La victoria de Xiomara Castro en la Honduras de la «democracia oligárquica»

El triunfo de Xiomara Castro cambia el panorama político hondureño y abre un «giro a la izquierda» en la nación centroamericana. ¿Logrará Honduras quitarse de encima el peso del autoritarismo y la corrupción sobre los que descansaba el gobierno de Juan Orlando Hernández?

 

El domingo 28 de noviembre, los hondureños salieron a votar masivamente contra la continuidad del prolongado régimen autoritario de Juan Orlando Hernández. Los resultados preliminares de las elecciones generales perfilan a Xiomara Castro como la próxima presidenta de Honduras, con una ventaja de 20 puntos (53,61%) sobre el candidato oficialista Nasry Asfura (33,87%). La coalición de partidos que la acompaña tiene ante sí el desafío de cumplir con las expectativas de una ciudadanía esperanzada en encontrar soluciones a las crisis sociales y políticas que viene enfrentando el país. A la espera de la declaratoria final de los resultados, conviene examinar el proceso electoral y las principales fuerzas que lo condicionan, con el objetivo de discernir las características del sistema político y la situación social en que tendrá lugar la investidura de la candidata que reivindica el «socialismo democrático» en el corazón de Centroamérica.

Un país políticamente inestable

Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, se ha definido por una permanente inestabilidad política. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, la sucesión gubernamental se dirimió primordialmente a través de la guerra civil y, de tanto en tanto, por elecciones amañadas en las que se obstaculizaba el voto opositor. Luego de la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), el golpe de Estado fue la técnica de cambio de gobierno por excelencia, hasta que en 1981 —y por presiones externas— comenzó un periodo de alternancia democrática dominado por los partidos Liberal y Nacional. Esta forma de bipartidismo se vio bruscamente interrumpida por el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, lo que creó las condiciones para un reacomodamiento del tablero político a partir de 2012. Sin embargo, el Partido Nacional ganó las elecciones de 2009 y los comicios generales de 2013 y de 2017 que llevaron al Poder Ejecutivo al nacionalista Hernández, volviendo a poner en escena las «elecciones estilo Honduras». Diputado entre 1998 y 2014 y presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, Hernández fue el primer mandatario hondureño en lograr la reelección. Su padrino político fue el ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014), ahora relegado a una posición marginal y adversario suyo.

El régimen de Hernández, émulo confeso del viejo dictador Tiburcio Carías, ha significado un profundo retroceso para el país. Ha minado las bases del Estado de derecho y de la mutua vigilancia de los poderes. Se considera a sus titulares como hombres leales al presidente que, junto con el alto mando militar, forman parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lo sostiene. Su gobierno ha enriquecido a sus aliados de la banca privada al otorgarles la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y les ha cedido el control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Además, ha debilitado severamente la capacidad de maniobra de las empresas de servicios públicos, así como los sistemas de salud y educación. La pandemia también mostró claramente cómo se maneja el régimen del todavía presidente. Y es que las posibilidades de sobrevivir al covid-19 han estado ligadas a la capacidad de pagar los altos precios requeridos por el tratamiento, en un contexto en que el Partido Nacional ha puesto en cuestión los derechos laborales consagrados por el Código de Trabajo, al emitir una ley de trabajo por hora. Las cosas no terminan ahí. Bajo el gobierno de Hernández se ha aplicado una política de neto corte extractivista, con sus consabidas depredaciones de bosques, minería a cielo abierto y entrega de los bienes comunes como el agua. Con el aparato estatal bajo su control, Hernández ganó las elecciones de 2013 y de 2017, pero contaminado por una fuerte impopularidad.

Pese a todo, el clan de Hernández ha sabido beneficiarse y hegemonizar el sistema de negociaciones cupulares imperante en Honduras, respetando las «reglas del juego» al responder cuidadosamente «a los intereses de todas las elites prominentes», que son esencialmente las facciones mayoritarias de los sectores empresariales, de las Fuerzas Armadas y de las iglesias. La embajada estadounidense ha jugado un papel tutelar en ese sistema. El prolongado régimen de Hernández se ha desenvuelto en medio de una cultura política de acuerdos entre pares, en la cual juegan un rol fundamental los grandes pactos entre quienes se consideran caciques de los partidos políticos. 

La seducción populista 

Las elecciones del domingo marcan un cambio de rumbo de la política hondureña. Con los resultados de los que se dispone hasta este momento, Xiomara Castro ha triunfado en la contienda electoral. Perteneciente a una familia de hacendados y empresarios de la madera, vinculada históricamente al liberalismo, Castro lidera una coalición que ha sido la revelación de la campaña electoral. Sus críticas al gobierno de Hernández le granjearon parte del apoyo popular y la ubicaron en la primera línea política. Autoidentificada como una persona de izquierda, Castro afirmó que su lucha es por desarrollar en Honduras un modelo basado en el «socialismo democrático».

Xiomara Castro es esposa de Manuel Zelaya, el presidente depuesto por un golpe de Estado de 2009. Anteriormente miembro del Partido Liberal, Zelaya fue víctima de un golpe tras evidenciar un giro al estilo del «populismo refundador» sudamericano. Las críticas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el acercamiento a Venezuela y al llamado bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y la tentativa de modificar la Constitución le atrajeron la enemistad de una parte de la elite tradicional. Cuando el golpe se consumó, su esposa saltó a la palestra y se ganó la simpatía de un sector de la ciudadanía hondureña. Cuando Zelaya fundó el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Castro se convirtió en la primera figura de la organización. En 2012, apenas un año después, Castro se lanzó como candidata presidencial, pero en 2013 quedó en segundo lugar, con 28,8% de los votos. Quiso volver a intentarlo en 2016, pero acabó abandonando la carrera en favor de Salvador Nasralla, líder de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y entonces el candidato mejor posicionado para enfrentar a Hernández. Nasralla perdió la elección por un escasísimo margen y denunció un «descomunal fraude electoral».

Castro volvió a lanzarse como candidata en enero de 2020. Con la venia de su marido, derrotó a sus tres oponentes internos dentro de LIBRE con el apoyo de seis sobre las nueve corrientes internas del partido, e inició el camino hacia la Presidencia. Su campaña estuvo centrada en la crítica de las leyes destinadas a sostener al juan-orlandismo, en la promesa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, en la crítica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) —a las que calificó como una entrega de la soberanía popular a empresas internacionales—, en el rechazo al «modelo neoliberal» y a la corrupción. Además de su promesa de vender el avión presidencial —al que consideró un lujo que el país no puede permitirse cuando buena parte de la población atraviesa severos problemas sociales—, afirmó que Honduras buscará relaciones con China, marcando así una agenda alejada del histórico «norteamericanismo» de la dirigencia política local. Castro prometió además terminar con el régimen de «narcodictadura» que, según su perspectiva, encarna Juan Orlando Hernández.

Su campaña también tuvo un eje de especial importancia: el que se refiere al rol de las mujeres. Castro se manifestó contra la violencia de género y el acoso sexual, pero ha sido ambivalente en relación con el aborto. Ha hecho declaraciones favorables cuando se trata de ciertas causales, pero también ha sostenido posiciones más ambiguas. La virtual presidenta electa ha sido duramente criticada por sus pasadas manifestaciones en favor del chavismo. Sus detractores la han acusado de querer implantar el comunismo en el país y de generar un clima de desconfianza en el mundo empresarial. Ella ha respondido que es una «socialista democrática» que busca una política que tenga a los seres humanos en el centro de las preocupaciones. Tras conocerse los resultados preliminares, que dejaron a Castro 20 puntos por encima de Nasry Asfura —quien obtuvo 33% de los votos— y de Yani Rosenthal, del Partido Liberal —quien consiguió 9%—, la futura presidenta del país sostuvo la importancia llamar a un diálogo con todos los sectores para la puesta en marcha de una democracia directa y participativa. El Ejecutivo adquiere, sin lugar a dudas, una nueva dirección.

Los partidos políticos y sus perspectivas

Las elecciones del domingo despertaron gran afluencia e interés gracias a los efectos que supone la salida de Hernández, en un país en que las tasas de abstención tradicionalmente se ubican en la mitad del censo electoral. El partidizado Consejo Nacional Electoral (CNE) registró una participación histórica de 68,09%, aun cuando las novedades son escasas: los actores en contienda cuentan con décadas de experiencia en el sistema político de negociaciones cupulares, colaborando en la construcción de una cultura de la ineficiencia y de la corrupción en la que la carrera política aparece ante todo como un medio para el enriquecimiento. El lenguaje político de los competidores se inscribe en la tradición personalista de las lealtades y vínculos partidarios en beneficio de prebendas y favoritismos clientelares.

