Viernes, 27 Agosto 2021 08:29

Servidumbre, necropoder y para-Estado

https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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Publicado enEdición Nº283
Viernes, 27 Agosto 2021 06:37

Servidumbre, necropoder y para-Estado

https://mundo.sputniknews.com/20190503/blackwater-polemica-empresa-mercenarios-ofrece-derrocar-maduro-1087064726.html

“La violaban mientras estaba pariendo”, declaraba para la prensa inglesa en marzo de 2017 Jenny Aude, directora de Lawa (Latin American Women’s Aid), una organización que apoya a mujeres latinoamericanas en situación de trata en el Reino Unido, luego que la policía inglesa rescatara una joven barranquillera secuestrada para la explotación sexual, y que había sido torturada sin miramientos por los abusadores sexuales de su cuerpo y los explotadores económicos de su situación.

Pero no solo es ella. En mayo de este año, la prensa española reseñaba que Evelin Roche, prostituta colombiana, derrotaba en los estrados al dueño de Sala Flower’s, uno de los mayores burdeles de España, pues los tribunales reconocieron relación laboral entre la mujer y el prostíbulo. Sin embargo, Evelin comentaba que era una victoria agridulce pues “No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”.

Estos hechos, son sólo una de las caras de la moneda en la exportación colombiana de cuerpos humanos vivos que la realidad económica del país ha ido convirtiendo en uno de los renglones principales de su mercado externo. La otra cara tiene la forma de “carne de cañón” corporizada en los mercenarios y sicarios que son mercadeados para los diferentes conflictos que el capital considera deben ser zanjados de manera violenta, pero de los que debe ocultarse como determinador directo.

Y, por paradójico que parezca, estos agentes de la muerte hacen también parte de las cadenas internacionalizadas de “oficios de servidumbre” que la globalización extiende aceleradamente. Los veintiséis pistoleros que participaron en la tortura y ejecución del presidente de Haití, Jovenel Moïse, muestran esa ambigua condición de los que en Colombia han tomado por oficio quitar la vida y tasan su remuneración de acuerdo al riesgo de perder la propia. Pero, ya sea como víctimas en el caso de las mujeres prostituidas, o como victimarios en el caso de los gatilleros, lo que debe llamar la atención es el grado de descomposición alcanzado por una sociedad que obliga, en gran escala, a sus connacionales a la venta de sus cuerpos y su vida en el extranjero.

La ensayista mexicana, Sayak Valencia, califica como capitalismo gore –por el nombre del género cinematográfico donde predomina lo extremadamente violento– al que tiene lugar en aquellos espacios donde el derramamiento de sangre, la evisceración y los desmembramientos son prácticas comunes del control social, pues la destrucción abrupta del cuerpo es convertida allí en el eje de la centralización y concentración del capital, así como de la obtención de plusvalor. ¿Puede caber, entonces, alguna duda que la institucionalidad colombiana, y de forma particular su modelo de acumulación de capital, responden sin equívoco a esa condición? Las múltiples guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días que inaugura el siglo XX, el cruento enfrentamiento partidista primero –conocido como la –Violencia– y la posterior guerra civil no declarada entre guerrillas y Estado que aún no concluye, son tan sólo el marco general que muestra que la lucha por los factores de la producción y los conflictos sociales han sido dirimidos a balazos, y que las “victorias” son tasadas en litros de sangre.

El negacionismo de esa realidad, al que contribuyen de forma mancomunada los medios convencionales de comunicación y la academia, ha sido el factor cultural principal en la perpetuación de esa Colombia gore que sigue favoreciendo a la élite, y que al permear parte importante de la población –incluso a sectores del pensamiento crítico–, terminó naturalizando la muerte violenta hasta la casi indiferencia frente a su presencia reiterada y cotidiana, impidiendo, de esa forma, percibir que detrás del ejercicio siniestro del continuo derramamiento de sangre hay una lógica del poder dominante que le ha permitido disolver la identidad de los grupos subordinados, minando así su resistencia.


La globalización de lo macabro

 

La exportación tanto de cuerpos para el ejercicio de la prostitución como de mercenarios y sicarios, hace parte de lo que la socióloga neerlandesa Saskia Sassen denomina los circuitos alternativos de la subsistencia en el marco de la globalización. En el caso de la llamada industria transnacional del sexo, donde predomina la trata de mujeres, pueden observarse dos de los rasgos predominantes del capital que buscan velarse: uno, el racismo atado al secular espíritu colonial y el otro el sexismo en el que la mujer es objetivada en grado extremo.

Por ejemplo, alrededor del 80 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en los diferentes países europeos son extranjeras, con un contingente importante de mujeres latinoamericanas. La tortura como parte de la práctica sexual mercantilizada, incluso con la filmación de la muerte de la víctima, es un mercado cruento que ocupa un lugar cada vez más importante en el capitalismo gore en el que el uso sin límites del cuerpo del otro es convertido en mercancía. El caso de Jeffrey Epstein, proxeneta norteamericano que secuestraba menores de edad para ofrecerlas como esclavas sexuales a poderosos políticos, empresarios y miembros de la realeza europea, muestra que esas cadenas globalizadas de la mercantilización de cuerpos humanos alcanza niveles de ultra-especialización en el que la condición social y las variedades de la aberración de los demandantes son los determinadores de la forma que asumen tanto la “empresa” como los “servicios” que prestan.

El predominio de la ocupación en el sector servicios alcanzado en la fase actual del capital y el crecimiento de la denominada economía de los cuidados que incluye la atención de niños, ancianos o personas con limitaciones físicas por parte de personas que no son parientes, ha hecho de las labores domésticas otro de los rubros que están convirtiendo los flujos migratorios de los países del sur en un fenómeno donde las mujeres de las clases subordinadas ocupan un espacio cada vez mayor. La industria matrimonial, que consiste en lo esencial en el encuentro a través de las redes sociales, entre un hombre originario de uno de los países del centro capitalista y una mujer de las naciones marginales, tiene por objeto someter a relación de servidumbre a la mujer siendo, en la mayoría de los casos, violentada físicamente y reducida a su condición de máquina de hacer oficios caseros. En esta práctica que gana terreno, Colombia no es un país menor.

También hacen parte de esos circuitos globales de la precarización de las personas el reclutamiento de mercenarios, práctica que reapareció con fuerza en los primeros años del siglo XXI, cuando la privatización de la guerra empezó a ser planteada como una opción más económica que la de los ejércitos nacionales de conscriptos, dando lugar al nacimiento de verdaderas industrias del crimen legalizadas por los Estados.

