Miércoles, 26 Abril 2017 15:06

Primero la propiedad privada, luego...

Primero la propiedad privada, luego...

De nuevo el bolillo y la amenaza. El pasado lunes 24 de abril fueron desalojados a golpes y empujones cerca de 400 familias, incluyendo menores de edad, pobladoras del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en Bogotá. Familias que llevaban allí entre dos años y seis meses de residencia. Para ocultar el atropello, la policía, en colaboración con algunos medios de comunicación, no ocultaron su esfuerzo para que la opinión pública creyera que los desalojados eran expendedores de drogas y que ellos mismos fueron quienes incendiaron sus casas para ocultar la evidencia.

 

El hecho de que los desalojados son recicladores facilitaría tal versión. Evidente discurso clasista. Sí, son recicladores, decenas de familias empobrecidas, excluidas, obligadas a brindarse un techo a como de lugar ya que los ingresos no les permite pagar un arriendo mensual y mucho menos abonar una deuda por veinte años para hacerse de una vivienda. Su falta de empleo seguro e ingresos fijos, no les permite proyectar gastos. Ante esta realidad, la invasión de zonas en las que corren el riesgo de sufrir enfermedades o algún tipo de desastre, al ubicarse, como en este caso, a orillas del río Bogotá, es su única alternativa.

 

Manipulación mediática más violencia oficial. Además, como prueba de la farsa entretejida alrededor del desalojo, cuyo único fin es evitar la indignación de la opinión pública, está el hecho de que la policía y los boinas verdes entraron a las casas de la gente con perros para buscar estupefacientes, pero no encontraron nada, lo que impidió judicializarlos por porte o tráfico de drogas. Los medios de comunicación oficiosos no pudieron mostrar evidencia alguna, solo palabras. Minutos después del ingreso de los uniformados y sus pesquisas dentro de las casas de muchos de los pobladores, ocurrió la conflagración de la que la población acusa a los verdes.


La comunidad afirma que el desalojo no sólo dejó heridos sino también muertos. Según relatan, una mujer de la tercera edad sufrió un ataque al corazón al momento del operativo uniformado. Otra joven embarazada perdió el bebe al ser pisada por los caballos de carabineros. Sin embargo, no hay registros que confirmen estos hechos. Se espera que las autoridades competentes aclaren esta situación.

 

 ¿Cuándo será que el problema de la tierra y de la vivienda encuentra solución efectiva en esta ciudad y en todo el país?

 

 

A continuación, presentamos imágenes de los efectos del desalojo.

 

Los desalojos se ubican en dos zonas distintas separadas por dos cuadras y sin conexión alguna. La primera se ubica entre las carreras 150 hasta la 153 con calle 143c. En esta fue donde hubo más represión y violencia por parte de la policía tras la resistencia que opusieron sus pobladores, quienes no tenían alternativa alguna de vivienda. La segunda zona afectada se encuentra al final de esta calle: en la carrera 155, ahí el camino se corta porque se atraviesa el río. Los pobladores aquí fueron engañados por la policía al decirles que nadie los sacaría de sus casas sin negociación previa. La imagen muestra a una familia de la primera zona con sus bienes personales. Unas de las pocas que pudo sacarlos antes de que las llamas consumieran todo.

 

 

La noche del 24 las familias desalojadas tuvieron que dormir en la calle. Muchos niños no pudieron asistir al colegio debido a que sus útiles escolares, junto a los uniformes, se perdieron en el incendio y no tenían dónde alistarse para salir a clase. Son sesenta las familias víctimas del conflicto armado afectadas en este hecho, proceden de los departamentos de Sucre, Chocó, Córdoba, Magdalena y Caquetá, muchas de ellas con 8 o 10 años de haber llegado a Bogotá y sin lograr resolver el tema de una vivienda digna ni el de los ingresos fijos. La gran mayoría no tiene familia cercana para reubicarse. Las madres les piden a las directivas de los colegios que no les quiten las rutas escolares. Dicen que como perdieron todo no han podido llevar a sus hijos al colegio, y que con tres fallas pierden el derecho a la ruta escolar.


Algunos vecinos se han solidarizado con los desalojados y les brindan alimentos. Las llamas también los dejaron sin ingresos al destruir lo que habían reciclado durante semanas de reciclaje.

 

 La mayor concentración de desalojados se encuentra a lo largo de la calle 143-b, desde la carrera 51.

 

 

  

Estas imágenes corresponden a las invasiones de la zona uno arriba descrita.

 

 

 

De manera pacífica, en horas de la mañana del martes 26 de abril salieron a protestar por una vivienda digna. En medios de comunicación funcionarios del Distrito afirmaron que los desalojados recibirán ayuda y que ya dieron casas a 50 personas. Sin embargo, no hay registro de dichos beneficiados y la población denuncia que la ayuda consiste en un pago de 150 mil pesos que no les alcanza ni para un mes de arriendo. Pero aún no han recibido la mínima ayuda. La colaboración ha venido de vecinos solidarios y de algunas fundaciones que operan en el sector. Los funcionarios públicos sólo hacen presencia frente a las cámaras para hablar de supuestas ayudan que no aparecen por parte alguna. Por eso la población quiere entablar un diálogo con el Alcalde mayor de la ciudad, para que les solucione el problema de vivienda.

