Martes, 09 Noviembre 2021 05:58

La farsa

La farsa

La "querida ciudad verde" –significado de Glasgow en gaélico– fue elegida como el lugar para la última mascarada verde. Los asistentes poderosos un día maldijeron a Trump por abandonar los acuerdos de París. Esos mismos poderosos también los abandonaron, incumpliéndolos. La "cumbre" de la COP1 tuvo lugar en Berlín en 1995. A la par de las 26 "cumbres", el cambio climático avanzó depredando el planeta, mediante el fácil expediente del incumplimiento de los acuerdos. En la COP26, China, EU, Australia, India, rechazaron abandonar el uso del carbón en sus actividades industriales y comerciales.

Las responsabilidades por país, son muy distintas. Así lo muestra el incisivo estudio del antropólogo suazi Jason Hickel "Quantifying national responsibility for climate breakdown", publicado por The Lancet (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2820%2930196-0). La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) incluye el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas". En el marco de la Cmnucc el cálculo se centra en las emisiones territoriales anuales actuales. Hickel señala una impostura en ese método.

Existe consenso en que 350 ppm (partes por millón) de CO2 atmosférico, es el límite planetario seguro. Actualmente es de 415 ppm. La última vez que se registró en la Tierra una concentración así fue hace entre 3 y 5 millones de años. La temperatura era entonces de dos a tres grados más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual, pero no había humanos. Las concentraciones de CO2 superaron las 350 ppm en 1990. El exceso sobre 350 ppm causó lo que Hickel llama ruptura climática.

Hickel calcula las proporciones de ese exceso, atribuibles a cada país, a partir del total del CO2 acumulado desde 1850. En su estudio el norte global comprende a Estados Unidos (EU), Canadá, Unión Europea (UE, 28 miembros), Israel, Australia, Nueva Zelanda, y Japón. El sur global incluye a América Latina, África, Oeste Medio y Asia. La distribución del exceso: EU, 40 por ciento; UE28, 29 por ciento; resto de UE, 13; resto del norte global, 10; sur global, 8 por ciento. Los países que causan el rebasamiento del límite, además producen daños aterradores continuos sobre los de baja emisión, la inmensa mayoría. Hay países ricos deudores de reparaciones climáticas y países acreedores. ­Hickel lo ha estimado. La ruptura climática continuará abrasando y ahogando a los seres humanos. Todo mil veces peor en el sur global. La farsa en la "cumbre" también continuará.

Nací en Jicaltepec, Veracruz, un pueblito de unos 500 habitantes a la vera del río Nautla, poblado por sucesivas olas de labriegos franceses, a partir de 1834 y campesinos llegados del Totonacapan. Vivieron ahí mis bisabuelos y abuelos maternos: una vida campesina de franca estrechez sin apremio alimentario. Entre mis cuatro y 12 años volví dos veces por año con mi familia. Después volví solo, unas ocho o 10 veces hasta los años 90. Dos veces más, después del año 2000. Vi la destrucción. De niño me deslumbré mil veces con la selva veracruzana, con las parvadas de loros y de guacamayas; con los colectivos de monos aulladores desplazándose velozmente por los árboles; con las enormes iguanas de colores; con los árboles inmensos de caoba, cedro, guayacán, huanacastle y todos los árboles frutales imaginables.

A partir de los años 60 comenzó el derrumbe. En esos años los estadunidenses consumían enormes cantidades de carne de res, que importaban. Apareció la plaga de los ganaderos rapando las selvas de la margen derecha del río Nautla, acaparando tierras de los campesinos, creando conflictos agrarios sin fin. Lo mismo ocurría en zonas cada vez mayores del país. El clima comenzó a cambiar, el río estaba cada vez más contaminado y su agua, antes potable, dejó de ser; las acamallas, desaparecieron. Los tremendos arribazones de pez bobo, cesaron. Cuando era niño los campesinos de Jicaltepec sabían hacer todo. Cultivar maíz, chile, calabaza, plátano, hortalizas, legumbres. Mi abuelo hizo su casa de guayacán y piso de tierra apisonada, su cayuco de roble, domó algún caballo, mató cerdos, cultivó por años y años su parcela de casi tres hectáreas. El ultraje capitalista acabó con todo lo que una vez fue.

Lo que veía en el nivel micro, ocurría de mil modos en el sur global. Leo a Julian Aguon: “En mi rincón, Micronesia, los hechos son aterradores. Estamos asistiendo a una subida del nivel del mar dos o tres veces superior a la media mundial. Algunos científicos creen que la mayoría de nuestros países con atolones de coral de baja altitud podrían ser inhabitables a partir de 2030… En Fiji, el gobierno lleva su propia lista de la muerte: un registro oficial de todas las aldeas que podrían tener que ser reubicadas debido a la subida del nivel del mar… Cuando hablé con Sailosi Ramatu, el jefe de la aldea, en julio, me dijo que el traslado fue lo más duro para los ancianos… No todos hicieron el viaje…”

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Leyner Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia, durante un encuentro en Ibarra, Ecuador. Comisión de la Verdad / EFE

La Comisión de la Verdad recoge y presenta testimonios del exilio para hacer un reconocimiento a los refugiados en zonas fronterizas

 

 “Si hay algo característico del exilio es el olvido brutal”. Contra ese diagnóstico trabaja la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz que sellaron a finales de 2016 el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC —ahora convertida en partido político— para dar reconocimiento a las víctimas de lo que hoy podría considerarse el conflicto armado más largo en términos del exilio. Carlos Beristain, español, es el único comisionado extranjero en las entidades que trabajan para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. “Asumí esa responsabilidad de empezar un ejercicio de exploración en el mundo, de estrechar el contacto con las víctimas para animarlas a dar su palabra”, cuenta por teléfono desde España, a pocos días de su visita a la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Luego de tres años de mandato, la comisión debe emitir este año su esperado informe final.