Entre estas empresas la más icónica ha sido Blackwater, contratista multimillonaria del gobierno de los Estados Unidos, que luego del escándalo desatado por la masacre de 17 civiles –niños incluidos–, perpetrada en la Plaza Nisur de Bagdad el 16 de septiembre de 2007, cambió su nombre a Xe-Services, para actualmente denominarse Academí.

Fusionada en 2010 con Triple Canopy, constituye una organización multidivisional que sigue en lo formal todos los parámetros de las grandes corporaciones, salvo que el objetivo en este caso es el de sustituir a los Estados en el llamado trabajo sucio de las operaciones clandestinas. Garda World, compañía canadiense; G4S Secure Solutions, multinacional británica y Defion Internacional, con sede en Lima, son otros nombres relevantes en esta tristemente célebre lista de compañías que han sido convertidas en verdaderas transnacionales de la muerte.

Pues bien, en mayo de 2011 el New York Times informó sobre el aterrizaje de docenas de exmilitares colombianos en Abu Dabi para engrosar el ejército de mercenarios que la firma Blackwater estaba conformando para defender intereses de los Emiratos Árabes. La publicación generó un escándalo que tuvo repercusiones en los medios de difusión locales, pues estos probaron que en el entrenamiento realizado en el país habían sido utilizados recursos del Estado colombiano como armamento y sitios de práctica.

El suceso no paró ahí. En septiembre de 2011, la muerte de diez mercenarios colombianos al servicio del gobierno libio de Muamar el Gadafi avivó aún más la atención pública en el tema, pero el gobierno acabó desestimándolo y sepultándolo en el olvido. En 2015, nuevamente el New York Times informaba que cientos de mercenarios colombianos combatían a los rebeldes hutíes en Yemen, contratados directamente por los Emiratos Árabes, y señalaba que el asunto tenía antecedentes desde el 2006, con la participación de estos soldados de la fortuna, como también son conocidos, en los conflictos de Afganistán e Irak. El exprimer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah declaraba el 10 de octubre de 2017 para el diario ABC de España que “Calculamos que Blackwater entrenó a unos 15.000 empleados, gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, para la invasión abortada que los emiratos planearon realizar sobre Qatar.

Tras este cúmulo de evidencias, y con años de continuidad, ¿puede entonces afirmarse, como lo hizo el gobierno, que el caso de los 26 gatilleros de Haití es algo excepcional? ¿O pretender indignarse, como aparenta la vicepresidenta ante el embajador de Haití, solicitándole premura y claridad porque “no podemos permitir que el mundo siga creyendo que exportamos mercenarios”?

La violencia que exporta el país es apetecida en los necromercados porque ha sido cualificada en una sociedad gore que ha hecho del gatillo fácil el principal instrumento de poder. Es el ejercicio continúo de la muerte por parte de las fuerzas del Estado, más que referenciado en tiempos recientes con los 6.402 muertos de los eufemísticamente denominados falsos positivos, el que ha “capacitado” a los exmiembros de las fuerzas armadas para su alta demanda en el mercado externo de matar, y no pueden considerarse manzanas podridas pues no son ninguna excepción, son fruto de un árbol cuyas raíces y tronco vive de una savia formada en la instrucción militar oficial, en la que la eliminación del Otro es la meta máxima del accionar.

Las divisas que recibe el país dan cuenta de este fenómeno. Las remesas, esa cuenta de la diáspora colombiana que envía dólares a sus familiares, ocupa el segundo lugar como fuente de divisas del país desde 2019. El año pasado, esos ingresos fueron de 6.853 millones de dólares, tan sólo por detrás del petróleo (8.754 millones de dólares), y representando casi tres veces las exportaciones de café (2.446 millones de dólares), el más tradicional de nuestros productos comercializados en el exterior. Es claro que una parte importante de la diáspora colombiana genera ingresos en ocupaciones que responden al concepto convencional de trabajo, pero es innegable también que la parte ocupada en los denominados circuitos alternativos de supervivencia es creciente, por lo que extraña la ausencia de miradas críticas al hecho que una de las principales fuentes de divisas sea producto de la expulsión de connacionales, y más aún, de parias (prostitutas, mercenarios y siervos domésticos) que como materia prima alimentan los mercados gore. Sobre esto, también los medios y la academia resbalan la mirada, y a la existencia de esa economía sumergida responden con los ojos vendados del negacionismo o de la impotencia absoluta para percibir la realidad.


Necropoder y enemigo interno

 

El pensador camerunés Achille Mbembe, acuñó el término necropolítica para caracterizar el ejercicio del poder en naciones sometidas como colonias. El desconocimiento de la humanidad del colonizado da lugar, según Mbembe, a un perpetuo estado de excepción y estado de sitio, en los que el derecho absoluto sobre la vida del Otro es la ley esgrimida para salvaguardar el orden y propiciar la civilización, es decir, convertir ese Otro a imagen del colonizado. En Colombia, el estado de sitio no ha sido la excepción o, lo que es lo mismo, el estado de excepción ha sido la norma, lo que nos lleva al primer escalón para entender el asesinato como estrategia endémica de la institucionalidad del país. En las colonias, la violencia del Estado no es reactiva o efecto de la violación de reglas sino la causa original de consolidación institucional, y Colombia no ha salido de esa lógica desde la invasión europea, como lo prueba su historia republicana. El caso de los bombardeos de campesinos en las llamadas Repúblicas Independientes es un claro ejemplo de cómo el Estado es el agresor. Y será difícil entender plenamente la larga existencia de las guerrillas y la persistencia del conflicto, si no partimos de entender que la violencia tiene origen gubernamental.

Además de los enfrentamientos colectivos ya señalados, el magnicidio fue una de las primeras manifestaciones en la solución de diferencias políticas en la naciente república de Colombia, con el intento de asesinato del Libertador Simón Bolívar, en el que participaron Lorenzo María Lleras y Mariano Ospina Rodríguez, fundadores de dos clanes políticos, cuyo poder sigue siendo real doscientos años después. Los sacrificios de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán son ejemplos adicionales de que cortar la vida de quienes desde propuestas alternativas han ganado ascendencia popular ha sido siempre estrategia central en el mantenimiento del statu quo. En tiempos más recientes las ejecuciones de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, cuando eran candidatos presidenciales, son otra muestra de que cualquier manifestación que difiera mínimamente del poder establecido es penalizada con la muerte.

