Un hombre puede –y debe– ser feminista

Sí. Un hombre puede –y debe– ser feminista. Por supuesto, debemos serlo en el marco que entiende al feminismo como una lucha por la igualdad para mujeres y hombres, erradicando la opresión, la explotación y el sexismo que ellas llevan sufriendo histórica, social y culturalmente a lo largo de los siglos. Pero debemos hacerlo desde la posición que nos corresponde: un papel secundario en una lucha que jamás debemos liderar ni pretender comprender del todo –porque no hemos vivido en nuestras carnes lo que significa ser mujer–, en la que debemos trabajar de forma activa no para ser vistos ni aplaudidos por nuestra descubierta sensibilidad, sino para reconstruirnos a nosotros mismos desde el feminismo, entendiendo que es un proceso que jamás estará completo, porque estaremos constantemente aprendiendo.

De ahí que el hecho de ser feministas no nos convierte ni de cerca en líderes de opinión ni en cabecillas del feminismo. Sería lo mismo que una persona heterosexual pretendiese liderar las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ… ¡Imposible! Primero, porque a pesar de su magnífica sensibilidad y empatía, jamás sabrá lo que es sentir miedo de decir “te quiero” o “me gusta esa persona”, o de ir de la mano por la calle con la persona que quiere sin preocuparse por el sitio, la hora o si hay más gente o no; segundo, porque jamás ha sentido ni vivido dentro de su cuerpo las sensaciones, pensamientos o emociones de una persona del colectivo, que no es que sean distintas, pero muchas se viven de forma diferente; tercero, porque no ha sentido la presión de ocultarse o de esconder sus sentimientos… Y podría seguir, pero creo que queda claro el concepto: podemos ser feministas, pero como aliados de la causa; con la idea certera y convencida de que somos apoyo en una lucha que, si bien nos interesa y nos beneficia como personas y como sociedad, no es nuestra y nunca lo será. Al menos no en exclusiva.

Los hombres tenemos algunas ventajas adquiridas simplemente por el hecho de ser leídos socialmente como hombres, por mucho trabajo de equidad que se esté haciendo desde distintos ámbitos de la sociedad. Todavía recuerdo el impacto que me provocó el testimonio de un hombre trans que, desde que comenzó a hormonarse con testosterona, ya no sentía miedo al ir por la calle de noche, porque el temor a una violación se desvanecía simplemente por el hecho de ser hombre. Eso nos demuestra la inmensa labor que tenemos por delante.

Esos privilegios de los que hablábamos podemos constatarlos en muchas experiencias: más libertades para chicos que para chicas, que ellas deben cuidarse más y ser más delicadas, no porque necesariamente lo sean, sino porque es lo que se supone que deben ser; más peligros para ellas en un sistema que permite sin pudor la cosificación de las mujeres, su explotación sexual, donde la prostitución está instaurada como una institución y que, además, es incapaz de erradicar la mutilación, la violencia, el asesinato sistemático, el acoso sexual, entre otras. Pero también se ve en el entorno laboral, en el universitario, en las salidas profesionales, en las carreras escogidas, en el cine, la televisión, los museos, la literatura… Y también lo palpamos en la sociedad y en esos arraigados estereotipos que persisten pese a todos los esfuerzos.

Sobre todo quedan en evidencia en la negación del machismo vigente, en la simulada ignorancia de quien dice no comprender la importancia del lenguaje, de los comportamientos sociales, de la publicidad y de los medios de comunicación en todo esto. Y más visibles son esos privilegios cuando hay personas que hablan de feminazismo como una corriente real, o de la imposición de la ideología –o últimamente también llamada dictadura– de género, una idea aberrante que no hay cómo cogerla, difundida con la única intención de minar, despreciar y desdibujar el motivo por el que estamos aquí: el fin de la opresión machista y del heteropatriarcado.

¿Suena apocalíptico? Seguro que más de alguien ha sentido correr un sudor frío por la espalda. Pero, si quitamos el populismo barato y la visión terrorífica de este motivo que nos ocupa, nos quedamos con algo que realmente no debería tener ningún tipo de contestación: la igualdad y el respeto a los demás sin importar su origen, su expresión, su ser. Es decir, una sociedad en la que los seres humanos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Es así de sencillo.

El primer paso para ser un hombre feminista, entonces, es aprender que la lucha no es nuestra y apoyarla. Después, vendría el largo y eterno proceso de desaprender los estereotipos, deshacerse de los privilegios y de enfrentarse a todo lo que se supone y se espera de nosotros por el simple hecho de ser hombres. Y el camino para conseguirlo está precisamente al lado de las mujeres, aprendiendo de ellas y, a través del cuestionamiento interno y compartido, replantearnos todo el sistema vigente para construir uno más equilibrado e igualitario.

 

http://tomasee.blogspot.com

 

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Pañuelazo por el derecho al aborto en Santa Fe, Argentina. 20 de julio de 2018

El pasado jueves 9 de agosto pudimos conocer los resultados de la votación en el Senado de Argentina sobre la Proposición de Ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Una Proposición de Ley aprobada en la Cámara del Congreso el pasado 14 de junio y que no ha conseguido sortear la votación de la Cámara Alta: 38 votos en contra frente a 31 a favor y dos abstenciones. Por tanto, el escenario no deja de ser desolador desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue manteniéndose como delito penado con hasta cuatro años de cárcel por mor de la dicción literal de los artículos 85 y 86 del Código Penal.

Téngase en cuenta el artículo 1 de la Proposición de Ley, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo

En este punto, debemos tener en cuenta los siguientes párrafos del artículo 85, anteriormente mentado: “El que causare un aborto será reprimido: (…) 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. En la misma línea, leyendo el contenido textual del artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo (...)”. A mayor abundamiento, repararemos en los supuestos de despenalización recogidos en el propio artículo 86 CP –cuya redacción data de 1921– en tanto que preceptúa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Por contra, téngase en cuenta la dicción literal de la Proposición de Ley objeto del presente texto, y, específicamente, sobre su artículo 1, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación a todas las mujeres en el marco del ejercicio del derecho humano a la salud.

Cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino

Las lecturas propuestas obligan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en (y ante) el discurso jurídico y el lugar dónde dicho discurso –en general– las (nos) sitúan en relación al sujeto abstracto y universal. Cuesta entender la negativa a nivel parlamentario (y no sólo) en relación al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuesta asumir el ostracismo jurídico al que se ven abocadas muchas mujeres –normalmente pobres o con escasos recursos– ante la negativa al reconocimiento de la autonomía corporal en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Pero es más, cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino (y su carácter normativo) tras la revisión de 1994, en donde incorporó una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos ampliando el corpus de derechos a nivel interno.

Recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW

De especial mención resultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y, específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Sobre este último texto tráigase a colación la delimitación normativa (y conceptual) de “discriminación contra la mujer”, y recuérdese que, con tal expresión, se alude a toda distinción o exclusión basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW, en cuanto instan a llevar a cabo y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y, de forma particular, a consagrar, en las constituciones nacionales (o cualquier otra legislación apropiada), el principio de igualdad y a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de dicho principio.

Llegados a este punto –y de forma sucinta– reflexionemos sobre las siguientes interrogantes:

- ¿Qué efectos sobre la vida de las mujeres va a tener el seguir penalizando la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de los artículos 85 y 86 del CP de 1921?

