Los grandes retos de Colombia por el Trabajo Decente
  • — Aumentó en 10% cifra de trabajadores que ganan un salario mínimo o menos—
  • — 48.6% de los trabajadores son pobres, ganan un salario mínimo o menos—
  • — 64% de trabajadores carece de alguna protección en seguridad social—
  • — 3´700.000 personas padecen de relaciones laborales ilegales—
  • — 3 millones de trabajadores del campo no tienen contrato laboral, son jornaleros—
  • — De cada 10 personas ocupadas en trabajos precarios, 7 son mujeres—
  • — 12´573.409 trabajadores no tienen protección en riesgos laborales—
  • — Desde 2010 Min-Trabajo impuso 9.048 sanciones, pero solo cobró 38—
  • — Se mantiene violencia antisindical: 15 homicidios en este 2015—

 

El mundo laboral se detiene este miércoles 7 de octubre. Y lo hace para reflexionar sobre el trabajo, su calidad y los retos que Colombia debe asumir para garantizar que el trabajo sea fuente de calidad de vida para las personas y escenario en el que la ciudadanía negocia mejores condiciones laborales en un marco de respeto y diálogo social.

Para contribuir a esta necesaria reflexión la Escuela Nacional Sindical publica el 8º Informe Nacional de Trabajo Decente, en el marco de las Jornadas Mundiales que el sindicalismo mundial y la sociedad civil celebran hoy.

La ENS ratifica su esperanza en los acuerdos que avanzan en La Habana y en su potencialidad para propiciar transformaciones profundas en estructuras y relaciones laborales todavía signadas por la precariedad, la incertidumbre de los trabajadores, la desigualdad, la discriminación y las amenazas o presiones a quienes ejercen su derecho de sindicalizarse.

Ahora que caminamos hacia el acuerdo de paz con las FARC, el país debe tener la capacidad de reconocer las carencias en Trabajo Decente y convertirlas en retos que deberán ser abordados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los acuerdos en torno a las políticas de trabajo decente, y en las grandes reformas que se necesitan para implementar los acuerdos para terminar el conflicto armado.

Otro gran reto para la construcción de la paz será que aprendamos como sociedad a tramitar, resolver y transformar los conflictos de manera pacífica y fructífera para las personas y el bien público. Los acuerdos de paz generarán una ola modernizadora del país, y esperamos que esa ola contribuya a democratizarlo. En el mundo del trabajo la modernización y la democratización pasa por la legalidad laboral y el diálogo social.

En estos asuntos, como muestra el informe, falta mucho camino por recorrer para llegar a condiciones de trabajo decente que al menos generen empleo estable y productivo, que cese la persecución contra los trabajadores que buscan mejorar sus condiciones laborales sindicalizándose, y que el Estado tenga la capacidad de proteger los derechos de la población que trabaja.

Según los resultados de la Encuesta de Opinión Sindical que publicará la ENS a comienzos de noviembre, más del 60% del movimiento sindical colombiano respalda el proceso de negociaciones de paz, y se movilizará masivamente en su defensa buscando especialmente reparación colectiva y reconstrucción del tejido social. Por el lado empresarial, estudios contratados por la Cámara de Comercio de Bogotá sitúan en el 55% el respaldo al proceso.

 

He aquí las 7 claves para entender las dificultades y los retos para lograr el trabajo decente en Colombia:

 

Romper el cuello de la informalidad

 

Según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en Colombia trabajan 21´503.000 personas, pero el 64% de ellas carece de alguna protección en seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías o afiliación a una caja de compensación), es decir, 13´750.000 personas, que es el indicador mínimo, aunque insuficiente, de formalidad y legalidad en las relaciones laborales.

Tenemos que señalar que 9´163.000 personas trabajan por cuenta propia, y es en este sector en donde se crea más empleo. El 64% de los colombianos trabajadores no tienen posibilidad de contar con un proyecto de vida a largo plazo.

La práctica de relaciones laborales ilegales es un fenómeno extendido que padecen al menos 3´700.000 personas en el país, quienes prestan sus servicios a un empleador y éste no les garantiza derechos laborales ni protección social.

La informalidad es situación que ha permanecido casi invariable durante décadas, a pesar de la transformación en las variables de ocupación y de los cambios legales para promover la formalización.

El cumplimiento de la ley laboral es el acto esencial de las obligaciones empresariales y el control a su incumplimiento el primer deber del Estado. Estas acciones son fundamentales a emprender para construir trabajo decente. Ellas pueden iniciarse en las áreas ya priorizadas en el Plan de Acción Laboral.

 

Forjar la paz en el campo con trabajo decente

 

Implementar los acuerdos de paz en el desarrollo rural implicará, sin duda, un proceso amplio de modernización de las relaciones laborales con trabajo decente, mediante la negociación colectiva con organizaciones sindicales que se reconstruyan. El impulso modernizador del campo deberá tener en el centro la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, y la presencia de la institucionalidad pública laboral (jueces laborales e inspectores del trabajo). Ya el Gobierno le ha pedido a la Organización del Trabajo (OIT) cooperación técnica para la implementación de las normas internacionales en el agro (inspección rural, asociación sindical).

La realización del Censo Nacional Agropecuario ha descorrido la indiferencia y los velos que le ocultaron al país las complejas realidades del trabajo rural, que se realiza en la actividad agropecuaria, la pesca, la silvicultura y la minería.

En el país hay 4.6 millones de personas trabajando en el sector rural, y de ellas 2.9 millones trabajan en la agricultura y 1.7 millones en otras actividades. El llamado cuentapropismo es alto, constituye el 50% de la población trabajadora. Así que más de 3 millones de trabajadores carecen de relación laboral alguna.

Dos datos, el de afiliación al sistema de riesgos laborales y los salarios en el sector agrícola, muestran el drama laboral en el campo: el 91% de las personas que trabajan en la agricultura carecen de protección por riesgos laborales, mientras la tasa nacional de afiliación es del 41,6%. El ingreso de los trabajadores de la agricultura es en promedio el 73% del salario mínimo ($469.333), mientras que el promedio nacional de ingresos es el 125% de un salario mínimo ($816.646). La brecha es dramática.

La precariedad del trabajo rural no se refiere únicamente a las cada vez más limitadas unidades agrícolas familiares. La precariedad está en boyantes sectores cobijados por el Plan de Acción Laboral, como el palmicultor o el floricultor, en los que 180.000 personas trabajan en situación precaria. Igualmente es histórica, y sin remedio, la informalidad en la caficultura y la ganadería. En cambio en la industria bananera existe un modelo moderno de relaciones laborales con negociación colectiva, diálogo social y contratación laboral directa. Es un ejemplo a seguir.

 

Hacer del ingreso digno un propósito de país

 

El trabajo como la fuente cierta de ingresos para tener calidad de vida y ofrecer oportunidades a las personas y a las familia, se realiza con salarios y garantías laborales suficientes. Pero eso no se da en Colombia.

La mitad de los trabajadores colombianos son pobres. Las cifras revelan que el 48,6% (10´450.000) de las personas con ingresos laborales obtienen un salario mínimo o menos cada mes. O sea que se encuentran en condiciones de pobreza. Pero eso no es lo peor, según el DANE este porcentaje subió más de 10 puntos entre 2013 y 2014, es decir los ingresos de los colombianos disminuyeron en el último año a pesar de la prosperidad o la paulatina disminución del desempleo.

Según las cotizaciones al sistema de pensiones, en el extremo superior sólo el 4,4% de los trabajadores acceden a ingresos laborales superiores a 8 salarios mínimos, que les permiten ubicarse en el decil más alto de los ingresos. Y apenas otro 4,3% de los asalariados obtiene ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos, que les permiten disponer de alguna parte de sus ingresos para algo más que satisfacer sus necesidades básicas.

La inequidad laboral y el acceso a la propiedad de la tierra son las principales razones por las que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del continente, y no ha habido una variación significativa en esta situación. El coeficiente de Gini es de 0.538, sin variación en los últimos 3 años.

 

Combatir la desigualdad de género en el trabajo

 

Para las mujeres colombianas la vida laboral sigue siendo fuente de discriminación, exclusiones y razón de pesadas cargas que llevan solas.

La tasa de desempleo sigue siendo más alta para las mujeres (12%) que para los hombres (7%). La inmensa mayoría de las mujeres (53,4%) gana por su trabajo 1 salario mínimo mensual o menos. Y las mujeres siguen sosteniendo la vida familiar. En promedio una mujer trabaja en su casa, o en las de otros, 6,3 horas diarias, realizando labores domésticas o de cuidado sin remuneración alguna.

Usando las cifras oficiales, la Escuela Nacional Sindical constató que 7 de cada 10 personas ocupadas en los trabajos más precarios (servicios sociales, comunales y personales) son mujeres, mientras que 8 de cada 10 persona ocupadas en agricultura, pesca y ganadería son hombres. También reconoció que si bien las mujeres aumentan su participación laboral, ello no significa que accedan a cargos de dirección: sólo el 25,8% de las mujeres desarrolla un cargo de dirección o autoridad, ello a pesar de que las mujeres tienen hoy niveles más altos de escolaridad que los hombres.

