Lunes, 22 Noviembre 2021 06:15

Noticiero en blues

El reverendo Jesse Jackson (al centro), marchó el fin de semana con cientos de personas en Federal Plaza, Chicago, en protesta por la absolución de Kyle Rittenhouse, de 18 años, en Kenosha, Wisconsin. El liberado mató a dos personas e hirió a otra durante una manifestación contra la brutalidad policial el año pasado.Foto Ap

El blues no sólo lamenta qué tan mal está la cosa, sino que a la vez es un grito rebelde, un carcajeo ante lo peor, rehusando, con ritmo y furia, que eso logre derrotarnos.

Reportar la última semana es como el inicio de una canción de blues:. “le dicen el lunes tormentoso, pero el martes está igual de mal, y, Dios, el miércoles es aún peor…”

Aquí sólo algunos acontecimientos, entre tantos:

Un joven blanco fue absuelto por un jurado de asesinar a dos manifestantesantirracistas blancos y herir a un tercero con un rifle de alto poder AR-15 adquirido de manera ilegal, aceptando así que fue un acto de "autodefensa". El veredicto fue festejado por ultraconservadores –entre ellos fanáticos cristianos y neonazis– en todo el país y varios legisladores derechistas le ofrecieron chamba al acusado, mientras para otros envió un mensaje escalofriante, como comentó un observador: "esto abre la temporada de cacería contra manifestantes progresistas".

Más de 100 mil estadunidenses murieron de sobredosis de drogas entre abril de 2020 y y abril de 2021, cifra anual sin precedente.

Republicanos en varios estados están forjando un sistema de manipular elecciones para asegurar mantener su poder, suprimir el voto opositor y hasta anular elecciones con resultados no aceptables (para ellos).

En el aeropuerto de Atlanta cundió el pánico después de la descarga accidental de una pistola; en el estado de Georgia hay una ley conocida como "armas en todas partes" que permiten portar armas cargadas en cualquier lugar, incluyendo aeropuertos.

Más estadunidenses dicen que no desean tener hijos, contribuyendo al desplome de la tasa de natalidad que acompañó a la pandemia, y entre los nuevos factores está el temor ante el cambio climático y sus consecuencias para el futuro inmediato; o sea, para los niños.

Bueno, y los ricos también tienen quejas: aparentemente hay una escasez de yates, mansiones, relojes y aviones privados de lujo entre el sector conocido como individuos de “valor neto ultraelevado (con más de 50 millones de dólares), segmento que fue el más beneficiado durante la pandemia.

Pero durante esos mismos días también hubo noticias que marcan triunfos de justicia, dignidad y resistencia; la otra parte del blues.

La cámara baja aprobó la mayor inversión en programas de bienestar social y apoyo a los más necesitados en más de medio siglo, después de promulgarse la mayor inversión en infraestructura en décadas; todo marcando intentos por sepultar el neoliberalismo (aunque su destino final ahora está en manos del Senado).

Y gracias a años de organización y lucha de migrantes y sus defensores dentro de ese paquete legislativo, la cámara baja adoptó la mayor iniciativa de reforma migratoria en 35 años (https://www.jornada.com.mx/2021/11/ 20/mundo/023n2mun]).

Y gracias también a la lucha incesante de ambientalistas, indígenas y jóvenes, en esa misma iniciativa se incluye la mayor inversión pública en frenar el cambio climático en la historia del país.

La ola de acciones laborales que llegó a su máximo nivel en octubre con más de 22 mil trabajadores estallando en huelga, continúa con miles de trabajadores de Kellogg, más de 3 mil estudiantes que laboran como trabajadores académicos en la Universidad de Columbia, a trabajadores siderúrgicos y mineros en varios puntos del país en huelga y otros incluyendo periodistas agremiados en una sección del New York Times autorizando huelgas, mientras otros han concluido en triunfos como el de los más de 10 mil trabajadores de John Deere, y los 30 mil trabajadores de salud en California (mapa de huelgas actuales: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hE1nDR-Ff_sVgOS67IteJSxGZlvqIP3k&ll= 34.35833140861114%2C-102.63857702467465&z=4).

Fue aniversario, el 19 de noviembre de 2015, de la ejecución del organizador anarco-sindicalista Joe Hill por autoridades estadunidenses, quien pidió a sus camaradas: "no pierdan el tiempo en luto, organicen".

T-Bone Walker. Stormy Monday. https://www.youtube.com/watch?v=VAPDJheC0Jk

Tom Morello/Grandson. Hold the line. https://www.youtube.com/watch?v=61gHyyGZyXU

Paul Robeson canta a mineros ingleses https://twitter.com/i/status/1115582378980839426

Publicado enInternacional
Adriana Gómez, ¿Qué?, de la serie “Preguntas” (Cortesía de la autora)

Más allá de un problema observable estadísticamente, las epidemias de drogas revelan una compleja realidad sociocultural y psicológica como efecto de una crisis estructural que crea marginalidades y exclusión social, desafiando unas estrategias y una institucionalidad que siguen moviéndose entre un trato criminalizado de usuarios y productores y la obtención de beneficios privados y geopolíticos de sus diferentes ejecutores.

 

Cada 11 minutos hay una muerte por sobredosis con opioides en Estados Unidos (EU), una realidad que en verdad es una epidemia y que tiene la segunda mitad de la década del 90 como punto de arranque y cuyas víctimas se siguen contando por decenas de miles cada año. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, “entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún fármaco, ya sea ilegal o recetado por un médico” (1). Sólo en 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides, lo cual representa más del 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas.


La exorbitante mortalidad asociada a la epidemia por uso de drogas legales e ilegales en EU se relaciona con entornos socioculturales diversos, con una crisis social y económica profunda y en consecuencia, no puede explicarse simplemente desde el contacto de usuarios con sustancias psicoactivas de riesgo. La trampa en este último enfoque radica en la separación de ese problema de contextos complejos, asumidos casi siempre como un mecanismo reductible a una relación de oferta-demanda.


Hoy en día existen contribuciones conceptuales como las de Anne Case y Angus Deaton (2) que rompen con ese enfoque dominante desde el cual se ha observado el problema de las drogas y que ha llevado a la aparición de narrativas que limitan una comprensión compleja e integral del fenómeno. En el contexto problemático de lo que ha sido históricamente una epidemia de drogas, inscriben su análisis no en un reduccionismo sobre las motivaciones individuales sino en los efectos desastrosos del modelo económico y social del neoliberalismo.


En ese contexto la crisis se expresa en fenómenos como la falta de acceso a la educación; las características y costos de los sistemas de salud donde por ejemplo, en el caso de Estados Unidos (EU), se cataloga con argumentos como uno de los peores entre los países ricos; y obviamente, las implicaciones de la radicalización del modelo de libre mercado, pero que en realidad es agravado por procesos de tributación y de distribución que ha producido el enriquecimiento de una franja estrecha de la élite a costa del empobrecimiento de un sector amplio de personas, en múltiples puntos de la geografía estadounidense.


Es justo ahí donde se crea una masa empobrecida y emocionalmente frustrada en medio de la cual emergen las condiciones que posibilitan una epidemia que a la postre desemboca en suicidios, alcoholismo y adicciones a las drogas, tanto legales como ilegales. Es un escenario de desespero que culmina trágicamente en ese tipo de respuestas. De allí que el esquema reiterado en los países del sur, en el sentido de construir narrativas bajo relaciones binarias que buscan justificar “responsabilidades” en el mercado de los psicoactivos del tipo: “tu consumes, luego yo produzco para satisfacer tu demanda”, o las que se crean en el norte con una situación de dominio geopolítico: “yo consumo dado que tú irresponsablemente inundas mi país de drogas”, vuelan en mil pedazos bajo esta nueva perspectiva.


Desde ésta narrativa pragmática de los autores mencionados, puede interpelarse también los enfoques que magnifican las “balas de plata” solucionadoras del asunto como la legalización de las drogas, generalmente asumida como un dispositivo prometedor de un reordenamiento específico del manejo del problema, pero también frente al esquema dominante hoy de la represión y erradicación violenta para acabar con la oferta y por tanto con los problemas asociados a las drogas.


Lo que este escenario muestra es que somos presa de un funcionalismo estrecho en el análisis de la acción social. Damos por supuesto un moldeamiento de la sociedad a través de dispositivos dirigidos hacia el logro de conductas enmarcadas con la fe puesta en un sentido de progreso, donde prevalecen los análisis y propuestas con un enfoque normativo que parte de una fragmentación de la realidad, que busca alcanzar ese deber-ser impuesto (de arriba hacia abajo) manteniendo intacto el modelo socioeconómico, en nombre del logro de una buena sociedad y un sistema funcional (3).


En relación con la evidencia histórica sobre aspectos estructurales que contribuyen al agravamiento del problema y que reclaman un tratamiento integral, se argumenta que los dos últimos momentos epidémicos vividos en materia de drogas en EU han tenido una asociación, entre otros, con la pérdida de empleos:

1. La del crack, que asoló sobre todo a los negros en las ciudades del norte durante la década de los setenta y que se relaciona con la pérdida prolongada de empleos de la clase trabajadora.
2. La de los opiáceos y que viene golpeando principalmente a los blancos con menos estudios en el período más reciente.

“Con la globalización, la tecnología cambiante, los crecientes costos sanitarios de los empleados y el paso de la manufactura a los servicios, las empresas despidieron a la mano de obra menos formada, primero a los negros y después a los blancos con menos estudios. En ambas epidemias había drogas disponibles que podían atenuar el dolor psicológico o físico a un precio (podría decirse) asequible para poblaciones que deseaban la huida que proporcionaban. Durante la epidemia del crack, el centro de la ciudad ofrecía pocos caminos legítimos hacia el progreso. En la crisis de los opioides, son los blancos con menos formación, muchos de los cuales no ven un futuro económico prometedor, o en cualquier otro aspecto de sus vidas, quienes están siendo víctimas de las drogas, el alcohol y el suicidio” (4).


La creación de narrativas alrededor del tema y que en realidad favorecen más intereses asociados al logro de posiciones de dominio geopolítico en términos de seguridad o al enriquecimiento económico, contribuyen a desviar el foco de atención satisfaciendo esas agendas más que incidir seria y sosteniblemente sobre el núcleo del problema. Así se observa por ejemplo, en la narrativa que promueve la DEA o políticos de derecha en el interior de EU y de Colombia para justificar una relación de seguridad bilateral que ofrece múltiples negocios asociados: el incremento de la siembra de coca en Colombia, argumentan, es la responsable o tiene una alta responsabilidad en la crisis de salud por consumo de psicoativos en el mercado de EU.