Esta figura del Estado como «botín de los triunfadores» quedó nítidamente evidenciada en el trabajo de las instituciones judiciales estadounidenses. Frente a la debilidad de la justicia en Honduras, Estados Unidos ha extraditado y arrestado en su territorio a reconocidos políticos y gánsteres hondureños que violaron las leyes estadounidenses. En este contexto, la justicia de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua en Nueva York el hermano del presidente y ex-diputado Antonio Hernández, a causa de su implicación en el tráfico de cocaína hacia ese país, en complicidad con el cártel de Los Cachiros, liderado por Devis Maradiaga, cuyas declaraciones fueron pieza clave en varios juicios. Maradiaga afirma haber colaborado con conocidos profesionales de la política local, lo que lo ha vuelto uno de los narcotraficantes más célebres del país. En marzo de 2021, reveló haber pagado sobornos por varios cientos de miles de dólares al presidente Hernández, a su vicepresidente Ricardo Álvarez y a los ex-presidentes Zelaya y Lobo.

El candidato del Partido Liberal, el banquero Yani Rosenthal, guardó prisión por tres años en una cárcel estadounidense por lavado de activos para Los Cachiros. Es hijo del banquero Jaime Rosenthal, quien fuera vicepresidente (1986-1990) y diputado  por el departamento industrial de Cortés (2002-2006). En su dilatada carrera política, Yani ocupó cargos de dirección en el Partido Liberal, fue ministro de la Presidencia (2006-2008) en el gobierno de Zelaya, diputado en el Congreso Nacional entre 2010 y 2014, y precandidato a la Presidencia en 2012. Ganó las primarias en 2021 pero no funge como dueño de partido. Los Rosenthal fueron propietarios del diario Tiempo, del Banco Continental y de Canal 11, un medio privilegiado para su campaña. Su emporio comenzó a decaer tras el escándalo internacional que lo vinculó con la banda de Maradiaga. La condición de ex-convicto le restó credibilidad a su intento de presentarse como «el centro» frente a una «derecha corrupta y una izquierda radical», tal como declaró en su campaña.

Por su parte, el candidato nacionalista Nasry Asfura era percibido como la continuación del régimen de Hernández. De haber ganado, se habría visto en la incómoda situación de tener que proteger al actual mandatario, quien es acusado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber recibido del Chapo Guzmán un aporte de un millón de dólares para financiar su candidatura en 2013. Para ese mismo propósito, los nacionalistas saquearon los fondos del Seguro Social y de la Secretaría de Agricultura. La candidatura de Asfura, quien ha sido incondicional al presidente, heredó el legado de un gobierno que es altamente corrupto y que está políticamente desgastado. Su principal activo fueron los recursos públicos y de la cooperación internacional que se manejan a través de la más importante estructura clientelar del Partido Nacional: el programa Vida Mejor. El Partido Nacional también dispone de abundantes recursos financieros obtenidos por el robo de fondos públicos durante la pandemia y de los onerosos préstamos aprobados por la mayoría mecánica con que disponen en el Congreso.

Castro tuvo, por su parte, otros condimentos que se agregan a los explicados anteriormente. En primer lugar, fue promovida por su marido, Manuel Zelaya, quien busca recuperar las riendas del Estado desde que fue expulsado por un golpe en 2009. La familia Zelaya formó parte de un grupo de ricos hacendados, históricos empresarios de la depredación del bosque, y es parte de la clase política que maneja el Estado desde la década de 1980. Por eso fue sorprendente su giro a la izquierda como presidente. Su larga trayectoria de militancia en el Partido Liberal y una década de «coordinación general» de LIBRE le permitió al matrimonio Castro-Zelaya acumular un capital político considerable, con el que juegan un papel decisivo en los vaivenes del sistema. Zelaya fue expulsado momentáneamente del juego político debido a sus proclamadas simpatías con el castrismo y el chavismo y a la tentativa de amañar a su favor la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y convocar a una «Consulta Popular de la Cuarta Urna» con pretensión hegemónica. Pero la forma de la asonada, mediante un golpe de Estado, marcó la política hondureña durante estos 12 años de autoritarismo.

Zelaya se reintegró el tablero gracias a los Acuerdos de Cartagena firmados en 2011 con el gobierno de Lobo. Frente a la aún inhabilitada figura de la reelección, decidió promover la candidatura de Castro en 2013 con el partido LIBRE, que es básicamente un desprendimiento del otrora poderoso Partido Liberal y que dispone de una pequeña ala de izquierda organizada. LIBRE le arrebató al liberalismo alrededor de la mitad de sus adherentes. El perfil carismático de Castro ha sido exitoso entre su militancia, aun cuando su presencia parece limitarse al periodo electoral y pese a que sus apariciones mediáticas son escasas. Ha sabido aprovechar la herencia simbólica y material de su esposo, evitando esta vez vociferar como en campañas anteriores que «votar por Xiomara es votar por Mel». Aunque todavía en 2016 Zelaya apostaba abiertamente por su retorno a la Presidencia, el malestar general que el Partido Nacional le imprimió a esta perspectiva lo ha convencido de que la mejor estrategia es evitarlo, reduciendo además las apariciones públicas con Castro.

Una campaña desesperada

El proceso electoral adquirió un giro inesperado el pasado 13 de octubre cuando, tras una reunión con el ex-presidente Zelaya, Salvador Nasralla anunció su afiliación a la fórmula presidencial de LIBRE en calidad de vicepresidente. Nasralla es el presentador de televisión más conocido del país y ha atraído la simpatía de los electores más jóvenes por su lucha abierta contra la corrupción del régimen actual. Obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2017 como candidato de LIBRE, luego de ser expulsado del Partido Anticorrupción con el que participó por primera vez en 2013. Desde el 12 de noviembre, la coalición la compone adicionalmente el ex-candidato del movimiento Honduras Humana, Milton Benítez, conductor del programa El perro amarillo, que ha ganado reputación por sus denuncias contra la corrupción y la banca.

La súbita suspensión de la enemistad que perduraba desde el comienzo de la «crisis poselectoral» de 2017 entre Nasralla y los Zelaya permitió que nasrallistas, indecisos e independientes se sumasen progresivamente a LIBRE, optando por el voto de castigo contra el régimen de Hernández. La coalición despierta expectativas al prometer desmontar el proyecto gubernamental desarrollado por el Partido Nacional, criticando sin ambages a su «pandilla de ladrones». Pese a la multiplicidad de identidades políticas que componen la coalición, su estrategia «populista» fue exitosa. En una muestra de desesperación, el Partido Nacional aceleró la entrega del «Bono de Vida Mejor del Bicentenario» decretado hace un mes, equivalente a 7.000 lempiras en efectivo por beneficiario (289 dólares), acudiendo descaradamente al mecanismo de compra de votos. En un país con un pasado anticomunista visceral, el Partido Nacional se ha servido de los elogios de Zelaya hacia el régimen cubano, al igual que hacia el venezolano y el nicaragüense, para intensificar una campaña anticomunista contra Xiomara Castro. Buscando afianzar su posición con las iglesias, los nacionalistas concentraron su campaña en buscar provecho de la postura un tanto ambigua de los Zelaya sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Asfura llegó a firmar un acuerdo «pro-vida» con la Confraternidad Evangélica de Honduras, orientando su discurso en la defensa de valores tradicionales. 

A pesar de las querellas de orden ideológico, Hernández mantuvo buenas relaciones con su vecino Daniel Ortega, y los principales líderes de la oposición nunca dejaron de acudir a las reuniones a puerta cerrada con el Partido Nacional. Poco después de una reciente reunión con Ortega en Managua, las autoridades hondureñas encarcelaron al candidato independiente y ex-capitán de las Fuerzas Armadas Santos Orellana, quien ganó notoriedad por denunciar el involucramiento de los militares en el narcotráfico. Si bien los niveles de represión política de Honduras no igualan los de Nicaragua, la situación es preocupante, con un aproximado de 26 militantes asesinados entre el 23 de diciembre de 2020 y el 25 de octubre de este año.

Lamentablemente, las elecciones no se focalizaron en contrastar alternativas para resolver estas y otras problemáticas urgentes que enfrenta el país. Por el contrario, buena parte de las campañas se basaron en la solicitud del «voto en plancha», en desprestigiar a las adversarias y los adversarios o, en el mejor de los casos, en proponer soluciones mágicas sustentadas en el cortoplacismo electoral. Para los grandes jefes de los partidos, sus clanes internos, sus fieles lugartenientes y quienes participan en sus redes clientelares —en particular, para los familiares y amigos de los candidatos—, lo esencial es ocupar un lugar en el sistema de negociaciones cupulares. Honduras es una suerte de democracia oligárquica.