El Plan Nacional de Desarrollo se reduce a considerar la oferta de empleos como política para generar equidad de género en el trabajo y no apunta a resolver otro de los problemas serios de la desigualdad laboral, que es la doble jornada, como carga que todavía pesa sobre sus hombros.

 

Definir una política de salud laboral

 

En el trabajo las personas están en riesgo permanente por falta de cobertura, el 58,4% de los trabajadores no tiene protección por riesgos laborales (12´573.409 personas).

Reconociendo que solo el 41,6% de quienes trabajan están afiliados a una ARL, en el año 2014 y oficialmente se registraron en el país 568 muertes por accidentes de trabajo (2 diarias en promedio), 687.171 accidentes de trabajo no letales (1.883 diarios) y las Aseguradoras de Riesgos Laborales apenas reconocieron 9.771 casos de enfermedad laboral (27 casos diarios).

Aceptando que la informalidad y la precariedad del trabajo hacen que casi el 60% de las personas que trabajan no tengan acceso a la atención por riesgos o enfermedades laborales, y que el sistema está diseñado para evitar el reconocimiento de estos hechos, es clara la existencia de un enorme subregistro.

El Gobierno, las aseguradoras de riesgos laborales y las empresas están en mora de diseñar un sistema de seguridad laboral que se fundamente en la afiliación universal, mejorar la prevención y no simplemente atenuar los riesgos para la salud o los efectos de los accidentes en el trabajo, y estudiar a fondo los impactos que en la salud de las personas tienen el trabajo precario y desprotegido.

 

Fortalecer la inspección laboral

 

La creación del Ministerio de Trabajo no ha contribuido, como se esperaba, a fortalecer y hacer eficiente un modelo de inspección laboral que atienda los estándares del derecho internacional del trabajo y las prioridades establecidas en el Plan de Acción Laboral; un modelo que garantice el ejercicio de los derechos humanos en el trabajo, mejore las condiciones de los trabajadores y tenga capacidad de hacer valer su capacidad legal, policiva y sancionatoria.

Las cifras que prueban la ineficacia de la inspección laboral abruman y provienen del propio Ministerio de Trabajo. De cada 4 quejas que presentan trabajadores y sindicatos buscando protección a las libertades sindicales, en 3 casos los inspectores no actúan, no protegen derechos. A pesar del uso masivo de la intermediación laboral ilegal, los inspectores del trabajo solo han iniciado 261 investigaciones entre 2012 y 2014. Desde su creación en el 2010 Ministerio de Trabajo ha impuesto 9.048 sanciones y multas, pero solo se han cobrado 38, al rededor del 0,5% del total. Así que la función disuasiva de las sanciones es inexistente y el monto de las multas es irrisorio, la impunidad es casi completa.

La consolidación del modelo de inspección laboral le exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo generar la carrera administrativa que ofrezca estabilidad laboral a los inspectores, llevarlos al trabajo de campo y procurar que las sanciones impuestas se hagan efectivas. Una situación que no se ha conseguido hasta ahora.

 

Garantizar el diálogo social

 

El diálogo social se garantiza por los derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Es decir, el diálogo social es posible si los trabajadores se pueden sindicalizar, si los empresarios no usan formas ilegales de tercerización o persiguen a los trabajadores que se sindicalizan, y si el Estado protege los derechos de los trabajadores. Diálogo social hay si tenemos sindicatos fuertes y gremios empresariales representativos, y ninguna de estas cosas ocurre en el país.

En Colombia sólo 4,4 de cada 100 personas que trabaja está sindicalizada. La modificación de esta tasa impone reducir la tercerización y la persecución antisindical, aunque los sindicatos vienen dando fuertes batallas para afiliar trabajadores tercerizados, lo que ha generado un aumento del número de sindicalizados en el país, que pasaron de 830 mil en 2010 a 960 mil en 2014, cifra que no incluye a los trabajadores bajo la modalidad de contrato sindical gestionados por sindicatos ficticios. Este aumento de la sindicalización, que ocurre en medio de grandes obstáculos, quebró la tendencia a la baja que ocurría desde 1984, cuando la tasa de sindicalización alcanzó a ser del 16%.

Esta recuperación de la afiliación sindical ha sido recibida con hostilidad por el empresariado. La Encuesta de Opinión Sindical de la ENS muestra cómo para los dirigentes encuestados los principales problemas para el ejercicio de la libertad sindical son: despidos injustificados, hostigamiento, amenazas de despidos y prohibiciones para sindicalizarse.

El segundo gran derecho sindical, el de negociación colectiva, ha disminuido. En 2013 se firmaron 459 convenciones colectivas, en 2014 solo 347, mientras tanto aumentan las herramientas antisindicales que fingen ser negociación colectiva, como los pactos colectivos y los contratos sindicales. Los primeros pasan de 204 a 236 del 2013 al 2014, y los contratos sindicales se disparan y pasan de 984 a 1.925 en esos dos años. Hoy están vigentes 3.441 contratos sindicales, administrados por 141 sindicatos de papel. La inmensa mayoría de estos contratos tercerizan trabajadores del sector de la salud.

La dinámica de la movilización y protesta de los trabajadores por razones laborales se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, en comparación a lo ocurrido entre 1990 y 2010.

En este contexto restrictivo de las libertades sindicales y de esfuerzos de las organizaciones por crecer y aumentar la sindicalización, se mantiene la violencia antisindical. El Sistema de información en derechos humanos de la ENS ha registrado 15 homicidios de sindicalistas en el transcurso del año 2015, registró 21 casos en 2014, de un total de 380 violaciones a derechos humanos de miembros de organizaciones sindicales. Y desde 1977 ha registrado 3.088 homicidios que han afectado a 450 sindicatos.

Enormes retos enfrentarán sindicatos y sociedad entera en el futuro cercano cuando operen la comisión de la verdad, la justicia especial de paz y se concrete el proceso de reparación colectiva al sindicalismo como víctima.

Alcanzar la paz duradera requiere garantizar trabajos productivos, con derechos y con protección social; libertades sindicales y diálogo social eficaz. Para lograrlo es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad pública, porque tanto en sentido general como en el particular del mundo del trabajo, el esfuerzo mayor que deberá emprender la sociedad colombiana será fortalecer esas instituciones públicas para prevenir y solucionar los conflictos laborales, lo que sin duda requerirá de nuevos marcos legales que contribuyan a establecer relaciones laborales basadas en el respeto de los derechos laborales, en el diálogo y la negociación colectiva.

Con seguridad deben comenzar debates públicos alrededor de la política de formalización laboral, el fortalecimiento de la inspección laboral, la negociación colectiva por rama de actividad económica y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

 

Cuadros con información relevante*

 

 

 

 

*Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, Escuela Nacional Sindical (ENS), Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

 

 

Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado, tres veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa, dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.

 

Publicado 7 de octubre de 2015.

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La burbuja del petróleo estalla en Puerto Gaitán

El auge y caída de un municipio pobre del interior de Colombia ilustra la crisis provocada por el descenso en los precios del crudo

Las toninas son unos delfines rosados que, se supone, uno puede avistar en el río Meta. Hasta 2007, una réplica de estos cetáceos sobre una fuente saludaba a la entrada de Puerto Gaitán. Todo terminó cuando el petróleo empezó a permear la vida del último núcleo urbano previo a Campo Rubiales, el mayor complejo petrolero de Colombia. Hoy, un inmenso arco por el que se pagó más de un millón y medio de euros y decorado con coloridas flores inexistentes en la zona da la bienvenida al visitante con un pequeño letrero en el que se lee: Puerta al paraíso.


Hace 10 años Puerto Gaitán contaba con 18.000 habitantes y era el municipio más pobre del departamento del Meta, en el interior del país. Con la bonanza petrolera, las tornas se invirtieron y la localidad alcanzó los 45.000 vecinos en 2014. Pasó a ser la más rica y su gente disfrutaba de una de las mejores rentas per cápita del país. Campo Rubiales, a poco más de 160 kilómetros, tuvo la culpa. En 2007 apenas producía 25.000 barriles de crudo diario. Bajo la gestión de Pacific Rubiales, dirigida por el venezolano Ronald Pantin, trabajador durante más de 20 años de PDVSA, la producción superó los 230.000 barriles diarios, el 25% de la producción de Colombia.


La repercusión en la vida de Puerto Gaitán fue inmediata. De apenas dos calles pavimentadas se ha pasado a calzadas asfaltadas y a partir de las dos pequeñas plazas han crecido negocios de telefonía, ferreterías, restaurantes... En siete años se crearon 120 hospedajes. La entrada de millones de pesos en las arcas públicas permitió celebrar un festival de música en enero. Durante tres días, más de 65.000 personas mueven la economía local de tres o cuatro meses. Por su escenario han desfilado artistas internacionales como Marc Anthony, Juan Luis Guerra o Daddy Yankee. El patrocinio del sector petrolero, en algunos casos de hasta mil millones de pesos (300.000 euros), cubría las actuaciones.

El tiempo verbal, sin embargo, debería ser ya el pretérito. Desde el pasado verano, muchos establecimientos han tenido que cerrar y en otros cuelga el cartel de "se alquila" o "se vende". Donde hace años se pagaban 450.000 pesos (143 euros) por una habitación hoy son 150.000 (50 dólares). Entre 2009 y 2013, las licencias de construcción oscilaban entre las 180 y las 200 al año; en 2014, eran de 132. En estos siete meses, se han firmado 32.