- ¿Qué mensaje se envía a nivel social en relación con la subjetividad jurídica y política de las mujeres?

- ¿Son las mujeres sujetos jurídicos/políticos en los mismos términos que los varones?

- ¿Ejercen las mujeres los derechos de ciudadanía –donde cabe englobar el derecho a la autonomía corporal– en los mismos términos que los varones?

- ¿Desconfía el Estado –en líneas generales– de las decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y salud reproductiva?

- ¿Y tras el veto del Senado y la negativa al reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos qué?

Por último, sólo quedan dos apuntes más: (1) la negativa del Senado constituye un acto de discriminación contra las mujeres en el marco de la CEDAW, incomprensible en pleno siglo XXI, y (2) evidencia la necesidad de constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de un nuevo pacto constitucional en el cual las mujeres sean verdaderas artífices y destinatarias del pacto de convivencia social. Un nuevo pacto para este avanzado siglo que debe garantizar el derecho de todas las mujeres a la autonomía corporal y a decidir libres de coerción, discriminación y violencia sobre su maternidad.

* A continuación, y para completar el análisis, se incluyen dos cuadros en donde se recogen los votos a favor y en contra por Grupos Parlamentarios en el Senado y por sexo, respectivamente.

 


 

La deuda de América Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de países

 

eldiario.es

 

  • En toda América Latina, el aborto solo es legal en 3 de 49 países: Cuba, Uruguay y Guyana
  • En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier situación
  • En la mayor parte del continente esta práctica es delito, aunque las legislaciones de algunos países incluyen excepciones que tienen que ver con violaciones o malformaciones

 


Cristina Armunia Berges / Raúl Sánchez / Ana Ordaz

 

América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.

La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.

El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.ç

 

"Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado", explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.

Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.

 

De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.

De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.

 

Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.

 

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Lunes, 30 Julio 2018 07:33

Jóvenes desiguales

Jóvenes desiguales

Enfrentar las condiciones del cambio demográfico exige considerar la dinámica del envejecimiento junto con las modalidades específicas de la desigualdad.


En el primer caso el asunto va mucho allá de las estadísticas que plasman de manera gráfica las pirámides de la distribución por rango de edades. Muestran claramente el achatamiento de las edades más bajas y el progresivo crecimiento de las más altas.


Esas cifras están cargadas de complejos significados que derivan de las condiciones sociales de los distintos grupos de la población. Esto requiere de un acercamiento en términos de intersección.


Además de la dimensión por generaciones, por ejemplo, la de los jóvenes, hay que tratar explícitamente otras como el género o la clase. Es obvio que no todos los adolescentes son iguales en cuanto a su vulnerabilidad y se han de diferenciar las medidas aplicables de política pública.


Pablo Simón (Universidad Carlos III) atiende el riesgo de pobreza desagregado por estrato, y no en términos seculares, sino cíclicos. Otro indicador es el de devaluación salarial, o sea, ingreso y poder de compra y el patrón de recuperación. Esto incide sobre el horizonte de las expectativas y en todos los casos afecta no sólo a los individuos, sino al conjunto familiar.


El mercado de trabajo es crucial en la dinámica social por rangos de edad: cantidad de trabajo y condiciones del empleo. En general se advierte una mayor precariedad de los empleos (entrada al primer trabajo, remuneraciones, calificación, plazo de contrataciones, informalidad, acceso a servicios públicos, etcétera) que también se diferencia en el interior del estrato de los jóvenes.


Se habla de una nueva normalidad del mercado laboral, que se adapta a las condiciones de gestión de las políticas monetaria y fiscal de los gobiernos.


Las condiciones laborales tienen una relación estrecha con el sistema educativo. Una percepción generalizada es que los jóvenes están menos preparados que antes. Según los especialistas, esto no es correcto.
Los estudiosos se enfocan en criterios como el porcentaje de titulados, tasas de deserción escolar, falta de titulación y el acoplamiento entre las calificaciones adquiridas y las demandas del sector productivo.


Dos asuntos sobresalen en este terreno. Los jóvenes que hacen funciones por debajo de su nivel de formación y lo que Simón califica de verdadero drama social que son todos los adolescentes expulsados del sistema educativo. La ausencia de estudios básicos, resalta, acrecienta enormemente la vulnerabilidad.


El sistema político y económico en México adolece de una efectiva capacidad distributiva en general y en especial en el caso de la población de jóvenes. El sistema de cotizaciones a la seguridad social debe reforzarse con otro tipo de transferencias y aminorar las cargas impuestas por el mercado de trabajo, que se suman a las condiciones de carencia familiares.


Crear nuevas oportunidades de educación superior, según propone el gobierno recién electo, es una medida que se incrusta en las consideraciones que aquí se hacen. Las medidas en este campo no pueden aislarse del contexto general y particular en el que se desenvuelve la existencia de los jóvenes.


La forma en que se reconfigure los niveles de media superior y superior debe estar muy bien articulada con los contenidos del sistema educativo. Cantidad y calidad requieren de un balance para llegar a un objetivo posible y sensible en materia propiamente educativa, social, productiva y, también, presupuestal.


Añado que la educación en una sociedad como la nuestra demanda un balance entre las profesiones científicas, técnicas y las humanidades. Esta no es una posición romántica ni antigua, y debe debatirse en el país de forma explícita.


Por otra parte, está la desvalorización social de las ocupaciones técnicas y artesanales que requieren de una especialización y la capacitación para el trabajo. Hay casos en que a esas labores debe dárseles y otros devolverles tal valor económico y social.

 

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¿A quién le conviene la Ley Lleras 6.0?

Multinacionales de la cultura y de otros órdenes, atacan de nuevo, ahora con la pretendida Ley Lleras 6.0. Al filo de quedar todos como criminales, restringidos en nuestras necesidades de saber, conocer y compartir sin necesidad de estar mediados por patentes y semejantes, todo ello para que le abran la puerta a Colombia en la Ocde.

 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, es uno de los sueños del presidente Santos. Sin embargo, las normas que la Ocde establece para convertirse en socio del denominado “club de los ricos”, favorecen a las potencias económicas garantizándoles mercados y normatividad en los países débiles. Con este propósito y en primer lugar, Colombia debe cumplir una serie de recomendaciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya se tomaron medidas como la Ley Zidres que garantiza la entrega de tierras a las multinacionales y al gran capital. Otra es la exigencia de sacar al gobierno de las juntas de las empresas del Estado; con este fin, el gobierno ha pedido plazo para retirarse del Banco de la República y de otras entidades. En materia de empleo y seguridad social se propone la eliminación del salario mínimo y la reforma pensional.

 

Continuando con las exigencias, y en un acto que solo puede ser clasificado como chantaje, el 14 de febrero el jefe comercial de E.U. le envió una carta a la Ministra del Comercio de Colombia, María Lorena Gutiérrez, poniendo como condición tres normas para que E.U. apruebe el ingreso del país a la Ocde: en primer lugar, eliminar el sistema de chatarrización de camiones, golpeando a los pequeños y medianos camioneros. Como segundo punto, se intenta impedir que Colombia reduzca los precios de algunos medicamentos. Y como tercera obligación, exigen la aprobación de la última versión de la denominada Ley Lleras, donde se revisan los conceptos sobre derechos de autor y libertad de acceso en las redes.