En la ciudad de Ibarra se ha celebrado el segundo Encuentro por la Verdad para dar voz a los desplazados durante décadas. Ecuador es uno de los países que más colombianos ha acogido en todo el proceso y aún hoy, matiza Beristain, siguen atravesando esa frontera unas 400 personas al día. Más de 12.000 víctimas del conflicto colombiano han dado su testimonio. De ellas, 1.600 están en el exilio y de estas, 250 hablaron con la comisión sobre su experiencia como refugiados en Ecuador. Uno de los problemas, detecta el comisionado, es que pese a ser un exilio masivo, la invisibilidad ha convertido las tribulaciones de las víctimas en problemas de índole individual. “Las condiciones de marginalidad son mayores”, describe Beristain.

Habla de la necesidad de una respuesta regional, no país por país, para todos los desplazados del territorio colombiano, que no siempre encuentran una salida en recibir la condición de refugiado. “Debido a las dificultades para encontrar trabajo o a la falta de respuesta inmediata de una visa de refugio, hay quienes optaron por trasladarse bajo las condiciones de una visa Mercosur o de los acuerdos andinos para poder quedarse en el país”. Eso, razona, les ha dado “estabilidad para poder quedarse y trabajar en el país de acogida, pero no les da protección. Pueden tener un trabajo, pueden alquilar una casa. O sea, las cosas de la vida. Pero también les pueden echar del país”. Ahí es donde entra el registro ampliado de exiliados, que no solo incluye a quienes efectivamente tienen la condición de refugiado, sino a todos los desplazados fuera de las fronteras.

Las cifras que maneja la Comisión de la Verdad, con base en lo recogido por ACNUR, hablan de al menos 524.496 personas colombianas que solicitaron protección internacional en los cinco países con los que Colombia tiene frontera. Ecuador está a la cabeza, con 240.901 peticiones, y por eso ha sido sede de la segunda convocatoria de la comisión. Le siguen Venezuela, con 200.000; Panamá, con 68.000; Brasil, con 8.242; y Perú, con 7.353.

“El 85 o 90 % de los refugiados no quiere volver a Colombia, no ven condiciones para volver. Pero hay un 15 % de gente que quisiera volver. Se necesitan condiciones para ello. Porque el retorno no es ponerse de nuevo en la frontera con una maleta y volver a lo mismo. El retorno es, además, un nuevo desplazamiento”. Esto, aboga el comisionado, da cuenta de la necesidad de una política regional, un acuerdo regional, en un momento en que el conflicto colombiano se encuentra en un nuevo punto de inflexión. “O frena o este conflicto se reinicia otra vez. Aquí. Estamos ante un nuevo ciclo de diez o quince años más de guerra o, digamos, se toman en serio las recomendaciones”. Y el informe de la Comisión de la Verdad, apunta Beristain, recogerá pautas para que haya una transformación efectiva, lo que Colombia necesita para que ese reciclado del conflicto no se siga produciendo, con especial énfasis en las víctimas.

“Al colombiano se le ve como con sospecha”, denuncia, y recuerda una anécdota que le contó una mujer que buscó acogida en Chile en una de sus entrevistas para la visibilización de las víctimas. “¿Sabes lo que más me ha dolido? Lo que más me duele es una pregunta que me han hecho muchas veces: ¿qué he hecho yo para tener que irme de Colombia?”. Es lo que le compartió sobre su experiencia como desplazada y es lo que, según el comisionado, parte del trabajo de reconocimiento que aún debe hacerse a las víctimas por el contexto emocional que han enfrentado. “Hay mucho estereotipo que funciona como enemigo”.

Por Sara España

Guayaquil - 08 mar 2021 - 00:43 UTC

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Más de 37 millones de desplazados por guerras ‘contra el terror’ de EU

Nueva York. Entre 37 y 59 millones de personas han sido desplazadas por la llamada “guerra global contra el terror” de Estados Unidos desde 2001 al presente -más que en cualquier otra guerra o desastre a lo largo del siglo 20 con la excepción de la Segunda Guerra Mundial- según una nueva investigación del Instituto Watson de la Universidad Brown presentada hoy.

La investigación del reconocido proyecto Costos de Guerra calcula que por lo menos 37 millones de personas huyeron de sus hogares en las ocho guerras más violentas lanzadas por Estados Unidos, o en las que ha participado, desde octubre de 2001 cuando lanzó la primera de éstas contra Afganistán y después la invasión de Irak en 2003.

“Al final, desplazar a 37 millones -y tal vez hasta 59 millones- presenta la interrogante de quién tiene la responsabilidad para reparar los daños padecidos por los desplazados”, afirma el informe, “Creando refugiados: desplazamiento causado por las guerras pos-11/9 de Estados Unidos”.

El informe afirma que los desplazados -aquellos obligados a abandonar sus hogares para buscar refugio en otros países o ser desplazados internos dentro de su propio país- como resultado de las guerras realizadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 2001 superan por mucho los provocados por cualquier otra guerra o desastre desde 1900, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial.

El número total es equivalente a hacer huir de sus hogares y tierras a casi toda la población de Canadá o toda California.