Industria en horas bajas


La crisis mundial del crudo ha golpeado de lleno Colombia. Según la Asociación Colombiana del Petróleo, para este año estaban programadas las perforaciones de 47 pozos. En mayo solo se habían iniciado nueve. El Estado colombiano dejará de recibir en 2016 entre 15 y 20 billones de pesos por ingresos del petróleo. Entre directos e indirectos, el sector generaba 120.000 empleos, de los que 20.000 se podrían ver afectados.


Wilson Romero, propietario de una droguería y de una clínica por la que solían pasar 50 o 60 personas al día, se da con un canto en los dientes cuando atiende a cinco personas. "Casi tenemos que hacer fiesta, lo normal es recibir a dos o tres al día", se resigna Romero, un hombre de 60 años que se desenvuelve por el pueblo como si fuese el alcalde. En dos años tuvo que despedir a cuatro de sus 14 empleados y no descarta prescindir de dos más en los próximos meses.


La mayoría de sus clientes eran trabajadores de Campo Rubiales. Como los que acudían a Juan Pablo Posso, director del Instituto Petróleo HSEQ, uno de los encargados de capacitarlos en labores de altura y primeros auxilios. De una media de 200 personas se ha pasado en menos de un año a 80, la mayoría de ellas dedicadas a la construcción.


Con la caída de sol, los camiones cisterna pernoctan a las afueras de Puerto Gaitán. Los aparcamientos, desiertos, se asemejan a un cementerio de vehículos. Hace solo un día que Natalia Leyva, hoy aspirante a alcaldesa, ha decidido cerrar el suyo. En sus terrenos llegó a alojar a 330 camiones cada noche. Los últimos meses, no pasaba de tres. Los lugareños viven inmersos en la añoranza. Los hay quienes, como Wilson Romero, apuran alguna cerveza en la terraza de un bar antes de moda. Es viernes por la noche y apenas hay sillas ocupadas en el local donde aún cuelgan carteles promocionando el Mundial del año pasado. Enfrente, el delirante arco sigue dando la bienvenida a un paraíso que ha resultado efímero.

 

El crecimiento económico se frena en América Latina


El horizonte económico no es halagüeño para Colombia, como tampoco para el resto de la región latinoamericana. Si la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recortaba la previsión de crecimiento en América Latina para 2015 en cuatro décimas, hasta el 0,5% (1,7% para 2016), sólo en Colombia, el retroceso es de medio punto, hasta el 3%. La caída de precios de las materias primas es uno de los principales lastres de las economías, sumado a la falta de inversión y la pérdida de confianza.


De la revisión del FMI solo saca la cabeza Argentina, con un pronóstico del 0,1% para el presente año, cuatro décimas por encima de lo esperado. Junto a Colombia, el Fondo redujo la estimación de crecimiento de Perú, hasta el 3,2%, y Chile, al 2,5%. Brasil caerá un 1,5% y México avanzará un 2,4%, por debajo de lo previsto.


Las exportaciones de hidrocarburos en Colombia representan el 54% del total del país, el 40% de la inversión extranjera proviene de la industria petrolera y la quinta parte de los ingresos fiscales del país los genera este sector. Pese a ello, las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantienen una estela de crecimiento sostenible para el país en un momento en que, si algo necesita, son unas boyantes arcas para afrontar, llegado el caso, el posconflicto tras más de cinco décadas de guerra.

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Situación laboral y sindical de Colombia, en cifras

Pobreza y desigualdad:

El crecimiento económico del país beneficia más a personas de altos ingresos. La desigualdad no disminuye. En 2014 el índice Gini (que mide la concentración de la riqueza) fue 0,538. Bajó sólo 0,001 puntos con respecto a 2013.
La tasa de pobreza fue 28,5% (13´210.000 personas pobres). En las zonas rurales la pobreza es más alarmante: 41,4%. La tasa de pobreza extrema, o indigencia, fue de 8,1% (3´742.000 personas).

Generación de empleo e ingresos:


En 2014 el total de ocupados fue 21´503.000, o sea 2´290.000 nuevos ocupados con respecto a 2010. Más allá de este incremento, se debe analizar la calidad del empleo generado, que en mayor porcentaje ha sido en la informalidad.
Desempleo en 2013 fue de 9.6%, en 2014 de 9.10%. Cúcuta fue la ciudad con mayor desempleo (15,0%) y San Andrés la de menor (7,0%); para un total de 2'151.000 desocupados.

La mayoría de los ocupados, 51,8%, se caracteriza por ser no asalariados, esto es 11´130.000 personas, en su mayoría con empleos de baja calidad.
En materia de ingresos, el 48,7% de los ocupados tuvo ingresos de 0 a 1 salario mínimo legal (el 23,2% devengó de 0 a 0,5 smlmv; y el 25,4% de más de 0,5 a 1 smlmv). Esto como producto de la informalidad y subcontratación laboral.

 

Formalización laboral:


En el primer semestre de 2014 la tasa de informalidad laboral nacional, según acceso a la seguridad social, fue de 63,0%; en las 13 áreas metropolitanas fue 48,4%, o sea 5´076.000 personas. Esta es por lo general una población con deficiente calidad de empleo en cuanto a ingresos, estabilidad, negociación colectiva, jornada laboral y acceso a seguridad social. Cúcuta fue la ciudad con la mayor tasa de informalidad (70,7%) y Bogotá con la menor (43,7%).
El 46,6% de la población ocupada no tiene contrato de trabajo, 29,5% tiene contrato escrito, y 18,8% uno verbal.
La tasa de afiliación al sistema de pensiones fue 35,6%, cifra inferior en 6,4 puntos a la meta del gobierno.
Solo uno de cada 4 adultos mayores recibe pensión.

 

Enfermedad y muerte en el trabajo:

Sólo el 41,6% del total de ocupados (8´935.748) está afiliado al sistema de riesgos laborales. O sea que de 100 ocupados, 58 están por fuera del sistema. Además del total de afiliados solo 4,7% son trabajadores independientes.


En 2014 los accidentes se incrementaron 15,7% respecto a 2013, y esa misma tendencia se observó en las enfermedades laborales y las muertes en el trabajo. Se produjeron 580 muertes calificadas, mayoritariamente en sectores inmobiliario y construcción.

 

Las brechas de género:

En cuanto a la participación en el mercado laboral, la brecha entre hombres y mujeres no presentó cambios significativos: en 2014 fue de 22 puntos.

En el tema del desempleo, la brecha permaneció en 4,9 puntos a nivel nacional y en 7,0 puntos en zonas rurales.

En materia salarial, el 53,4% de las mujeres se concentró en el rango salarial de entre 0,0 y 1 smmlv, mientras que en ese rango está el 45,3% de los hombres. De las personas que recibieron más de 1,5 smmlv, solo el 36% eran mujeres.

 

Los jóvenes continúan en desventaja:


A pesar de los esfuerzos planteados por la Ley 1429 de primer empleo, la calidad de los empleos de los jóvenes no mejora. Colombia continúa con una de las tasas de desempleo juvenil más alta del promedio de América Latina.

En 2014 la tasa de desempleo juvenil fue 15,8%. Los jóvenes desempleados representaron el 51,1% del total de desempleados. Y a las mujeres jóvenes les va peor: tienen tasa de desempleo de más de 8 puntos por encima de los hombre jóvenes: 20,7% contra 12,2%, respectivamente.

 

Trabajo infantil sigue en altos niveles:

- La tasa de trabajo infantil fue de 9,3%, rebajó 0,4 puntos con respecto a 2013. La tasa ampliada, que tiene en cuenta a los niños, niñas y adolescentes que trabajaron en el hogar más de 15 horas a la semana, fue de 13,9%.


- 1´039.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en Colombia. Los sectores en los que más lo hacen son: comercio, hoteles y restaurantes (38,2%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (34,0%), e industria manufacturera (11,4%).


- El 53,1% de los niños, niñas y adolescentes trabajan sin remuneración; 22,9% reciben hasta 1/4 smmlv; 12,8% más de 1/2 smmlv; y 9,3% entre 1/4 y 1/2 smmlv.

 

Negociación colectiva sigue marginal

- En los dos últimos años se firmaron 432 acuerdos colectivos en el sector público, que beneficiaron aproximadamente 728.517 funcionarios.

- En 2014 se instauraron ante el Ministerio del Trabajo 50 querellas por uso ilegal de pactos colectivos, que es una estrategia de los empleadores para impedir la organización de los trabajadores, o evitar que los sindicatos se fortalezcan.

- Crecieron también los contratos sindicales, usados para mantener la intermediación ilegal y vulnerar derechos de libertad sindical. En 2013 se firmaron 964 contratos sindicales, y a julio de 2014 ya eran 819, la mayoría en el sector salud.

 

Crece la protesta sindical y laboral:

- En 2014 hubo 370 acciones de protesta, con predominio de las agrupadas como jornadas o manifestaciones, con 80,81%. Los ceses de actividades (paros y huelgas) representaron el 17,5% de las acciones.