 

Imágenes de la segunda zona desalojada.

 

  

Las personas heridas por acción de la policía o al intentar rescatar sus bienes, como un hombre que se cortó con una teja y otro que se clavó una puntilla, no han sido atendidos. Los casos más graves fueron llevados al hospital de Suba. Se desconoce su estado de salud. En imágenes se ve a un joven que fue golpeado con un bolillo en la quijada. La mujer de rosado muestra ante la cámara su brazo golpeado.

 

 

 

 

En la noche del 25 de abril la lluvia arreció y la gente, sin alternativa de techo, buscó refugio en las fachadas de las casas y en carpas improvisadas. A esa hora aún no recibían soluciones. Temían que a la madrugada llegara el Esmad a sacarlos. Si lo hacían, manifestaba la gente, no tenían otra opción que seguir invadiendo predios desocupados.

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Los Juegos de un poder que mueve millones

LA TRAMA NO TAN VISIBLE DE UNA CITA OLIMPICA EN LA QUE LOS GRUPOS ECONOMICOS SERAN LOS GRANDES GANADORES

En Río de Janeiro, la villa olímpica es hasta hoy motivo de discordia. Todavía resisten su desalojo vecinos de un barrio humilde y lindero a las instalaciones. Los negociados de Odebrecht y la corrupción política.


A 130 días de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro algo sigue oliendo a podrido en la ciudad. No es sólo la laguna de Jacarepaguá en Barra de Tijuca; tampoco la bahía de Guanabara, ambas contaminadas y en cuyas aguas o entornos se realizarán varias pruebas atléticas. Son también los negociados con tierras públicas en donde el Estado ha retrocedido hasta dejarle el camino libre a los grupos económicos, que serán los grandes ganadores de los Juegos sin jugarlos. En un curso reciente sobre Políticas de suelo y desarrollo urbano para periodistas que se dictó en Lima, Perú, organizado por el Instituto Lincoln de Estados Unidos y el Instituto Prensa y Sociedad, la abogada brasileña y presidenta de la Federación de Asociaciones de Moradores de Río, Sonia Rabello, describió cómo se gestaron operaciones ruinosas con tierras públicas y que favorecieron a privados como el gigante de la construcción Odebrecht. En el marco del caso Lava Jato que involucra a las principales figuras políticas de Brasil, el presidente de la compañía se encuentra detenido.


“El proyecto del Parque Olímpico empezó con la ocupación del área, que ya estaba prevista por el mercado inmobiliario antes de los Juegos de este año. En 1981 esta zona del autódromo no tenía coeficiente para la construcción. ¿Por qué no lo tenía? Porque las tierras eran públicas y tenían al autódromo de Jacarepaguá adentro. Era un área exclusivamente destinada a diversiones de naturaleza turística”, señaló Rabello, quien también fue concejal por el Partido Verde en Río de Janeiro.


El todopoderoso Odebrecht, que hace obras en distintos países, se asoció con otros grupos como Carvalho Hosken, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y OAS para levantar varias de las obras destinadas a los Juegos. Desde la línea 4 del nuevo metro que unirá al centro de la ciudad con Barra de Tijuca hasta la Villa Olímpica, entre otras.


Rabello sostiene que “todo es dinero público. Al comienzo el alcalde de Río, Eduardo Paes, decía que era una sociedad pública y privada, pero estos últimos no pusieron nada. La municipalidad regaló 600, 700 mil metros cuadrados de tierra pública en el área más privilegiada de la laguna de Jacapareguá y además, con los índices constructivos por los que no van a pagar nada. Este es un negocio redondo”.


Los potenciales constructivos o derechos para levantar determinada cantidad de pisos son la llave maestra del negociado con que Odebrecht ganará millones de dólares después de los Juegos. Por empezar, el complejo situado en tierras públicas de Barra de Tijuca se convertirá en un condominio privado, con unos 3600 departamentos de lujo que se venderán hasta 700.000 dólares cada uno. Hoy, en ese lugar donde se está terminando la Villa Olímpica que habrá costado –una vez finalizada– unos 700 millones de dólares, se levantan 31 torres de 17 plantas con 10.160 habitaciones, donde dormirán 18.000 atletas y personal olímpico.


Para que todo quedara en armonía con el medioambiente y los condominios que concibieron los desarrolladores para el público ABC1 que vive en la zona, el Municipio de Río desalojó por la fuerza a la mayoría de los habitantes de la Vila Autódromo, llamada así porque se levantó al lado de la pista donde Carlos Reutemann ganó los grandes premios de Fórmula Uno en 1978 y 1981. En ese barrio humilde los vecinos tenían títulos de propiedad por 99 años que les fueron concedidos en algunos casos por el gobierno de Leonel Brizola en 1997. Pero las topadoras arrasaron con casi todas las viviendas.