Los desplazados, combinando refugiados que salieron del país y los internos, en Afganistán es de por lo menos 5.3 millones (un 26 por ciento de la población antes de la guerra), para Irak es de 9.2 millones (37 por ciento de la población), Siria, 7.1 millones (37), Pakistán 3.7 millones, Libia 1.2 millones, Yemen 4.4 millones, Somalia 4.2 millones y Filipinas 1.7 millones.

“Cualquier número es limitado en reflejar el daño del desplazamiento. Las personas detrás de los números son difíciles de ver, y los números no pueden comunicar cómo se puede sentir uno al perder su hogar, sus pertenencias, su comunidad y tanto más. El desplazamiento ha causado daño incalculable a individuos, familias, pueblos, ciudades, regiones y países completos de manera física, emocional y económica”, afirman los investigadores.

Y estos números son sólo los de las ocho guerras más violentas ya que las fuerzas armadas de Estados Unidos han participado en conflictos armados en por lo menos 24 países dede 2001.

El proyecto Costos de Guerra también calcula de manera constante los costos humanos y económicos de las guerras estadunidenses pos-11s. Las tabulaciones más actualizadas (noviembre 2019) registran un total de entre 770 mil a 800 mil muertos por violencia directa de las guerras en Afganistán, Irak y Paquistán, incluyendo unos 335 mil civiles, y 536 periodistas o trabajadores de medios. Un número aún superior pero no contabilizado ha perecido por consecuencias indirectas de estas guerras.

Más de 7 mil combatientes estadunidenses han perecido en esas tres guerras, y cientos de miles más han sido heridos a lo largo de los últimos 19 años.

Desde 2001 hasta el año fiscal 2020, el gobierno de Estados Unidos ha dedicado 6.4 billones de dólares en las guerras en Afganistán, Paquistán e Irak.

El presidente George W. Bush anunció su “guerra global contra el terror” poco después de los atentados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, y ahora es la guerra más larga en la historia del país.

Washington está por iniciar el vigésimo año de su llamada “guerra contra el terror” el 7 de octubre cuando inició sus operaciones bélicas en Afganistán.

David Brooks, Corresponsal | martes, 08 sep 2020 18:07

Para consular la investigación y otros datos: https://watson.brown.edu/costsofwar/

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Viernes, 28 Agosto 2020 06:11

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Los malos gobiernos que administran estados policiales están lanzando una fenomenal ofensiva militar contra los pueblos en toda América Latina. En las favelas de Brasil, en las periferias urbanas de Argentina, en las áreas rurales de Colombia, en territorios en resistencia mapuche y en la Chiapas zapatista.

Allí donde la dignidad de los abajos sigue intacta, donde la fuerza colectiva de los pueblos resiste y construye otros mundos, es donde los de arriba están aprovechando las cuarentenas que se autoimponen aquellos para contener la pandemia, para intentar destruir las resistencias a los megaproyectos extractivos.

El 22 de agosto, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e incendiaron casas y almacenes del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, en el sitio crucero de Cuxuljá, en la comunidad rebelde de Moisés Ghandi, municipio de Ocosingo, Chiapas (https://bit.ly/3lj4qB5).

Como señala el comunicado del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, los paramilitares operan junto al partido Morena y al gobierno regional, como parte de "la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas".

En Colombia, la ofensiva paramilitar asesinó a 33 personas en apenas 11 días, en cuatro masacres "a manos de grupos financiados por el narcotráfico" (https://bit.ly/3aWQaJw). Este año se produjeron 33 matanzas. Uno de los departamentos más afectados es el Cauca, donde los pueblos agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca ofrecen tenaz resistencia al modelo de muerte.

En el Cauca, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra recuperó 16 fincas en casi cinco años, donde siembran vida y cuidan 26 mil 200 ojos de agua y 123 lagunas naturales (https://bit.ly/3jfhAgB). En la cuarta parte del Cauca se busca petróleo y en 40 por ciento de la superficie se explora en busca de metales. Además se pretenden construir dos grandes carreteras y un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

En Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional registró, del 20 de marzo al 6 de agosto, 92 muertes a manos de integrantes de la fuerzas estatales, cuando “no existía situación real de peligro para el ‘matador’ o terceros”. De ese total, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 45 muertes bajo custodia en cárceles o comisarías, cuatro fueron feminicidios y tres desapariciones forzadas (https://bit.ly/2QmFmLi).

Además denuncian, en el mismo periodo, alrededor de 100 casos de uso abusivo de la fuerza policial, con "golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas". Todo esto sucede bajo un gobierno que se autodenomina "progresista".

En Brasil, las muertes policiales durante la pandemia crecieron 26 por ciento, "a pesar de la reducción de gente en las calles", según una encuesta realizada por el diario O Globo (https://glo.bo/3gvBZvP). Menos personas en las calles, significa "menor control social de la actividad policial", lo cual redunda en mayor impunidad, ya que se constata "una policía sin control".

Un informe de la Universidad Federal Fluminense señala que “el número de muertes en las favelas de Río de Janeiro cayó 72.5 por ciento en el mes en que fueron suspendidas las operaciones policiales en esas comunidades” (https://bit.ly/31onaH8). El patrullaje militar en favelas fue suspendido en mayo por el Tribunal Supremo Federal, luego de una masacre de 12 personas en el Complexo do Alemão (https://bit.ly/3hnTYpo).

