Martes, 23 Junio 2015 12:06

¿Mujeres al poder?

¿Mujeres al poder?

Los preparativos del primer encuentro de mujeres caribeñas y latinoamericanas, que tendrá lugar el 24 de septiembre en República Dominicana, constituye la ocasión de una concertación nacional de las organizaciones de mujeres para realizar el balance de las luchas llevadas y de la real situación de los derechos políticos y sociales de las colombianas.

 

Aunque el género femenino ha ganado espacios de visibilidad en el país, su presencia aún no parece evidente, sino más bien tolerada bajo un marco que limita y condiciona fuertemente su incidencia. En este sentido, en el contexto actual de reflexión colectiva, es oportuno emprender un inventario de las condiciones de (no)acceso de las mujeres a los espacios de decisión claves del país.

 

La participación política: creciente pero bajo control

 

Las mujeres representan más de la mitad de la población colombiana pero ocupan tan solo el 12 por ciento de los cargos de elección popular. Lejos de la paridad que requeriría la justicia democrática, según los criterios del género, estas cifras son por lo tanto las proporciones más "altas" jamás conocidas en el país, desde el logro del derecho al voto, en 1954; prueba de que el patriarcalismo, aunque fuertemente cuestionado por la lucha de las colombianas para poder incidir sobre el destino colectivo del país, permanece aún como realidad bastante palpable.

 

Actualmente Colombia cuenta con senadoras, diputadas, gobernadoras, ministras y alcaldesas. Las mujeres representan el 23 por ciento del Senado y el 19 por ciento de la Cámara, respectivamente, con un aumento del 6 por ciento respecto al periodo 2010-2014. A nivel local, las cifras no cambian mucho: solo un 10 por ciento de los municipios cuentan con mujeres alcaldesas, y en un 9 por ciento de los departamentos hay gobernadoras.

 

Las campañas electorales han sido campo propicio para la promoción de algunas mujeres en el escenario político. En la última campaña presidencial dos mujeres, Marta Lucía Ramírez y Clara López, integraron el abanico electoral, y el actual gobierno cuenta con mujeres en cargos decisivos, incluidos cinco ministerios.

 

Una prueba de la vacilación de la legitimidad del modelo patriarcal son las leyes de cuotas del 2000 y del 2011, que obligan a una representación mínima de 30 por ciento de mujeres en los cargos públicos de alto nivel y en las listas electorales de los partidos. Es preciso constatar que estas leyes no cuentan con un programa estructural que garantice una competencia igualitaria de sus militantes femeninas con sus homólogos (en particular con el nivel de formación y el acceso a la financiación), y las candidatas a menudo sólo sirven de "relleno" en las listas electorales, para cumplir con la ley, sin que se transformen las estructuras de poder.

 

A pesar de esto, estas leyes en algo han servido para mejorar la representación de las colombianas en el escenario político, convirtiéndose en un estandarte para difundir, discutir y defender su derecho a la participación política.

 

De hecho, normas como la ley de la no violencia contra las mujeres o ley de economía del cuidado, impulsadas por el movimientos social de mujeres, ahora son recogidas como señales de un activismo feminista por una parte de la senadoras y representantes. Pese a la debilidad en su aplicación, estas leyes constituyen señales interesantes de que existe una práctica femenina del poder que viene a superar las solas tradiciones partidistas en pro de la defensa colectiva de sus derechos.

 

¿Más mujeres dirigiendo la economía?

 

Desde el punto de vista de su participación a la cabeza de la economía, el informe mundial de la OIT de 2012, sobre la mujer en la gestión empresarial, no deja de sorprender: ubica a Colombia como el segundo país con la mayor proporción de mujeres en la gestión de empresas. En efecto, con 53 por ciento de mujeres jefas de empresas, el nuestro es uno de los tres únicos países en el mundo en donde ellas dirigen un porcentaje importante del mercado laboral. Asímismo, es una mujer, Cecilia Álvarez Correa, quien figura a la cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

 

En efecto, son numerosas las mujeres en el sector empresarial, pero su influencia en el conjunto de la economía está contenida por un "techo de cristal" que les impide el acceso a los cargos decisivos cuando de las empresas más importantes se trata. En efecto, cuando detallamos las cien principales empresas de Colombia, las cifras caen con notoriedad: las mujeres representan entonces tan solo el 4 por ciento de los puestos de dirección general y solo el 10 por ciento entre mas de quinientos integrantes de las juntas directivas en las cincuenta empresas más grandes. A pesar de que las mujeres sean las gestoras de más de la mitad de las empresas y representan la malla social de la economía, su poder de influencia permanece periférico y controlado.

 

Sin embargo, hay que cuidarse de sacar conclusiones apresuradas. Sylvia Escovar, presidenta de Terpel y una de las mujeres que figura a la cabeza de la economía colombiana, comentó el 8 de marzo en entrevista para la BBC, "Cada día más mujeres están ocupando cargos directivos en Colombia, pero no puede desconocerse que existen más hombres que mujeres en este tipo de cargos. Basta hacer una lista de invitados a un cóctel corporativo para darse cuenta de ello".

 

Pero ¿quiénes son estas dirigentes?

 

Respecto a las pocas que logran acceder a cargos de gran importancia, constituyen entonces lo que la sociología llama las "élites discriminadas"1, en el sentido que siempre ejercerán el poder como una anomalía tolerada al lado de compañeros cuyo poder aparece como algo evidente y natural, por lo que su poder de cambio social queda fuertemente reducido.

 

Su precaria legitimidad en el ejercicio del poder, proyecta, de alguna manera, la fuerte selección social que solo le permite acceder a cargos de importante poder decisivo a las que son más parecidas al prototipo del poder hegemónico masculino. Estas dirigentes representan un cuerpo social uniformizado: son mayoritariamente, blancas, provenientes de las familias más poderosas del país, detentoras de un fuerte capital material y cultural y, como tales, representantes de intereses de clase específicos. Esta construcción del poder femenino traduce a un plano evidente la aun más desigual representación de las colombianas, no solamente en términos de género, sino también de clase y raza.

 

Estas mujeres dirigentes terminarán en defensoras de los intereses de las clases dominantes, brindando un aspecto simpático al contenido neoliberal del proyecto que sostienen, representado, por ejemplo, en la sonrisa de la Ministra de comercio exterior, que firma tratados de libre comercio con Corea del Sur, o en las bonitas palabras de la presidenta de Terpel que se ve como la madre de la empresa de comercialización de combustibles y que invita a sus empleados a tratar sus estaciones como si fueran "amas de casa".

 

También los sindicatos tienen sexo

 

No solo las clases dominantes tienen el monopolio del sexismo. En efecto, cuando miramos la participación popular de las mujeres sobre la economía, por ejemplo, a través de los sindicatos, nos percatamos de que también allí las mujeres ocupan un rol muy especial y desvalorizado.

 

Todavía muy debilitados por una larga historia de persecución y criminalización, las cifras ya bajas del sindicalismo (según el Dane, entre 2008 y 2011, el 26 por ciento de los trabajadores públicos, y solo 1,5 de los trabajadores privados estaban sindicalizados) caen aun más cuando se trata de la movilización de las mujeres.

 

Las mujeres les servimos a los compañeros, pero para cargarles los ladrillos pa' que ellos sean dirigentes! (risas)", comenta Melba Rincón Suarez, maestra e integrante de la Asociación Distrital de Educadores. Aunque son un poco menos de la mitad de la población "activa", las mujeres están subrepresentadas en los comités ejecutivos de las centrales y del sindicato más importante del país: suman 20 sobre 74 en la CGT, 3 sobre 22 en la CUT, 6 sobre 37 en la CTC y 0 de las 15 personas que integran el comité ejecutivo de la Fecode.

 

¿Decidir? Bueno, pero para los asuntos de mujeres

 

Además, y a condición que existen, las dirigentes sindicales son casi sistemáticamente subordinadas en las juntas a cargos auxiliares, prolongación del trabajo doméstico: son secretarias, ayudantes o asignadas a temas que afectan a las mujeres y a la juventud. Aparece, entonces, un criterio suplementario de su acceso a los espacios de decisión: ellas pueden ejercer el poder pero con la condición de ocupar los espacios y temas asociados al rol tradicional femenino o, por lo menos, en lo que respecta al papel que esperan de ella como subordinada al poder masculino.

