Estados Unidos vuelve a insistir con la extradición de Julian Assange

La justicia británica está examinando la solicitud de Estados Unidos de revocar la decisión de una jueza de primera instancia de rechazar la extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje. Washington lo acusa de 17 cargos de espionaje que suman una pena posible de 175 años de prisión. El fundador de WikiLeaks es señalado por divulgar cientos de miles de documentos confidenciales de militares y diplomáticos estadounidenses.


El abogado de Estados Unidos en el caso contra Assange, James Lewis, alegó que la jueza Vanessa Baraitser se equivocó al fallar que Assange podría suicidarse debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.

En enero, Baraitser rechazo la demanda de extradición de Washington argumentando que existía riesgo de que Assange se suicidara debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.El fundador de WikiLeaks es considerado por sus seguidores como una víctima de ataques contra la libertad de expresión. Assange estuvo recluido durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres, en 2019 fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en Belmarsh.

Por su parte, Lewis dijo que el gobierno de Estados Unidos prometió que Assange, de 50 años, no será mantenido en una prisión de máxima seguridad ni en condiciones de aislamiento antes de ser juzgado. Además, aseguró que si es condenado podría cumplir su sentencia en su natal Australia.

En respuesta, el abogado Edward Fitzgerald, el defensor de Assange, dijo en un escrito que Australia todavía no aceptó recibir a Assange en caso de que sea condenado en Estados Unidos. En caso de que aceptara, el proceso legal en EE.UU. podría alargarse una década, "durante la cual el señor Assange permanecerá detenido en un aislamiento extremo", argumentó Fitzgerald que acusó a Lewis de intentar “minimizar la severidad del trastorno mental y el riesgo de suicidio del señor Assange".

Libertad de expresión

Afuera del tribunal, ubicado en el centro de Londres, se congregaron decenas de seguidores del fundador de WikiLeaks. Los manifestantes pedían por la libertad de Assange al tiempo que calificaron de “juicio político” el proceso judicial en su contra.

Se esperaba que Assange compareciera por videoconferencia, pero Fitzgerald dijo que su cliente había recibido una alta dosis de medicación y no se sentía bien para participar del procedimiento. Más tarde, en una pantalla de video en la sala se lo vio conectarse por momentos para seguir la audiencia.

La pareja de Assange, Stella Moris, manifestó su preocupación por la salud de su compañero. “Lo vi el sábado. Está muy flaco”, afirmó. La audiencia se extenderá hasta el jueves aunque los jueces que la presiden, entre ellos el jefe de la judicatura del Reino Unido, Lord Ian Burnett, no tienen previsto dar su veredicto hasta dentro de varias semanas. La parte que pierda esta audiencia puede apelar la decisión ante la Corte Suprema del Reino Unido. Los cargos contra Assange contemplan una pena máxima de 175 años. Según Lewis "la condena más larga jamás impuesta por estos mismo delitos es de 63 meses".

Una década de persecución

Tras siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, Assange fue detenido en abril de 2019 cuando el entonces presidente ecuatoriano, Lenin Moreno revocó el asilo político y la ciudadanía otorgada por su predecesor, Rafael Correa. El fundador de WikiLeaks se había recluido en la embajada mientras estaba con libertad bajo fianza. Assange temía ser extraditado a Estados Unidos o Suecia, que lo requería por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.


Su libertad es reclamada por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La directora de campañas internacionales de RSF, Rebecca Vincent, aseguró que en el último año se intensificó la atención mundial sobre el caso, aunque se subestima la gravedad de la situación desde el punto de vista de la libertad de prensa, según consigna el diario británico The Guardian.

"El hecho de que se haya llegado tan lejos tiene un efecto escalofriante en la información sobre seguridad nacional en todo el mundo. Sigue habiendo una tendencia entre algunos a compartimentar esto, o a tomar una posición particular basada en opiniones personales sobre Julian Assange, pero si Estados Unidos tiene éxito en asegurar su extradición, entonces el precedente que podría establecer para cualquier organización de medios de comunicación no puede ser exagerado".

A mediados de octubre instaron al fiscal general de Estados Unidos a abandonar las medidas contra Assange. El proceso en su contra fue lanzado durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), mientras que en la administración de Barack Obama (con Biden como vicepresidente) la justicia norteamericana había renunciado a actuar contra el fundador de WikiLeaks. Actualmente la Casa Blanca no modificó la postura endurecida durante el gobierno de Trump.

27 de octubre de 2021

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El Gran Hermano nos vigila y el espionaje electrónico invade nuestras vidas

La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.

Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.

Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida,  desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras  conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.

“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización  había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.