 

A pesar del hundimiento en el Congreso colombiano de la quinta versión, el pasado 21 de marzo, el gobierno insiste en su propósito de cumplir las exigencias americanas y reintroduce la última versión denominada Ley Lleras 6.0. El origen de este proyecto proviene de un compromiso de Colombia a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y en un marco internacional en el que las grandes potencias, en razón del gigantesco desarrollo de sus “industrias culturales”, han multiplicado ganancias a costa de la privatización de la cultura y del control absoluto de los “mercados culturales”. La Ley Lleras inicial (así bautizada por el nombre de su proponente, Germán Vargas Lleras) y sus subsiguientes versiones, va mucho más allá que la Digital Millenium Copyright Act de E.U, norma que protege excesivamente a las multinacionales del entretenimiento y atenta contra el derecho a la información, a la cultura y a la búsqueda del conocimiento.

 

El TLC es una herramienta comercial, y por eso la actualización de las normas sobre el derecho de autor funciona más para los titulares de los derechos y para las empresas. En contraposición al derecho francés, donde el derecho de autor pertenece al creador, en los TLC lo enmarcan dentro del concepto anglosajón del copyright, donde los comercializadores son quienes se apropian de las obras. Dentro de este “novedoso” concepto de propiedad, donde los negociantes son quienes se benefician del conocimiento y del patrimonio intelectual de la humanidad, convirtiéndolos en el terreno de lucro de unos pocos, el proyecto de Ley Lleras 6.0 propone ampliar en veinte años el período de su dominio público para las personas jurídicas (de 50 a 70 años).

 

Marcela Palacio, abogada y autora del libro “Derecho de autor, tecnología y educación para el Siglo XXI”, dice que de entrada “Esta Ley es mucho más dura de lo que incluso requiere el TLC”. La 6.0 tiene implicaciones que van más allá de los compromisos del TLC con E.U. y está vinculada a los requisitos del posible ingreso en la Ocde. La 6.0 modifica substancialmente todo lo relacionado con las Medidas Tecnológicas de Protección, MTP, lo cual representa importantes riesgos para la sociedad, pues limita el uso justo el conocimiento.

 

Las MTP, para salvaguardar materiales u obras protegidas y derechos de autor, pueden dividirse en dos categorías: medidas de acceso y de uso. El TLC se refiere solo a aquellas de acceso (y plantea excepciones). En la nueva Ley se incluyen ambas, a diferencia de Estados Unidos, donde no se castiga la violación de medidas de uso pues se considera que el consumidor puede practicar el “fare use” (uso justo), lo cual permite utilizar el potencial que ofrece la tecnología. Tampoco contempla la posibilidad de implementar el “fair dealing” (transacción justa), o un sistema de flexibilización para la sociedad de la información.

 

No se consagra un sistema para las “Obras huérfanas” (obras protegidas por derechos de autor, cuyo responsable, el autor o titular, no se puede identificar o localizar) que cobije realmente las necesidades de los archivos, centros de documentación, bibliotecas, o de cualquier individuo. Adicionalmente, no se ocupa de las obras no publicadas y restringe ampliamente los usos que se permite de ellas.

 

La Ley aprueba su uso por parte de personas jurídicas y no incluye a las naturales, lo que conlleva a la pérdida del patrimonio y a su acceso. La Nación renuncia a su derecho de propiedad y el de los creadores sobre el conocimiento, adjudicándoselo en propiedad exclusiva a los comercializadores.

 

En la Ley no son respetados los derechos de los discapacitados al no contemplar las necesidades particulares de este grupo poblacional que serán incluidas en el “Tratado de Marrakesh”.

 

Como parte de los compromisos adquiridos en el TLC, se reforma el marco legal del derecho de autor, y se contemplan penas que van desde multas y hasta la prisión entre 4 y 8 años, penalizando las conductas cotidianas del contexto digital y científico. Los estudiantes, profesores, investigadores, científicos y artistas, son tratados como criminales al usar para su trabajo el conocimiento, el cual queda convertido en propiedad de las grandes empresas. La piratería comercial no es paragonable al uso del patrimonio intelectual de la humanidad para fines investigativos, pedagógicos o para el trabajo individual.

 

De aprobarse esta Ley, será Estados Unidos, mediante la lista negra anual y pública de la Oficina de Comercio (Ustr) quien clasifique los niveles de incumplimiento de la propiedad intelectual de sus socios TLC. ¿Dónde queda, entonces, la soberanía si es solo E.U. quien tiene la autoridad para establecer las reglas, pasar al tablero y acusar? La Ustr actúa unilateralmente, desconociendo incluso los procedimientos para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial del Comercio, OMC.

 

Ante las pretensiones de Ley en cuestión, vale la pena recordar que el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura es un derecho reconocido en los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. El sistema internacional de derecho de autor reconoce la necesidad de establecer un marco legal balanceado que fomente la creatividad y permita la circulación del conocimiento y la cultura en beneficio del desarrollo y el bienestar de la sociedad.

 

La Ley Lleras 6.0 refleja la posición del Gobierno de acatar todas las órdenes que provienen del norte. Con la vana ilusión de pertenecer a la Ocde, se pretende que nuestro país implemente normas siempre más lesivas, las cuales se aplican para los miembros pobres mientras los socios ricos se benefician con múltiples cláusulas de excepción. Como en otras ocasiones, aquí vale el adagio popular de “el cura predica pero no aplica”.

 

* Presidente de la Unidad Nacional de Artistas.

 

Publicado enEdición Nº246
“Los hombres deben estar en el feminismo moderno”

La directiva de la agencia de Naciones Unidas aboga por un feminismo joven e inclusivo y sostiene que hacen falta cuotas de mujeres en la Administración y empresas

Martilleando estereotipos. Así, poco a poco, pero de forma constante plantea María Noel Vaeza, directora de programas de ONU Mujeres, la ingente tarea de debilitar y en última instancia acabar con los estereotipos de género que arrinconan a las mujeres y perpetúan actitudes machistas entre los hombres. “No todos los hombres son depredadores. Muchos no quieren estar en la misma bolsa”, afirma. Por eso aboga por un feminismo moderno, con una agenda amplia en defensa de los derechos de las mujeres, que cuente con los hombres. “Ellos deben también formar parte”, recalca en Madrid, donde ha acudido de viaje oficial para presentar el programa Ciudades Seguras y para reunirse con responsables del Gobierno y expertas.


La denuncia contra el acoso y los abusos sexuales que sufrieron durante décadas cientos de mujeres en la industria del cine alumbró el año pasado al movimiento #MeToo. A esa oleada de alcance mundial la había precedido #Niunamenos, en rechazo a la violencia de género en América Latina. Los movimientos de mujeres viven un momento de efervescencia, como se vio el pasado 8 de marzo, cuando decenas de miles salieron a la calle en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer, para denunciar y visibilizar la desigualdad y la violencia que sufren a diario. Este sentir, considera Vaeza, está llegando a todas las regiones del mundo. "Es como que la gente se está despertando y está diciendo bueno basta. Ahora nos toca hablar”, afirma.