 

Vale la pena recordar, no obstante, que la construcción de secretarías de la mujer en los sindicatos refleja parte de las luchas lideradas por las trabajadoras por hacer valer su aporte y sus reivindicaciones laborales. Sin embargo, estas secretarías son percibidas por los compañeros como espacios de poca importancia, aunque tienen la ventaja de atraer fondos del extranjero a la organización y, de nuevo, a la manera de las leyes de cuotas, de contener las reivindicaciones feministas. "No es el problema de que si son hombres o mujeres los que están en la dirección", agrega Rincón, "en la Junta Directiva de la ADE tenemos cinco mujeres, pero el trabajo de mujer es muy limitado en el sindicato, con poco reconocimiento por parte de la Junta".

 

¿Qué pasa en la educación?

 

Aunque las cifras varían un poco, según las fuentes, es claro que el cuerpo docente es, por gran mayoría, femenino: el 75 por ciento son maestras. Pero igual, las mujeres son minoritarias en los cargos de alta responsabilidad en los sindicatos de docentes. De igual manera, en la educación superior es notoria la falta de representación femenina en los cargos directivos: de las 102 universidades registradas en el país, solo 14 cuentan con rectora.

 

¿Y en el campo?

 

Si bien las mujeres son un factor clave del trabajo rural agropecuario, del mantenimiento de las comunidades y veredas, y de la sobrevivencia de las familias, las mujeres rurales permanecen minoritarias en los comités rurales y en el Ministerio de Agricultura. A pesar de la existencia de un importante liderazgo comunitario femenino, y de una movilización estructurada, el poder femenino rural sigue gravemente marginalizado por los poderes locales y públicos, lo que queda traducido en fuertes desigualdades en el acceso y restitución de tierra, así como a los fondos públicos para la agricultura.

 

Este rápido panorama de la participación de las colombianas en órganos de decisiones lleva a conclusiones contrarias pero no contradictorias. Por un lado, es preciso hacer justicia a las luchas de las mujeres que lograron entrometerse en el poder y debilitar, por lo mismo, el modelo patriarcal; han mostrado que son actoras legítimas y capaces de dirigir, construyendo formas innovadoras de hacer política, y de integrar en el debate público temas propios. Aunque es necesario enfatizar, que estos logros no sólo reflejan acciones personales, sino, y en la fundamental, el agenciamiento social del movimiento de mujeres en el país, con el cual han podido alcanzar y abrir espacios en los distintos campos del poder realmente existente y excluyente.

 

Por lo tanto, si bien hoy las mujeres son más numerosas en las sillas de dirigentes que ayer, eso no significa que su poder político esté extendido de manera lineal e igualitaria. El patriarcalismo se mantiene fuertemente y, en particular, a través de una serie de estrategias de control del poder de decisión que pudieran ganar las mujeres. Lo que está en juego para los dirigentes varones tradicionales, frente a la movilización feminista, y a la necesaria integración de las mujeres al poder, es el mantenimiento de su legitimidad natural en el imaginario colectivo. Esto funciona de dos maneras: por un lado, dejar espacios de incidencia ficticia a las mujeres, para mantener sus reivindicaciones bajo control y, por el otro, regular su participación en los espacios de poder para que su actitud e identidad no cuestionen ni el orden del poder dominante, ni su rol como mujeres.

 

En conclusión, el poder de la mujer es aceptado a condición de que sea auxiliar, conservador y subordinado. A partir de estas experiencias, la democracia colombiana se muestra como es: plutocrática y patriarcal. Nos queda confiar en las mujeres para que los espacios ganados no las apacigüen, haciendo de ellos herramientas de organización, discusión, empoderamiento y difusión de un modelo alternativo de democracia: crítica, horizontal, en búsqueda de innovación, una democracia hecha de diversidades.

 

1 María Antonia García León, Las elites discriminadas. Barcelona: Anthropos (1994).

Publicado enEdición Nº 214
La prórroga por 10 años del derecho de pensión anticipada para personas que realizan oficios de alto riesgo

Diferentes Estados en el mundo en sus Sistemas de Seguridad Social han reconocido procedimientos especiales (pensiones de jubilación anticipada) para trabajadores(as) que realizan labores que causan deterioro de la salud, o constituyen riesgo para su integridad física o psíquica, producen enfermedades con más frecuencia que otros trabajos, o disminuyen la expectativa de vida de quienes las realizan. Son los oficios reconocidos como de naturaleza penosa, sucia, peligrosa, tóxica, insalubre. En Colombia dichos oficios se denominan "actividades de alto riesgo".

En el Convenio 128 de 1967 la misma OIT recomendó la pensión de jubilación anticipada para estas personas. Dice así: "Deberá ser reducida la edad de jubilación para las personas que hayan estado trabajando en labores consideradas por la legislación nacional como penosas o insalubres a los efectos de la prestación de vejez".

Para dichas labores el Sistema de Protección Social de Colombia ha reconocido un régimen especial de pensión de vejez, que consiste en la disminución del tiempo de exposición a condiciones de trabajo de alto riesgo, mediante el acceso a una pensión de jubilación anticipada, mediante el Decreto 2090 de 2003, cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre del 2014.

Las centrales sindicales y sus sindicatos filiales presentaron argumentos y estudios para respaldar la continuidad de dicho derecho de pensión y la posibilidad de su ampliación a otras actividades nuevas. Así fue como mediante el Decreto 2655 del 17 de diciembre de 2014 se logró la prórroga de la norma por otros años 10 años, pero solo para las actividades de alto riesgo consagradas en el decreto 2090. Es decir no se amplió la cobertura de este derecho.

Por tanto, solo se reconocen como actividades de alto riesgo las consagradas en el Decreto 2090 del 26 de julio de 2003, entendidas como aquellas que generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida del trabajador(ra), independientemente de las condiciones en las cuales se efectúe el trabajo, es decir que no se presente enfermedad o accidente laboral.

Así las cosas, las actividades de alto riesgo reconocidas son:

- En minería que impliquen prestar los servicios en socavones o en subterráneos.
- Que impliquen exposición a temperaturas por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud ocupacional.
- Con exposiciones ionizantes.
- Con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
- En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.
- En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.
- En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo que ejecuten dicha labor.

Este sistema especial solo opera en el régimen de prima media, por lo que el decreto consagra que el empleador tiene la obligación, con Colpensiones únicamente, de cotizar por cada trabajador un 10% adicional al monto normal de cotización para pensión por vejez.

Los problemas y las necesidades

A pesar de la prórroga del decreto 2090, no se han resuelto los diferentes problemas que hoy enfrenta el desarrollo del derecho de pensión anticipada, que son:

1- Continúa un límite de tiempo de vigencia de dicho régimen especial. Puesto que fue prorrogado nuevamente por 10 años sin claridad de garantía de continuidad. Es decir, se puede estar abonando el camino para la desaparición de dicha pensión en los próximos 5 a 10 años.

2- El no pago de la cotización especial: un número importante de empresas o empresarios, ya sea por negligencia o desconocimiento, no reconoce las actividades que desarrolla como de alto riesgo, aún las contempladas en el decreto 2090 de 2003. Por tanto tales actividades no existen para estas empresas, ni para las estadísticas, ni para la cotización especial, y mucho menos para las actividades de promoción y prevención en salud laboral. Además Colpensiones y el Ministerio del Trabajo desconocen a cuántos trabajadores(as) se les reconoce como de actividad de este tipo. Así mismo, el fondo de pensiones no realiza los cobros especiales correspondientes en forma efectiva, pese a que cuenta con normas y facultades para desarrollar acciones legales de recobro.

3- Un número importante de trabajadores(as) están expuestos a actividades de alto riesgos y no se conoce su situación. Hoy hay más de 400.000 trabajadores(as) expuestos a actividades de alto riesgos, pero no se conocen si están siendo protegidos y son beneficiarios de este derecho a través, no solo de los programas de prevención, sino de la cotización especial y adicional del 10%. Estos trabajadores se distribuyen así:

4- El no reconocer como trabajos de alto riesgo a las mismas actividades contempladas en el decreto 2090 de 2003 cuando se interpreta equivocada e ilegalmente que dichas actividades no superan los rangos de los TLV (valores límites permisibles en el trabajo). Este camino para el no reconocimiento ha ganado adeptos empresariales, que lo justifican aduciendo que no existe o no se configura como actividad de alto riesgo cuando no se superan los valores límites permitidos o permisibles; o sea haciendo una interpretación en donde no existe la posibilidad de interpretar, puesto que la norma no plantea la existencia de los límites permisibles para el reconocimiento de las actividades contempladas en el decreto 2090 de 2003 como de alto riesgo, y en especial desconociendo las normas técnicas y científicas que plantean que la sola existencia de la condición de trabajo disminuye la expectativa de vida saludable durante o posterior a la vida laboral.

