanaglorian de vivir en pleno campo, sin luz eléctrica, sin teléfono, sin televisión, sin drenaje ni agua corriente pero algunos hay sin que sean necesariamente hippies. Al contrario, las utopías descansan sobre estructuras racionales y urbanas, su objetivo es la satisfacción y su condición la regla, algo así como un mundo de semáforos en el cual lo único que tendría sentido es el movimiento y la circulación, no todas esas demoras en las que los seres humanos creen que vale la pena vivir y que traen tantas complicaciones, la conversación, la amistad, el amor, el pensamiento, el placer, la lectura y todo lo que es propio de este mundo perturbado e injusto. Pero, pese a esa condición general, también hay utopías, o intentos utópicos, que preconizan un regreso a la naturaleza; fueron pensadas por espíritus anarquistas y en ellas las reglas eran abolidas, así como el interés material e incluso la avidez productiva: Macedonio Fernández y algunos amigos lo intentaron en algún lugar del Paraguay pero los mosquitos y las víboras limitaron esa bella libertad.


Una de esas construcciones, acaso la más desesperanzada y brillante, fue Un mundo feliz, de Aldous Huxley. No es difícil advertir la ironía que respira la descripción de tanta perfección: la ciencia, pero qué ciencia, atiende a todo, acude a las necesidades más elementales y el conjunto de satisfactores exime de toda rebeldía y hasta de la imaginación, pero también del hambre y, solución extraordinaria, con una droga llamada “soma”, del orgasmo que se obtiene a pedido sin necesidad de cortejo, de seducción o aún de ganas, no hablemos de amor.


En ese mundo perfecto, para evitar ideas raras y ocurrencias extravagantes, no hay libros: como están prohibidos parece que no hacen falta, se castiga todo intento de tenerlos y, por supuesto, de leer. Pero, ¿no hay libros? Queda uno, es un Shakespeare –de quien sale la expresión “mundo feliz”– que se salvó de la barredora y que, gastado por el uso, aparta de la felicidad organizada a su poseedor.


Huxley muestra con esta novela –se trata de una utopía– que es un visionario por partida doble. Por un lado, vislumbra lo que puede ser un mundo en el que, apoyada en la ciencia aplicada, la cultura capitalista –entre producción y consumo–, procura, aunque no llegue a tan radical perfección, y, por el otro, la destrucción que le espera. Salvo, por cierto también, lo que salva, si no a ese mundo al menos a los seres que se resisten a sus espejismos: es el solitario volumen, el libro, el LIBRO se diría.


Así, pues, lo que queda, lo que siempre queda luego de todo proyecto o intento de absoluto, es saber qué pasó, por qué fracasó y el hecho de que necesariamente se concreta en un escrito, un libro, con sus contradicciones y oscuridades, con lo que sustrae y ofrece y que entra en acorde con los precedentes y los futuros. Comprobación algo tristona pero, por otro lado, esperanzada si no se pretenden soluciones sino la percepción de una llamita que emana de la escritura y que, sorprendentemente, tiene el poder de iluminar.


¿A qué viene todo esto y este resurgimiento de un libro que cuando salió, hace casi un siglo, debió parecer producto de un sueño de un inglés neurótico que, a lo mejor, preveía que un hiper desarrollo científico y tecnológico podría destruir lo humano envolviéndolo de presuntos bienes por los que ni siquiera tendría que luchar? ¿Habremos llegado, aunque a los tropezones, en los espejismos de la confusa oferta con que nos sacuden a diario, un subproducto pervertido de la ecuación “producción-consumo”, a algo cercano a esa nefasta utopía?