El exterminio físico de miles de familias liberales durante la violencia partidista, y el genocidio de la Unión Patriótica –La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6.528 homicidios– sobre el que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad que “La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano”, y que ellos actuaron tan sólo por encargo oficial, prueba la naturaleza necrótica del Estado colombiano, y confirma la condición colonial de su estructura, que Mbembe identifica como la conjunción de masacre y burocracia.

No hace falta, sin embargo, hacer una excursión histórica para ilustrar lo anterior. Los resultados de la represión en el reciente paro nacional son más que elocuentes: 75 asesinatos, con posible autoría de la Fuerza Pública en 44 de ellos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, según Indepaz, son cifras para aterrar. En la justificación del accionar violento vuelve a hacerse manifiesto el recurso ideologizado de ficcionalizar al supuesto enemigo, que en el reciente paro quedó encarnado en el término “vándalo”, usado para deshumanizar al protestante des-individualizándolo y, de esa forma, al convertirlo en un ente abstracto, legitimar su desaparición.

Esa categoría de vándalo, introducida últimamente en el diccionario del poder, es en las zonas urbanas el equivalente al “bandido” de lo rural que recitan gobernantes y militares, y que busca velar tras apelativos la fabricación del opositor como enemigo interno con el que no puede transarse. El “liberal come-curas” de mediados del siglo XX, el “comunista” de las décadas de los sesenta y setenta, también de ese siglo, hasta el de nuestros días, y más recientemente, incluso los que “anticipan el gustito”, son figuras abstractas que el sistema busca inocular en el inconsciente colectivo para inducir su eliminación. La afinidad de esas estrategias con las de la “solución final” no son cosas a descartar rápidamente como exageradas, pues la deriva neo-nazi del partido de gobierno no es asunto de juego. Las acciones ritualizadas sobre los cadáveres de los sacrificados prueban ese carácter simbólico que, apoyado en la des-humanización del Otro, es sello de la violencia institucional en el país así como de la ejercida por los movimientos ultra-reaccionarios.

El terror es una forma de violencia espectacularizada, pues posee un aspecto de teatralidad en el que el grado extremo de lo macabro está destinado a los ojos y el sentir de quienes observan los cuerpos violentados con el fin de intimidarlos, y por eso es el eje institucional de países que como Colombia han conservado la lógica del necropoder de los Estados coloniales. La aparición en el Valle del Cauca de al menos cuatro jóvenes decapitados, algunos al parecer desaparecidos luego de las protestas, no es más que la continuidad de los “cortes de franela” del siglo pasado y de la conversión de la cabeza de campesinos en balones para jugar al fútbol, que el paramilitarismo volvió práctica común. Por eso, cuando representantes del ejecutivo como la alcaldesa de Bogotá dice de los ambientalistas que defienden el humedal de Tibabuyes que “no son ambientalista sino vándalos”, más allá de su intención, abre la puerta para que los violentos institucionalizados consideren que es su derecho “borrarlos” como actores sociales.


Narco-Estado y necrocracia

Luego que irrumpe en los años ochenta del siglo XX la producción y tráfico de estupefacientes, la denominación de narco-estado en Colombia es algo común por el peso creciente de los agentes pertenecientes a esa cadena ilegal de comercio en las instituciones de poder. Caracterización confirmada una vez más con la ampliación de la lista de miembros del gobierno obligados a defenderse argumentando la inexistencia de los llamados “delitos de sangre”, y a reclamar bajo esa premisa su ausencia de responsabilidad en los crímenes cometidos por sus familiares –de forma predominante en la producción y comercialización de drogas ilícitas–, pues además del caso de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su hermano ex-convicto en Estados Unidos, recientemente conocemos el del actual embajador en EU Juan Carlos Pinzón Bueno, cuyo tío Jorge Bueno Sierra fue condenado a cadena perpetua en 1995 por introducir y distribuir cocaína en el país del norte.

Pero, lo más llamativo es que Alex Olano, periodista del portal Lado B, daba a conocer que el tío y mecenas de Luis Carlos Sarmiento Ángulo –el primero de los multimillonarios colombianos–, José Antonio Cabrera Sarmiento, conocido con los alias de Houdini, Juan Molina y Pepe Cabrera, fue condenado por narcotráfico en 1984. Por si fuera poco, la última elección de los presidentes del Congreso aumenta aún más esa lista de los “delitos de sangre”, pues Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, tiene no sólo un hermano que fue condenado por narcotráfico, sino que su padre fue convicto de asesinato; mientras que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, fue socio de dos narcotraficantes en una transacción comercial y está denunciado por estafa.

Y para que no queden dudas sobre la catadura de los miembros del gobierno, el ministro de ciencia, tecnología e información fue declarado autor de un plagio; Luis Diego Monsalve Hoyos, embajador en China desde 2019, fue sancionado en 2003 por los malos manejos de Ferrovías, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, tiene un primo entre los sicarios capturados en Haití. ¿Alguien medianamente serio puede seguir hablando, entonces, de simples coincidencias? A la lógica de la forma colonial del Estado colombiano que describe Mbembe, que puede calificarse de necrocracia, debe sumarse, en consecuencia, a su estructura orgánica un entramado incurso en el delito, que hace del funcionamiento gubernamental una máquina violenta.

El balance cruento de la represión del paro, o cualquiera de los escándalos desatados por la cercanía del poder con la delincuencia, hubiera generado fuertes reacciones políticas en otras naciones. Desafortunadamente, el cuerpo social en Colombia ha sido anestesiado en un grado importante, por lo que el desarrollo de una mayor sensibilidad frente a las violaciones de todo tipo es una necesidad creciente, pues no debemos permitir que, para ventaja del poder, la sangre que éste derrama sea secada con tanta rapidez, y que el olvido interesado del deber ser siga estando debajo de la losa del miedo instalada por el terror. La esperanza surge de esta nueva generación que muestra indignación y no puede entender cómo “la vida de nosotros no vale, pero un hijueputa vidrio o una pared de un banco les duele”, como declara con la voz quebrada Tintin, joven de la Primera Línea de Usme, ante las cámaras de Umba Film. Sí, es la indignación una necesidad urgente del espíritu colectivo en Colombia, pues parafraseando una consigna reciente, hasta que la indignación no sea costumbre poco va a cambiar.

 

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La vicepresidenta Delcy Rodríguez ofrece declaraciones en Caracas, Venezuela, el 7 de abril de 2021Manaure Quintero / Reuters

El Gobierno de Venezuela dio a conocer este viernes la implementación de un nuevo decreto de carácter económico que busca incentivar la producción nacional, impulsar la exportación, ahorrar divisas, crear empleos y recuperar el ingreso real de los trabajadores.