Desde ONU Mujeres, la directora de programas de la agencia internacional quiere alentar esos movimientos de mujeres. "Estimulándolos, pero no desde el feminismo clásico de élite. Sino que sea el feminismo joven, el que incluye a hombres; hombres jóvenes y dinámicos que quieren una nueva masculinidad", asegura la uruguaya. "Eso, para nosotros es fundamental”, recalca. España asiste conmocionada a la sentencia por el llamado caso de La Manada, en el que cinco jóvenes acusados de la violación grupal a una joven en las fiestas de San Fermín en 2016 han sido condenados por abusos y no por violación. Una condena que ha encendido el debate sobre la legislación de los delitos sexuales. Poco después de que se hiciese pública la sentencia, en Chile, una mujer fue violada en grupo por un grupo de hombres en las proximidades de una parada de metro. En India, una joven que denunció otra violación grupal fue quemada viva por señalar ante la policía a sus agresores. Algo tiene que cambiar.


Vaeza habla con voz pausada, pero firme, de generar un movimiento con una agenda que abarque los distintos ámbitos que afectan a la mujer. “No es solamente el tema de la violencia de género, es el acceso a la justicia, el empoderamiento económico, las alianzas”. "En los Parlamentos solo hay un 23% de mujeres, de media. Y solo un 9% de alcaldesas. Eso no es nada", exclama Vaeza, que visitó la redacción de EL PAÍS y se reunió con un grupo de mujeres periodistas.


La directora de programas de ONU Mujeres ve un rayo de esperanza en los hombres que se quieren sumar al cambio, como ha demostrado la iniciativa He for She, que promueve la institución, y en la que participan 10 presidentes del mundo, como el de Uruguay, Tabaré Vázquez, entre otras destacadas figuras de empresas y Universidades. Y a ese compromiso, la experta añade otra gran clave: la política del cuidado. "Si no existen políticas públicas, claras de cuidado de adulto mayor y al niño, es imposible que las economías de los países crezcan y las mujeres salgan a trabajar”, resalta.


La Economía es otra de las claves en este proceso. En momentos de crisis, de datos negativos del PIB, en los que los Gobiernos buscan políticas originales para impulsar el mercado laboral, Vaeza lo tiene claro: “Si el crecimiento económico mundial está estancado es porque la mujer no participa, y hasta que la mujer no participe no va a haber crecimiento económico”. Citando estudios de distintas consultoras, asegura que el mundo crecería un tercio más si la mujer entrara al mercado laboral. “Estamos hablando de trillones de dólares. ¿A qué estamos esperando?”. A la pregunta de por qué no se está haciendo más con esos datos sobre la mesa, Vaeza lo tiene claro: “Seguimos en una sociedad patriarcal, hay 11 presidentas mujeres en 200 países”. Recuerda, además, que hay todavía 56 países en los que las mujeres no pueden heredar la tierra, ni se les permite abrir una cuenta solas y sociedades en las que el divorcio puede representar su fin.
“Es una cuestión de poder. Hablémoslo claro y duro”, concluye la directiva, que considera que, en realidad, ese es el motivo de las desigualdades en el mundo. “El que tiene el poder no lo cede y es cuestión de desmontar esos arquetipos”. Vaeza se muestra partidaria de las cuotas, aunque sea de forma temporal, para acortar la brecha histórica de la incorporación de la mujer al ámbito laboral fuera del hogar. Se calcula que todavía las mujeres van a tardar 89 años en alcanzar una igualdad económica. “No es cuestión de opacar o suplantar, porque si amplias la torta no le quitas el espacio a nadie”.


Madrid 14 MAY 2018 - 02:18 COT

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Por qué la gente joven se está uniendo de nuevo a los sindicatos en EE UU

La gente joven está en un punto de inflexión. Está frustrada por un sistema cuyas grietas fueron abiertas por generaciones anteriores, pero que solo se han propagado completamente para la suya.

En la Marcha por Nuestras Vidas en Washington DC, los rayos de sol atravesaban un marzo extemporáneamente frío, a través de los ordenados edificios brutalistas que bordean Pennsylvania Avenue. Cientos de miles personas inundan la avenida, igual que han estado inundando las líneas telefónicas y los correos electrónicos de los legisladores en las semanas recientes. En un escenario estratégicamente posicionado respecto al edificio del Capitolio, el joven de 17 años Cameron Kasky, un superviviente del tiroteo de Parkland [masacre en febrero de este año], ofrece esta declaración:


“A los líderes, escépticos y cínicos que nos dijeron que nos sentáramos y nos quedáramos callados, esperad vuestro turno: bienvenidos a la revolución. Es una poderosa y pacífica porque es de, por y para la gente joven de este país. Desde que este movimiento empezó algunas personas me han preguntado: ‘¿Crees que va a venir algún cambio de esto?’. Echad un vistazo, nosotros somos el cambio. Nuestras voces son poderosas, y nuestros votos importan. Así, prometemos arreglar el sistema roto en el que se nos ha obligado a estar y crear un mundo mejor para las generaciones que vienen. No os preocupéis, nosotros nos ocupamos”.

La declaración de Kasky trataba, por supuesto, sobre las armas. 17 de sus compañeros de clase y profesores le habían sido arrebatados, y a sus familias, amigos y a sus propios futuros, cinco semanas antes por un tirador que usó un arma automática para matar 17 personas en seis minutos y 20 segundos. También habían sido arrebatados por un sistema. Un sistema político en el que una amplia mayoría de estadounidenses, y especialmente los jóvenes, defienden políticas para frenar las muertes por armas de fuego, pero los políticos, sobornados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), no escuchan.

La gente joven está en un punto de inflexión. Está frustrada por un sistema cuyas grietas fueron abiertas por generaciones anteriores, pero que solo se han propagado completamente para la suya. Experimentan niveles sofocantes de deuda estudiantil junto a salarios e igualdad de ingresos en declive mientras ven empresas que monopolizan industrias enteras, y a veces incluso elecciones nacionales. La representación —la representación real— parece más teoría que realidad.

La gente, finalmente, está empezando a advertir el activismo de la gente joven para arreglar ese sistema. Sin embargo, muchos están confundiendo la nueva ola de cobertura mediática dedicada al activismo político juvenil con un activismo político recién adquirido por la gente joven. No es que la gente joven haya sido siempre políticamente inactiva, es que su activismo ha existido en lugares donde las generaciones mayores no están acostumbradas a mirar: en los campus universitarios, como el movimiento Know Your IX [en referencia al Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, relativas a la discriminación por razón de sexo] y las campañas por la igualdad de matrícula para los estudiantes indocumentados, y en movimientos activistas como #BlackLivesMatter [Las Vidas Negras Importan, contra la brutalidad policial], #ByeAnita [una exitosa campaña para conseguir que Anita Álvarez, fiscal del estado en el condado de Cook (Illinois), no fuera reelegida debido a su escaso empeño en perseguir a policías involucrados en casos de asesinato] y #Occupy.


Y ahora, cada vez más, en los sindicatos.


Por primera vez en décadas, la afiliación sindical aumenta entre la gente joven. Históricamente, la gente más joven no ha estado sindicalizada, y sus tasas de afiliación sindical estaban muy por detrás de los adultos más mayores. Pero, al igual que las leyes sobre armas que ya están siendo enmendadas, eso también está empezando a cambiar.