 

La violencia antisindical persiste:

En 2014 se registraron 341 casos de violencia contra sindicalistas, discriminados así: 20 homicidios, 210 amenazas, 73 hechos de hostigamientos, 12 detenciones arbitrarias y 23 atentados de muerte, entre otras.

 

Los datos hasta aquí presentados dan cuenta, pues, del déficit que en el tema laboral y sindical tiene el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos".

 

* A marzo de 2014

 

29 de abril de 2015.

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Seis de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad en América Latina

Unos 27 millones los jóvenes trabajan de manera irregular en América Latina y el Caribe, y "hay un potencial incremento de la informalidad en este marco de desaceleración económica en la región", informó este miércoles Elizabeth Tinoco, la directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la presentación en Lima de un nuevo estudio sobre empleo juvenil.

 

La OIT alertó de que seis de cada diez puestos de trabajo disponibles para jóvenes latinoamericanos tienen condiciones de informalidad, es decir, de escasa calidad, salarios bajos, sin contrato, estabilidad, protección social, ni derechos.

 

Tinoco señaló que la tasa de informalidad en el empleo juvenil en América Latina ha caído un par de puntos desde la última medición en 2013, "aunque la reducción se debe a la disminución de la fuerza laboral, es decir, una cantidad menor de jóvenes busca trabajo porque está desalentado, porque lo que va a ganar no es suficiente, o porque decidió volver al colegio".

 

La informalidad juvenil no agrícola llega al 55.7% en promedio en la región, aunque ésta trepa hasta el 86,4% en el sector de emprendedores jóvenes –o trabajadores por cuenta propia–. La misma condición afecta al 32% de los que trabajan en empresas formales.

 

Tinoco también planteó que la sociedad en América Latina debe dar prioridad a la reforma del sistema educativo, como un problema estructural en relación al empleo de calidad. Guillermo Dema, especialista regional de la OIT en empleo juvenil, precisó que los jóvenes con empleos precarios tienen en promedio 2.5 años menos de estudios que sus pares en un trabajo formal.

 

El informe 'Formalizando la informalidad juvenil. Experiencias innovadoras en América Latina y el Caribe' plantea algunas salidas al problema. "Por ejemplo, subsidios a las empresas que permitan a un joven acceder a un primer empleo formal. Hay un bucle continuo: si un joven tiene un primer empleo informal, le va a costar salir de ese sector. Y el subsidio se debe a la poca productividad del joven al principio", anotó Dema.

 

Según el experto, entre los factores que contrarrestan la informalidad en algunos países figuran el que los programas laborales para esta población no sean temporales, "sino parte de las políticas públicas; que partan de un diagnóstico preciso de la situación de la juventud y que los jóvenes participen en los procesos de elaboración de los programas para ellos".

 

"Chile está implementando un subsidio a la pequeña empresa y al trabajador, mientras que México no solo tiene un programa de primer empleo formal para el joven, sino que viene acompañado de un incentivo para que adquiera su primera casa", precisó Tinoco.

 

Por su parte, Carmen Moreno, directora de la OIT para los países andinos, planteó que un componente importante debe ser la formalización de las pequeñas empresas, "con un programa de incentivos a las microempresas de baja productividad donde se concentra la informalidad".

 

La directora regional de la OIT destacó que América Latina tiene en este momento la generación más educada de su historia, y si hay frustración entre quienes no encuentran las oportunidades que merecen, estos puede traducirse en cuestionamientos al sistema y a la democracia, en particular. Además, puso énfasis en que los programas destinados al empleo juvenil no pueden apartarse de la ley, menoscabando los derechos laborales de las personas: "Deben estar en armonía con la ley general", expresó.

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El 40% de latinoamericanos recibe dos dólares por una hora de trabajo

A pesar de los avances sociales cosechados en la última década, más de 200 millones de los latinoamericanos viven en situación vulnerable

Los avances sociales y económicos de Latinoamérica durante la última década no han logrado soslayar una dura realidad: el 40% de la población está en situación vulnerable, es decir, tiene el riesgo de caer en la pobreza, lo cual se agrava con la desaceleración económica.


Algunas estadísticas arrojan luz sobre la dimensión de este problema. En salarios, el 40% más vulnerable de latinoamericanos ingresan un promedio de 1.72 dólares por hora, mientras que el 60% más asentado tiene un ingreso medio de 5.12 dólares la hora. Y las diferencias son también evidentes al analizar los años de educación de cada sector de la población: mientras el 40% más desfavorecido ha estudiado una media de 6,4 años, el 60% con mayores ingresos lo ha hecho 9,3 años.

 

 


Según se puede observar en la infografía, la región fue una de las más exitosas a la hora de aumentar los ingresos del 40% más pobre de la población, pero en países como México, Perú, Colombia, Brasil o Paraguay, más de la mitad de este grupo sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza.


Con estas diferencias sociales afronta América Latina la nueva década, en un entorno de bajo crecimiento económico generalizado, tanto regional como global. Tal y como indica un informe del Banco Mundial, los principales retos para la región en los próximos años girarán en torno a cómo mejorar tanto la calidad de vida como los ingresos del 40% más desfavorecido de la población, para garantizar que no regresen a la pobreza y preservar así los importantes logros cosechados en el pasado.

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Los derechos laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo

Así como el proyecto de PND no considera los acuerdos de las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las Farc, ni prevé los desarrollos legales e institucionales que se deben implementar para la consolidación de los mismos, en materia laboral no contempla las recomendaciones de los órganos de control, ni de la misión de Alto Nivel de la OIT, ni los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de EE.UU, como tampoco el Acuerdo Colectivo Nacional suscrito el 16 de mayo de 2013, resultante esta última de la primera negociación en derecho adelantada entre el Gobierno Nacional y las centrales y federaciones estatales, y las sentencias de la Corte C–614 del 2009 y C–171 de 2012.

Una mirada a los temas laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute en el Congreso desde el enfoque de Trabajo Decente, nos muestra que una política pública en tal sentido seguirá siendo una cuestión más enunciativa que transformadora de la realidad laboral. Una realidad cuyos indicadores son bastante precarios: informalidad del 66%; el 30% de la población ocupada con formas de contratación y tercerización ilegales; grandes restricciones a los derechos de libertad sindical, prueba de ello es una afiliación sindical inferior al 5% y una cobertura de la negociación colectiva del 6% (incluyendo los desarrollos recientes en el sector público); una gran debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo; la persistencia de una cultura de violencia antisindical y altos niveles de impunidad.

Para empezar, las metas del proyecto de PND en indicadores de Trabajo Decente y desigualad son bastante pobres, como lo muestra el siguiente cuadro:

Reducir el indicador GINI de desigualdad de 0.54 a 0.52, aumentar la tasa de formalización laboral en 2%, mantener la tasa de desempleo de jóvenes y femenina por encima de dos dígitos, y un avance marginal en la tasa de cobertura en seguridad social, expresan el poco compromiso del proyecto de PND y del gobierno Santos con una agenda que haga sostenible y duradera la paz que se pretende construir a partir de los acuerdos de La Habana.

 

Adicional a lo anterior, el proyecto de PND, denominado "todos por un nuevo país, tiene varios obstáculos que dificultan avances en el logro de Trabajo Decente, como los siguientes:

 

1- El ajuste fiscal que pretende resolver el impacto negativo de la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, mediante una contracción de la planta de personal del sector público, una política salarial restrictiva y ningún compromiso en concertar una estrategia de formalización laboral en el Estado, como se expresa en la respuesta gubernamental al pliego nacional de las federaciones sindicales del sector público.

2- Insiste en políticas que han desmantelado la industria y la agricultura, y generado un cuantioso déficit de 6% del PIB en cuenta corriente, impulsando altas tasas de crecimiento que generan poco empleo y precarizan el existente. Por ejemplo, se mantiene la importancia del extractivismo minero–energético dentro de la dinámica de la economía y las finanzas públicas; se da continuidad a la agro-industria de exportación del PND 2010 -2014 como locomotora del desarrollo; se continua dependiendo de la inversión extranjera como motor económico; se insiste en un modelo orientado a los mercados externos y no en el fortalecimiento de la demanda interna. Se plantea explícitamente que el desarrollo depende de las exportaciones a los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, cuando las cifras de comercio exterior y de empleo nos dicen otra cosa. Es decir, neoliberalismo refrito.

3- Si bien el proyecto de PND plantea que la creación de empleo y la inclusión productiva se harán en el marco del trabajo decente, existe cierta ambigüedad en este propósito cuando plantea que "debe ampliarse el concepto de relaciones laborales, de manera que cobije todos los tipos de vinculación laboral. Esto requiere entre otras acciones la actualización del marco normativo laboral, de manera que se ajuste a las condiciones actuales del mercado de trabajo". En vez de ajustar la realidad laboral al marco normativo, se pretende reformar el marco normativo para ajustarlo a la realidad laboral. El camino correcto debe ser que el país cumpla las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en materia de libertad sindical, lo que implicaría una reforma al Código Sustantivo del Trabajo de manera concertada entre los diferentes actores del mundo del trabajo.

4- En el Artículo 72 del proyecto de ley del PND se dice: "El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente... También fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización". Es positivo que el proyecto adopte la política nacional de trabajo decente, pero la parte subrayada genera cierta ambigüedad por la similitud con el discurso de los gremios económicos, que plantean que todas las actividades de las empresas se pueden tercerizar con la única condición de respetar los derechos laborales. Esto se opone al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que de manera clara prohíbe la tercerización de actividades misionales.