“Veo al Parque Olímpico crecer y a mi comunidad destruida, es un crimen”, denunció el año pasado María da Penha Maceda, referente de esa barriada que sufrió, además de la demolición de su casa, la fractura de su nariz durante una represión de la policía municipal. En Lima, Rabello explicó durante su documentada exposición sobre los negociados de Odebrecht y sus socios que “en 1950 estas tierras eran de Caledonia Emprendimientos Inmobiliarios. Un área de más de un millón de metros cuadrados. En las décadas posteriores empezaron a haber carreras de autos ahí. Y el entonces estado de Guanabara expropió esa área para hacer el circuito automovilístico de Río y pagó la propiedad. Por eso, esas tierras y la Vila Autódromo se transformaron en públicas porque fueron pagadas para hacer el autódromo y la Villa Olímpica”.


De ese barrio donde llegaron a vivir tres mil personas sólo quedan unas pocas, las que lograron resistir la prepotencia de las topadoras que se mueven en nombre del progreso. No han ganado pocas batallas. A comienzos de febrero pasado, impidieron mediante un fallo judicial que se demoliera la Asociación de Moradores. Hasta allí se mudó su presidente, Altair Guimaraes, cuando le tiraron abajo su propia casa. También levantaron una y otra vez la casilla a la entrada del barrio desde donde siguen los movimientos de las maquinarias. “So queremos que respeiten nossos direitos”, dice un cartel en portugués que no necesita traducción. Está colocado en ese punto neurálgico de las luchas por el mantenimiento de lo que queda en pie de esa barriada popular. Muchos vecinos, tentados por el dinero o las alternativas de vivienda que les ofreció el alcalde Paes del PMDB, se mudaron al Parque Carioca u otros sitios más lejanos.


“Somos víctimas de la especulación inmobiliaria”, decía en un video Luis Claudio Da Silva en 2015, quien reside en el lugar hace más de 23 años. Muy cerca de ahí, en el corazón del área más cara de la Barra de Tijuca, Eduardo Cunha, el presidente del Congreso y archienemigo de la presidenta Dilma Rousseff, posee una casa en Park Palace, uno de los condominios más exclusivos. Según las acusaciones que pesan sobre él en la operación Lava Jato, en ese domicilio pergeñó una trama de sobornos a cambio de la concesión de contratos en Petrobras. También son vecinos de esa zona tan cotizada de Río de Janeiro su alcalde Paes, que favoreció los negociados con las tierras, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro y un aliado de Dilma, el diputado y presidente del bloque del PMDB en el Congreso, Leonardo Picciani.


La trama de desalojos compulsivos, depredadores inmobiliarios y un Estado en retroceso ante la corrupción estructural no es reciente ni empezó con los próximos Juegos Olímpicos. Un informe del Comité Popular de Río señala que el 75 por ciento de los 16.700 desalojos de los últimos cinco años está vinculado con las obras por el Mundial 2014 y a los JJ.OO. de 2016. La especialista Rabello sostiene que la reforma del mítico estadio Maracaná costó 250 millones de dólares. Hoy no se sabe a dónde fueron a parar los vecinos desalojados de su entorno.


“Mi historia está acá, no quiero que se pierda. Es una cuestión de dignidad y estoy en mi derecho de quedarme; no todo puede venderse”, dice Penha Maceda entre los numerosos intentos de desalojo que sufrió en la Vila Autódromo. Los vecinos fueron perdiendo su arraigo por goteo hasta transformarse en una mayoría dispersa por Río de Janeiro. Con un agravante adicional: la vieja pista de Fórmula Uno llamada Nelson Piquet en homenaje al piloto brasileño, nunca se emplazó en otro lugar. O mejor dicho, se intentó trasladarla a un barrio llamado Deodoro, donde domina la mata atlántica –considerada patrimonio de la biodiversidad– y que también se utiliza para ejercicios militares. El ejército hace explotar minas en ese predio. Una razón de peso para que la mudanza del autódromo quedara en la nada.

 

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Sábado, 11 Mayo 2013 08:57

Treinta mil desalojos al año

Treinta mil desalojos al año

Según un relevamiento del Banco de España sobre los desalojos, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales.

 

Cerca de 32.500 familias en España perdieron en 2012 la casa en la que vivían por no poder pagar las hipotecas a los bancos, informó ayer el Banco de España, en medio del profundo descontento de los afectados con una ley que no les permite saldar su deuda entregando la vivienda. Se trata de la primera vez que el Banco de España publica una estadística de este tipo, que se conoce en medio de la alarma social y la preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi cinco años en la peor crisis económica en varias décadas.

 

Los datos reflejan, además, que en 355 de estos casos tuvo que intervenir la policía. Asimismo, si también se tienen en cuenta los desalojos en los que se requirió la presencia de la fuerza pública sobre viviendas que no estaban consideradas como habituales, el número aumenta a 464.

 

Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los bancos que gestionan más del 85 por ciento del crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales. Cerca de 3000 familias se encontraban en esas viviendas en el momento de ser desahuciadas. En proporción al número total de créditos para comprar casa, los desahucios afectaron al 0,53 por ciento de las más de 6,14 millones de hipotecas a hogares existentes al cierre de 2012, destaca el Banco de España.

 

De estas entregas, más de la mitad, unas 18.300, fueron voluntarias. En este apartado es donde, además, se incluyen las entregas en pago, que es cuando el banco acepta la entrega del inmueble hipotecado en pago de la deuda. La banca asegura que el año pasado, antes de que el Tribunal de la Unión Europea dictaminase que la ley española no protege adecuadamente a los hipotecados, se cerraron 14.110 entregas en pago.

