Miércoles, 09 Febrero 2022 05:39

Argentina: El nefasto regreso del FMI (Parte 2)

Argentina: El nefasto regreso del FMI (Parte 2)

Finalmente el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos. Ver Parte 1 aquí

OTRO CAMINO ES FACTIBLE

Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del planeta.

Afirman que el FMI es un «banco del mundo» que asocia a todos los países del orbe. Pero olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad. Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada telefónica de Trump. Estados Unidos no sólo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington y no con «todo el mundo». Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa tensión.

El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de evaluar otras alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de pagos, muy distante del periódico default que impone el agotamiento de las reservas. También desecharon los cursos más cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalición oficial.

Se podía demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los intereses sin abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo la presión de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno aceptó un pacto de rendición.

Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista (que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribución del ingreso, en un contexto de repunte del PBI.

Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación, con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.

El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompañar al gobierno en los recortes de los próximos dos años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la base electoral de un próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define cómo gestionaría la futura renegociación del convenio.

El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con sus adversarios de la grieta, que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo.

La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2022 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.

El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, además, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El país no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que por ejemplo padecía Grecia en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todavía padece el pueblo heleno.

Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda que él mismo archiva.

También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.

Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas, modernización ferroviarias) con la estafa financiera que monitoreó el FMI, para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio suscripto con el Fondo.

Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guión del Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los utilizará para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.

RECHAZO Y MOVILIZACIÓN

El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal oposición y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos indicios de mayor predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento masivo de rechazo al FMI.

La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La polémica con esa actitud es la gran tarea del momento.

Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar el cambio de percepciones.

El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido a ese replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya se plasmaron en actos de impactante concurrencia.

El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa, pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número con el acto realizado por el gobierno el día anterior en el mismo lugar. También las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebelión del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.

Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes críticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deberán definir ahora su voto en el Congreso. Allí no habrá espacio para la ambigüedad y la convergencia con la izquierda en un rechazo común constituiría un gran avance para la causa popular.

El gobierno le tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la Carta de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece la grieta se verá un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.

El pre-acuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el camino de la resistencia al Fondo.

Por Claudio Katz, martes 08/22

 

 

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Petróleo por deuda: el acuerdo que negocia Chevron con Maduro con aval de Biden flexibilizando sanciones

El gobierno de Biden estaría considerando una propuesta de Chevron para permitir que esta transnacional petrolera estadounidense acepte y comercialice cargamentos de petróleo venezolano para recuperar la “deuda adeudada” por Venezuela. El Gobierno de Maduro ya ha anunciado en meses anteriores su política de pago de deuda a través de petróleo e incluso de entrega de activos nacionales petroleros.

 

Los representantes de Chevron en los últimos meses habrían mantenido reuniones de alto nivel con miembros del gobierno de Biden. Lo describen como un hito en los esfuerzos de cabildeo de la compañía durante un año para obtener un cambio en su licencia para operar en Venezuela, y cobrarse la deuda a través de petróleo pero que podría incluir la entrega de activos.

La transnacional Chevron continúa operando en el país teniendo participación en las Empresas Mixtas Petroboscán (39,2%) y Petroindependencia (25,2%) en el occidente del país. En la Faja Petrolífera del Orinoco Chevron participa en los proyectos de crudo extrapesado Petropiar (30%) y Petroindependencia (34%).

En las operaciones de gas costa afuera, la compañía participa en los Bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana con participación exclusiva, además del 100% de Cardón 3 del Proyecto “Rafael Urdaneta”. Son grandes sus intereses y proyectos económicos estratégicos en el país.

No en vano el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha venido prolongando las autorizaciones de manera automática a empresas petroleras de origen estadounidense que siguen operando en Venezuela pese a las sanciones que ha impuesto a PDVSA, que en teoría tendrían que ser afectadas. Hablamos de firmas como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International y Chevron. Aunque en abril del 2020 el gobierno de Trump emitió una licencia más estricta que prohíbe a Chevron perforar en el país o comercializar petróleo venezolano y solo “realizar operaciones extremadamente limitadas”.

Chevron tiene un posicionamiento estratégico en el país por las grandes reservas petroleras que tiene Venezuela, más aun sabiendo los nuevos cambios que se están operando en la industria petrolera con las nuevas leyes entreguistas del Gobierno de Maduro. Para ello Chevron procura que Estados Unidos restablezca los privilegios comerciales que disfrutó durante un tiempo bajo la administración del expresidente Donald Trump. A la compañía y a otros productores extranjeros se les permitió tomar y exportar petróleo venezolano para “recuperar dividendos y deudas” de empresas conjuntas con PDVSA.

Ese arreglo, que hasta mediados de 2020 permitía a Chevron comercializar entre 1 y 2 millones de barriles mensuales de crudo venezolano, fue suspendido por la política de sanciones económicas y petroleras de Trump durante la embestida golpista para imponer a su títere Guaidó en la presidencia del país. En su momento la política de Trump tuvo un gran impacto en los envíos de petróleo de Venezuela, pero recientemente no logró bloquear los ingresos del petróleo, lo que permitió un rebote de las exportaciones.

“La administración Biden tiene cada vez más incentivos para aliviar las sanciones a Venezuela tras la estrategia fallida de Trump”, es lo que se estaría discutiendo en Washington. Venezuela le debería cientos de millones de dólares a Chevron. "Es una práctica habitual reunirse con funcionarios del gobierno de EE. UU. para brindar perspectivas sobre temas energéticos importantes para la empresa", dijo el portavoz de Chevron, Ray Fohr, en respuesta a preguntas sobre el cabildeo de la empresa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha hecho declaraciones al respecto, pero es un secreto a voces las discusiones en curso. Como es costumbre también el Gobierno de Maduro y el Ministerio de Petróleo de Venezuela y PDVSA tampoco han comentado al respecto amparados el secretismo de la nefasta Ley “Antibloqueo”.

Aunque la semana pasada Maduro aprovechó su encuentro con el sector bancario para afirmar que mantiene un diálogo con los tenedores de bonos a los que han hecho una propuesta, que no detalló, para "honrar" la oprobiosa deuda externa. Basta recordar que al inicio de la crisis el Gobierno decidió "pagar hasta el último centavo" de la deuda, en vez de honrar l deuda con el pueblo, y luego de entregar más de 74 mil millones de dólares por pago, sangrando al país, se entró en una espiral de catástrofe económica.

En el caso con las petroleras transnacionales, la propuesta está en la entrega de activos, y no solo en las exploraciones y producción, para saldar las odiosas deudas, una política que ya hace mucho tiempo la han venido anunciando.

Si Estados Unidos decide no cambiar los términos de la licencia de Chevron, aún podría otorgar una exención a las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos para permitir ciertas exportaciones de petróleo, de acuerdo a voces desde el Gobierno citados por Reuters.

Las nuevas leyes de Maduro como la Ley “Antibloqueo” que permiten bajo el mayor de los secretismos avanzar en procesos de privatización de activos nacionales, y sobre todo en el área petrolera que, con los cambios en la Ley de Hidrocarburos que sin anunciarlos los aplican, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, entre otras importantes, han venido permitiendo que sectores controlados por el Estado progresivamente vayan siendo traspasados a empresas extranjeras o grupos económicos locales, tal como se ve muy claramente en el área del petróleo, donde empresas estadounidenses, europeas, rusas, chinas y de otras latitudes avanzan en sus controles. Chevron, con su gran presencia en el país, no quiere dejar perder esta oportunidad para aumentar sus negocios en un país con las mayores reservas petroleras del mundo.

Tanto el Gobierno como el grueso de los sectores de la oposición, empresarios y grupos concentrados económicos, tienen un gran acuerdo implícito, y es lo que están llevando adelante, que como salida a la brutal crisis es avanzar en el despojo nacional, para que los buitres del petróleo se apoderen de los campos con la promesa de la “recuperación” de la industria. Personeros que creen que de la mano de la rapiña internacional el país saldrá de la crisis, en que aún se está inmerso más allá de cierta recuperación en algunos sectores de comercio y servicios, con el argumento que traerán las “inversiones” para que nuevamente Venezuela salga de letargo, por lo que ofrecen a transnacionales condiciones inimaginables antes del inicio de la crisis.

La Izquierda Diario Venezuela@LaIzqDiario_VE

Martes 8 de febrero

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Sábado, 05 Febrero 2022 07:32

El poder ejecutivo real 6677

El poder ejecutivo real 6677

LA DEUDA, LA GUERRA POR OTROS MEDIOS

El FMI, el BM y las calificadoras de riesgo no responden a la democracia, sino, en última instancia, a capitales globales privados, aunque la violencia y el control que pueden ejercer sobre países enteros son tan temibles como una invasión militar. No es casualidad.

El verdadero poder ejecutivo ya no está en el aparato del Estado, sino en un conjunto de instituciones transnacionales dominadas por el capital financiero, que comprenden a los Estados como una articulación, entre otras. Este gobierno sombra decide y fija el nivel del empleo, los salarios, el gasto público, la edad y el monto de las jubilaciones, las tasas impositivas de las distintas categorías de la población. El Estado-nación, destituido de su forma clásica de soberanía, se aplica a gestionar la economía-mundo de la deuda. Obviamente, el gobierno estadounidense es una excepción: un Estado imperial que redefinió sus intereses nacionales con el objetivo de desplegar la globalización, gracias al comando que ejerce desde las instancias transnacionales que, en gran medida, fundó.

Encontramos una primera aproximación a las nuevas relaciones entre guerra y poder ejecutivo en un libro publicado por dos coroneles de la Fuerza Aérea china en 1999, Qiao Liang y Wang Xiangsui, cuyo título es Unrestricted Warfare. En el contexto de la pos Guerra Fría, cuando se recalienta la rivalidad entre China y Estados Unidos, estos oficiales llegan a concebir la actividad financiera como una «guerra no sangrienta», pero cuyos efectos son comparables a los de una «guerra sangrienta». Si se quiere hacer frente a la supremacía estadounidense, las finanzas deben ser integradas en una estrategia de guerra no convencional, lo cual implica renunciar tanto a la «guerra popular» como a la mera «guerra tecnológica». En una entrevista concedida un año después, Qiao Liang ubica la intención del libro en una argumentación diplomática, poniendo de relieve la importancia de las «operaciones no militares», entre las cuales habría que incluir las «guerras comerciales, financieras, etcétera».