En los territorios mapuche, de Chile, se ha incrementado la represión, con la activación por parte del Estado de grupos paramilitares integrados por agricultores, quienes ocupan tierras usurpadas a las comunidades (https://bit.ly/31njy8w).

Tres consideraciones finales:

La primera es que la violencia contra los abajos se incrementó en toda la región, con gobiernos de derecha, como en Colombia, Chile y Brasil, y con gobiernos "progresistas", como en Argentina y México. Es, por tanto, una violencia estructural y sistémica.

Las segunda es que las clases dominantes están aprovechando la pandemia para quebrar las resistencias al despojo que representan los pueblos en movimiento. Para conseguir ese objetivo, aceleran la militarización y la guerra contra las comunidades.

La tercera es que sólo la autodefensa colectiva de los pueblos puede frenar esta ofensiva. Debemos tener claro que estamos en las primeras fases de una extensa guerra contra los pueblos originarios destinada a rediseñar el mapa del mundo, expulsando a las comunidades de sus tierras para profundizar el extractivismo.

En esta guerra los de arriba utilizan ejércitos estatales, paramilitares, narcos y una brutal desinformación. Nosotros no resistimos la muerte con la muerte. No actuamos de forma simétrica. La reacción del EZLN ante el asesinato del maestro Galeano, en mayo de 2014, nos inspira: seguir construyendo nuestros mundos, mientras resistimos.

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Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

Publicado enInternacional
Diomedes Sandoval, solicitante de asilo y líder social colombiano, en la terraza de la Parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid.- JAIRO VARGAS

Las apenas 600 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos en 2016 se han disparado a más de 29.000 en 2019. Sólo se le concedió a 48 personas. En enero han sido la nacionalidad que más lo ha demandado, superando a los venezolanos, pero el proceso de paz y la diversidad de perfiles les cierran las puertas de la protección casi de forma automática. Mientras esperan la respuesta a sus peticiones, muchos se ven abocados a vivir en la calle durante días por la saturación del exiguo sistema de acogida español

Cuando Diomedes Sandoval aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Sandoval relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Sandoval, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Sandoval, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Sandoval.  

madrid

11/03/2020 22:39

Por jairo vargas

 

Publicado enColombia
"No nos queda mucho tiempo", el grito de una comunidad hondureña a punto de ser sumergida por el mar

Eric Pineda sirve pescado con arroz en un modesto restaurante frente a la playa, un negocio que se enfrenta a una destrucción inminente.

El reciente aumento de la marea ya inundó el bar de al lado, del que solo quedan los escombros de color rosa. En los dos últimos años varios negocios entre el de Pineda y el Océano Pacífico han sido destruidos por el mar. "Cada año el océano se acerca más y aumenta de nivel. Creo que tenemos uno, quizá dos años, hasta que el agua nos lleve también a nosotros. No queda mucho", describe Pineda, de 24 años.

La arena dorada de las playas ayudó a transformar esta comunidad de pescadores en el Golfo de Fonseca en un prometedor destino turístico. Hoy, apenas quedan unos metros de playa y el aumento de la marea y el nivel del mar ha borrado del mapa carreteras, viviendas y negocios.

La población local estima que se pierde aproximadamente un metro de suelo al año y eso significa que la comunidad al completo estará pronto bajo el agua. El mismo destino aguarda a otras comunidades del pacífico hondureño donde tanto población como tierra desaparecen velozmente. 

Durante los últimos años, millones de personas han huido de la pobreza extrema, el colapso de las instituciones y la violencia desatada en América Central. De entre todos los factores que expulsan a la población, hay uno que ha quedado desatendido: los conflictos por los recursos naturales han aumentado por la expansión de la actividad empresarial y el cambio climático.

El nivel del mar aumenta en todo el planeta pero en esta región hay un factor más que ayuda a que aumente la degradación costera: amplias franjas de manglar costero han sido devastadas para abrir espacio a las camaroneras que se multiplican incluso dentro de espacios naturales protegidos. Gran parte del camarón hondureño se exporta a Estados Unidos y Reino Unido donde se venden grandes superficies como Waitrose, Sainsbury's o Marks & Spencer.

Dina Morel, responsable de Coddeffagolf, una organización local centrada en el conservacionismo marino cree que "la industria destruye amplias extensiones de manglar mientras promete desarrollo y crea, en realidad, muy pocos empleos. Al mismo tiempo aumenta la pobreza al restringir el acceso de los pescadores locales a los recursos pesqueros".

Según Morel, las camaroneras se instalan con autorización en zonas protegidas. Las violaciones de la leyes de protección del medio ambiente rara vez son castigadas por las autoridades, que a menudo comparten intereses con una industria que proporciona grandes beneficios. "Las consecuencias de perder un ecosistema tan importante son claras: vulnerabilidad medioambiental, inseguridad alimentaria y descomposición social, factores que llevan a la migración forzada", explica el biólogo Víctor Bocanegra. 

Los manglares son necesarios para la supervivencia de costas sanas y resilientes. Los robustos árboles que los caracterizan protegen la tierra de tormentas e inundaciones y contribuyen a disminuir la erosión a través de la estabilización de sedimentos que afirman sus densas y fuertes raíces. Son actores fundamentales de la biodiversidad marina en tanto proporcionan comida, agua limpia, refugio y seguridad para peces e invertebrados como cangrejos, langostas y gambas. 

Para beneficiarse de este proceso de simbiosis natural, se han abierto grandes camaroneras en entradas del océano que una vez fueron refugio seguro para recibir los flujos de las mareas. Y esas instalaciones interfieren con el flujo natural del mar provocando aumentos en la marea y que los impactos de las tormentas fluyan hasta sumergir las comunidades a pie de playa.