Con todo, gran parte de la ciudadanía decidió ejercer su derecho al voto de manera pacífica. Aunque los caudillos tradicionales de los partidos políticos declararon ganadores a sus candidatos antes de tiempo, los competidores han respetado tácitamente los resultados. No se registraron mayores disturbios, protestas o conflictividad social similares a las conocidas en 2017. La calidad del espinoso avance democrático alcanzado está por verse en este país de tradiciones políticas autoritarias. ¿Los vencedores contemplarán reconstruir el Estado de derecho y la interdependencia de los poderes del Estado? Honduras requiere establecer una política social incluyente, que restaure los equilibrios sociales básicos que animaron la ola reformista que vivió el país desde la huelga de 1954 hasta el reformismo militar.

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La izquierda regresa al poder en Honduras para redimir las heridas del golpe de Estado de 2009

Xiomara Castro obtuvo una contundente victoria en las  elecciones 

Con más del 50 por ciento de los votos escrutados, la candidata por el partido Libertad y Refundación (Libre) le sacaba veinte puntos al oficialista Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa que buscaba la presidencia por el Partido Nacional.

 

Honduras tendrá por primera vez en su historia una presidenta mujer. Xiomara Castro obtuvo una contundente victoria en las elecciones -ganó en diecisiete de dieciocho departamentos- y comienza a repararse la trágica herida abierta el 28 de junio de 2009, cuando militares entraban a su casa para exiliar en Costa Rica a su esposo, el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, inaugurando la serie de golpes de Estado blandos que azotaría a Latinoamérica en este siglo XXI.

Con una participación histórica del 68 por ciento del padrón electoral, las y los hondureños se volcaron de forma masiva y desde muy temprano a los centros de votación, lo que terminó dándole la victoria a Xiomara por un 53,6 por ciento contra el 33,8 obtenido por Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional. Tercero quedó con 9 por ciento Yani Rosenthal -detenido hasta hace pocos meses en Estados Unidos por lavado de activos- del tradicional Partido Liberal.

Los nacionalistas que se instalaron en el gobierno posterior al Golpe y que se sostuvieron en el poder con elecciones poco transparentes terminaron convirtiendo a Honduras en un narco Estado. Tony Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico a gran escala. Tan intocable se creía, que hasta le imprimía sus siglas TH a los paquetes de cocaína que producía. También está tras las rejas norteamericanas el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó entre el 2009 y 2013.

Precisamente después del Golpe de Estado es cuando la figura de Xiomara, a pesar de su labor social como primera dama, comenzó a ganar protagonismo en las inmensas movilizaciones que se dieron por meses, donde todos los sectores -campesinos, estudiantes, feministas, profesores- se aglutinaron en el Frente Nacional de Resistencia Popular, germen del partido político Libre que Mel Zelaya fundaría al volver al país.

En el discurso donde se proclamó presidenta, Xiomara hizo hincapié en la necesidad de acabar con el narcotráfico, la corrupción, la miseria y el odio en Honduras, respondiendo a la campaña que en los días previos a las elecciones la buscó desprestigiar por supuesta comunista y por mujer. Además, prometió el uso de consultas populares para gobernar y revertir la prohibición a la pastilla anticonceptiva de emergencia, establecida después del golpe.

Por el lado del Partido Nacional, el único que habló fue David Chávez, actual diputado y candidato a la alcaldía de Tegucigalpa, quien -a pesar del resultado adelantado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- sostuvo que él ya era el ganador y que su compañero de partido Nasry Asfura -conocido como “Papi a la orden” (sic)- se estaría “convirtiendo en el presidente de todos los hondureños”.

Una de las mayores sorpresas de la jornada ha sido la probable victoria de Jorge Aldana, candidato a alcalde de Libre en la capital, un distrito donde los nacionalistas gobernaban desde hace treinta años. A pesar de que las encuestas previas marcaban como ganadora a Xiomara, se daba por sentado que Chávez retendría Tegucigalpa, pero él solito se tiró tierra encima cuando en el cierre de campaña subió al escenario en un estado de embriaguez -como mínimo- que se convirtió en meme, sobretodo después de justificarse diciendo que lo habían boicoteado poniéndole a su micrófono un delay como efecto de sonido.

En San Pedro Sula, la otra gran ciudad y polo económico de Honduras, Libre triplicó los votos del Partido Nacional, lo que le garantiza la alcaldía al hermano de un empresario dueño de una cadena de comidas que sobresalió por su rol social en medio de los huracanes que azotaron a la región a fines del año pasado. Además, es muy probable que Libre, en alianza con los diputados del partido Salvador de Honduras, obtenga mayoría un Congreso Nacional que renovaba el total de sus bancas.

Los desafíos: pobreza y crisis

El trabajo por delante que tendrá que afrontar Xiomara y su gabinete -asumen sus cargos a finales de enero- es enorme. Honduras es el segundo país más pobre del continente, con un 74 por ciento de pobreza. La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 y la nula reacción pública, sumado a los ciclones, significó el tiro de gracia para una población que desde 2018 huye en caravanas migrantes para buscar trabajo, seguridad y condiciones de vida más dignas.

Honduras ya no es el país bananero de antaño, hoy exporta mano de obra precarizada. Las remesas que envían quienes viven en el exterior superan en valor al 20 por ciento del Producto Bruto Interno, convirtiéndose en el mayor ingreso económico que tiene el Estado y en el único ingreso que tienen muchas familias.

Honduras es también el segundo país con mayor tasa de embarazos adolescentes y donde solo se resuelven el 5 por ciento de las denuncias que llegan al Ministerio Público, cifra que se achica aún más -aunque suene imposible- cuando son casos de femicidios o asesinatos a miembres de la comunidad lgtbiq, periodistas, abogados o defensores de derechos humanos. Vale recordar que fue acá donde asesinaron en 2016 a Berta Cáceres, defensora de los recursos naturales. Sus hijas aún buscan justicia y que los autores intelectuales reciban su castigo. Quienes también reclaman el esclarecimiento de las muertes, son los familiares de los más de veinte asesinados en las protestas posteriores a las elecciones de 2017 por fuerzas del Estado, según declaró en su momento la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Las tragedias por reparar son infinitas, pero aunque todavía no haya finalizado el escrutinio definitivo, lo que sí ya cambió es el humor de la población hondureña, que después de tantas noticias negativas, se volcó a votar primero, a auditar el recuento y a celebrar después por todos los barrios y poblados del país, hasta altas horas de la madrugada. “Voto masivo mata fraude” fue el slogan utilizado para incentivar a la gente a que emitiera su sufragio, más allá de los reparos que existían con un sistema electoral donde, por ejemplo, no hay segunda vuelta.

Por ley, el CNE tiene hasta un mes para dar un ganador definitivo, considerando las impugnaciones que se puedan interponer. Desde el lunes a las siete de la mañana que no se actualiza el conteo y, considerando la historia reciente, la gente comienza a impacientarse. Pero esta vez la victoria de Xiomara Castro y del partido Libre fue tan abrumadora, que no hay fraude posible que impida que una mujer de izquierda vaya a tomar las riendas del golpeado país centroamericano.

30 de noviembre de 2021

 

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Domingo, 28 Noviembre 2021 11:31

La segunda oleada progresista latinoamericana

En Caracollo, partidarios del gobierno boliviano participaron en la Marcha por la Patria el martes pasado. Foto Ap

El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy se ve cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown de 2020 han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy, otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite; Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc., son las nuevas ideas-fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980, aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social.

América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta "primera oleada" de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logró tasas de crecimiento económico entre 3 y 5 por ciento, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente, se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0.54 a 0.48, en la escala de Gini y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó la balanza del poder social en favor del trabajo. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia, al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.

La segunda oleada progresista

La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte, por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.

El progresismo cambió la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las "clases medias", ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de "ingresos medios", la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., modificó no sólo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente, este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado, sólo un revanchismo enfurecido de un "libre mercado" crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el "fin del ciclo progresista". La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos, sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que por su sola presencia habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido, no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente, el "gran encierro" mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden. Sin embargo, la ausencia de "relación carismática" de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista, pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma, aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional-popular.

En tercer lugar, el nuevo progresismo forma ya parte del sistema de partidos de gobierno, en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar el viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, lo que entonces le permitió objetivamente enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al "sistema tradicional". Lo que ahora se proponen es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que los lleva a una práctica moderada y agonista de la política.

En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista y, aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.

Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas que las ha llevado a enroscarse en discursos antiindígena, antifeminista, antiigualitarista y anti-Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y exclusión de quienes se considera son los culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los "populistas igualados", los "indígenas y cholos con poder", las mujeres "soliviantadas", los migrantes pobres, los comunistas redivivos…

Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva, sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace 15 años atrás, la opinión pública construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y anti-igualitarismo convertidos en valores públicos.

La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen restablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media

Y finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no sólo las consecuencias sociales del "gran encierro" planetario que 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.

Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias.

Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones.

Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario con clases medias rezando por "orden" a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos.

Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausentes, sin los cuales es imposible imaginar triunfos políticos duraderos.

