https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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Publicado enColombia
José Alonso Zapata, A mil, a mil, jugosas, deliciosas  (Cortesía del autor)

"A mí me toca trabajar en la calle. Si no salgo no tengo con qué darle de comer a mis hijos [... ] Pues que me lleven presa si les da la gana”. Es la respuesta airada que se escuchaba a menudo, en todas las encuestas y sondeos de los noticieros radiales y audiovisuales del país, antes de que se pusiera en marcha, por primera vez, la medida de confinamiento obligatorio. En términos parecidos, aunque menos angustiosos, se expresaban dueños de tiendas, restaurantes, talleres y muchos otros pequeños negociantes.


Ha pasado más de un año, con tres “picos” de la pandemia y otras tantas medidas de confinamiento nacional, a más de las locales y parciales, y si bien es cierto que no ha habido todavía un grave problema de “orden público”, es evidente que el descontento social (diferente de la individual desobediencia de los acomodados) ha sido amplio y creciente. Desde el principio se pudo observar cómo los barrios populares más pobres se llenaban de banderas rojas con las que, en cada lugar de residencia, se denunciaba la situación de desprotección, próxima a la física hambre. Las diversas protestas han venido aumentando, desde los famosos “cacerolazos” que ya se habían utilizado durante las movilizaciones de finales del 2019, hasta, recientemente, plantones y demostraciones callejeras. Emergen allí, precisamente, los negociantes de los que antes se hablaba. Su airada respuesta no era una decidida amenaza pero, sin duda, una seria advertencia. Entre las muchas cosas que ha puesto al desnudo la pandemia se encuentra esta realidad social del trabajo que es a la vez demográfica y económica. Y, poco a poco, políticamente determinante.


Y nos llaman “los informales”


Es curioso que una denominación proveniente de la jerga tecnocrática o de las manías de la burocracia haya llegado a ser tan popular. Quizá porque “informales” resulta menos chocante y comprometedor que la designación francamente policiva de “ilegales”. Permite, en una actitud de condescendencia típicamente neoliberal (el espíritu empresarial siempre será digno de encomio), eludir una posible confusión con muchos tipos de empresas criminales, como las del narcotráfico, que, por supuesto, también carecen de registros institucionales y así mismo incumplen con sus obligaciones tributarias, entre otras que marca la ley.


Se refiere, en principio, a “empresas” de tamaño reducido las cuales pueden denominarse, según el uso popular, “negocios”, o, en una forma más laxa, “actividades”, o, en el lenguaje hoy de mejor recibo, “emprendimientos”. Se caracterizan por operar por fuera del marco institucional, jurídico o reglamentario. Esta definición, en apariencia simple, nos plantea de inmediato un problema: ¿Cuántos y cuáles son los requisitos que incumplen? ¿Todos o algunos? ¿Algunos casos son más graves que otros? Obviamente se está describiendo una realidad sumamente heterogénea. Lo mejor que se puede decir es que se trata de un fenómeno multidimensional y dinámico. Se observan varias omisiones, desde los simples registros de existencia empresarial, hasta las obligaciones relativas al pago de impuestos, pasando por el cumplimiento de las leyes laborales en la contratación o de las normas de producción (sanitarias, por ejemplo) y comercialización.


Pero también puede referirse, directamente, a los trabajadores en el caso de que se encuentren en condiciones laborales de “informalidad” lo cual podría ser innecesario ya que las empresas informales suelen tener precisamente como una de sus características el incumplimiento de las normas laborales y sobre todo las de seguridad social. Es más, la actividad desarrollada por un trabajador por cuenta propia puede denominarse “empresa unipersonal”. Sin embargo, esta aplicación del adjetivo a los trabajadores parece no gustar mucho, en los medios empresariales y tecnocráticos, ya que nos lleva fácilmente a un conjunto, no pequeño por cierto, de trabajadores y empleados que son contratados en precarias condiciones por grandes y formales empresas, incluidas transnacionales, o por las mismas instituciones estatales, aprovechando los subterfugios que existen en las leyes laborales.


La magnitud del fenómeno, es desde luego incuestionable. De acuerdo con los resultados de su más reciente Encuesta de Hogares, el Dane nos informa que el porcentaje de ocupados en condiciones de informalidad (trimestre diciembre 2020-febrero 2021) en las 13 principales ciudades habría llegado a 48.1 por ciento y en 23 ciudades, 49.2 por ciento; mayores, en ambos casos, en aproximadamente dos puntos porcentuales, a lo registrado en el trimestre correspondiente un año antes (gráfico 1).

 

 

La primera tentación analítica que surge es, por supuesto, atribuir el incremento a la pandemia, sin embargo es equivocado: como se observa, había sido superior en el mismo trimestre 2014-2015 como resultado seguramente de la estrategia de “refugio” adoptada por la población pobre frente a la caída en el crecimiento económico y la disminución consiguiente de las ofertas de empleo. Al contrario, durante esta crisis si algo resalta es la quiebra hasta de las posibilidades de “rebusque”; lo más común fue el retorno a la condición “económicamente inactiva”. Informa el Dane que la contracción de la ocupación (octubre19-octubre20) redundó, en números absolutos, mucho más en aumento de la población inactiva que incluso en aumento del desempleo.

En todo caso, para efectos de lo que nos interesa, conviene referirse al registro de principios de 2020, eludiendo las alteraciones debidas al periodo excepcional que estamos atravesando. Las cifras absolutas calculadas a partir del porcentaje mencionado nos llevan a un total de 5.735.000 informales en 23 ciudades principales con sus Áreas Metropolitanas. Este registro, de todas maneras es parcial por razones de metodología (1). El Dane, recurriendo a la recomendación de la Organización del Trabajo (OIT), se concentra en los ocupados en establecimientos de menos de cinco trabajadores. Este es hasta cierto punto un enfoque “empresarial” porque en uno “laboral” importaría ante todo las condiciones de la contratación o de afiliación a la seguridad social y el porcentaje sería muchísimo mayor.

En fin, el sesgo político de esta discutible clasificación es evidente. Está ligada a un objetivo de política pública cuya pretensión siempre ha sido alcanzar la “formalización” de este sector de la economía (2). Dos son los caminos: el primero consiste en promover y facilitar el acceso de estos negocios a los canales institucionales; el otro, un tanto cínico, consiste en “flexibilizar” las normas, especialmente las laborales, para que se animen a cumplirlas. Esta política, además, conlleva un cierto sesgo social pues se dirige a los establecimientos que tienen posibilidades de acumulación y obviamente excluye las unidades productivas de subsistencia, en buena parte trabajadores por cuenta propia. Es una política que ignora, pues, cualquier propósito de reforma social; por el contrario, busca alimentar la ilusión del emprendimiento individual exitoso como camino de redención económica. La realidad sin calificativos


Cualquiera sea la forma de la medición, lo cierto es que este fenómeno económico y social es de impresionante magnitud. Lo que nos interesa no es si están dentro o fuera de la ley sino que constituyen un amplio sector de pequeñas actividades económicas, a veces “micro” o individuales. Esto es evidente en un país como Colombia. La mejor forma de acercarse al fenómeno descrito es utilizando la Encuesta de “Micronegocios” llevada a cabo por el Dane la cual, dejando de lado la fijación en lo formal, se ubica en el terreno socioeconómico real. La definición de la unidad de observación es amplia y a la vez precisa: unidad económica con un máximo de 9 personas, incluidas aquellas operadas por una sola persona. “Las actividades económicas realizadas por los micronegocios comprenden desde la pequeña miscelánea de barrio hasta los servicios de consultoría especializada, e incluye las profesiones liberales, las ventas ambulantes y las confecciones al interior de la vivienda. Es un grupo heterogéneo y puede desarrollar la actividad en cualquier emplazamiento (vivienda, local, puerta a puerta, etc.).”


Para 2019, se obtiene un total de 5.6 millones de estos micronegocios y en el área urbana (24 ciudades en esta oportunidad) de 2.4 millones. No se indica la contribución de este conjunto, que como se dijo es económicamente heterogéneo, al PIB, pero el peso dentro del trabajo global de la sociedad es enorme. El cuadro de síntesis de los resultados, donde se compara con los obtenidos por la encuesta de hogares es elocuente.