Un refugio en movimiento

En la playa de Cedeño, Ariana Tees, de 70 años, fríe el pescado que trae su marido, Manuel, de 67, en una cocina improvisada bajo una lona a pocos metros del mar. Aquí es donde viven, trabajan, comen y duermen, el refugio que cada mes deben colocar unos metros más atrás a medida que el océano penetra en la tierra.
"Por supuesto que estamos asustados", reconoce Tees. "Pero no tenemos otro lugar al que ir y el gobierno no nos protege. Ni un muro pone", critica. 

Manuel, que pesca desde niño, agrega que "cada año hay menos pescado y las mareas no tienen donde ir así que el agua pasa por aquí buscando una salida. Hemos llegado a despertarnos en plena noche rodeados de agua". Hace una pausa y concluye: "Estamos jodidos".

La industria del camarón en el sur de Honduras data de la década de los años setenta pero creció de manera exponencial en los noventa. Como resultado de ese crecimiento sin freno aparente, a partir del año 2000 varios manglares que cubrían una extensión superior a los 600 kilómetros fueron designados zonas protegidas.

Pese a eso y según Coddeffagolf, la mitad de los manglares de la zona fueron destruidos entre el año 2000 y el año 2010 en su mayor parte debido a las concesiones pesqueras en el golfo, aprobadas antes del decreto de protección. Nadie sabe con exactitud la extensión de las zonas protegidas que aún permanece intacta pero las imágenes por satélite sugieren que la situación es crítica.

La extensión de la zona deforestada se ve desde la cima de una montaña en San José de las Conchas, unos 30 kilómetros al norte de Cedeño. El panorama solo ofrece ya unas cuantas líneas estrechas de aquel manglar protegido atrapadas entre lagunas artificiales para el cultivo del camarón y el océano turquesa.

Los habitantes del pueblo dicen que las empresas camaroneras construyen en secreto, tras anillos sucesivos de manglar que protegen sus instalaciones de la vista y que solo una vez levantadas, solicitan los permisos. Las cifras de ventas sugieren que el negocio se expande: las exportaciones de 2018 ascendieron a 216 millones de dólares (casi 194 millones de euros), una cifra que esperan aumente en un 20% en 2019.

Escasos programas de reforestación

FundeSur, una fundación para el desarrollo social creada por la industria camaronera en 2014, afirma que invierte 0,04 dólares (0,036 euros) por cada kilo de camarón exportado en proyectos relacionados con salud, educación y medioambiente. Sin embargo, los programas de reforestación son escasos y requieren de años de cuidados para garantizar manglares resistentes. Tras numerosas peticiones, FundeSur no quiso aportar su punto de vista para este reportaje.

Nelson Martínez, activista de Guapinol, una comunidad cercana que resultó seriamente afectada por un aumento de la marea hace tres años, insiste en que "hay más deforestación que reforestación y es evidente, cualquiera puede verlo. A menos que se salve el manglar, Guapinol también desaparecerá".

Como estrecha lengua de tierra atrapada entre los océanos Atlántico y Pacífico, América Central es una región muy vulnerable a la emergencia climática global.
Entre 1998 y 2017 Honduras fue el segundo territorio más afectado por fenómenos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, sequías o incendios según el Índice de Riesgo Global, que clasifica Puerto Rico como el lugar más afectado.

El Huracán Mitch, la tormenta más devastadora y mortal de los últimos dos siglos en América, que golpeó Honduras en 1998, dejó un saldo de más de 8.000 muertos y millones de afectados que perdieron tierras y hogares. Hizo retroceder al país más de 50 años en su desarrollo y lanzó la primera ola migratoria después de la guerra fría desde América Central a Estados Unidos.

Pero la inversión en mitigación y adaptación a los impactos del clima a través de la reforestación o la protección ante inundaciones no avanza. Solo el 0,5% del presupuesto del gobierno de Honduras está destinado a protección del medioambiente. Se ha visto reducido desde el 1,2% que se gastaba en 2010 según Hugo Noé Pino, analista que fue Ministro de Hacienda y Gobernador del Banco Central.

Desde el golpe de estado de 2009, el incremento de los megaproyectos relacionados con agua, embalses, minas o plantaciones de palma africana, han alimentado conflictos sociales, represión y migraciones. Berta Cáceres, defensora del medioambiente y ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, fue asesinada en marzo de 2016 en represalia por liderar la oposición a la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque, fuente acuífera, alimenticia y medicinal del pueblo Lenca.

"El principal conector entre cambio climático y políticas públicas es la gestión del agua, las decisiones políticas sobre quienes tienen prioridad a la hora de recibir agua de calidad", explica el profesor Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas medioambientales del CIDE (Centro de Docencia e Investigación Económica).

En Honduras, el resultado de esta interacción alrededor del uso del agua es claro: cada año durante la temporada de lluvias, un sinnúmero de comunidades se quedan sin suministro, muere gente y se registran daños en carreteras, puentes y escuelas. Se trata de un ciclo de destrucción ambiental que aumenta la pobreza y provoca movimientos migratorios cuando las familias comienzan a buscar comida, agua y seguridad.

En octubre, seis personas murieron después de dos días de lluvias torrenciales que provocaron deslaves de tierra y que el río Choluteca se desbordara. Marcovia, a unos 20 kilómetros tierra adentro desde Cedeño se inundó y sus habitantes tuvieron que evacuar la localidad. Poco después, cientos de personas del departamento de Choluteca se unieron a la caravana migrante que se aventuró rumbo norte a través de México y hasta la frontera de los Estados Unidos.