5- La baja o casi nula inspección laboral en materia de riesgos laborales, y en particular en seguimiento y vigilancia de las actividades de alto riesgo.

6- La aparición de nuevos procesos industriales y laborales como producto de las transformaciones del mundo del trabajo, que se pueden considerar como trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, los cuales no han sido estudiados en sus consecuencias como de alto riesgo, y por tanto están causando disminución de la expectativa de vida de trabajadores(as). Es el caso del trabajo en redes de alto espectro o procesos de nanotecnología, muy poco estudiados en el país.

7- Ausencia de estudios científicos y técnicos, así como de un procedimiento práctico y científico que permita la vigilancia y actualización de los procesos laborales, tradicionales o nuevos, que se podrían reconocer como actividad de alto riesgo.

8- El desconocimiento de las y los trabajadores, y de las organizaciones sindicales, del derecho que tienen de disfrute de la pensión especial de vejez por estar laborando en Actividades de Alto Riesgo, así como la forma de prevenir las consecuencias por trabajar en ellas.

9 propuestas para mejorar el derecho de pensión por riesgos:

Frente al panorama anteriormente descrito, planteamos estas 9 propuestas:

1- Fortalecer las medidas de promoción y prevención en forma prioritaria, independiente del reconocimiento de una pensión anticipada. En otras palabras: la peligrosidad, insalubridad o toxicidad debe en principio evitarse del todo y completamente, no basta con reducirse, puesto que su sola presencia posibilita la disminución de la expectativa de vida, especialmente la poslaboral, por ejemplo el riesgo cancerígeno. En diciembre del 2014 no estaban afiliados a Riesgos Laborales un 24% de los trabajadores mineros.

2- Desaparición del límite de tiempo del Régimen Especial de Pensiones Especiales para las actividades de alto riesgo. Este siempre deberá cubrir a las y los trabajadores vinculados a actividades que impliquen disminución de su expectativa de vida saludable posterior a la laboral. Si la actividad no acaba, tampoco debe acabarse la norma ni el derecho que los protege.

3- Establecer un procedimiento para el reconocimiento de nuevas actividades de alto riesgo. Deberá contar con el desarrollo de estudios técnicos y científicos reconocidos por el Ministerio de Salud, y con el concepto de las y los trabajadores. Para ello se propone el establecimiento de una comisión política–técnica (gobierno, Estado y trabajadores) con la participación de los sindicatos implicados.

4- Ratificar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del 21 de agosto de 2013, en el sentido de que si demuestra en el proceso que la actividad del trabajador(a) corresponde a las catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido su deber de la cotización adicional, no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias de tal omisión, por lo que la administradora de pensiones, una vez satisfechos los demás requisitos legales, debe reconocer la pensión especial de vejez. Esto sin perjuicio de que la administradora de pensiones pueda reclamar al empleador el cubrimiento del faltante al aporte especial que no realizó, en los términos que prevea la ley, o que el juez lo imponga por tratarse de una obligación legal.

5- Fortalecer la inspección de trabajo especializada para la vigilancia de las actividades de alto riesgo. No sólo en sentido de la promoción y prevención de mejores condiciones de trabajo para que efectivamente no se acorte la expectativa de vida de los y las trabajadoras, sino también para el control del pago y cobro de la cotización especial para la pensión de vejez. Esto a través de la "Comisión Especial de Inspectores de Trabajo en materia de Riesgos Laborales", y el Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo contemplado en la Ley 1562 del 2012 en su artículo 32.

6- Programas especiales de promoción y prevención de desgaste por actividades de alto riesgo. Definir con precisión la obligación a los empleadores del desarrollo de programas y sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral especiales que incluyan programas de formación en estos temas.

7- El Fondo de Pensiones Colpensiones debe estructurar una dependencia técnica–política sobre el régimen especial de pensión de vejez por alto riesgo, con el fin de especializar a una instancia técnica encargada de garantizar la afiliación y pago de los aportes adicionales por parte de los empleadores, así como llevar a cabo los estudios actuariales frente a la solvencia de este pago.

8- Las Administradoras de Riesgos Laborales y los Ministerios de Trabajo y de Salud, deben cumplir con sus responsabilidades de promoción y prevención, por tanto deben contribuir a garantizar que se cumpla a cabalidad con dichas medidas, con especial énfasis en las empresas de clase de riesgo IV y V, y en empresas con actividades consideradas como de alto riesgo, como lo contempla la Ley 1562 del 2012 en su artículo 90.

9- Realizar estudios especializados, no solo actuariales si no de corte científico-técnico, que permitan hacer un balance del estado actual del régimen de pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, de la relación del número de trabajadores afiliados frente a los que deberían estarlo, condiciones de prevención implementadas, estado de la jurisprudencia y estrategias para hacer cumplir las normas existentes en materia de afiliación y prevención, papel que le cabe a cada uno de los actores: empresas, ARL, Colpensiones y Ministerios de Salud y Trabajo.

Es menester que el movimiento sindical colombiano tome las banderas, con acciones de formación, investigación y acciones de asesoría y denuncias para la defensa y promoción del derecho de pensión especial de vejez por alto riesgo.

Publicado 5 de mayo de 2015.

Publicado enColombia
Negociando en medio de la desconfianza*

Una decisión urgida por las dilaciones oficiales. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep), espacio de convergencia que reúne a diferentes procesos agrarios* tomó el pasado 27 de abril la decisión de declararse en asamblea permanente, exigiendo del Presidente de la República el inicio de una etapa de evaluación, balance y rendición de cuentas, debido a los incumplimientos y alargues en el proceso de negociación con la Mesa Única de Nacional, al tiempo que convoca a sus organizaciones de base a una asamblea de delegados para el próximo 13 de mayo en la ciudad de Bogotá, para definir el rumbo inmediato de la negociación, así como el camino que deberá tomar este espacio de convergencia a un año de su creación.

En carta dirigida al ministro Juan Fernando Cristo Bustos en igual fecha, la Cacep exige del Ministerio del Interior concertar una reunión con el presidente Juan Manuel Santos con el fin de realizar un balance de la negociación y pedir claridad respecto de la ruta de cumplimiento de los compromisos pactados.


Crónica de una crisis anunciada


Luego de los procesos de movilización social y paro agrario del año 2013, varias organizaciones sociales, étnicas, campesinas y populares se dieron cita en Bogotá entre el 15-17 de marzo de 2014 para construir un pliego unificado que recogiera las aspiraciones de las comunidades rurales populares. Fruto de este encuentro es redactado el Pliego de exigencias: Mandatos para el Buen-Vivir, Por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social. (Ver pliego http://www.comosoc.org/PLIEGO-DE-EXIGENCIAS-MANDATOS-PARA-14), con el cual logra sentarse al gobierno nacional el día 11 de abril de 2014, para solicitar el reconocimiento de La Cacep como interlocutora legitima, exigiendo la instalación de una Mesa Única de Negociación.


El 8 de mayo de 2014, el Ministerio del Interior expidió el decreto 870 con el cual regula el espacio de interlocución con las organizaciones de la Cacep (ver decreto 870 de 2014) y crea la Mesa Única Nacional para discutir los temas del pliego único de exigencias. Adicionalmente, y como medida de aclimatación y confianza, el Gobierno se comprometió a instalar una subcomisión de derechos humanos y garantías para atender los casos de las personas asesinadas, heridas y detenidas durante las jornadas de protesta, así como la apertura de una línea de proyectos productivos dentro del fondo de fomento agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, proyecto de infraestructura con el Departamento Nacional de Planeación y de fortalecimiento organizativo con el Ministerio del Interior.