Qiao Liang y Wang Xiangsui constatan que la seguridad nacional está hoy menos amenazada por las fuerzas militares de un Estado enemigo que por los «factores económicos, como la apropiación de los recursos, la captura de los mercados, el control de los capitales, las sanciones comerciales». Semejante cambio de paradigma obliga a reconocer que los daños causados por las nuevas «armas no militares» pueden ser tan temibles como los causados por las «armas militares». Los autores insisten particularmente en las finanzas, que son el medio más eficaz para producir inseguridad en un país y en el planeta todo.

«Si comparamos la caída del índice de seguridad nacional de países como Tailandia e Indonesia –que en pocos meses padecieron una fuerte devaluación y estaban casi en bancarrota– con la de Irak –que ha experimentado simultáneamente ataques militares y embargo económico–, es preocupante que casi no haya diferencia entre ambas», dicen los autores. Del mismo modo, cuando el conflicto entre Grecia y las instituciones financieras fue redefinido en términos de guerra colonial, ocupación, mandato colonial, no se trataba simplemente de utilizar buenas metáforas.

A medida que los medios de coerción se fueron diversificando, los Estados perdieron el monopolio de la violencia y los mecanismos de dominio se tornaron económicos, diplomáticos, sociales, culturales. Los efectos de la guerra, entonces, pueden ser provocados por una multiplicidad de dispositivos, entre los cuales la violencia financiera es el más eficaz, porque sus efectos desestabilizan a la sociedad en su conjunto, al tiempo que la segmentan. «Evidentemente, la guerra trasciende el ámbito de las armas y de las cuestiones militares y se transforma en un asunto para los políticos, los científicos e, incluso, los banqueros. Las guerras ya no son solo sangrientas y los medios para llevarlas a cabo no son únicamente militares. La economía y el sistema financiero, en particular, pueden reemplazar a los medios militares y dar lugar a una guerra no sangrienta», añaden los autores.

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Nuestros dos oficiales chinos, cuando se interesan específicamente en el funcionamiento de la estrategia financiera, se ven obligados a construir un modelo de máquina de guerra del capital particularmente útil para captar la naturaleza del poder ejecutivo transnacional contemporáneo y la nueva realidad bélica. Ellos explican que el gobierno de la economía mundial se ha convertido en una «ingeniosa red sin la menor discontinuidad entre diferentes niveles y distintas instituciones»: «El modelo de gobierno conjuga Estado + [nivel] supranacional + multinacional + no estatal».

El ejemplo de la crisis asiática de 1997, con sus ataques especulativos, que buscaban introducir reformas estructurales, primero contra Tailandia y luego contra el conjunto de los países del sudeste asiático, permite desplegar la lista de actores: Estados Unidos, único Estado-nación que puede ser «representado» por su omnipresente institución financiera (la Reserva Federal); el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) (organismos internacionales); los fondos de inversión (multinacionales privadas); Standard & Poor’s y Moody’s (agencias de evaluación no estatales).

El poder ejecutivo real representa la identidad realizada entre economía, política y ámbito militar, una síntesis que está transformando radicalmente «el aspecto bélico e, incluso, la naturaleza militar de la guerra, que no había cambiado desde la Antigüedad», para dar paso al arma hiperestratégica de las finanzas. La máquina de guerra resultante no es una instancia de regulación, sino que detenta el poder de programar y ejecutar la nueva guerra civil que algunos militares (sir Rupert Smith, por ejemplo) definen como guerra dentro de la población (war amongst the people).

Este nuevo tipo de poder ejecutivo es el que hemos visto actuando, en su versión no militar, durante la crisis de la deuda griega. Los organismos multinacionales, como el FMI y el Banco Central Europeo, no deben responder ante los pueblos –ni siquiera ante los Estados– por la violencia y la arbitrariedad de sus decisiones, sino ante las instituciones financieras transnacionales, que son hoy el vector principal de multiplicación de las guerras civiles contra las poblaciones.

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Siguiendo a Qiao Liang y Wang Xiangsui, el resultado de la globalización capitalista «es que, mientras se reduce el campo de batalla en sentido estricto, el mundo entero [ha sido transformado] en un campo de batalla en sentido amplio»: «Las armas son más modernas, los medios más sofisticados. Solo hay un poco menos de sangre, pero es la misma brutalidad». La extensión del dominio bélico que establece un contínuum entre guerra, economía y política acopla estrategias horizontales (se multiplican y difunden los centros de poder y decisión) y verticales (estos dispositivos de comando distribuidos se subordinan a la lógica de la maximización del valor para los accionistas).

En consecuencia, los dos flujos a través de los cuales se verifica la fuerza de desterritorialización del capital desde la acumulación originaria, la moneda y la guerra, se superponen perfectamente en la mundialización capitalista contemporánea. Las finanzas se han convertido en un arma no militar, a través de la cual se llevan a cabo guerras no sangrientas, que producen efectos tan devastadores como las guerras sangrientas. Por su parte, la guerra ya no es la política continuada por medios sangrientos, sino que la política del capital es la guerra continuada por todos los medios puestos a disposición.

La reina de las crisis, la crisis financiera, a partir de la cual se desatan y encadenan dentro del ciclo económico clásico las crisis productivas y comerciales, realiza su identidad con la guerra. En el contexto marxiano, la contradicción entre la producción para la producción –que empuja al desarrollo absoluto de las fuerzas productivas– y la producción para el capital –que engorda la ganancia y la propiedad privada– provoca crisis violentas, que pueden desembocar en guerras. En la situación presente la crisis no se distingue del desarrollo ni de la guerra. En resumen: la crisis no se distingue del desarrollo de la guerra. Por eso, la fenomenología del concepto de guerra ya no remite a las conflagraciones interestatales, sino a una nueva forma de guerra transnacional, que está unida al desarrollo del capital y ya no se diferencia de sus políticas económicas, humanitarias, ecológicas.

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Esta definición de las finanzas como guerra no sangrienta que emplea medios no militares nos resulta, por lejos, más realista y políticamente más eficaz que la teoría heterodoxa según la cual las finanzas son una nueva convención. La máquina de guerra contemporánea del capital financiero prosigue la colonización del Estado, que adapta a su funcionamiento, dándole forma no solo a la empresa, sino también a la administración. Simultáneamente, los gobiernos nacionales se convierten rápidamente en verdaderos agentes de esta captura de la administración, en cuanto lugar de aplicación de una gran parte de las técnicas de gubernamentalidad.

El management de la administra-ción contemporánea encuentra su modelo en la economía, pero, a diferencia del período de entreguerras, ya no es la organización científica del trabajo del capitalismo industrial la que brinda su forma, sino las finanzas. La Ley Orgánica Relativa a las Leyes Financieras, poderosa palanca para la reforma del Estado francés, puso en marcha un proceso de transformación radical de las reglas presupuestarias y contables en función de la financierización. De esta forma se termina de borrar todo rastro de democracia en las instituciones estatales.

Lo que hipócritamente se denomina crisis del modelo democrático representativo responde a la misma genealogía y sigue el mismo itinerario que el proceso de concentración de los poderes ejecutivos, que tiene su origen en la Primera Guerra Mundial. Porque son los imperativos de la guerra total los que progresivamente irán relegando la soberanía popular y el debate entre los representantes del pueblo, hasta llegar a la puesta en escena televisiva que caracteriza a la actual época del poder ejecutivo financiero. En este punto, la generalización del sufragio universal coincide con su neutralización, en un proceso que tiende a reducir los parlamentos electos a simples foros de legitimación de un ejecutivo motorizado.

El resultado es que la democracia ejecutiva deja de ser la expresión de las políticas de modernización nacionales y se ve completamente sobrepasada por las nuevas instituciones bélicas de la mundialización, a las cuales se somete en cuerpo y alma.

(Extracto de Guerras y capital. Una contrahistoria, recientemente publicada por la editorial Tinta Limón, con la traducción del francés a cargo de Manuela Valdivia.)

3 febrero, 2022

*             Por Éric Alliez, profesor de Filosofía en la Universidad París VIII; investigador en la Universidad Kingston, de Londres, y autor de una vasta obra sobre el pensamiento de Gilles Deleuze. Maurizio Lazzarato es doctor en Sociología e investigador de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne; ha publicado, entre otros libros, Políticas del acontecimiento (Tinta Limón, 2006), La fábrica del hombre endeudado (Amorrortu, 2013) y Gobernar a través de la deuda (Amorrortu, 2015).

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La distopía de bitcoin en El Salvador, un país camino del ‘default’

En los últimos años, la estabilidad financiera del país ha ido empeorando, con problemas crecientes para financiarse. Bukele vio en el bitcoin la vía de escape, pero dicha decisión no ha hecho más que empujar el país hacia el impago de su deuda.

 

Puede parecer surrealista que el presidente de El Salvador suba selfiesa Instagram en pleno discurso de la ONU, que anuncie compras de bitcoin con dinero público a través de Twitter o que decida usar la energía de un volcán para minar criptomonedas. Sin embargo, Nayib Bukele ha conseguido proyectar una imagen de presidente audaz, desenfadado e innovador, además de ser un héroe para la comunidad bitcoiner

No obstante, detrás de esa imagen se esconde una realidad peligrosa. En los últimos años, la estabilidad financiera del país ha ido empeorando, con problemas crecientes para financiarse y llegando a solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). Dada esta situación, Bukele vio en bitcoin la vía de escape perfecta, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en reconocer esta criptomoneda como divisa de curso legal. Una decisión arriesgada que no ha hecho más que empujar al país hacia el default.  

La arriesgada apuesta de Bukele

Desde el año 2001, el dólar estadounidense es la moneda oficial de El Salvador, es decir, utiliza una divisa que no emite. Debido a esto, el país necesita conseguir dólares para proporcionar liquidez a los bancos nacionales, las empresas y los hogares, mantener el gasto público y asegurar las importaciones. La entrada neta de dólares se puede lograr exportando más de lo que se importa y/o recibiendo remesas de los salvadoreños que trabajan en el extranjero. Si esto no es suficiente, tanto el sector privado como el público pueden recurrir al endeudamiento en los mercados financieros internacionales. 

En los últimos años, aunque el Salvador ha compensado su déficit comercial con la entrada de remesas —suponen el 20% del PIB del país—, el endeudamiento no ha dejado de aumentar, llegando a tener problemas para financiarse. Concretamente, la deuda pública alcanzó el 87 % del PIB en 2020 y el 24.5% de los ingresos recaudados por el Estado han ido a pagar intereses de deuda en 2021. 