Medio millón de hondureños han sido detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses desde octubre de 2006. Los motivos del flujo migratorio son complejos pero en esta zona del planeta, el factor medioambiental es importante.

Pedro Landa, del Eric, una organización de la Compañía de Jesús que investiga y defiende los derechos humanos afirma que no se ha tomado nota de las lecciones que dejó el Huracán Mitch. "Desde el golpe de 2009, el Estado ha caído gradualmente bajo control de políticos mafiosos que no tienen ningún interés en garantizar el suministro de agua o el desarrollo económico de la población. Solo piensan en ellos mismos", sentencia.

Por Nina Lakhani - Cedeño, Choluteca

07/08/2019 - 20:51h

Publicado enMedio Ambiente
Desembalsar Hidroituango, el primer paso para reducir la amenaza

Las instituciones del Estado colombiano de manera conjunta impulsan, celebran, promueven y licencian, otorgan todo tipo de permisos para la construcción de grandes represas como Hidroituango, sobre el río Cauca, pero a la hora de responder por los daños y riesgos que estas generan sobre toda la población que habita tales territorios, dejan traslucir su incapacidad para controlar a los empresarios y garantizar los derechos humanos y de la naturaleza.

 

La desolación crecía. No era para menos. La sensación nos cubrió a varias personas el pasado 28 de junio mientras escuchábamos como, una a una, las instituciones del Estado colombiano que fueron llamadas por el Viceprocurador delegado Camilo José Orrego para preguntarles por su capacidad para dar cumplimento a la orden del Juez 75 Penal con funciones de control de garantías de Bogotá, negaban su capacidad y/o competencia en términos de un estudio independiente que permita definir si Hidroituango continua o no por el riesgo que representa para las comunidades afectadas y para el país.

 

Impunidad como regla

La desolación se combinaba con incredulidad, ya que estábamos ante la evidencia de impunidad, desinterés por la vida de miles de personas, desprecio por la naturaleza, indiferencia por los reclamos que tantas veces hemos interpuesto como comunidades al ver las vidas destrozadas, reclamos que nunca encontraron eco en ninguna de las instituciones en cuestión.

No era para menos lo que experimentaban nuestros cuerpos, ya que todas las entidades allí presentes a través de sus delegados expresaban no tener capacidad ni personal técnico, después de intentar alegar que no tenían competencias para intervenir a Hidroituango, respuesta que incluso brindó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Ambiente y de Minas y Energía, autoridades de la obra cuestionada.

Para nosotros, como víctimas, quedó claro que el Estado en Colombia nos dejaba solos con el grave problema por él generado, pues es evidente que licencia obras sin tener capacidad para controlarlas, y que cuando suceden tragedias –como Hidroituango– todos se lavan las manos, sin asumir las obligaciones que les corresponde de protección de la población.

 

Los territorios al servicio del capital

Ante lo que estamos viviendo es evidente que el abandono estatal no es sólo que no haya salud, trabajo, ambiente sano, seguridad, libre movilidad, acceso a alimentos, educación y otros tantos derechos que a las tierras del Cañón del río Cauca no han llegado, sino que este abandono también se expresa en sacrificar nuestros territorios entregándolos a empresas para su explotación, sin que haya como mínimo capacidad para ejercer control y presionar el cumplimiento de las obligaciones que les asignan, control para evitar un mayor empobrecimiento y vulnerabilidad de la población afectada por la obra autorizada. Las Licencias parecen ser licencias para matar, con apenas una simulación de control estatal para que nos quedemos tranquilos y tengamos la falsa esperanza de que alguien nos cuida.

Según la teoría política, el Estado es una estructura que representa al conjunto social, para el bien de todos, no de una parte del mismo. Y en este caso cumple su función otorgando o negando Licencias ambientales. Pero lo que presenciábamos mientras una a una las instituciones denegaban su función era todo lo contrario: todas y cada una de ellas son el canal para que el capital realice sus propósitos, es decir, para que el capital se incremente para el beneficio de algunos pocos sin importar el perjuicio de muchos, en este caso de la inmensa mayoría de quienes habitan un amplio territorio de un país llamado Colombia.

De esta manera, ante nuestros desorbitados ojos quedaba claro que las Licencias ambientales son un requisito de adorno que nadie cumple y las “autoridades” ambientales la intencionadamente débil mesa en la que se pone el florero. Constatación desprendida del proceso de medidas cautelares otorgadas por el juez que en el marco de la investigación derivada por la denuncia penal ambiental realizada por las comunidades afectadas por Hidroituango –articuladas en el Movimiento Ríos Vivos– y la denuncia penal por fraude procesal realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ambas denuncias en contra de Hidrotuango, EPM y en nuestro caso en contra de la Anla, una situación compleja en la que esta entidad participa del proceso como víctima y como presunto victimario.

La primera de las medidas fue un espacio interinstitucional y con las víctimas para proteger los derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, vida digna y al medio ambiente, desde el día 12 de junio de 2018 esperamos que el Estado de inicio a su cumplimiento, pero lamentablemente la Procuraduría no da respuesta a este pedido del Juez y clamor nuestro.