 

La "dación de pago universal y con carácter retroactivo" es la medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero no fue incluida en una ley para proteger a los deudores hipotecarios aprobada el miércoles por el Parlamento con el único apoyo del mayoritario y oficialista Partido Popular. El objetivo de esta dación de pago universal y retroactiva es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que, pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.

Cerrado el capítulo de las entregas voluntarias, la banca tuvo que recurrir a la vía judicial en otros 14.165 casos para recuperar el inmueble. En el 83 por ciento de los casos, la vivienda estaba vacía en el momento en que los representantes del banco tomaron posesión de la casa. Por el contrario, 2405 estaban ocupadas, lo que implica que las familias afectadas se vieron forzadas a abandonar la vivienda contra su voluntad. En cuanto al tiempo transcurrido desde que se produce el impago, la estadística afirma que el 85 por ciento de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales ocupadas en 2012 se originó en el año 2007 o incluso antes.

Los datos del Banco de España llegan en plena profusión de estadísticas sobre las ejecuciones hipotecarias tras años de opacidad. Ello se ha debido a la repercusión social que tienen los desahucios, que han aumentado con fuerza en los últimos meses por culpa de la persistencia de la crisis y el imparable auge del paro.

 

"Es la primera vez que el Banco de España elabora esta estadística y, por lo tanto, los resultados que de ella se obtienen han de tomarse con las debidas cautelas", alertó un portavoz del banco. Para interpretar la información, añade, también hay que tener en cuenta que los datos, aunque se han obtenido de un grupo de entidades que gestionan la mayor parte del crédito hipotecario concedido a los hogares para compra de viviendas, no reflejan la totalidad del sector bancario español. En adelante, el banco publicará regularmente esta información con una periodicidad semestral.

 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy dijo que mejorar la situación de los deshauciados es una prioridad de su gobierno, argumento que fue rechazado por toda la oposición.

 

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Lunes, 18 Junio 2012 06:54

“Hay más compañeros muertos”

“Hay más compañeros muertos”
La muerte de 18 personas, entre ellos 11 campesinos, ocurrida el viernes pasado cuando la policía desalojó sin diálogo previo una hacienda ocupada por campesinos sin tierra en el nordeste de Paraguay, en una zona próxima a la frontera con Brasil, fue una “matanza, y tenemos informaciones de que hay más compañeros muertos en el monte” denunció el representante de una organización campesina, mientras la vocera de otra agrupación alertó sobre un plan desestabilizador contra el presidente Fernando Lugo.


“Esto que ha pasado fue una matanza contra nuestros compañeros, muchas mentiras se están diciendo para perjudicar lo que la gente dice de los campesinos que están luchando por tener tierra donde trabajar, que están peleando por el derecho a la reforma agraria. Le confirmo que hasta este momento son once los compañeros que fueron asesinados”, declaró Damasio Quiroga, secretario general del Movimiento Campesino Paraguayo, en comunicación telefónica con Página/12.


“Ahora le estoy hablando desde donde fue la matanza. Vinimos con 300 compañeros de varias organizaciones al departamento de Camendiyú. Tenemos informaciones de que hay más compañeros muertos, se nos dijo que hay heridos y también hemos sabido que algunos fueron ejecutados después de que los tuvieron presos”, relata Quiroga.


La versión mediático-policial de lo ocurrido es que un grupo de agentes fue atacado cuando ingresaba a la finca de un millonario, Blas Riquelme –que estuvo vinculado y se enriqueció a la sombra del dictador Alfredo Stroessner–, ocupada por miembros del Movimiento Campesino de los Carperos. La Asociación Rural de Paraguay agrega a ese relato el “seguro” vínculo entre los labriegos y los guerrilleros del Ejército Popular de Paraguay. “Este hecho, más el empleo de armas automáticas y de dispositivos explosivos, habla de algo más que de un simple grupo de ‘sintierras’. Era un grupo fuertemente armado y organizado capaz de asestar un golpe mortal a fuerzas policiales regulares.”


Se trata de una versión de los hechos que luce poco verosímil pues el saldo de víctimas indica, hasta el momento, que hay más peones rurales muertos (11) que policías (7), entre ellos dos efectivos del Grupo de Operaciones Especiales.


El relato del campesino Quiroga difiere del divulgado por la mayoría de los medios, la policía y la asociación de estancieros. “No tiene nada de verdad decir que había armas automáticas en el campamento de nuestros compañeros. Yo le puedo decir a usted, compañero, que no tenemos relación con ninguna guerrilla, para nosotros el EPP no existe. Ellos lo están inventando para perjudicar al campesinado cuando se organiza mejor, porque nosotros ahora no queremos seguir esperando que alguna vez se nos den las tierras mal habidas, los campesinos estamos peleando por nuestros derechos.”


–Usted dice “ellos lo inventaron”. ¿A quiénes se refiere?

–Los estancieros y la policía, que están juntos en todo esto. Este nuevo jefe de policía que nombró Lugo es una persona muy peligrosa, muy corrupto, con denuncias contra él –alega Quiroga.