Por Álvaro Garcia Linera. Fragmentos del discurso pronunciado en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, al recibir el nombramiento de doctor honoris causa, el 5 de noviembre pasado.

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Sábado, 27 Noviembre 2021 06:31

Dividir para ganar

Circuito de votación en Caracas durante las elecciones del 21 de noviembre / Afp, Federico Parra

Venezuela: el chavismo gana, pero se debilita

 

 
26 noviembre, 2021

Parece haber quedado en el pasado el desconocimiento a los resultados, la patada a la mesa y las arbitrariedades de último minuto. Por primera vez en años hubo una participación activa de misiones de observación internacionales, junto a la presencia de un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo a la misión de la Unión Europea, en estos comicios «mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores». Además de un cumplimiento cabal del protocolo, se divulgó el mismo día de la elección el primer boletín con resultados preliminares. En fin, un avance importante en materia de normalización política.

El evento produjo, al mismo tiempo, un nuevo mapa político que parece abiertamente favorable a la coalición oficialista, con victorias en al menos 18 gobernaciones de las 23 en disputa (la oposición ganó en tres y hay dos cuyo resultado sigue en suspenso al escribirse este artículo, por lo cerrado de la votación). Cualquier observador inocente podría considerar que la derrota opositora es evidente y que el chavismo volvió a arrasar. Esta es, no obstante, una verdad que puede relativizarse.

La oposición moderada logró lo que quería: ubicarse en el tablero institucional y prepararse para un escenario superior: las presidenciales de 2024. Con la oposición más radical ya alejada (y derrotada en el escenario militar que había escogido), los moderados lograron obtener condiciones mínimas que, de mantenerse, podrían poner en grave riesgo la continuidad chavista en la presidencia. Los resultados confirman esta tendencia: a escala nacional, las diferentes candidaturas de la oposición obtuvieron en total más de 700 mil votos, casi 10 puntos porcentuales por encima del chavismo. En más de diez gobernaciones, la división o dispersión del voto opositor fue definitoria para el triunfo del oficialismo.

A nivel municipal, además, la oferta electoral opositora, que en 2013 había ganado 76 alcaldías y en 2017 apenas 26, estaría triunfando ahora en más de 117 de ellas (de un total de 335), lo que es un récord propio en elecciones locales. Muchas de estas alcaldías pertenecían a la «zona de confort» del chavismo, donde solía ganar sin problemas.

Más que una oposición fuerte, lo que podemos ver es un chavismo que continúa en proceso de desafiliación: ya perdió alrededor de 500 mil votos en relación con una de sus votaciones históricas más bajas, las parlamentarias de 2020, en las que sacó cerca de 4.300.000 votos (recordemos que, en las presidenciales de 2013, el oficialismo había obtenido casi 7.600.000 votos; cuando su derrota en las parlamentarias de 2015, 5.600.000 votos, y en las regionales de 2017, unos 5.800.000). La abstención el domingo alcanzó el 58 por ciento del padrón electoral. Además, hay más de 4 millones de venezolanos que no pueden votar por encontrarse en el exterior y que, de hacerlo, es de esperar que no sería por el chavismo.

En las últimas regionales, el partido de Nicolás Maduro alcanzó más del 50 por ciento de los votos en unas 17 gobernaciones; en 2021, solo lo logró en tres de ellas. En aquella oportunidad tuvo más del 60 por ciento de los apoyos en unas cuatro gobernaciones; en 2021, en ninguna. Este 21 de noviembre perdió o quedó a punto de perder en los estados que históricamente fueron los más chavistas del país: Apure, Barinas, La Guaira y Cojedes.

El oficialismo ha intentado crear una narrativa pos-Chávez, no solo en su apuesta a una política económica heterodoxa y aperturista, por no decir neoliberal y dolarizada (véase «¿Estabilización o desmantelamiento?», Brecha, 13-III-20), sino también en la esfera retórica y electoral, donde la figura, simbología e ideas del expresidente y fundador del partido oficial han sido desplazadas bajo un nuevo relato que intenta llegar a nuevos electores. Parece obvio que este intento ha contribuido a –o no ha alcanzado para detener– la erosión de su nicho de votantes más sólido.

HÁNDICAP OPOSITOR

El problema con esta visión optimista del desempeño de la oposición es que, de las alcaldías en las que ganó, 59 corresponden a la Mesa de la Unidad Democrática (la oposición institucional, por decirlo de alguna manera) y 58 a agrupaciones disidentes con las que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no pudo llegar a acuerdos. Aquí se le presenta a la oposición institucional un nuevo dilema, que ya no es si participar o no en los comicios, sino el de buscar la unidad con sectores a los que ha considerado «alacranes» o «entreguistas» al gobierno.

Los opositores radicales han dejado en claro que quieren eliminar a esa oposición disidente tanto o más que al propio chavismo, pues la consideran traidora por participar en eventos electorales donde ellos llamaron a la abstención. El caso es que esa disidencia ha conseguido prácticamente la misma cantidad que la que consiguió la oposición nucleada en la MUD.

En el chavismo la preocupación va en un sentido parecido. Beneficiarse de una abstención que inmovilizaba a la oposición ya no le funciona como antes, porque la falta de asistencia a las urnas ha comenzado a afectarle seriamente a él mismo y no resulta suficiente para debilitar completamente a sus rivales. Es de la división opositora de la que depende ahora para alcanzar el triunfo y es hacia allí a donde dirigirá sus acciones. De momento, quedan tres años de descanso electoral y no será hasta 2024 que las presidenciales se presenten en el horizonte. Hasta entonces, cada bando deberá implementar su propia estrategia para derrotar al adversario: a punta de votos o de tácticas divisionistas.

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Viernes, 26 Noviembre 2021 05:58

El voto de la Colombia inconforme

El voto de la Colombia inconforme

La definición de las candidaturas para la próxima elección presidencial de 2022 marca la nueva escena política colombiana: una derecha uribista que apuesta a las mismas recetas, un centro político que se hace fuerte en los sectores medios metropolitanos y una izquierda que apuesta a un proyecto de transformación más radical. El eco de las protestas sociales de 2021 resulta clave para entender lo que sucede en el país.

«La historia la escriben los vencedores y la narran los vencidos», afirmó hace algo más de dos décadas el escritor argentino Ricardo Piglia. La frase, perteneciente a su novela Respiración Artificial, hace eje en la forma en la que el conjunto de sectores subalternos, excluidos y vencidos por el Estado, apuestan a construir narrativas alternativas y paralelas a las oficiales. El Pacto Histórico, la coalición colombiana de partidos y movimientos de izquierda liderados por el candidato presidencial Gustavo Petro, recoge parte de ese acervo y esas luchas apostando a que, en 2022, se consiga traducirlas en una victoria en los comicios presidenciales.

Aunque la apuesta del Pacto Histórico es, sin dudas, interesante, su problema estriba en que la estrategia es pensada en una clave puramente electoral. En tal sentido, resulta difícil que, en un corto plazo, la propuesta de Petro logre articular un imaginario nacional-popular hegemónico que le dispute al establishment el sentido común de la sociedad. En tal punto, es necesario resaltar que muchos de los electores que ahora se identifican con el Pacto Histórico y con la candidatura de Petro impugnan el pasado y se sienten defraudados con las promesas de los anteriores gobiernos, pero no necesariamente apuestan a una narrativa  alternativa. Y es que muchos de quienes podrían optar por Petro apostaron en el pasado por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Esto no resulta ilógico: los comerciantes y los pequeños empresarios lograron, durante esos gobiernos, beneficios económicos tangibles a partir de la bonanza de los commodities, que jalonaron el crecimiento sostenido del PIB nacional durante una década. Por lo tanto, la impugnación que muchos de ellos hacen ahora del pasado no necesariamente implica una ruptura radical con el orden existente. La ruptura es coyuntural.

El apoyo a Petro dista mucho de ser un apoyo puramente de izquierda. Aunque logró 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018 defendiendo una agenda «antiuribista» y a favor de la paz, sus nuevos electores están constituidos por un amplio sector de opinión que votó con el uribismo en el plebiscito de 2016 y que apostó por Iván Duque en 2018. Dicho conglomerado está conformado por millones de defraudados con el eslogan «seguridad democrática y confianza inversionista», defendido históricamente por Uribe. Parte de la ciudadanía percibe que la promesa de «prosperidad económica» del proyecto uribista fue incumplida y que, por tanto, ese ciclo de gobierno debe llegar a su fin.

A pesar de que el núcleo duro de votantes del Proyecto Histórico procede de nuevos y antiguos votantes de la izquierda, no deja de ser paradójico que la mayoría de sus electores se encuentre más a la derecha que los militantes y candidatos de la coalición. Esto se vincula directamente con el sentido común que domina en Colombia, con su historia de violencia acumulada y la posición antinacionalista de la clase política tradicional. De ahí la importancia para el Pacto Histórico de las formas, los nuevos símbolos, la manera de dirigirse a esta ciudadanía despolitizada, atomizada, e influenciada por esa lógica del «sálvese quien pueda» que ha dominado a Colombia desde el auge del narcotráfico en la década de 1980. Como bien lo expresó Fernando Dorado, «el verdadero problema es clarificar qué imaginario estamos construyendo para enamorar a las mayorías de la sociedad y cómo nos va leyendo la gente del común».