Para Case y Deaton, en la epidemia de opioides –que es la verdadera tragedia hoy en EU por consumo problemático de SPA–, los agentes propiciadores no fueron los virus o las bacterias, como en la epidemia de gripe de 1918-1919 o la actual del covid 19, sino las compañías farmacéuticas que fabricaban los medicamentos y promovían agresivamente su venta; los miembros del Congreso que impidieron que la DEA persiguiera una prescripción excesiva de recetas y con pleno conocimiento; la DEA que accedió a las peticiones de los lobistas y no eliminó el atajo legal que permitía la importación de materias primas de las granjas de amapola de Tasmania que se habían plantado para mantener la epidemia; la Food and Drug Administration (FDA) que aprobó los medicamentos sin tener en cuenta las amplias consecuencias sociales al hacerlo, cediendo a las peticiones del productor para que aprobara cambios en el etiquetado que aumentaron enormemente el consumo y los beneficios; los profesionales médicos que irresponsablemente recetaron en exceso y los traficantes de droga principalmente de México y China que ocuparon el lugar de la profesión médica cuando ésta empezó a dar marcha atrás. Recordemos que en estos dos países se asientan estructuras criminales que dominan hoy la producción y/o distribución ilegal del fentanilo que amplió su mercado cuando se logró un mayor control de los médicos y empresas alrededor de los opiáceos recetados a sus pacientes. También controlan el gran mercado de anfetaminas y México es potencia en el suministro de heroína principalmente hacia EU.


Esta es una muestra del entramado de intereses políticos, económicos y de seguridad en la historia reciente del suministro de opioides y que convierte a la gente en adicta u ocasiona su muerte y en la que se consiguen inmensos beneficios, mientras que el poder político protege a los perpetradores (5).
Entre tanto, en el 2020 –en el marco de la pandemia– las muertes por sobredosis de opiáceos marcaron un hito histórico alcanzando 93.331 decesos y mostrando un incremento del 30 por ciento frente a 2019 (6). (Véase gráfico).


De lejos los opioides y los opioides sintéticos excluyendo la metadona superan al resto de sustancias en muertes por sobredosis. La tendencia que se observa en el primer trimestre de 2020 se confirma y se supera hacia el resto de ese año.


Es decir, nada ha cambiado aún para contener un fenómeno que no soporta un dispositivo de manejo, siendo necesarias políticas integrales de gran alcance dirigidas a sortear los efectos de un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza en pocas familias, y que sigue arrojando entre los sectores blancos con escasos estudios, empobrecidos y desempleados, la mayor cantidad de muertes por sobredosis en EU.


Esta experiencia e incluso la caótica y perversa búsqueda de enriquecimiento de muchos agentes envueltos por acción o por omisión en la distribución de medicamentos como el OxyContin que profundizaron la dependencia y las muertes por sobredosis, interpela incluso a los proponentes de la legalización que pasan de largo frente a la complejidad sociocultural, económica, política e institucional (el sistema de salud por ejemplo) que está detrás de la responsabilidad de estos fenómenos, limitándose cómodamente a proclamar una “legalización” sin más. Es decir, un dispositivo que permita simplemente el acceso en condiciones de salud pública a los psicoativos de alto riesgo. Pero allí las preguntas son muchas: ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién controla a los médicos que recetan? ¿Quién controla el mercado? ¿Con qué tipo de institucionalidad? ¿Se usará el sistema de salud tal como existe hoy? (por ejemplo, en el caso colombiano, ¿con la vigencia de la Ley 100 de salud?) Y así múltiples preguntas que no se resuelven con la sola mención de la rimbombante palabra “legalización”.


La cocaína: un escenario transnacional incontrolable


En el caso de la cocaína su auge mundial está fuera de control y muestra con evidencia la bancarrota internacional de la actual estrategia prohibicionista. A pesar de la diferencia de cifras entre la Oficina de Drogas de la casa Blanca (Ondcp por sus siglas en inglés) y Unodc (por sus siglas en inglés) ambas muestran un incremento exponencial del potencial productivo de cocaína alcanzando en cifras de EU, más de 2.000 toneladas al año (Véase cuadro). El aporte colombiano en ese volumen global de cocaína se puede observar con más claridad y consistencia en las cifras de Unodc. A pesar de que el ente multilateral carece del dato regional del potencial productivo, se sabe que bordea alrededor de las 1.800 toneladas, contexto en el cual Colombia estaría aportando el 70 por ciento de esa producción.


En el crecimiento de áreas y potencial productivo de cocaína, los volúmenes de incautación operan como un motor de impulso que produce un círculo vicioso descomunal. Suponiendo ciertas las cifras oficiales, Unodc habla de 1.436 toneladas incautadas en 2019. Comparado con el potencial productivo (digamos para ese mismo año) se estaría incautando un equivalente al 80 por ciento de lo producido, lo cual es inverosímil pues haría tambalear el volumen global de oferta lo cual, de acuerdo con los datos sobre tráfico de esa misma fuente, no está ocurriendo. De cualquier manera, a mayor cantidad de incautaciones, mayor presión sobre la oferta de materia prima y de cocaína para los países productores. A cambio de un impacto en el volumen transable a nivel internacional, lo que se observa es un auge sin antecedentes de cocaína en los mercados diferentes a EU: Europa occidental, Suramérica, Oceanía, Asia y África.


Asistimos a una revolución del mercado global de cocaína. Se están innovando las estructuras organizativas de criminalidad y sus redes, las rutas, los sistemas de refinación, el acceso a materia prima para procesar, los precios, la pureza. Mencionemos algunos ejemplos: el auge sin antecedentes de la refinación de cocaína en países distintos a los que producen la hoja de coca y la Pasta Básica de Cocaína (PBC). El número de países involucrados en procesamiento (reportes de actividad de refinación de HCL) creció de 12 entre 2010/2014 a 19 entre 2015/2019. Así mismo, la presencia de laboratorios en países distintos a la región andina cocalera pasó de 64 reportes entre 2011/2014 a 93 en el período 2015/2019. Estos sitios han crecido en reportes con origen en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela en Suramérica, así como El Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica, pero también en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía (7). Este traslado de la infraestructura procesadora está revolucionando las rutas de suministro mundial, haciendo incontrolable la diversificación y las técnicas para mover la mercancía.


La pérdida de importancia de EU en este nuevo escenario es elocuente. Si se utilizan los datos de incautaciones para tener alguna idea de las rutas y nivel de involucramiento de los diferentes países bien como demanda o lugar de trasiego, EU presenta un decrecimiento como mercado al pasar de un 49 por ciento de todo lo incautado 1989 a 36 por ciento en 1999 y sólo el 18 por ciento en 2019 (8). Mientras tanto esa dinámica se incrementa en Centroamérica (144 toneladas incautadas en 2019); el Caribe que vuelve a crecer (14 toneladas) mostrando la rehabilitación de esta histórica ruta; Europa alcanza una cifra sin antecedentes de 213 toneladas; lo incautado en Asia se quintuplicó entre 2018 y 2019, en África –principalmente occidental y central– se cuadruplicó entre 2018 y 2019 y finalmente en Oceanía que si bien decrece en años recientes, ofrece un crecimiento comparando con lo incautado hacia 2009 (9). Si bien hemos señalado la pérdida de importancia como mercado de uso de EU, hay evidencia que lo muestra como lugar importante de reexportación hacia Europa, Asia y Oceanía. Este dato es novedoso y da muestras de un giro en el posicionamiento dominante políticamente como consumidor y pasa a ser una zona que debería responder ante el mundo como lugar de reexportación de cocaína.


Su pérdida de importancia frente al consumo de cocaína contrasta fuertemente con unas relaciones bilaterales narcotizadas con Colombia alrededor del tema y cuya modificación no se observa hasta ahora bajo la administración Biden, seguramente buscando prolongar los beneficios de los procesos de militarización en nombre del combate al narcotráfico.


Las innovaciones transnacionales y el auge de la economía ilegal de la coca/cocaína se acompañan de procesos de corrupción o de involucramiento interesado de grupos sociales emergentes que controlan el poder político y la seguridad estatal, lo que da garantías de éxito a los consorcios criminales. Sin participación del Estado es imposible la sostenibilidad de las estructuras criminales. Mientras tanto, la guerra contra las drogas es hoy en día un mecanismo de empoderamiento de múltiples intereses públicos y privados (geopolíticos, económicos, de ejercicio del control territorial y de lavado de activos) donde el control de psicoactivos se configura como carta de presentación o franquicia para legitimar políticamente decisiones que finamente salvaguardan esos intereses.


En conclusión, aquí opera una doble ganancia: mantener la prohibición fortalece el poder de las élites emergentes que posibilitan la protección, la financiación de sus campañas electorales y el lavado de activos que abarca la misma contratación del Estado. De otro, desarrollar la guerra contra las drogas fortalece alineamientos internacionales en materia de seguridad, facilita contratos multimillonarios envueltos en un blindaje de “seguridad” sobre los cuales la guerra misma mata también la transparencia del manejo de esos recursos y su uso contribuye a afianzar el poder de la concentración de la propiedad agraria como punta de lanza del poder de las élites emergentes.


Por dar un solo ejemplo: Un informe de junio de 2020 estima que el gobierno colombiano gastó cerca de la mitad de su presupuesto de defensa en personal, instalaciones y operaciones en zonas rurales totalizando US $2.600 millones de dólares en ese proceso ($9 billones de pesos de entonces). Así se han construido cinco nuevas bases rurales de la Policía en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Guaviare y construirá otras cinco más en el 2021 en zonas golpeadas por el narcotráfico y la violencia (9). La injerencia de Washington en ese alineamiento colombiano (y de tolerancia frente a lo que sabe del papel y negocios de las élites emergentes) es de tal magnitud que se arroga el “acompañamiento” en la preparación de una venta masiva de activos (bulk asset sale) de 5.000 propiedades incautadas para extinción de dominio y cuyos dineros van a un fondo para futuras operaciones antinarcóticos (10).


Un liderazgo necesario


La campaña de la guerra contra las drogas está hoy en su peor momento y su vigencia solo puede explicarse por la compleja gama de actores e intereses que se benefician cuando la guerra no es sobre las drogas sino sobre la extracción de ganancias de diferente orden en nombre de esa cruzada. Esta es una guerra que oculta las responsabilidades de la institucionalidad en el agravamiento de la situación y que hemos observado tanto en las emergencias hospitalarias como en las muertes por sobredosis en EU.


Desde una perspectiva transnacional y dada la complejización del mercado de cocaína en el mundo, las respuestas bilaterales a la manera como lo entiende Washington y Bogotá sobre las drogas principalmente cocaína, son totalmente obsoletas. Salvo que se observen como fuente de ganancias diversas tal como se ha analizado, pero que en materia de drogas no se corresponde con la realidad del fenómeno hoy. En el marco de una política razonable, se demanda con urgencia una mirada multilateral dado que Europa y Suramérica empiezan a experimentar serios problemas en sus sistemas de salud, desafíos a sus políticas de atención y prevención por la magnitud de las sobredosis de cocaína fumable y cocaína que se liga letalmente con opiáceos, fentanilo o heroína.