Nayib Bukele vio en el bitcoin la mejor herramienta para enfrentarse a esta situación y desde septiembre es, junto al dólar, la moneda de curso oficial, aunque esta última sigue siendo la utilizada para la contabilidad nacional debido a la volatilidad de la criptomoneda. De este modo, los salvadoreños pueden pagar impuestos, cobrar sus salarios o hacer la compra con bitcoins a través de la app Chivo. La convertibilidad entre bitcoin y dólar es automática y respaldada por el Banco de Desarrollo de El Salvador, que funciona como fondo de convertibilidad, con unas reservas iniciales de 150 millones de dólares.

En las primeras semanas, gracias al incentivo de 30 dólares en bitcoins que dio el Gobierno por usar Chivo, las descargar crecieron de forma rápida. Sin embargo, dado que mantener tus ahorros o salario en bitcoins puede hacer que no puedas afrontar tus pagos de un día para otro, los ciudadanos y empresas de El Salvador tienden a cambiarlos por dólares de forma inmediata. De esta forma, el Estado salvadoreño recibe un flujo de bitcoins a cambio de dólares.

El peligro de este mecanismo es que el Gobierno no puede pagar importaciones ni devolver la deuda con bitcoins, ya que para eso necesita dólares. Pero si estás convencido de que el precio del bitcoin solo puede subir, como lo está el presidente del país, tienes la opción de acudir a los mercados de cripto y cambiarlos por más dólares. Todo ello confiando en que el precio suba, que puedas asumir la volatilidad a corto plazo y que puedas intercambiar tus bitcoins por dólares cuando lo necesites. De este modo, la idea de Bukele es evitar el default y los posibles recortes en el gasto público a través de la pura especulación con el dinero de los ciudadanos. 

Sin embargo, no se sabe cómo ha evolucionado el fondo de 150 millones desde que la Ley bitcoin está en vigor, ya que el Gobierno se ha negado a proporcionar esta información. De hecho, solo conocemos algunas de las compras de bitcoin que hace el presidente porque las anuncia a través de Twitter, unos 85,5 millones de dólares —que han perdido cerca del 23 por ciento de su valor a finales de enero—.

Además, el otro objetivo de Bukele es atraer dinero del exterior incentivando el envío de remesas a través de Chivo y convirtiendo al país en un paraíso fiscal de las criptomonedas. El nuevo marco legal lanzando en septiembre permite comprar propiedades con bitcoin y evitar la ley de prevención del blanqueo de capitales, facilitando el lavado internacional de dinero. Esta dinámica puede impulsar un boom de inversiones con bitcoin, como las inmobiliarias, para revenderlas y sacarlas del país en forma de dólares limpios. Sin embargo, este es otro mecanismo peligroso, ya que la única manera de compensar la salida de dólares es que el valor del bitcoin frente al dólar siga creciendo.

De perdidos al río: El all-in por el bitcoin

Como era previsible, el riesgo del bitcoin se ha mimetizado con las finanzas salvadoreñas, algo que se puede observar en el rendimiento de su deuda. Los bonos del país en el extranjero han registrado el peor rendimiento del mundo en 2021, con pérdidas cercanas al 30%. Los 800 millones de dólares en bonos que vencen a principios de 2023 cotizan ahora por debajo de los 80 centavos de dólar y el tipo de interés ronda el 35%. Además, los CDS a cinco años — que miden el coste de asegurarse contra una suspensión de pagos de la deuda— se han cuadruplicado desde septiembre, hasta alcanzar los 1.800 dólares. Una tendencia que obliga a El Salvador a pagar cada vez más intereses debido al riesgo asociado que ha traído bitcoin.

Ante esta situación, el FMI ha instado al Gobierno a abandonar bitcoin si quiere recibir ayuda financiera, ya que considera que “hay grandes riesgos asociados al uso de bitcoin para la estabilidad e integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales”. De hecho, la institución ya había recomendado a El Salvador no convertir en moneda de curso oficial al bitcoin.

Lejos de hacer caso al FMI, Bukele ha decidido poner toda la carne en el asador. Ante la desesperación por financiarse y para impulsar la atracción de dinero al país, el presidente anunció la creación de “Bitcoin City”. Esta ciudad, libre de impuestos salvo el IVA, se pagará con la emisión de 1.000 millones de dólares en “bonos volcán”. Estos bonos tendrán un vencimiento a 10 años y pagarán un 6,5% de interés anual, muy inferior al interés del resto de bonos “normales”, que llegan a superar el 30%. La mitad de los ingresos de los bonos se utilizarán para comprar bitcoins, que quedarán congelados durante cinco años y se venderán para pagar a los tenedores. Además, aquellos inversores que posean 100.000 dólares en “bonos volcán” durante cinco años, obtendrán la ciudadanía salvadoreña.

Este nuevo plan pretende acelerar los mecanismos antes descritos: convertir al país en un paraíso cripto para atraer inversiones y buscar financiación de forma desesperada, ya que está cerca de quedarse fuera de los mercados financieros convencionales. Sin embargo, endeudarse para comprar más bitcoins solo va a aumentar el riesgo, algo que puede traducirse en la imposibilidad de refinanciar y pagar las deudas.

Además, el fin de la expansión cuantitativa y las futuras subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal pueden hacer aún más difícil la financiación en dólares del país, algo que Bukele parece no entender, ya que ha instado por Twitter al banco central estadunidense a endurecer su política monetaria. 

Por Juan Vázquez Rojo

@artjvrojo

3 feb 2022 07:00

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Domingo, 23 Enero 2022 05:57

No normalizar lo insoportable

Tu otro banco. David F. Sabadell

El proyecto político revolucionario de la redistribución de la riqueza, ha degenerado en una súplica por la redistribución de las últimas monedas que quedan en tu monedero.

 

Línea 1, seis de la tarde, no han pasado dos minutos y ya llega otro naúfrago. Es incómodo. Apartas la mirada y te dices que no puedes hacer nada. El hombre camina entre los pasajeros contando una historia triste. Dice que se ha quedado sin trabajo, que hace meses que no ingresa nada, que tiene una familia que mantener, que cualquier moneda le vale, que acepta también ropa o comida. Los ojos de los presentes se anclan a las pantallas, se pierden  en las afueras de la atención, se niegan a registrar una realidad inasumible. Que ya son tres las personas que han entrado en el vagón en los últimos diez minutos, que la pandemia de exclusión dispara su incidencia alrededor de nosotros. Las noticias a penas registran los contagios, nadie habla en los debates de sobre mesa ni discute apasionadamente en tuiter sobre cómo se sale, como sociedad, de esta enfermedad silenciosa que mata a la gente en vida.

“Yo sé que somos muchos, somos demasiados. Yo sé que vosotros no tenéis para ayudarnos a todos. Pero por favor, repartid un poco. Nadie miente aquí, todos lo necesitamos”, ruega por enésima vez el hombre ante un nuevo público indolente. El proyecto político revolucionario de la redistribución de la riqueza, ha degenerado en una súplica por la redistribución de las últimas monedas que quedan en tu monedero, ahora que todo se paga con tarjeta, ahora que la empatía cotiza cara en el mercado de las emociones.

La ciudad está llena de desposeídos. Entran en el metro, o en el cercanías, te interpelan en las terrazas frías, se asoman a tus rutinas, mientras vas al trabajo o a recoger a tus hijos, cuando tomas un vino con tus amigas. La rutina es un privilegio en esta ciudad de gente a la deriva, que intenta desesperadamente cosechar un poco de ayuda, en un campo reseco. A veces le das algo a alguien, porque lo ves más triste, o más desesperado, porque toca algo en ti, o admiras la forma en la que no se humilla y te mira a los ojos, o te deslumbra la claridad con la que enuncia el abismo. A veces maldices este sistema de mierda, te enfadas con los que acumulan como niños egoístas lo necesaria para la vida de los otros, los que despojan de un futuro vivible a tantos, para lucir ellos presentes ostentosos. Otras veces, reprimes una lágrima.

Y te preguntas si dando monedas apuntalas la desigualdad, claudicas al mandato de la caridad porque ya no aspiras al de justicia, otras veces piensas que ese euro cincuenta que estás por gastar en una caña, son una barra de pan y un paquete de salchichón. Y quien se para ante ti extendiendo una mano, no puede permitirse el lujo de esperar revoluciones ni estrategias contra la pobreza a 20 años, es hoy que tiene hambre, es esta tarde de invierno que no sabe dónde va a dormir. Se te queda un dolor sordo, cuando prosiguen su ruta a ninguna parte, repitiendo una y otra vez las razones por las que “disculpen pasajeros que les importune, disculpen las molestias, pero para todo hace falta dinero y dinero yo no tengo”. 

Es un malestar inútil, la tristeza efímera del privilegiado, inmóvil ante este proceso de normalización por goteo. El frío deviene el ecosistema de los abandonados, la invisibilidad avala que allí queden, naúfragos a quienes ya nadie intenta rescatar en un sistema que nos ha acostumbrado al visionado cotidiano de gente ahogándose frente a nuestras narices. Habitan en un mundo paralelo, donde se mea entre matorrales, la suciedad es una capa de abrigo, nunca se elige nada, y hay días en los que nadie te habla. Un mundo paralelo y al mismo tiempo amenazante, que temes que un día se desboque y te acabe chupando a ti, a alguno de los tuyos, hacia la deriva y el frío, y el “ya no sé qué hacer para sobrevivir, me da mucha vergüenza pero por favor, a mi cualquier moneda  me sirve”.

Es probable que a ti no te pase nunca, que tengas una familia que te dará incondicional techo, recursos que ni sospechabas, amarres que ni siquiera entiendes con claridad pero que te impiden caer. Y ahí, suspendida en el aire por tu suerte, tu red, aquello que en última instancia te salve, pero con una perspectiva demasiado clara del abismo, les ves boquear entre los pasajeros o los grupos de amigos que se arriman a las estufas de gas fuera de los restaurantes, mientras otras como tú, tú como otras, miran, miráis hacia otro lado, por hartazgo, por vergüenza o por tristeza. Da igual la perspectiva desde la que no les miras, tú también eres parte del problema: cuando te sientes a salvo de hundirte, acabas por normalizar lo insoportable.

23 ene 2022

Publicado enSociedad
Raquel Ramírez, sin título (Cortesía de la autora)

Pandemia y crisis económica estuvieron unidas desde la detección del covid-19. La reacción casi inmediata del gobierno Duque fue la más elemental: otorgar medidas especiales a los bancos, vía Banco de la República, para que facilitaran crédito a hogares y empresas, en este caso para cubrir la nómina y así conservar empleos. La deuda como una solución frente a la crisis. Alternativas como la renta básica, en cambio, siguen en debate un año después. En este escenario ¿es el endeudamiento la única solución viable?