El anuncio, efectuado por la vicepresidenta de la República y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, se realizó un día después de informarse del lanzamiento del bolívar digital y el nuevo proceso de reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre, con el que se eliminarán seis ceros a la moneda local.

Rodríguez notificó que a partir de los debates realizados en las mesas de trabajo con sectores productivos y con base en sus sugerencias, demandas, problemas y desafíos, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto para eliminar la exoneración de impuestos en 597 códigos aduanales relacionados con productos terminados, cuya libre importación estaría afectando a la industria nacional.

En ese sentido, explicó Rodríguez, se restablecerán aranceles para avanzar en una política de "sustitución estratégica" de importaciones,que se traducirá en el "impulso de la producción nacional" y "del motor exportador".

"No vamos a sustituir todo", resaltó la vicepresidenta, quien aclaró que "en ningún caso se cierran las importaciones", sino que la medida busca incidir sobre "aquellos productos terminados que estén compitiendo o afectando un producto de origen nacional", por lo que se procede a su inclusión dentro de una política tributaria.

Rodríguez agregó el decreto presidencial, que tomó en cuenta el diálogo con sectores relacionados con el área de alimentos (como azúcar, arroz, maíz, café, cacao y oleaginosas, entre otros), también incluye 59 códigos que estarán bajo la modalidad de "contingente arancelario", es decir, que cuando los productos hechos en Venezuela no puedan cubrir la demanda total del país, podrán importarse con exoneración de impuestos las cantidades necesarias para ese fin.

Garantizar el consumo nacional y el equilibrio de los precios

La también ministra resaltó que estas medidas, que se suman a "la consolidación del bolívar digital", buscan asimismo garantizar el abastecimiento del mercado nacional para el consumo local y mantener "el equilibrio en los precios" para la población.

"Es muy claro: donde no alcance la producción nacional y debamos importar, lo facilitamos", dijo Rodríguez, y resaltó que el Gobierno seguirá facilitando "el libre comercio" de bienes y productos como parte de una "apuesta estratégica y gradual" para la recuperación y estabilidad de la economía venezolana.

Con respecto al bolívar digital, comentó que la moneda venezolana mantendrá su mismo valor y se podrá transar en las casas de cambio de divisas. Además, circularán nuevos billetes para los sectores que aún requieren de pago en físico y que no se pueden adaptar a las transacciones electrónicas.

Rodríguez resaltó que estas medidas buscan empujar la estabilidad económica, ampliar las  potencialidades de las empresas nacionales, generar nuevos empleos, disminuir las importaciones no necesarias y ahorrar divisas, para crear un impacto positivo en la producción y así poder recuperar el ingreso de los trabajadores.

"Estamos en una política de sustitución estratégica y gradual de importaciones, no es sustituir la importación por sustituirla", dijo. Y aclaró que el plan —que es parte del trabajo realizado a través del Programa de Recuperación Económica lanzado en 2018— tiene la misión de fortalecer a los sectores nacionales que tengan en sus productos "altos componentes" locales, para que puedan competir con los rubros importados.

Ley de Compras Públicas

La vicepresidenta también detalló que el avance en esas medidas será acompañado por la Ley de Compras Públicas, que establece que las instituciones del Estado deben privilegiar la compra de productos fabricados en Venezuela.

"Los bienes que se producen en Venezuela, que tienen mercado nacional, van a ser acompañados por la Ley de Compras Públicas. Las compras del Estado deben estar dirigidas, primero que nada, a la producción nacional", indicó.

De igual forma aseveró que la puesta en práctica de esta ley permite el "aseguramiento del mercado para los productos que se fabrican en Venezuela", razón por la que el decreto presidencial acentúa "el apoyo a las pequeñas, medianas y grandes industrias a través de las exoneraciones totales o parciales".

En ese punto, el viceministro de Economía Productiva, Ricardo Sánchez, agregó que el Estado y los sectores industriales han establecido ya acuerdos para dinamizar la economía —sometida por años a un proceso hiperinflacionario— a través de diversos compromisos que permiten garantizar la dinámica productiva, entre ellos el suministro necesario de combustible.

"Venezuela sí puede producir y puede avanzar a pesar del bloqueo"

La titular de la cartera económica resaltó también que estas nuevas medidas del Ejecutivo se traducen en avances que contrarrestan el impacto negativo del bloqueo comercial y financiero impuesto por EE.UU. y la Unión Europea a su país.

"Lo importante es la nueva Venezuela, la Venezuela que no se somete al bloqueo", dijo Rodríguez, al recordar que "todo el pueblo" venezolano ha sido afectado "por medidas coercitivas unilaterales, extraterritoriales, ilegítimas e ilícitas", que a su vez han impactado sobre el aparato productivo y contra los sectores empresariales, comerciales, financieros y bancarios.

En razón de ello instó a generar conciencia sobre el impacto negativo de las sanciones contra su país, para que se comprenda la asfixia a la que han sido sometidos el Estado venezolano y su población y que ha significado un recorte de ingresos de 99 %. "Es como si le dijéramos a los empresarios que van a perder 99 % de sus ingresos", dijo con respecto al efecto de las sanciones.

A pesar de las adversidades, la vicepresidenta venezolana destacó que Venezuela avanza en el fortalecimiento de su economía con un nuevo modelo económico que no es dependiente del rentismo petrolero. "Venezuela sí puede producir y puede avanzar a pesar del bloqueo", dijo para asegurar que el país se encamina hacia "un proceso de recuperación" y de "crecimiento económico".

Publicado: 6 ago 2021 23:05 GMT

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"Ganar la competencia global con China": Biden propone un plan de infraestructura de 2 billones de dólares

La medida va a revertir la reforma fiscal de 2017 de Donald Trump, que redujo el impuesto de sociedades hasta el 21 %.

Joe Biden ha propuesto este miércoles un plan para destinar 2,25 billones de dólares a la renovación de la infraestructura de Estados Unidos, un paso que se da "una sola vez en una generación" y representa "la mayor inversión en los puestos de trabajo en EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial".

La suma necesaria para financiar el ambicioso plan se invertiría durante ocho años y procedería del aumento del impuesto de sociedades. El presidente estadounidense planea elevarlo hasta el 28 %, revirtiendo de esta manera la reforma fiscal de su antecesor Donald Trump, que redujo las tasas del impuesto de sociedades hasta el 21 % en 2017.