 


En ese sentido, resulta incoherente el manejo informativo que hace la DEA, al propagar la falsa idea de que una sustancia psicoactiva se mantiene en sus características cuando se liga con otra. La combinación se torna sencillamente en otro psicoactivo distinto. A pesar de esto, aún se siguen presentando de manera incorrecta las muertes por sobredosis de cocaína en EU al no diferenciar las particularidades de su combinación con opiáceos sintéticos o con heroína. Un problema que debe ser tratado con buenas políticas preventivas. No obstante, dadas las demandas legales que han instaurado las víctimas contra las grandes empresas farmacéuticas, sabemos más ahora sobre la gama amplia de responsables detrás de esa tragedia.


Desde la perspectiva colombiana y en la búsqueda de un replanteamiento del manejo del problema, se demanda una estrategia diplomática que posicione el problema de cocaína a nivel internacional buscando intercambios rigurosamente diseñados y razonablemente conducidos, respaldados por investigación de alta calidad en el tema. La estrategia de manejo debe moverse con eficacia enriqueciendo el intercambio de experiencias y el saber acumulado para el logro de acuerdos con otros países, sin permitir que el tema se siga contaminando con los intereses de las grandes transnacionales de la industria militar, del mercenarismo, de los intereses geopolíticos y sobre todo del poder de las mafias que hoy controlan el poder político en diversos estados sobre todo en Latinoamérica. Un descomunal desafío.

1. Véase Pierina Pighi Bel, “Los peores años de la crisis de opioides en EE.UU. no han pasado”: Anna Lembke, psiquiatra estadounidense experta en adicciones, BBC News Mundo, junio 21 de 2021.
2. Case Anne y Angus Deaton, Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Ariel, 2020.
3. En el caso de las drogas, los cuestionamientos a la prohibición como expresión notablemente irracional en su manejo internacional, generalmente se enmarca en la búsqueda de un dispositivo que se denomina legalización asumido con una generalidad inusitada y una pobreza de contenidos.
4. Case Anne y Angus Deaton, op. cit.
5. Case Anne y Angus Deaton, ibíd., p. 177.
6. BBC News World “US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic”, 15-07-21.
7. Unodc World Drug Report 2021 Vol. 2 Global Overview: Drug Demand and Drug Supply.
8. Unodc, ibíd., p. 24.
9. US Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations MEMORANDUM OF JUSTIFICATION TO ACCOMPANY CERTIFICATION UNDER SECTION 7045(b)(2)(A) OF THE DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED PROGRAMS APPROPIATIONS ACT, 2020 (Div. G, P.L. 116-94)
10. Ibidem.

* Investigador Asociado al Transnational Institute TNI y miembro de la Corporación Viso Mutop.

 

 

 

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Adriana Gómez, ¿Qué?, de la serie “Preguntas” (Cortesía de la autora)

Más allá de un problema observable estadísticamente, las epidemias de drogas revelan una compleja realidad sociocultural y psicológica como efecto de una crisis estructural que crea marginalidades y exclusión social, desafiando unas estrategias y una institucionalidad que siguen moviéndose entre un trato criminalizado de usuarios y productores y la obtención de beneficios privados y geopolíticos de sus diferentes ejecutores.

 

Cada 11 minutos hay una muerte por sobredosis con opioides en Estados Unidos (EU), una realidad que en verdad es una epidemia y que tiene la segunda mitad de la década del 90 como punto de arranque y cuyas víctimas se siguen contando por decenas de miles cada año. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, “entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún fármaco, ya sea ilegal o recetado por un médico” (1). Sólo en 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides, lo cual representa más del 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas.


La exorbitante mortalidad asociada a la epidemia por uso de drogas legales e ilegales en EU se relaciona con entornos socioculturales diversos, con una crisis social y económica profunda y en consecuencia, no puede explicarse simplemente desde el contacto de usuarios con sustancias psicoactivas de riesgo. La trampa en este último enfoque radica en la separación de ese problema de contextos complejos, asumidos casi siempre como un mecanismo reductible a una relación de oferta-demanda.


Hoy en día existen contribuciones conceptuales como las de Anne Case y Angus Deaton (2) que rompen con ese enfoque dominante desde el cual se ha observado el problema de las drogas y que ha llevado a la aparición de narrativas que limitan una comprensión compleja e integral del fenómeno. En el contexto problemático de lo que ha sido históricamente una epidemia de drogas, inscriben su análisis no en un reduccionismo sobre las motivaciones individuales sino en los efectos desastrosos del modelo económico y social del neoliberalismo.


En ese contexto la crisis se expresa en fenómenos como la falta de acceso a la educación; las características y costos de los sistemas de salud donde por ejemplo, en el caso de Estados Unidos (EU), se cataloga con argumentos como uno de los peores entre los países ricos; y obviamente, las implicaciones de la radicalización del modelo de libre mercado, pero que en realidad es agravado por procesos de tributación y de distribución que ha producido el enriquecimiento de una franja estrecha de la élite a costa del empobrecimiento de un sector amplio de personas, en múltiples puntos de la geografía estadounidense.


Es justo ahí donde se crea una masa empobrecida y emocionalmente frustrada en medio de la cual emergen las condiciones que posibilitan una epidemia que a la postre desemboca en suicidios, alcoholismo y adicciones a las drogas, tanto legales como ilegales. Es un escenario de desespero que culmina trágicamente en ese tipo de respuestas. De allí que el esquema reiterado en los países del sur, en el sentido de construir narrativas bajo relaciones binarias que buscan justificar “responsabilidades” en el mercado de los psicoactivos del tipo: “tu consumes, luego yo produzco para satisfacer tu demanda”, o las que se crean en el norte con una situación de dominio geopolítico: “yo consumo dado que tú irresponsablemente inundas mi país de drogas”, vuelan en mil pedazos bajo esta nueva perspectiva.


Desde ésta narrativa pragmática de los autores mencionados, puede interpelarse también los enfoques que magnifican las “balas de plata” solucionadoras del asunto como la legalización de las drogas, generalmente asumida como un dispositivo prometedor de un reordenamiento específico del manejo del problema, pero también frente al esquema dominante hoy de la represión y erradicación violenta para acabar con la oferta y por tanto con los problemas asociados a las drogas.


Lo que este escenario muestra es que somos presa de un funcionalismo estrecho en el análisis de la acción social. Damos por supuesto un moldeamiento de la sociedad a través de dispositivos dirigidos hacia el logro de conductas enmarcadas con la fe puesta en un sentido de progreso, donde prevalecen los análisis y propuestas con un enfoque normativo que parte de una fragmentación de la realidad, que busca alcanzar ese deber-ser impuesto (de arriba hacia abajo) manteniendo intacto el modelo socioeconómico, en nombre del logro de una buena sociedad y un sistema funcional (3).


En relación con la evidencia histórica sobre aspectos estructurales que contribuyen al agravamiento del problema y que reclaman un tratamiento integral, se argumenta que los dos últimos momentos epidémicos vividos en materia de drogas en EU han tenido una asociación, entre otros, con la pérdida de empleos:

1. La del crack, que asoló sobre todo a los negros en las ciudades del norte durante la década de los setenta y que se relaciona con la pérdida prolongada de empleos de la clase trabajadora.
2. La de los opiáceos y que viene golpeando principalmente a los blancos con menos estudios en el período más reciente.

“Con la globalización, la tecnología cambiante, los crecientes costos sanitarios de los empleados y el paso de la manufactura a los servicios, las empresas despidieron a la mano de obra menos formada, primero a los negros y después a los blancos con menos estudios. En ambas epidemias había drogas disponibles que podían atenuar el dolor psicológico o físico a un precio (podría decirse) asequible para poblaciones que deseaban la huida que proporcionaban. Durante la epidemia del crack, el centro de la ciudad ofrecía pocos caminos legítimos hacia el progreso. En la crisis de los opioides, son los blancos con menos formación, muchos de los cuales no ven un futuro económico prometedor, o en cualquier otro aspecto de sus vidas, quienes están siendo víctimas de las drogas, el alcohol y el suicidio” (4).


La creación de narrativas alrededor del tema y que en realidad favorecen más intereses asociados al logro de posiciones de dominio geopolítico en términos de seguridad o al enriquecimiento económico, contribuyen a desviar el foco de atención satisfaciendo esas agendas más que incidir seria y sosteniblemente sobre el núcleo del problema. Así se observa por ejemplo, en la narrativa que promueve la DEA o políticos de derecha en el interior de EU y de Colombia para justificar una relación de seguridad bilateral que ofrece múltiples negocios asociados: el incremento de la siembra de coca en Colombia, argumentan, es la responsable o tiene una alta responsabilidad en la crisis de salud por consumo de psicoativos en el mercado de EU.


Para Case y Deaton, en la epidemia de opioides –que es la verdadera tragedia hoy en EU por consumo problemático de SPA–, los agentes propiciadores no fueron los virus o las bacterias, como en la epidemia de gripe de 1918-1919 o la actual del covid 19, sino las compañías farmacéuticas que fabricaban los medicamentos y promovían agresivamente su venta; los miembros del Congreso que impidieron que la DEA persiguiera una prescripción excesiva de recetas y con pleno conocimiento; la DEA que accedió a las peticiones de los lobistas y no eliminó el atajo legal que permitía la importación de materias primas de las granjas de amapola de Tasmania que se habían plantado para mantener la epidemia; la Food and Drug Administration (FDA) que aprobó los medicamentos sin tener en cuenta las amplias consecuencias sociales al hacerlo, cediendo a las peticiones del productor para que aprobara cambios en el etiquetado que aumentaron enormemente el consumo y los beneficios; los profesionales médicos que irresponsablemente recetaron en exceso y los traficantes de droga principalmente de México y China que ocuparon el lugar de la profesión médica cuando ésta empezó a dar marcha atrás. Recordemos que en estos dos países se asientan estructuras criminales que dominan hoy la producción y/o distribución ilegal del fentanilo que amplió su mercado cuando se logró un mayor control de los médicos y empresas alrededor de los opiáceos recetados a sus pacientes. También controlan el gran mercado de anfetaminas y México es potencia en el suministro de heroína principalmente hacia EU.


Esta es una muestra del entramado de intereses políticos, económicos y de seguridad en la historia reciente del suministro de opioides y que convierte a la gente en adicta u ocasiona su muerte y en la que se consiguen inmensos beneficios, mientras que el poder político protege a los perpetradores (5).
Entre tanto, en el 2020 –en el marco de la pandemia– las muertes por sobredosis de opiáceos marcaron un hito histórico alcanzando 93.331 decesos y mostrando un incremento del 30 por ciento frente a 2019 (6). (Véase gráfico).