El 3 de octubre de 2014, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, fue protocolizada la Mesa Única de Negociación, con la presencia del Presidente de la República. Este mismo día el gobierno nacional radicó ante el Congreso nacional una iniciativa legislativa que pretendía crear las "Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre)", figura que permitía que los baldíos pudieran ser adjudicados no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales, el mismo que posteriormente fue retirado tras muchas presiones y denuncias, dejando en el ambiente el mal antecedente de lo que posteriormente será el desarrollo de las negociaciones.


Las primeras discusiones de la Mesa Única de Negociación, iniciadas el 7 de octubre de 2014 se centraron en los temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos, a la apertura de las mesas regionales de negociación en Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia y Cauca; financiación de proyectos de infraestructura en salud, saneamiento básico, vías, educación y comercialización, y la apertura de una línea de financiación de proyectos productivos que desmonte las barreras de acceso a recursos del Estado impuesta por criterios cerrados en cuanto a beneficiarios, rublos de inversión, requisitos técnicos, etcétera. Adicionalmente, planteó la necesidad de convocar a la comisión de estudio del Plan Nacional de Desarrollo para abrir el debate nacional atendiendo no solo el derecho a la consulta previa de afros e indígenas, sino además las propuestas expuestas en el pliego único en materia de economía propia (economía campesina, indígena y negra) y de política minero energética. De esta reunión solo quedó el compromiso del Ministerio del Interior de comunicar a los otros ministerios para delegar en sus oficinas la discusión y el tramite de los asuntos en cuestión.


LA pretensión de entregar los baldíos a grandes empresas no fue la única manipulación urgida desde la Casa de Nariño. Luego de 7 meses de instalada la Mesa Única de Negociación, y a un año de expedido el Decreto 870, el Gobierno insiste en renegociar lo negociado, en dilatar el inicio de la discusión sobre el pliego de exigencias para el buen vivir, negándose a instalar la subcomisión de derechos humanos, sin considerar que en lo que va corrido del año 8 indígenas han sido asesinados, más de una decena de líderes agrarios amenazados y, para colmo, la existencia de un nuevo proyecto de Plan Nacional de Desarrollo formulado de manera inconsulta, el mismo que agrava la ya difícil situación que afrontan las comunidades agrarias, quienes han actuado con credulidad y buena fe, confiando en la palabra empeñada por el Presidente y sus ministros, de quienes recibieron promesas que no han pasado de la retórica a los hechos.


El Estado y el Gobierno, ¿para qué y para quién?


Las comunidades campesinas, negras e indígenas no solo han sido despojados de sus territorios, mediante el desplazamiento forzado y la implementación de megaproyectos, sino, además, parece ser que quieren despojarlas de su condición de sujetos de derechos, menospreciarlas y llevarlas a la condición de mendigos, desconociendo. entre otras cosas, su aporte a la economía, a la soberanía alimentaria y al cuidado de los bienes comunes.


Al considerar los derechos que protegen a estas comunidades, como al conjunto de la población colombiana, en particular uno de ellos, el que garantiza la protesta y la reclamación, recurriendo a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, lo que encuentran estos sectores sociales son trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos levantados como murallas infranqueables, a las que solo pueden acceder aquellos que cuentan con el dinero suficiente para comprar sus derechos. Reclamaciones dilatadas por la formalidad institucional, la cual sí es diligente o pronta con los procesos de negociación dispuestos por los gremios económicos agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio. Realidad que permite preguntar: entonces, el Estado y el Gobierno ¿para qué y para quién?


Hoy, cuando se habla de paz y prosperidad para todas y todos, los campesinos, indígenas y negros permanecen como victimas de asesinato, amenazas y persecución por parte de la fuerza pública y demás actores armados. Cuando recurren a las vías de hecho, a la protesta y la movilización para hacerse escuchar, la respuesta inmediata es la represión, las amenazas y la cárcel. Esta realidad acá reseñada representa un panorama lamentable que lesiona la confianza del país nacional frente al país político, el que persiste en proteger los intereses de la minoría. Actitud que evidencia, además, que la negociación con el Gobierno atraviesa un momento crítico, y que es hora de hacer un balance para definir cómo continuarla.


El diálogo, la negociación y la concertación.


El diálogo, la negociación y la concertación con el Gobierno no puede llevar a perder de vista el escenario legislativo, donde definen la política pública y concretan muchos de los acuerdos alcanzados en las oficinas ministeriales. Lamentablemente, el legislativo está capturado por grupos políticos representantes de los sectores agroindustriales, terratenientes, quienes adecuan las leyes a sus propios intereses, como las pretendidas leyes de baldíos y el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que responde más a las necesidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que a las necesidades sentidas por los colombianos de a pie.


Tampoco podemos perder de vista las iniciativas económicas, políticas y organizativas que desarrollan las organizaciones populares en la ruralidad, expresadas de manera autónoma, espontánea, y muchas veces marginadas de las grandes disputas ideológicas y políticas, pero que constituyen alternativas reales de vida, que resisten a pesar de los embates del modelo económicos, constituidas en germen de futuro y sustentabilidad para un mundo en crisis (ambiental, económica, etcétera), iniciativas que deberían ser la base para cualquier proyecto político.


Por estas razones, es claro que las disputas por la tierra, el territorio, los recursos, la economía, el buen vivir, se libran en múltiples campos. No solo sentados con el Gobierno es posible lograr que los proyectos de vida de las comunidades rurales existan y pervivan; es necesario, además del avance autónomo de procesos de planeación, gestión y ordenamiento territorial, donde sean las "comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos" (Pliego de Exigencias Cumbre Agraria).


También es necesario articular las luchas que libran en este momento trabajadores estatales, profesores, médicos, estudiantes, etcétera. Es necesario establecer vínculos concretos de solidaridad entre los sectores sociales que hoy se encuentran en conflicto social con el Estado. Conservando la voluntad de contribuir a la paz, pero con justicia, equidad y dignidad.


Ante esta circunstancias, no sobra reiterar que las diversas organizaciones y procesos agrarios que integran este proceso conservan su voluntad de diálogo, pero sin ceder ante la retórica. Por eso exigen del Gobierno muestras claras de voluntad, manifestadas en hechos concretos.


Mientras esto se torne realidad, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se mantiene en asamblea permanente, y llama a las comunidades y sus organizaciones a continuar con procesos de análisis y reflexión a fin de buscar caminos para afrontar esta difícil situación a la que ha llevado el mal gobierno.


2 de mayo de 2015

Publicado enColombia
Instan BID, BM y OCDE a pronta reforma en pensiones

Sin reformas, entre 63 y 83 millones de personas carecerán de pensión, aseveró el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, al difundir un informe sobre el panorama regional de las pensiones elaborado junto con el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El presidente del BID calificó el manejo de las pensiones como el desafío principal para construir un sistema de protección social a largo plazo.


Esos tres organismos multilaterales exhortaron a los gobiernos latinoamericanos a abordar cuanto antes reformas en el manejo de las pensiones para evitar la pobreza en la tercera edad, en un continente en el que la población adulta es cada vez mayor.
Moreno subrayó la urgencia de las reformas, ya que la porción de latinoamericanos mayores de 65 años pasará en 30 años del actual 7 por ciento a casi 20 por ciento. El panorama se agrava debido a que sólo 45 por ciento de los trabajadores aportan recursos a un plan de retiro.


Sin reformas, entre 63 y 83 millones de personas carecerán de pensión, advirtió Moreno, y añadió que en este momento estamos disfrutando de un bono demográfico que no podemos desaprovechar.


El mexicano José Ángel Gurría, presidente de la OCDE, señaló que América Latina tiene ocho personas en edad productiva por cada pensionista, pero la tasa disminuirá a 2.5 en 2050.


Gurría atribuyó la tendencia al elevado número de trabajadores en el sector informal que no hacen aportes. Los gobiernos necesitan impulsar las oportunidades de empleo en el sector formal, particularmente para las mujeres, a fin de que más personas puedan beneficiarse de una pensión digna, indicó.


El documento identificó la emergencia en varios países de las pensiones llamadas no contributivas –aportadas directamente por los Estados y no por empleados ni patronos– que han contribuido a disminuir la pobreza, pero advirtió que su sustentabilidad a largo plazo supondrá un reto fiscal a medida que la población envejezca y haya más solicitantes.