Al descontar del total lo correspondiente a estas ciudades tenemos la actividad económica rural (en cabeceras menores y centros poblados, o como población dispersa en el campo) y los resultados están en consonancia con nuestra distribución demográfica espacial. Vamos a encontrar naturalmente, la pequeña producción y propiedad campesinas, incluida de manera complementaria la minería artesanal, aunque también miles y miles de negocios de comercio, servicios, transporte y otros. Entre el mundo rural y el urbano hay, sin embargo, una significativa diferencia; en el primero, la cantidad se compensa con la dispersión; es la concentración lo que, en el segundo, hace de esta realidad socioeconómica un fenómeno específico. Un aspecto suficientemente conocido, como que forma parte de la definición y de la historia misma del capitalismo. Describe la transición de las actividades primarias, incluida especialmente la agricultura, hacia la industria manufacturera o de servicios, el lugar por excelencia de la aplicación del capital. Es la manifestación inmediata y más visible, al decir de Marx, de la separación del trabajo vivo de las condiciones (principalmente la tierra) de su realización: “la historia moderna es urbanización del campo, no, como entre los antiguos, ruralización de la ciudad” (3).

Por su parte, la teoría económica convencional ha dedicado, como es bien sabido, buena parte de sus desarrollos al análisis de las llamadas economías de la aglomeración. Se refieren a las ganancias de productividad, rendimientos y reducciones de costos de interacción debidas a una organización de la producción y la distribución concentrada en el espacio. Existen, pues, fuerzas innegables que conducen a este resultado. –Es, en cierta forma, una implicación de la tendencia que, desde otro ángulo, llamaríamos concentración y centralización del capital– Fuerzas que la teoría agrupa en dos grupos de ventajas, las llamadas marshallianas de localización, (fácil acceso a insumos, trabajo y conocimientos) y las de la urbanización, que extienden las anteriores a todo el conjunto industrial. El concepto que mejor indaga sobre estas ventajas es el de externalidades. Ahora bien, desde el punto de vista de la demanda las ventajas resultan de un equilibrio entre las economías de escala y los costos de transporte ya que si éstos superan cierto umbral, es más rentable la producción descentralizada.


El problema consiste en que todo ello parece consistente con la formación, para la gran industria, de la gran empresa; sin embargo, las medianas y pequeñas no sólo no desaparecen sino que se multiplican. Es más, podemos encontrar micro empresas o fami-empresas especialmente en el comercio y los servicios. Y el llamado trabajo independiente o por cuenta propia. Incluso proliferan las actividades ambulantes o semiambulantes que, como se sabe, caracterizan el paisaje urbano en los países periféricos. Actividades “informales” seguramente, como lo son también muchas de reparación de vehículos, hospedaje, comida, autoconstrucción de vivienda o transporte.


En busca de explicación


El análisis de este fenómeno ha sido insuficiente y dubitativo, y su valoración ha oscilado entre la condena por ser símbolo del atraso y el elogio como promesa de un futuro alternativo. Mientras estuvo en boga la teoría –y la política– del Desarrollo, la explicación y la solución eran simples. La modernización, que deberían impulsar los países llamados “en desarrollo”, consistía precisamente en eliminar estas manifestaciones del atraso trasladando la población ocupada desde los sectores de baja productividad a los de mayor productividad. Ello era aplicable en primera instancia, como es bien sabido, al sector agropecuario; su transformación tendría que manifestarse, como en los países desarrollados, en el descenso dramático del trabajo rural. Sobra decir que “desarrollo” pasaba a identificarse con industrialización. Incluso desde la mirada de cierto marxismo que enfatizaba en la existencia de supuestos rasgos semifeudales. La diferencia consistía en la postulación de la necesidad de romper, más o menos radicalmente, los lazos de dependencia, para poder avanzar en el desarrollo. De todas maneras, el futuro se vislumbraba a través de la urbanización y en la forma de gran industria; en el extremo, bajo la fórmula canónica de la polarización (sólo dos clases, burguesía y proletariado) que supuestamente ya se había verificado en los países desarrollados.


A partir de los años setenta ocurre un replanteamiento fundamental, por lo menos en América Latina. Del lado de los teóricos burgueses y de los tecnócratas de organismos internacionales como el Banco Mundial quienes comienzan a resaltar las virtudes de la pequeña y mediana empresa. Pero también desde la izquierda. Para esta última, la discusión comienza con la concesión que habría de hacerse en el caso de la economía campesina, concesión que va a extenderse luego a los espacios urbanos. La discusión, que tuvo uno de sus protagonistas en Aníbal Quijano, apuntó durante algún tiempo a la noción de marginalidad la cual fue criticada eficazmente con un simple llamado a constatar los múltiples lazos que los pequeños y medianos negociantes, incluso informales, tenían con respecto al núcleo industrial, agrícola, minero y financiero de las economías latinoamericanas. En otras palabras, que existía una innegable funcionalidad de lo aparentemente “al margen” con respecto al capitalismo en su conjunto.

En 1987, un peruano entonces joven, tecnócrata al servicio de organismos internacionales, Hernando de Soto, publicó, con prólogo del escritor Vargas Llosa, “El otro sendero”, libro que se convirtió rápidamente en “best seller”. Allí se explicaban y exaltaban las meritorias características de las pequeñas economías de los “pobres” latinoamericanos (4). La novedad consistía en la abierta defensa que se hacía de su “informalidad” como resistencia, según decía, frente a las leyes, requisitos formales y trabas burocráticas existentes al servicio de los ricos, parásitos de un hipertrófico Estado. La informalidad no era pues una manifestación del atraso sino, por el contrario, el sendero de la solución.

 


Como se dijo, el discurso, con menos audacias políticas, ya estaba presente en las recomendaciones internacionales. La izquierda reaccionó en contra suya, por supuesto, en vista de su factura brutalmente neoliberal y abiertamente derechista. En principio, era claro que, más allá de las consideraciones jurídicas, este tipo de economía podía explicarse, de una parte, por la incapacidad estructural del sistema productivo para absorber el conjunto de la fuerza de trabajo disponible y, por otra, por la negativa de un Estado oligárquico como el latinoamericano a proveer los servicios públicos, la construcción y la seguridad social.


No obstante, la posición definitiva estaba lejos de ser unánime. No se trataba de la explicación. La proliferación de todas estas formas pequeñas, familiares e individuales de economía lo mismo que diversas actividades por fuera de la legalidad y la institucionalidad estatal, en particular la construcción de vivienda, no sólo era un hecho sino la base de significativas luchas populares de resistencia urbana, es decir de nuevos sujetos sociales. Allí se planteaba entonces el mismo desafío teórico y político que con respecto al campesinado parcelario. Una nueva concesión era necesaria. Se inaugura entonces el esfuerzo, que continúa actualmente, de justificar la existencia, y validez hacia el futuro, de formas diferentes de la gran-industrial; hoy en día ya no sólo en nombre de la supuesta superioridad de la pequeña actividad, incluso productiva, hecha posible por el cambio tecnológico y la flexibilidad post-fordista, sino como emblema de la economía popular que estaría emergiendo desde abajo.

El capital y su espacio: una hipótesis

Desde el marxismo canónico, como se dijo, siempre se pensó que la historia del capitalismo terminaría por coincidir con la pura abstracción de los esquemas de reproducción. Ello significaba detenerse en el segundo tomo de El Capital ya que en el tercero Marx había previsto retomar, con la teoría de la renta de la tierra, el análisis de las condiciones históricas de conjunto que había introducido en el famoso capítulo de la acumulación originaria. Hoy en día esta consideración ha cobrado particular importancia. En buena parte porque remite a una reflexión sobre el concepto de naturaleza que resulta fundamental en los actuales enfoques de la ecología. Pero también en relación con un debate que se abandonó a finales del siglo pasado y es el relacionado con la existencia en el capitalismo de una posible tendencia al “subconsumo”. Los teóricos socialdemócratas y luego los soviéticos pretendieron rechazarla en nombre de un necesario equilibrio de la reproducción ampliada.


La cuestión puede formularse también como el problema de los mercados. A Rosa Luxemburgo debe atribuírsele el mérito de haberlo reintroducido de manera diferente y brillante en el debate, superando los falsos interrogantes (5). La acumulación de capital sólo puede desarrollarse en un terreno histórico concreto, como implantación y extensión del modo de producción capitalista, destruyendo formas preexistentes pero también articulándolas, o creando otras nuevas que no forzosamente son capitalistas. La profundización de la división del trabajo (la base del mercado) marcha junto con la cobertura de cada vez más amplios espacios (presencia en nuevos territorios). Una característica intrínseca, esencial, del capitalismo es su función de constructor de mercado.

La aplicación de esta reflexión fue en ella, como se sabe, el análisis del imperialismo y la postulación de la acumulación como un proceso mundial. Pero quizá podría englobarse en una teoría de la relación capital-espacio. Harvey ha recuperado ya la idea, propia de la nueva geografía económica, de que el espacio no es un simple receptáculo dentro del cual se desenvuelve el capitalismo sino que este espacio debe ser entendido como algo construido por él mismo (6). Yendo más allá, es posible decir que, dada la relación entre el espacio y el tiempo, son ambos los que contribuyen a la formación del valor de las mercancías.