En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:

  • La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
  • la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
  • el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
  • los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
  • la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
  • la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.

Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.

“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.

A su juicio,  las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.

“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.

Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».

«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.

Tampoco es inevitable.

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.

Por Thalif Deen | 27/10/2021

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Martes, 26 Octubre 2021 05:48

Assange: que cese la venganza

Assange: que cese la venganza

La jueza británica Vanessa Baraister deberá iniciar mañana miércoles la revisión de la apelación presentada por Washington a la negativa judicial a extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, emitida en enero pasado por esa misma magistrada. El informador australiano permanece en una prisión de Londres desde abril de 2019, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno decidió expulsarlo de su embajada en la capital británica, en donde estuvo refugiado durante casi siete años.

La persecución contra Assange ha durado más de una década. Se inició con una investigación de la policía sueca por supuestos delitos sexuales tan insustanciales que nunca dieron lugar a una imputación formal, pero que fueron el pretexto para detenerlo en Londres, en respuesta a una petición de Estocolmo para someterlo a un interrogatorio. Temiendo que la demanda fuese una coartada para llevarlo a Suecia y extraditarlo de allí a Estados Unidos; Assange buscó refugio en la mencionada representación diplomática y ofreció comparecer allí ante representantes legales de Suecia. Su sospecha se vio confirmada por el hecho de que Estocolmo cerró definitivamente la pesquisa policial y desechó los cargos.

Sin embargo, para entonces el Departamento de Justicia ya había formulado imputaciones graves en su contra, una de ellas por “espionaje”, debido a que el fundador de Wikileaks divulgó en 2010 documentos secretos que demostraban la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

Posteriormente, al año siguiente, la organización de Assange distribuyó entre varios medios del mundo –entre ellos, La Jornada– cientos de miles de reportes enviados al Departamento de Estado desde las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Tales documentos revelaron la falta de escrúpulos con la que las autoridades de Washington se conducían en otros países, pero también la supeditación y la corrupción, si no es que el carácter llanamente delictivo, de numerosos gobiernos.

Es claro, pues, que el informador australiano no puede considerarse espía, porque no entregó información alguna a un tercer gobierno sino que la divulgó para la opinión pública internacional. Es evidente también que ha sido víctima de una vasta venganza de Estado por haber dado a conocer a la sociedad la descomposición, la inmoralidad y hasta las facetas criminales de la superpotencia en su proyección diplomática, económica y militar en el ámbito internacional.

Con esas consideraciones en mente, es ine-ludible concluir que el encarnizado acoso judicial de tres presidentes estadunidenses contra Assange –Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden– reviste el carácter de escarmiento para cualquier informador que pretenda revelar documentación clasificada del gobierno estadunidense y es, en tal medida, un bárbaro e injustificable ataque a la libertad de expresión de los periodistas y al derecho a la información de las audiencias. Resulta desolador, por lo demás, que tres gobiernos que se presumen defensores de esa libertad y de ese derecho –Estados Unidos, Suecia y Reino Unido– se hayan conjurado para imponer un castigo ejemplar a un individuo que no cometió más delito que revelar la verdad.

Es exasperante, además, que se haya mantenido en prisión a una persona a todas luces inocente a pesar de su salud precaria y de los riesgos que corre en el encierro. Su encarcelamiento no es sólo una injusticia y un atropello inexcusable a los derechos humanos sino también una afrenta a los principios elementales de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión.

Cabe esperar, en suma, que la jueza Baraister ratifique mañana su negativa a otorgar la extradición del fundador de Wikileaks, que con ello Washington se desista de buscar venganza contra Assange y que éste obtenga una pronta e incondicional liberación.

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"Otoniael', sontie ante los celulares de los oficiales del Ejército que lo capturaron

Las autoridades colombianas llevaban aproximadamente siete años tras el rastro líder del Clan del Golfo, por el que la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Este sábado, las autoridades colombianas confirmaron la captura del hombre más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga, conocido en el mundo criminal bajo el alias de 'Otoniel'.

Úsuga, de 49 años, era la cabeza del Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más grande de Colombia y sus crímenes lo llevaron a consagrarse como uno de los capos más buscados a nivel internacional. Por información que llevara a su captura, la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Tras el arresto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció una rueda de prensa en la que declaró que este es "el golpe más duro al narcotráfico de este siglo en Colombia" y aseguró que es "comparable solo con la caída de Pablo Escobar".

Vida criminal

'Otoniel' nació en el municipio de Necoclí, en Antioquia, y desde allí empezó a fortalecer su emporio criminal. Inicialmente fue miembro del Ejército de Liberación Popular (EPL), donde llegó a delinquir con tan solo 16 años de edad. Posteriormente se deslindó de este grupo subversivo, para luego entrar a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que operó hasta el 2006.