Es innecesario decirlo: ¿quién puede discutir que es legítimo que los seres humanos, sobre todo los que tienen poco, quieran vivir mejor, siempre mejor? Responder a ese deseo entra en el campo de lo político y genera diferencias entre proyectos y capacidad de llevarlos a cabo con éxito, pero ahí no termina la cosa: cuando quienes tienen todo quieren “vivir mejor”, “más mejor” se diría; el cambio es notorio, se produce una acumulación de bienestar inmediato y material, no es que quieran leer más o escuchar mejor música, se pierde la noción del contraste, se razona en relación con lo que uno es capaz de permitirse –restaurantes caros, viajes a países remotos e igualmente caros– porque se lo puede pagar, el futuro deviene un campo de batalla en el que el texto del triunfo se escribe en la ropa de marca y en las tarjetas de crédito, los suspiros de satisfacción brotan de los bienes que se poseen y terminan por sustituir los bramidos del orgasmo, como si ejecutivos, políticos, industriales, comerciantes, abogados y otros miembros de esa clase, refugiados en utópicos y bellos reductos, consumieran, cuando no cocaína, el “soma” que había imaginado Huxley y que prometía el placer sin necesidad de moverse.


De eso, precisamente, se trata. Una encantadora vendedora de medicamentes de una farmacia céntrica me dice, mirándome significativamente, que los antihistamínicos, los antiarrítmicos, los antigripales, los antiácidos, que hasta hace unos años encabezaban la lista de los más pedidos han sido desalojados de los primeros puestos que ahora ocupa, soberanamente, el Viagra, y quienes más lo compran son jóvenes, no esos ancianos anhelantes que gracias a esa droga mágica buscan lo que puede ser el último y glorioso suspiro.


¿Cómo entenderlo sin preguntar? ¿Será solamente un querer más de quien en principio disfruta de una sexualidad joven y en principio también, sana, a la manera de ese anhelante “más” que se emite entre espasmos en el momento culminante del encuentro pero obtenido ahora, gracias a la química? Puede ser, habría que ver, habría que ser un Kinsey o un Masters y Johnson para determinarlo pero yo, osadamente, lo entiendo como manifestación de ese cansancio que sobreviene cuando se lo tiene todo y han desaparecido los estímulos para lograr un poco. En otras palabras, sería algo así como el final de una modesta utopía, la que ofrece la increíble revolución tecnológica que nos asombra y oscurece cada día.

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Sábado, 06 Agosto 2016 08:08

Guerrillero busca empleo

Guerrillero busca empleo
A las puertas de un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia, miles de milicianos de las FARC tendrán que dejar las armas para reintegrarse en la sociedad

 


La primera vez que Jhonier Martínez vio al máximo comandante de las FARC, Timochenko, estaba en una pantalla gigante en una sala de la cárcel de La Picota, de Bogotá. “Camaradas, siento una emoción muy grande de poderlos saludar, así sea de forma virtual”, empezó Timoleón Jiménez desde La Habana, con camiseta gris y sonrisa de líder con buenas noticias. Unos 150 guerrilleros se miraron incrédulos, impresionados de verlo en directo.

 

Era el 10 de junio, el día en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a explicar a sus combatientes presos qué va a ocurrir ahora que el principal grupo rebelde del país está a punto de cerrar un acuerdo de paz con el Gobierno para poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. “Cuando saludó a los camaradas fue emotivo y la guerrillerada recibió con satisfacción que haya sido él personalmente quien estuviera en la pedagogía. Es un estímulo saber que a pesar de que estamos en manos del enemigo, nos tienen presentes”, cuenta Martínez. Condenado a 36 años por terrorismo, homicidio y rebelión, lleva 14 años entre rejas y ahora espera un acuerdo inminente para la transformación de la guerrilla comunista en partido político: “Aquí en la cárcel estamos preparados (...) Nuestra consigna primordial es la paz y la paz se construye haciendo política”.

 

Desde Cuba, donde el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla ultiman sus diálogos para acabar con más de medio siglo de enfrentamiento, el líder de las FARC respondía a inquietudes y explicaba punto por punto los acuerdos alcanzados desde noviembre del 2012: una reforma agraria, la erradicación de los cultivos ilícitos, la reparación a las víctimas o un sistema complejo de justicia de transición que prevé penas de hasta ocho años para los responsables de delitos de lesa humanidad, para quienes contribuyan a esclarecer los hechos, pero que sigue dejando los interrogantes de unos 2.500 combatientes de esa guerrilla reclusos en las cárceles de todo el país.