De lejos los opioides y los opioides sintéticos excluyendo la metadona superan al resto de sustancias en muertes por sobredosis. La tendencia que se observa en el primer trimestre de 2020 se confirma y se supera hacia el resto de ese año.


Es decir, nada ha cambiado aún para contener un fenómeno que no soporta un dispositivo de manejo, siendo necesarias políticas integrales de gran alcance dirigidas a sortear los efectos de un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza en pocas familias, y que sigue arrojando entre los sectores blancos con escasos estudios, empobrecidos y desempleados, la mayor cantidad de muertes por sobredosis en EU.


Esta experiencia e incluso la caótica y perversa búsqueda de enriquecimiento de muchos agentes envueltos por acción o por omisión en la distribución de medicamentos como el OxyContin que profundizaron la dependencia y las muertes por sobredosis, interpela incluso a los proponentes de la legalización que pasan de largo frente a la complejidad sociocultural, económica, política e institucional (el sistema de salud por ejemplo) que está detrás de la responsabilidad de estos fenómenos, limitándose cómodamente a proclamar una “legalización” sin más. Es decir, un dispositivo que permita simplemente el acceso en condiciones de salud pública a los psicoativos de alto riesgo. Pero allí las preguntas son muchas: ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién controla a los médicos que recetan? ¿Quién controla el mercado? ¿Con qué tipo de institucionalidad? ¿Se usará el sistema de salud tal como existe hoy? (por ejemplo, en el caso colombiano, ¿con la vigencia de la Ley 100 de salud?) Y así múltiples preguntas que no se resuelven con la sola mención de la rimbombante palabra “legalización”.


La cocaína: un escenario transnacional incontrolable


En el caso de la cocaína su auge mundial está fuera de control y muestra con evidencia la bancarrota internacional de la actual estrategia prohibicionista. A pesar de la diferencia de cifras entre la Oficina de Drogas de la casa Blanca (Ondcp por sus siglas en inglés) y Unodc (por sus siglas en inglés) ambas muestran un incremento exponencial del potencial productivo de cocaína alcanzando en cifras de EU, más de 2.000 toneladas al año (Véase cuadro). El aporte colombiano en ese volumen global de cocaína se puede observar con más claridad y consistencia en las cifras de Unodc. A pesar de que el ente multilateral carece del dato regional del potencial productivo, se sabe que bordea alrededor de las 1.800 toneladas, contexto en el cual Colombia estaría aportando el 70 por ciento de esa producción.


En el crecimiento de áreas y potencial productivo de cocaína, los volúmenes de incautación operan como un motor de impulso que produce un círculo vicioso descomunal. Suponiendo ciertas las cifras oficiales, Unodc habla de 1.436 toneladas incautadas en 2019. Comparado con el potencial productivo (digamos para ese mismo año) se estaría incautando un equivalente al 80 por ciento de lo producido, lo cual es inverosímil pues haría tambalear el volumen global de oferta lo cual, de acuerdo con los datos sobre tráfico de esa misma fuente, no está ocurriendo. De cualquier manera, a mayor cantidad de incautaciones, mayor presión sobre la oferta de materia prima y de cocaína para los países productores. A cambio de un impacto en el volumen transable a nivel internacional, lo que se observa es un auge sin antecedentes de cocaína en los mercados diferentes a EU: Europa occidental, Suramérica, Oceanía, Asia y África.


Asistimos a una revolución del mercado global de cocaína. Se están innovando las estructuras organizativas de criminalidad y sus redes, las rutas, los sistemas de refinación, el acceso a materia prima para procesar, los precios, la pureza. Mencionemos algunos ejemplos: el auge sin antecedentes de la refinación de cocaína en países distintos a los que producen la hoja de coca y la Pasta Básica de Cocaína (PBC). El número de países involucrados en procesamiento (reportes de actividad de refinación de HCL) creció de 12 entre 2010/2014 a 19 entre 2015/2019. Así mismo, la presencia de laboratorios en países distintos a la región andina cocalera pasó de 64 reportes entre 2011/2014 a 93 en el período 2015/2019. Estos sitios han crecido en reportes con origen en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela en Suramérica, así como El Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica, pero también en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía (7). Este traslado de la infraestructura procesadora está revolucionando las rutas de suministro mundial, haciendo incontrolable la diversificación y las técnicas para mover la mercancía.


La pérdida de importancia de EU en este nuevo escenario es elocuente. Si se utilizan los datos de incautaciones para tener alguna idea de las rutas y nivel de involucramiento de los diferentes países bien como demanda o lugar de trasiego, EU presenta un decrecimiento como mercado al pasar de un 49 por ciento de todo lo incautado 1989 a 36 por ciento en 1999 y sólo el 18 por ciento en 2019 (8). Mientras tanto esa dinámica se incrementa en Centroamérica (144 toneladas incautadas en 2019); el Caribe que vuelve a crecer (14 toneladas) mostrando la rehabilitación de esta histórica ruta; Europa alcanza una cifra sin antecedentes de 213 toneladas; lo incautado en Asia se quintuplicó entre 2018 y 2019, en África –principalmente occidental y central– se cuadruplicó entre 2018 y 2019 y finalmente en Oceanía que si bien decrece en años recientes, ofrece un crecimiento comparando con lo incautado hacia 2009 (9). Si bien hemos señalado la pérdida de importancia como mercado de uso de EU, hay evidencia que lo muestra como lugar importante de reexportación hacia Europa, Asia y Oceanía. Este dato es novedoso y da muestras de un giro en el posicionamiento dominante políticamente como consumidor y pasa a ser una zona que debería responder ante el mundo como lugar de reexportación de cocaína.


Su pérdida de importancia frente al consumo de cocaína contrasta fuertemente con unas relaciones bilaterales narcotizadas con Colombia alrededor del tema y cuya modificación no se observa hasta ahora bajo la administración Biden, seguramente buscando prolongar los beneficios de los procesos de militarización en nombre del combate al narcotráfico.


Las innovaciones transnacionales y el auge de la economía ilegal de la coca/cocaína se acompañan de procesos de corrupción o de involucramiento interesado de grupos sociales emergentes que controlan el poder político y la seguridad estatal, lo que da garantías de éxito a los consorcios criminales. Sin participación del Estado es imposible la sostenibilidad de las estructuras criminales. Mientras tanto, la guerra contra las drogas es hoy en día un mecanismo de empoderamiento de múltiples intereses públicos y privados (geopolíticos, económicos, de ejercicio del control territorial y de lavado de activos) donde el control de psicoactivos se configura como carta de presentación o franquicia para legitimar políticamente decisiones que finamente salvaguardan esos intereses.


En conclusión, aquí opera una doble ganancia: mantener la prohibición fortalece el poder de las élites emergentes que posibilitan la protección, la financiación de sus campañas electorales y el lavado de activos que abarca la misma contratación del Estado. De otro, desarrollar la guerra contra las drogas fortalece alineamientos internacionales en materia de seguridad, facilita contratos multimillonarios envueltos en un blindaje de “seguridad” sobre los cuales la guerra misma mata también la transparencia del manejo de esos recursos y su uso contribuye a afianzar el poder de la concentración de la propiedad agraria como punta de lanza del poder de las élites emergentes.


Por dar un solo ejemplo: Un informe de junio de 2020 estima que el gobierno colombiano gastó cerca de la mitad de su presupuesto de defensa en personal, instalaciones y operaciones en zonas rurales totalizando US $2.600 millones de dólares en ese proceso ($9 billones de pesos de entonces). Así se han construido cinco nuevas bases rurales de la Policía en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Guaviare y construirá otras cinco más en el 2021 en zonas golpeadas por el narcotráfico y la violencia (9). La injerencia de Washington en ese alineamiento colombiano (y de tolerancia frente a lo que sabe del papel y negocios de las élites emergentes) es de tal magnitud que se arroga el “acompañamiento” en la preparación de una venta masiva de activos (bulk asset sale) de 5.000 propiedades incautadas para extinción de dominio y cuyos dineros van a un fondo para futuras operaciones antinarcóticos (10).


Un liderazgo necesario


La campaña de la guerra contra las drogas está hoy en su peor momento y su vigencia solo puede explicarse por la compleja gama de actores e intereses que se benefician cuando la guerra no es sobre las drogas sino sobre la extracción de ganancias de diferente orden en nombre de esa cruzada. Esta es una guerra que oculta las responsabilidades de la institucionalidad en el agravamiento de la situación y que hemos observado tanto en las emergencias hospitalarias como en las muertes por sobredosis en EU.


Desde una perspectiva transnacional y dada la complejización del mercado de cocaína en el mundo, las respuestas bilaterales a la manera como lo entiende Washington y Bogotá sobre las drogas principalmente cocaína, son totalmente obsoletas. Salvo que se observen como fuente de ganancias diversas tal como se ha analizado, pero que en materia de drogas no se corresponde con la realidad del fenómeno hoy. En el marco de una política razonable, se demanda con urgencia una mirada multilateral dado que Europa y Suramérica empiezan a experimentar serios problemas en sus sistemas de salud, desafíos a sus políticas de atención y prevención por la magnitud de las sobredosis de cocaína fumable y cocaína que se liga letalmente con opiáceos, fentanilo o heroína.

 


En ese sentido, resulta incoherente el manejo informativo que hace la DEA, al propagar la falsa idea de que una sustancia psicoactiva se mantiene en sus características cuando se liga con otra. La combinación se torna sencillamente en otro psicoactivo distinto. A pesar de esto, aún se siguen presentando de manera incorrecta las muertes por sobredosis de cocaína en EU al no diferenciar las particularidades de su combinación con opiáceos sintéticos o con heroína. Un problema que debe ser tratado con buenas políticas preventivas. No obstante, dadas las demandas legales que han instaurado las víctimas contra las grandes empresas farmacéuticas, sabemos más ahora sobre la gama amplia de responsables detrás de esa tragedia.


Desde la perspectiva colombiana y en la búsqueda de un replanteamiento del manejo del problema, se demanda una estrategia diplomática que posicione el problema de cocaína a nivel internacional buscando intercambios rigurosamente diseñados y razonablemente conducidos, respaldados por investigación de alta calidad en el tema. La estrategia de manejo debe moverse con eficacia enriqueciendo el intercambio de experiencias y el saber acumulado para el logro de acuerdos con otros países, sin permitir que el tema se siga contaminando con los intereses de las grandes transnacionales de la industria militar, del mercenarismo, de los intereses geopolíticos y sobre todo del poder de las mafias que hoy controlan el poder político en diversos estados sobre todo en Latinoamérica. Un descomunal desafío.