"Ahora mismo, una pareja de clase media —un bombero y una maestra con dos hijos— tiene un salario combinado de, digamos, 110.000 o 120.000 dólares al año, y paga 22 centavos por cada dólar adicional que gana en el impuesto federal sobre la renta. Pero una corporación multinacional que construye una planta en el extranjero —la trae a casa y luego la vende— no paga nada en absoluto", resumió Biden al explicar la situación actual en materia de impuestos.

"Vamos a subir el impuesto de sociedades. Fue del 35 %, demasiado alto. Hace cinco años todos acordamos que debería bajar al 28 %, pero lo redujeron al 21 %. Vamos a subirlo de nuevo al 28 %", señaló el presidente estadounidense, aseverando que "nadie debería quejarse sobre eso", ya que aun así "es más bajo que la tasa que había entre la Segunda Guerra Mundial y 2017". Además, la medida permitirá generar "un billón de dólares de ingresos adicionales en 15 años", agregó.

"¿Amazon pagando cero en impuestos federales?"

Biden señaló que "91 compañías de la lista Fortune 500 —las empresas más grandes del mundo, incluida Amazon— usaron varias lagunas jurídicas para no pagar ni un solo centavo de impuesto federal sobre la renta". "No las quiero castigar, pero está mal. Simplemente está mal. ¿Un bombero y una maestra pagando un 22 %? ¿Amazon y otras 90 corporaciones grandes pagando cero en impuestos federales?", preguntó.

Los fondos del plan de dos billones de dólares se destinarían para realizar mejoras en diversas áreas, desde la renovación de la infraestructura del transporte —incluyendo carreteras, puentes, redes de transporte público, vehículos eléctricos, puertos y aeropuertos— hasta la modernización de las escuelas, la red eléctrica, sistemas de aguas, desarrollo de la energía verde, acceso a banda ancha y atención a personas mayores y discapacitados.

Según Biden, el plan "creará millones de empleos, empleos bien remunerados" y "hará crecer la economía". "Nos hará más competitivos en el mundo, promoverá nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrá en posición de ganar la competencia global con China en los próximos años", afirmó el mandatario.

Publicado: 1 abr 2021 06:12 GMT

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Violencia y pobreza, principales razones para migrar de Centroamérica: ONU

Ginebra. De cara a la conmemoración del Día del Migrante este viernes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló ayer que una de cada cinco familias que migran desde Centroamérica lo hace debido a contextos de violencia y pobreza.

Cerca de 20 por ciento, de los más de 3 mil 100 entrevistados que se desplazaron en unidades familiares, identificaron ambas cuestiones como la razón principal de su huida, según encuesta de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El número aumenta hasta 30 por ciento en el caso de menores que viajan solos, de acuerdo con el estudio.

Los resultados de la encuesta también revelan el “alarmante! aumento de detenciones en las unidades familiares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, que se disparó 456 por ciento, de casi 77 mil 800 en 2018, a más de 432 mil para 2019.

Las amenazas de muerte, el reclutamiento de pandillas, la extorsión y la violencia doméstica, entre otras formas de agresión selectiva, son los principales factores que impulsan a más familias del norte de Centroamérica a huir de sus hogares y buscar protección en otros países, asegura una investigación.

Durante la pandemia del Covid-19, las estrictas restricciones al movimiento en los territorios y el cierre de las fronteras han limitado las opciones para que las personas huyan, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, destaca el informe.

Jean Gough, directora del Unicef para América Latina y el Caribe, advirtió que es probable que el aumento de la pobreza y la violencia hagan que más familias abandonen sus hogares en las próximas semanas y meses ante la crisis sanitaria del Covid-19 y tras el impacto de los huracanes Iota y Eta en la región.

De acuerdo con la ONU, a finales de este año más de 800 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscaron protección dentro de sus países o habían cruzado fronteras para encontrar asilo.

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El crecimiento del PIB de EE UU bate récords en el tercer trimestre

La economía estadounidense crece un 7,4% entre julio y septiembre pero las dudas sobre el curso de la pandemia empañan el optimismo

 

La economía de Estados Unidos creció a un nivel sin precedentes en el tercer trimestre, con un aumento del 7,4% del PIB ―equivalente a un ritmo anualizado del 33,1%―, según ha anunciado este jueves el Departamento de Comercio. El alza se produce después de enormes pérdidas durante el segundo trimestre, cuando el PIB colapsó tras los confinamientos masivos durante la primera ola del covid-19 y cayó un 9%, la mayor caída desde que empezaron los registros en 1947. El PIB estadounidense sigue un 3,5% por debajo del nivel precrisis. El dato de crecimiento conocido a solo cinco días de las elecciones promete arrancar distintas lecturas políticas. Ya este martes, el presidente Donald Trump había prometido en Twitter “un gran PIB”, reforzando así su imagen de candidato más capaz de gestionar la economía.

Aunque el dato concreto resulte positivo, la economía de Estados Unidos se halla sumida en el agujero negro de la pandemia, que puso fin al mayor ciclo expansivo en la historia del país y lo abocó a la recesión. Los pronósticos de los analistas se cumplieron, pues apuntaban que el dato de crecimiento superaría el 7%, más del doble que cualquier tasa de crecimiento trimestral desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que la economía sigue ralentizándose, mientras la crisis sanitaria arroja muchas más sombras que certezas sobre el ritmo de la recuperación, como demuestran el desplome de Wall Street este miércoles por miedo a la espiral de la pandemia y la falta de acuerdo político entre la Casa Blanca y el Congreso para sacar adelante un nuevo plan de estímulos.

Es cierto que la economía estadounidense empezó a recuperarse del cierre de la actividad derivado del confinamiento en los meses de verano, pero los expertos recuerdan que la producción seguiría estando más de un 4% por debajo del nivel de finales de 2019, que es más del mínimo registrado en el pico anterior de la Gran Recesión. Por eso avisan de que un crecimiento rápido en el tercer trimestre no implica que la economía atraviese una fase de pujanza, ya que este periodo mide el nivel de producción de julio a septiembre comparado con la media de abril a junio, y el nivel en abril y mayo estableció una base de referencia tan baja que cualquier aumento, aun mínimo, habría servido para generar un buen dato. Para recuperar el nivel de crecimiento anterior a la pandemia, el PIB debería crecer aún con más fuerza, según los expertos.