5- Se proponen objetivos para masificar la negociación colectiva, tanto pública como privada, con acciones muy vagas, como "El Ministerio del Trabajo deberá generar instrumentos para garantizar los procesos de negociación colectiva...". "Se garantizarán los derechos de asociación de los trabajadores y la protección a las organizaciones sindicales y sus miembros". Pero nada dice de los compromisos del Plan de Acción Laboral, ni de las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, ni cuál es la estrategia del Ministerio de Trabajo y del Estado para formalizar el trabajo y garantizar el respeto al derecho de asociación, como pasos previos al derecho de negociación colectiva.

6- En el proyecto de PND se plantea "Fortalecer la inspección, vigilancia y control del trabajo", pero no se incluye uno de los compromisos contenidos en el Plan de Acción Laboral, que es el reforzamiento del Ministerio de Trabajo con más inspectores, mejor remunerados, capacitados y especializados, para el sector minero, para el sector de infraestructura, para el sector de comunicaciones, entre otros.

 

Si el éxito de las negociaciones de La Habana o la construcción de la paz y su sostenibilidad en caso de la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, dependen del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, no es posible albergar mayores esperanzas de una Colombia equitativa y en paz, construida a partir de una cultura y política pública de trabajo decente.

 

Publicado 16 de abril de 2015.

Publicado enColombia
"Con austeridad el país no logrará superar la inequidad social"

Ajustes pensionales y reformas salariales son algunas de las propuestas que imperan en la agenda pública. Paradoja: bajan las cifras de desempleo y con ello la oportunidad de poder acceder a una pensión digna. Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –Cut–, opina sobre éste y otros temas de la realidad colombiana.

Desdeabajo –da–: Uno de los argumentos con que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, justifica el aumento a 62 años de la edad de jubilación para la mujer, medida propuesta por la Ocde, es que de los 21 millones de colombianos con trabajo, tan solo 7 realizan aportes sociales, lo que refleja un alto nivel de informalidad que desencadena una inestabilidad en el sistema de pensiones ¿Qué piensa ante este argumento?
Luis Pedraza –LP–: Las propuestas hechas, ahora y antes por el doctor Montenegro apuntan a beneficiar su orilla, que es el fomento de una política de pensiones basada en el patrimonio privado para desmantelar los regímenes de prima media que tienen participación del Estado, en este caso Colpensiones. Para nosotros no es extraño que Montenegro sugiera la redistribución de la miseria y no la creación de una política de Estado que involucre los regímenes pensionales como un derecho constitucional.

Su propuesta coincide con la Ocde, que afirma que debe haber una alianza entre el régimen de pensiones privado y el público para asignar un régimen pensional que, incluso, involucre no solo un tratamiento violento contra los derechos de la mujer sino también una baja en la escala de valores de las pensiones por debajo del salario mínimo.

da. Entonces, ¿la propuesta del ajuste pensional es necesaria para el país o es un requisito para entrar a la Ocde?
LP. La propuesta es absolutamente desconsiderada con la realidad social del país: es la expresión del neoliberalismo económico que, como siempre, apunta a socializar las pérdidas, las crisis que el capitalismo fomenta, que lleva a concentrar la riqueza en una ínfima minoría.

La propuesta no tiene en cuenta, aun así lo sepa la Ocde, que Colombia es el tercer país con mayor inequidad social en América Latina, después de Haití y Honduras pero, a su vez, es una economía creciente respecto a su producto interno bruto, tanto en la región como en el mundo. El interés de la Ocde es atrapar ese crecimiento económico y mantenerlo en esa línea de comportamiento a costa de agudizar y profundizar la inequidad social que se da en Colombia; por eso las propuestas hechas sobre pensiones, salarios, impuestos e IVA. Todo apunta a cargar contra la mayoría de los colombianos situados entre la clase media, clase baja y la pobreza absoluta.

da. ¿Cuál es su posición frente a las cifras que arrojó el estudio del desempleo realizado por el Dane en 2014?
LP. El Dane ha perdido autonomía y credibilidad después de transformarse en un instrumento de los últimos gobiernos, especialmente el de Uribe y Santos, al servicio de maquillar la realidad con cifras poco fiables; una supuesta política social que ha generado, en apariencia, la disminución del desempleo.

Cuando sale la cifra que indica un porcentaje del 9,1 por ciento de desempleo en el estudio del Dane, en El Tiempo aparece la noticia de que sigue creciendo la informalidad laboral. No es que haya disminuido la tasa de desempleo, sino que aquellos empleos que se eliminan por razón de reestructuraciones empresariales y de aplicación de las nuevas formas de contratación a través de las Cooperativas de Asociados, pasan a una franja que el Dane también clasifica como empleo estable y directo.

da. El Dane también dice que la cifra de desempleo en 2014 fue la más baja en 14 años, ¿es cierto ese resultado?
LP. No hay que olvidar que el Dane incluye como empleadas a aquellas personas que tengan dos horas de trabajo a la semana, aquellas modalidades de informalidad laboral que se encuentran en los andenes; incluso, ahora incluye como "empleados" a los que hacen malabares en los semáforos y los categorizan como ¨Especialistas en recreación social¨.

Además, lo clave es que la cifra del Dane, para afirmar que el desempleo cayó, muestra que se han generado nuevos empleos en caza, pesca y silvicultura. ¿Dónde están las empresas que contratan para la caza y para el desarrollo de industria? La silvicultura es uno de los aspectos más críticos que tiene el país en materia, no solo de existencia, sino de fomento de la gran crisis del modelo agrario.

La pesca está concentrada en multinacionales, por tanto, la pesca artesanal, si se trata de generación de empleo, también está en unas condiciones de precariedad y mínima subsistencia. No existen los sindicatos o convenciones colectivas de las industrias pesqueras y las pocas que existen están reducidas a un mínimo de trabajadores. La cifra es una falacia más del Dane, orientada a maquillar la realidad.

da. ¿Por qué afirma que el estudio del Dane es una una falacia?
LP. La prueba más contundente de que lo es, recae en que el Estado tiene un 57 por ciento de sus trabajadores en contratos de servicios inestables, en nóminas paralelas. El sector privado tiene un 62 por ciento de sus nóminas tercerizadas, en condiciones que, según la Organización Internacional del Trabajado no son dignas; sin contratos a término indefinido, sin seguridad social, y sin pagos para los regímenes pensionales.

En el país se está imponiendo, con una fuerza peligrosa, el sistema de contratación por horas y por días; las zonas de comercio o restaurantes contratan trabajadores que cumplen una jornada de 6 a.m. a 8 o 10 p.m. y solo reclaman en la caja 25.000 o 30.000 pesos, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de cotización a parafiscales, ni mucho menos salud o pensión. Ese tipo de contratación es a lo que nosotros llamamos "contratos basura".

da. La informalidad es uno de los mayores problemas que tienen los trabajadores colombianos. Con los recientes consejos dados por la Ocde, puede preverse que el camino buscado para solucionar tales problemas son las medidas austeras, ¿qué consecuencias traería la aplicación de esas medidas?
LP. No nos podemos tragar la tesis de que la austeridad es la forma por la que este país va a lograr superar la inequidad social. La austeridad podrá superarse cuando el Gobierno tenga clara decisión política de reestructurar el Estado a partir de una reforma agraria integral que permita redistribuir las tierras, democratizarlas y quitárselas a los terratenientes que poseen la tierra productiva. Además, habría a su vez que democratizar el ámbito laboral, que tanto las mujeres como los jóvenes estén incluidos mediante formas de contratación y asignación de salarios dignos, y que el modelo económico no deje por fuera de los regímenes de impuestos a las multinacionales.

 

Salario diferencial por regiones

 

da. Como la Ocde, Fedesarrollo también propuso una reforma, orientada en este caso a que el salario mínimo sea diferencial por regiones. ¿Cuál es su posición frente a esa medida?
LP. Esa es una propuesta de exclusión social. El Estado no puede pretender ahondar la desigualdad subdividiendo condiciones de vida paupérrimas. Este es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Nosotros no podemos aceptar que porque el Chocó, Nariño, o Córdoba sean los departamentos con mayor índice de pobreza, tengan unos ingresos inferiores a Antioquia o Cundinamarca que tienen industria en desarrollo. Las entidades que proponen esta medida deberían buscar propuestas de integración para que el país, sin excepción alguna, se beneficie de una economía realmente democrática y no concentrada en mejorar las condiciones de ingreso de los ricos.

da. Según lo que plantea, ¿la medida implicaría una regresión al salario mínimo rural?
LP. Sí, claro. Siempre han propuesto que debe haber un salario mínimo para los centros urbanos y uno para los sectores que ellos denominan marginales; es como decir que en Bogotá debe existir un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para sus zonas rurales; eso no puede siquiera debatirse. Siempre han dicho que las necesidades de los trabajadores del área rural no son las mismas que las de los trabajadores de las áreas urbanas porque, supuestamente, en la ciudad tienen costos de universidades, médicos y de transporte, incluso, costos de recreación social, mientras que en el campo, como no existen esas infraestructuras, ¿para qué un salario digno?