 

La forma como los economistas se refieren al dinero con palabras como liquidez y flujos de capital llevan a pensar en el sistema monetario como si se tratara de un sistema de tuberías y tanques manejado desde una estación de control. En él, serían unos pocos quienes deciden cómo y por dónde debe fluir un recurso que todos necesitamos, y la deuda aparece como el único motor que permite bombear el dinero a través de sus canales. Así, mientras que los bancos se llenan como tanques a rebosar gracias a las políticas del gobierno y del banco central bajo la promesa de que irrigan el sistema, en las zonas más vulnerables de nuestras ciudades se izan trapos rojos como símbolo de la sequía que aflige muchas vidas.


Aunque los economistas aluden a él en términos de flujos y liquidez, el dinero no es como el agua, un recurso dado por la naturaleza que sólo podemos canalizar, sino que es un invento humano diseñado para cumplir ciertas funciones sociales. Sus características de diseño determinan aspectos como la forma en la que es producido (por qué instituciones, cómo y cuándo), el formato usado (i.e. conchas, metal, papel, una tarjeta plástica o, unos y ceros registrados en un computador), la infraestructura y circuitos por los que se mueve y las reglas para usarlo. Por ejemplo, el diseño del papel moneda surgió en la edad media con una función muy específica: proteger las piezas metálicas de los peregrinos que viajaban de una ciudad a otra. Entonces ¿por qué no preguntarnos acerca del diseño actual del dinero? ¿Será el más apropiado ante la situación que hoy vivimos?


El tipo de dinero que predomina actualmente es conocido como “dinero fiat”, o fiduciario (del latín fiat lux –hágase la luz–), y no tiene un soporte material con el que se trate de respaldar su valor (como el patrón oro) sino que es creado por los bancos. Primero, por el central (Banco de La República) que imprime efectivo y emite dinero digital. Segundo, por los bancos privados, que únicamente pueden emitir dinero digital. Es decir, cuando un banco privado o multilateral concede un crédito, podría parecer que el dinero de dicho préstamo fuera como agua de un pozo que la entidad crediticia almacena y reparte a su discreción, para luego cada mes recibir el pago por lo prestado, más un monto adicional llamado interés. Pero esto no es así: cuando se otorga un préstamo, este dinero no está almacenado en alguna reserva de los bancos, en una relación 1 a 1, y en algunas ocasiones no existe pozo alguno: el dinero es creado al instante. Con un click el banco crea una deuda y modifica el saldo existente en la cuenta del nuevo deudor (persona o país): crean dinero de la nada.


Más aún, cuando conceden un préstamo, el dinero creado sólo corresponde a la cantidad principal emitida, y el interés, el pago que debe darse por el dinero prestado, no ha sido creado. De esta manera, la única forma de conseguir el dinero necesario para pagar los intereses es compitiendo por el monto en circulación que alguien más también requiere para pagar sus deudas o simplemente sobrevivir. Por lo tanto, el dinero, por sus características de diseño, incentiva la competencia y la acumulación. Así, mientras quienes requieren acceder a un crédito para cosas como estudiar, o comprar una vivienda, compiten mes a mes para pagar sus deudas, unos pocos acumulan por medio del interés.


Entonces, si el dinero es un invento humano ¿por qué no repensarlo para que funcione de otra manera? ¿corresponderá su diseño con los valores que deberían cimentar la vida? ¿Por qué no pensar en dineros que incentiven la protección del medio ambiente y el valor del trabajo de cuidado, sobre la rentabilidad y la acumulación? Estas preguntas han motivado el resurgimiento de monedas complementarias que, sin reemplazar el dinero existente, brindan otras alternativas sobre cómo propiciar el relacionamiento social con y por medio del dinero, permitiendo habitar mejor el mundo.


Pluralidad de dineros


Las monedas complementarias son una realidad que ya lleva tiempo: al presente, hay más de tres mil operando. Existe incluso una asociación de investigación sobre innovación monetaria y sistemas monetarios comunitarios y complementarios (Ramics, por sus siglas en inglés). Uno de los principales promotores de las monedas complementarias, Bernard Lietaer, las explica en términos de medios para conectar necesidades insatisfechas con recursos inutilizados. Podrían considerarse como necesidades insatisfechas en nuestro contexto, por ejemplo, la cantidad de familias y negocios que se quedan en la calle al no poder pagar el arriendo por falta de dinero convencional, mientras que miles de apartamentos y locales quedan desocupados. La perspectiva de gente viviendo en la calle en condiciones de creciente precariedad junto a propiedades vacías, es particularmente chocante en contextos pandémicos pero hace parte de la ‘normalidad’ de los ciclos económicos. En cambio, una moneda complementaria puede conectar el conocimiento en agricultura de esa madre sin techo con el técnico en sistemas que decidió empezar una huerta y a éste con el tendero que tiene dificultades con las clases virtuales de su nieta, y quien a su vez necesita propaganda para nuevos productos que le llegaron, algo que pueden hacer los del grupo de danza que necesitan un lugar para ensayar. Las monedas complementarias pueden variar en términos de sus mecanismos, del contexto en el que operan, y los problemas que buscan abordar. Más que proponer un diseño definitivo, el énfasis está dirigido a la existencia de un amplio espectro de posibilidades que pueden variar según los valores por priorizar y construir. Los ejemplos vienen a la mano:


El pueblo austríaco de Wörgl ganó fama relativa entre quienes estudian historia monetaria, y en particular la crisis económica de 1929, por la implementación exitosa de una moneda que se “oxida”, esto es, que los billetes pierden su valor nominal con el paso del tiempo para así desincentivar su acumulación. Si a final de mes un billete de un dólar, pongamos, sólo vale 95 centavos, hay un incentivo para que cambie de manos rápidamente, promoviendo la circulación de bienes y servicios y evitando el estancamiento característico de las recesiones. La moneda Chiemgauer que opera actualmente en Alemania se basa en este mismo principio: creada en 2003 por un profesor de colegio y sus estudiantes, aplica el mecanismo de oxidación automáticamente como interés negativo, moviendo anualmente el equivalente a cientos de miles de euros con una velocidad de circulación hasta tres veces mayor que la del euro.


Pero el principal problema puede que no sea orientar el dinero hacia el fortalecimiento de circuitos locales de intercambio –como en el caso anterior, en el que un euro se cambia por un chiemgauer– sino tener en cuenta, para empezar, a quienes tienen poco dinero. Es el caso del Tumin mexicano, en el que el grupo de asociados se reúne y decide quienes en la comunidad necesitan Tumins y cuántos entregarles, para que, juntándolos con pesos mexicanos, puedan completar “el peso que les falta” en sus compras básicas, a la vez que impulsan mercados alternativos. En ese caso, se trata de una emisión de dinero por consenso.


Un tercer ejemplo es el de la moneda PAR, en Argentina. Los clubes de trueque que proliferaron allí como alternativa ante la crisis del 2001 son bastante conocidos, muchos de los cuales tuvieron problemas con los vales que usaban para intercambiar, ya sea por fraude, sabotaje, o porque los mecanismos de emisión no eran claros. PAR fue pensada como solución a esto: es una moneda de crédito mutuo que funciona de manera digital, apoyada en tecnología blockchain, que facilita el intercambio sin necesidad de emitir previamente una base monetaria. Con el crédito mutuo, es posible registrar balances en una cuenta tanto positivos como negativos para representar y llevar el registro de las deudas entre participantes de una comunidad. Los saldos son creados en el momento de cada transacción, sin tener que acudir a una institución financiera para crearlos en primer lugar, y mucho menos pagar intereses por esos números.


Dentro de las enormes posibilidades, hay un tipo particular de moneda complementaria de especial relevancia en el contexto de la crisis económica de la pospandemia: los impuestos que se pagan con actividades socialmente útiles. Se trata de una idea con la cual empezamos a familiarizarnos en Colombia con ocasión de una iniciativa de la alcaldesa de Bogotá. Su antecesor había propuesto un esquema para aliviar la restricción del “pico y placa”: quienes quisieran usar todos los días su carro en la ciudad podrían hacerlo a cambio de pagar un impuesto. La idea es sencilla y muy práctica, pero tiene una connotación odiosa: quienes no tuvieran dinero para pagar ese impuesto permanecerían sujetos a la restricción de movilidad. Por eso, la propuesta de la alcaldesa fue mejor: para liberarse de tal restricción se debería realizar una tarea comunitaria. En otras palabras, el impuesto podría cancelarse con una actividad socialmente útil, que podría ser realizada por cualquier persona. Propuesta que es factible generalizar en multiplicidad de municipios para pensar en impuestos pagables por todas sus residentes, incluso por aquellas que no cuentan con ingresos seguros o por quienes queden desempleadas, y que servirían para dinamizar las economías locales atendiendo, precisamente, las necesidades insatisfechas de la población.


En efecto, cada municipio puede hacer un censo de las necesidades por ser cubiertas con la realización de actividades socialmente útiles, por ejemplo, el cuidado de la niñez y de los adultos mayores; censo a partir del cual precisaría los impuestos que cada residente tendría que pagar, esto es, indicaría el número de horas de cuidado que cada uno debería llevar a cabo, los lugares donde podría hacerlo, la forma de acreditar la actividad realizada, etcétera. No todos los residentes de un municipio están dispuestos a realizar estas actividades. En tal caso, el municipio podría estimular que otras personas lo hicieran en su lugar, lo cual generaría una serie de intercambios beneficiosos tanto para la persona que sustituye al residente en el pago de su impuesto como para ese residente.


Por su parte, la comunidad en general se beneficiaría de un esquema que movilizaría capacidades inutilizadas para atender necesidades insatisfechas y, además, cada una de las partes podría aprovechar su ventaja comparativa. El impuesto en este caso sería una moneda complementaria con una estructura muy similar a la de los bancos de tiempo, la cual contribuiría a romper el esquema mental de la pobreza. ¿Por qué? Mucha gente cree que es pobre porque no tiene plata en el bolsillo. Ignora que es rica en capacidades para hacer muchas cosas que benefician a los demás. Cuando se activan esas capacidades, se activa un volumen de riqueza que no está en los libros de contabilidad de los bancos ni en los cálculos convencionales del Producto Interno Bruto de un país. Es un volumen de riqueza a la espera de un medio para circular socialmente. Uno de esos medios es justamente el impuesto pagadero con actividades socialmente productivas.