El informe, que incluye un análisis comparativo por país, concluyó que el gasto regional promedio en pensiones equivale a 3 por ciento del producto interno bruto, y que la expectativa de vida promedio en la región para los mayores de 65 años es de 19 años para los hombres y 16 para las mujeres.


Moreno y Gurría coincidieron en que las inversiones en los sistemas y las reformas en los marcos institucionales son el primer paso que deben abordar los gobiernos para lograr sistemas de pensiones de mayor cobertura y sostenibilidad.

Publicado enEconomía
Los derechos laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo

Así como el proyecto de PND no considera los acuerdos de las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las Farc, ni prevé los desarrollos legales e institucionales que se deben implementar para la consolidación de los mismos, en materia laboral no contempla las recomendaciones de los órganos de control, ni de la misión de Alto Nivel de la OIT, ni los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de EE.UU, como tampoco el Acuerdo Colectivo Nacional suscrito el 16 de mayo de 2013, resultante esta última de la primera negociación en derecho adelantada entre el Gobierno Nacional y las centrales y federaciones estatales, y las sentencias de la Corte C–614 del 2009 y C–171 de 2012.

Una mirada a los temas laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute en el Congreso desde el enfoque de Trabajo Decente, nos muestra que una política pública en tal sentido seguirá siendo una cuestión más enunciativa que transformadora de la realidad laboral. Una realidad cuyos indicadores son bastante precarios: informalidad del 66%; el 30% de la población ocupada con formas de contratación y tercerización ilegales; grandes restricciones a los derechos de libertad sindical, prueba de ello es una afiliación sindical inferior al 5% y una cobertura de la negociación colectiva del 6% (incluyendo los desarrollos recientes en el sector público); una gran debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo; la persistencia de una cultura de violencia antisindical y altos niveles de impunidad.

Para empezar, las metas del proyecto de PND en indicadores de Trabajo Decente y desigualad son bastante pobres, como lo muestra el siguiente cuadro:

Reducir el indicador GINI de desigualdad de 0.54 a 0.52, aumentar la tasa de formalización laboral en 2%, mantener la tasa de desempleo de jóvenes y femenina por encima de dos dígitos, y un avance marginal en la tasa de cobertura en seguridad social, expresan el poco compromiso del proyecto de PND y del gobierno Santos con una agenda que haga sostenible y duradera la paz que se pretende construir a partir de los acuerdos de La Habana.

 

Adicional a lo anterior, el proyecto de PND, denominado "todos por un nuevo país, tiene varios obstáculos que dificultan avances en el logro de Trabajo Decente, como los siguientes:

 

1- El ajuste fiscal que pretende resolver el impacto negativo de la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, mediante una contracción de la planta de personal del sector público, una política salarial restrictiva y ningún compromiso en concertar una estrategia de formalización laboral en el Estado, como se expresa en la respuesta gubernamental al pliego nacional de las federaciones sindicales del sector público.

2- Insiste en políticas que han desmantelado la industria y la agricultura, y generado un cuantioso déficit de 6% del PIB en cuenta corriente, impulsando altas tasas de crecimiento que generan poco empleo y precarizan el existente. Por ejemplo, se mantiene la importancia del extractivismo minero–energético dentro de la dinámica de la economía y las finanzas públicas; se da continuidad a la agro-industria de exportación del PND 2010 -2014 como locomotora del desarrollo; se continua dependiendo de la inversión extranjera como motor económico; se insiste en un modelo orientado a los mercados externos y no en el fortalecimiento de la demanda interna. Se plantea explícitamente que el desarrollo depende de las exportaciones a los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, cuando las cifras de comercio exterior y de empleo nos dicen otra cosa. Es decir, neoliberalismo refrito.

3- Si bien el proyecto de PND plantea que la creación de empleo y la inclusión productiva se harán en el marco del trabajo decente, existe cierta ambigüedad en este propósito cuando plantea que "debe ampliarse el concepto de relaciones laborales, de manera que cobije todos los tipos de vinculación laboral. Esto requiere entre otras acciones la actualización del marco normativo laboral, de manera que se ajuste a las condiciones actuales del mercado de trabajo". En vez de ajustar la realidad laboral al marco normativo, se pretende reformar el marco normativo para ajustarlo a la realidad laboral. El camino correcto debe ser que el país cumpla las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en materia de libertad sindical, lo que implicaría una reforma al Código Sustantivo del Trabajo de manera concertada entre los diferentes actores del mundo del trabajo.

4- En el Artículo 72 del proyecto de ley del PND se dice: "El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente... También fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización". Es positivo que el proyecto adopte la política nacional de trabajo decente, pero la parte subrayada genera cierta ambigüedad por la similitud con el discurso de los gremios económicos, que plantean que todas las actividades de las empresas se pueden tercerizar con la única condición de respetar los derechos laborales. Esto se opone al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que de manera clara prohíbe la tercerización de actividades misionales.

5- Se proponen objetivos para masificar la negociación colectiva, tanto pública como privada, con acciones muy vagas, como "El Ministerio del Trabajo deberá generar instrumentos para garantizar los procesos de negociación colectiva...". "Se garantizarán los derechos de asociación de los trabajadores y la protección a las organizaciones sindicales y sus miembros". Pero nada dice de los compromisos del Plan de Acción Laboral, ni de las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, ni cuál es la estrategia del Ministerio de Trabajo y del Estado para formalizar el trabajo y garantizar el respeto al derecho de asociación, como pasos previos al derecho de negociación colectiva.

6- En el proyecto de PND se plantea "Fortalecer la inspección, vigilancia y control del trabajo", pero no se incluye uno de los compromisos contenidos en el Plan de Acción Laboral, que es el reforzamiento del Ministerio de Trabajo con más inspectores, mejor remunerados, capacitados y especializados, para el sector minero, para el sector de infraestructura, para el sector de comunicaciones, entre otros.

 

Si el éxito de las negociaciones de La Habana o la construcción de la paz y su sostenibilidad en caso de la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, dependen del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, no es posible albergar mayores esperanzas de una Colombia equitativa y en paz, construida a partir de una cultura y política pública de trabajo decente.

 

Publicado 16 de abril de 2015.

Publicado enColombia
Trabajadores de Coca-Cola cumplen tres días en huelga de hambre

Desde el lunes 13 de abril cinco trabajadores de Coca-Cola, afiliados al sindicato Sinaltrainal, llevan a cabo una huelga de hambre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, debido al despido masivo de 1.500 trabajadores por el cierre de la embotelladora en Fontibón y la judicialización y amenaza del movimiento sindical por parte de la empresa.

 

Desde el lunes 13 de abril, a las 2 de la tarde, cinco trabajadores de Coca-Cola afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) se declararon en huelga de hambre, en representación de sus compañeros radicados en las 23 ciudades del país donde existen sedes de la empresa.

Según Wilson Castro, vocero del sindicato, la manifestación seguirá hasta poder acordar una mesa de diálogo con la multinacional, para solucionar los puntos que los llevó a la huelga.

"La última reunión tuvo lugar el miércoles 15 de abril en el que funcionarios de la alcaldía, Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos del Distrito se comprometieron a buscar una solución pronta a la situación de los trabajadores, y se abrió una mesa de apoyo para lograr el acercamiento con la empresa, pero desafortunadamente Coca-Cola no ha dado una respuesta positiva hacia la problemática", comentó Castro.

Entre los temas que motivaron este paro resalta la tercerización de los puestos de trabajo en empresas como Amcor, Eficacia, Proservis, FL Colombia S.A.S., Sodexo, Atemcon e Imbera, que según Sinaltrainal "son empresas fachada, usadas por Coca-Cola para subcontratar más del 70 por ciento de los trabajadores".

En la mesa de diálogo que planean llevar a cabo también hablarán de la precarización de los salarios, la judicialización y amenaza de la dirigencia sindical, y los despidos masivos debido al cierre de la embotelladora en el municipio de Fontibón, acción que dejará sin trabajo a más de 1.500 personas.

"Entre la dirección nacional de Sinaltrainal y la dirección de la empresa se han realizado anteriormente reuniones, sin embargo hay puros compromisos y no se concreta nada. En vista de que el diálogo no ha logrado los objetivos requeridos pues hemos procedido a esta acción casi suicida. No nos queda otra opción para ser escuchados", dice Castro.