En ese bloque estuvo a las órdenes de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', con quien iniciaría en el negocio de las extorsiones y el lavado de activos. El 3 de septiembre de 2005, Úsuga se desmovilizó de nuevo, cuando se desintegraron las AUC. 

Tras la captura de 'Don Mario', 'Otoniel' y su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovanny', tomaron el control de Los Urabeños, cuyo nombre se debe al control que ejercían en la zona antioqueña de Urabá. Desde entonces podría hablarse del denominado 'Clan Úsuga', que posteriormente se conocería como el Clan del Golfo.

Tras la muerte de su hermano, a manos de la Policía colombiana en 2012, 'Otoniel' ocupó el cargo de máximo cabecilla de nuevo grupo criminal. En su contra existen más de 120 procesos abiertos por toda una serie de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, varios tipos de secuestro y concierto para delinquir, recoge El Tiempo.

Las autoridades colombianas ofrecían hasta 3.000 millones de pesos (aproximadamente 794.000 dólares) por información que ayudara a dar con su paradero.

El presidente Duque catalogó a Úsuga como "el narcotraficante más temido de todo el mundo; asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además, reclutador de menores. Asimismo, indicó que era conocido por "abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes". 

Duque también recalcó que contra el capo existen ordenes de extradición y aseguró que trabajarán con las autoridades "para lograr este cometido", sin que esto impida que también se pueda hacer justicia sobre el resto de sus crímenes en el país.

Operación 'Osiris'

Desde hace meses el estado de salud del jefe criminal había venido empeorando, por una serie de complicaciones. Según informes de Inteligencia, Úsuga no usaba servicios tecnológicos como celulares, sino que se comunicaba mediante una red de correos humanos, presuntamente por la presión policial.

El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, detalló este sábado que llevaban aproximadamente siete años tras el rastro de 'Otoniel', sin embargo, en enero de 2021 "se decidió cambiar los ritmos" y se diseñó una nueva estrategia, para entender de mejor manera a sus estructuras y red de apoyo.

"Fuimos develando los anillos de seguridad, entendiendo de mejor manera los corredores de movilidad y nos fuimos colocando de manera estratégica en el terreno, explicó el alto mando.

El general también resaltó que ya se tenía todo listo para romper la última barrera de seguridad de 'Otoniel', así que reunieron todos los recursos y se lanzó la operación 'Osiris' en la madrugada de este sábado.

Revelaron que la operación se desplegó con más de 500 hombres de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, además de 22 helicópteros de apoyo, con lo cual se logró cercar cualquier escapatoria. Finalmente se logró su captura cerca de las 15:00 (hora local). Durante la ejecución del operativo', también contaron con apoyo satelital por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido.

Navarro señaló que 'Otoniel' nunca tuvo oportunidad de encontrarse con sus redes de apoyo, ni de salir del área porque "todos los comandos estaban ubicados de manera estratégica".

Publicado: 24 oct 2021

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Imagen ilustrativa. La sede de la CIA, Langley, Virginia, EE.UU.Jason Reed / Reuters

Según The New York Times, una comunicación interna de la agencia señala que sus oficiales tienden a subestimar la contrainteligencia de otros países, tienen una competencia técnica relativamente baja y confían demasiado en sus informantes.

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) envió la semana pasada a sus oficinas en otros países una misiva en la que advierte sobre una creciente pérdida de informantes locales, reporta The New York Times al atribuir esa información a varias personas familiarizadas con el asunto.

Según afirma ese medio, el mensaje la agencia de espionaje hace referencia a decenas de colaboradores extranjeros arrestados o incluso asesinados, así como a otros que se ven comprometidos o hasta convertidos en agentes dobles en beneficio de servicios secretos de otros Estados. Al mismo tiempo, destaca lo difícil que es reclutar nuevos informantes.

El problema central en esto, conforme a la misiva, es que los agentes de la CIA subestiman las capacidades de los cuerpos de contrainteligencia de otros países. Asimismo, critica la baja competencia técnica de sus propios oficiales y su excesiva confianza en sus fuentes.

En cuanto a las razones objetivas del desmejorado rendimiento actual de los espías estadounidenses, la agencia señala que se debe a un mayor desarrollo tecnológico de sus rivales. En particular, indica que el uso de escaneos biométricos, reconocimiento facial, inteligencia artificial y 'hackeo' ha facilitado el rastreo de sus agentes fuera de EE.UU.