Cómo hacer para que las monedas complementarias funcionen


La modalidad de moneda complementaria aquí propuesta comparte con todas las demás una serie de características que son esenciales para su funcionamiento. Es factible pensar en estas características como en las reglas del lenguaje: existe una amplia libertad para expresar nuestro pensamiento, pero debemos hacerlo dentro del marco de unas reglas comunes, que son las que facilitan la comunicación. De manera análoga, las modalidades de las monedas complementarias son muchas, pero si una comunidad decide crear un circuito monetario propio tiene que llegar a un acuerdo acerca de las reglas de juego que gobernarán el funcionamiento de ese circuito, y para ello resolver varios problemas básicos. Uno muy importante es llevar la contabilidad de aquello que se paga con esa moneda. Por ejemplo, en un banco de tiempo, si realizo una actividad en beneficio de otra persona durante dos horas, voy a querer que otra persona realice en beneficio mío una actividad por un tiempo igual o que dos personas lo hagan, cada una durante una hora. Llevar la contabilidad permite que todos los usuarios del banco de tiempo tengan la confianza de que esa moneda complementaria funciona justamente, esto es, que nadie se aprovecha de nadie más. Dicho en otras palabras, que todos ponen y que todos toman, y sobre todo, que no hay nadie que tome más de lo que pone.


Otra regla importante concierne a los derechos y deberes de los miembros del circuito monetario, así como a las sanciones aplicables a aquellos que incumplan las reglas de la moneda, el modo de aplicar esas sanciones, etcétera, dinámica que es posible ilustrar con un ejemplo: usualmente, en un banco de tiempo o en un sistema de crédito mutuo hay un límite de ‘endeudamiento’. Esto es, me puedo beneficiar de que otra persona me de algo o haga algo a cambio de la moneda complementaria, pero no puedo beneficiarme indefinidamente sin corresponder con algo que a su vez beneficie a los demás. De otro modo les estaría explotando. Si las reglas en las cuales se basa la moneda complementaria no le pusieran freno y no castigaran a quienes quisieran aprovecharse de los demás, se rompería la confianza no sólo entre las personas que usan esa moneda sino en la moneda misma. De ahí la importancia de establecer claramente desde el principio las reglas de juego, las cuales encarnan y generalizan el principio de reciprocidad que sirve de fundamento a las monedas complementarias.


Lo dicho hasta ahora aplica también a los impuestos que funcionan como moneda complementaria y sirve para resaltar un aspecto fundamental: la importancia del acuerdo que sirve de base a las reglas de juego de todas las monedas. En el caso de los impuestos, el acuerdo base es el de los representantes elegidos en cada municipio, esto es, los concejales. Sin embargo, para que el impuesto logre exitosamente movilizar capacidades inutilizadas para redimir las necesidades insatisfechas de la población se requiere de un amplio consenso ciudadano. Para tal efecto será preciso explicar, a su vez, cómo funcionará ese impuesto, qué actividades socialmente útiles podrán realizar los residentes, dónde y cómo el municipio llevará la cuenta de los pagos, quiénes se beneficiarán, cómo podrá pedirse una rendición de cuentas de la forma como ha operado ese impuesto, etcétera. Un aspecto clave del funcionamiento de este tipo de impuestos es la confianza en que las contribuciones de todos los residentes redundarán en un mayor nivel de bienestar del conjunto de los habitantes. Análogamente, monedas complementarias como los bancos de tiempo y los sistemas de crédito mutuo funcionarán exitosamente si cada uno de sus usuarios respeta su acuerdo de funcionamiento. Dicho de otro modo, el acuerdo de cada uno de respetar esas reglas es lo que le dará realidad al principio “todos ponen y todos toman”, que es el fundamento de la confianza en la moneda complementaria.


Si la moneda es un invento humano, entonces cualquier comunidad podría crear una moneda complementaria para resolver el problema identificado por Lietaer: conectar necesidades insatisfechas con recursos inutilizados. Un elemento fundamental para que cualquier moneda funcione consiste en resolver el problema de la confianza. Para pensadores sobre el dinero como Bruno Theret existen tres tipos de confianza en una moneda, que están ligados entre sí: la confianza en términos de que otras personas sí la recibirán (confianza metódica), en términos de que esté ligada a un proyecto común cuyos valores se comparten (confianza ética) y en términos de que la entidad u organización que gobierna la moneda –o establece las reglas de funcionamiento– sabe lo que está haciendo (a esto Theret lo identifica como confianza jerárquica, que es más apropiado para las monedas nacionales que para redes relativamente descentralizadas).


La confianza asume, como está visto, distintas modalidades. Confiamos en las demás personas por cuenta de los lazos que nos unen a ellas, como lo son los de parentesco o amistad, pero no solo con amigos y familiares es posible crear una moneda. Cuando la relación es con extraños en quienes no sabemos si son de fiar o no, usualmente hay necesidad de acudir a un acuerdo donde se establecen unas garantías y sanciones. Un viejo principio dice que el acuerdo es ley para las partes. Esa ley en realidad es un conjunto de reglas de juego que gobiernan el modo como las partes se deben comportar. En ese sentido, si las reglas con las que se diseña una moneda logran establecer suficientes incentivos y penitencias que respondan a los valores y necesidades que una comunidad desea impulsar, es probable que el acuerdo funcione tan bien que más gente quiera usar esa moneda.


Estos tipos de monedas no pretenden sustituir al sistema monetario vigente. Buscan conectar aquellos recursos que las prácticas monetarias actuales dejan inutilizados, con aquellas necesidades que permanecen insatisfechas. Pero no sólo es eso: la diversidad de las monedas complementarias existentes está motivando a crear nuevos ecosistemas de dinero que ayuden no sólo a superar la crisis económica actual, sino a habitar el territorio bajo valores y prácticas más acordes con el mundo que anhelamos vivir y legar.

5 de febrero de 2021

Si alguien quiere profundizar en la información presentada, le invitamos a escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

*Grupo Sociología del Dinero,**Grupo de Protección Social – CID, Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género; Grupo Sociología del Dinero.

 

 

 

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Publicado enColombia
Domingo, 28 Noviembre 2021 05:42

El modelo de desarrollo chino está en crisis

 Un residente camina entre los edificios de apartamentos de la promoción inmobiliaria y turística Life in Venice de Evergrande en Qidong, provincia de Jiangsu, China. (Qilai Shen / Bloomberg vía Getty Images)

China vivió un largo período de crecimiento económico vinculado a la inversión inmobiliaria. Ese modelo está fracasando.

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La crisis que atraviesa la inmobiliaria china Evergrande tiene a la empresa en boca de todo el mundo. Los acreedores, inversores, contratistas, clientes y empleados de Evergrande, tanto dentro como fuera de China, están ansiosos por saber si el gobierno decidirá finalmente que la empresa es demasiado importante como para dejarla caer. De confirmarse el colapso de Evegrande, las repercusiones sobre el sistema financiero y la cadena de suministros de la construcción son impredecibles. Se sabe que el gobierno central de Pekín advirtió a los gobiernos locales que deben prepararse para los posibles efectos sociales y políticos de la crisis. 

Pero aun si la intervención del gobierno rescatara a Evergrande, el Estado chino enfrentaría nuevos dilemas. Evergrande es solo una de las muchas empresas inmobiliarias que enfrentan un posible default. La caída del precio de las viviendas en China está haciendo que la crisis se propague a otras inmobiliarias, como Kaisa. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que es probable que la crisis china afecte la economía mundial.  

La crisis de Evergrande y del enorme sector inmobiliario del país es una manifestación de la crisis del modelo de desarrollo chino. Los límites del modelo son perceptibles en la multiplicación de las ciudades fantasma: se estima que los departamentos vacíos en China bastarían para alojar a toda la población de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido o Canadá. ¿Cómo pudo ese modelo sostener un crecimiento tan veloz durante tanto tiempo y por qué fracasó recién ahora? Para comprender la crisis actual, debemos comprender el vínculo entre la propiedad —y la inversión fija en general— y las otras partes de la economía mundial y china.

El fin del «China Boom»

Desde mediados de los años 1990 hasta 2008, el sector exportador de China logró plantearse como un motor de dinamismo y rentabilidad. Alimentado por la demanda global y dominado por empresas privadas y extranjeras, el sector exportador acumuló una cantidad descomunal de divisas, fundamento monetario de una generosa expansión del crédito por parte del sistema financiero controlado por el PCCh. El crecimiento de las reservas permitió que los bancos estatales chinos expandieran la liquidez de su moneda local sin las fugas de capitales ni los riesgos devaluatorios típicos de los experimentos de expansión de otros países en vías de desarrollo. La mayor parte de los nuevos créditos terminaron en manos de empresas con buenos contactos, que tendieron a invertir en activos fijos como infraestructura, bienes raíces, plantas siderúrgicas y plantas de carbón. 

Como dijo una vez Keynes, dos vías que hacen el mismo camino no son dos veces mejores que una. Una buena parte de esa inversión fija financiada con deuda fue infructuosa y redundante. Desde fines de los años 1990, los dirigentes del PCCh hicieron sonar la alarma del endeudamiento y de la sobrecapacidad. Una de las soluciones propuestas fue la liberalización financiera: si se habilitara la circulación de la liquidez en busca de tasas de interés más elevadas, las empresas ineficientes perderían el acceso al crédito que las mantenía a flote. Pero otras facciones de la élite del partido-Estado percibían a estos sectores infructuosos como potenciales vacas lecheras y cuasi feudos. La reforma nunca cobró impulso. 

El primer golpe al crecimiento chino fundado en las exportaciones llegó con la crisis financiera de 2008-2009. En respuesta al colapso de la demanda global, el gobierno chino implementó una política de estímulo monetario tan agresiva como exitosa. Todavía impulsada por la enorme ola de inversiones en activos fijos financiados con deuda, la economía salió con fuerza de la crisis. Pero con el motor de la exportación detenido, la expansión redoblada del crédito bancario-estatal para la inversión no fue equivalente a la expansión de divisas. El resultado fue una enorme burbuja de deuda. Entre 2008 y 2017, las deudas pendientes de China pasaron de representar el 148% del PIB a representar más del 250%. La pandemia de 2020 conllevó un nuevo aluvión de préstamos, que —según una estimación— empujó la proporción deuda-PIB por encima del 330%. Siguiendo una huella conocida, la mayor parte de esa deuda terminó en la financiación de nuevos departamentos, plantas de carbón, plantas siderúrgicas y proyectos de infraestructura. Con pocas personas capaces de consumir los productos, las nuevas inversiones solo generaron una sobrecapacidad infructuosa. Como muestra el Gráfico 1, después del rebote de 2009-2010, la rentabilidad de las empresas siguió cayendo en términos generales, tanto en el sector privado como en el estatal.