Según el Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), en 2017 había 262.000 nuevos afiliados a sindicatos en Estados Unidos. El 75% de este aumento vino de gente joven (que el EPI considera aquellos con 34 o menos años, pero para los propósitos de este artículo, en general se refiere al subconjunto de más edad de la Generación Z y de la mayoría de los millennials, entre 16 y 35 años). La gente joven también tiene las actitudes más positivas hacia el trabajo organizado de entre todas las generaciones, y su apoyo en cuanto a partidos políticos se inclina profundamente hacia aquellos que defienden políticas a favor de los trabajadores (como posicionarse contra las leyes antisindicales), incluyendo los Demócratas y, cada vez más, los Socialistas Democráticos (DSA, por sus siglas en inglés).


Pero, por algún motivo, a diferencia de las generaciones previas, la organización laboral de la juventud no se ve como una parte integral de su organización, en general. Mientras mucha gente está documentando el aumento de la afiliación sindical juvenil y mucha más está describiendo el liderazgo juvenil en los espacios activistas, lo que falta es la idea de que estos dos fenómenos son en realidad uno: la gente joven está volviéndose hacia válvulas de escape exteriores que le permiten ejercer su política como resultado de un sistema político que, en general, no lo hace.

En un artículo para Jacobin Magazine, Micah Uetricht esboza la menguante relación entre la democracia dentro y fuera del centro de trabajo y, de igual forma, la relación entre la democracia económica y política. Para Uetricht —un estudiante de Sociología que se centra en el trabajo, miembro de DSA, y editor asociado de Jacobin— el activismo es el activismo, tenga lugar en el centro de trabajo o fuera de él. “Es un desarrollo relativamente reciente el que consideremos lo que ocurre en el trabajo como algún tipo de esfera separada de nuestras vidas en general”, dice. Añade: “La gente joven entiende eso y no le gusta vivir en una dictadura en el lugar donde pasan 8 o 10 horas cada día”.


Uetricht vivió algo parecido en su primer trabajo fuera de la universidad, cuando trabajó como cajero en un aeropuerto ganando el salario mínimo. Dice que él y sus compañeros de trabajo eran tratados como menos que humanos día a día, y que eventualmente decidieron sindicarse, otorgándole el descubrimiento de un sentido de voluntad de acción: “Nunca me había sentido tan indefenso como cuando era un cajero ganando el salario mínimo. En cambio, nunca me había sentido tan poderoso como cuando me uní a mis compañeros de trabajo, me enfrenté a mi jefe, y gané”.


Ese hecho —que las campañas de sindicalización frecuentemente no se centran sólo alrededor de mejores salarios o prestaciones, sino de un sentido de que se escuchará tu voz— es a menudo malinterpretado por aquellos que no están conectados con el movimiento obrero. Pero para Uetricht, que siguió hasta convertirse en un organizador sindical, la idea de la voz del trabajador, incluso si es para manifestar quejas sobre paga congelada o prestaciones sanitarias mediocres, no es simplemente un beneficio de los sindicatos; es ‘el’ beneficio. “Lo que aprendes inmediatamente como organizador —me cuenta— es que incluso en centros de trabajo con bajos salarios, el problema número uno que la gente tiene no son sus bajos salarios sino una falta de respeto”.


Una falta de respeto también está impulsando principalmente la frustración de la juventud con el sistema político. Cuando Kasky, el superviviente de Parkland de 17 años, habló en la Marcha por Nuestras Vidas, dijo que “nuestras voces son poderosas, y nuestros votos importan”. Lo dijo en contraste con el statu quo, en el cual las voces de la gente joven no se ven como poderosas, ni sus votos. Y, mirando la historia reciente, no es difícil entender por qué ésa puede ser la percepción de Kasky del statu quo.


Los votos de la juventud fueron desdeñados por un sistema electoral que favorece las áreas rurales y dispersas, rebajando desproporcionadamente las grandes cantidades de jóvenes que vivían en ciudades en 2016. Sus ideas de restricciones más fuertes sobre las armas de fuego, controlar a los grandes bancos, y apoyo a los derechos de las personas LGBTQ, los inmigrantes, la gente de color y las personas de diferentes creencias religiosas han sido continuamente superadas por las generaciones más mayores y los intereses particulares.


Viéndolo a través de esa lente, no sorprende que la gente joven haya considerado trabajar dentro del sistema político estadounidense como algo ineficaz y, honestamente, no digno de su tiempo. En vez de eso, la juventud ha redirigido su activismo hacia diferentes tipos de válvulas de escape, donde su esfuerzo sí puede dar lugar a resultados tangibles. Válvulas de escape como los sindicatos.


¿Qué significa esto para el movimiento obrero? Un centro de trabajo es, en el nivel más fundamental, un microcosmos del sistema político. Están aquellos que tienen el poder, los jefes, y los que no, los trabajadores. Con el paso del tiempo, el equilibrio de poder oscila; cuando los sindicatos son fuertes, el equilibrio gira más profundamente hacia los trabajadores, y cuando los sindicatos son débiles, el equilibrio favorece a los jefes. Cuando los sindicatos son poderosos, los trabajadores tienen algo parecido a una voz en la dirección de su país, un contrapeso para grupos de intereses particulares como el Consejo de Intercambio Legislativo Americano (ALEC, por sus siglas en inglés) o la Cámara de Comercio de EEUU.

Julia Ackerly está trabajando para desarrollar a los sindicatos hasta ese nivel. Con 27 años, ha trabajado en campañas del Partido Demócrata durante la mayor parte de su vida adulta: trabajó como organizadora y directora regional para la campaña de Bernie Sanders en las primarias de 2016, y después para el intento de Larry Krasner de ser fiscal de distrito de Philadelphia, que atrajo atención nacional por cómo Krasner buscó usar esa posición para promulgar una visión progresista del sistema de justicia criminal. Ackerly siempre ha trabajado en campañas que trabajaban de cerca con el trabajo organizado. Pero nunca había estado en un sindicato.


Eso cambió cuando se formó la Asociación de Trabajadores de Campañas (CWG, por sus siglas en inglés). La idea tras el CWG es bastante sencilla: espera sindicalizar a los miembros del personal de las campañas, que sufren duras condiciones laborales en las que proliferan la mala remuneración y prestaciones y los largos horarios, justificados por los directivos como sacrificios por una importante causa. CWG está organizando actualmente campañas una por una: su primera campaña de organización exitosa fue la de Randy Bryce, el candidato que esperaba ganar el escaño en el Congreso del presidente de la cámara, Paul Ryan, y ha organizado desde entonces diez campañas más, hasta un total de 11 en marzo de 2018. Pero espera organizar en última instancia a plantillas enteras de las campañas de los partidos en el futuro.


Ackerly, que ayuda a organizar personal de campañas y ella misma es ahora afiliada de CWG, dice que tener una capacidad colectiva de ser escuchados y respetados en el trabajo es un “factor muy motivador para las campañas de sindicalización”. Destaca la creación de protocolos para denunciar acoso sexual y discriminación como una de las mayores motivaciones que los miembros de las plantillas tienen para organizarse. Lo cual, de forma reveladora, es también uno de los mayores movimientos activistas, que domina en las conversaciones en las salas de estar de los hogares y en las salas de descanso de las empresas, mientras continúe el movimiento #MeToo [`Yo También’, que denuncia el acoso sexual].


La gente joven domina el personal subalterno de las campañas y también han constituido una parte importante de la fuerza motriz detrás de plantillas de campañas recientemente organizadas, según Ackerly. Jake Johnston, el vicepresidente de Organización del Sindicato de Empleados Profesionales del Sector sin ánimo de lucro (NPEU, por sus siglas en inglés), que incluye a algunos miembros de la plantilla de TalkPoverty [medio autor de este artículo], ha visto de igual manera a la gente joven llevar la batuta en las organizaciones que se han constituido recientemente bajo NPEU, y en el mismo NPEU.