De los cinco trabajadores que al momento de la rueda de prensa que citaron para el 16 de abril, 11 am., completan más de 96 horas en huelga de hambre, varios de ellos , según declaraciones de Castro, "presentan presión alta y nivel alto de azúcar", sin embargo la huelga no parará hasta que logren la mesa de diálogo con la embotelladora.

"Todo esto es debido a la persecución a la que estamos sometidos los dirigentes sindicales. Más de 60 trabajadores han sido amenazados y se han efectuado más de 26 asesinatos de miembros de Sinaltrainal, de esos, 14 trabajaban en Coca-Cola", afirma el vocero.

Un reciente comunicado del sindicato, mencionó el caso de la planta de Medellín donde "ingresó un carro y tanqueta blindados de la Policía Nacional, para reprimir a los trabajadores subcontratados que protestaban contra las presiones, la precarización y el despido de uno de sus compañeros por afiliarse a Sinaltrainal". También el sindicato hace referencia al caso presentado en la sede de Bucaramanga donde la embotelladora "monta la vigilancia Privada Vise, como escuadrón antidisturbios, portando escudos y practicando maniobras militares para enfrentar la protesta sindical y amedrantar a los trabajadores".

 

Daños ambientales con la nueva planta de Coca-Cola en Tocancipá

 

Por otro lado, el sindicato de alimentos también denuncia los hechos de contaminación ambiental causados por la empresa en los últimos años, como el caso del humedal Capellanía y la nueva sede en Tocancipá, que según estimaciones del sindicato, consumirá 1´680.000 M3 de agua, que representa el 68,58 por ciento de las necesidades del municipio.

"En Bogotá, Coca-Cola fue sancionada por contaminar el humedal de Capellanía y se niega a pagarle al Distrito Capital $ 46.000 millones de pesos por servicio de agua y alcantarillado, además, se apropió de fuentes de agua en la Calera, Cundinamarca", dicen en un comunicado.

Publicado enColombia
Trabajadores de Coca Cola, en huelga de hambre

Desde el 13 de abril a las dos de la tarde, cinco trabajadores de Coca Cola realizan una huelga de hambre para que el Estado intervenga y cree una mesa de diálogo con la reconocida compañía.


En la Plaza de Bolívar de Bogotá permanecen cinco trabajadores de Coca Cola, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal). Ellos, en representación de sus compañeros, decidieron dejar de comer hasta que se conforme una mesa de diálogo con la multinacional, en donde intervenga el Estado y se discutan cuatro puntos importantes.


"Uno es la violación a todos los derechos convencionales de los trabajadores, el problema de seguridad que hoy enfrentamos los trabajadores, el problema ambiental que ha creado la compañía alrededor de los humedales y el problema de salud, que por las malas prácticas –a causa de la falta de un programa de salud ocupacional–, se accidentan y han quedado lisiados, a lo cual, la empresa no responde", dice William Mendoza, dirigente de Sinaltrainal.


Mendoza explica que los despidos injustificados dentro de la compañía son costumbre, "Hace un mes despidieron cuarenta trabajadores de la administración. Antes éramos diez mil trabajadores, ahora solo somos alrededor de siete mil, pero más de la mitad de esos trabajadores están tercerizados. Es decir, más del 50% de los trabajadores han salido por varias figuras: uno, los despidos, dos, lo que tiene que ver con los "arreglos voluntarios" y tres, salen porque no aguantan la presión de la empresa".


Por su parte, el Gobierno Distrital ha colaborado con la protesta, dice Mendoza, el cual ha garantizado de manera efectiva el derecho a la huelga. Por el tipo de iniciativa, en las mañanas y en las noches, el cuerpo médico del Distrito ha monitoreado la salud de los trabajadores.


El Dirigente, afirma que acudieron a la huelga de hambre porque han intentado obtener respuestas a sus quejas por parte de las entidades estatales, pero no lograron nada. Por tal razón, se tomó esa decisión


"Queremos que se cree una mesa nacional en donde estén obviamente las partes del conflicto: Coca Cola, y el sindicato pero con las autoridades para que estén, dependiendo de los puntos que se toquen. Por ejemplo, en la mesa nacional, si se está afrontando el tema laboral, obviamente queremos que esté el Ministerio del Trabajo", explica Mendoza.
Su lucha, como tantas otras que han liderado los trabjadores en Colombia en defensa de sus derechos, llega hasta el extremo de atentar contra la salud de quienes resisten. ¿Hasta cuándo, el modelo económico y laboral del país, obligará a quienes marcan tarjeta a llegar a este tipo de extremos?

Publicado enColombia
Trabajadores de Cerro Matoso salen a huelga por cambio inconsulto de la jornada laboral

El martes 14 de abril, pese a los esfuerzos del Ministerio de Trabajo para evitarla, arrancó la huelga en el complejo minero de Cerro Matoso, único productor de níquel del país y el mayor de América Latina, ubicado en el municipio de Monte Líbano (Córdoba), perteneciente desde 1991 a la australiana BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta.

Esta huelga, que afecta a más de 1.000 trabajadores, había sido aprobada desde el 27 de marzo por la asamblea general de afiliados del Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso (Sintracerromatoso), en respuesta a la implementación unilateral por parte de la empresa de una jornada de 12 horas en las áreas de mantenimiento, laboratorios, preparación demineral y mantenedores de turno.

La última huelga en Cerro Matoso se registró en el 2008 y duró 36 días.

Tradicionalmente en esta empresa las actividades se han desarrollado a tres turnos: de 7 am. a 3 pm., desde esta hora hasta las 11 pm., y de 11 pm. Pero la compañía empezó a imponer un nuevo modelo de 4 días de trabajo (con dos jornadas diurnas continuas de 7 am. a 7 pm., y a continuación dos nocturnas de 7 pm. a 7 am.) por 4 días de descanso; un modelo que no fue consultado con el sindicato y que éste califica de arbitrario, violatorio del reglamento interno, de la convención colectiva y las normas laborales. Además va en contra de la salud de los trabajadores, que estarían más tiempo expuestos a los factores de riesgo que tiene la extracción del níquel.

Ya en el mes de noviembre del año pasado la empresa intentó implementar el nuevo horario, pero una tutela interpuesta por Sintracerromatoso echó atrás la medida el 7 de diciembre. Hasta el 1º de marzo pasado, cuando lo volvió a imponer. Ya tiene a 150 trabajadores laborando con el nuevo horario, para el próximo 20 de abril espera incorporar otro tanto, y el 1º de julio cobijar a todo el personal.

En un comunicado la empresa justificó el cambio horario como una medida tendiente a aumentar la productividad y amortiguar el impacto de bajos precios del níquel en el mercado internacional. Sostiene que en el pasado Cerro Matoso fue una mina exitosa por el alto valor del níquel, pero hoy esas condiciones ya no existen porque la mina se está agotando y los precios del mineral han caído. Señala, además, que el cambio horario cumple con las
horas semanales exigidas y lo autoriza el Código Sustantivo del Trabajo como jornada extraordinaria.

Pero Sintracerromatoso, sindicato filial de la CUT, desestima estos argumentos. Su presidente, Domingo Hernández García, cita el artículo 17 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, que establece que la jornada para todos los trabajadores será la equivalente a la establecida para los turnos rotatorios, o sea de 42 horas semanales, siendo una jornada calculada como horas semanales promedio en el lapso de un año.

"La empresa quiere ganar productividad y bajar gastos, ser competitiva, pero eso no lo puede hacer a costa de los trabajadores, no lo podemos permitir", agregó Hernández García, quien criticó la actitud de la actual administración de la empresa, que en el año y medio que lleva al frente del complejo minero no esconde su propósito de desmontar la convención colectiva, violando incluso las normas laborales de Colombia.

Ya fue multada por el cambio horario

En contra del argumento de la empresa también cuenta la reciente multa de 100 salarios mínimos (unos $64 millones) que la Inspección de Trabajo de Montelíbano le aplicó por haber impuesto el cambio horario en noviembre del año pasado.

"Una decisión tan importante no puede ser el producto de discrecionalidad del empleador, cuando se debe cumplir con las leyes laborales que no han sido tenidas en cuenta por el empleador; ni que decir de la Convención Colectiva de Trabajo, que le impone límites a las decisiones unilaterales de los empleadores", considera la Inspección de trabajo en oficio conocido el lunes pasado.