1. Véase Pierina Pighi Bel, “Los peores años de la crisis de opioides en EE.UU. no han pasado”: Anna Lembke, psiquiatra estadounidense experta en adicciones, BBC News Mundo, junio 21 de 2021.
2. Case Anne y Angus Deaton, Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Ariel, 2020.
3. En el caso de las drogas, los cuestionamientos a la prohibición como expresión notablemente irracional en su manejo internacional, generalmente se enmarca en la búsqueda de un dispositivo que se denomina legalización asumido con una generalidad inusitada y una pobreza de contenidos.
4. Case Anne y Angus Deaton, op. cit.
5. Case Anne y Angus Deaton, ibíd., p. 177.
6. BBC News World “US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic”, 15-07-21.
7. Unodc World Drug Report 2021 Vol. 2 Global Overview: Drug Demand and Drug Supply.
8. Unodc, ibíd., p. 24.
9. US Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations MEMORANDUM OF JUSTIFICATION TO ACCOMPANY CERTIFICATION UNDER SECTION 7045(b)(2)(A) OF THE DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED PROGRAMS APPROPIATIONS ACT, 2020 (Div. G, P.L. 116-94)
10. Ibidem.

* Investigador Asociado al Transnational Institute TNI y miembro de la Corporación Viso Mutop.

Publicado enColombia
Débora Blanca, Ernesto Sinatra y Luis Darío Salamone.

Los efectos del aislamiento en usuarios de drogas y ludópatas

La abstinencia por el encierro obligado disparó un abanico de situaciones en las personas con adicciones y sus familiares. Débora Blanca, Ernesto Sinatra y Luis Salamone, tres psicoanalistas especializados en el tema, explican esas problemáticas.

 

La cuarentena obligatoria trastocó las conductas de todos. De las personas con adicciones también. De pronto, entre los que tienen como único medio de descarga el análisis, algunos lo pudieron seguir realizando vía internet. Otro no. Algunos pudieron seguir consumiendo. A otros se les restringió esa posibilidad. Seguramente están los que se pusieron a pensar en dejar de consumir. Algunos tienen mayor fortaleza. Probablemente sean los que pueden continuar con su tratamiento. Tal vez otros se sienten asfixiados no sólo por no poder consumir sino porque la familia es restrictiva. Algunas familias se enteraron durante la cuarentena que un integrante es adicto. Otras, que ya lo sabían, funcionaron como imprescindibles contenedoras y se fortalecieron los vínculos. Seguramente hay más casos y situaciones. Tantas, como personas que sufren adicciones. Para conocer qué pasa con las problemáticas de las personas con adicciones durante el aislamiento social, PáginaI12 consultó a tres destacados especialistas: Ernesto Sinatra, Luis Darío Salamone y Débora Blanca.

Ernesto Sinatra es una eminencia en el mundo Psi en relación al campo de las adicciones. Psicoanalista y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), es codirector del TyA (Toxicomanía y Alcoholismo), el Grupo de Investigación en Toxicomanía y Alcoholismo del Instituto del Campo Freudiano. Entre otros libros, es autor de [email protected] [email protected] [email protected] implosión del género en la feminización del mundo, ¿Todo sobre las drogas? y Adixiones (en edición). “Como siempre, una premisa general que va a permitir situarnos: vamos a hablar de una manera general. Hay una cuestión que es fundamental diferenciar: lo que vale en cada caso no podemos, a veces, llevar a lo que vale para todos. Aun con estas consideraciones necesarias podríamos dar cuenta de lo que podría acontecer”, aclara Sinatra ante la primera pregunta del cronista.

 

--Se habla mucho de situaciones de ansiedad y angustia que puede generar el aislamiento a cualquier persona en general. ¿Qué pasa con la ansiedad en una persona adicta que tiene que atravesar la cuarentena? ¿Qué riesgo implica?

 

Ernesto Sinatra: --Tenemos un precepto respecto del campo de las adicciones, de las toxicomanías: es que hay algo que denominamos “función del tóxico”. Por ese término lo que ubicamos son los rasgos particulares que hay en cada uno del lugar que ocupa la droga o las drogas en la economía libidinal de alguien. Es decir, una droga no siempre tiene la misma función por más que su química o sus efectos químicos se supongan alcanzar a todos. Hay diferencia. De la misma manera que la angustia --que es lo que tan frecuentemente en casos como el actual de un encierro, nos afecta a todos--, tiene también un impacto fundamental y diferencial en los llamados adictos: qué hace cada uno a la falta de aquello que es lo que más quiere, necesita. Esa es una pregunta que vale no solamente para los llamados adictos sino para cada uno. Por ejemplo, la falta de un partenaire, de una pareja, es algo que por las contingencias, los lugares en los que uno se había encontrado por la luctuosa situación de esta pandemia, hace que haya gente que está aislada en este preciso instante sin su pareja. La droga puede ocupar ese lugar también. Entonces, la ansiedad por la pérdida del semejante, de la pareja, del ser querido también puede aparecer claramente respecto de eso que es para uno una condición esencial de la satisfacción. Y eso es lo que acontece con las drogas cuando se transforman en el partenaire exclusivo de alguien. Sabemos: las drogas tienen un fundamento de aislamiento ya no social sino personal determinante por lo que llamamos en psicoanálisis, el autoerotismo. Por más que muchas veces el consumo --y hablo de distintas drogas-- pueda hacerse comunitariamente siempre hay algo de recogerse, retornar sobre el propio cuerpo para infiltrar allí una satisfacción, que es absolutamente autoerótica; siempre, por más que sea con otros. Entonces, la manera en que eso pega, como se dice, en cada cual, tiene en esta ocasión con el aislamiento social, que en algunos casos hay diferencias. Por ejemplo, alguien que ha prescindido de drogarse siendo habitual consumidor de drogas por la presencia intimidante del partenaire, ya no de la droga como partenaire sino de la pareja de uno. Antes tenía la posibilidad de salir y volver, de desplazarse por la ciudad, de ir a su trabajo, de ir distintos lugares de recreación. Pero ahora al estar todo el tiempo con la pareja, la esposa, la compañera, el compañero la cuestión se complica. A veces, eso lleva a, por culpa de mirar directamente, aun sin pensarlo en estas coordenadas, dejar de consumir. O por la cuestión reprobatoria que se encuentra en la pareja, que ha de ser la que diga directamente, por ejemplo: "¿Acaso vas a drogarte?". O esa mirada que, a veces, hace que alguien quede tomado por la marca de una amenaza directa o velada que solamente puede presentarse tal vez ni siquiera con la voz: con una mirada recriminatoria respecto de un: "Bueno, quiero salir". Y ahora no se puede.

 

--Hay una diferencia sustancial: una cosa es la abstinencia voluntaria y otra es la abstinencia obligatoria por la coyuntura. ¿Cómo se vive la abstinencia en una situación inédita como la actual?

 

E.S.: --La abstinencia obligatoria es un punto central que es habitual en las personas que tienen una relación compleja no sólo con las drogas sino con las normas. Por ejemplo, abstinencia voluntaria es una cosa y la obligatoria tiene un hombre que es el de prohibición. Es decir, cuando es el otro social, el Estado el que viene a decir "No consumirás", eso es un empuje al consumo. Entonces, ahí tenemos habilitada alguna vía que está en torno de la transgresión.

 

--¿El aburrimiento es un factor de riesgo en estos momentos para el adicto?

 

E.S.: --Es factor de riesgo para lo humano mismo. No hay nada peor que el aburrimiento. Sería algo así como una de las pasiones más intolerables, con la paradoja de que, en verdad, hablar de una de las pasiones más intolerables es lo que se llama un oxímoron, una contradicción en los propios términos porque efectivamente el aburrimiento es la caída del deseo mismo. Allí donde hay aburrimiento, hay que colegir, hay que deducir que hay algo en el deseo de uno que no está funcionando, que el deseo se cayó. Como podríamos decir que la falta de conectividad en internet es porque se cayó el sistema, cuando hay algo del aburrimiento que aparece es un síntoma de que el deseo como sistema que sostiene a alguien en vilo se ha caído. Y no hay nada peor que la caída del deseo para ubicar qué colocar en su lugar. Por eso Freud tempranamente descubrió que las drogas tienen un valor de ser un lenitivo, un elemento que permita tratar la desprotección, la soledad radical del individuo. Allí, en el punto exacto en el cual no hay con qué responder a una situación de ansiedad, de desesperanza, de falta de previsibilidad del mundo, en ese vacío que se cava en ese momento las drogas van a ocupar un lugar. Y se colocan exactamente en el lugar de lo que no funciona como cohesión natural en lo humano. No tenemos la duda dilecta para satisfacernos de una forma siempre igual. Por eso, los objetos de la tecnología intentan una vez y otra producir toda serie de instrumentos tecnológicos que permitan encontrar una satisfacción a medida de cada uno. Y las drogas ahí tienen un lugar preponderante porque es el intento de infiltrar en el propio cuerpo una satisfacción que permita prescindir del otro, de los otros, de los demás.

 

Límites del afuera

 

Luis Darío Salamone es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También es codirector del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo del Instituto Clínico de Buenos Aires (TyA) y profesor de la Maestría en Clínica Psicoanalítica del ICdeBA y de la Universidad Nacional de Córdoba. Es autor de los libros Alcohol, tabaco y otro vicios, El silencio de las drogas y Cuando la droga falla, entre otros libros. "En casos que tengo de personas que estaban comprometidas con el consumo, frente a la situación de tener que estar en sus casas, encerrados y no salir por las noches por el aislamiento, eso permitía una especie de abstinencia del asunto. Y de esa manera fue como lo que sería una especie de internación domiciliaria. Y lo que le permite el análisis es sobrellevar la situación. Están encerrados y con el análisis pueden tratar esa angustia, esa ansiedad que les permite, de alguna manera, sostener esa abstinencia. Hay que ver qué pasa cuando salgamos de esta situación", plantea Salamone.

 

--Se habla de la importancia de los límites sin que sean prohibitivos. ¿Qué pasa cuando el límite viene de afuera, cuando se impone una situación inédita, como la de la cuarentena y del aislamiento social y no es una persona la que pone los límites al adicto?

 

Luis Salamone: --Lo vamos a saber cuando salgamos de la situación de cuarentena. A diferencia de otras disciplinas que trabajan con adicciones, el psicoanálisis no pide abstinencia al sujeto. Eso es algo que se consigue a lo largo del tratamiento. No es algo que sea una condición de entrada. Sin embargo, esta situación de aislamiento a algunos les sirve para despegarse del asunto. Y eso les permite trabajar. Por eso, hay que ver qué pasa porque después tal vez puedan seguir trabajando bien o quizás incurran nuevamente. Esta es una casuística que se está explorando porque es algo nuevo para todos.