“La cifra será histórica sin duda, pero, salvo para la propaganda política, estará por completo desprovista de sentido, pues no nos dirá gran cosa sobre lo que nos espera”, abundaba este miércoles en declaraciones a la agencia France Presse el economista Joel Naroff. El récord anterior de crecimiento trimestral fue del 16,7% en el primero de 1950.

Este jueves, el Departamento de Trabajo ha publicado las cifras relativas a las solicitudes de subsidio de desempleo, que cayeron por segunda semana consecutiva a 751.000, por debajo de lo previsto por los analistas. Aunque el número de solicitantes de ayuda ha bajado del máximo de 6,8 millones registrado en marzo, se halla por encima del pico experimentado en el peor periodo de la gran recesión de 2007-2009, cuando 665.000 estadounidenses se apuntaron al paro.

Sojuzgada por el impacto de la pandemia, la economía de EEUU, que cayó en recesión en la primera mitad del año, aún necesita ventilación mecánica, especialmente si empeoran los datos de contagio y hospitalizaciones por covid-19, sin control en el Medio Oeste del país. Signos claros -por ejemplo, un parón en la venta de casas nuevas desde el verano- apuntan a una desaceleración de la actividad económica este trimestre, y el mismo curso de la enfermedad no permite descartar la posibilidad de un segundo confinamiento y de una recesión aún más profunda.

A finales de marzo, el Gobierno de EE UU logró sacar adelante un plan de rescate de 2,2 billones de dólares, el mayor plan de estímulos económicos lanzado por un país en la historia. El programa, denominado Cares (las siglas en inglés de Ayuda, Alivio y Seguridad económica ante el coronavirus), incluía una partida de 250.000 millones en cheques directos a los ciudadanos con sueldos de hasta 75.000 dólares. En abril, se añadieron otros 484.000 millones de dólares (unos 450.000 millones de euros) para ayudar a los hospitales y a las pequeñas y medianas empresas. En total, Washington ha movilizado casi tres billones de dólares en ayudas a familias y empresas, si bien las ayudas del plan Cares concluyeron en mayo, arrojando a ocho millones de estadounidenses a la pobreza, según un estudio de la Universidad de Columbia.

Por MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO

Nueva York - 29 OCT 2020 - 08:38 COT

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Dani Rodrik propone un "nuevo Estado de Bienestar"

Definiciones del economista turco en la Universidad Di Tella

Si bien es crítico de lo que llama la “hiperglobalización”, advierte que la solución no es volver a aplicar las políticas clásicas del Estado de Bienestar. 

 

“Restituir las estrategias de desarrollo a través de un mayor permiso para introducir protección cuando sea necesario, tanto para la regulación de la inversión extranjera como para el intercambio comercial”, es el camino que se debería adoptar a nivel global para evitar la ruptura del contrato social, afirmó el reconocido

Rodrik es uno de los economistas más influyentes del mundo. De origen turco, es profesor de Política Económica Internacional en la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y tiene una posición muy crítica sobre el rumbo que adoptó el capitalismo desde comienzos de los ´90. "No generó más consumo ni diversificación, sino crisis más frecuentes y más dolorosas. La globalización de las finanzas no implica nada bueno en término de las cosas que más importan", indicó en una charla organizada por la Universidad Torcuato Di Tella que tuvo como moderador a Eduardo Levy-Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de ese centro de estudios.

Si bien Rodrik es muy crítico de lo que llama la “hiperglobalización”, también advierte que la solución no es volver a aplicar las políticas clásicas del Estado de Bienestar. En cambio, plantea que el desafío es más complejo, ya que el futuro del empleo no radicaría en la manufactura sino en los servicios y considera que el Estado no debe solo asegurar educación, salud e ingresos mínimos sino también involucrarse junto al sector privado en la generación de conocimiento y empleos para evitar el "dualismo productivo", uno de los grandes problemas de economías como la Argentina.

El dualismo está dado por un nicho muy productivo que genera poco empleo y otra gran cantidad de sectores poco productivos que emplean a mucha gente.

La pandemia aceleró problemas

Para Rodrik, la crisis de la pandemia del coronavirus profundizó tendencias pre-existentes que venían poniendo en jaque la sostenibilidad de la actual organización de la economía mundial.

En primer lugar está la caída del comercio mundial, que no comenzó con el coronavirus sino hace más de diez años, después del estallido de la crisis financiera de 2008. “Esto rompe con la tendencia que comenzó a principios de los ´90, de creciente integración comercial. La retracción se explica en primer lugar por la dramática caída de las exportaciones chinas en relación a su producto bruto interno, del 35 por ciento en 2007 al 20 por ciento en la actualidad. Algo similar a lo que ocurre en la India”, explicó Rodrik.

El economista también subrayó la “creciente tensión entre los supuestos beneficios de la hiper-especialización productiva y la diversificación”. La especialización radica en que cada país del mundo ocupe un rol en la cadena de valor según su mayor ventaja comparativa (bajos salarios, tecnología o recursos naturales, por ejemplo) mientras que la diversificación supone protección comercial para que el aparato productivo nacional amplíe el rango de actividades que abarca. Sucede que el neoliberalismo extremo y sus instituciones globales como la OMC y el FMI hacen énfasis en el supuesto beneficio de la especialización y en el perjuicio de la política de protección comercial y otras medidas regulatorias. Pero está claro que el capitalismo globalizado en su organización actual genera creciente desigualdad y exclusión social, considera Rodrik.

Vinculado a lo anterior está la tendencia a la desmejora en la distribución del ingreso, que también es previa a la pandemia. “Cada vez es más evidente que es imposible compensar a los ‘perdedores’ con las ‘ganancias’ de la hiperglobalización”, dice Rodrik.

El gran problema: la falta de autonomía

El mayor problema es la falta de autonomía que tienen los países para poder aplicar políticas tendientes a mantener el contrato social y apuntar al crecimiento”, explica el economista, y advierte que esta falta de grados de libertad para la política pública es una de las grandes diferencias frente al período de Bretton Woods, que rigió entre el final de la segunda guerra mundial y la disolución de la URSS.

Para Rodrik, hay un “buen escenario” posible en la post pandemia que consiste en lo siguiente: “un mayor permiso para introducir protección cuando sea necesario, tanto como para la regulación de la inversión extranjera como para el intercambio comercial, para poder restituir las estrategias de desarrollo”. El “mal escenario” sería un endurecimiento del conflicto comercial, similar a la etapa que siguió a la crisis del ´30.