La segunda medida fue la creación de una Mesa Técnica que resolviera la incertidumbre con la que vivimos las comunidades desde que inició el proyecto, pero con mayor angustia desde el pasado 28 de abril de 2018, cuando el país se enteró del llenado del embalse que realmente había comenzado en el mes de enero de 2018 cuando EPM decidió sellar con cemento uno de los túneles de desviación, sin haber terminado el muro, sin haber terminado el vertedero, ni tener el túnel intermedio listo (que era como el salvavidas nuestro y aún no lo terminan), sin tener las ocho compuertas de captación terminadas, sin haber talado y retirado toda la capa vegetal y lo más importante sin haber cenado y reparado a las comunidades afectadas que por ello se encontraban en la zona de inundación. Una Mesa que le dijera al país, en nuestros términos “si eso se va a caer o no”, si la obra es estable o no, y que indique el riesgo que representa para las comunidades. Un diagnóstico que le permita retomar su vida a quienes ahora, y desde hace tiempo atrás, viven en completa zozobra.

El juez dio la potestad a la Mesa de realizar el estudio y tomar la decisión, pero las instituciones allí sentadas les da miedo asumir la responsabilidad asignada. No es para menos, puso en sus manos la necesidad de resolver en 60 días cómo disminuir el riesgo o eliminar la amenaza, para nosotros es claro que la amenaza latente es el agua represada, por tanto, no entendemos como no se ha obligado a desembalsar mientras realizan todos los estudios que quieran, pero sin esa bomba de tiempo encima.

Ante esta realidad, nosotros, con estupor, sentimos que la Procuraduría asistió a una audiencia distinta de la nuestra. Y así es porque olvidó que no son de confianza los informes de EPM.

Ante la urgencia de la situación el juez concedió 60 días hábiles. Las instituciones citadas alegaron “imposibilidad técnica” mal interpretando el tiempo en el sentido de no decidir reducir el riesgo y tomar medidas intermedias como desembalsar mientras se realiza el estudio de fondo. ¿Negligencia? ¿Dilación? Y nos preguntamos esto pues años atrás el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en menos de tres meses otorgó la Licencia Ambiental para que iniciará la obra, Licencia sin estudios de detalle, sin un plan de gestión del riesgo, sin un estudio real sobre la población afectada…

No les interesa el cuidado de la vida

Instituciones facilitadoras y complacientes con lo sucedido en y alrededor de Hidroituango; las mismas que olvidan de manera intencional que la emergencia allí vivida no empezó con la orden del juez sino hace casi un año y medio, y que la obra empezó en el 2009 y desde ese momento debieron prever que EPM tenía la intencionalidad de no cumplir con las obligaciones establecida por las autoridades, que su único interés eran los tiempos y las leyes del mercado. EPM no sólo ha jugado con la vida de miles de personas, sino que ha expresado abiertamente porque lo hace, porque no reconoce los errores constructivos y esto es porque implicaría la posibilidad de que sus acreedores le cobren sus deudas, entre otras razones de tipo económico.

Importante recordar que desde antes del otorgamiento de la Licencia ambiental la Procuraduría le había pedido a EPM que realizara tres Audiencias Públicas: una en el norte, otra en el occidente y otra en el bajo Cauca de Antioquia para que las comunidades supiéramos de los impactos. Claro, no acataron tal mandato, y solo realizaron una, en el municipio de Liborina, y con la escasa participación de unas 100 personas.

¿Los sancionaron por este proceder? No. Contrario a ello les otorgaron la Licencia, véase bien, sin la participación y socialización que debieron haber realizado con las miles de familias hoy afectadas. Pero no es el único ejemplo, la Anla sabe cómo EPM desvió el río por dos túneles sin compuertas porque tenía mucho afán y estaban retrasados, también sabe que son varias las obras realizadas sin la Licencia, para nosotros la Anla es cómplice de la destrucción generada.

Este ha sido el actuar cotidiano de EPM, y de ello son conscientes los entes estatales: hace estas obras con o sin permiso. La Anla sabía que EPM iba a llenar el embalse por encima de lo que fuera, porque lo único que le interesa es el dinero y no la vida de las comunidades y menos de los ecosistemas. También sabían que cerrarían las compuertas y matarían miles de peces, y a pesar de saberlo lo ha permitido una y otra vez. Así funciona el poder, y quienes no lo tenemos padecemos las consecuencias de tal actuar.

Es tal este proceder, que hoy no sabemos qué pasará cuando la obra se exponga a fenómenos extremos. Nuestras preguntas son nuestros miedos, que pasará ¿Si tiembla? ¿Si las lluvias son demasiado fuertes y se satura la posibilidad de que salga agua por el vertedero? ¿Si se destapa nuevamente el túnel colapsado? ¿Si llega el verano y el agua queda por debajo del nivel del vertedero? ¿Si el vertedero no aguanta? ¿Si las montañas no aguantan? ¿Si nosotros no aguantamos más? ¿Si las aves no vuelven? ¿Si nos seguimos enfermando? ¿Si los peces no vuelven? ¿Si la vida se sigue cayendo a pedazos? ¿Si siguen excluyendo familias de los censos de afectados por ahorrar dinero? ¿Si encuentran más maneras de desarraigarnos del territorio? ¿si nadie nos ayuda? ¿Si nadie nos escucha? ¿Si nunca llega la justicia? ¿Si los muertos están molestos? ¿Si los vivos no entienden?