Sin lugar a dudas, el fenómeno de esta alianza suprapartidista y nacional-popular desborda a la izquierda misma sin socavar sus principios y sus luchas históricas. Reconocer al Pacto Histórico como una nueva versión de agrupamientos de izquierda tradicional es repetir los errores de los momentos de mayor ascenso de la Unión Patriótica (1985-1996), del Frente Social y Político (1997-2002) y del Polo Democrático (2005-2015).

Pacto Histórico: trampas y desafíos

Es innegable que el país vive un auge democrático que recoge el acumulado de luchas sociales de la última década: el paro agrario de 2013, la firma del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, las movilizaciones ciudadanas de 2019 y el gran paro nacional de 2021. No es redundante volver a repetir que el Pacto Histórico alberga una simbología que va mucho más allá de los ejes discursivos de la izquierda. Es más, frente a la deriva antidemocrática de los ocho años del gobierno de Uribe, ha venido creciendo un movimiento supraideológico que busca radicalizar la democracia destituyendo del poder al uribismo.

Gran parte de ese «antiuribismo» lo conforma electoralmente un nicho de opinión que se autodenomina de «centro», el cuál votó por Sergio Fajardo y Humberto de la Calle en 2018. Dicha corriente de centro podría definirse como un «reformismo liberal de nuevo tipo» que ha emergido con fuerza ante la inminente crisis de liderazgo de toda la derecha tradicional desprestigiada. Este sector, que apela a la meritocracia y a la tecnocracia, fue bastión principal del gobierno de Santos durante sus ocho años en el poder.

Este bloque político está conformado por el Partido Verde y las demás agrupaciones que conforman la denominada Coalición de la Esperanza: los liberales disidentes de En Marcha —encabezados por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera—, el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Dignidad de Jorge Enrique Robledo, y Compromiso Ciudadano del ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

El «centro» ha ganado en las últimas dos décadas incidencia ante la creciente polarización y agudización de las contradicciones resultantes del proceso de paz y la supremacía política del uribismo. El centro se sitúa como una opción «decente», antirradical, que defiende el statu quo, los derechos individuales, las instituciones y la lucha contra la corrupción. Este último punto permitió que una de sus referentes, la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López, liderara una consulta nacional con más de 11 millones de votos que le permitieron la visibilidad y credibilidad suficientes para ganar en la capital de Colombia. Este bloque, con amplia sintonía con los intereses y anhelos de la clase media de las ciudades principales e intermedias del país, encuentra en la apatía ciudadana y la antipolítica factores de adherencia a su proyecto. El «centro», liderado por el Partido Alianza Verde en 2019, fue el gran ganador de las elecciones regionales de ese año al lograr las alcaldías de Bogotá, Cali, Manizales, Cúcuta, Florencia y Popayán, así como la Gobernación de Boyacá.

Aunque a ambos sectores los une la regeneración democrática representada por la defensa de la Constitución de 1991 y la salvaguarda de los derechos humanos, la diferencia de fondo entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico radica en la impugnación continua de este último al modelo económico y social que ha regido a Colombia durante las últimas cuatro décadas. Ese modelo se expresa en la mercantilización de los derechos sociales y colectivos, la firma de múltiples tratados de libre comercio que han desequilibrado desfavorablemente la balanza comercial nacional y en la privatización gradual del Estado, con la cual la Coalición de la Esperanza está parcialmente de acuerdo.

Lo que más temen los sectores moderados y radicales del establishment, ligados a los sectores que contribuyeron a mercantilizar la salud, la educación, la vivienda, y los servicios públicos, es que aparezca un agente público eficiente que desprivatice, gestione exitosamente y logre buenos resultados. También temen que el Pacto Histórico, más allá de sus veleidades internas y las contradicciones de Petro, logre movilizar a millones de personas empobrecidas con necesidades más reales e inmediatas que las de la clase media.

Yezid Arteta caracterizó correctamente esa frontera material y de clase que divide a ambas coaliciones. «La gente del medio no tiene estos problemas. Razón para no comprender a los de abajo. Se duchan con abundante agua caliente, desayunan frutas y cereales, trabajan con el computador desde casa y solo salen a la calle para llevar al perro a cagar. Convencer, organizar y movilizar a los pobres tiene más valor político y moral que sumergirse en una polémica sobre una fotografía en la que aparece Petro con un charlatán de iglesia».

Pacto Histórico, posneoliberalismo y transición democrática

La impugnación continua al fracaso de tres décadas del capitalismo neoliberal deslinda radicalmente la agenda del Proyecto Histórico de los demás proyectos políticos en disputa por la Presidencia de la República. Indudablemente, la ruptura del Proyecto Histórico con el consenso entre las elites por la continuidad de este modelo establece en el mapa político un único límite entre un «nosotros» popular y cotidiano, antepuesto a un «ellos» representado por los sectores de poder que siempre han controlado el país. La apuesta del Proyecto Histórico es la de producir un consenso posneoliberal.

En Ecuador, Uruguay, Argentina y el mismo Brasil, la llegada de gobiernos posneoliberales de carácter progresista permitió que estos países renegociaran la deuda externa con los organismos multilaterales. Esta decisión política facilitó el cambio de prioridades presupuestales, lo que se tradujo en bienestar y aumento de calidad de vida para millones de personas. De lograrse dicho viraje político en Colombia, se podría avanzar en la disminución de los índices de pobreza, en la reducción de las tasas de desempleo, en el aumento del gasto en educación, salud y vivienda pública, en la generación de infraestructura para el desarrollo y en un mejor marco de competitividad para el país.

Es necesario precisar, sin embargo, que parte de la financiación de la política social de los gobiernos posneoliberales fue posible debido al boom de los precios de los commodities (petróleo, gas, minerales) entre 2005 y 2013. La caída varios de estos  precios, sumada crisis de la pandemia de covid-19, revirtió los avances de este periodo de prosperidad social. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la emergencia sanitaria hizo retroceder diez años esas conquistas sociales.

En suma, las condiciones objetivas marcadas por el flujo ascendente de una década de descontento y movilización social nacional (2011-2021), el desgaste sufrido por los gobiernos regionales elegidos en 2019 y liderados por la Coalición de la Esperanza, la emergencia sanitaria, el descrédito de la política tradicional, el declive del proyecto político hegemónico en Colombia encabezado por Álvaro Uribe (2002-2022) y el agotamiento del modelo neoliberal en el país, plantean un escenario único que podría acabar en una eventual victoria del Pacto Histórico en los comicios generales de 2022 y dar al traste con aquella célebre frase que Humberto De la Calle hizo popular durante el proceso de paz con las FARC: «El modelo económico no es materia de discusión en La Habana»

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Chile: malos tiempos para la ética política

En Chile la ilusión de estar viviendo un proceso constituyente radical, de transformación democrática se desvanece. Las macroelecciones dejan un resultado poco esperanzador. Dentro de un mes, el posible triunfo de la extrema derecha pinochetista es un mal presagio. Pero no podemos dejar pasar el nuevo mapa que se dibuja tras las elecciones parlamentarias. La derecha controla ambas cámaras. El pacto de transición (1988-90), entre las fuerzas armadas y los representantes políticos que le dieron vida, llega a su fin. El parlamento, ya en crisis, tiene nuevos actores y hay que reinventar alianzas y pactos. Si hablamos de la derecha, la coalición hegemónica Chile Podemos Más cohabitará con una derecha neofascista, cuya presencia ha dejado de ser marginal. Se trata del Frente Social Cristiano, encarnado en la figura de José Antonio Kast, y formado por el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano. En este contexto, UDI, RN y Evópoli, con 59 diputados, seguirán siendo la principal fuerza parlamentaria, pero deberán pactar a su derecha con el Frente Social Cristiano. Sus 15 diputados serán necesarios para articular mayorías. El chantaje será el arma política para mantener atada en corto a la derecha que negoció la transición, y según Katz abandonó sus postulados para plegarse a los designios de la izquierda marxista. Asistiremos, con seguridad, a un discurso más beligerante y anticomunista. Pero no ha sido este el único desprendimiento en la derecha, el Partido por la Gente, con seis diputados, creado ad hoc y legalizado en julio de 2021, inaugura su andadura. Para ello candidateó a Franco Parisi, economista conocido por sus programas de radio y televisión, adulador de la economía de mercado, quien ha fijado su residencia en Estados Unidos, sin participar en los debates. Cuesta creer que 891 mil 566 chilenos le otorgasen su voto, convirtiendo a Parisi en el tercer candidato más votado, por delante de Sebastián Sichel, de Chile Vamos. Sus motivos para "pedir asilo", según sus declaraciones, se deben al proceso judicial que le condena a pagar una millonaria deuda de pensión alimentaria a sus hijos.