Publicado: 6 oct 2021 02:57 GMT

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Pine Gap, la base espía de EE.UU. en Australia

Es clave en el pacto de defensa entre Washington, Londres y Canberra

Bajo la apariencia engañosa de monitorear satélites, el país del norte intercepta millones de comunicaciones y facilita información sensible para operar drones con fines bélicos. 

 

Pine Gap se levanta en el corazón desértico de Australia. No es cualquier base, es la base espía más importante de Estados Unidos alrededor del mundo. Edward Snowden hizo más visibles sus propósitos en 2013 cuando la denunció, pero funcionaba desde 1970. Un tratado firmado entre los dos países le dio vida el 9 de diciembre de 1966. Bajo la apariencia engañosa de monitorear satélites, EE.UU. intercepta millones de comunicaciones, facilita información sensible para operar drones con fines bélicos y realiza espionaje en beneficio de intereses propios y de sus aliados desde ahí.

El Pacto AUKUS

Hoy sus instalaciones son un dispositivo clave en el control de una región donde Washington mide fuerzas con China. Acaba de firmar en septiembre pasado la alianza AUKUS (con los gobiernos de Londres y Canberra) que motivó un conflicto internacional con Francia, damnificada de un acuerdo que quedó cancelado para venderles submarinos a los australianos. Ahora, cuándo no, el negocio lo hará el complejo militar-industrial que el expresidente Dwight Eisenhower presentó en sociedad en 1961 en su discurso de despedida. Pasaron sesenta años.

La base de Pine Gap queda a medio camino entre Adelaida al sur y Darwin al norte, rodeada del desierto de Simpson. Un extenso territorio de dunas rojizas, como de película. Extrañas figuras en la roca erosionada por el viento le dan a la zona un semblante lunar, que podría haber inspirado a Ray Bradbury. La CIA controla la infraestructura del lugar que Snowden, su ex contratista, vinculó con la red de espionaje Echelon. La más grande de la historia. Durante décadas Australia y Estados Unidos mantuvieron con incómodo esfuerzo el secretismo sobre sus verdaderos fines. Típica plataforma de vigilancia de la Guerra Fría, nació con el objetivo de espiar el desarrollo nuclear de la ex Unión Soviética y sus aliados.

Cuando el ex primer ministro australiano Gough Witlam insinuó un posible cierre de la base –gobernó entre 1972 y 1975 – terminó depuesto. La renuncia se la pidió el gobernador general y representante de la reina de Inglaterra en Australia, John Kerr, un funcionario de estrecha relación con la CIA. Esa fue la única vez en poco más de 50 años que EEUU corrió el riesgo de quedarse sin Pine Gap. El político laborista estaba amparado legalmente para cerrarla. El convenio firmado en el ‘66 entre ambos países decía que después de nueve años, cualquiera de los dos podía rescindirlo si avisaba un año antes. Pero no pasó y a Witlam le costó su salida.

Una historia de película

La historia de la base fue tratada por Netflix en una miniserie de seis capítulos estrenada en octubre de 2018. La productora australiana Screentime da una idea de cómo funciona Pine Gap, pero no tuvo demasiado suceso. Incluso fue levantada en Vietnam por lo que este país consideró un error geopolítico del guión. Dos veces aparece un mapa que le atribuye a China una zona marítima que está en disputa con su vecino. Los vietnamitas lo tomaron como una ofensa. En los diálogos hay un pasaje crítico a EEUU sobre el control de la base. Se da cuando la subjefa local le dice a su superior: “Los australianos estamos muy acostumbrados a aceptar. En toda la historia de Pine Gap el jefe siempre fue estadounidense”.

Proyecto Rainfall: la historia secreta de Pine Gap es un libro de Tom Gilling basado en documentos desclasificados de Estados Unidos y Australia. Su autor sostiene en el texto la idea de que los ovnis son objeto de estudio para la base. El periodista Alex Salmon escribió sobre la investigación en septiembre de 2019: “Gilling documenta de manera experta la historia secreta de Pine Gap, el secreto que rodea su papel en la máquina de guerra de los EEUU. Y cómo convierte a Australia en un objetivo militar en el caso de futuras guerras imperialistas de Estados Unidos. Si bien no pide explícitamente el cierre de Pine Gap, el libro proporciona evidencia más que suficiente para cerrarla y poner fin a la alianza militar de Australia con los EEUU”.

Lo que muestra la actualidad es bien diferente. AUKUS reforzó la asociación estratégica entre las dos naciones y el Reino Unido. No es la única en la región. Existe además el Quad (Quadrilateral Security Dialogue), una coalición que integran EEUU, Australia, India y Japón en la zona del Indo-Pacífico, un concepto geopolítico relativamente nuevo.