Y ante lo que dice la empresa en el sentido de que la huelga es ilegal, Sintracerromatoso responde que ésta es imputable al empleador, y es legal porque se ajusta al artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. "Los trabajadores de base son 700 y a Sintracerromatoso están afiliados 520, y el personal total de la compañía, incluidos los administrativos, son 1.050, lo que indica que somos sindicato mayoritario y por tanto estamos autorizados a convocar la huelga", señaló Domingo Hernández.

El otro sindicato que hace presencia en Cerro Matoso es Sintramineros, minoritario, que no apoya la huelga.

Publicado 15 de abril de 2015.

Publicado enColombia
Miércoles, 01 Abril 2015 17:20

Los sectores sociales a reflexionar

Los sectores sociales a reflexionar

La Semana Santa se presenta como una pausa para algunas de las causas que adelantan diferentes sectores sociales, pero otros, como los indígenas, continúan con la lucha. Acá un breve informe sobre cómo va cada sector en estos días de "reflexión".


Los primeros meses del año 2015 quedaron marcados con la impronta de la presión de varios sectores sociales. Algunos lograron parte de sus propósitos, como los camioneros, por ejemplo. que acordaron con el Gobierno volver obligatorio un flete de referencia, mientras que los corteros de caña del ingenio Risaralda lograron la formalización de su trabajo. Sin embargo, aún hay sectores que siguen en conversaciones y las agendas ya están programadas para cumplir con sus objetivos.


Fecode: las negociaciones van del 6 al 10 de abril


La Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación (Fecode), participó el pasado 25 de marzo en una sesión plenaria con las comisiones de diferentes empleados estatales y el Ministerio de Hacienda. Esta reunión, que fue apoyada por la movilización social de los sindicatos del sector y el magisterio, fue calificada como el inicio "efectivo" de la negociación entre las partes.


En este primer encuentro oficial fue expuesto el tema de educación en el Plan Nacional de Desarrollo y se empezaron a mover propuestas sobre el tema de los salarios. Por ahora, es conocido que las partes se derán cita después de Semana Santa, entre el 6 y el 10 de abril. Pero continúa el llamado por parte de Fecode a todos los docentes para que defiendan el pliego de peticiones.


Pequeños mineros: en la sala de espera


A la espera de una medida transicional para evitar la quema de camiones estaban los pequeños mineros. Medida que debería aplicarse mientas concluye el proceso de elaboración de un decreto reglamentario que les permitirá formalizar su trabajo. Para esta época siguen en espera, pero al menos ya tienen una fecha de reunión.


El 9 de abril se reunirán en el Ministerio de Minas y Energía con el Ministerio de Ambiente, "No solo porque dicen que somos depredadores del medio ambiente sino porque la política ambiental frente a la minería no es clara, hay muchas ambivalencias y hay varias interpretaciones que crean problemas", le dijo la directora de Conalminercol, Luz Stella Ramírez, a desdeabajo.


Sin embargo, Ramírez señala que persiste un gran disgusto en el sector porque la Fiscalía se niega a establecer una fecha para reunirse con ellos. Una reunión de gran importancia dicen, porque con este Órgano podrían encontrar una solución a los operativos del decreto 2235. "Se hacen operativos sin mediar un debido proceso, sin presunción de inocencia, sin derecho a la defensa y terminan mal". Según Ramírez, la Fiscalía le dice al Gobierno que no ve necesaria esa reunión, por lo cual éste aún no decide qué medidas tomar.


A lo anterior se suma, lo que parece una coartada a la libre expresión, "Los alcaldes nos invitaron a participar del Congreso de alcaldes que tuvieron en Cartagena. Inicialmente el espacio de intervención era de una hora, después nos dijeron que de 20 minutos y cuando ya estábamos allá dispuestos a hablar los 20 minutos nos dieron 5 porque el viceministro del Medio Ambiente se puso furiosísimo porque íbamos a hablar", dijo Ramírez.


Así pues, esperan la reunión del 9 de abril, pero al mismo tiempo, de no lograr algo concreto, no descartan la posibilidad de un paro.


La Uso sigue en el radar


La Unión Sindical Obrera (Uso), también es uno de los sectores sociales que ha mencionado la posibilidad de un paro, principalmente por los despidos masivos que Ecopetrol realizó bajo el argumento de la caída en el precio del petróleo.


Esa amenaza había mermado pero, con el despido de Edwin Palma, vicepresidente de la Uso, por publicar en redes sociales los salarios de los ejecutivos de Ecopetrol –que alcanzarían hasta los 60 millones mensuales (ver cuadro)–, la amenaza fue reactivada.


La publicación de Palma, que los trabajadores dicen, ya la habían realizado medios alternativos, causó polémica por la incongruencia de la petrolera estatal, pues mientras se despiden obreros, los ejecutivos, en supuesta "época de austeridad", continúan devengando altísimos salarios.


Frente a esa situación, Edwin Castaño le dijo a desdeabajo, "tuvimos una reunión el día lunes a las cinco de la tarde con la persona designada por el Gobierno. El Gobierno se reunió el sábado con Ecopetrol en las horas de la mañana y se miró toda la situación, estuvo Luis Eduardo Garzón y el Ministro de Minas, el doctor Néstor Humberto Martínez, el presidente Gutiérrez de Ecopetrol y otros funcionarios de la empresa. Ahí quedó asignado José Noé Ríos para reunirse el lunes con nosotros, con dos propósitos: uno, que el compañero Palma pasara la carta de reconsideración que le da un plazo a la empresa de responder hasta el lunes si reconsidera el despido o lo ratifica; dos, José Noé nos pidió que la Uso emitirá un comunicado público donde se manifestara que se respetaba la Constitución y la ley y eso fue lo que se hizo el día de ayer".


Con respecto a la resolución de la Asamblea Nacional de Delegados de la Uso, que había definido el paro de carácter indefinido, éste quedó en pausa, pues esperarán, sobre todo por el cambio de presidente de la estatal petrolera –el primero de abril es el último día en que Javier Gutiérrez estará al frente del alto cargo-, dando una pausa para que los compromisos que asumió el Gobierno sean cumplidos.


Según Castaño, los compromisos son los siguientes:

 

  • • Uno, saber de parte del Gobierno cuál era el futuro de Ecopetrol, si venderán o no alguno de sus activos. En esa pregunta el director de planeación fue tajante, dijo que por ahora el Gobierno no está buscando alternativas de venta ni privatización.
  • • Segundo, el tema de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, y en este item el mismo Ministro de Minas y el director de Planeación manifestaron que eso estaba dentro de las cuentas del PND, en su capítulo de las regiones.
  • • Tercero, el tema de ICP, como un establecimiento estratégico para Ecopetrol y para la industria petrolera. Manifestaron que ahí no había ningún tipo de amenazas.
  • • Por último, los trabajdores dicen que trataron temas laborales, en los cuales quedaron los compromisos por parte de Luis Eduardo Garzón de generar con el nuevo presidente de la petrolera estatal, Echeverry, un escenario lo más pronto posible para tratar todo el tema de las desvinculaciones , terminaciones de contrato, liquidación, así como el tema de persecución o la política antisindical que tiene Ecopetrol.

 

Los 10 salarios más altos de Ecopetrol

 

Javier Gutiérrez, Presidente: $60.518.347 (nuevo presidente Juan Carlos Echeverry) 
Héctor Manosalva Rojas, Vicepresidente Desarrollo y producción:$60.518.347
Carlos Eduardo Samudio, Director Centro de servicios compartido: $47.347.000
Héctor Augusto Castaño, Vicepresidente de activos con socios:$44.600.936
Ayde Mary Martínez; director relaciones laborales:$37.372.000
Lina Beatriz Duran, Jefe unidad mercadeo y proveedores:$24.622.000
Claudia Janeth Wilches, Jefe asuntos jurídicos laborales:$24.530.000
Ricardo Jaramillo, Coordinador de abastecimiento:$24.408.000
Yohani Arciniegas, Jefe de relaciones sindicales:$24.621.000
Sergio Augusto Corredor, Jefe unidad de servicio comparativo: $24.522.000

 Información tomada de Las2Orillas: http://www.las2orillas.co/los-10-salarios-mas-altos-de-ecopetrol-en-epoca-de-crisis/

 

Los indígenas no se van de vacaciones, invitan a la reflexión


A diferencia del pequeño u obligado receso que deben tomar los sindicatos y los pequeños mineros, por la espera a que el Gobierno Nacional vuelva a las actividades cotidianas, la Liberación de la Madre Tierra, como la persistencia de los indígenas, no descansa.