“El atropello con violencia es un mecanismo que siempre utilizaron las instituciones estatales como policías, militares y fiscalía para amparar a empresarios nacionales, transnacionales, latifundistas siempre a favor del sector privado”, señaló en un comunicado la Organización Nacional de Indígenas Independientes.

La tensión entre campesinos y terratenientes, sector donde predominan los productores de soja brasileños, ha crecido desde la llegada de Fernando Lugo al gobierno en 2008, cuando prometió llevar adelante la Reforma Agraria y resolver el problema de las “tierras malhabidas”, grandes superficies de terrenos fiscales que el dictador Stroessner distribuyó entre militares y seguidores, como el acaudalado Blas Riquelme, el “Carlos Slim paraguayo”, según la definición de Martín Almada, el principal activista de derechos humanos del país.


El ex obispo Lugo tuvo como principal sostén social y electoral al campesinado, que ya no lo respalda en la forma que lo hizo años atrás.

“Ya le dejamos de creer al presidente, el no nos está cumpliendo las promesas. Después de esta masacre nombró a personajes corruptos y de muy malos antecedentes. El gobierno que había prometido hacer la reforma agraria está olvidando su compromiso y está nombrando a colorados corruptos”, dice Quiroga a este diario.


Se refiere al nombramiento como ministro de Interior de Rubén Candia Amarilla, miembro del stronista Partido Colorado, quien al asumir prometió mano dura contra los campesinos y anunció que de ahora en más los desalojos de las estancias ocupadas se realizarán sin establecer diálogo con los “carperos”.


“Lugo tuvo que dar un paso atrás y aceptar a gente del Partido Colorado, fue una imposición de los sectores más reaccionarios, que dejó a un sector de los campesinos descontentos con el presidente, esto es verdad. Y al mismo tiempo hay otros campesinos que todavía le tienen confianza y lo respaldan críticamente, como un mal menor, porque si cae ahora sin concluir su mandato, que se acaba en 2013, será una victoria de las fuerzas conservadoras”, sostiene Martín Almada, quien opina que está en curso un plan para desestabilizar a Lugo.


El enfrentamiento causó un tsunami político en Paraguay con repercusiones aún imprevisibles sobre el destino del primer gobierno sin vínculos con el stronismo tras el fin de la dictadura. “Acá sigue candente la situación, la derecha está muy metida en todo esto”, dijo Magui Balbuena, de Coordinadora Nacional por la Recuperación de las Tierras Malhabidas.


“La masacre del departamento de Camindeyú fue consecuencia de un conflicto de clases histórico en la sociedad paraguaya, producto del sostenimiento por parte de los tres poderes del Estado de un sistema de acumulación y acaparamiento de las tierras en manos de unos pocos... la violencia seguirá si no se inicia de una vez por todas la devolución de las tierras que pertenecen al pueblo paraguayo, que hoy están en manos de personas no sujeta a Reforma Agraria”, señala un comunicado de la Coordinadora por la Recuperación de las Tierras Malhabidas.

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Se rasgan las vestiduras, se cubren al estilo bíblico la cabeza con cenizas, (a falta de cenizas, con palabras y tinta impresa, vaciadas de contenido) y claman a los cuatro vientos las barbaridades xenofóbicas del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los bolivianos, peruanos y paraguayos, a quienes les achacan los males de la ciudad y ser los ocupa de Villa Soldati.

Hay que buscar culpables externos para tapar las culpas propias, es mucho más cómodo. Bien dice el Evangelio: "antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo"

Los vecinos del parque Indo-Americano después de largos años de esfuerzo lograron tener sus viviendas. Hoy están enfrentados a los okupa y reclaman que los envíen de vuelta a sus países, discriminando y rechazando a otros pobres, muchos de ellos del interior del país, campesinos e indígenas que fueron expulsados de sus tierras y llegaron a la gran ciudad en búsqueda de mejores condiciones de vida.

En éste conflicto no faltan los delincuentes, que aprovechándose de la necesidad de los pobres por tener una vivienda, les vendieron tierras públicas. No faltaron los punteros políticos que manipulan las necesidades de la gente.

La toma de tierra en el Club Albariño, vuelve a los enfrentamientos entre vecinos y okupas y se suman otras en diversos partes de la ciudad, como en las vías del ferrocarril en Retiro, con el peligro que lleva la proximidad a las vías.

En ésta maravillosa y sufrida Argentina, de 40 millones de habitantes, según el reciente censo nacional, con un extenso y rico territorio, no tendría que haber problemas de viviendas y debería haber trabajo para una vida digna.

La concentración del poder y recursos de los cuales se están apropiando empresas extranjeras y empresarios inescrupulosos apoyados por el gobierno nacional y los gobernadores, acumulan más y más territorio a costa de los que menos tienen y les quitan lo poco que les queda, como a los pueblos originarios que sufren la discriminación y contra quienes se comete un genocidio silencioso. Toda esa explotación se realiza con total y absoluta impunidad.

Llegan noticias del Chaco, mueren de hambre y desnutrición los indígenas, y apenas son noticia en la agenda oficial.