El prestigioso analista de Inteligencia australiano, Desmond Ball, también definió a Pine Gap como “máquina de guerra” en 2014, un par de años antes de su muerte. De aquella base a principios de los ’70 que apenas tenía dos antenas y nació como una instalación de investigación espacial de defensa conjunta -según el tratado firmado en 1966-, se pasó a un complejo con 38 antenas cubiertas por sus respectivos radomos en 2017. Esas estructuras que semejan gigantescas pelotas de golf y las protegen del mal tiempo. Pero no solo crecieron las instalaciones de modo exponencial. También su dotación.

Las primeras familias estadounidenses se instalaron en la zona de Alice Springs, la ciudad más cercana a la base, cuando ésta se abrió. Las tareas secundarias fueron destinadas a australianos, que con el tiempo pasarían a ocupar la mitad de los puestos de trabajo. Desde la Guerra Fría a la etapa posterior a los atentados a las Torres Gemelas, Pine Gap casi duplicó su personal, según Ball. Mimetizados en ese paisaje desértico, algunos agentes de la base se hacían pasar por jardineros. Alice Springs tuvo una alta densidad de ellos. El secretismo el gobierno local contribuyó a que estas habladurías se volvieran frecuentes y hasta aparecieran publicadas en los medios.

Las tierras donde funciona este núcleo de espionaje son consideradas sagradas por los pueblos originarios de la región que fueron desalojados hace décadas. En ellas también proliferan historias sobre avistajes de platos voladores. Nada de lo que ocurre en esta porción del mundo donde la influencia de China resulta notoria, es ajeno a Pine Gap ni a la voracidad informativa de la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad de EEUU). Si Estados Unidos tenía 686 bases militares fuera de su territorio en 2015 – cifra que ahora algunos informes elevan a casi un millar -, la que opera desde el centro de Australia es su Big Brother. Las guerras que libró Washington basadas en su credo selectivo contra el terrorismo abarcaron la ex Yugoslavia, Libia, Irak, Afganistán y Siria. Todos países que quedaron destruidos por los bombardeos indiscriminados. Hoy son reemplazados por drones con los que se cometen ataques quirúrgicos que tampoco evitan los llamados daños colaterales contra civiles indefensos. Para eso EE.UU. necesita seguir espiando y Pine Gap es su músculo vital.

4 de octubre de 2021

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Domingo, 03 Octubre 2021 06:14

La CIA vs. Assange: el mundo debe saber

Londres. Foto Afp

Hace tres años, el 2 de octubre de 2018, un comando de oficiales sauditas asesinó al periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul. El propósito del asesinato era silenciar a Khashoggi y atemorizar a los críticos del régimen saudita al mostrar que se les perseguiría y castigaría como si fueran agentes de una potencia extranjera.

Esta semana se reveló que en 2017, un año antes del asesinato de Khashoggi, la CIA había maquinado el secuestro o asesinato de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, quien cinco años antes se había refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Un alto funcionario estadunidense de contrainteligencia señaló que "en los más altos niveles" del gobierno de Donald Trump se discutieron planes para la entrega forzada de Assange a Estados Unidos. El informante fue uno de los más de 30 funcionarios estadunidenses –ocho de los cuales confirmaron detalles de la propuesta de secuestro– citados en una investigación de 7 mil 500 palabras de Yahoo News sobre la campaña de la CIA contra Assange.

El plan era "irrumpir en la embajada, sacar a rastras a Assange y llevarlo adonde queremos", recordó un antiguo oficial de inteligencia. Otro informante comentó que tuvo conocimiento de una reunión celebrada en la primavera de 2017 en la que Trump preguntó si la CIA podría asesinar a Assange y plantear "opciones" de cómo hacerlo. Trump lo ha negado.

Mike Pompeo, jefe de la CIA designado por Trump, declaró en público que clasificaría a Assange y a WikiLeaks como equivalentes a "un servicio hostil de inteligencia". Apologistas de la CIA aseguran que la libertad de prensa no estaba amenazada, porque Assange y los activistas de WikiLeaks no eran verdaderos periodistas. Los funcionarios de inteligencia del más alto nivel intentaban decidir quién es periodista y quién no, y cabildeaban con la Casa Blanca para redefinir a otros periodistas de alto perfil como "traficantes de información", a quienes se consideraría susceptibles de ser atacados, como si fueran agentes de una potencia extranjera.

Entre aquellos a quienes se mencionó que la CIA quería atacar estaban Glenn Greenwald, fundador de la revista Intercept y ex columnista de The Guardian, y Laura Poitras, cineasta documentalista. Los argumentos para hacerlo eran similares a los empleados por el gobierno chino para suprimir a disidentes en Hong Kong, los cuales fueron muy criticados en Occidente. Encarcelar periodistas como espías ha sido siempre la norma en países autoritarios, como Arabia Saudita, Turquía y Egipto, en tanto que denunciar a la prensa libre como antipatriota es una marca más reciente de gobiernos nacionalistas populistas que han llegado al poder en todo el mundo.