De acuerdo con lo anterior, la urbanización no debe ser vista como un complemento, como un proceso exógeno, contingente, sino como un componente esencial del modo de producción capitalista. La aglomeración es ampliación del mercado en el sentido antedicho de construcción. No simplemente divide el trabajo sino que crea nuevas actividades mercantiles que son otras tantas necesidades, nuevos valores de uso cuyo más impresionante emblema es el automóvil. Pero también reproduce y recrea formas de producción mercantil simple, indispensables para el funcionamiento de conjunto del capital que las utiliza y subordina.


En este sentido será fácil entender que todos estos actores, ya sea que se les llame informales o no, son fundamentales y no van a desaparecer. Es más, constituyen el verdadero engranaje de la economía y la sociedad, por lo menos en Latinoamérica; de su permanencia y sus altibajos, de su expansión y su hundimiento: ¡la otra cara del extractivismo!. Y por ello, siendo el fruto más genuino de las virtudes de la aglomeración se convirtieron en las principales víctimas estructurales de la pandemia que se reproduce también gracias a ella. ν

1. Dane, Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE, METODOLOGIA INFORMALIDAD GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES – GEIH. Diciembre 30 de 2009
2. DNP,Conpes Política de formalización empresarial. Ver: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3956.pdf
3. Marx, K., Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador), Siglo XXI editores, México, 1971, p. 442.
4. Soto, H., El otro sendero, Ed. Diana. México, 1987.
5. Luxemburgo, R., La acumulación del capital, Ed. Grijalbo, México, 1967.
6. Harvey, D., Espacios del capital, Ediciones Akal, Madrid, 2007.

*Economista. Integrante del consejo de redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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Publicado enColombia
Edwin, sin título (Cortesía del autor)

“Da la impresión de que hay alguien ahí afuera creando trabajos
sin sentido sólo para mantenernos ocupados”.
David Graeber

 

El gobernador del Estado de Massachusetts, Charlie Baker, y el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, tuvieron que recurrir a la movilización de militares con algún tipo de experiencia en la conducción de vehículos pesados, para intentar solucionar el repentino déficit de conductores de esta clase de automotores. En Massachusetts, la situación crítica está centrada en el déficit de personal para el manejo de buses escolares, y en Gran Bretaña para la conducción de tracto-camiones. La escasez de oferta de trabajadores para este último sector está detrás de la explicación de la llamada “disrupción en la cadena de suministros” que en Londres afectó la distribución de combustible hasta casi paralizar la ciudad. La amenaza de que las fiestas de navidad tengan que celebrarse con los estantes de los comercios minoristas semivacíos, tanto en Europa como en Estados Unidos, tiene una alta probabilidad de convertirse en realidad.


Las explicaciones convencionales, en el caso inglés, apuntan al Brexit, sin embargo, las cifras que maneja la prensa de ese país estima en 90 mil el número de conductores faltantes, de los que 20 mil regresaron a sus países de origen luego de la ruptura con la UE, mientras que 50 mil fueron nativos que abandonaron el trabajo durante la pandemia ya sea porque optaron por la jubilación o buscaron cambiar de profesión. En Estados Unidos, las explicaciones apuntan a los cierres de las escuelas de conducción, o el aumento de los controles sobre el consumo de alcohol y alucinógenos. Sin embargo, la limitación de esas justificaciones queda en evidencia cuando es reconocido que Europa tiene un déficit de 400 mil conductores –según el estudio del grupo de investigación Transport Intelligence, ampliamente citado por la prensa–, siendo Polonia el país más afectado con un déficit de 120 mil, mientras que en Alemania hacen falta alrededor de 50 mil, y en Francia una cifra un poco menor pero que supera los 40 mil. El deterioro generalizado del salario, acentuado por las políticas ultraliberales, y la imposición de actividades extras como la responsabilidad del cargue y descargue son argumentos más estructurales, pero aún dejan sin explicación hechos como que el promedio de edad de los conductores supera los 50 años y poco menos del cinco por ciento tenga menos de 25 años.

El problema no es solamente del transporte pesado, pues el sector de restaurantes y comidas rápidas padece, en los países dominantes, análoga escasez, que no ha podido ser contrarrestada pese a ofertas significativas de reajustes salariales, que en el caso de Macdonald’s, por ejemplo, llevó a la multinacional a ofrecer hasta 15 dólares por hora para las actividades menos calificadas –para ciertas ocupaciones más complejas hasta 21 dólares–, cuando el promedio actual apenas ronda 11 dólares. En abril de 2021 cuatro millones de trabajadores renunciaron a su empleo en EU, siendo la cifra más alta de abandonos voluntarios desde el año 2000, lo que representa alrededor del tres por ciento del total de la fuerza laboral y acabó confirmando la existencia de un fenómeno de retiros masivos que Anthony Klotz, investigador de la Universidad de Texas A&M, denominó en 2019 “la Gran Renuncia”.

El abierto rechazo al mundo del trabajo, regido por el capital, es un síntoma del malestar que aqueja a la clase trabajadora y sobre el que la pandemia ha arrojado un haz de luz que ha iluminado rincones sórdidos como el alejamiento de la familia al que obligan la rutina de los turnos invariables y absorbentes, o la inanidad de los tiempos de desplazamiento que roban vida sin remuneración alguna. La disciplina que el capital aplica al trabajador está menos relacionada con la eficiencia que con la búsqueda de amaestrar el comportamiento y a través de la repetición continuada de procesos inducir la negación de la iniciativa y la voluntad individual, naturalizando la subordinación total. Esta realidad, planteada por la teoría, ha quedado en evidencia por el parón brusco de la economía y las alteraciones que las formas del trabajo han sufrido en la actual crisis sanitaria, abriéndose una brecha en la aceptación de las rutinas que los colectivos sociales quedan en la obligación de ampliar para comenzar a desmontar el monótono ritmo puesto a la producción y la circulación de productos que la arista disciplinaria del capital ha convertido en el cimiento de su dominación.

El trabajo como enemigo de la vida

En el prólogo de su libro Adiós al proletariado, André Gorz llamaba la atención acerca de que “Los términos «trabajo» y «empleo» se han hecho intercambiables: el trabajo no es algo que se hace sino algo que se tiene. Se dice «buscar trabajo» o «crear trabajo» en lugar de «buscar empleo», «crear empleos»”, y, más adelante, “Se puede tener un «buen» trabajo en la industria de armamento y un «mal» trabajo en un centro asistencial” (1). Este pensador francés, de origen austriaco, fue quizá uno de los primeros en dirigir sus observaciones al divorcio que el capitalismo establece entre la actividad laboral diaria y el conocimiento del fin último que ésta tiene en el conjunto de fases que conducen a la realización de un producto determinado. El carácter heterónomo que asume la actividad del trabajador lo enajena completamente del fin de sus movimientos y hace de él un verdadero autómata cuyo único propósito es la remuneración.


Ese carácter totalmente abstracto del “trabajo” y su condición unidimensionalmente utilitaria, hace de la manipulación, en el sentido de manejo con segunda intención, el valor más importante de la modernidad (2). La condición de mercancía que la fuerza de trabajo tiene en el capitalismo termina adquiriendo las mismas singularidades de los productos salidos del conjunto de sus manos. La obsolescencia programada y la desvalorización resultante de la tecnología que caracterizan a las mercancías en la etapa del post-industrialismo, terminan trasladándose a su hacedor en forma de “actualización permanente” y “flexibilidad”. La disponibilidad a un traslado permanente y la capacidad de “reinventarse”, como dicen los disimuladores de la incertidumbre inducida, son las cualidades que exigen a los sobrevivientes de un mundo laboral en el que la apariencia juega un papel central. “Saber venderse”, es una de las expresiones más comunes de quienes instruyen a los desempleados en técnicas que les amplíen la posibilidad de ganarse una ocupación, y que ilustra más que nada la estrategia de la impostura como condición del empleo en la actualidad. La disponibilidad total del tiempo al servicio del capital queda ampliada cuando en la esfera del consumo la búsqueda de los productos está atravesada por las actividades del llamado marketing que puede involucrar contestar encuestas o escuchar largos discursos sobre supuestos beneficios como condición, por ejemplo, de menores precios, enajenando a las personas del espacio de la afectividad y de su relación no mercantil con los “otros”. Las nueve horas diarias que pasa un camionero en las carreteras y las dos o tres semanas que permanece apartado de su familia cuando hace viajes a largas distancias son tan sólo una pequeña muestra de trabajo que niega la vida, pues aún quienes no tienen que desplazarse como parte de su actividad son igualmente móviles, ya sea en sus traslados diarios o en su condición de parias de un sistema volátil que los acoge tan rápido como los desecha.


En mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, revelaron en su revista Environment International qué en 2016, año del estudio, 1,9 millones de trabajadores perdieron la vida por causas directamente relacionadas con su actividad laboral. De esas muertes, cerca de 750 mil fueron provocadas por ataques al corazón o derrames cerebrales producto de excesivas jornadas de trabajo –iguales o superiores a 55 horas semanales–, lo que vino a significar que entre el año 2000 y el 2016 hubo un aumento de 29% de muertes por esas jornadas abusivas. En ese período, las incapacidades por igual motivo representaron una pérdida de 23,3 millones de años de vida mostrándose, además, que el número de personas que trabajan en exceso ha ido en aumento en lo corrido del siglo XXI, revirtiéndose la tendencia a la disminución que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX.


El trabajo, esa actividad que le permite a los humanos interaccionar con la naturaleza, transformarla y adaptarla para su proceso de subsistencia, si bien sigue teniendo ese sentido, en alguna medida, cuando miramos el proceso globalmente, es absolutamente irracional para los trabajadores directos. A nivel global, los excesos de residuos de todo tipo, así como el agotamiento de los recursos no renovables y la saturación de los ciclos de los distintos elementos, que el ambientalismo ha denunciado desde hace medio siglo, empiezan a mostrar que el proceso de trabajo puede generar la subsistencia de la especie en el presente, pero qué en el mediano y largo plazo, bajo las condiciones actuales, es una actividad auto-destructiva.


La mecanización y el consumismo están haciendo de la re-creación periódica del ser humano, que no otra cosa son el trabajo y la producción, un proceso suicida. La auto-cosificación a la que ha llegado la humanidad en un mundo de aparatos, hace de los individuos seres cada vez más ajenos de sí mismos e impotentes, limitados al mundo de la particularidad que los enajena del poder decisorio de lo político. “El individuo se mueve en un sistema de instalaciones y mecanismos, de los que el mismo se ocupa y es ocupado por ellos, pero habiendo perdido hace tiempo la conciencia de que este mundo es una creación humana […]. El manipulador no tiene ante sus ojos la obra entera, sino sólo una parte de ella, abstractamente, separada del todo, que no permite una visión de la obra en su conjunto. El todo se manifiesta al manipulador como algo ya hecho, y la génesis sólo existe para él en detalles, que de por sí son irracionales” (3). Pretender, por tanto, dar pasos correctores sin mirar el todo, es caer en la manipulación y en el ser manipulados, pues el reclamo sobre la parte sin la visión de ese todo no es más que espejismo consolador.


La irracionalidad del mundo del trabajo

En el capítulo X de su obra clásica Teoría general de la ocupación, el Interés y el dinero, John Maynard Keynes mostraba, laudatoriamente, el grado de irracionalidad que el trabajo ya tenía en el primer tercio del siglo XX, y cómo trabajar por trabajar, así el fin último careciera de sentido, era un principio del capital industrializado que en esa fase ya había perdido cualquier lógica de conveniencia social: “Si la tesorería se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad, y dejara a la iniciativa privada, de conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire, el cuidado de desenterrar nuevamente los billetes (naturalmente obteniendo el derecho de hacerlo por medio de concesiones sobre el suelo donde se encuentran) no se necesitaría que hubiera más desocupación y, con ayuda de las repercusiones, el ingreso real de la comunidad y también su riqueza de capital probablemente rebasarían en buena medida su nivel actual. Claro está que sería más sensato construir casas o algo semejante; pero si existen dificultades políticas y prácticas para realizarlo, el procedimiento anterior sería mejor que no hacer nada” (4).


El sinsentido de lo expresado por Keynes, en el que los prismas que transforman lo absurdo en algo conveniente –según los principios de la óptica del capital–, son la “iniciativa privada”, la “conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire” y la sacrosanta propiedad privada –representada en la frase con las “concesiones”–, son la única base de una creciente rama de ocupaciones cuya utilidad social parece quedar limitada tan sólo a “ocupar” personas. David Graeber, el malogrado antropólogo anarquista estadounidense, bautizó a estas ocupaciones “trabajos de mierda” y los categorizó en “lacayos”, “esbirros”, “parcheadores”, “marca-casillas” y “supervisores” (5), asociando los dos primeros a los oficios de servicios personales o cercanos a estos que existen solamente para satisfacer el ego de alguien que busca considerarse importante. Sobre los parcheadores, cuyo nombre toma de quienes corrigen los errores de programación en computación, considera que buena parte de los oficios actuales consiste tan sólo en corregir cosas que desde su misma producción era claro que iban a fallar y que en lugar de que el diseño inicial sea ajustado es producido con defectos para crear una industria de “correcciones”. Los marca-casillas los conforman la multitud de llenadores de formularios que surgen de la compulsión de “evaluar” y justificar lo hecho, establecido en normas surgidas de la impostura de aparentar rigor. Los supervisores surgen de la escala delegativa que ha dado en llamarse liderazgo de laissez-faire, y que consiste en descargar la responsabilidad en un subordinado que a su vez la descarga en otro. Quizá la imagen de una sociedad de la sospecha en la que existen vigilantes que vigilan al vigilante y que a su vez son vigilados por otros vigilantes, da una idea más clara de lo que Graeber quería definir como trabajos de mierda.


En el mundo financiero la creación de derivados y reaseguros, que en un sentido lato no son más que apuestas sobre el valor futuro de un activo, muestran ese carácter especulativo de imagen refleja reproducida en cadena, que crea igualmente ocupaciones repetidas especularmente como el de vendedor de seguros que vende seguros de los seguros. La discusión de la economía política sobre trabajo productivo e improductivo, centrada en el tipo de labor que sí crea nuevos valores parece superada, y no porque la improductividad de muchas ocupaciones no esté a la orden del día, sino porque ante la proliferación de actividades cuyo resultado no tiene destinatarios que obtengan beneficios de algún tipo –salvo la del capitalista que la gestiona–, la discusión debe trasladarse a la utilidad o inutilidad de lo realizado cotidianamente.


Regresar a la vida

En la etapa de mayores restricciones de la actual pandemia, fue necesario distinguir entre las actividades imprescindibles y las que no lo eran. Esto señala realmente una verdadera jerarquía de las necesidades y revela también la inutilidad de mucho de lo actuado cotidianamente. El rescate del tiempo para sí es quizá una de las sensaciones y necesidades que emergen de forma acentuada en los más jóvenes y que la Gran Renuncia evidencia con el rechazo a los oficios más asfixiantes pese a las alzas salariales ofrecidas. Que el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando los periodistas le preguntaban qué opinaba acerca de que los empresarios no encontraban trabajadores, bajando la voz contestara “pagadles más”, significa un reconocimiento a que aún si nos limitamos a la remuneración, las condiciones de los trabajadores en el último medio siglo han sido envilecidas.


Pero, como hemos visto, el problema va a más, trabajos como el de conductores de vehículos de carga para largas distancias son rechazados de plano por las nuevas generaciones, independientemente de cuánto sea la remuneración, por lo que su eliminación o reducción al máximo debe ser exigida. El cuestionamiento de los intercambios a largas distancias, que además son parte importante de la quema de combustibles y por tanto del daño ambiental, pasa por un rescate de los autoabastecimientos locales y las autonomías regionales. No se trata de mirar la parte, como ya fue dicho, sino de mirar el todo. Lo mismo sucede con las comidas rápidas y en general con la Macdonalización de la sociedad, como denomina el sociólogo estadounidense George Ritzer a la industrialización del consumo, pues regresar a la alimentación como un hecho lúdico y socio-afectivo sólo es posible con un rescate de ese tiempo para sí.