En Formosa, el caso de la Comunidad Primavera del los Qom, algunos representantes están en Buenos Aires, reclamando sus derechos, no los escuchan, no quieren verlos, los tratan como "no personas". El gobernador de Formosa explota y discrimina, es responsable de los asesinatos y xenofobia contra los pueblos originarios, lo mismo ocurre en Salta, Jujuy, Tucumán. El gobierno nacional guarda silencio cuando son sus aliados. Es hora que despierte a la realidad que vive el país y tome decisiones concretas.

En Misiones las noticias son trágicas. La muerte por hambre, desnutrición, destrucción de la biodiversidad, no son noticia para los grandes medios, ni para el gobierno. Un neonazi, Biondini, apoya a Macri, el escritor Marcos Aguinis, reclama mano dura para poner fin a los conflictos, no para resolverlos con justicia.

En pocos días los cristianos celebraremos la Navidad; cada uno desde su comprensión y creencia. Es necesario reflexionar, pensar y actuar. Debemos aprender a compartir el pan que alimenta el cuerpo y el espíritu, la necesidad que en cada hogar de la Patria Grande, de nuestra América mestiza, podamos superar y desterrar la xenofobia, la intolerancia, la discriminación.

Debemos derribar los muros que nos dividen, separan y enfrentan. Sabemos que los muros más duros de derribar son los que tenemos en la mente y el corazón. Los problemas que vive el país no se resuelven con más policías, y la llamada "seguridad". Los desafíos son grandes y es necesaria mucha serenidad y sabiduría para saber por donde caminar.

La presidenta de la Nación, Cristina sabe que la seguridad está en que no se mueran niños de hambre, que se respete el derecho de los pueblos, que los necesitados puedan acceder a una vivienda justa. No esperemos que el gobierno de solución a todos los problemas, es necesaria la solidaridad entre nuestro pueblo, de empresarios, iglesias, organizaciones sociales.

Es cierto que existen desde el gobierno planes de viviendas populares, por ayuda mutua y esfuerzo propio, con la participación de diversos sectores sociales. Es necesario tener presente que el problema es estructural y social, que la demanda va a crecer y si no se toman medidas y políticas públicas, tanto a escala nacional como provinciales y se reclaman a los gobernadores conductas y proyectos coherentes con el bien del pueblo, los conflictos se van a agudizar. Se debe parar la expropiación de tierras y expulsión de los pobladores, se necesitan proyectos coherentes y créditos para su desarrollo.

Muchos en el país y el continente luchamos y compartimos la esperanza en los caminos de liberación. Como decía el Che: "hay que ser duro como el acero, sin perder la ternura" hasta derribar las fronteras que nos impusieron para dividir a los pueblos y lograr recuperar la soberanía.

Aquellos que discriminan, implantan la xenofobia y la discriminación, son esclavos de si mismos y del sistema de dominación; les falta dignidad y grandeza de reconocer al otro y a la otra como un igual y con los mismos derechos en la Patria Grande.

Por Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz 1980.
 

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La violencia con la que se ha empleado el Ejército tailandés para desalojar a los 'camisas rojas' del centro comercial de Bangkok ha forzado su rendición. Pero según sus líderes, después de seis semanas de enfrentamientos, "la lucha no ha terminado".

Los opositores dicen dejar la violencia para evitar más víctimas, al menos cuatro hoy. Cuarenta en el último mes. Pero la situación en la capital de Tailandia parece lejos de calmarse. El Gobierno ha decretado el toque de queda ante los disturbios que se han desatado después porque mientras los opositores que estaban en el centro comercial han bajado los brazos, los que escaparon han vuelto a generar más disturbios.

Las informaciones de agencias y canales internacionales dejan a las claras que la rendición ha sido una cosa temporal. En el momento en que los líderes rebeldes anunciaban la tregua, tres granadas explotaban a la entrada del campamento hiriendo a dos militares y a un periodista. Los opositores seguían entonces quemando neumáticos en otras partes de la ciudad. Los militares anunciaron el fin de la ofensiva y que la situación en el parque Lumpini estaba controlada, pero la violencia se desató por otros sitios de la capital con saqueos e incendios
27 edificios quemados

En Bangkok, al menos 27 edificios han sido incendiados. La emisora del frente antigubernamental "Radio roja" instó después de la entrega de sus líderes a "arrojar fuego si estáis cerca de cualquier banco", lo que llevó a las entidades bancarias a cerrar todas sus sucursales en Bangkok y provincias vecinas.

En la capital tailandesa, una metrópoli de más de 12 millones de habitantes y de una extensión de más de 1.500 kilómetros cuadrados, los comercios y las empresas cerraron cuando las autoridades anunciaron que las 20:00 hora local (13.00 GMT) entraría en vigor el toque de queda.

En la capital, el primer piso de la Bolsa está en llamas según Reuters y las imágenes de televisión muestran también uno de los centros comerciales más importantes de la capital ardiendo. Según EFE, los camisas rojas habrían atacado también la sede del canal 3 de la televisión estatal y la BBC insiste en que hay hasta 27 incendios en Bangkok.

La agencia española asegura que los periódicos en lengua inglesa The Nation y Bangkok Post han decidido evacuar a su personal por miedo a ser atacados.

En Khon Keon, una ciudad del noreste, los opositores incendiaron el edificio del ayuntamiento. Fue el segundo acto de este tipo hoy. En Udon Thani, a unos 50 kilómetros al sur de la frontera con Laos, unos 5.000 partidarios del frente rojo asaltaron e incendaron el consistorio también.