Sólo es posible hacer un breve resumen de la extraordinaria historia expuesta por Yahoo News, pero los periodistas que la escribieron –Zach Dorfman, Sean D. Naylor y Michael Isikoff– deben arrasar con todos los premios periodísticos. Sus revelaciones deben ser de particular interés en Gran Bretaña, porque fue en las calles del centro de Londres donde la CIA planeaba un asalto extrajudicial a una embajada, el secuestro de un ciudadano extranjero y su entrega secreta a Estados Unidos, con la alternativa de asesinarlo.

No se trataba de ideas deschavetadas de oficiales de inteligencia de bajo nivel, sino de operaciones que, según la información, Pompeo y la agencia tenían toda la intención de llevar a cabo. Esta fascinante y trascendental historia, basada en múltiples fuentes, debería atraer extensa cobertura y variados comentarios editoriales en los medios británicos, para no mencionar al Parlamento. Muchos periódicos han publicado cuidadosas versiones de la investigación, pero no han causado furor. Hay desconcertantes vacíos de cobertura, como en la BBC, que sólo dio cuenta del caso, hasta donde puedo ver, en su servicio de radio para Somalia. El Canal 4, normalmente tan diligente en defender la libertad de expresión, al parecer no mencionó la noticia para nada.

De hecho, el ataque a la embajada nunca ocurrió, pese a lo avanzado de la planeación. "Hubo una discusión con los británicos sobre poner la otra mejilla o mirar para otro lado cuando un equipo de tipos entrara e hiciera una acción", aseveró un ex alto oficial de contrainteligencia estadunidense, quien añadió que los británicos se negaron a permitir la operación.

Sin embargo, el gobierno británico realizó su propia acción contra Assange, menos melodramática, pero más efectiva, al sacarlo de la embajada el 11 de abril de 2019, luego de que el nuevo gobierno de Ecuador revocó el asilo. Dos años y medio después, Assange permanece en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, mientras Washington apela contra una decisión judicial de no extraditarlo a Estados Unidos por un posible riesgo de suicidio.

Si se le extradita, enfrentaría 175 años de prisión. Sin embargo, es importante entender que sólo cinco de ellos estarían fundados en la Ley de Fraude y Abuso con Computadoras, en tanto que los otros 170 años potenciales serían conforme a la Ley de Espionaje de 1917, adoptada durante el punto más alto de la fiebre de patriotismo a raíz de que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial.

Sólo un pequeño cargo contra Assange se refiere a la revelación por WikiLeaks, en 2010, de una colección de cables diplomáticos estadunidenses y reportes del ejército relativos a las guerras de Irak y Afganistán. Los otros 17 cargos están relacionados con clasificar investigación periodística normal como equivalente al espionaje.

La determinación de Pompeo de mezclar investigación periodística con espionaje tiene particular relevancia en Gran Bretaña, porque la secretaria del interior, Priti Patel, pretende hacer prácticamente lo mismo. Propone actualizar la Ley de Secretos Oficiales para que periodistas, denunciantes ciudadanos y filtradores de noticias enfrenten sentencias hasta de 14 años de prisión. Un documento de consulta emitido en mayo, titulado Legislación para Contrarrestar Amenazas al Estado (Actividad Hostil al Estado) redefine el espionaje como "el proceso encubierto de obtener información confidencial delicada que normalmente no está a disposición del público".

La verdadera razón de que la exclusiva acerca del complot de la CIA para asesinar a Assange haya sido ignorada o minimizada es que, desde todos los credos políticos, de izquierda, derecha o centro, se le está relegando injustamente como un paria.

Por dar sólo dos ejemplos, el gobierno estadunidense ha seguido afirmando que las revelaciones de WikiLeaks en 2010 pusieron en riesgo vidas de agentes estadunidenses. Sin embargo, el ejército de ese país reconoció en una audiencia judicial en 2013 que un equipo de 120 oficiales de contrainteligencia no logró hallar en Irak o Afganistán una sola persona que hubiera muerto por dichas revelaciones. En cuanto a las acusaciones de violación en Suecia, muchos sienten que bastaría con ellas para negar a Assange cualquier aseveración de ser un mártir en la causa de la libertad de prensa. No obstante, el fiscal sueco sólo realizó una "investigación preliminar" y no se han presentado cargos.