Por el otro lado, los partidos que han configurado la Concertación, hoy Nuevo Pacto Social, acaban haciendo aguas. Aunque se mantiene la alianza entre socialistas, democratacristianos, Partido Radical y Partido por la Democracia, sus resultados no han sido mejores que Apruebo Dignidad, donde se agrupan el Frente Amplio, el Partido Comunista, Comunes y Verdes. Ambas coaliciones han obtenido igual número de escaños: 37. La novedad es la juventud de sus diputados. La vieja generación de líderes y dirigentes ha sido desbancada, lo cual supone un cambio que acabará repercutiendo en los discursos, los comportamientos y actitudes a la hora de enfrentar los pactos, lo cual no necesariamente debe traducirse en un ideario más a la izquierda, anticapitalista y contra el neoliberalismo.

Así, en segunda vuelta, a pesar de en­tender que el triunfo de Kast, el 19 de diciembre, sería la confirmación de la peor de las opciones posibles, el probable triunfo de Gabriel Boric, dejaría un presidente debilitado. La derecha, con mayoría en ambas cámaras, podrá desarrollar una política de cortapisa, retrotrayendo el país a los años más oscuros del pinochetismo político y, de paso, convertirse en un dique a la Convención Constituyente, aislando a sus convencionales situados a la izquierda y decididos a cambiar el modelo. En esta tarea contaría con la colaboración de una parte importante de los independientes, socialdemócratas y democristianos de los partidos que firmaron el 15 de noviembre de 2019 el pacto de la traición.

Si dentro de un mes, votar a Gabriel Boric se piensa como freno a José Antonio Kast, sus opciones están en buscar alianzas con la socialdemocracia y la democracia cristiana, en otros términos, con la vieja Concertación, y atraerse los votos del progresista Marco Enrique Ominami (7.61 por ciento) y de Unión Patriótica, Eduardo Artés (1.47), secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria). Sin olvidar la necesidad de movilización social. Los índices de abstención se elevan a 52 por ciento. De los 15 millones 30 mil 973 ciudadanos con derecho a voto, lo ejercieron 7 millones 93 mil 303. En pocas palabras, uno de cada dos chilenos se abstuvo. La despolitización, la corrupción, el descrédito de los partidos, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, la falta de una opción ilusionante en la izquierda, un proyecto real, por encima de discursos grandilocuentes, genera desafección y desinterés. Ahí está otro triunfo cultural del neoliberalismo chileno, relegar la política a un espacio emocional de marketing electoral, desligándola de su sentido ético de construcción de dignidad y ciudadanía plena.

En definitiva, la disyuntiva en Gabriel Boric y Jose Antonio Kast pierde relevancia si entra en la ecuación la nueva composición parlamentaria, sin por ello restarle importancia. No son lo mismo. Pero la realidad es tozuda. Boric, si quiere recuperar terreno, deberá buscar la confianza de los sectores medios, los empresarios, las trasnacionales y los organismos internacionales, lo cual le conduce a posicionarse en favor de la economía de mercado, los tratados de libre comercio y suavizar su rechazo al neoliberalismo. Entre la espada y la pared, si triunfa, su gobierno dará tumbos entre el desencanto y la frustración. José Antonio Kast es el candidato de la derecha, todas las derechas, y harán lo posible para suavizar el discurso xenófobo, racista y violento, maquillando sus declaraciones. Si lo consiguen, tendrán mucho ganado. El Chile real dista mucho de aquel imaginado hace apenas un año con el proceso constituyente. La tendencia es a reconstituir el proceso neoliberal bajo nuevas formas y para ello, da lo mismo ocho que 80.

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Gabriel Boric, el candidato que mejor mide entre los jóvenes chilenos.. Imagen: AFP

En medio de un hastío generalizado es el que más adhesiones despierta ente los nuevos votantes

A horas de las elecciones presidenciales en el país trasandino el 50 por ciento de los 15 millones de electores está indeciso sobre si acudirá a las urnas.

 

"Yo voy a votar pero bastante desilusionado", declara uno de los jóvenes que participó de la revuelta social de octubre de 2019 y que hoy siente que ninguno de los siete candidatos a las elecciones de este domingo recoge las demandas de la calle.Danilo Panes, un sociólogo de 26 años, recuerda que participó de las protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019. Después de varios días de manifestaciones secundarias por el alza del precio del pasaje de metro, se fueron sumando más personas hasta generarse una potente revuelta social que dio un giro a la política del país.

En 2011, cuando empezaron las protestas sociales con más fuerza en Chile, Panes también participó de las masivas manifestaciones estudiantiles que se levantaron durante el primer gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) en reclamo de una educación "pública, gratuita y de calidad" para uno de los países donde la gratuidad universitaria no existía.

Cinco años antes, los estudiantes secundarios y su "Revolución pingüina" habían dado un primer aviso de que los jóvenes iban a ser los protagonistas de los cambios sociales en una nación considerada por años un ejemplo de estabilidad económica y social. Pero ahora, a las puertas de una elección presidencial, los candidatos "no logran expresar una alternativa a la medida de lo que el pueblo exigió en octubre", agrega este sociólogo.

Se estima que en Chile el 50 por ciento de los 15 millones de electores está indeciso sobre si acudirá a votar. Con siete candidatos en disputa y propuestas que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ninguno logra convencer de que será capaz de impulsar un cambio para lograr una mayor equidad social, mejor acceso a la salud y la educación, pensiones e igualdad de género.

"Los jóvenes deberíamos ir a votar principalmente porque ya ha sido mucho tiempo de ausencia en lo político al respecto de la juventud, y se entiende porque como juventud estamos decepcionados y decepcionadas de lo que ha sido hasta ahora el modelo", declara Débora Pinto, una psicóloga de 27 años.

Boric, la alternativa 

En medio de un hastío hacia la mayoría de los candidatos, Gabriel Boric, el diputado de izquierda de 35 años, es quien despierta una mayor adhesión entre los jóvenes. Exlíder estudiantil, este 'milenial' cambió su imagen de político rockero por una más seria y hoy es uno de los favoritos para ganar la elección.

"Es un candidato que tiene además propuestas nuevas que a los jóvenes les interesan, como por ejemplo, el feminismo y los cambios medioambientales", señala la actriz Francesca Santoro, en la plaza Italia, rebautizada como "Plaza Dignidad" por los manifestantes que aún se reúnen ahí todos los viernes.  "Boric tiene una fuerza inusitada en los sectores ABC1 (los más acomodados) y particularmente los jóvenes", coincide Mauricio Morales, analista político de la Universidad de Talca.

 El ultraconservador José Antonio Kast -contrario al aborto y al matrimonio igualitario- podría disputar con Boric una segunda vuelta, de acuerdo a sondeos previos. Completan la lista de candidatos la senadora Yasna Provoste, del Nuevo Pacto Social heredero de la Concertación de Michelle Bachelet, Gabriel Sichel, el candidato oficialista de Chile Podemos, Macro Enríquez-Ominami del Partido Progresita (PRO), Eduardo Artés (Unión Patriótica, izquierda) y el libertario Franco Parisi (Partido de la Gente).

El gran despertar 

Redactar una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue una de las grandes demandas de las manifestaciones de 2019, canalizadas en un acuerdo político que convocó a un plebiscito para decidir el cambio de la Carta Magna.

"Las movilizaciones del 2019 significaron el gran despertar de nuestro pueblo", sostuvo Rodrigo Hidalgo, un profesor de 28 años, quien junto a Danilo y Débora participan del Movimiento Minga, una organización juvenil que realiza actividades culturales y busca soluciones de vivienda para personas del barrio de San Miguel, en Santiago.

La posibilidad de cambiar el actual modelo neoliberal chileno por medio de una nueva Constitución impulsó a los jóvenes a votar masivamente en el plebiscito que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2020, cuando la opción "apruebo" el cambio se impuso con 79 por ciento. Siete meses después, el pasado 15 de mayo, fueron electos los 155 miembros de la Convención Constitucional que el pasado 4 de julio comenzó a redactar la nueva Carta.

"Pero votar por presidente o parlamentarios es menos sexy para los jóvenes. Tenemos puntos suspensivos, porque no sabemos si esos jóvenes que entraron a votar por primera vez (para el plebiscito), que son 1,2 millones, van a volver a votar" el próximo domingo, señaló Axel Callis, analista y director del sitio TuInfluyes.com.

Por su parte Rodrigo Hidalgo, un profesor de historia de 28 años, opinó: "si las propuestas no apuntan a generar un cambio y una transformación en el sistema económico y político también no van a convocar" a muchos jóvenes, dice.