Asalto inmediato

A primera hora de la mañana, el Ejército consiguió romper las barricadas de tres metros de alto en el campamento de los 'camisas rojas'. Armados con vehículos blindados, excavadoras y rifles de asalto consiguieron penetrar por la zona sur del perímetro. El humo de los neumáticos quemados se mezclaba con los gases lacrimógenos y los chorros de agua a presión de las fuerzas de seguridad.

Algunos opositores consiguieron escapar, pero los medios tailandeses indican que aún podría haber miles de personas instaladas en el campamento, incluídas mujeres y niños.

El asalto ha dejado al menos cuatro muertos, entre los que hay un fotoperiodista italiano. Algunas informaciones aseguran que hay otra persona más fallecida, que podría ser otro periodista canadiense. Al menos 50 personas resultaron heridas.
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Lunes, 29 Noviembre 2004 19:00

Guajira. La destrucción de Tabaco

La maldición de la comunidad negra de Tabaco se origina en el prodigio natural de la región, la mina de carbón del Cerrejón. No faltaban antiguamente los griegos de buenas razones, cuando llamaban con el mismo ambiguo término de prodigio (thauma) algo extraordinario, fuera de lo común, y capaz de despertar terror, zozobra y maravilla. Las dimensiones del Cerrejón, realmente, son monstruosas: es la mina a cielo abierto más grande del mundo, suministra al mercado internacional el 33% del carbón térmico y su producción constituye el 95% del total de la demanda europea.

Inicialmente, y hasta el 2000, la mina fue explorada y aprovechada por un consorcio integrado por la estatal CARBOCOL S.A. y la multinacional de los Estados Unidos INTERCOR –filial de la EXXON-MOBIL. Después, en Noviembre del 2000, se incorporó el consorcio compuesto por la inglesa BHP- Billiton, Anglo-American de Sur África y la suiza Glencore, a la cual el gobierno vendió CARBOCOL. Más tarde, en enero de 2002, la EXXON negoció con el mismo consorcio la venta de INTERCOR. Con su adquisición, el grupo controla hoy el 55% de las exportaciones de carbón en el país y asume un control total sobre la zona norte de la mina, la cual conserva el 70% de las reservas de carbón (1).

Varios sectores ven en el complejo del Cerrejón no solamente un proyecto productivo exitoso, sino también una oportunidad para el desarrollo de las comunidades limítrofes, la solución eficaz a la pobreza de la región, y un proyecto de alto beneficio social. Visitando a los municipios que surgen alrededor de la mina, es fácil comprobar que las intenciones sociales de la empresa son palabras en papel. La verdad es otra: que de fábrica de sueños, el Cerrejón se ha convertido en cementerio de ilusiones. Los directivos del Cerrejón viven al interior de una ciudadela vetada, blindada por un cordón de seguridad e inaccesible a los demás, que –según lo refieren– cuenta con el mejor colegio y la mejor cancha de fútbol de la región, un exclusivo club Rotario, y con servicios de primera clase. Los extraños sólo pueden entrar acompañados por el personal de la empresa y rigurosamente, sin cámara fotográfica.

Por fuera, en cambio, el mundo real –el mundo del pueblo– sigue su lucha diaria para sobrevivir, a veces sin servicio de acueducto, a veces sin luz, en condiciones no solamente precarias, sino peores de las que se vivían antes de la llegada de la mina, cuando al menos los equilibrios ecológicos tradicionales y una economía agrícola abundante garantizaban la soberanía alimentaria de esta población campesina. Pudieron más los intereses privados Por lo demás, en el caso de Tabaco, la empresa no se limitó a desmoronar las expectativas y las esperanzas del pueblo: a la destrucción simbólica y cultural de la comunidad se ha sumado el saqueo y la destrucción física y la ruina material del corregimiento. El caso de Tabaco es complejo, y se genera a partir de una serie de decisiones judiciales arbitrarias y de actos de vergonzante solidaridad de lo público con los intereses corporativos –actos sobre los cuales no se ha hecho todavía claridad ni justicia.

En el Febrero de 1999, el Ministro de Minas y Energía autorizó la expropiación de ‘un predio llamado Tabaco’ a través de un acta administrativa que ignoró y pisoteó la existencia jurídica, social, cultural de una comunidad entera (2). La actitud servil de las entidades públicas del Estado colombiano permitió que una empresa tragara un corregimiento, que lo privado asesinara lo público: el decreto de expropiación es la muerte de la comunidad. Los ganglios de la vida colectiva mueren en breve, al decreto de expropiación le siguen la suspensión del servicio público de telecomunicación, el cierre del puesto de salud y de la escuela, la interrupción de las vías, la desaparición de las plazas y de los sitios de recreación. Hasta el párroco italiano Marcello Graziosi se genuflexa a la voluntad de la empresa y vende, por 13 monedas, la iglesia, su conciencia, y los fieles de Tabaco.