El 24 y 25 de marzo, las comunidades se reunieron para efectuar una minga de siembra, en donde realizaron un roce de la caña perteneciente al ingenio Manuelita de Ardila Lulle. Lo realizaron para sembrar semillas de plátano, yuca y de maíz, "Ya hemos sembrado 10 arrobas de maíz, se puede ver ya el plátano y el frijol creciendo [...] La gente está muy entusiasmada y aquí se va a quedar", cita el Tejido de Comunicación de la Acin.


Este proceso de siembra, explican, es uno de los más importantes en la Liberación, principalmente por la limpieza y el ánimo de regresarle el equilibrio a la Madre Tierra. Sin embargo, a ese proceso se unió el Ejército, pero no precisamente para ayudar con la siembra.


Según la Acin, las tropas ingresaron a la hacienda Miraflorez, la finca donde la limpieza fue realizada, y quemaron la Tulpa de los mayores –que es donde la comunidad se reúne con los mayores, planean las labores colectivas y donde se hacen rituales de armonización–. También destruyeron gran parte de los cultivos y se ubicaron al lado de los indígenas para tomarles fotografías, lo que luego les ayuda a iniciar procesos judiciales.


Pese a esta provocación, los indígenas culminaron su siembra, pues la persistencia es una de sus cualidades, que no solo realza en Miraflorez, también en la Emperatriz.


En conversaciones con desdeabajo Apolinar García, coordinador del cabildo Huellas, dijo que los trabajadores de la hacienda siguen realizando sus labores con normalidad, pero que los enfrentamientos también se están volviendo parte del paisaje.


Desde el 5 de marzo "ya van 41 heridos porque el Esmad casi, día de por medio, ataca a la gente con gases y también con tiros recalzados que son muy peligrosos, pueden matar a la población civil", dijo García.


Según él, Semana Santa no representa un cambio en sus actividades, "La comunidad dijo que iban a seguir derecho hasta que realmente recuperen la tierra". Falta ver si el Esmad descansará o si seguirá con los ataques. Pero más aún, faltará ver si el Gobierno Nacional se toma estos días para reflexionar sobre la situación del Cauca, que va de mal en peor, pues ya se cumplen tres meses del proceso de Liberación de la Madre Tierra, sin que el Gobierno asuma su responsabilidad ante la demanda de las comunidades indígenas, los heridos van en aumento, lo que hace muy factible que a medida que pase el tiempo la iniciativa indígena de opcupar más tierra se multiplique por todo el departamento.

Publicado enColombia
Miércoles, 25 Febrero 2015 06:23

Los maestros se tomarán Bogotá

Los maestros se tomarán Bogotá

El presidente de Fecode anunció que el jueves 26 de febrero los docentes radicarán su pliego de peticiones y si no ven resultados, se irán a paro indefinido porque "Llegó la hora de cumplir".

 

Una rueda de prensa fue el escenario organizado por Fecode para que su presidente, Luis Alberto Grubert, explicara los motivos de los docentes para la movilización del próximo jueves 26 de febrero. En ésta, los maestros –y los sindicatos estatales– presentarán sus pliegos de peticiones al Gobierno Nacional, con el objetivo de que sus problemas se tengan en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).


"Nos preocupa cómo en el Plan de Desarrollo, donde se diseña el programa de gobierno del Presidente Santos, dice: 'Se recoge las recomendaciones de la Ocde'. Uno pensaba que recogía lo que él, en su campaña, proclamó y daría las soluciones a los problemas que aquejan al país", dijo el vocero de los docentes ante los medios de comunicación.


En diálogo con desdeabajo, Luis Alberto Grubert, precisó su valoración sobre el pliego de peticiones y los incumplimientos del Gobierno:


"El Gobierno ha cumplido a medias el tema de las deudas, pero ya paralizó el pago de estas. No ha cumplido con acordar nuevos criterios para hacer la reubicación docente; no ha cumplido con que el servicio médico asistencial se preste como reza en el contrato; no ha cumplido con concertar con Fecode una política educativa. Además, no ha cumplido con que se visibilice que somos el sector más victimizado y que las escuelas se deben respetar como territorio de paz. Hoy podemos decir, que en materia de derechos humanos el Gobierno con el magisterio se rajó."


Un salario para sobrevivir


La nivelación salarial es uno de los puntos más importantes. Ellos afirman que un docente gana $665.380, por lo cual se requiere de una pronta intervención del Gobierno Nacional. Este punto ya fue discutido en los acuerdos del año pasado, lo que sigue es definir cuánto subirá el salario y poner fechas para su cumplimiento.


"El salario enganche de los demás profesionales está en 1.800.000 - 1.900.000. Aquí tenemos un profesional que después de haber ido dos veces a la Universidad y de 30 años de experiencia laboral tiene un salario de 2.700.000. Creemos que no es justo. El mismo Presidente (Santos) lo reconoce", le dijo Grubert a desdeabajo.

 

Una solución estructural

 

En el tema de la política educativa, Fecode exige el congelamiento de la privatización en el sector, el final de los convenios y de la tercerización laboral de maestros, y que todas las construcciones para la educación sean administradas por el Estado.


Grubert le dijo a desdeabajo que "(...) dar becas sigue marchitando la posibilidad de financiar la universidad pública. Es que en este país egresan más de 500 mil bachillere al año y al hablar de 10.000 becas –preguntó– ¿qué pasa con los otros 490 mil?".
Pero estos no son los únicos puntos que los inquietan. Además de señalar como tema prioritario la nivelación salarial, la nueva iniciativa de jornada única es otro aspecto que requiere intervención inmediata por parte del Estado.


"Bienvenida, la queremos, la apoyamos, pero la jornada única tiene unos requerimientos y ahí movemos los recursos para que se pueda implementar de verdad" señaló el presidente de la organización magisterial.


Para Fecode, el tema de la alimentación escolar debe tratarse de manera diáfana, dejando claro los espacios para que los niños realmente se beneficien de ella, para lo cual es claro que son necesarias más edificaciones, más personal administrativo y, también, saber cómo se modificará su jornada laboral y su salario.


¿Cómo ascender?


Según información de Fecode, este tema implica tres aspectos: i) nuevos criterios para el ascenso de los maestros cobijados por el Decreto-Ley 1278; ii) un reconocimiento salarial a los profesores de grado 14 que obtengan otros estudios y, iii) la dignificación de la posición de los maestros indígenas por medio de sus salarios.


Para ellos es urgente precisar cómo pueden ascender los docentes, debido a que la evaluación de competencias ya no se realiza. Pero también, agilizar en el Congreso la aprobación del Estatuto Único Docente.


Salud y seguridad


En la rueda de prensa, Grubert señaló que "Los maestros somos afectados porque el servicio de salud que se nos presta tiene grandes falencias. Fallan, tanto los operadores como el Gobierno. Pero, el responsable es el Gobierno porque es él quien debe generar obstáculos o barreras para que no se den fallas en la prestación del servicio médico asistencial para los maestros y sus familias".


La calidad del servicio está ligada a otra situación que para él, según le expresó a desdeabajo, es preocupante: la seguridad de los docentes. "Además de las amenazas y los asesinatos, nos están extorsionando en casi toda la geografía. (...). Yo diría que son grupos armados de diversa índole, pero que convirtieron al magisterio en su objetivo para recaudar dineros de manera regular".


A grandes rasgos, estas son las motivaciones –junto a la presión del tiempo límite para la aprobación del PND–, del gremio para marchar el próximo 26 de febrero. El pliego de peticiones se radicará en el Ministerio de Educación y ahí iniciarán el recorrido hasta la Plaza de Bolívar a las nueve de la mañana.


"En Bogotá vamos a tratar de concentrar 40 mil educadores pero en el resto del país, en todas las capitales departamentales, habrán movilizaciones. Esperamos movilizar más de 200 mil maestros", afirmó Grubert.

Publicado enColombia