Assange es una clásica víctima de la "cultura de cancelación", tan satanizado que ya no puede obtener una audiencia, ni siquiera cuando un gobierno conjura para secuestrarlo o asesinarlo.

En realidad, Khashoggi y Assange fueron perseguidos sin tregua por el Estado porque cumplieron el deber primordial de un periodista: descubrir información importante que el gobierno quiere mantener en secreto y revelarla al público.

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Julian Assange, más cerca de la extradición a Estados Unidos

El Tribunal Superior de Justicia de Londres pone en duda el deterioro de la salud mental y el riesgo de suicidio del fundador de Wikileaks si es entregado a Washington, motivos por los que una jueza había denegado la extradición. 

 

Duro revés para el periodista australiano Julian Assange y para sus posibilidades de no ser extraditado a Estados Unidos, cuyo Gobierno persiste en su petición de extradición para que sea juzgado por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática; acusaciones que podrían suponerle al fundador de 'WikiLeaks' 175 años de condena. En la vista del pasado 11 de agosto, el juez Timothy Holroyde, del Tribunal Superior de Justicia de Londres, cuestionó la decisión de su homóloga Vanessa Baraitser de negarse a la extradición para salvaguardar la salud mental de Assange y ante el riesgo de suicidio si es condenado finalmente en Estados Unidos, donde, según la jueza, su ingreso en una prisión sería un duro "confinamiento". 

En estos momentos, la única baza de la defensa de Julian Assange, encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue detenido en un asalto a la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado siete años, es su deteriorada salud mental y el riesgo de suicidio que supondría su entrega a Estados Unidos. Un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman así lo acredita. La jueza Braitser se basó en ese informe pericial para denegar la petición de extradición el pasado 4 de enero. 

Lo más preocupante de la situación procesal de Assange es que la jueza británica no avaló la tesis principal de su defensa, coordinada por el abogado y exjuez español Baltasar Garzón. Baraitser rehusó la motivación política que denuncia el fundador de 'Wikileaks' respecto a su persecución como periodista por el Gobierno de EE.UU. En 2010, el portal de Julian Assange publicó cientos de cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se demostraba la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo y durante las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En los documentos secretos desvelados por 'Wikileaks' quedaba en evidencia el abuso del ejército estadounidense en cuanto a las muertes de civiles.

Tras la sentencia de la jueza Braitser, otro juez denegó a Washington la posibilidad de usar en su recurso argumentos contrarios al informe psiquiátrico que advierte del peligro de suicidio. Según la Administración de EE.UU, el profesor de Psiquiatría Kopelman trató de engañar al tribunal al apuntar como "alta y certera" la posibilidad de que Assange se quitara la vida si llegaba a ser extraditado a Estados Unidos.

En la vista del pasado 11 de agosto, un tercer juez ha permitido a Estados Unidos cuestionar ese dictamen psiquiátrico en su impugnación contra la no extradición. Así mismo, el juez Timothy Holroyde reprocha a la jueza Braitser haber sobredimensionado el riesgo de suicidio; también pone en duda la fragilidad de la salud mental del periodista. En la vista definitiva para decidir la extradición, que se celebrará en Londres el próximo mes de octubre, el informe del doctor Kopelman será el eje central. 

La credibilidad del informe ha sido duramente cuestionada por los fiscales estadounidenses, tras desvelar que el psiquiatra omitió intencionadamente que Assange tenía dos hijoscon su abogada, Stella Morris, mientras estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres

Julian Assange, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Belmarsh, en Londres, lleva una década soportando un auténtico calvario, sin haber sido condenado todavía por los delitos que se le imputaron desde que difundió los documentos militares secretos de EE.UU. Fue acusado de abusos sexuales en Suecia, pero la Fiscalía del país nórdico archivó finalmente la causa por la dificultad probatoria. En Reino Unido fue condenado a cincuenta semanas de prisión por violar las condiciones de libertad condicional en 2012,  cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Allí permaneció casi siete años, protegido como asilado político.

Sin embargo, el sucesor de Rafael Correa en la presidencia de Ecuador, Lenin Moreno, retiró a Assange la protección diplomática y permitió en abril de 2019 el asalto de la Policía Metropolitana de Londres a la embajada ecuatoriana, que concluyó con la detención del periodista. No sólo está en juego la salud y la vida de Julian Assange, también la libertad de prensa.

16/08/2021 21:55

Ana María Pascual@Anmariapascual

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Estados Unidos insistió en la extradición de Julian Assange

En una audiencia preliminar cuestionó el fallo de la justicia británica

La abogada Clair Dobbin sostuvo que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales.