Para Johnston, la acción colectiva tiene lazos implícitos con el activismo, en general. “La realidad es que nuestro sistema político realmente ha suprimido una parte significativa de este país. Creo que claramente hay un rechazo del statu quo, y sin embargo hay tan pocas vías para intentar cambiar eso”, dice. “Ya sea uniéndose a DSA, a un sindicato, una campaña de sensibilización o una campaña electoral, la gente está intentando cambiar eso. Todo el mundo necesita una válvula de escape para el activismo”.


Eso es cierto para la juventud en concreto. Durante demasiado tiempo, han sido las víctimas de un sistema económico y político que no funciona para ellos, mientras se les ha negado la oportunidad de cambiar ese sistema.


Ya sean estudiantes como Cameron Kasky gritando sobre la NRA en un micrófono que reverbera desde el Capitolio a la Casa Blanca, gente joven como Julia Ackerly organizándose en una industria que nunca antes ha sido sindicalizada, o activistas como Micah Uetricht organizándose en su propio centro de trabajo, la juventud se está negando a formar parte de un sistema político que ha ahogado consistente y metódicamente su voz. En vez de eso, ellos han llevado sus voces a otro sitio, a válvulas de escape como sindicatos o movimientos activistas donde —finalmente— se están escuchando sus voces.


Traducción: Eduardo Pérez

2018-05-08 06:58:00

 

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"El Frente Sandinista ni es de izquierdas ni representa a la memoria de la revolución"

La activista feminista Rebeca Mora, que lideró junto a sus compañeras varios grupos de manifestantes, explica que llegó a temer por su vida

Los jóvenes nicaragüenses tiene dos consignas claras: defender a la Upoli y dejarlo todo grabado. La primera, la Universidad Politécnica de Nicaragua, es el bastión del que depende que la protesta tome forma y consiga que se tambalee el Gobierno de Ortega. La segunda consiste en defenderse a golpe de móviles y cámaras. Los que tienen las camionetas, las motos y las armas son la policía y las Juventudes Sandinistas.


"Lo estamos dejando todo documentado por si nos pasa algo", explica Rebeca Mora, activista feminista de 26 años que participó en las movilizaciones de Managua de la semana pasada. Por el momento, se contabilizan 38 muertos y, según reconoce Mora, todavía hay gente detenida y desaparecida.


El origen de las protestas no es solo la reforma de las pensiones que anunció el Gobierno de Daniel Ortega. A este hecho, que empobrecería todavía más al país, se suman otros como el del aumento de los salarios de las autoridades, cuenta la activista, y la pasividad de Ejecutivo ante los incendios de Indio Maíz.


"La reserva biológica de Indio Maíz, que es el pulmón de Centroamérica, se estaba quemando y comenzaron a aparecer sospechas sobre si el Gobierno estaba detrás de la quema porque por esa zona es por donde pasa una de las rutas de un proyecto canalero", asegura la activista para dar a entender que el descontento es generalizado y muy anterior a los motines de la semana pasada.


Los ecologistas, las feministas y los estudiantes estallaron cuando se produjo el primer muerto durante las manifestaciones contra la reforma de la Seguridad Social.
"Lo que quieren hacer con esta reforma es que el pueblo pague una deuda que se ha producido por un mal manejo de la institución pública, porque el dinero de la Seguridad Social el Gobierno lo ha invertido, por ejemplo, en bienes raíces", protesta.


Las Juventudes Sandinistas, "el aparato del Gobierno"


Rebeca Mora vive en los alrededores del Camino de Oriente, lugar en el que se produjeron las primeras protestas violentas. "Te lo digo, he estado desde muy pequeña en marchas de todo tipo en este país y jamás habíamos sentido una represión tan fuerte", cuesta creer que pocas horas después del inicio de su relato habría varios muertos en las calles.


Mora decidió grabarlo todo y emitir por Facebook Live. En uno de sus vídeos se ve cómo llega despavorida a un restaurante y cómo va llegando gente que ha sido golpeada por la policía o por las juventudes que, según explican, son "el aparato del Gobierno". Entre ellos está Julio, un periodista del programa Onda Local que estuvo tres días con amnesia temporal. "El compañero Julio ya está recuperado", confirma Mora.


"Desde Camino de Oriente, la protesta quería dirigirse a la Uca y nos acordonaron los antimotines [las Juventudes Sandinistas] frente a una rotonda. En ese momento, vimos venir a cinco camionetas llenas de chavalos jóvenes. Mientras corríamos, los sentíamos a nuestra espalda. Yo logré correr y meterme en un restaurante con otras cuatro chicas. Nunca había corrido así en toda mi vida, corrí por mi vida", lo cuenta con una mezcla extraña de agobio y frialdad, quizá porque el otro lado del teléfono está a miles de kilómetros.
Por suerte, no estuvieron solas. "El señor de seguridad nos vio y nos metió para adentro. Él salió al frente de los chavalos que nos perseguían y les preguntó que qué pasaba. Este es un lugar privado y aquí no pueden estar, les dijo. Todo ese rato, el señor estuvo sosteniendo su escopeta en la mano".


Después de cuatro horas en el restaurante, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras se organizó en sus propios vehículos para sacar a toda la gente que se resguardaba en los comercios de la zona porque los sandinistas les esperaban en la calle.


Ahora las activistas se sienten perseguidas. Creen que vigilan sus movimientos cada vez que se reúnen. "Yo he sido perseguida dos veces mientras iba a reuniones. Lo hemos denunciado, lo hemos hecho público todo para que quede documentado, también por si nos pasa algo".
¿Qué piden los estudiantes desde la Upol?


El Gobierno ha dado un paso atrás y ahora se ofrece al diálogo. Las calles de Managua permanecen en una extraña calma que no tranquiliza a nadie. El Movimiento Nacional de Jóvenes Universitarios 19 de Abril pide, en primer lugar, justicia para "los chavalos que fueron asesinados". Quieren que haya un mecanismo que haga justicia porque, según Mora, no fue solo la policía la que mató a estudiantes, también fueron los jóvenes afines a Ortega.


A largo plazo, quieren que el diálogo no sea solo entre Gobierno, Iglesia y empresa privada, quieren que el pueblo cuente. Y, por encima de todo, piden que "Daniel (Ortega) se vaya".


"Tras 16 años de gobiernos neoliberales, cuando regresan al poder [el sandinismo], la gente lo vislumbra como un verdadero cambio, como integradores sociales", relata Mora. "Pero después de todo este tiempo hemos visto que esto no es así. Aquí no hay ningún partido político que represente a la población, ni que represente o aglutine a la izquierda". Recuerda que por un lado está el Gobierno y por otro los "diputados zancudos", que son la oposición doblegada a Ortega.


"Este Gobierno se declara de izquierdas porque son el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero realmente ya no son de izquierdas. No son de izquierdas ni son representativos de lo que fue la lucha de izquierdas ni de lo que es la memoria de la revolución. Esto es una traición a los muertos de la revolución", concluye.