Y es que la disputa por el tiempo, que pasa por la redistribución del trabajo, la eliminación de las producciones inútiles y el fin del consumismo, debe aparecer en primer plano en los reflexiones teóricas y políticas, porque el tiempo del capital no es el tiempo de la vida. El historiador inglés E.P. Thompson, lo explicaba claramente: “Los que son contratados experimentan una diferencia entre el tiempo de sus patronos y su «propio» tiempo. Y el patrón debe utilizar el tiempo de su mano de obra y ver que no se malgaste: no es el quehacer el que domina sino el valor del tiempo al ser reducido a dinero. El tiempo se convierte en moneda: no pasa sino que se gasta” (6). Qué el tiempo deje de ser “oro”, entonces, es parte del desafío, como también lo son rescatar el quehacer y la conveniencia de todos, para que sean integrados a los principios de un reencuentro con la vida. Qué el rechazo al «buen» trabajo en la industria de armamento y la aceptación del «mal» trabajo en un centro asistencial, anuncien nuevos tiempos, y que la total ausencia de oferta de trabajadores en sectores como los que producen agro-tóxicos, por citar un solo ejemplo, empiecen a ser norma, es una esperanza que debemos abonar. La “huelga” involuntaria de camioneros ha mostrado que el capital, más allá de sus automatismos, sigue dependiendo de la fuerza de trabajo y que los procesos de producción y circulación pueden ser detenidos totalmente si la clase trabajadora así lo decide. Tan sólo falta querer mirar el todo.

1. André Gorz, Adiós al proletariado [más allá del socialismo], El Viejo Topo, p. 9.
2. “El trabajo se ha dividido en miles de operaciones independientes, y cada operación tiene su propio operario, su propio órgano ejecutivo, tanto en la producción como en las correspondientes operaciones burocráticas. El manipulador no tiene ante sus ojos la obra entera, sino sólo una parte de ella, abstractamente separada del todo, que no permite la visión de la obra en su conjunto. El todo se manifiesta al manipulador como algo ya hecho, y la génesis sólo existe para él en los detalles, que de por sí son irracionales.” Karel Kosik, Dialéctica de lo concreto, Grijalbo, p. 86 .
3. Karel Kosik, op. cit., p. 86.
4. J. M. Keynes, Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero, F.CE., Capítulo 10 , numeral VI, p. 121.
5. David Graeber, Trabajos de mierda, una teoría, Ariel, 2019.
6. E.P Thompson, Costumbres en común (capítulo 6 “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial), Crítica, p. 403.

* Economista, integrante del Consejo de Redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia

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Edwin, sin título (Cortesía del autor)

“Da la impresión de que hay alguien ahí afuera creando trabajos
sin sentido sólo para mantenernos ocupados”.
David Graeber

 

El gobernador del Estado de Massachusetts, Charlie Baker, y el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, tuvieron que recurrir a la movilización de militares con algún tipo de experiencia en la conducción de vehículos pesados, para intentar solucionar el repentino déficit de conductores de esta clase de automotores. En Massachusetts, la situación crítica está centrada en el déficit de personal para el manejo de buses escolares, y en Gran Bretaña para la conducción de tracto-camiones. La escasez de oferta de trabajadores para este último sector está detrás de la explicación de la llamada “disrupción en la cadena de suministros” que en Londres afectó la distribución de combustible hasta casi paralizar la ciudad. La amenaza de que las fiestas de navidad tengan que celebrarse con los estantes de los comercios minoristas semivacíos, tanto en Europa como en Estados Unidos, tiene una alta probabilidad de convertirse en realidad.


Las explicaciones convencionales, en el caso inglés, apuntan al Brexit, sin embargo, las cifras que maneja la prensa de ese país estima en 90 mil el número de conductores faltantes, de los que 20 mil regresaron a sus países de origen luego de la ruptura con la UE, mientras que 50 mil fueron nativos que abandonaron el trabajo durante la pandemia ya sea porque optaron por la jubilación o buscaron cambiar de profesión. En Estados Unidos, las explicaciones apuntan a los cierres de las escuelas de conducción, o el aumento de los controles sobre el consumo de alcohol y alucinógenos. Sin embargo, la limitación de esas justificaciones queda en evidencia cuando es reconocido que Europa tiene un déficit de 400 mil conductores –según el estudio del grupo de investigación Transport Intelligence, ampliamente citado por la prensa–, siendo Polonia el país más afectado con un déficit de 120 mil, mientras que en Alemania hacen falta alrededor de 50 mil, y en Francia una cifra un poco menor pero que supera los 40 mil. El deterioro generalizado del salario, acentuado por las políticas ultraliberales, y la imposición de actividades extras como la responsabilidad del cargue y descargue son argumentos más estructurales, pero aún dejan sin explicación hechos como que el promedio de edad de los conductores supera los 50 años y poco menos del cinco por ciento tenga menos de 25 años.

El problema no es solamente del transporte pesado, pues el sector de restaurantes y comidas rápidas padece, en los países dominantes, análoga escasez, que no ha podido ser contrarrestada pese a ofertas significativas de reajustes salariales, que en el caso de Macdonald’s, por ejemplo, llevó a la multinacional a ofrecer hasta 15 dólares por hora para las actividades menos calificadas –para ciertas ocupaciones más complejas hasta 21 dólares–, cuando el promedio actual apenas ronda 11 dólares. En abril de 2021 cuatro millones de trabajadores renunciaron a su empleo en EU, siendo la cifra más alta de abandonos voluntarios desde el año 2000, lo que representa alrededor del tres por ciento del total de la fuerza laboral y acabó confirmando la existencia de un fenómeno de retiros masivos que Anthony Klotz, investigador de la Universidad de Texas A&M, denominó en 2019 “la Gran Renuncia”.

El abierto rechazo al mundo del trabajo, regido por el capital, es un síntoma del malestar que aqueja a la clase trabajadora y sobre el que la pandemia ha arrojado un haz de luz que ha iluminado rincones sórdidos como el alejamiento de la familia al que obligan la rutina de los turnos invariables y absorbentes, o la inanidad de los tiempos de desplazamiento que roban vida sin remuneración alguna. La disciplina que el capital aplica al trabajador está menos relacionada con la eficiencia que con la búsqueda de amaestrar el comportamiento y a través de la repetición continuada de procesos inducir la negación de la iniciativa y la voluntad individual, naturalizando la subordinación total. Esta realidad, planteada por la teoría, ha quedado en evidencia por el parón brusco de la economía y las alteraciones que las formas del trabajo han sufrido en la actual crisis sanitaria, abriéndose una brecha en la aceptación de las rutinas que los colectivos sociales quedan en la obligación de ampliar para comenzar a desmontar el monótono ritmo puesto a la producción y la circulación de productos que la arista disciplinaria del capital ha convertido en el cimiento de su dominación.

El trabajo como enemigo de la vida

En el prólogo de su libro Adiós al proletariado, André Gorz llamaba la atención acerca de que “Los términos «trabajo» y «empleo» se han hecho intercambiables: el trabajo no es algo que se hace sino algo que se tiene. Se dice «buscar trabajo» o «crear trabajo» en lugar de «buscar empleo», «crear empleos»”, y, más adelante, “Se puede tener un «buen» trabajo en la industria de armamento y un «mal» trabajo en un centro asistencial” (1). Este pensador francés, de origen austriaco, fue quizá uno de los primeros en dirigir sus observaciones al divorcio que el capitalismo establece entre la actividad laboral diaria y el conocimiento del fin último que ésta tiene en el conjunto de fases que conducen a la realización de un producto determinado. El carácter heterónomo que asume la actividad del trabajador lo enajena completamente del fin de sus movimientos y hace de él un verdadero autómata cuyo único propósito es la remuneración.


Ese carácter totalmente abstracto del “trabajo” y su condición unidimensionalmente utilitaria, hace de la manipulación, en el sentido de manejo con segunda intención, el valor más importante de la modernidad (2). La condición de mercancía que la fuerza de trabajo tiene en el capitalismo termina adquiriendo las mismas singularidades de los productos salidos del conjunto de sus manos. La obsolescencia programada y la desvalorización resultante de la tecnología que caracterizan a las mercancías en la etapa del post-industrialismo, terminan trasladándose a su hacedor en forma de “actualización permanente” y “flexibilidad”. La disponibilidad a un traslado permanente y la capacidad de “reinventarse”, como dicen los disimuladores de la incertidumbre inducida, son las cualidades que exigen a los sobrevivientes de un mundo laboral en el que la apariencia juega un papel central. “Saber venderse”, es una de las expresiones más comunes de quienes instruyen a los desempleados en técnicas que les amplíen la posibilidad de ganarse una ocupación, y que ilustra más que nada la estrategia de la impostura como condición del empleo en la actualidad. La disponibilidad total del tiempo al servicio del capital queda ampliada cuando en la esfera del consumo la búsqueda de los productos está atravesada por las actividades del llamado marketing que puede involucrar contestar encuestas o escuchar largos discursos sobre supuestos beneficios como condición, por ejemplo, de menores precios, enajenando a las personas del espacio de la afectividad y de su relación no mercantil con los “otros”. Las nueve horas diarias que pasa un camionero en las carreteras y las dos o tres semanas que permanece apartado de su familia cuando hace viajes a largas distancias son tan sólo una pequeña muestra de trabajo que niega la vida, pues aún quienes no tienen que desplazarse como parte de su actividad son igualmente móviles, ya sea en sus traslados diarios o en su condición de parias de un sistema volátil que los acoge tan rápido como los desecha.


En mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, revelaron en su revista Environment International qué en 2016, año del estudio, 1,9 millones de trabajadores perdieron la vida por causas directamente relacionadas con su actividad laboral. De esas muertes, cerca de 750 mil fueron provocadas por ataques al corazón o derrames cerebrales producto de excesivas jornadas de trabajo –iguales o superiores a 55 horas semanales–, lo que vino a significar que entre el año 2000 y el 2016 hubo un aumento de 29% de muertes por esas jornadas abusivas. En ese período, las incapacidades por igual motivo representaron una pérdida de 23,3 millones de años de vida mostrándose, además, que el número de personas que trabajan en exceso ha ido en aumento en lo corrido del siglo XXI, revirtiéndose la tendencia a la disminución que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX.


El trabajo, esa actividad que le permite a los humanos interaccionar con la naturaleza, transformarla y adaptarla para su proceso de subsistencia, si bien sigue teniendo ese sentido, en alguna medida, cuando miramos el proceso globalmente, es absolutamente irracional para los trabajadores directos. A nivel global, los excesos de residuos de todo tipo, así como el agotamiento de los recursos no renovables y la saturación de los ciclos de los distintos elementos, que el ambientalismo ha denunciado desde hace medio siglo, empiezan a mostrar que el proceso de trabajo puede generar la subsistencia de la especie en el presente, pero qué en el mediano y largo plazo, bajo las condiciones actuales, es una actividad auto-destructiva.


La mecanización y el consumismo están haciendo de la re-creación periódica del ser humano, que no otra cosa son el trabajo y la producción, un proceso suicida. La auto-cosificación a la que ha llegado la humanidad en un mundo de aparatos, hace de los individuos seres cada vez más ajenos de sí mismos e impotentes, limitados al mundo de la particularidad que los enajena del poder decisorio de lo político. “El individuo se mueve en un sistema de instalaciones y mecanismos, de los que el mismo se ocupa y es ocupado por ellos, pero habiendo perdido hace tiempo la conciencia de que este mundo es una creación humana […]. El manipulador no tiene ante sus ojos la obra entera, sino sólo una parte de ella, abstractamente, separada del todo, que no permite una visión de la obra en su conjunto. El todo se manifiesta al manipulador como algo ya hecho, y la génesis sólo existe para él en detalles, que de por sí son irracionales” (3). Pretender, por tanto, dar pasos correctores sin mirar el todo, es caer en la manipulación y en el ser manipulados, pues el reclamo sobre la parte sin la visión de ese todo no es más que espejismo consolador.


La irracionalidad del mundo del trabajo

En el capítulo X de su obra clásica Teoría general de la ocupación, el Interés y el dinero, John Maynard Keynes mostraba, laudatoriamente, el grado de irracionalidad que el trabajo ya tenía en el primer tercio del siglo XX, y cómo trabajar por trabajar, así el fin último careciera de sentido, era un principio del capital industrializado que en esa fase ya había perdido cualquier lógica de conveniencia social: “Si la tesorería se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad, y dejara a la iniciativa privada, de conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire, el cuidado de desenterrar nuevamente los billetes (naturalmente obteniendo el derecho de hacerlo por medio de concesiones sobre el suelo donde se encuentran) no se necesitaría que hubiera más desocupación y, con ayuda de las repercusiones, el ingreso real de la comunidad y también su riqueza de capital probablemente rebasarían en buena medida su nivel actual. Claro está que sería más sensato construir casas o algo semejante; pero si existen dificultades políticas y prácticas para realizarlo, el procedimiento anterior sería mejor que no hacer nada” (4).


El sinsentido de lo expresado por Keynes, en el que los prismas que transforman lo absurdo en algo conveniente –según los principios de la óptica del capital–, son la “iniciativa privada”, la “conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire” y la sacrosanta propiedad privada –representada en la frase con las “concesiones”–, son la única base de una creciente rama de ocupaciones cuya utilidad social parece quedar limitada tan sólo a “ocupar” personas. David Graeber, el malogrado antropólogo anarquista estadounidense, bautizó a estas ocupaciones “trabajos de mierda” y los categorizó en “lacayos”, “esbirros”, “parcheadores”, “marca-casillas” y “supervisores” (5), asociando los dos primeros a los oficios de servicios personales o cercanos a estos que existen solamente para satisfacer el ego de alguien que busca considerarse importante. Sobre los parcheadores, cuyo nombre toma de quienes corrigen los errores de programación en computación, considera que buena parte de los oficios actuales consiste tan sólo en corregir cosas que desde su misma producción era claro que iban a fallar y que en lugar de que el diseño inicial sea ajustado es producido con defectos para crear una industria de “correcciones”. Los marca-casillas los conforman la multitud de llenadores de formularios que surgen de la compulsión de “evaluar” y justificar lo hecho, establecido en normas surgidas de la impostura de aparentar rigor. Los supervisores surgen de la escala delegativa que ha dado en llamarse liderazgo de laissez-faire, y que consiste en descargar la responsabilidad en un subordinado que a su vez la descarga en otro. Quizá la imagen de una sociedad de la sospecha en la que existen vigilantes que vigilan al vigilante y que a su vez son vigilados por otros vigilantes, da una idea más clara de lo que Graeber quería definir como trabajos de mierda.


En el mundo financiero la creación de derivados y reaseguros, que en un sentido lato no son más que apuestas sobre el valor futuro de un activo, muestran ese carácter especulativo de imagen refleja reproducida en cadena, que crea igualmente ocupaciones repetidas especularmente como el de vendedor de seguros que vende seguros de los seguros. La discusión de la economía política sobre trabajo productivo e improductivo, centrada en el tipo de labor que sí crea nuevos valores parece superada, y no porque la improductividad de muchas ocupaciones no esté a la orden del día, sino porque ante la proliferación de actividades cuyo resultado no tiene destinatarios que obtengan beneficios de algún tipo –salvo la del capitalista que la gestiona–, la discusión debe trasladarse a la utilidad o inutilidad de lo realizado cotidianamente.


Regresar a la vida

En la etapa de mayores restricciones de la actual pandemia, fue necesario distinguir entre las actividades imprescindibles y las que no lo eran. Esto señala realmente una verdadera jerarquía de las necesidades y revela también la inutilidad de mucho de lo actuado cotidianamente. El rescate del tiempo para sí es quizá una de las sensaciones y necesidades que emergen de forma acentuada en los más jóvenes y que la Gran Renuncia evidencia con el rechazo a los oficios más asfixiantes pese a las alzas salariales ofrecidas. Que el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando los periodistas le preguntaban qué opinaba acerca de que los empresarios no encontraban trabajadores, bajando la voz contestara “pagadles más”, significa un reconocimiento a que aún si nos limitamos a la remuneración, las condiciones de los trabajadores en el último medio siglo han sido envilecidas.


Pero, como hemos visto, el problema va a más, trabajos como el de conductores de vehículos de carga para largas distancias son rechazados de plano por las nuevas generaciones, independientemente de cuánto sea la remuneración, por lo que su eliminación o reducción al máximo debe ser exigida. El cuestionamiento de los intercambios a largas distancias, que además son parte importante de la quema de combustibles y por tanto del daño ambiental, pasa por un rescate de los autoabastecimientos locales y las autonomías regionales. No se trata de mirar la parte, como ya fue dicho, sino de mirar el todo. Lo mismo sucede con las comidas rápidas y en general con la Macdonalización de la sociedad, como denomina el sociólogo estadounidense George Ritzer a la industrialización del consumo, pues regresar a la alimentación como un hecho lúdico y socio-afectivo sólo es posible con un rescate de ese tiempo para sí.


Y es que la disputa por el tiempo, que pasa por la redistribución del trabajo, la eliminación de las producciones inútiles y el fin del consumismo, debe aparecer en primer plano en los reflexiones teóricas y políticas, porque el tiempo del capital no es el tiempo de la vida. El historiador inglés E.P. Thompson, lo explicaba claramente: “Los que son contratados experimentan una diferencia entre el tiempo de sus patronos y su «propio» tiempo. Y el patrón debe utilizar el tiempo de su mano de obra y ver que no se malgaste: no es el quehacer el que domina sino el valor del tiempo al ser reducido a dinero. El tiempo se convierte en moneda: no pasa sino que se gasta” (6). Qué el tiempo deje de ser “oro”, entonces, es parte del desafío, como también lo son rescatar el quehacer y la conveniencia de todos, para que sean integrados a los principios de un reencuentro con la vida. Qué el rechazo al «buen» trabajo en la industria de armamento y la aceptación del «mal» trabajo en un centro asistencial, anuncien nuevos tiempos, y que la total ausencia de oferta de trabajadores en sectores como los que producen agro-tóxicos, por citar un solo ejemplo, empiecen a ser norma, es una esperanza que debemos abonar. La “huelga” involuntaria de camioneros ha mostrado que el capital, más allá de sus automatismos, sigue dependiendo de la fuerza de trabajo y que los procesos de producción y circulación pueden ser detenidos totalmente si la clase trabajadora así lo decide. Tan sólo falta querer mirar el todo.