Que subsistan, que tengan posibilidades de aparecer dentro del contexto social, pero ligados estrictamente a las posibilidades que, por razón de la corrupción y decrepitud de los gobiernos, han condenado a esas poblaciones a vivir en condiciones de miseria y de pobreza absoluta. La propuesta no se puede aceptar ni tolerar. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata de construir equidad social y no de profundizarla.

da. En el escenario de que la propuesta fuera aprobada, ¿cuáles serían las consecuencias de su aplicación?
LP. La consecuencia es clarísima: profundizaría la inequidad social. Si en este momento estamos en un tercer lugar después de Haití y Honduras, muy seguramente acabaríamos en el segundo o primer lugar. Ante el problema, los dos últimos gobiernos, por no citar los anteriores, siempre han querido responder al pueblo con políticas asistencialistas. Se evidencia en las últimas veces que la gente se ha movilizado, como ocurrió con los indígenas en el 2013, con los campesinos productores entre 2013 y parte de 2014, o como ocurrió, incluso, con los estudiantes cuando se movilizaron para exigir una educación digna y actualizada a las exigencias de esta época y no con los modelos anacrónicos de hace 60 años.
¿Qué hicieron los gobiernos? Crearon mesas de trabajo, aceptaron negociaciones, y al final, optaron por dar subsidios a los campesinos e indígenas para paliar un poco la crisis del agro; ofrecieron unos recursos para el tema de educación, y lo que ahora encontramos con el presidente Santos es que eso lo cumplió a medias. Es la clásica política del asistencialismo: "Ustedes están inconformes, ustedes ponen en riesgo al establecimiento, al Gobierno, les vamos a dar unos subsidios, les hacemos asistencia técnica para que palien la crisis, sin una solución de fondo".

da. ¿Qué propuesta tiene la Cut para disminuir la desigualdad social en las regiones?
LP. Nosotros hemos dicho, y lo hizo la Cut desde su congreso fundacional –irónicamente, vamos para treinta años de existencia y todavía seguimos con el mismo planteamiento–, que el plan de desarrollo del Gobierno, particularmente de este que está enfocado a la paz, debe apartarse del contexto que el Fondo Monetario Internacional, y en este caso la Ocde, le imponen.

Si ustedes observan el periódico del 1 y 2 de febrero verán, la presentación hecha por el doctor Gaviria, Director Nacional de Planeación, en donde reconoce que de trescientas y más propuestas hechas por la Ocde, el Plan de Desarrollo ya incorporó más de ciento treinta y siete. Dentro de esas, las de pensiones, el tema salarial y la contratación. Es decir que, el Plan de Desarrollo del Gobierno se enmarca estrictamente dentro de las exigencias de estos organismos multilaterales que están puestos al servicio del capitalismo internacional y del modelo neoliberal.

da. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas propuestas por la Cut?
LP. Primero, el Gobierno tiene que rescatar su soberanía nacional a partir de impedir que desde fuera se dicten las directrices de cómo debe ser nuestro desarrollo y nuestra cultura. Para eso tiene que ganar autonomía, autoridad e independencia frente a la multilateralidad económica. Segundo, tiene que realizarse una reforma estructural de fondo del Estado colombiano, que involucre la reforma agraria integral que tanto reclaman, por ejemplo desde Cuba, los movimientos de insurgencia armada que están negociando, los campesinos y los indígenas, y que tanto reclamamos los sindicatos, pero que, hasta la fecha, no ha sido posible ni si quiera que sea tomada en cuenta.

Consideramos que debe cambiarse de fondo el modelo de desarrollo económico del Estado colombiano, que está centrado en el tema de exportaciones del sector minero-energético y abandonado en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria; Colombia está comprando alimentos, cuando perfectamente puede producirlos. Debe haber, de igual manera, una reforma de fondo y estructural en el tema educativo. Mientras no existan esas condiciones, nosotros seguiremos con sistemas de educación anacrónicos que promueven la cultura de la lucha individual por el desarrollo en el mundo del trabajo, y descolectiviza la concepción de clase que no permite construir una sociedad más equitativa y justa en aquello que tiene que ver con la distribución de la riqueza de los colombianos.

Es por la vía de las reformas estructurales que nosotros creemos que la situación se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza.

Publicado enEdición 210
Qué queda para la huelga: ¿prohibirla, eliminarla, ajustarla, ampliarla?*

Desde 2012, en el marco de las reuniones de la OIT, se inició un gran debate sobre la existencia o no de un derecho de huelga; debate que en Colombia tiene otros matices, ya que la Constitución Política reconoce tal derecho. La pregunta es más bien por el marco de su extensión o alcance.

Ambas discusiones tienen diferentes escenarios pero una misma repercusión. ¿Cómo poder ejercer el derecho de la huelga? El debate es largo y de mucho peso, y por tanto requiere de suma atención por parte de las autoridades nacionales y todas las organizaciones sindicales.

El debate se inició con la elección de Guy Rider (Candidato de la Confederación Sindical Internacional) como nuevo director general de la OIT, buscando hacer efectivo el trabajo decente como su bandera principal. La propuesta del candidato Francés que quedó en segundo lugar, se basaba en darle un giro a la organización para que prestara una asesoría más técnica, no un fuerte control de normas.

La de Rider no fue una elección de consenso, fue una elección de la mayoría que venció al candidato de los empleadores. La reacción de éstos no se hizo esperar. Desde ese mismo año boicotearon el trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas (que a la fecha no ha logrado llegar a consensos sobre las decisiones a tomar en caso de violación de derecho de huelga, y ha bloqueado el estudio de 38 casos en los últimos 3 años); atacaron las metodologías de trabajo de la OIT en su sistema de control de normas; atacaron a la Comisión de Expertos independientes de la OIT, su doctrina, decisiones y el roll que tienen en la organización; y desde entonces han ignorado la violación de libertades sindicales en más de 20 países. La posición de los empleadores hoy es que en OIT no hay derecho de huelga, sino que éste existe en las legislaciones de los países, con las limitaciones que a bien tenga imponer cada país (2).

Desde el debate normativo, el ataque de los empleadores se resume en la inexistencia de la palabra huelga dentro del Convenio 87 sobre libertad sindical, y la interpretación, para ellos desbordada, que los órganos de control de normas han realizado. Desde un punto de vista político es un ataque a la OIT, a su director, a gobiernos y trabajadores del mundo.

La OIT, a través de sus órganos de control de normas, durante los últimos 50 años ha tomado decisiones en consenso sobre el derecho de los trabajadores de convocar y participar en las huelgas. El texto de la Central Sindical Internacional "The right to strike and the ILO the legal foundations" (3) (2014), es una compilación de decisiones que la Comisión de Expertos, el Comité Tripartito de Libertad Sindical, y la Organización de la OIT han tomado desde su constitución.

En el Comité de Libertad Sindical los empleadores, trabajadores y gobiernos han defendido la existencia del derecho de huelga en aproximadamente 500 casos desde 1951. En el 333er informe, caso núm. 2204, párrafo 228, lo consensuó afirmando: "Las acciones de protesta están protegidas por los principios de la libertad sindical sólo cuando estas acciones están organizadas por organizaciones sindicales o pueden ser consideradas como actividades sindicales legítimas cubiertas por el artículo 3 del Convenio núm. 87."

Y en el 311º informe, caso núm. 1954, párrafo 405, se lee: "El derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87". De igual forma en el caso 102 contra el gobierno de Sudáfrica el comité protegió el derecho de huelga (sin que existieran los convenios de libertad sindical) de la interpretación directa de la Constitución de la OIT, toda vez que para lograr la justicia social consagrada por la OIT en su constitución, hay un vínculo inherente entre la libertad de asociación y el derecho de huelga.

Es imposible borrar la historia de la OIT con un arrebato, pero los empleadores se han esmerado en bloquear el trabajo en la OIT. Al respecto Luc Cortebeeck, quien ha estado al frente de la vocería de los trabajadores en este debate, dice: "Lamentamos que no se haya tomado una decisión definitiva acerca del reconocimiento del derecho de huelga de acuerdo con el Convenio núm., 87. Esperamos que en febrero o marzo se encuentre una solución. Seamos lógicos: o se reconoce que el derecho de huelga deriva del Convenio núm. 87, o habrá que remitir la disputa a la Corte Internacional de Justicia".


Por su parte la Central Sindical Internacional (CSI) está firme. Sharan Burrow, su Secretaria General, afirma: "Los argumentos de los empleadores en la OIT son legalmente infundados. Yo estoy confiada en que la argumentación de la CSI de nuestro reporte prevalecerán ante cualquier tribunal internacional" (4).

 

¿Cómo está el debate en Colombia?

 

Desde hace muchos años los expertos y el Comité de Libertad Sindical han expresado al gobierno colombiano su preocupación por las graves prohibiciones normativas respecto al derecho de huelga.