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El campesinado sí es un sujeto político de derechos

No es de ahora, así ha sido desde décadas atrás: la movilización y la puesta en marcha de diferentes alternativas organizativas, ha sido la única alternativa encontrada por el campesinado colombiano para gozar de su derecho al territorio, permanecer allí y construir en comunidad una vida digna. En su gesta en procura de la tenencia y redistribución de la tierra ha luchado contra los terratenientes, contra las políticas del Estado y contra las multinacionales.

 

Como parte de esa raíz, en el departamento del Cauca, a partir de la movilización acaecidas a lo largo de la primera década de este siglo, se conformó en julio del 2012 la Mesa campesina del Cauca, donde participan el Cima, Fensuagro, Marcha Patriótica, Pup.Soc, Ordeurca, Acader, Ascar de Playa Rica, Concejo comunitario de Renacer de Micay, municipio del Tambo, Asocomunal del Plateado y del municipio de Argelia1. Ahora ya son seis años durante los cuales esta mesa aporta a la solución de las tensiones de tierras y territorios entre las comunidades de esta región, entre ellos los municipios de Cajibio, Popayán, Timbio y Rosas, tensiones presentadas en especial por los sectores afines al gobierno nacional discriminando a los campesinos y afrodescendientes.

 

A partir de los paros del 2013, otros procesos se recogen en esta mesa, articulándose a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, alimentando los pliegos locales del departamento del Cauca. Se agregan a los temas de tierras y territorios los temas de derechos y garantías, ambiental, educación campesina y deporte campesino; por lo que se desarrollan en dos comisiones: Tierra y Territorio –donde también se incluye al Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural liderado por el Viceministro de agricultura y el acompañamiento del Ministerio de Ambiente–. La otra comisión es llamada la Inter-ministerial, coordinada por el Ministerio del Interior, junto a los Ministerios de Educación, Salud, Minas y Energía, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes); ambas comisiones se reúnen mensualmente, de dos a tres días, con nuevos compromisos y seguimiento de la agenda, reunión siempre cruzada por la coyuntura política que obliga a modificar la agenda con reuniones extraordinarias.

 

Entre movilización y concertación, el campesinado caucano ha logrado a través de esta dinámica: la resolución 1817 del 29 de noviembre del 2017, la cual viabiliza la creación de un grupo de trabajo de asuntos campesinos con el objetivo de lograr la articulación entre el Ministerio del Interior y las entidades del campo. El otro logro, es el fallo en primera instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá de la tutela campesina interpuesta al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para que cumpla con la caracterización del campesinado. Proceso judicial que con el apoyo de la Comisión de Juristas, DeJusticia2, y que fue radicada el 23 de noviembre del año anterior, también entuteló a los Ministerios del Interior y Agricultura, al Instituto de Antropología e Historia (Ican), así como a la Presidencia de la República.

 

Esta acción judicial plantea: “El gobierno nacional debe saber cuántos campesinos existen en el país, además debe construirse y desarrollarse el concepto de campesino, a partir del concepto que se desarrollará en los 7 foros regionales enmarcados en otro acuerdo de la mesa del Cauca, con el objetivo de caracterizar al campesino colombiano”. Finalmente, otro de los logros alcanzados por el movimiento campesino caucano es la producción de políticas de inclusión campesina por parte del Estado.

 

Para que se cumplan estos logros, las organizaciones campesinas nacionales y regionales del Cauca harán el respectivo seguimiento, pero también pondrán sus ojos el sector académico (Universidad Javeriana, el Observatorio de tierras de la Universidad Nacional, la Universidad Externado de Colombia) la institucionalidad, con el marco de control realizado por la Procuraduría agraria, Defensoría del Pueblo y delegación de la Agencia Nacional de Tierras.

 

Al mismo tiempo, y como vía para recoger de manera más amplia las voces y propuestas del sector, se realizarán los foros regionales en 7 departamentos, junto a la creación de mesas campesinas por parte del Ministerio del Interior y el Dane para fortalecer el concepto de campesino. Mientras el gobierno nacional debe impulsar estas exigencias, las organizaciones campesinas y la Universidad Javeriana, con el acompañamiento de Dejusticia y Oxfam3 construirán antes de un año una propuesta de instrumento estadístico para que el Dane tenga un mecanismo de control campesino en el territorio nacional. Ya sea un censo campesino o una encuesta campesina hecha por regiones, está en diseño el camino para lograr que el campesinado colombiano sea un sujeto de derechos.

 


 

* Entrevista realizada a César William Morales, miembro del Comité de Integración del Macizo colombiano–Cauca y Nariño, vocero en la Cumbre Agraria y Mesa Regional del Cauca.
1 Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pup-Soc), Organización de Desarrollo Urbano y Rural del Cauca (Ordeurca), Asociación Campesina de Desarrollo Rural (Acader), Asociación Campesina de Playa Rica (Ascar), Asociación Comunal del Plateado (Asocomunal).
2 Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.
3 Oxfam es una organización benéfica cuyas siglas significan en inglés Oxford Committee for Famine Relief, muy conocida por sus campañas para recaudar fondos, su trabajo de ayuda al Tercer Mundo y su intento de promocionar el uso de tecnología básica y de los recursos locales renovables.

Publicado enEdición Nº244
En Bogotá, trabajadores del Distrito Capital en defensa de sus derechos

No es común que los trabajadores de planta de la Alcaldía de Bogotá salgan a la calle para hacerse sentir. Pues bien, este 22 de marzo realizaron un mitin al frente del Palacio Liévano, sede de la administración capitalina. Allí, bien trajeados y dispuestos, cerca de 600 trabajadores y trabajadoras respondieron al llamado de las centrales y federaciones que los aglutinan. Su propósito: defender sus derechos laborales.


Los puntos de reivindicación que los motivaron a manifestarse frente a las narices de una de las alcaldías más desprestigiada de los últimos años, parten del hecho de que en el juzgado 51 administrativo de Bogotá cursa una Acción Popular con la cual pretenden despojar a todos los niveles de empleos asistenciales, técnicos, profesionales y directivos de: prima Técnico profesional (40% asignación básica), prima de junio de 37 días, prima de vacaciones de 37 días, reconocimiento por permanencia (18%), bonificación por servicios prestados, prima sectorial (2%), prima de desgaste y alto riesgo visual; gastos de representación, prima técnica médicos y odontólogos especializados del sector de salud medio tiempo, prima secretarial, afectación negativa de cesantías y liquidación de la pensión.


Un pliego en proceso. Es necesario recordar que desde el 28 de febrero las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, se encuentran en proceso de negociación colectiva, después de presentar pliegos regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado.


En el evento también hicieron presencia los concejales del Polo Manuel Sarmiento y Celio Nieves por medio de su asesora Elizabeth Fuentes, quienes en sus intervenciones se comprometieron en realizar un debate de control político en el Concejo Distrital contra la administración de Bogotá por sus diferentes incumplimientos con la sociedad capitalina, el reiterado remolino de aseveraciones falaces en que se envuelve la figura del Alcalde, así como la inconsistente ejecución de políticas no contempladas desde el inicio de su campaña, amañando incluso su proceso de revocatoria.