La caída de las ganancias sumó un nuevo problema a la sobrecapacidad financiada con deuda, pues las ganancias brindan el flujo de dinero que las empresas necesitan para pagar sus deudas y reembolsar a sus prestamistas. En China, el rendimiento decreciente de los activos creó una bomba de tiempo financiera: ¿Qué pasaría si empezaran los defaults? Los gestores económicos del PCCh no tenían espalda para implementar más políticas de estímulo a la inversión financiadas con deuda. Mientras tanto, el crecimiento del sector exportador todavía seguía por debajo de los niveles previos a 2008. En busca de un nuevo régimen de expansión, Pekín llamó a dejar atrás las inversiones fijas y a apuntalar el consumo doméstico privado. Efectivamente, el volumen de consumo privado creció a gran velocidad luego del ingreso del país a la OMC en 2001, pero nunca tomó ritmo suficiente como para alcanzar la expansión de la inversión (ver el Gráfico 2). El crecimiento insuficiente del consumo fue resultado de la creciente desigualdad. A lo largo del boom de las exportaciones, el ingreso promedio de las familias creció a un ritmo mucho más lento que la economía en general. Esto implica que la mayor parte de los nuevos ingresos generados por la economía terminó en manos del gobierno y de otras empresas, no en salarios y remuneraciones que pusieran dinero en los bolsillos de los empleados. En vez de incrementar el consumo, el plusvalor fue reinvertido en más inversión y más sobrecapacidad.

Incluso antes de 2008, circulaban muchas propuestas que apuntaban a un nuevo equilibrio. El aumento del consumo hubiera implicado nuevas fuentes de demanda final, capaces de absorber la sobrecapacidad y garantizar el incremento de las ventas de las empresas. Con todo, la distribución del ingreso necesaria para equilibrar la economía mediante el impulso del consumo privado es fácil de enunciar pero difícil de implementar, sobre todo cuando se tiene en cuenta el monopolio de poder de la élite del partido-Estado. 

Estos complejos problemas moldearon la siguiente etapa de la trayectoria china. En 2015-2016, la debacle financiera y la fuga de capitales forzaron una fuerte devaluación de la moneda. En 2016 el gobierno logró estabilizar la economía, pero solo a costa de un renovado control de capitales. El sistema bancario también inyectó nuevas rondas de crédito con el fin de mantener la rueda en movimiento. Un signo de la enorme fragilidad financiera del país fue que muchos de los préstamos se usaron para refinanciar la deuda existente y no para financiar nuevas inversiones o consumo. 

El estancamiento del sector manufacturero —revelado por Purchasing Manager Index (PMI), uno de los índices más importantes del sector— ilustra bien el impasse de la economía china. En el PMI, un valor por encima de 50 indica expansión y uno por debajo de 50 contracción. En el Gráfico 3 (abajo) el eje de la derecha muestra que, durante una década, el PMI rondó el 50 (nivel de estancamiento). El eje de la izquierda muestra el volumen de nuevos préstamos. Si comparamos los datos de nuevos préstamos con los del índice manufacturero, comprobamos la efectividad decreciente del estímulo crediticio. Desde el rebote de 2009-2010, el mero mantenimiento de la actividad económica conlleva inyecciones de dinero más grandes. Mientras que las olas de crédito, recurrentes y cada vez más cuantiosas, hacen crecer la deuda sin contribuir al dinamismo económico, las empresas se convierten en zombis adictos a los préstamos. 

Dos capitales

Desde fines de los años 1990, el problema de la sobrecapacidad financiada con deuda recibió distintas soluciones, entre ellas la liberalización de los mercados financieros y el incremento del consumo privado. Pero durante la última década de estancamiento, un nuevo tipo de equilibrio terminó definiendo la economía política china: «el Estado avanza, el sector privado retrocede» (guojin mintui). Aunque la idea suele plantearse en términos de distintas ideologías partidarias o estilos de dirección individual, la presión ejercida por el Estado sobre el sector privado y sobre las empresas extranjeras refleja condiciones económicas más generales. En un ambiente de bajo crecimiento, las empresas vinculadas al Estado crecen a costa de otros sectores. Su alianzas con los dirigentes del partido garantizan su capacidad de desarrollar la estrategia propuesta.

La capacidad de maniobra del sector estatal descansa sobre la singular forma de propiedad china, específicamente sobre el hecho de que el Estado sigue siendo el terrateniente universal. Durante los años 1950, el PCCh abolió la propiedad privada y sentó las bases del partido-Estado, representante autodesignado del pueblo y dueño único de toda la propiedad. A pesar de las importantes reformas económicas implementadas a partir de 1978, el partido-Estado nunca modificó la propiedad estatal del suelo ni su estatuto de forma privilegiada de la propiedad. El Estado promovió el desarrollo de una economía privada garantizando a los emprendedores individuales derechos de uso de los bienes raíces por tiempo limitado. Es decir que el uso tiene fecha de caducidad y el Estado conserva el poder de establecer los términos de una renovación o de cancelar el contrato en cualquier momento. Así comenzó la reforma de mercado de fines de los años 1970, cuando el Estado instituyó el sistema fundado en la responsabilidad del usuario (arrendó derechos de uso a las familias campesinas sin perder la propiedad de la tierra). A mediados de los años 1980, las ciudades empezaron a implementar una mercantilización similar del derecho de uso del suelo bajo propiedad estatal, que comenzó con la reforma de Shanghái. Estas reformas, que culminaron en los años 1990, generaron las condiciones de desarrollo de las inmobiliarias del tipo Evergrande sin subvertir la propiedad estatal del suelo. 

Además de la propiedad de la tierra, Pekín nunca abandonó el carácter dominante de las empresas estatales en los sectores clave. La reforma de las empresas estatales de los años 1990 no fue exactamente una «privatización». Muchos gigantes estatales fueron reestructurados siguiendo el modelo de las empresas transnacionales de Occidente, orientadas hacia la generación de ganancias, y abandonaron casi todas sus funciones sociales, como la provisión de vivienda y salud para sus empleados. Pero muchas de las empresas más grandes permanecieron bajo control del gobierno central o de los gobiernos locales a través de la propiedad estatal directa o de la participación estatal mayoritaria en los paquetes accionarios de las empresas públicas. La cantidad de empresas chinas que figuraban en el listado de Global Fortune 500 pasó de 10 en el año 2000 a 124 en 2020. De esas 124 empresas, 91 son empresas estatales. Los activos industriales totales del Estado duplican los activos privados y ocupan un rol predominante en sectores como finanzas, energía, automóviles, telecomunicaciones y minería. 

Por lo tanto, durante el largo boom de las exportaciones, la economía política china fue impulsada por el intercambio en un mercado orientado hacia la generación de ganancias y fundado en los derechos temporarios sobre la propiedad otorgados por el Estado a ciertos individuos y emprendedores. Con el tiempo, muchos inversores empezaron a pensar que la propiedad estatal era una formalidad y suponían que la renovación del derecho de uso sería rutinaria y ritual. Mientras la economía china se mantuvo en ascenso, con altas tasas de rendimiento, los empresarios no tuvieron ningún problema en conservar su riqueza y su propiedad en China y la preocupación sobre la seguridad de sus finanzas no surcó sus cabezas. Pero cuando las tasas de crecimiento empezaron a caer, los inversores volvieron a prestar atención a la naturaleza transitoria de su propiedad, determinada por la vigencia del Artículo 6 de la Constitución china («el Estado ratifica el sistema económico básico en el que la propiedad pública es dominante») y del Artículo 7 («la propiedad estatal […] es la fuerza principal de la economía nacional. El Estado garantiza la consolidación y el crecimiento de la economía estatal».

La presión sobre los negocios privados y extranjeros se hizo evidente a partir de 2008. Cuando la recesión mundial congeló el crecimiento económico, Hun Jintao promulgó una nueva ley antimonopolios, aplicada mucho más enfáticamente en el caso de las empresas privadas y extranjeras que en el caso de las empresas estatales. No cabe duda de que, durante el conflicto entre las distintas élites nacionales, la etiqueta «anticorrupción» sirvió para purgar del partido a muchos individuos que poseían empresas. Pero rara vez la ley antimonopolios puso en cuestión a las empresas estatales, aun cuando el sector alberga monopolios fundamentales, como el de las telecomunicaciones y la energía. A la inversa, la campaña anticorrupción normalizó la confiscación de la riqueza individual. La combinación de la inseguridad de los individuos más ricos y emprendedores, la caída de la rentabilidad en una economía que se ralentiza y las expectativas de una fuerte devaluación del renminbi desató la ola de fuga de capitales que culminó con el alboroto financiero del verano de 2015, al que nos referimos antes. Aunque el reforzamiento del control de capitales contuvo la fuga, las empresas y los individuos ricos de China renovaron sus deseos de sacar su riqueza del país y llevarla a jurisdicciones que protegieran mejor la propiedad privada. 

Cuando Xi Jinping llegó al poder en 2012, muchos analistas supusieron que el mandatario embarcaría al país en un proceso de liberalización económica. Durante las primeras etapas del reinado de Xi, los medios estatales promovieron el mensaje con un debate sobre la desregulación financiera y la «reforma del costado de la oferta», que, como dijo el New York Times en 2016, «suena menos a Marx y a Mao que a Reagan y a Thatcher». Pero las expectativas de que Xi fuera un hombre promercado del estilo de Deng Xiaoping no tardaron en evaporarse. La fuerza de los grupos de interés mejor establecidos en el partido-Estado dejó poco margen a Xi como para que hiciera otra cosa más que apoyar la continuidad de la expansión de las empresas de propiedad estatal o vinculadas al estado a expensas de las empresas privadas y extranjeras. 

Aunque el giro estatista es previo a Xi, el mandatario propició una aceleración significativa del proceso. Este año Xi presentó el programa «prosperidad común». La consigna fue de la mano de medidas severas contra las empresas privadas. Entre esas medidas represivas, cabe mencionar el bloqueo de última hora de una oferta pública de venta (IPO) en el extranjero de Ant Group (el brazo fintech de Alibaba); la imposición de una pesada multa antimonopolio sobre Alibaba; las fuertes restricciones sobre la capacidad de las empresas tecnológicas de recolectar datos y proveer servicios; la prohibición de las tutorías escolares con fines de lucro y la habilitación para que las empresas estatales pasen a hacerse cargo de ciertos activos fundamentales de las empresas tecnológicas privadas. 