 

--Quienes habían superado su adicción, ¿se pueden ver afectados por una recaída debido a la falta de rutina en sus terapias y de sus actividades?

 

L.S.: --Por lo menos en mi caso, los tratamientos continúan. O sea, no va a ser esa una razón. No sé si el término es “recaída” porque no lo usamos mucho en psicoanálisis. Hay una concepción diferente en psicoanálisis de la adicción que la que generalmente circula. Puede uno tener un problema con la sustancia, que la tenía quizás de una manera diferente. Y quizás le permita trabajar después de la ingesta o no. En los casos que llevo, hasta ahora no he visto esta problemática. Pero un análisis en relación a estas cosas lleva tiempo y muchas veces hay idas y vueltas. Ni siquiera uno lo ve como recaída porque uno no le está pidiendo la abstinencia al sujeto. Uno está esperando que pueda cambiar su relación con esa satisfacción. No es algo que se hace a partir de un discurso amo, un discurso que lleva a controlar. Se hace a partir de cuestionar la relación que tiene con esa satisfacción. A partir de eso, el sujeto se torna responsable. Y puede responder como quiera.

 

--Antes mencionaba que, a veces, la cuarentena puede funcionar para que se reconecte con su satisfacción, más allá de la droga. En ese sentido, ¿es posible pensar a la cuarentena como un momento propicio en el que la persona adicta reflexione sobre su problemática y acceda a solicitar un tratamiento cuando antes no lo hacía?

 

L.S.: --Puede pasar. En relación a lo que era la vida cotidiana, incluso lo que tiene que ver con el consumo, puede ser un momento de poner un freno. Y eso va a depender de lo que cada uno haga con eso, pero puede llevar a que alguien diga: "Es el momento". Cuando se buscan internaciones, en general, se busca eso, lo que se llama el "destete", el despegue de la sustancia, el cortar a partir de la internación. Pero eso puede tener éxito, puede servirle a alguien si hay un trabajo de elaboración, que es lo que hace un análisis. El psicoanálisis se pregunta más que por la cuestión de la droga en sí, qué le pasa a uno. Incluso, hasta piensa que hay cuestiones anteriores que le pasan a uno y que lo llevan a consumir, como que el problema no es el consumo sino que el consumo es la consecuencia de alguna problemática. Entonces, por ahí, despegarse de las sustancias, y poder hablar de lo que lo lleva a uno a eso, le permite otro tipo de elaboración.

 

Adicción al juego en cuarentena

 

Débora Blanca es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y psicoanalista especializada en ludopatía. En el 2004 comenzó su labor asistencial, de investigación y divulgación en relación al juego patológico, coordinando grupos de jugadores y familiares. Fundó y dirigió Entrelazar, Centro de investigación y tratamiento de la adicción al juego, y actualmente es la directora de la institución Lazos en Juego.

 

--Si la adicción al juego provoca sensaciones como adrenalina, evasión de los problemas y llenar el tiempo vacío, ¿qué pasa con quienes padecen ludopatía en estos momentos en que el tiempo parece haberse detenido?

 

Débora Blanca: --Es todo un tema porque por primera vez, de una manera inédita a partir de la cuarentena, cerraron las salas de juego, los bingos, los casinos. Es la primera vez que tuvieron que cerrar. Con lo cual, el ludópata no tiene adónde ir a jugar. Hablamos del ludópata del juego presencial, de tener que ir a un lugar para jugar. No tienen dónde, comparado con las adicciones a sustancias donde quizás el que fuma, puede fumar adentro, o el que toma, también puede hacerlo. Pero en relación al juego presencial no están pudiendo jugar. Entonces, hay una pequeña porción, en especial hombres jóvenes, que puede ser que estén sustituyendo el juego presencial por el juego on line. Pero después, hay una gran mayoría, especialmente la gente grande, que va muchas horas a los bingos, que dedican mucho tiempo al juego, que ahora no están jugando.

 

--¿Qué está pasando con esas personas?

 

D.B.: --En principio, hay algo que es determinante y que hace a la diferencia. Si esa persona estaba haciendo un tratamiento previo a la cuarentena o si no lo estaba haciendo. Es decir, si estamos frente a un paciente que se estaba tratando por la adicción al juego y esa persona estaba pudiendo abstenerse al juego y especialmente estaba pudiendo pensar las causas que la llevaban y la llevan a destruirse, entonces la cuarentena quizás lo agarra en un momento en que puede soportar un poco más el no jugar. Esa tensión que se pone en el juego --como usted decía, tanto la adrenalina como la evasión de los problemas es lo que busca el ludópata en el juego--, seguramente la está redistribuyendo en otras cuestiones, en otras actividades. Probablemente, esté registrando de una manera distinta el tiempo y el dinero, que son dos cuestiones que, cuando se está en carrera de juego, van directamente a pérdida. Posiblemente esté registrando también de otra manera su propio cuerpo, un cuerpo totalmente abandonado durante la adicción; los lazos, los vínculos porque además no sólo el ludópata está en su casa las 24 horas sino la familia. Entonces, qué está pasando ahí, es muy distinto en alguien que estaba trabajando respecto de su problema de adicción que en alguien que no lo estaba haciendo. Y en alguien que no lo estaba haciendo, probablemente haya más complicaciones, más tensión en la familia, quizás están fumando más. En general, el ludópata fuma. O está teniendo acceso a otro tipo de sustancias o medicación, mucho más estresado, más ansioso, más deprimido. Al no poder depositar en la máquina, en la ruleta o el juego que fuere, qué está haciendo esa persona con eso es más complejo.

Publicado enSociedad
Miércoles, 20 Febrero 2019 06:12

Comunicar para desarmar el tabú

Comunicar para desarmar el tabú

Desde hace 25 años se especializa en el diseño de políticas sanitarias. Hoy se propone revertir los estigmas vinculados a las enfermedades mentales y al consumo problemático de sustancias, que constituyen la principal causa de discapacidad en el mundo.

 

“Supongamos que me ausento unos días en el trabajo: no es lo mismo explicar a mis compañeros y a mi jefe que salí a esquiar y me rompí una pierna, en vez de decir que estuve deprimida y no sentía ganas de salir de la cama. De hecho, si explico que estuve deprimida, la gente evita seguir indagando porque los problemas mentales continúan constituyendo un tabú y causan rechazo”, afirma Dévora Kestel, la primera mujer en la historia a cargo del departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud. Es psicóloga por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Salud Pública por la Universidad de Londres. Desde hace un cuarto de siglo concentra sus esfuerzos en el diseño de políticas sanitarias y, en la actualidad, trabaja desde su oficina en Ginebra para lograr que los gobiernos de las 194 naciones que suscriben a la OMS incluyan estas problemáticas en sus agendas. En esta ocasión, señala por qué es fundamental un abordaje científico transdisciplinario y describe de qué manera expresarse puede contribuir a desarmar las etiquetas del prejuicio y la desinformación.


–¿De qué clase de problemáticas se ocupa la unidad que dirige? La denominación del departamento no es muy precisa.


–Es cierto, el término “salud mental” involucra situaciones múltiples: desde las problemáticas contemporáneas(como la depresión y la ansiedad) hasta las más severas (como la psicosis y los trastornos bipolares), pasando por asuntos neurológicos tradicionales (demencia y epilepsia). Por otra parte, bajo el paraguas “abuso de sustancias” buscamos ocuparnos del consumo problemático de alcohol y drogas, pero también de adicciones de otra estirpe como el juego y los videojuegos (recientemente incorporada en el mapa de conflictos). En este marco tan diverso diseñamos planes de políticas públicas, elaboramos presupuestos y legislación, proponemos líneas de acción y confeccionamos guías. Además, elaboramos programas de prevención, promoción y tratamiento que desarrollan cada una de las 194 naciones que forman parte de la OMS.


–Detrás de los datos que instituciones como la OMS proporcionan hay mucho trabajo científico.


–Todos nuestros datos se basan en la evidencia de la mejor ciencia disponible. Para confeccionar líneas de acción consensuadas es necesario generar acuerdos y reunir las voces de muchos especialistas a lo largo y ancho del globo. Resulta fundamental realizar abordajes transdisciplinarios, capaces de generar respuestas a las diversas necesidades de las diferentes naciones. No nos podemos dar el lujo de cerrarnos en trabajar con las herramientas de una sola disciplina; menos cuando el objeto/sujeto de estudio es el ser humano y toda su complejidad intrínseca.


–Recién mencionaba los problemas de depresión y ansiedad. ¿Por qué son tan comunes en esta época? ¿Qué hay respecto de los suicidios?


–Trabajar para prevenir los suicidios es una de nuestras prioridades. Incluso, constituye uno de los indicadores de los objetivos del desarrollo que se propone Naciones Unidas. Esto constituye una pista fundamental e indica que la problemática salió del nicho para comenzar a ser reconocida y discutida en el ámbito público. Se estima que se producen 800 mil suicidios al año y el promedio de edad disminuye conforme transcurre el tiempo. Además, como es prevenible, necesitamos actuar con urgencia. Según las últimas estadísticas, aproximadamente 300 millones de personas afrontan problemas de depresión y ansiedad en el mundo, y las cifras van en aumento. Ambas situaciones se conectan de manera muy clara.


–Usted menciona que uno de los principales desafíos es revertir el estigma vinculado a los problemas de salud mental y el consumo de sustancias.


–El ejemplo de la ausencia laboral por esquiar o por estar deprimida es tan banal como cotidiano. No poder expresar el conflicto clausura las posibilidades de mejora y la búsqueda de ayuda. Sin ir más lejos, la depresión se ha convertido recientemente en la primera causa de discapacidad a nivel mundial, por lo que tiene un alcance que ya no distingue entre países desarrollados y periféricos.


–¿Cómo desarmar el tabú?


–Es muy difícil porque constituye un conflicto histórico que forma parte de las entrañas de esa caja negra, que es la mente humana. Desde siempre, en las diferentes culturas el que se comporta raro es tildado de “loco” y, como resultado, debe correrse fuera de la vista de los “normales”. Tendemos a segregar al diferente, a mirarlo con los ojos del prejuicio y la discriminación. De ahí que el aislamiento y el encierro en instituciones específicas eran las respuestas que ofrecía la medicina tradicional con una perspectiva esencialmente farmacológica y cientificista. Incluso forma parte de nuestro discurso cuando intentamos describir una situación violenta: “No sé qué le ocurría, estaba agresivo, estaba loco”. Pienso que podemos comenzar a revertirlo a partir de acciones colectivas que promuevan la comunicación.


–¿En qué sentido?