 

Tampoco los 8.000 guerrilleros que siguen en armas en las selvas de Colombia, y otros tantos milicianos, saben qué va a pasar con ellos el día después de que dejen las armas. El 23 de junio, tras casi cuatro años de negociaciones, el Gobierno y las FARC anunciaron los pasos y el calendario del alto el fuego definitivo: firmada la paz, la guerrilla se concentrará en 23 puntos en zonas rurales de su influencia para desarmarse en un plazo máximo de seis meses bajo la supervisión de la ONU. Además de en las cárceles, la guerrilla hace pedagogía en sus campamentos. El Gobierno, que coordina esos actos en las prisiones, avanza por su parte en zonas rurales, colectivos de víctimas, de jóvenes o el sector privado.

 

A Wilson López, uno de los 30 guerrilleros amnistiados por el Gobierno como gesto de confianza hace seis meses, volver a la calle casi le costó la vida. Cuando llegó a Medellín, donde radica su familia, empezó a recibir amenazas de muerte y tuvo que regresar a la clandestinidad. “¿No estamos en un proceso de paz? ¿No vamos a vivir en paz? Entonces, no voy a estar huyendo”, reta, con la espalda firme pero resignado, en la segunda ciudad del país y bastión de la oposición más dura al proceso, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. El Gobierno, cuenta, le ofreció protección –dos escoltas y un coche blindado– pero él la rechazó porque con tanta seguridad uno se convierte en un blanco y optó por ir despistando al enemigo con cambios constantes de casa, de ruta, de trabajo y de móvil. Tiene una lista con diez o doce números, pero eso no le evita llamadas por la noche ni que sus sobrinas vivan asustadas por las piedras que caen sobre su casa.

 

Los Rastrojos, quienes firman las cartas en las que lo declaran “objetivo militar”, asegura, son una de las tres mayores bandas criminales del país, que se han convertido en el principal reto de seguridad para el Estado. Estos grupos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión disputan territorio a las guerrillas. Mientras los enfrentamientos de las FARC están en mínimos históricos, especialmente desde la tregua unilateral proclamada en julio del 2015, el Gobierno declaró en marzo la guerra a las bandas criminales y permitió usar contra ellas “todas las fuerzas del Estado”, incluidos los bombardeos aéreos y la artillería pesada.

 

En el conflicto de Colombia, que ha dejado más de 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi siete millones de desplazados, la violencia ha involucrado además de a las FARC y el ejército a paramilitares y otros grupos guerrilleros.

 

El acuerdo sobre alto el fuego alude específicamente a estos grupos derivados del paramilitarismo y obliga al Gobierno a proteger a las FARC de sus amenazas. López considera que con estas intimidaciones los acuerdos de La Habana y toda su puesta en marcha se tambalean. Entre los rebeldes siguen vivos los recuerdos de viejos procesos fallidos y el temor de que se repita la sangría de la Unión Patriótica, el partido formado por guerrilleros desmovilizados en los años ochenta que vio caer a unos 3.000 militantes a manos de grupos de extrema derecha. “Dios quiera que el Estado cumpla lo que está diciendo, que no sea una patraña para exterminar a la gente cuando esté trabajando”, continúa este hombre que sólo quiere volver a cultivar el campo. “Vamos a trabajar por nuestra revolución, porque algún día este país sea libre, andemos tranquilos, haya paz. Yo cargaba el fusil por esta idea y ahora que salí a la vida civil mi intención es hacer política por mis comunidades campesinas, por los más pobres”, explica López, que sigue considerándose guerrillero pese a haber dejado el arma.

 

En los primeros cuatro meses de este año, doce defensores de los derechos humanos fueron asesinados, según datos oficiales, una violencia contra políticos creciente y cada vez más focalizada, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “La violencia no pertenece sólo al conflicto y las FARC han hecho llamamientos constantes en ese sentido que hay que atender”, afirma Jorge Restrepo, director del Cerac. Por la naturaleza de la guerrilla, estima el experto, su reintegración va a ser principalmente en comunidades rurales y su participación política será muy importante a nivel local en zonas rurales, justo donde más amenazas se registran.