Porque son múltiples las limitaciones a este ejercicio. Encontramos ocho, a saber:

 

  • - Se limita la huelga a federaciones y confederaciones.
  • - Se prohíbe la huelga en empresas o servicios públicos que no son esenciales en sentido estricto.
  • - No existe servicio mínimo para garantizar la huelga en servicios públicos esenciales en sentido estricto.
  • - Está prohibida la huelga en modalidades diferentes al cierre total de la empresa. No se pueden hacer huelgas locales, parciales, entre otras.
  • - Se permitir el despido de trabajadores que han participado en huelgas ilegales, sin necesidad de un juicio justo.
  • - Se imponen mayorías absolutas para celebrar huelgas, incluso en empresas con gran cantidad de trabajadores o distribuidas por todo el país.
  • - Se permite que un Tribunal de Arbitramento pueda obligar a terminar una huelga antes de la solución del conflicto colectivo.
  • - Se permite que autoridades administrativas hagan injerencia indebida para que los trabajadores no sindicalizados levanten la huelga por votación.

 

La más reciente violación se dio a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Anthoc, que declaró ilegal la huelga efectuada en los hospitales pese a que esta organización sindical garantizó la prestación de servicios mínimos. Según el concepto de los jueces, la ilegalidad se derivó de "poner en riesgo" los derechos de los pacientes. Es decir, generó una prohibición absoluta al ejercicio de la huelga que puede contaminar los demás servicios públicos.

Ante tantas prohibiciones, ¿por qué las autoridades han permitido estos límites? Si no tomamos en cuenta los intereses económicos y políticos de los empleadores o gobiernos, la respuesta parece ser fácil. Porque nos han hecho creer que la huelga es un mecanismo de presión para mejorar salarios, y no un derecho. Autores como Perdomo (2015), o Sánchez (2008), han afirmado que el error radica en concebir la huelga solo como una etapa de la negociación colectiva. Entendida así la huelga tendría que limitarse por intereses superiores, como la vida, la salud, la seguridad; o por intereses no superiores, como la educación, la economía o la prestación del servicio.

Pero si entendemos que la huelga no es un mecanismo de presión, sino un derecho para defender derechos laborales, la línea de los límites es diferente. La huelga es un derecho para garantizar el salario móvil, el cumplimiento de las condiciones laborales, las condiciones de salud, seguridad social (Ley 584 de 2000, art. 7); o para proteger de manera solidaria (C-201/02) o ante políticas públicas que afectan directamente los derechos laborales (C-858/08).

En un contexto laboral como el de Colombia, el derecho de huelga como libertad para defender derechos y condiciones laborales, no solo es una concepción necesaria, sino una realidad inmodificable. Por efecto de una ley o por una discusión no desaparecerá el derecho de huelga. El último informe nacional de trabajo decente realizado por la Escuela Nacional Sindical muestra cómo en los últimos años ha aumentado de manera progresiva el uso de huelgas en Colombia. Durante 2013 la dinámica de la movilización sindical y laboral produjo 364 protestas laborales y sindicales, 74 más que en 2012, lo cual indica un incremento del 25,5%. Y en los últimos cinco años se rompió el récord histórico de movilizaciones que lleva la ENS.

Lo cierto es que las mayorías en el Congreso de la República podrán borrar el ejercicio del derecho de la huelga, y los empleadores no deben continuar con su intento de prohibirlo o ignorarlo. Por el contrario, y desde su perspectiva, sería mucho más gravoso que no se regulara el ejercicio de la huelga.

En el marco normativo latinoamericano, la mejor y más importante norma sobre huelga que define límites mínimos y máximos, es el protocolo de San Salvador, que en su artículo 8 dice: "Los Estados partes garantizarán: a) el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses [...]. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente. b) El derecho a la huelga. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley".

El mandato es claro: permitir el ejercicio de la huelga en la mayor medida posible, y limitar (sin prohibir de manera absoluta el derecho humano de huelga) solo para casos predeterminados en la ley y por razones amplias y suficientes.

Ajustar el derecho de huelga a los estándares internacionales es una obligación que, en el marco de los derechos humanos, debe asumir el Estado. Adicional a esto, existe el mandato internacional derivado de las decisiones de los organos de control de normas de la OIT. Y recientemente la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-796 de 2014, indicó que existen ambitos de la huelga que no ponen en riesgó la vida, salud o seguridad de la población, y exhortó al Estado colombiano a legislar sobre la huelga, en sentido de garantizar el ejercicio de la huelga con el mantenimiento de servicios mínimos negociados, concertados entre los sindicatos, los empleadores y las autoridades públicas en caso de huelga, de manera de asegurar que las necesidades básicas de los usuarios de los servicios son satisfechas (5).

Publicado 17 de febrero de 2015.

 

*  Documento de análisis basado en el texto “Evolución normativa de la huelga en Colombia 2008-2015”. Escuela Nacional Sindical.

Ibidem. “Dos afirmaciones que no aceptaron los empleadores, que la huelga sea concebida como un derecho fundamental, o que la huelga se encuentre reconocida en el Convenio 87 de la OIT. En el mismo texto, los empleadores negaron tales afirmaciones, posiciones como: “El Grupo de los Empleadores de la Comisión de la Conferencia considera que ni los trabajos preparatorios del  Convenio núm. 87 ni una interpretación basada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados proporcionan una base para elaborar, a partir del Convenio, principios que regulen detalladamente el derecho de huelga”. O “el derecho de huelga no tiene ningún fundamento jurídico  en los  convenios sobre libertad sindical”. Además atacaron a los expertos, al afirmar: “Los miembros empleadores reiteraron su posición en 2011 y señalaron que las observaciones de la Comisión de Expertos sobre el derecho de huelga y los servicios esenciales no eran compatibles con el texto y la historia de la preparación y negociación del Convenio núm. 87”.

3 www.ituc-csi.org/the-right-to-strike-and-the-ilo?lang=es

http://www.ituc-csi.org/new-legal-report-right-to-strike tomado el 13 de febrero de 2015

5 C-796 de 2014. Exhortar al congreso para que en el término de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la constitución política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país, en relación con las actividades a que hace alusión el aparte normativo demandado.

Publicado enColombia
Martes, 20 Enero 2015 17:54

Salario mínimo, insuficiente e irreal

Salario mínimo, insuficiente e irreal

Luego de más de tres meses de frustradas negociaciones entre la comisión tripartita encargada de negociar el salario mínimo, el Gobierno Nacional decidió aumentarlo en un 4,6 por ciento para el 2015. Sin embargo, mientras las organizaciones sindicales demandan a puerta cerrada una remuneración justa de la remuneración mensual, la realidad es más compleja pues pocas son las empresas en Colombia que cumplen de forma efectiva con el pago del salario mínimo.

Ángela tiene 32 años y un hijo de cinco. Es madre soltera, como el 84 por ciento de las mujeres en el país1. Es una mujer robusta y alta de acento santandereano y costumbres boyacenses. En el pasado vivió más de la mitad de su vida en Chitaraque, un pequeño pueblo de Boyacá, donde trabajaba en la molienda por temporadas y en uno que otro trabajo esporádico que encontraba. Ahora Ángela vive en Acacías, otro pequeño pueblo colombiano a 30 minutos de Villavicencio. Estudió para ser auxiliar de enfermería pero se cansó de no encontrar empleo y consiguió un trabajo en un almacén de ropa en el centro del municipio. Tiene un contrato laboral como el de cualquier otro empleado. Su jornada es de lunes a domingo, sin descanso, de 8 a 8, sin salud, ni pensión, ni afiliación a ninguna Administradora de riesgos profesionales (arp).

Ángela gana 23 mil pesos al día, nunca ha recibido liquidación ni prima salarial. Sin embargo se siente agradecida por su trabajo.

Los sindicalistas y los abogados que lean esta nota seguramente dirán que lo vivido por Ángela es ilegal y demandable. Ángela lo sabe, al igual que gran parte de los colombianos que trabajan en esas condiciones, sin embargo, como ella, no hacen nada al respecto, por miedo a quedar sin empleo.

La cifra exacta de empresas establecidas en Colombia que incumplen con los requerimientos mínimos del salario, es desconocida. Al igual que se desconoce la cifra de empleados que encubren a la empresa para asegurar un salario.

¿Quién es el culpable entonces? ¿La empresa por incumplir la legislación laboral o el empleado por acceder a estas condiciones?

Un estudio realizado a finales del año 2014 por la Organización Internacional de Trabajo (Oit), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), evidenció que existe un alto incumplimiento del salario mínimo en América Latina y el Caribe, especialmente en las zonas rurales de estos países, debido a que las inspecciones a las empresas por parte de entes reguladores son insuficientes y no enfrentan situación de irregularidad.

Para las organizaciones que dirigieron el estudio, la culpa de que exista este tipo de irregularidades en la legislación laboral, en particular del salario mínimo, es de los tres sectores que hacen parte de la comisión laboral: trabajadores, empresas y gobierno. "Si bien la vigilancia de su cumplimiento es una responsabilidad de la inspección del trabajo, los sindicatos y las asociaciones de empleadores también pueden contribuir a una aplicación más efectiva. Los trabajadores, tanto individualmente como por intermedio de sus sindicatos, activan la inspección mediante sus denuncias de incumplimiento del salario mínimo, los empleadores, por su parte, tienen un papel fundamental en la difusión de los salarios mínimos y otras condiciones laborales en los lugares de trabajo", explica el informe.