–Hace dos años realizamos una campaña denominada “Hablemos”. La depresión y la ansiedad son problemas que se manifiestan de manera individual pero constituyen conflictos que deben ser abordados de manera colectiva, desde el enfoque de la salud pública. Cuando los medios masivos hacen circular discursos en esta línea también es muy positivo. Hace poco Lady Gaga, durante la ceremonia de entrega de los Grammy, manifestó la importancia de dialogar acerca de los problemas de salud mental. Nos puede gustar más o menos lo que hace pero no podemos desconocer que su palabra es reconocida en el espacio público y que su experiencia puede servir de ejemplo. Hace algún tiempo, el primer ministro de Noruega se retiró de su cargo por asuntos similares y luego regresó cuando se sentía listo y había mejorado su salud mental. Si esto hubiera ocurrido en otros contextos posiblemente hubiese desencadenado la culminación de su carrera política, pero aquella vez su coraje para expresar lo que le sucedía le valió otra repercusión social y cultural. De la misma manera que la salud pública, históricamente, se ocupó con eficacia de las enfermedades contagiosas y los planes de vacunación, es necesario que las afecciones mentales tengan otra jerarquía en la agenda política.


–¿Y los hospitales psiquiátricos? ¿Qué rol deben asumir?


–Las personas con trastornos mentales pueden convivir en sus comunidades siempre y cuando sean bien atendidas en el marco de un sistema de salud adecuado. Formar parte de la sociedad siempre será una solución preferible antes que estar recluido en una institución, encerrado detrás de muros que alimentan fantasías sociales que asocian la locura con la monstruosidad.


–El obstáculo es que países en desarrollo como Argentina no cuentan con sistemas de salud pública adecuados. ¿Qué estrategias propone la OMS en estos casos?


–Lo que comúnmente se hace es trabajar para generar consensos con los representantes de los ministerios de Salud de los Estados miembros que, de manera anual, plantean prioridades para sus naciones. En ese marco, nosotros proponemos objetivos que los países deben cumplir e indicadores para medir de qué manera han cumplido o fracasado con las metas. No contamos con un poder operativo o decisional, pero tenemos el respaldo de los Estados y eso nos faculta para diagramar planes que gozan de independencia respecto de los humores y las negligencias de los gobiernos de turno.


–¿Argentina tiene una agenda en salud pública?


–Es difícil decirlo de manera taxativa porque no hay una investigación específica que me permita responder de manera rotunda, pero hay una serie de datos. Por ejemplo, Argentina es el país del mundo con más psicólogos por habitante y presenta números notables de otras profesiones vinculadas a la salud mental, como el caso de los psiquiatras. Existen, por otro lado, muchas ONG que se están moviendo mucho y muy bien y demuestran su interés por construir una mirada integral de salud mental basada en los derechos humanos. La ley de Salud Mental fue muy discutida y contaba con muchos elementos positivos, pero no fue acompañada por una implementación acorde. Son distintos componentes de un proceso que avanza, pero necesitamos que avance mejor y más rápido. Para ello, la intervención de los Estados es irreemplazable.


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Jueves, 27 Septiembre 2018 10:05

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:53

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enEdición Nº250
Martes, 17 Julio 2018 11:26

El reagrupamiento de los guerreristas

Octavio Mendoza

El crecimiento exponencial de los cultivos de coca y el cambio hacia un gobierno conservador, son condiciones favorables para poner una pica en Flandes por parte del fundamentalismo norteamericano.

 

Pasó todo lo indeseable, llegando por esta vía a una nueva trama pero dentro de un viejo escenario. Es así como el crecimiento exponencial de cultivos de coca en Colombia sumado al cambio de gobierno en EU, creó las condiciones para que en el contexto bilateral se oxigene la estrategia de reducción de la oferta, a través de la reincorporación del tema de drogas en una agenda de seguridad donde Washington es dominante, llevando a demandar unilateralmente el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida.


Para avanzar en esta dirección, los mandos más duros en política de drogas en el marco de las primeras referencias de la administración Trump frente al tema, crearon un ambiente político propiciado en septiembre de 2017, a raíz de la amenaza de descertificación de Colombia como compromisario en las estrategias de reducción de la oferta. Como segundo y decisivo paso, la presión inicial culminó en un primer logro para EU, pues condujo a una ampliación del acuerdo marco bilateral sobre drogas en marzo de 2018, donde se estipula un compromiso de reducción de áreas de coca en un 50 por ciento en cinco años (1).


Desde la perspectiva colombiana, bajo este escenario que se empezó a configurar y a pesar de que la exigibilidad de las aspersiones no estaba aún formalizada, se presionó la erradicación forzosa de grandes extensiones de coca, demandando como indicador de éxito del programa de sustitución la eliminación previa de los arbustos.


Como prolongación de este ambiente de presión, el Ministerio de Defensa de Colombia se propuso la meta de erradicar forzosamente 50 mil hectáreas en 2017, a la vez que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), y la Alta Consejería para el Posconflicto, se fijaron como meta la erradicación manual de una cantidad similar a través de la promoción inflacionaria de pactos de sustitución. De hecho, en las intervenciones públicas de los funcionarios responsables de estas instancias y entidades, miden sus resultados proclamando el éxito de la política tomando como referencia el número de familias que firman programas de sustitución, las familias que se inscriben y enseguida lo que representan en cuanto al número de hectáreas que se erradicarán, por ser esa una condición para hacerse beneficiario de la ayuda de sostenimiento que les suministran por un año, y de eventuales apoyos para proyectos de corto y mediano plazo. Una clara exageración.


Esta situación llevó a un crecimiento exponencial de “acuerdos colectivos” (oficialmente cerca de 120.000 familias que reportaron 90.000 hectáreas a octubre 15 de 2017) (2). Pero la realidad es que para abril de 2018 sólo 34.000 familias habían recibido apoyo alimentario, las cuales habían reportado un total de 30.000 hectáreas de coca y de esa cifra Unodc había podido verificar sólo 7.000 hectáreas (3). Esto da una idea del nivel de eficacia de la intervención institucional ante la compleja situación de las zonas cocaleras, problema que crece exponencialmente en el intento por resolver prácticamente en un año la sostenibilidad de las decenas de miles de familias con proyectos que garanticen un ingreso cierto, luego que lleguen a su final las ayudas monetarias, poniendo en evidencia la gran debilidad institucional y política del gobierno colombiano.


Avanzando en espiral. El pasado 25 de junio, en el marco de la presentación del último informe de la Oficina Nacional para el Control de la Política de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) sobre el desarrollo de su estrategia, donde se sitúa el comportamiento de países como Colombia, se avanza con mayor concreción en los puntos que empieza a demandarle Washington, donde aparece de nuevo la sombra de la descertificación como amenaza. En sus cifras Washington considera que hay 209.000 hectáreas sembradas, es decir un 11 por ciento adicional que lo registrado en el 2016, cuando estimaban que existían unas 188.000 hectáreas. En consecuencia, la producción potencial de cocaína habría crecido otro 18 por ciento, pasando de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 en 2017.


Bajo esa medición unilateral y sin claridad metodológica para realizarla, Washington considera como causas de la ampliación de cultivos de coca:

1. La suspensión de la erradicación aérea hace tres años, y la decisión del gobierno de no erradicar en zonas controladas por las Farc mientras avanzaba el proceso de paz.
2. Asimismo, el bloqueo a la erradicación manual adelantado por los cocaleros en algunas zonas del país.
3. La transferencia de cultivos a parques naturales y reservas indígenas, en donde es más difícil la erradicación.

 

Valoración ante la cual no permanecieron pasivos. Es así como el director de la Oficina para Política Antidrogas de EE. UU., Jim Carrol comunicó frente al caso colombiano que

 

“El mensaje del presidente Trump a Colombia es claro: este crecimiento récord tiene que dar reversa. Pese a que mejoraron los esfuerzos de erradicación, en 2017 estos fueron borrados por el aceleramiento en la producción. Este nuevo incremento es inaceptable y el gobierno debe hacer más”. De acuerdo con referencias de prensa, “el funcionario de la Casa Blanca dijo que esperaba que Colombia usara todos los métodos a su alcance, entre ellos la aspersión aérea, como estrategia para enfrentar el problema” (4).

 

Ante este panorama, no es casual que el ambiente político creado desde EU por esta secuencia de acontecimientos, potencie las narrativas internas en Colombia tanto de sectores políticos, como incluso institucionales; es el caso del Fiscal General de la Nación que demanda una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas sin que la argumentación sea contundente en la evidencia, teniendo en cuenta que cuando la aspersión se redujo de 100.548 has. en 2012 a sólo 47.503 has. en 2013 la tendencia a la baja de las áreas de coca se consolida tanto para el año que se fumigó en esa intensidad, como para el año que se redujo a menos de la mitad (2013), al arrojar también 48.000 hectáreas. Incluso en ese mismo periodo se repite la paradoja de que los departamentos donde más se fumigó, el área cocalera creció más y aquellos donde la aspersión se redujo, su área de coca disminuyó (5). Esto implica levantar más y mejores preguntas para explicar el crecimiento de las áreas cocaleras.


Adicional a un escenario tan conflictivo, fue notoria la ausencia de una estrategia internacional del presidente Santos en materia de drogas, centrada en la discusión sobre coca/cocaína, así como en la promoción de aportes desde la academia y centros de investigación buscando una salida del círculo vicioso de las narrativas que correlacionan, sin sustento, el incremento de áreas en Colombia y el uso problemático de drogas en EU. En este aspecto, se observa la falta de estrategia y de coordinación inter institucional para enfrentar una presión desde Washington que hoy empieza a mostrar sus reales pretensiones.


EU, su incidencia en Colombia a través de una narrativa cuestionable


En el informe de octubre de 2017 sobre valoración de las amenazas que se derivan del flujo de drogas hacia EU, la DEA con base en cifras de precios, pureza e indicadores de emergencias hospitalarias y muertes por uso de cocaína, llama la atención ante la presencia de una nueva tendencia a partir de 2013 en la disponibilidad de cocaína, a la vez que relaciona todos los indicadores con el incremento de la producción de hoja de coca en Colombia.


En efecto, desde el punto de vista del comportamiento de los precios se observa una tendencia a la baja pasando de un pico máximo de US$ 220 dólares por gramo en 2014 a US$ 202 en 2015 y US$ 165 en 2016, situándolos en niveles conocidos en 2008 (ver gráfico Nº 1 ).


Desde el punto de vista de la pureza, esta sube a niveles no alcanzados desde 2007, fenómeno que se observa sostenidamente desde 2013. De otro lado, desde la perspectiva del uso se refieren dos indicadores: en primer lugar, cifras sobre demanda en el último año frente a los recién iniciados en el consumo, mostrando una tendencia al alza a partir de 2013, alcanzando niveles por encima de 2007. Y de otro lado, los test de orina en sitios de trabajo también reflejan una tendencia al alza, principalmente desde 2013 (Gráfico Nº 2).