Sólo en mayo de 2002 una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema reconoció la violación de los derechos humanos de los cuales han sido víctimas los protagonistas de este caso, ordenando al Alcalde del municipio de Hato Nuevo, al cual compete la jurisdicción de Tabaco, la reubicación de sus habitantes y la reconstrucción de la infraestructura y del tejido social del pueblo (3). Dos años más tarde, sin embargo, poco se ha avanzado en la dirección de un efectivo cumplimiento de la sentencia de la alta corte, como recién lo denuncia un comunicado público de la misma comunidad (4). La empresa, por su parte, protegida por una orden de entrega anticipada del inmueble (5) se hizo responsable del saqueo de la propiedad privada de los Tabaqueros y del desplazamiento forzoso de la comunidad, violando obligaciones jurídicas puntuales e imponiendo sus intereses por la vía de hecho.

El 9 de agosto del 2001 –día trágico esculpido en la memoria colectiva de Tabaco– la seguridad privada de INTERCOR, acompañada por la policía nacional y por escuadrones antimotines del ejército, irrumpieron en Tabaco con el propósito de desalojar a los pobladores del corregimiento y de adueñarse de sus propiedades. La desproporción del acto y la intencionalidad violenta se deducen del número de los armados presentes y de los chalecos antibalas que protegían a todos los agentes públicos y a los funcionarios de INTERCOR (6). El desplazamiento produjo lesiones físicas graves, la destrucción de las propiedades y la perdida de todos los bienes (los chismes, como les llaman en la Guajira) de las familias campesinas. Hasta hoy, no se sabe dónde están los platos, los zapatos, las hamacas, los cuadernos de aquellas casas. La dignidad o el temor impiden investigar el daño material causado por el acto de agresión de la empresa.

El desplazamiento del 9 de agosto es el abuso más grave en la estrategia intencional y sistemática de expoliación de las propiedades iniciada por el Cerrejón ya a principios de los 80´s y orientada a la compra de las tierras limítrofes por precios irrisorios. Preguntamos cuál legitimidad pueden tener las transacciones comerciales conclusas por el equipo negociador de la empresa –liderado por un cierto Fabio Esteban- en las cuales se acudía a todo tipo de presiones para forzar la venta de los derechos de propiedad. Una madre, por ejemplo, cuenta que los representantes de la empresa junto con funcionarios estatales la amenazaron con quitarle a sus tres hijos, si no consentía firmar un bono en el que declaraba la renuncia a sus derechos de propiedad.

Algunos títulos hasta fueron negociados el mismo día del desalojo, bajo amenaza del uso de la violencia, o después de la destrucción de los inmuebles, o sea cuando ya la propiedad había sido transformada en ceniza. Hoy, a más de tres años de desplazamiento causado por el Estado colombiano y por las empresas multinacionales del complejo carbonífero del Cerrejón, la comunidad de Tabaco nos invita a conocer su proyecto de resistencia y apoyar su reivindicación legitima en nombre del derecho a la tierra, a la esperanza, y al desarrollo.

 

1. Ver CENSAT Agua Viva, Carbón y sus Efectos. Estudio de Caso. Cerrejón Zona Norte, Bogotá, 2003.

2. Es la Resolución 80244 del febrero de 1999, conocida como la ‘Declaracion de Utilidad Pública y Social de un Predio Llamado Tabaco’. En desacato de precisas normas contenidas en el Código de Minas (Art. 189), el acta de expropiación no indica nombre, domicilio y residencia de los propietarios.

3. La sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 7 de Mayo de 2002, ordena ‘al Alcalde Municipal de Hatonuevo (Guajira) que en el termino máximo de 48 horas (...) inicie los trámites correspondientes para materializar las soluciones efectivas tendientes a establecer la construcción de la infraestructura comunal y el desarrollo de un plan de vivienda en favor de los miembros de la comunidad de Tabaco, (...) que atienda la necesidad de vivienda y educación de los menores pertenecientes a las familias demandantes; así mismo, ordenar a la misma autoridad pública que una vez aprobado el plan de inversión respectivo, inicie su ejecución de manera inmediata’.

4. Junta Social Pro-Reubicación de Tabaco, Carta Abierta al Presidente de la Republica de Colombia Álvaro Uribe Vélez en el Día de su Visita al departamento de la Guajira, Municipio de Maicao, 12 de Octubre de 2004.

5. La entrega anticipada es una figura codificada en el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil. Se permite cuando, en un proceso de expropiación, el demandante entregue por orden de juez, como garantía del pago de la indemnización, una suma igual al avalúo catastral más un 50% (La entrega de los inmuebles podrá hacerse antes del avalúo, cuando el demandante así lo solicite y consigne a órdenes del juzgado, como garantía del pago de la indemnización, una suma igual al avalúo catastral vigente más un cincuenta por ciento). En este caso, los bienes expropiados no habían sido pagados todavía, ni se había cancelado la indemnización; y, en todos casos, como dice el abogado de la comunidad, la entrega anticipada ‘no alcanza para lanzar de las viviendas a las familias allá establecidas, a quienes no se les han pagado el precio del bien ni la indemnización de perjuicios, ni tampoco el Estado le ha proveído solución para una adecuada ubicación.

6. A prueba de este crimen cometido por la empresa y por las autoridades colombianas, queda una grabación en video. Quienes quiera, pueden escribir a la autora de este artículo para solicitar una copia.

Publicado enEdición 96