Un nuevo Estado de Bienestar

“América latina sufre un dualismo productivo, con sectores que tiene alta productividad pero no generan empleo y sectores muy atrasados que generan mucho empleo. Esto achica oportunidades para la franja de ingresos medios. El Estado de Bienestar tradicional plantea que con mayor educación y salud pública, los trabajadores pueden acceder a mejores trabajos y así elevar su condición de vida. Pero esto ya no funciona, porque no está disponible la oferta laboral de buenos trabajos. Hay que cambiar la perspectiva”, explica Rodrik.

Para el economista, el “nuevo Estado de Bienestar” debe involucrar más políticas de producción, con fuerte integración del sector privado. Indica que es una prioridad mejorar las habilidades de los trabajadores para que puedan maniobrar la tecnología pero también acomodar la tecnología a las habilidades de los trabajadores. En este sentido, elogió el camino institucional recorrido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“La mejora de la productividad no tiene que venir únicamente del crecimiento de los sectores de punta. Teniendo en cuenta el grado de atraso de gran parte de la sociedad, simplemente sacar a la gente de la informalidad en favor de empleos de productividad media ya mejoraría mucho la situación”, considera Rodrik.

El futuro del empleo

“Puede haber protección para que determinadas industrias se modernicen. Pero no creo que los empleos manufactureros vayan a volver, no creo que ese sea el futuro en la economía. Los grandes generadores de empleo serán los sectores de servicios, salud, educación y retail”, analiza el economista.

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El desempleo en Colombia se dispara hasta el 19,8% en abril

Los desempleados pasan de 2,5 millones hasta más de 4 millones en el primer mes completo de cuarentena para frenar la pandemia

 

Colombia ya siente con fuerza la dentellada económica provocada por el coronavirus. La tasa de desempleo, el tradicional talón de Aquiles de una de las economías más estables de América Latina, se disparó hasta el 19,8% en abril, el primer mes completo de la cuarentena nacional decretada por el Gobierno de Iván Duque para frenar la propagación de la covid-19. El dato divulgado este viernes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística está en línea con las proyecciones más pesimistas y representa casi el doble con respecto a la tasa de abril de 2019.

En un mes, más de 5,3 millones personas dejaron de estar ocupadas en el país andino, la cuarta parte de los puestos de trabajo. En ese mismo periodo, los desempleados pasaron de 2,5 millones a 4,1 millones, mientras la población ocupada se ubicó en 16,5 millones de personas. Como se anticipaba, los sectores más golpeados fueron industria manufacturera, comercio, restaurantes, actividades artísticas y de entretenimiento. Si se amplía el periodo de febrero a abril, la tasa de desempleo se ubica en 14,6 %. El pasado marzo, cuando los colombianos llevaban cerca de una semana sometidos a las inéditas medidas de confinamiento, el desempleo ya había subido al 12,6%.

Colombia arrancó este año con los mejores números entre los países grandes de la región. El crecimiento de los dos primeros meses superaba el 4%, pero la incertidumbre de marzo, cuando se inició la cuarentena, bastó para frenar ese impulso y cerrar el trimestre con un crecimiento de 1,1%. Es probable que el pasado abril quede registrado como el mes de peor desempeño económico en la historia de Colombia, coinciden diversos analistas. Para este año, el Ministerio de Hacienda prevé una desaceleración en torno a -5,5%, aunque para el Fondo Monetario Internacional la caída será de -2,4%.

Después de más de dos meses del llamado “aislamiento preventivo obligatorio”, el país se apresta a pasar a una nueva fase que relaja las medidas de confinamiento a partir del lunes. El Ejecutivo ha insistido en recuperar la “vida productiva” –más no la “vida social”– mediante una reactivación económica escalonada. Desde hace varias semanas, sectores como la construcción, la manufactura y algunos comercios están autorizados a salir a las calles bajo ciertos protocolos, y a partir de junio las numerosas excepciones también cobijan las "actividades profesionales, técnicas y de servicios en general”, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales, así como los museos, bibliotecas y peluquerías, entre muchas otras.

Aunque exhibe con orgullo una de las economías más estables de América Latina, que solo ha acabado un año en negativo en más de medio siglo, Colombia también ha mantenido una tasa de desempleo “inaceptablemente alta”, como reconocía en noviembre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El año pasado volvió a ubicarse por encima de los dos dígitos (10,5%) y el coronavirus amenaza con llevarla por encima del 20 % en 2020.

La preocupación también se asienta en el frente de la larga lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para 2018, Colombia había reducido el porcentaje de su población por debajo de la línea de pobreza hasta el 27 %. Un reciente estudio de la Universidad de Los Andes advierte que la pandemia puede representar un retroceso de dos décadas, hasta los tiempos en que cerca de la mitad de la población se ubicaba por debajo de ese umbral.

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Lunes, 18 Mayo 2020 06:24

Delinear lo posible

Delinear lo posible

A lo largo de la pandemia se ha conformado una serie abundante de posibles escenarios sociales que surgirían como consecuencia de este virus. Se plantean desde distintas perspectivas políticas e ideológicas; apuntan a diversas formas de reconfiguración, ya sea del ejercicio del poder, de los modos de control social, de las relaciones personales, etcétera.

Se dice que nada será como antes y no podría serlo. Nadie lo sabe y menos aun se puede delinear si eventualmente ese nuevo entorno será mejor o no. En muchos casos, en la nueva prédica, se puede reconocer lo que se pensaba de antemano, cuando no había irrumpido el virus. Como si la pandemia reivindicara esas presunciones.

La noción del futuro que podemos tener está cargada de concepciones del pasado, sin admitir que existen discontinuidades. Hay ideas que ya han caducado. No hay vaticinios que sean valederos; el de profeta es un oficio delicado, práctica que no debe abusar so pena de ser irrelevante. La configuración de lo venidero se está gestando a diario en las decisiones que se toman en las arenas pública y privada.

Tal vez distopías, como las planteadas por Orwell y Huxley, entre otros, sean una forma adecuada de aproximarse a esta situación. Después de todo no han fallado por mucho en las visiones que ofrecieron. En todo se advierten los residuos de ideas ya concebidas antes y durante la globalización.

Se celebra el resurgimiento del populismo, que utiliza la pandemia para reforzarse, junto con un resucitado nacionalismo radicalizado, que a veces se parece más a un provincialismo sin horizontes. Ambos se cultivan con crecientes ánimos, en una suerte de variaciones sobre un mismo tema, como si hubiera amnesia histórica.