En un escenario más crítico, la DEA, citando cifras de the National Center for Health Statistics y Centers for Disease Control, observa una relación de causalidad entre disponibilidad y casos de mortalidad por intoxicación, derivados de usos relacionados con cocaína. Para este indicador, las cifras se elevan de 4.404 –nivel más bajo de la curva desde 2005– a 6.784 casos en 2015. La constante de todo ese arsenal estadístico es la correlación directa con el incremento de la producción en Colombia.


La contrastación


Usando datos en relación con muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos desde 2000 a 2015, acopiados por el Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas (National Vital Statistics System) un grupo de investigadores médicos calculó la tasa anual y el número de muertes totales asociadas a cocaína y de estas muertes las asociadas sólo con cocaína, es decir sin ligar su uso con opioides y aquellas donde el consumo de cocaína estuvo ligado con uso de opioides (véase gráfico Nº 3).


Los resultados de este ejercicio son contundentes: La cocaína asociada a muertes por sobredosis ligada con opiáceos se incrementó de 0.37 a 0.91 del 2000 al 2006, y luego declinó a 1.35 en 2010, para luego incrementarse a 1.36 en el 2015, que es la actual tendencia con características dramáticas.
Mientras tanto, la cocaína asociada a muertes por sobredosis, pero que no está relacionada con mezclas de opioides, se incrementó de 0.89 a 1.59 entre 2000 y 2006, para luego mostrar una tendencia sostenida a la baja alcanzando 0.78 en 2015.


En conclusión, los opioides –en primer lugar la heroína y opioides sintéticos– han jalonado la reciente tendencia al alza de la cocaína que suele asociarse a muertes por casos de sobredosis. Esta situación guarda una relación directa con el fuerte incremento de la oferta de heroína (y que hoy en día procede principalmente de México) y la fabricación ilegal dentro de Estados Unidos del opiáceo sintético conocido como Fentanyl (6).


Consecuencias derivadas de este hallazgo para la situación descrita sobre cocaína

 

1. Toda la presentación que la DEA desarrolla sobre la situación del consumo de cocaína en EU, en donde indicadores como número de usuarios o exámenes de orina en el sitio de trabajo para establecer tendencia del uso, tiene como punto de relacionamiento causal y directo el crecimiento de las áreas de hoja de coca en Colombia. Dicha relación causal cobra su máxima expresión en los datos donde se observan los incrementos letales del uso de cocaína. No obstante para este fin, la DEA sólo toma en cuenta la sumatoria de uso de cocaína sin opioides y cocaína usada con opioides sintéticos, es decir, sin diferenciar rigurosamente las dos modalidades de consumo. Este tipo de manejos permite la generación de imaginarios dramáticos de muertes por sobredosis que se le endilgan directamente a Colombia por ser productor del 92 por ciento de la cocaína que entra a EU.
2. Con este tipo de presentación, luego retomada en el documento de la Casa Blanca en su informe de junio de 2018 para demandar las fumigaciones aéreas a Colombia, eluden la principal responsabilidad del fenómeno de las muertes por sobredosis, que recae directamente sobre las instancias de salud y control de medicamentos de EU, los organismos de inteligencia —incluyendo la misma DEA — para establecer qué sucede con la producción ilegal de Fentanyl dentro de EU o el desvío de opiáceos sintéticos legalmente usados como medicamentos. Situación que se relaciona directamente con el modelo neoliberal de impedir la intervención del Estado, permitiendo así que las grandes empresas y distribuidores sean quienes tengan la responsabilidad de determinar comportamientos irregulares en el uso o demanda de las medicinas bajo control. Este tipo de manejo permite un enriquecimiento exponencial de estas empresas, que se están lucrando de la dramática situación en que han caído sectores empobrecidos y marginados de EU que recurren a este tipo de consumo (7).
3. Un hallazgo interesante en el ejercicio de contrastación es que mientras, efectivamente se observa un incremento de consumo de cocaína a partir del 2013, la tendencia de los usuarios sin ligar opioides sintéticos no resulta comprometido dramáticamente en casos de sobredosis, sino que se mantiene una relativa tendencia hacia la baja. Es decir, los nuevos usuarios de cocaína están desarrollando un conocimiento en el uso de modo que no presenta incrementos exponenciales de demanda de tratamiento u hospitalización. Mientras tanto, como fue relacionado, resulta alarmante el uso de cocaína ligado con heroína (speed ball) u opioides sintéticos.
4. Esto quiere decir que la amenaza de descertificar a Colombia por un incremento de las áreas de coca, oculta las fuertes responsabilidades existentes al interior de EU ante las políticas preventivas y de manejo de la reducción de daños para el uso de drogas. Del mismo modo, relativiza el volumen de incidencia del alza de la producción de coca en Colombia frente al mercado de EU, situación que es fuertemente propiciada por medios de comunicación colombianos que suponen que toda la cocaína aquí producida va para el mercado de EU, sin hacerse preguntas sobre los nuevos mercados, imaginario que sirve de base a la preocupación de los impactos por la hipotética descertificación de Colombia como parte de una supuesta responsabilidad compartida con EU.

 

Estamos, de esta manera, ante una situación compleja y poco favorable para el país, pues las nuevas tendencias observables en las relaciones bilaterales con EU en materia de seguridad, contribuyen a afianzar de nuevo las drogas como su referente más importante, todo esto a través de narrativas que niegan la evidencia científica y sobreponen agendas que imponen lecturas unilaterales al uso problemático de drogas. Allí mismo se ocultan las responsabilidades de Washington en materia de políticas preventivas frente a la epidemia de las drogas sintéticas, principalmente opioides que están generando una mortandad de usuarios, entre los cuales se suman los que usan cocaína con los psicoactivos producidos en laboratorios, tanto en el interior de EU como los que proceden de manera alarmante de China, directamente o a través de México. Al aceptar Colombia la injerencia de EU en esa perspectiva, contribuye a abrir otro frente de obstáculos serios en relación con la implementación del acuerdo para finalizar el conflicto. Mucho más en relación con la construcción de paz.


Panorama nada favorable, más aún si a este contexto sumamos el espacio político que en el nivel doméstico reclaman los sectores con una visión de paz como prevalencia del principio de autoridad y del uso de la fuerza, en cuyo horizonte aparece un modelo de sometimiento a la justicia por parte de las guerrillas y procesos de intervención en zonas de conflicto, todo ello sin que medie una fase de transición a través de un enfoque territorial de paz, pretendiendo que simplemente se incorporen a dinámicas de inversión para la extracción minera y energética, o allanen el camino de nuevo a los cultivos de plantación, presentados como desarrollo alternativo, donde unas pocas familias campesinas accederían a ser suministradoras de materia prima, en un modelo de agronegocios excluyente, concentrador de la riqueza y generador de desplazamiento forzoso.
Como puede deducirse, la perspectiva no es alentadora para el país en general, mucho menos para quienes viven en los territorios cocaleros.

 

1. Véase El Tiempo, “Cinco años para reducir en 50% cultivos de coca en Colombia”, marzo 1 de 2018. http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/cinco-anos-para-reducir-en-50-cultivos-de-coca-188864
2. Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos respuestas a preguntas de ciudadano, mediante oficio No. OFI17-00151548/ JMSC 111760 Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2017.
3. Eduardo Díaz, presentación del Pnis en el evento “Geografía política y dinámicas territoriales de la implementación de los acuerdos de paz”, Jornadas GeoRaizal 2018-1, U. Externado, abril 26 de 2018.
4. Véase Gómez, Sergio, “Estados Unidos dice que incremento de cultivos ilícitos es inaceptable”, El Tiempo, junio 25 de 2018. http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/coca-sembrada-aumenta-a-cifra-historica-segun-estados-unidos-235430.
5. Véase Unodc, Colombia Monitoreo de cultivos de coca 2013, Edic. junio de 2014. Una anticipación del proceso político para legitimar sus demandas que se concreta a mediados de 2018 en Vargas, R. “Estados Unidos y su propio problema de drogas” en Razón Pública, edición agosto 14 de 2017.
6. McCall Jones Christopher, Baldwin Grant y Wilson M. Compton “Recent increase in cocaine-related overdose deaths and the role of opioids American Journal of Public Health, march 2017, Vol 107, Nº 3.
7. Sobre estos temas véase por ejemplo, Gretchen Morgenson “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis”, The New York Times, julio 21 de 2017.

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Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz

El narcotráfico es una actividad inmersa en la política nacional e internacional donde están en juego miles de millones de dólares, además de una manipulada estrategia de control social. Sin embargo, las políticas antidrogas vigentes no solucionan el fenómeno; es momento de plantear estrategias más allá de la fumigación y la militarización de los territorios.

 

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine:

 

“¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

 

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

 

El “Bien” contra el “Mal”

 

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien, con Tratados de Extradición, combatiría sin fronteras ni limitaciones al Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

 

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”.

 

Para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

 

¿Narcoguerreros vs. narcopolíticos?

 

Lo que ahora llama a la estupefacción –incluso más que la generada por las combatidas drogas– es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta Farc, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.

 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe), frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las Farc las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

 

Contra una guerra perdida una política responsable

 

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

 

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la “guerra contra las drogas” y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

 

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un “esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad”, en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

 

“Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, es una “droga creadora de hábito”, “veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales”. El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que “por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”1.

 

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”2.

 

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

 

“Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”3.

 

Un “Bien” que estimula el “Mal”

 

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

 

1 Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro La enfermedad americana. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
2 Short, Martin (1986), Mafia, la sociedad del crimen, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
3 Ibíd., p. 70.

Publicado enColombia
Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz

El narcotráfico es una actividad inmersa en la política nacional e internacional donde están en juego miles de millones de dólares, además de una manipulada estrategia de control social. Sin embargo, las políticas antidrogas vigentes no solucionan el fenómeno; es momento de plantear estrategias más allá de la fumigación y la militarización de los territorios.

 

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine:

 

“¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

 

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

 

El “Bien” contra el “Mal”

 

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien, con Tratados de Extradición, combatiría sin fronteras ni limitaciones al Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

 

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”.

 

Para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

 

¿Narcoguerreros vs. narcopolíticos?

 

Lo que ahora llama a la estupefacción –incluso más que la generada por las combatidas drogas– es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta Farc, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.

 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe), frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las Farc las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

 

Contra una guerra perdida una política responsable

 

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

 

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la “guerra contra las drogas” y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

 

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un “esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad”, en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

 

“Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, es una “droga creadora de hábito”, “veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales”. El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que “por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”1.

 

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”2.

 

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

 

“Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”3.

 

Un “Bien” que estimula el “Mal”

 

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

 

1 Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro La enfermedad americana. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
2 Short, Martin (1986), Mafia, la sociedad del crimen, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
3 Ibíd., p. 70.

Publicado enEdición Nº246
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