*Vocera del Movimiento Ríos Vivos.
@ISAZULETA
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Líderes sociales y comunidad


¿Cuál es la situación actual más allá de estos procesos judiciales? Por un lado, los líderes estamos en alto riesgo, la persecución y amenazas no cesan; el último ataque a nuestra sede nos deja en mayor vulnerabilidad y el Estado no responde: la Policía no va a las veredas porque “están muy lejos” y de pronto hay que caminar. Nos acusan de ser opositores al desarrollo (no vemos desarrollo en el hambre, la violencia y la destrucción generada por este megaproyecto). Es claro que en Colombia están matando a los que denunciamos y proponemos un país distinto; es evidente el exterminio de una forma de pensamiento que tiene opciones de avanzar por ser de grupos sociales, por convocar a vivir de manera solidaria; matar al que convoca busca matar la idea y los líderes sociales somos eso, denuncia, ideas, convocatoria, construcción colectiva, lucha contra la desigualdad y la injusticia.

Comunidad

Por otro lado, EPM miente abierta y descaradamente, incluso por escrito, a las comunidades de Sabanalarga –Antioquia– que, por ejemplo, mueren y están enfermas de Leishmaniasis por cientos, sin que haya un estudio claro que determine la causa de este suceso. Al mismo tiempo tienen que sufrir el hecho de que perdieron sus medios de vida y de subsistencia, porque sus viviendas quedaron debajo del agua, al igual que los muertos. Estas comunidades, que fueron rescatadas por el Personero del municipio y llevadas al parque principal, abandonadas a su suerte, presentaron declaración juramentada sobre el desplazamiento forzado causado por Hidroituango y aún hoy –más de un año después– no tienen respuesta. Buscaron refugio, alimentación y medicinas, hasta hoy no han recibido un grano de arroz, por lo que huyen buscando las áreas del río que aún no han sido inundadas en Liborina, Olaya y Santa Fe de Antioquia, para seguir barequeando y pescando, pero ya llegó la amenaza de desalojo forzoso, de que el alcalde de Liborina enviará el Esmad, como lo hizo con las comunidades de Angelina.

En estas actuaciones de abuso de poder sí parece haber experticia por parte de las instituciones. Las víctimas de Hidrotiuango en Sabanalarga, por ejemplo, reciben la nota de EPM en la que afirma que han sido atendidos, supuestamente recibieron alimentación, refugio, agua… La rabia por las mentiras no puede crecer más. Pero no sólo ocurre en Sabanalarga, también ocurre en Ituango, Toledo, Briceño y demás comunidades de la zona del embalse, zona en riesgo por la inestabilidad creada por EPM, no por la naturaleza. Insisten en este riesgo para que la gente no intente pescar, pero el mismo riesgo lo trasladan a las Juntas de Acción Comunal al contratarlas para que retiren el buchona de agua: no se puede pescar, pero sí trabajar para EPM; no se puede protestar, pero sí pagar a líderes sociales por parte de EPM para “dar información”.

Aguas abajo EPM anuncia que se levantará pronto la alerta roja, que están a punto de cumplir con todo, que cuando eso pase las pocas familias que reciben auxilios dejaran de recibirlos y deberán volver a sus casas y parcelas destruidas por Hidrotiuango y el paso del tiempo; los obligaran a volver como ya lo han hecho con muchas familias, aunque no haya pescado ni forma de barequear ni obtener medios de subsistencia. Los devuelven a la sin salida de la guerra, a entregar a los hijos a los grupos al margen de la ley que pagan más de un millón mensualmente por…

 


 

El riesgo


Pero también son razones para ello, procederes irresponsables como someter a una comunidad de miles de personas a la incertidumbre, angustia y zozobra por tener ante ellos toneladas de agua represada sin ningún control; así como cambiar diseños cuando se les dé la gana porque tienen el poder y punto, por no reconocer y menos respetar los derechos de los pobladores, porque sí, porque son los adalides del falso desarrollo, ese “desarrollo” que les lleva a secar el río y matar a más de cien mil peces porque tenían que llegar a una subasta y mostrar avances de la obra. Por todo esto, Hidrotiuango debe ser desmantelado de manera controlada, pues el riesgo de catástrofe no desaparecerá. Si manipularon y mintieron una vez, y jugaron con nuestras vidas, así lo volverán a hacer cuando lo consideren necesario.

¿Dónde queda lo público?

Nos preguntamos, ¿esas son las actuaciones debidas de una empresa pública? EPM conocía el riesgo para las comunidades y aun así actuó y lo sigue haciendo sin que hasta ahora nadie, excepto el primer juez ambiental que hemos conocido, intente poner las cosas en su orden. Una empresa no es el Estado, a ninguna empresa se le debería permitir que juegue con la vida de los ciudadanos y el futuro de miles de personas, y de un extenso territorio de Colombia.

 


 

Hidroituango debe ser desmantelada


Las razones para tomar tal decisión son muchas, entre ellas: la ausencia de estudios técnicos, sociales y ambientales serios sobre la viabilidad o inviabilidad de la obra. La ocurrencia de hechos graves, como haber sellado los túneles de desviación del segundo río más importante de Colombia sin haber terminado el muro, construyendo un tercer túnel para que dizque “[…] pasara el agua que iba antes por dos”, obra realizada sin los permisos necesarios “porque igual se los darían después” así no tuvieran estudios. Pero también, por las consecuencias que esto tiene sobre la población, sometida a un riesgo altísimo de perecer por inundación o sequía, o perder todo su territorio como consecuencia del acelerado e intencional llenado del embalse, generando con tal proceder un gran riesgo de desestabilización de la zona, como en efecto ocurrió.

Publicado enColombia
Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

Publicado enColombia
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