 

León Valencia, analista político y exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo insurgente de Colombia, con unos 2.000 combatientes, no descarta asesinatos esporádicos en esas zonas conflictivas, pero duda de una sangría como la que vivió la Unión Patriótica. “La comunidad internacional está muy presente, una parte mayoritaria de la élite política ya no está por apoyar esa actitud genocida y hay un sector importante de las fuerzas militares comprometido con la paz, algo que antes no era así”, afirma, pero advierte de que “las cosas no están saldadas y se está matando a gente por hacer política de izquierda”. Otro de los riesgos, destaca, es que rebeldes de las FARC pasen a otros grupos, como el ELN.

 

No sólo los guerrilleros que dejen las armas en los próximos meses tienen miedo de volver a la vida civil. Marcela Peña, de 28 años –y que se llama de otro modo pero teme ser identificada–, lleva ocho en un proceso de reintegración. De familia campesina, entró en las FARC a los 13 años porque en su pueblo no había colegio y su padre no pudo mandarla a otro lugar. “La primera vez que salí a la ciudad me atropelló una moto porque yo no sabía ni cruzar la calle”, dice ahora, a punto de terminar la carrera de Derecho, casada y con un bebé de 11 meses.

 

Llegó a Bogotá huyendo y se levantaba a las cuatro de la madrugada todavía con el gesto de calzarse el chaleco y el fusil. Pero a esa hora, nadie estaba despierto en la capital. Aprendió a despertarse a las ocho, empezó a buscar trabajo y cuando le preguntaban por su experiencia se quedaba en blanco. “No puedes decir que vienes de la guerrilla porque todos nos consideran bandidos. No ven que somos gente que reímos y lloramos”, explica. También en la universidad tiene que tragar saliva cuando sale el tema: ella apoya la inclusión y sus compañeros rechazan que los rebeldes compartan clases con ellos sin saber que ya lo hacen.

 

El 63% de los colombianos contrataría a un desmovilizado

 

El 63% de los colombianos está dispuesto a contratar a un desmovilizado y el 73% apoya que sus hijos compartan clases, según las últimas encuestas estatales. Los excombatientes, sin embargo, siguen viviendo entre la vergüenza y el anonimato. Las FARC llevan, además, décadas en la selva, sin internet ni teléfonos. El propio Timochenko admitió ante los reos su “susto” por hablar por videoconferencia. “Es mi primera vez”, afirmó con otra sonrisa. Para Valencia, si la guerrilla quiere convertirse en un partido político solvente debe “modernizarse” no sólo a nivel tecnológico, sino también adaptar su discurso y estar dispuesta a crear coaliciones con otras fuerzas de izquierda, algunas de ellas con buenas experiencias en la incorporación de exguerrilleros en las altas esferas del poder, incluida la alcaldía de Bogotá, con Gustavo Petro.

 

La escolarización de los excombatientes es la parte que más tiempo les lleva en su paso del frente a la ciudad: entre los que llegan a la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) alrededor del 70% son analfabetos, proceden de zonas rurales y pocos retornan a sus pueblos. “Generalmente no regresan a su entorno porque, como operaron allá y desertaron del grupo, por su seguridad no es muy seguro regresar. Es probable que ante una desmovilización colectiva o masiva sí retornen a sus zonas”, prevé Lucas Uribe, coordinador de programas de la ACR, que desconoce cuál será el papel de esta institución en el posconflicto. Desde que empezó a funcionar, en el 2003, la ACR ha atendido a unos 17.000 excombatientes de esta guerrilla.

 

Cuando en La Habana se acaben de definir las líneas de la reintegración los guerrilleros sabrán si optan por instalarse en la ciudad o si se dedican al campo, si hacen política vinculados a las FARC o si siguen por su lado; y qué opciones tendrán para tomar sus decisiones. Hasta ahora, la idea de la paz les provoca esperanza mientras dudan sobre su seguridad y situación jurídica. “Si se dan todas las garantías para que la batalla de las ideas pueda tener resultados y que se dé una garantía de seguridad para salvar la vida, allí estaremos –asegura desde la cárcel Martínez–. En muchos aspectos no confiamos en el Gobierno; por más de 50 años se ha tenido un adoctrinamiento de enemigo interno y generaciones sucesivas crecieron con una mentalidad de guerra, de odio enmarcado dentro de esa sangre del pueblo contra los revolucionarios. Tumbar eso es difícil”.

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