1. André Gorz, Adiós al proletariado [más allá del socialismo], El Viejo Topo, p. 9.
2. “El trabajo se ha dividido en miles de operaciones independientes, y cada operación tiene su propio operario, su propio órgano ejecutivo, tanto en la producción como en las correspondientes operaciones burocráticas. El manipulador no tiene ante sus ojos la obra entera, sino sólo una parte de ella, abstractamente separada del todo, que no permite la visión de la obra en su conjunto. El todo se manifiesta al manipulador como algo ya hecho, y la génesis sólo existe para él en los detalles, que de por sí son irracionales.” Karel Kosik, Dialéctica de lo concreto, Grijalbo, p. 86 .
3. Karel Kosik, op. cit., p. 86.
4. J. M. Keynes, Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero, F.CE., Capítulo 10 , numeral VI, p. 121.
5. David Graeber, Trabajos de mierda, una teoría, Ariel, 2019.
6. E.P Thompson, Costumbres en común (capítulo 6 “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial), Crítica, p. 403.

* Economista, integrante del Consejo de Redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia

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Viernes, 27 Agosto 2021 08:29

Servidumbre, necropoder y para-Estado

https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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Publicado enEdición Nº283
Viernes, 27 Agosto 2021 06:37

Servidumbre, necropoder y para-Estado

https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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Publicado enColombia
La vicepresidenta Delcy Rodríguez ofrece declaraciones en Caracas, Venezuela, el 7 de abril de 2021Manaure Quintero / Reuters

El Gobierno de Venezuela dio a conocer este viernes la implementación de un nuevo decreto de carácter económico que busca incentivar la producción nacional, impulsar la exportación, ahorrar divisas, crear empleos y recuperar el ingreso real de los trabajadores.

El anuncio, efectuado por la vicepresidenta de la República y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, se realizó un día después de informarse del lanzamiento del bolívar digital y el nuevo proceso de reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre, con el que se eliminarán seis ceros a la moneda local.

Rodríguez notificó que a partir de los debates realizados en las mesas de trabajo con sectores productivos y con base en sus sugerencias, demandas, problemas y desafíos, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto para eliminar la exoneración de impuestos en 597 códigos aduanales relacionados con productos terminados, cuya libre importación estaría afectando a la industria nacional.

En ese sentido, explicó Rodríguez, se restablecerán aranceles para avanzar en una política de "sustitución estratégica" de importaciones,que se traducirá en el "impulso de la producción nacional" y "del motor exportador".

"No vamos a sustituir todo", resaltó la vicepresidenta, quien aclaró que "en ningún caso se cierran las importaciones", sino que la medida busca incidir sobre "aquellos productos terminados que estén compitiendo o afectando un producto de origen nacional", por lo que se procede a su inclusión dentro de una política tributaria.

Rodríguez agregó el decreto presidencial, que tomó en cuenta el diálogo con sectores relacionados con el área de alimentos (como azúcar, arroz, maíz, café, cacao y oleaginosas, entre otros), también incluye 59 códigos que estarán bajo la modalidad de "contingente arancelario", es decir, que cuando los productos hechos en Venezuela no puedan cubrir la demanda total del país, podrán importarse con exoneración de impuestos las cantidades necesarias para ese fin.

Garantizar el consumo nacional y el equilibrio de los precios

La también ministra resaltó que estas medidas, que se suman a "la consolidación del bolívar digital", buscan asimismo garantizar el abastecimiento del mercado nacional para el consumo local y mantener "el equilibrio en los precios" para la población.

"Es muy claro: donde no alcance la producción nacional y debamos importar, lo facilitamos", dijo Rodríguez, y resaltó que el Gobierno seguirá facilitando "el libre comercio" de bienes y productos como parte de una "apuesta estratégica y gradual" para la recuperación y estabilidad de la economía venezolana.

Con respecto al bolívar digital, comentó que la moneda venezolana mantendrá su mismo valor y se podrá transar en las casas de cambio de divisas. Además, circularán nuevos billetes para los sectores que aún requieren de pago en físico y que no se pueden adaptar a las transacciones electrónicas.

Rodríguez resaltó que estas medidas buscan empujar la estabilidad económica, ampliar las  potencialidades de las empresas nacionales, generar nuevos empleos, disminuir las importaciones no necesarias y ahorrar divisas, para crear un impacto positivo en la producción y así poder recuperar el ingreso de los trabajadores.

"Estamos en una política de sustitución estratégica y gradual de importaciones, no es sustituir la importación por sustituirla", dijo. Y aclaró que el plan —que es parte del trabajo realizado a través del Programa de Recuperación Económica lanzado en 2018— tiene la misión de fortalecer a los sectores nacionales que tengan en sus productos "altos componentes" locales, para que puedan competir con los rubros importados.

Ley de Compras Públicas

La vicepresidenta también detalló que el avance en esas medidas será acompañado por la Ley de Compras Públicas, que establece que las instituciones del Estado deben privilegiar la compra de productos fabricados en Venezuela.

"Los bienes que se producen en Venezuela, que tienen mercado nacional, van a ser acompañados por la Ley de Compras Públicas. Las compras del Estado deben estar dirigidas, primero que nada, a la producción nacional", indicó.

De igual forma aseveró que la puesta en práctica de esta ley permite el "aseguramiento del mercado para los productos que se fabrican en Venezuela", razón por la que el decreto presidencial acentúa "el apoyo a las pequeñas, medianas y grandes industrias a través de las exoneraciones totales o parciales".

En ese punto, el viceministro de Economía Productiva, Ricardo Sánchez, agregó que el Estado y los sectores industriales han establecido ya acuerdos para dinamizar la economía —sometida por años a un proceso hiperinflacionario— a través de diversos compromisos que permiten garantizar la dinámica productiva, entre ellos el suministro necesario de combustible.

"Venezuela sí puede producir y puede avanzar a pesar del bloqueo"

La titular de la cartera económica resaltó también que estas nuevas medidas del Ejecutivo se traducen en avances que contrarrestan el impacto negativo del bloqueo comercial y financiero impuesto por EE.UU. y la Unión Europea a su país.

"Lo importante es la nueva Venezuela, la Venezuela que no se somete al bloqueo", dijo Rodríguez, al recordar que "todo el pueblo" venezolano ha sido afectado "por medidas coercitivas unilaterales, extraterritoriales, ilegítimas e ilícitas", que a su vez han impactado sobre el aparato productivo y contra los sectores empresariales, comerciales, financieros y bancarios.

En razón de ello instó a generar conciencia sobre el impacto negativo de las sanciones contra su país, para que se comprenda la asfixia a la que han sido sometidos el Estado venezolano y su población y que ha significado un recorte de ingresos de 99 %. "Es como si le dijéramos a los empresarios que van a perder 99 % de sus ingresos", dijo con respecto al efecto de las sanciones.

A pesar de las adversidades, la vicepresidenta venezolana destacó que Venezuela avanza en el fortalecimiento de su economía con un nuevo modelo económico que no es dependiente del rentismo petrolero. "Venezuela sí puede producir y puede avanzar a pesar del bloqueo", dijo para asegurar que el país se encamina hacia "un proceso de recuperación" y de "crecimiento económico".

Publicado: 6 ago 2021 23:05 GMT

Publicado enInternacional
"Ganar la competencia global con China": Biden propone un plan de infraestructura de 2 billones de dólares

La medida va a revertir la reforma fiscal de 2017 de Donald Trump, que redujo el impuesto de sociedades hasta el 21 %.

Joe Biden ha propuesto este miércoles un plan para destinar 2,25 billones de dólares a la renovación de la infraestructura de Estados Unidos, un paso que se da "una sola vez en una generación" y representa "la mayor inversión en los puestos de trabajo en EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial".

La suma necesaria para financiar el ambicioso plan se invertiría durante ocho años y procedería del aumento del impuesto de sociedades. El presidente estadounidense planea elevarlo hasta el 28 %, revirtiendo de esta manera la reforma fiscal de su antecesor Donald Trump, que redujo las tasas del impuesto de sociedades hasta el 21 % en 2017.