Evergrande y el futuro del capitalismo chino

En 2016, una editorial estatal de Pekín empezó a vender una versión en chino simplificado de mi libro The China Boom. En esa edición, la expresión «capitalismo en China» fue traducida sistemáticamente como «socialismo de mercado con características chinas». Es la autodescripción oficial estricta del sistema de partido-Estado chino, cuyas publicaciones oficiales nunca utilizan los términos «capitalismo» ni «capitalismo chino» para caracterizar el sistema económico del país. Algunos intelectuales de izquierda occidentales, como David Harvey, empezaron a especular con que Xi estaría conduciendo a China de vuelta al camino socialista abandonado luego de la muerte de Mao. La idea de un giro maoísta anticapitalista también está presente en publicaciones como The Wall Street Journal y The Washington Post

Por más extendida que esté, la idea de que China está apartándose del capitalismo es inadecuada. Después de cuatro décadas de reformas, la economía china todavía no alcanzó el modelo capitalista neoliberal bosquejado (y defendido) por la literatura sobre las «transiciones de mercado». Pero el sistema chino —definido por la mercantilización plena de los medios de vida, el predominio del imperativo de las ganancias en todas las actividades económicas, la propiedad estatal del suelo, que se suma a la protección débil de todas las otras formas de propiedad privada, y el carácter predominante de las empresas estatales— probablemente responde mejor a la categoría de capitalismo de Estado o capitalismo de partido-Estado. La Rusia de Putin brinda a Xi un ejemplo de régimen autocrático capaz de soportar las recesiones económicas después de haber bloqueado, contenido o exterminado a todos los oligarcas con bases de poder independientes. Pekín quiere restringir la acumulación de capital privado para dejar más espacio a la acumulación de capital estatal. El proyecto también implica castigar la resistencia de base contra la acumulación, como demuestra la reciente detención de activistas sindicales, investigadores especializados en derechos laborales e intelectuales marxistas. 

Junto al comercio electrónico y las redes sociales, el sector inmobiliario es una de las áreas de influencia más importantes del capital privado. ¿Qué consecuencias tendrá el pánico generado por Evergrande en la transformación de este sector esencial, que genera cerca del 25% del producto chino y sostiene una burbuja de activos cuyo valor cuadruplica el PIB del país? Tal vez sea una oportunidad para que el partido-Estado chino fortalezca la promoción del sector estatal contra sus rivales. La crisis de Evergrande se desató cuando el Estado intentó castigar a las inmobiliarias mediante la restricción del acceso al crédito de los bancos estatales. Se suponía que estas medidas forzarían el desapalancamiento de las empresas endeudadas. Algunos medios dicen que el gobierno chino está evaluando la posibilidad de disolver y reestructurar Evergrande como un conjunto de empresas estatales. En ese caso, la crisis de Evergrande terminaría siendo una oportunidad para que el partido nacionalizara una de las empresas inmobiliarias más grandes de la economía nacional, reafirmando la propiedad estatal sobre el suelo. Esta tendencia es consistente con el reciente ataque del Estado a las empresas privadas más grandes, que podría terminar con la decisión de convertirlas en empresas bajo propiedad o control estatal. Si disolviera empresas como Evergrande, el Estado sería capaz de separar las actividades más rentables (como la unidad que gestiona las viviendas existentes) y poner fin a todas las operaciones insalvables. Pero aun en el caso de que el Estado decidiera nacionalizar los activos, estos terminarían en manos de desarrollistas estatales que siguen trabajando con fines de lucro.

Como sucedió en momentos previos de la crisis, Pekín está haciendo algunos gestos que apuntan a la necesidad de encontrar un nuevo modelo de desarrollo. Bajo la rúbrica «prosperidad común» y el llamamiento a la redistribución de la riqueza, Xi vinculó el ataque contra el sector privado a la necesidad de solucionar la desigualdad y hasta de incrementar el consumo doméstico. Hasta ahora, existe poca evidencia de que una nueva ronda de redistribución implicará algo más que el desplazamiento de recursos y poder del sector privado hacia las empresas estatales, menos rentables pero igualmente orientadas hacia la generación de ganancias. Aquellos que esperan que Xi reviva el socialismo —un sistema político y económico en el que la vida de las personas está por encima de las ganancias, las inversiones y el crecimiento— están condenados a la decepción.

* Publicado originalmente en inglés en Phenomenal World (12/11/2021) *

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Martes, 23 Noviembre 2021 06:31

El dragón chino y América Latina

El dragón chino y América Latina

La locomotora china avanza imparable. Ya el principal motor de la economía mundial. Y, de acuerdo con un informe del McKinsey Global Institute, superó a Estados Unidos como la nación más rica del planeta (https://mck.co/2ZdpRxc).

El informe de la consultora analiza los balances nacionales de 10 países, que poseen más de 60 por ciento de la renta mundial. Documenta cómo la riqueza neta en el mundo pasó de 156 billones de dólares en 2000, a 514 billones de dólares en 2020. Concluye: el gigante asiático generó 50 por ciento del crecimiento del patrimonio neto en estos últimos 20 años.

Pese a la pandemia, China es la única de las grandes economías que no sufrió recesión en 2020. De hecho, aumentó 2.3 por ciento. De acuerdo con expertos, alcanzará entre 2021 y 2025 un crecimiento promedio anual de 5.7 por ciento. Encarrerada, el año pasado rebasó a Washington como principal socio comercial de la Unión Europea (UE). Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum), se perfila para ser el principal socio comercial de América Latina y el Caribe en menos de 15 años.

El gran dragón oriental es clave en la economía de América Latina. Es voraz consumidor de los alimentos, minerales, metales y combustibles que se producen en la región. Los intercambios comerciales, la ayuda financiera y las inversiones de ese país han sido centrales en permitirle al área, más allá del signo político de sus gobiernos, enfrentar sus retos de crecimiento.

Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "la cooperación entre China y América Latina y el Caribe ofrece una oportunidad para reducir las asimetrías globales y apoyar una recuperación económica transformadora inclusiva que promueva el desarrollo sostenible" (https://bit.ly/3oST3m1).

Aunque el gigante asiático ha restringido sus préstamos en el hemisferio (https://bbc.in/3cy9rCu), aumenta aceleradamente en los demás rubros: intercambios comerciales, inversiones directas, cooperación al desarrollo e, incluso, actividades culturales. En el marco de la pandemia, se han intensificado los acuerdos de investigación y desarrollo, sobre todo en el área farmacéutica. Su apuesta (sin abandonar los otros sectores) es avanzar en logística, servicios, telecomunicaciones y transporte. Nada parece indicar que esta tendencia vaya a desaparecer.

La nación asiática es el segundo socio comercial de América Latina, por encima de la Unión Europea. Ahora representa 15 por ciento del comercio de la zona. Simultáneamente, es la tercera fuente de inversión en las economías del área. Entre 2015 y 2020, empresas privadas y paraestatales invirtieron unos 7 mil 850 millones de dólares en el hemisferio. Países como Chile tienen desde 2006 un tratado de libre comercio con la patria de Mao Tse-Tung. Y Perú se convirtió en el destino favorito de las inversiones de empresas chinas en el continente.

Según el Centro de Estudios China-México (Cechimex), el coloso de oriente tiene 138 proyectos de infraestructura en América Latina, con una inversión aproximada de 94 mil millones de dólares, que han generado 600 mil empleos directos (https://bit.ly/3kT1L2g).

La creciente presencia China en un área tradicionalmente de influencia estadunidense se topa con la creciente inquietud de Washington. El imperio ha buscado contener y administrar el impacto de la potencia oriental y circunscribirlo a la esfera económica. A su vez, Pekín ha actuado con cautela y ha dejado claro que su intención es ampliar sus fronteras económicas.

Se trata de negocios, inversiones y préstamos no condicionados a la aceptación de dogmas de desarrollo, consideraciones ideológicas o criterios estrictamente políticos. Ellos hablan siempre de cooperación y apoyo mutuo.

En entrevista con La Jornada, el ex presidente de Bolivia Evo Morales explicaba así esta relación: "China apoya el desarrollo sin chantajearnos, sin condicionarnos. Estados Unidos apoya, pero a cambio de la privatización de los recursos naturales y de servicios básicos, además de condicionar la lucha contra el narcotráfico. China sí te da crédito, no te pone ninguna condición. Esa es la profunda diferencia. Igual Rusia y otros países. En mi experiencia, estamos peleados con un imperio, pero no con otras potencias. Nos equilibramos bien" (https://bit.ly/3DHg3ub).

En un breve mensaje videograbado difundido en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en septiembre pasado, el presidente chino, Xi Jinping, ofreció ayuda a los países de América Latina y el Caribe para contribuir con su pronta recuperación tras la pandemia y para avanzar en el desarrollo socioeconómico. Las relaciones –señaló– "han entrado en una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos". Su país –dijo– está dispuesto a trabajar coordinadamente para crear oportunidades en la región y construir un futuro compartido. Según Enrique Dussel Peters, uno de los más profundos conocedores de la relación entre China y América Latina, el videomensaje "no es detalle menor".

La contundencia de la presencia china en la región significa, lisa y llanamente, que no hay proceso de integración regional latinoamericana viable al margen de ella. El dragón del oriente llegó a la región para quedarse.

Twitter: @lhan55

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El FMI y Lasso acuerdan la receta para Ecuador

Las políticas neoliberales del exbanquero

El plan económico incluye reducción del gasto, apertura económica y reforma impositiva. Si la Asamblea quiere frenarlo, el presidente ya dijo que irá por la consulta popular.

 

El FMI acaba de darle un nuevo respaldo a las políticas neoliberales de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció un principio de acuerdo con el organismo para la llegada de 1.500 millones de dólares hasta fin de año. Un monto más que necesario para un país con una crisis económica que estalló hace dos años, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Lasso habla de recomponer la economía ecuatoriana apelando al libreto neoliberal conocido: apertura de la economía, recorte del gasto público y reforma tributaria. Para llevarlo adelante deberá negociar con un Asamblea muy fragmentada, donde su partido apenas si suma una docena de bancas. Si no lo apoyan, ya dijo que apelará a la consulta popular. Y sabe que tiene las de ganar: viene llevando adelante una exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus.

Colchón de vacunas

El dinero que llegará desde el FMI forma parte de un acuerdo previo que el organismo había firmado con Moreno en 2020 por 6.500 millones de dólares. La llegada de nuevos desembolsos dependía del cumplimiento de las metas (y exigencias) que hizo el Fondo, algo que conocemos muy bien en Argentina. En ese sentido, Lasso fue claro durante una entrevista con la agencia EFE. “Nos pidieron aumentar la recaudación fiscal en un 0,7 por ciento del PBI a partir del 2022”, señaló el presidente. Esto a pesar de que el país viene mostrando mejoras en sus números, tras haber levantado gradualmente las restricciones por la pandemia: el FMI prevé que la economía se expandirá un 2,7 por ciento en 2021 y un 3,5 por ciento en 2022.