Por Miguel Sánchez*

20 de noviembre de 2021

*AFP

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, después de conocer los resultados del domingo I. Roncoroni / EFE

El revés fue de más de 8 puntos en todo el país y Juntos volvió a imponerse en los principales distritos. El resultado obliga al oficialismo a negociar las leyes en las dos Cámaras del Congreso. El Gobierno intentó disimular la derrota y el presidente Alberto Fernández llamó a la oposición al diálogo y a un acuerdo por la deuda

 

Con muchas menos sorpresas que cuando se entregaron los primeros resultados de las PASO, el Gobierno de Argentina metabolizó la derrota y festejó la diferencia menor como si fuera un triunfo. A pesar de que ahora está obligado a negociar en el Senado tras haber perdido su control, intentó que no se notara el golpe y buscó imponer un discurso que sostiene que lo mejor está por venir. Las derrotas en los principales distritos —como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza o CABA— fueron matizadas por el achicamiento de la distancia con Juntos por el Cambio en el distrito bonaerense. Con este escenario adverso, Alberto Fernández se vio obligado a marcar la dirección que tomará el segundo tramo de su gestión, con fuertes desafíos económicos y con la convocatoria a la oposición y a los empresarios para generar un acuerdo amplio que otorgue previsibilidad.

Con la derrota consumada, Alberto Fernández decidió hablar desde la residencia oficial de Olivos en un mensaje grabado. Dijo que los argentinos necesitaban un horizonte con ejes centrales en la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación del empleo. Puso el acuerdo con el FMI en la centralidad de la escena y pidió a la oposición que acompañe. "Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas, para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo, es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita ese patriotismo", dijo el presidente, quien anunció que presentará un proyecto de ley para consensuar un programa económico.

A diferencia de lo que sucedió en las PASO, en el búnker de Chacarita no estuvo Cristina. Avisó temprano por sus redes que por su reciente operación y por haber ido al cierre de campaña, no acompañaría esta vez. El resto de las figuras del Frente de Todos aparecieron en el escenario a pesar de la derrota y tratando de mostrar una imagen más cohesionada que la de aquel domingo de septiembre, cuando todos aprovecharon para irse temprano. Algunos temieron las últimas semanas una derrota mayor y, como no sucedió, el resultado terminó siendo aliviador. Por el micrófono pasaron Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Sergio Massa, el propio Alberto y Axel Kicillof. El gobernador, por momentos, apareció eufórico, como si hubiera ganado en su territorio.

En ese intento de generar épica, cada uno de los triunfos fueron magnificados. La recuperación del Senado bonaerense, con el voto decisivo de Verónica Magario, fue anunciado y festejado. El triunfo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, también. Todos repetían que se venía la segunda parte del mandato y había que instalar el entusiasmo para transitarla. En ese mismo tono, cuando le tocó a hablar a Alberto en el búnker, convocó el miércoles a un acto en Plaza de Mayo, en el Día de las Militancias, “para celebrar el triunfo”, sin darse cuenta el lapsus que estaba cometiendo.  

Además de apuntalar la campaña en la provincia que gobierna Axel Kicillof (Buenos Aires), el oficialismo intentó revertir el resultado de las PASO en Chubut, La Pampa y Santa Fe, con las esperanzas de seguir teniendo el control de la Cámara Alta. Pero en ninguno de esos distritos se acortó el resultado de las PASO, al contrario. Pasa de tener 41 a 35 bancas, dos menos de las que son necesarias para el quórum, algo que al peronismo no le sucedía desde el regreso de la democracia. En Diputados la derrota fue fuerte pero no hizo peligrar la primera minoría ni la presidencia de la Cámara, como el sector duro de la oposición amenazó con cuestionarle. 

Los números en el Congreso serán decisivos para el Gobierno porque tiene en sus planes enviar varios proyectos importantes, en su estrategia de generar incentivos para el crecimiento y para la recuperación del empleo. Entre ellas aparecen la Ley de Hidrocarburos, para inversiones en en gas y petróleo; la Ley de Presupuesto, para despejar las incertidumbres sobre responsabilidades y obligaciones de la Argentina con sus acreedores; la ley Agroindustrial; el nuevo régimen jurídico para el sector automotriz; el nuevo régimen impositivo para la construcción y la de promoción del turismo y la gastronomía.

Crecimiento opositor

Al mirar el mapa electoral del país, se puede ver el crecimiento opositor, que no solo ganó en las provincias más grandes sino también en la Patagonia -en bastiones oficialistas como Santa Cruz- y en todo el litoral. De esta manera desplazó al oficialismo a la zona norte del país y a Tierra del Fuego. Fue una derrota por más de 8 puntos a nivel nacional pero con un impacto que resulta mayor en el desglose provincial. El oficialismo ganó en 9 provincias y todo el arco opositor en 15. 

En su búnker de Costa Salguero, Juntos tenía muchos motivos para el festejo. Confirmaba los números de las PASO y ampliaba sus perspectivas para 2023. Habrá que ver quiénes son los más ganadores en el espacio triunfador. Larreta aparece a la cabeza. Armador de los triunfos en Provincia, parte primero en las expectativas presidenciales. Bullrich, que se cargó la organización del PRO en el interior, también se siente dueña de parte del caudal electoral. Se resolverán más adelante las expectativas de cada uno pero ayer aparecieron todos juntos. “Estamos todos muy emocionados de ver cómo los argentinos nos hicimos escuchar en una elección tan decisiva como esta. De ver el compromiso que tenemos tantos con nuestro país. Lo primero que quiero decir es un ‘gracias’ enorme. Millones de argentinos de todo el país hoy dijeron basta", dijo María Eugenia Vidal, una de las caras del triunfo. 

Respecto de la elección en la que ganó la fórmula de Alberto y Cristina, la participación volvió a ser baja y el que más lo sufrió claramente fue el oficialismo. La ida a las urnas fue cercana al 71%, lo que mostró un aumento del 5% respecto a las PASO. A pesar de la mejora de la situación epidemiológica y la flexibilización de los protocolos sanitarios, el porcentaje total de participación terminó siendo menor que el de las legislativas de 2017, que tuvieron un 77.6%, y en 2019, con el 81%.

eldiarioAR — 15 de noviembre de 2021

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:16

¿Ortega 'ad infinitum'?

Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, en una imagen tomada en marzo de 2019 en la residencia presidencial de Managua.- AFP

Daniel Ortega ha ganado las elecciones en Nicaragua. Si retrocediéramos en el tiempo, hasta 1990, ésta podría haber sido una excelente noticia para el país centroamericano. Pese a la guerra y el bloqueo impuesto por Washington, el Frente Sandinista de Liberación Nacional habría contado todavía con el apoyo mayoritario de su pueblo y se dispondría a seguir construyendo revolución. Ucronías aparte, de aquel sueño romántico solo quedan los colores rojinegros de la bandera del FSLN, ondeantes en Managua la pasada noche electoral. Como en 2016, Ortega, de 75 años, ha vencido en las urnas por una aplastante mayoría y enfila su cuarto mandato presidencial consecutivo junto a su fiel esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Para 2026, habrá gobernado en Nicaragua durante más de un cuarto de siglo. Y todo gracias a Dios, como diría la devota pareja presidencial.

El régimen autoritario impuesto por Daniel Ortega en Nicaragua no es comparable con aquella trituradora de vidas humanas que fue la dinastía de los Somoza. Quien vea similitudes, mira la realidad con lentes desenfocadas. Pero el FSLN de Carlos Fonseca no se alzó en armas contra Anastasio Somoza para que su movimiento político acabara en manos de una pareja de iluminados que, con tal de aferrarse al poder, ha sido capaz de pactar con dirigentes corruptos de derechas, las principales fortunas del país y el sector más reaccionario de la Iglesia.

Las elecciones del 7N dan cuenta de esos contubernios tramados por Ortega y Murillo. Según resultados preliminares, el FSLN habría obtenido alrededor del 75% de los votos, mientras el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se quedaría con cerca del 15%. Hace dos décadas, Ortega pactó con un dirigente de ese partido, Arnoldo Alemán (entonces presidente y más tarde condenado por corrupción), un reparto de las instituciones y el poder en Nicaragua. Ambas formaciones acaparan hoy el 90% de los votos. Con varios potenciales candidatos presidenciales en prisión o en el exilio, el resto de aspirantes que accedieron a presentarse a los comicios apenas se quedaría con un 10% de la tarta electoral. Son los denominados zancudos, acostumbrados a vivir del sistema a cambio de participar como comparsas.