"Ahora mismo, una pareja de clase media —un bombero y una maestra con dos hijos— tiene un salario combinado de, digamos, 110.000 o 120.000 dólares al año, y paga 22 centavos por cada dólar adicional que gana en el impuesto federal sobre la renta. Pero una corporación multinacional que construye una planta en el extranjero —la trae a casa y luego la vende— no paga nada en absoluto", resumió Biden al explicar la situación actual en materia de impuestos.

"Vamos a subir el impuesto de sociedades. Fue del 35 %, demasiado alto. Hace cinco años todos acordamos que debería bajar al 28 %, pero lo redujeron al 21 %. Vamos a subirlo de nuevo al 28 %", señaló el presidente estadounidense, aseverando que "nadie debería quejarse sobre eso", ya que aun así "es más bajo que la tasa que había entre la Segunda Guerra Mundial y 2017". Además, la medida permitirá generar "un billón de dólares de ingresos adicionales en 15 años", agregó.

"¿Amazon pagando cero en impuestos federales?"

Biden señaló que "91 compañías de la lista Fortune 500 —las empresas más grandes del mundo, incluida Amazon— usaron varias lagunas jurídicas para no pagar ni un solo centavo de impuesto federal sobre la renta". "No las quiero castigar, pero está mal. Simplemente está mal. ¿Un bombero y una maestra pagando un 22 %? ¿Amazon y otras 90 corporaciones grandes pagando cero en impuestos federales?", preguntó.

Los fondos del plan de dos billones de dólares se destinarían para realizar mejoras en diversas áreas, desde la renovación de la infraestructura del transporte —incluyendo carreteras, puentes, redes de transporte público, vehículos eléctricos, puertos y aeropuertos— hasta la modernización de las escuelas, la red eléctrica, sistemas de aguas, desarrollo de la energía verde, acceso a banda ancha y atención a personas mayores y discapacitados.

Según Biden, el plan "creará millones de empleos, empleos bien remunerados" y "hará crecer la economía". "Nos hará más competitivos en el mundo, promoverá nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrá en posición de ganar la competencia global con China en los próximos años", afirmó el mandatario.

Publicado: 1 abr 2021 06:12 GMT

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Violencia y pobreza, principales razones para migrar de Centroamérica: ONU

Ginebra. De cara a la conmemoración del Día del Migrante este viernes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló ayer que una de cada cinco familias que migran desde Centroamérica lo hace debido a contextos de violencia y pobreza.

Cerca de 20 por ciento, de los más de 3 mil 100 entrevistados que se desplazaron en unidades familiares, identificaron ambas cuestiones como la razón principal de su huida, según encuesta de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El número aumenta hasta 30 por ciento en el caso de menores que viajan solos, de acuerdo con el estudio.

Los resultados de la encuesta también revelan el “alarmante! aumento de detenciones en las unidades familiares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, que se disparó 456 por ciento, de casi 77 mil 800 en 2018, a más de 432 mil para 2019.

Las amenazas de muerte, el reclutamiento de pandillas, la extorsión y la violencia doméstica, entre otras formas de agresión selectiva, son los principales factores que impulsan a más familias del norte de Centroamérica a huir de sus hogares y buscar protección en otros países, asegura una investigación.

Durante la pandemia del Covid-19, las estrictas restricciones al movimiento en los territorios y el cierre de las fronteras han limitado las opciones para que las personas huyan, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, destaca el informe.

Jean Gough, directora del Unicef para América Latina y el Caribe, advirtió que es probable que el aumento de la pobreza y la violencia hagan que más familias abandonen sus hogares en las próximas semanas y meses ante la crisis sanitaria del Covid-19 y tras el impacto de los huracanes Iota y Eta en la región.

De acuerdo con la ONU, a finales de este año más de 800 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscaron protección dentro de sus países o habían cruzado fronteras para encontrar asilo.

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El crecimiento del PIB de EE UU bate récords en el tercer trimestre

La economía estadounidense crece un 7,4% entre julio y septiembre pero las dudas sobre el curso de la pandemia empañan el optimismo

 

La economía de Estados Unidos creció a un nivel sin precedentes en el tercer trimestre, con un aumento del 7,4% del PIB ―equivalente a un ritmo anualizado del 33,1%―, según ha anunciado este jueves el Departamento de Comercio. El alza se produce después de enormes pérdidas durante el segundo trimestre, cuando el PIB colapsó tras los confinamientos masivos durante la primera ola del covid-19 y cayó un 9%, la mayor caída desde que empezaron los registros en 1947. El PIB estadounidense sigue un 3,5% por debajo del nivel precrisis. El dato de crecimiento conocido a solo cinco días de las elecciones promete arrancar distintas lecturas políticas. Ya este martes, el presidente Donald Trump había prometido en Twitter “un gran PIB”, reforzando así su imagen de candidato más capaz de gestionar la economía.

Aunque el dato concreto resulte positivo, la economía de Estados Unidos se halla sumida en el agujero negro de la pandemia, que puso fin al mayor ciclo expansivo en la historia del país y lo abocó a la recesión. Los pronósticos de los analistas se cumplieron, pues apuntaban que el dato de crecimiento superaría el 7%, más del doble que cualquier tasa de crecimiento trimestral desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que la economía sigue ralentizándose, mientras la crisis sanitaria arroja muchas más sombras que certezas sobre el ritmo de la recuperación, como demuestran el desplome de Wall Street este miércoles por miedo a la espiral de la pandemia y la falta de acuerdo político entre la Casa Blanca y el Congreso para sacar adelante un nuevo plan de estímulos.

Es cierto que la economía estadounidense empezó a recuperarse del cierre de la actividad derivado del confinamiento en los meses de verano, pero los expertos recuerdan que la producción seguiría estando más de un 4% por debajo del nivel de finales de 2019, que es más del mínimo registrado en el pico anterior de la Gran Recesión. Por eso avisan de que un crecimiento rápido en el tercer trimestre no implica que la economía atraviese una fase de pujanza, ya que este periodo mide el nivel de producción de julio a septiembre comparado con la media de abril a junio, y el nivel en abril y mayo estableció una base de referencia tan baja que cualquier aumento, aun mínimo, habría servido para generar un buen dato. Para recuperar el nivel de crecimiento anterior a la pandemia, el PIB debería crecer aún con más fuerza, según los expertos.

“La cifra será histórica sin duda, pero, salvo para la propaganda política, estará por completo desprovista de sentido, pues no nos dirá gran cosa sobre lo que nos espera”, abundaba este miércoles en declaraciones a la agencia France Presse el economista Joel Naroff. El récord anterior de crecimiento trimestral fue del 16,7% en el primero de 1950.

Este jueves, el Departamento de Trabajo ha publicado las cifras relativas a las solicitudes de subsidio de desempleo, que cayeron por segunda semana consecutiva a 751.000, por debajo de lo previsto por los analistas. Aunque el número de solicitantes de ayuda ha bajado del máximo de 6,8 millones registrado en marzo, se halla por encima del pico experimentado en el peor periodo de la gran recesión de 2007-2009, cuando 665.000 estadounidenses se apuntaron al paro.

Sojuzgada por el impacto de la pandemia, la economía de EEUU, que cayó en recesión en la primera mitad del año, aún necesita ventilación mecánica, especialmente si empeoran los datos de contagio y hospitalizaciones por covid-19, sin control en el Medio Oeste del país. Signos claros -por ejemplo, un parón en la venta de casas nuevas desde el verano- apuntan a una desaceleración de la actividad económica este trimestre, y el mismo curso de la enfermedad no permite descartar la posibilidad de un segundo confinamiento y de una recesión aún más profunda.

A finales de marzo, el Gobierno de EE UU logró sacar adelante un plan de rescate de 2,2 billones de dólares, el mayor plan de estímulos económicos lanzado por un país en la historia. El programa, denominado Cares (las siglas en inglés de Ayuda, Alivio y Seguridad económica ante el coronavirus), incluía una partida de 250.000 millones en cheques directos a los ciudadanos con sueldos de hasta 75.000 dólares. En abril, se añadieron otros 484.000 millones de dólares (unos 450.000 millones de euros) para ayudar a los hospitales y a las pequeñas y medianas empresas. En total, Washington ha movilizado casi tres billones de dólares en ayudas a familias y empresas, si bien las ayudas del plan Cares concluyeron en mayo, arrojando a ocho millones de estadounidenses a la pobreza, según un estudio de la Universidad de Columbia.

Por MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO

Nueva York - 29 OCT 2020 - 08:38 COT

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