El panorama que plantean Fondo y gobierno se basa en lograr ingresos a partir de inversión extranjera. En este sentido, el gabinete de Lasso y la prensa afín pusieron como ejemplo exitoso de un mix entre público y privado, a la campaña de vacunación. La promesa del entonces candidato había sido “nueve millones de vacunas en los primeros 100 días”. El laboratorio estadounidense Pfizer perfilaba como vedette para lograr ese objetivo. Sin embargo, la realidad obligó a recalcular. El gobierno tocó la puerta de China y así logró la llegada de millones de vacunas Sinovac.

Lasso asumió el 24 de mayo. Hasta ese día se había vacunado con al menos una dosis a solo 1.400.000 personas. De allí en adelante, y especialmente desde junio de este año, la campaña de vacunación no paró de crecer. El gobierno alcanzó el objetivo que se había propuesto. Al día 11 de septiembre lleva aplicadas 12 millones de vacunas Sinovac, casi seis millones de Pfizer y dos millones de Astrazenca. La coordinación con el sector privado incluyó vacunar a los empleados, sus familias y aún a proveedores, dentro de las empresas; otorgar descuentos en productos a cambio de vacunas; y traslados gratuitos hasta los centros de salud; solo por citar algunos ejemplos.

Desregulación y apertura financiera

Pero cumplir con las metas del FMI y el plan con que Lasso llegó al poder, también tiene un costado menos luminoso. El presidente planteó la necesidad de una reforma tributaria y de reducir el gasto público. De la primera se sabe muy poco. El eslogan con el que salieron a darle impulso a esta iniciativa es un impuesto a los sectores más ricos del país. “Que el costo de la pandemia recaiga sobre aquellos que más tenemos en el Ecuador", sostuvo el mandatario. El tributo se focalizará en el cuatro por ciento de la población más pudiente. “El resto no va a sufrir ningún impacto en materia de impuestos, ni por incremento de tasas, ni por la creación de nuevos tributos", sostuvo Lasso. Lo demás detalles, siguen sin conocerse.

La otra pata, la reducción del gasto, tiene como bandera el impulso a la inversión privada. Para esto el exbanquero planteó un programa de desregulación y apertura comercial muy ambicioso. El primer paso lo dieron el 21 de junio pasado, cuando el embajador de Ecuador en Estados Unidos firmó el reingreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Para el sociólogo económico Andrés Chiriboga es un claro retroceso, ya que el país había logrado salir de este espacio en 2009. “Bajo este tipo de instancias regulatorias el Estado pierde siempre. En el mejor de los casos, no paga indemnizaciones, pero ganar, nunca. Lo que se busca con esto es inclinar la cancha a favor de los privados”, sostuvo el académico.

El ingreso al CIADI fue la antesala del otro gran objetivo del mandatario: ingresar a la Alianza del Pacífico, un bloque regional que componen Chile, Perú, Colombia y México. Para Pablo Iturralde, Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), un grupo de estudio ligado al correísmo, estas medidas benefician al sector financiero. “Se impulsa una rama vinculada con el ingreso de divisas por agroexportación, el sector importador y petrolero, todos vinculados al mercado externo. Los campesinos, que venden puertas adentro, están siendo sofocados económicamente”, indicó el académico. En este sentido Chiriboga señaló que Lasso se está ganando un enemigo importante. “En la campaña había dicho que iba a dar créditos al agro, algo que no está cumpliendo. El gobierno no está tomando el camino de inyectar con recursos a la población”, sostuvo el sociólogo económico.

Un límite en la Asamblea

Una de las principales fuentes de recursos de Ecuador pasa por la exportación de petróleo. La pandemia representó una dura caída en este sentido. En 2019 las exportaciones llegaron a 8.680 millones de dólares, en tanto que en 2020 se retrajeron a 5.250 millones de dólares. Los números mostraron un alza durante el período enero/mayo de 2021: 3.450 millones de dólares. De la mano de esta recomposición, Lasso prometió duplicar la producción durante los próximos cuatro años, a partir de alianzas con privados. Para Chiriboga el plan pasa por privatizar la empresa estatal, Petroecuador. “A través de un decreto de liberación de capitales en las empresas públicas, prepara el terreno privatizarla”, indicó el académico.

La principal traba que tiene Lasso para avanzar con más medidas de este tipo está en la Asamblea. En la primera vuelta de las presidenciales de este año, que definían las bancas legislativas, su fuerza sacó tan solo el 19,7 por ciento de los votos, con lo que obtuvo 12 asambleístas. Las fuerzas que quedaron mejor paradas fueron el correísmo, que bajo el Frente UNES logró 49 bancas, y el partido indigenista Pachakutik, con 27. Este contexto obliga al exbanquero a mostrar su faz negociadora. Sin embargo ya adelantó que si el legislativo no aprueba sus proyectos avanzará por otro camino. “Si los asambleístas no son sensibles a la realidad del país, tendremos que ir a una consulta popular para que el pueblo dirima en las urnas su futuro", sostuvo el mandatario.

El plan ya está en marcha. Funcionarios del gobierno están proponiendo que una de las preguntas a la población sea si la dolarización debe o no incluirse en la Constitución del país. Para Iturralde esa pregunta funcionará como anzuelo para poner otras más polémicas, detrás de un “sí” que lo englobe todo. “Los únicos dos consensos que existen en Ecuador son el apoyo a la tricolor (la selección de fútbol) y a la dolarización. Van a preguntar una obviedad para poder lograr el respaldo en toda la consulta”, sostuvo el director del CDES. Lo cierto es que el viento de cola del exitoso plan de vacunación puede servirle de impulso. El apoyo político y económico del FMI, también. Quedará por verse como responde una oposición muy divida, otro elemento que puede jugar en favor de Lasso.

13 de septiembre de 2021

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El movimiento cívico y social Avaaz lanzará una campaña en las calles de Nápoles, en las redes sociales y en el diario Financial Times, llamando a los países ricos a reconocer su deuda ecológica.

Solicitada en el Financial Times por la discusión sobre la deuda ecológica

En Nápoles, Italia, comienza la Reunión de ministros de medioambiente del G20. Pedido para que las economías más grandes del mundo se comprometan para lograr un cambio sistémico que permita la recuperación justa y ecológica para el mundo

 

Este jueves, en coincidencia con el inicio del encuentro del G20 sobre clima, medioambiente y clima, el movimiento cívico y social Avaaz lanzará una campaña en las calles de Nápoles, en las redes sociales y en el diario Financial Times, llamando a los países ricos del G20 a reconocer su deuda ecológica y a comprometer financiamiento concreto en las acciones para mitigar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

En el Financial Times, Avaaz publicará una solicitada con el título: “La gente tiene hambre de esperanza” en la que se destaca a cinco de los líderes ambientales del G20, entre ellos el ministro Juan Cabandie, como los dirigentes que tienen la posibilidad de destrabar las negociaciones internacionales sobre medio ambiente.

 “Cada vez es más claro que proteger el ambiente es la única salida para estabilizar nuestras economías, idea que ha sido reconocida por los ministros de Finanzas del G20, al indicar que siguen siendo prioridades urgentes, ahora toca que los ministros de medioambiente hagan lo propio” explicó Oscar Soria, director de campañas de Avaaz.

La solicitada Avaaz es parte de una campaña que se lanzará en Nápoles en el marco de la Reunión de ministros de medioambiente del G20. Es en ese marco que se pide a los cinco ministros que impulsen un acuerdo para que las naciones asistentes envíen un mensaje contundente en el que todos los países y mercados que las 20 economías más grandes del mundo se comprometan para lograr un cambio sistémico que permita la recuperación justa y ecológica para el mundo.

El presidente de la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el brítánico Alok Sharma tiene un poderoso menú de opciones donde el 50 por ciento de la financiación climática se dirija rápidamente para atender la adaptación climática ya que los impactos climáticos se han vuelto cada vez más severos, no sólo en los países en desarrollo, sino también aquí en Europa.

John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, debe restaurar la credibilidad climática de su país con acciones concretas para que países como China dejen las excusas y tomen acciones. Esto incluye entregar urgentemente los 100 mil millones de dólares en financiamiento climático que prometió Estados Unidos. Y también debe poner toda su influencia para forzar una reforma financiera para que el dinero destinado al pago de la deuda soberana se oriente ahora a pagar la deuda ecológica, atendiendo especialmente a las crisis gemelas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Las naciones en desarrollo no deberían quedarse esperando. Según Avaaz, deberían presentar propuestas en la mesa para cambiar las reglas que generan inequidad e incentivos destructivos para el medio ambiente. Juan Cabandie de Argentina y Barbara Creecy de Sudáfrica son vistos no sólo como defensores de los derechos humanos, sino como potenciales interlocutores del Sur Global para presentar una visión en el que las recuperaciones económicas, sociales y ecológicas vayan de la mano: “La Argentina y Sudáfrica tienen la oportunidad, y la responsabilidad, de liderar el llamado del Sur Global para reconocer la deuda ecológica contraída por los países ricos, y reorientar las finanzas de la deuda soberana hacia una recuperación justa y verde para los países en desarrollo”, dijo Soria.

Por último, el anfitrión de la cumbre, el ministro italiano de transición ecológica, Roberto Cingolani, tiene la oportunidad y la responsabilidad de guiar a todos los ministros del G20 para que acuerden una declaración política sólida que muestre al mundo que hay un camino hacia una eliminación gradual de los subsidios que dañan nuestro clima y biodiversidad.

“El mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes: graves inundaciones en el norte y temperaturas a la alza que incrementan los incendios forestales en diversas latitudes. Hoy en Argentina, el río Paraná registra la mayor bajada en los últimos 70 años, que trae consigo sequías y otras afectaciones para las poblaciones que dependen de este afluente”, dijo el dirigente de Avaaz.

El G20 es un importante impulsor de la destrucción de la biodiversidad: representan las cuatro quintas partes de las emisiones mundiales; el gasto público en subsidios perjudiciales para la el medio ambiente fue al menos cinco veces mayor que el gasto total para proteger los ecosistemas; estos 20 países deben redoblar esfuerzos inmediatos de movilización coordinada para cerrar la brecha hacia los 1,5°C de calentamiento global entre ahora y la Cumbre climática de Glasgow.

21/07/2021

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