Hay que decir que la puesta en marcha de esta acción popular por parte de la alcaldía que encabeza Enrique Peñaloza es un acto claramente ofensivo que pretende el desmonte del régimen salarial y prestacional del cual gozan los trabajadores distritales, régimen logrado a partir de sus propias conquistas y de los acuerdos que desde el 2013 le disputan al gobierno; que aunque ya sobrepasan el 60 por ciento de incumplimiento, significan importantes mejoras en sus condiciones laborales desde que los trabajadores del sector estatal gozan del derecho de negociación. Esta ofensiva de la Alcaldía es un ataque más en contra del sindicalismo colombiano, tan golpeado desde hace más de 30 años por la violencia, la cooptación y la cultura antisindical fomentada históricamente por el poder hegemónico en Colombia.


Los trabajadores de la ciudad exigen el cumplimiento del acuerdo laboral estatal distrital, con la firma del decreto que regularice el régimen salarial y prestacional del Distrito Capital. Al tiempo que así actúan, suman fuerzas para volver a levantar propuestas que renueven el movimiento sindical, lo articulen con otras comunidades afectadas por este modelo de ciudad y proyecten en Bogotá un movimiento social fortalecido por la valía de todos los derechos que merecemos para habitarla con dignidad.

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Jueves, 08 Marzo 2018 06:24

Girar

Girar

Tan enigmáticas somos, tan territorios íntimos y remotos, que así como hemos bajado la cabeza y dicho que sí y hemos olvidado ofensas para no contrariar al que nos había ofendido, así como hemos postergado nuestras amplitudes, también resultó que un día, uno más en muchos días extraordinarios de la historia humana, decidimos detener el mundo. Vaya propósito para estas criaturas quebradizas y anímicamente tuberculosas como esa dama que siempre se ahogaba en su camelia; vaya desquicio inesperado que comenzó a ocurrir hoy. No comenzó a ocurrir hoy, viene iniciándose desde hace siglos y seguirá. Las mujeres ya hemos soltado amarras porque hemos visto lo que siempre nos mantuvo quietas y muy cerca del muelle. Hemos visto que todo lo que durante siglos se nos ha dicho de nosotras (y tantas, tantas veces hemos creído como si ese dictado hubiese sido nuestra propia percepción), no era más que un hechizo mítico que comenzó en cada cultura y en cada continente a su modo, y en el nuestro, cuando en el relato original se nos hizo venir al mundo gracias a un pedazo de un varón.


Porque antes del falo fue la costilla. Las mujeres aparecimos cuando el hombre, que llegó antes al mundo, dice el relato, se sintió solo, y de una de sus costillas germinó una mujer. La primera reproducción humana de nuestra especie fue esa reproducción invertida, que sirvió luego para explicar míticamente la dominación. El patriarcado, que es el sistema, la perspectiva, la norma, la autoridad, la forma de explotación y discriminación inaugural de la humanidad, nos concibe inferiores y aunque las cosas hayan cambiado tanto, hay muchos planos paralelos en los que no han cambiado casi nada. Fuimos tributos entre reinos que se unían gracias al matrimonio, botines, herramientas y patos de la boda necesaria que decidiera el padre, el clan, el consejo de la tribu, la familia en cuyo centro estaba él. Fuimos las damas, las putas, las fregonas, las bailarinas virtuosas y las inhábiles, fuimos las que tallamos en las sombras las esculturas que firmaba un hombre, y también las que se metieron a monjas para no soportar toda una vida de obediencia al varón que nos tocara.


Fuimos las chinas que no podían hablar y que inventaron un alfabeto delirante esmaltado en los ángulos de sus abanicos. Fuimos las niñas africanas que sintieron la cuchilla entre sus piernas. Fuimos las Marilyn que le cantaron alguna vez el feliz cumpleaños al poder, y las que un día, aunque envidiadas por otras, descubrimos que estábamos completamente solas. Fuimos las que bailaron solas y se pusieron un pañuelo en la cabeza porque no se podía reclamar, pero sí dar vueltas y más vueltas a la pirámide mientras hombres armados gritaban “¡Circular!”. Circulamos. Y así como estamos seguras de que ninguna de nosotras ha olvidado jamás el aborto que se hizo, porque en cualquier biografía de mujer ese trance queda grabado como herida o una cicatriz, hace décadas reclamamos que todas tengamos las mismas posibilidades de abortar y no morir. Pero también somos las que no creemos que la maternidad sea nuestro destino obligado ni un síntoma psíquico repartido equitativamente en el género, las que vemos en las madres y en las abuelas el clímax del amor materno, el desaforado, el incontrolable amor materno, que baña hasta a los asesinos de los hijos, contra los que nunca se pidió más que justicia. Somos ésas aunque ellas empiecen a faltar. Esas nos parieron donándonos parte de la identidad femenina que es feminista porque una y otra cosa son mamushkas, no contrincantes.


“No soy feminista, soy femenina” es probablemente la frase que mejor sintetiza cómo las mujeres hemos mirado el patriarcado durante siglos con ojos ajenos, con los ojos del amo. Como si hubiera que renunciar a alguna parte que reconozcamos propia para admitir que somos además de otra manera. Somos de muchas maneras, pero hoy, en este mundo y como están las cosas, somos sobre todo las que advierten que algo hay que hacer. Que hay parar esta loca idea de supremacía que ahora ya nos da por sentadas pero no nos tiene por víctimas selectivas. La supremacía masculina ha derivado en una reacción conservadora que se especifica en la supremacía del hombre blanco. El que compra, tira o bendice las bombas que matarán a niños de pieles más oscuras y que viven en lugares que no importan. Esto tiene que parar. El que descerraja un disparo para que el muerto o la muerta aprendan quién manda acá. No alcanza la política ni la sociología ni el psicoanálisis ni las videncias ni las gargantas más poderosas para pegar el grito pertinente. Ya no somos nosotras en nuestro cuarto propio, ni nosotras detrás de la ventana. Somos las que salimos a defender el planeta, la mano que acaricia a la tierra que están envenenando. Ninguna de las pestes que cada día provocan tempestades, matanzas, crímenes, corrupción, guerras, mentiras en los diarios, es ajena al patriarcado. La verdadera costilla del patriarcado es el dolor

.
No hay ningún motivo para seguir creyéndonos chimpancés que dependen del alfa para su supervivencia. Y mientras tanto, ellos, que son o no son alfa, que son muchas veces machos humillados y deshechos por otros machos más poderosos que ellos, proveedores con alacenas vacías, se van dividiendo entre los que matan y los que comprenden. Todo gira. Giramos. Y girando es que intentaremos seguir parando el mundo. Mientras giremos el mundo notará que está quieto, como ha estado quieto desde hace siglos, quieto en el mismo movimiento, en la misma manera de entender la fuerza y la debilidad. Todo gira y el paro de mujeres, que aprendieron de sus madres y de sus abuelas muchas veces la audacia pero tantas otras la abnegación doliente, es una danza nueva.


El mundo no se lo esperaba. Y sucedió. Un día, las mujeres rasgamos el velo y vimos el ilusionismo por el que tantas y tantas fueron a la hoguera, a la cárcel o a la tumba. Y todos los platos revoleados por el aire porque la comida estaba fría, y todos los exhibicionismos que nos obligaron a ver penes desde que fuimos niñas, y todos los papeles secundarios de todas las películas y todas las historias fueron de pronto un gran escándalo retrospectivo por los abusos que estaban basados en una idea antojadiza: debíamos dejarnos someter. Giramos, aunque estemos quietas, porque paradas danzan en nosotras los millones de mujeres que no tuvieron la fabulosa chance de gritar juntas que no, y que basta.

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