Tras el pacto con Alemán, Ortega siguió mostrando su falta de escrúpulos. Antes de las elecciones de 2006 se acercó al cardenal Miguel Obando, quien lo había comparado con una víbora en sus homilías preelectorales. Y cinco años después, en 2011, nombró vicepresidente de su gobierno al derechista Jaime Morales Carazo, ex banquero y ex dirigente de la guerrilla de la Contra (la milicia financiada por Estados Unidos). Tras el triunfo de la revolución, en 1979, los sandinistas confiscaron la casa de Morales Carazo. Su nuevo inquilino fue un joven comandante: Daniel Ortega. La realpolitik puede con todo.

El apoyo popular con que ha contado Ortega en los últimos años no ha sido menor. Su regreso al poder en 2006, tras perder tres elecciones consecutivas, se produjo en un contexto regional muy favorable, con las materias primas por las nubes y el chavismo ejerciendo como locomotora ideológica y económica de sus aliados. Ortega apeló a su pragmatismo para favorecerse del maná bolivariano sin desdeñar las relaciones comerciales con Estados Unidos. La agenda social se plasmaba en el retorno a la gratuidad de la sanidad y la educación y el impulso de planes de acceso a la vivienda y de lucha contra la pobreza. Al mismo tiempo, el comandante coqueteaba con el neoliberalismo, seducía a los empresarios y abría las puertas a una pujante inversión extranjera. La revista Forbes llegó a hablar en 2014 del "milagro nicaragüense".

Ese respaldo popular y el idilio con los empresarios comenzó a quebrarse en abril de 2018. La aprobación de una reforma regresiva del sistema de seguridad social provocó una oleada de protestas estudiantiles que se saldaron con más de 300 muertos. La estabilidad pretendida por Ortega y Murillo se resquebrajaba. Desde entonces, la represión ha ido en aumento y en paralelo a un creciente rechazo del régimen por parte de la ciudadanía. Pese a todo, Ortega cuenta todavía con un buen número de seguidores, algo por debajo del 20% del electorado, según la consultora CID-Gallup. Pero ese sostén incondicional de muchos nicaragüenses que todavía lo ven como un líder revolucionario, no sería, sin embargo, suficiente para mantenerlo en el poder. El resultado provisional del 7N es engañoso. Según el Consejo Supremo Electoral, controlado por Ortega y Murillo, el domingo habría votado el 65% de los 4,5 millones de electores. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, fuera de la órbita oficialista, ha rebajado la participación al 18,5%. Sea como sea, los comicios estaban ya viciados de antemano por la detención de siete precandidatos presidenciales.

La oposición, en cualquier caso, no ha logrado articular una alternativa clara al orteguismo. Nicaragua, todavía en el furgón de cola del desarrollo económico en América Latina, no puede someterse a fórmulas neoliberales, tan aciagas para los países de la región durante décadas. Las sanciones económicas internacionales, como la que planea la administración de Joe Biden a través de la denominada Ley Renacer, solo perjudicarían a la población, nunca a sus dirigentes, como ha quedado patente con el histórico bloqueo a Cuba, verdadero anacronismo de la Guerra Fría, o las más recientes sanciones a Venezuela. Los gobiernos de Colombia y Chile también han reprimido con extrema dureza a aquellos que se manifestaban contra sus políticas en los últimos tiempos, y ni Estados Unidos ni la Unión Europea se han rasgado las vestiduras por ello, ni han exigido sanciones económicas contra Iván Duque o Sebastián Piñera, dos mandatarios también manchados de sangre.

Como en el caso de Venezuela, la única salida a la encrucijada nicaragüense es el diálogo. Algunos analistas vislumbran un giro en la acción política de Ortega, una vez amarrada la victoria y con otros cinco años de mandato por delante. El régimen relajaría la represión contra las voces disidentes (hay unos 150 presos políticos, según organismos de derechos humanos) e iniciaría un proceso de diálogo con algunos sectores de la oposición. Ivan Briscoe, del International Crisis Group, traslada a Público un posible escenario postelectoral: "Ortega es consciente de que necesitará buscar un nuevo pacto de gobernabilidad en su próximo mandato para hacer frente a los cuestionamientos internos y externos sobre su reelección. Probablemente, buscará la reanudación de un diálogo ‘a su medida’ que solo incluya a sectores complacientes, como ya lo anunció. El reto será persuadirlo a transformar este ejercicio en un proceso inclusivo y que apunte a una resolución negociada de la crisis política y humanitaria en la que el país está sumergido".

08/11/2021

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Según el historiador Niall Ferguson, en caso de que Kamala Harris fuera candidata a la presidencia en 2024 –cuando Joe Biden tendría 82 años– sería fácilmente derrotada por Trump, que tendría 78 años. En la imagen de ayer en la Sala del Comedor del Estado de la Casa Blanca, el presidente estadunidense habla sobre la ley de infraestructura. Foto Ap

En vísperas de la elección de Virginia, comenté: "Quizá el verdadero mapa de ruta y cronograma del COP26 se decida en la elección crucial a gobernador de Virginia; no en Glasgow ni en Roma" (https://bit.ly/2ZXEC7L). Fue precisamente lo que sucedió con la debacle tectónica de Biden/Kamala Harris(KH), los Clinton y Soros (https://bit.ly/3EPqEDA).

La óptima autocrítica del Partido Demócrata proviene del connotado estratega electoral James Carville, quien encumbró a Bill Clinton e inculpó al "estúpido wokenismo" del desastre: "No vean sólo a Virginia y Nueva Jersey. Vean Long Island, Buffalo, vean Mineápolis, vean aún más a Seattle, Washington. Me refiero a la insanidad de desfondar a la policía, quitar el nombre de Abraham Lincoln de las escuelas, la gente ve eso. Y realmente tiene un efecto supresivo contra los demócratas en todo el país. Algunas de estas personas necesitan ir a un centro para desintoxicarse (sic) del wokenismo. Necesitamos cambiar esto y no estar cambiando diccionarios y leyes" (https://fxn.ws/3wiYRbI).

Vale la pena sopesar el punto de vista del historiador financiero (sic) Niall Ferguson (NF) sobre el probable retorno del trumpismo en 2022, con su recuperación de la Cámara de Representantes y del Senado, así como con la presidencia en 2024 (Daily Mail, 5/11/21).

NF –autor del panegírico libro La Casa de los Rothschild (https://amzn.to/3k8dSrZ), quien se define sin rubor como "miembro plenamente pagado (sic) por la mafia imperialista" (https://bit.ly/3qeGyn2)– suele ser muy errático en su prospectiva debido a su proselitista y solipsista sesgo propagandístico carente de antítesis dialéctica.

NF tolera en forma piadosa a Biden –para nada un "presidente transformador"– cuando debió ser el candidato en lugar de Hillary Clinton, y no cuatro años después, mientras despedaza a la malhadada KH, cuya única gracia –si la tuviera, ya que ha fracasado en todos los temas que le han sido encomendados: desde la migración, pasando por su fallida gira en el sudeste asiático hasta su "apoyo" al perdedor gobernador saliente de Virginia Terry McAuliffe(TM)– fue haber sido una "cercana amiga" de Beau, el hijo de Biden, "que murió de cáncer en 2015".

NF es muy severo contra KH, hoy de 57 años, quien en caso de ser la candidata a la presidencia del Partido Demócrata en 2024 –cuando Biden tendría 82 años–, sería fácilmente derrotada por Trump, que tendría 78 años.

La derrota del gobernador banquero TM de Virginia –donde pesó intensamente el tema de la educación y el papel de los padres–, conspicuo operador de los Clinton, no es menor, ya que representa(ba) a uno de los principales controladores de la maquinaria electoral y financiera del Partido Demócrata.

Según NF, el triunfador gobernador de Virginia, Glenn Youngkin(GY) –banquero del Grupo Carlyle, cercano al nepotismo dinástico de los Bush–, "movilizó la base rural de Trump y ganó a muchos moderados suburbanos, en especial a las mujeres(sic) blancas que habían votado por Biden hace un año".

Le faltó a NF señalar el crucial voto "latino" que se volcó por GY y por su primer fiscal estatal Jason Miyares, además de un importante sector afro que votó por la ex marine (también casada con un marine) la hoy vicegobernadora afrojamaiquina Winsome Sears, favorable al porte de armas ligeras y apologista del "sueño estadunidense" –en contraste con la mayoría afro que enarbola el wokenismo–. También le faltó a NF señalar el voto de los "independientes" a favor de GY.

Señales del mundo posVirginia: la "bipartidista"(sic) Enmienda de Infraestructura, despedazada por el exagerado financierismo, fue aprobada gracias a 13 votos republicanos, pese a la férrea oposición de las seis "progresistas" del SQUAD, las grandes perdedoras del 3 de noviembre.

El peor error que cometió KH, íntima de los Clinton (Bill y Hillary), del que se arrepentirá toda su vida, fue haber definido estratégicamente que la elección en Virginia representa(ba) la ruta triunfal a las elecciones de 2022 y 2024 (https://politi.co/3D4RSG1). El 3 de noviembre Estados Unidos giró al "centro-derecha".

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