Se proclama, en ocasiones, que el autoritarismo lleva una ventaja y así se embiste en contra de la democracia, valor cultural, ciertamente imperfecto, que no debería ponerse en riesgo.

Se han restringido las libertades individuales en aras de combatir el virus. En muchos casos se ha impuesto la coerción de tipo policiaco. De tal manera la tentación anarquista puede ser grande, como puede verse ya en algunos países. La creciente fragilidad social, que se ha ido creando durante décadas y que se ha exacerbado de modo brutal con la pandemia, alienta el cuestionamiento de los regímenes democráticos y muchos políticos y grupos de poder lo explotan en su favor, como no podría ser de otra manera.

Pero está, asimismo, la realidad ineludible de la desigualdad, que hace imposible para muchos confinarse y cargan con consecuencias muy graves y onerosas. La pandemia no es equitativa.

En todo caso, cualquier escenario social que vaya surgiendo ahora requiere una base material para superar la afectación económica. Deben satisfacerse las necesidades de la población, que se han acumulado en semanas recientes, recrear la ocupación y generar ingresos. No sólo de pan vive el hombre, pero necesita de pan para vivir. Esto no puede quedar fuera de ningún postulado político, no puede faltar en un plan económico de reactivación ni puede omitirse de ninguna premisa de índole moral.

Se sabe que las fuerzas del mercado no consiguen crear ajustes que generen equilibrios en la producción y el empleo, que no logran elevar el nivel de bienestar de una parte grande de la población y que la desigualdad es un fenómeno extendido y creciente, que el sistema de los precios no asigna eficientemente los recursos. Entonces, no puede pensarse que la reactivación económica que ya se promueve, aun estando en medio de la pandemia, se conseguirá sin intervenciones decisivas de parte del gobierno y también con los recursos privados, los pequeños que se han dañado mucho y los grandes.

La pandemia ha provocado un daño económico muy severo. En este caso, ningún escenario que se formule sobre este asunto puede pretender siquiera en ninguna parte que las cosas serán como antes. Ese daño se expresa en muchas dimensiones. Las decisiones de corte general son clave para conseguir una recuperación, pero lo son aun más las de naturaleza específica para que se puedan rehacer las bases de la vida cotidiana, la salud perdida, los patrimonios maltrechos, los inventarios liquidados, recrear cierto nivel de bienestar.

El daño provocado por la pandemia ya está hecho y tiende a crecer. La ocupación informal va a aumentar, el empleo formal se contraerá fuertemente, igual que las inversiones.

No hay en ninguna parte un conjunto de medidas de política pública que consiga sobrepasar sin fricciones el impacto adverso del virus en la actividad económica, sobre todo en el ingreso de las familias; recrearlo mediante el trabajo es prioritario.

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Economía informal, la más afectada por confinamiento: OIT

Las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar la pobreza de quienes trabajan en la economía informal a nivel mundial; las mujeres serán el grupo más afectado, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un nuevo informe.

 

Con base en datos del informe “La crisis por COVID-19 y la economía informal”, se estima que las medidas de distanciamiento social ya tienen un impacto significativo en 1.6 billones de trabajadoras y trabajadores informales, con mujeres sobrerrepresentadas en los sectores más afectados. Estos incluyen a quienes laboran en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultoras y agricultores que abastecen los mercados urbanos.

En 2020, más de 2 mil millones de personas trabajadoras se ganan la vida en la economía informal. Esto es 62 por ciento de todas los y los trabajadores del mundo. El empleo informal representa 90 por ciento del empleo total. Sin embargo, de acuerdo con la OIT, las mujeres están más expuestas a la informalidad en los países de ingresos medios bajos y bajos, y a menudo se encuentran en más situaciones vulnerables que sus pares masculinos. Las mujeres, además, se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destacó el informe.

Lo mismo pasa en las empresas informales, que representan ocho de cada diez empresas en el mundo. Esto incluye a empresas que a menudo emplean a diez o menos personas, incluidas trabajadoras familiares no remunerados, que son principalmente mujeres que trabajan en condiciones precarias, sin protección social o medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estos negocios tienen baja productividad, baja tasas de ahorro e inversión, y capital acumulado insignificante, lo que los hace particularmente vulnerables a los choques económicos y a menudo están excluidos de los programas de asistencia financiera a corto plazo para enfrentar la crisis por COVID-19.

Muchas mujeres y hombres en la economía informal necesitan obtener un ingreso para alimentarse a sí mismos y a sus familias, ya que la mayoría de ellos no pueden confiar en el reemplazo de ingresos o ahorros. No trabajar y quedarse en casa significa perder sus trabajos y sus medios de vida, sin embargo, el distanciamiento físico es difícil de aplicar para quienes trabajan, por ejemplo, como vendedores ambulantes y de mercado, o trabajadoras a domicilio.  “‘Morir de hambre o del virus” es un dilema real que enfrentan muchas personas trabajadoras de la economía informal’”, señaló el organismo. 

Sin embargo, dado que las condiciones laborales precarias derivan en malas condiciones de vida, las y los trabajadores de la economía informal también son un grupo vulnerable incluso si se quedan en sus hogares. De acuerdo con la OIT, en las zonas urbanas, las y los trabajadores y sus familias permanecen expuestas al virus debido a las condiciones insalubres o de hacinamiento en las que viven, y que hacen que el distanciamiento físico sea casi imposible. Estas personas también enfrentan obstáculos para acceder al agua corriente en sus hogares, lo que no solo limita las posibilidades de lavarse las manos, sino que a menudo obliga a las mujeres a hacer fila para obtener agua, lo que las pone en peligro a sí mismos y a su comunidad.

Frente a esta situación la OIT señaló que las repercusiones de la pandemia de COVID-19 requieren medidas rápidas y efectivas para mejorar la seguridad de los ingresos para las y los trabajadores en la economía informal, especialmente para mujeres con niños pequeños, un grupo con mayor riesgo económico privación. Los países pueden usar diferentes mecanismos para extender el apoyo a los ingresos a los trabajadores de la economía informal.

Por ejemplo, es factible canalizar fondos a través de bancos, instituciones microfinancieras y cooperativas financieras con criterios de divulgación claramente definidos y anunciados oficialmente y con transparencia. Esto mejoraría la difícil situación de las mujeres empresarias informales en especial, dijo el organismo. 

La OIT también expresó que quienes trabajan en la economía informal deben ser sujetos centrales para todas las respuestas frente al COVID-19. Para esto, fortalecer la participación de las mujeres el diálogo entre el gobierno y la sociedad puede ser clave. 

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