Para la Escuela Nacional Sindical (Ens), uno de los grandes problemas deriva de la debilidad del movimiento sindical que "les impide a los trabajadores no sindicalizados contar con la capacidad y la autonomía para incidir de manera real y colectiva en la determinación de sus condiciones de trabajo; condiciones que en ausencia de sindicatos fuertes son definidas de manera unilateral por las empresas".

Si bien es cierto que el salario mínimo en Colombia es uno de los más bajos de la región, y es solo la cuarta parte del ingreso mínimo vital requerido por una familia promedio colombiana para satisfacer sus necesidades básicas económicas, sociales y culturales2; también es cierto que el problema en Colombia con este salario no queda reducido a su justo incremento anual, más aún cuando existe un alto índice de incumpliendo de su pago.

Según la Ens, la negociación del salario mínimo resulta estratégica, porque es este resultado lo que se convierte, o debería convertirse, en parámetro para la mayoría de los trabajadores que no están organizados en sindicatos. Sin embargo, como lo evidencia un estudio realizado por el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, solamente en cinco oportunidades durante los últimos 18 años se logró un consenso, "lo que evidencia una tendencia a la fijación unilateral del Gobierno prevista en principio como respuesta residual de los intentos de concertación". Como sucedió nuevamente en la negociación tripartita de este año.

El costo de un empleado para una empresa sobrepasa en 69 por ciento del valor del salario mínimo, si incluimos prestaciones sociales, subsidios, dotaciones y riesgos profesionales, que deben pagarse de manera obligatoria por la empresa, según la legislación laboral. Mientras que el Estado debe velar por su cumplimiento, sin embargo la falta de inspección genera una alta cifra de incumplimiento por parte de los empleadores.

 

Falta de sistemas de inspección

 

Concluyen Ashenfelter y Smith, según estudios realizados en 1979, que lo requerido para que cumplan con el pago del salario mínimo en las empresas, además del aporte de cada una de las partes mencionadas anteriormente, es "una institucionalidad efectiva (con inspección, multas y sanciones y diligencia en su aplicación) para mejorar los niveles de cumplimiento con el salario mínimo". Tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Institucionalidad que debe permitirle a los inspectores gozar de una serie de atribuciones como la libre entrada a los establecimientos; el examen de documentos, libros y registros; la conducción de interrogatorios; la toma de muestras, y la facultad discrecional de advertir o iniciar un procedimiento sancionador en caso de verificar incumplimientos.

Del análisis puede concluirse que, quitando las situaciones extremas, cuando el salario mínimo es muy bajo o sumamente alto respecto del salario promedio, el mejor o peor cumplimiento con su pago está determinado por la calidad de la institucionalidad vigente, por eso además de analizar el nivel del salario mínimo es necesario revisar las instituciones que existen para verificar su cumplimiento.

Más allá de las debilidades del sistema de inspección laboral, el estudio realizado por la Fao y la Oit expone que la propia política de salarios mínimos presenta también ciertos elementos que contribuyen a una pobre aplicación. Por lo que propone que "la política de salarios mínimos debería ser abordada como una política de largo plazo, que requiere de ajustes periódicos (preferentemente regulares y anuales) y sistemáticos que la acerquen al objetivo de alcanzar a cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia"3.

 

1 Cifras del Estudio Mapa Mundial de la Familia 2014, Universidad de la Sabana.
2 Anzola, Sarmiento Libardo, "Colombia: ¿Salario Mínimo Legal o Remuneración Mínima Vital?", Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 138, octubre 2014.
3 Estudio de la Oit y la Fao. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_311072.pdf

 

Video relacionado

https://www.youtube.com/watch?v=RK8Wa8QbrsA

Publicado enEdición 209
Martes, 20 Enero 2015 15:33

Salarios, democracia y paz

Salarios, democracia y paz

La baja participación de la remuneración de los trabajadores en el ingreso nacional, ha tenido algún grado de incidencia en el creciente deterioro del sistema democrático y la inestabilidad política y social de nuestro país. La pobreza, la exclusión y la desigualdad son factores condicionantes de la violencia y las guerras internas que nos han desgarrado durante gran parte de nuestra vida republicana.

Acaba de fracasar, una vez más, la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales para definir el salario mínimo. El gobierno estableció un incremento de 4,4% ponderado (salario mínimo y auxilio de transporte), ligeramente superior en 0,62% a la inflación causada de ingresos bajos. El salario mínimo no solo sigue siendo aproximadamente la mitad del costo de la canasta mínima vital, sino que su cobertura es muy baja, solo cobija al 6,15% de los trabajadores, o sea a 1´272.715, excluye al 45,3% de los ocupados (9´374.632 personas) que tienen ingresos inferiores al salario minino legal. En este sentido el salario mínimo es doblemente excluyente.

 

Colombia es un ejemplo extremo de profundas exclusiones y desigualdades. Veamos:

 

  1. Una tasa de sindicalización del 4% de la población ocupada, que expresa la alta exclusión del derecho de asociación.
  2. Una tasa de cobertura de la negociación colectiva del 2%, que refleja la alta exclusión que existe a la acción colectiva de los sindicatos.
  3. Los 3.062 asesinatos y 13.686 hechos de violencia ocurridos contra sindicalistas en los últimos 37 años, expresan la exclusión física y política del sindicalismo.
  4. Los 14,5 millones de colombianos que viven con $150.000 al mes, y los 1,4 millones que viven con $90.000, se encuentran excluidos del acceso a la canasta básica mínima vital.
  5. Hay casi 2 millones de trabajadores desempleados, excluidos del derecho al trabajo; y 13 millones de trabajadores en la informalidad, excluidos de los derechos laborales.
  6. 14 millones de trabajadores están excluidos de la seguridad social.
  7. En Colombia sigue siendo muy baja la movilidad social, el coeficiente Beta que la mide es mayor a 0.6. Un Beta cercano a uno refleja una escasa movilidad social. Significa que los hijos alcanzan un nivel de ingreso o de educación semejante al de sus padres. Si éstos son pobres o carentes de educación, sus hijos serán pobres y sin educación; si los padres son ricos o educados, sus hijos tienen alta probabilidad también de serlo.
  8. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. El índice Gini es 0,55, indicador que mide la desigualdad del ingreso, que oscila entre cero (completa igualdad) y uno (total desigualdad).

 

Como vemos en la gráfica siguiente, el trabajo viene perdiendo progresivamente participación en el ingreso nacional.

 

 

Esta tendencia tiene como causas la acción simultánea de una cultura antisindical y de una política público–privada de precarización laboral. Pero adicional a ello, se debe a una tributación regresiva y a un sistema de gasto público social que favorecen a los grupos de altos ingresos. Las políticas salarial, laboral, social, tributaria, y de asignación del gasto público profundizan la mala distribución del ingreso y obstaculizan la movilidad social.

 

Sino reducimos nuestra intolerable desigualdad e inmovilidad social, no será posible construir una paz duradera. Para ello se deben hacer varias cosas:

 

  1. Aumentar las capacidades y calificación de las personas por la vía de una capacitación y educación pertinente y de calidad.
  2. Aumentar las oportunidades laborales, generando inversión en la economía real (agro, industria, infraestructura económica y social), que es la que crea puestos de trabajo, y no en la economía financiera especulativa.
  3. Garantizar los derechos de libertad sindical y los derechos laborales individuales.
  4. Diseñar una política tributaria que grave la riqueza, elimine la exenciones a las rentas del capital, establezca impuestos progresivos a los altos ingresos y las elevadas pensiones de prominentes ex - funcionarios del Estado, y por otra parte reduzca los impuestos al consumo de las clases medias y bajas.
  5. Asignar el gasto público a las capas de la población con altísimas necesidades insatisfechas.
  6. Elaborar una política social con enfoque de derechos en salud, pensión, riesgos laborales, educación, seguro de desempleo.
  7. Impulsar una política salarial que fortalezca la demanda interna y la capacidad de consumo de la población, empezando por establecer a mediano plazo un salario mínimo vital.

 

Implementar estas políticas y medidas para mejorar la equidad y la movilidad social deberá enfrentar intereses de grupos económicos y sectores sociales que han puesto a su servicio al Estado y las políticas públicas. En la medida que se reduzca la pobreza y se desarrolle una clase media fuerte es más fácil transformar la cultura política clientelista por una más moderna y democrática para adelantar reformas y tener un país estable política y socialmente. Es obvio que la autonomía financiera facilita la libertad de conciencia y la madurez política de la población.

El voto de opinión en nuestro país se expresa con mayor peso en los sectores urbanos donde tiene presencia la clase media. La experiencia nacional y encuestas realizadas en varios países muestran que la clase media tiene posiciones más progresistas que los otros estratos, y por tanto juega un papel regulador de escenarios políticos polarizados como el nuestro. Los casos de Bogotá y Medellín son emblemáticos de esta percepción.

La paz necesita reformas políticas que profundicen la democracia, la participación y el control ciudadano de la gestión pública; necesita acabar la corrupción, tener una seguridad social con enfoque de derechos, educación pertinente, de calidad y accesible; revisar el modelo de desarrollo extractivista, primario-exportador, por uno de agregación de valor orientado al mercado interno; y una política laboral que mejore la capacidad de compra y garantice los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores.

 

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Periódico desdeabajo Nº209, Enero 20 - febrero 20 de 2015

 

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