 

El gobierno estadounidense consideró ante el Tribunal Superior de Londres que el fundador de WikiLeaks, el periodista australiano Julian Assange, no está "tan enfermo" como para querer suicidarse si es extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos de presunto espionaje. Los abogados estadounidenses entienden que las pruebas presentadas por la defensa de Assange, quien permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad del Reino Unido acusado de difundir documentos clasificados, no se basan en su actual estado de salud sino en cómo podría evolucionar. Decenas de manifestantes con pancartas que rezaban "Diez años, ¡ya basta!" o "Liberen a Assange" se congregaron el miércoles ante el tribunal londinense, incluido el exlíder laborista Jeremy Corbyn.

Durante una audiencia preliminar del proceso de apelación dispuesto por Washington, la abogada Clair Dobbin informó que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales. Su mirada difiere mucho de la del psiquiatra Michael Kopelman, quien en septiembre de 2020, durante el juicio de extradición de Assange, había informado que el periodista presenta un comportamiento suicida que podría potenciarse si la justicia inglesa decide trasladarlo a Estados Unidos.

Assange fue detenido por la policía británica en abril de 2019 después de que el gobierno de Ecuador le retirara su asilo diplomático en la embajada ecuatoriana de Londres, donde vivía refugiado desde 2012 por miedo a ser extraditado a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo acusa de espionaje por difundir en 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas, sobre todo en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.

11/08/2021

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En imagen de archivo, soldados estadunidenses durante un entrenamiento en Pabrade, Lituania, el 13 de noviembre de 2014.Foto Ap

Hace ya 17 años recuerdo que el Pentágono había montado una "oficina de bursatilización de asuntos terroristas" –¡no es broma!– "por medio de la cual se consideraba cotizar los previsibles (sic) atentados" un “tránsfuga del grupo criminal Irán-contras, quien fue obligado a renunciar cuando se expuso la magnitud de su proyecto macabro (https://bit.ly/3se1xVV)”.

Ahora, casi 20 años ulteriores al montaje hollywoodense del 11/9, pareciera que el Pentágono se ha autointoxicado con sus películas que patrocina en Hollywood para su "propaganda negra" global (https://bit.ly/3fRh0pP).

El pasado 28 de julio, el general Glen D. VanHerck, mandamás del Comando Norte y del Norad de EU –que "protege" a México con su paraguas militar (https://bit.ly/3juRFTB), en particular, a las fuerzas aéreas del T-MEC (https://bit.ly/3jGjnwR)– concedió un briefing a los reporteros sobre sus "Experimentos de Dominio de la Información Global (GIDE)", al unísono de los otros 11 comandos militares de EU, que significaría un maravilloso instrumento para prevenir las crisis en el mundo mediante una "persuasión integrada (sic) (integrated deterrence)", con el fin de "conseguir el dominio de la información (sic) y proveer la superioridad de decisión en competencia y en crisis".

Según el muy optimista general VanHerck, GIDE usará inteligencia artificial (IA) y máquinas de aprendizaje (machine learning) para “incrementar el espacio de decisión para los líderes del nivel táctico al nivel estratégico –no sólo los líderes militares, sino también brinda oportunidad a nuestros líderes civiles (sic)”.

La IA será usada para predecir con mucha antelación y actuar de forma preventiva con el fin de confrontar una crisis, con la ayuda de la capacidad satelital del sensor Geoint (https://bit.ly/3lSh7Wi).

¿Pretenderá también el Comando Norte/Norad bursatilizar las premoniciones del Pentágono sobre los vaticinios de las crisis por su IA?

Nada menos que Scott Ritter –anterior funcionario de espionaje de los Marines, inspector de las hilarantes "armas de destrucción masiva" de Saddam Hussein en Irak que nunca existieron, y connotado experto en asuntos nucleares– se burla de que el Pentágono pretenda creer que la “IA pueda predecir (sic) eventos mundiales (https://bit.ly/3xAgrXB)”.

Ritter critica el organigrama burocrático altamente politizado del Pentágono, que ha sucumbido por ver tantas películas de Hollywood: "El hecho es que hoy lo que pasa por una organización de espionaje de EU está altamente politizada" y cuya "inherente incompetencia parece ser más por diseño que por accidente". ¡Uf!

Sin tapujos, Ritter ridiculiza al GIDE del Comando Norte y su IA, no se diga a sus "máquinas de aprendizaje": "Debo confesar mucho más que poco escepticismo sobre la eficacia de un sistema como el GIDE" cuando las "máquinas de autoaprendizaje" fueron engendradas por "programas computacionales y algoritmos producidos por humanos".

Ritter fustiga la "narrativa politizada" de VanHerck y rememora que el clásico análisis de espionaje no tiene nada que ver con los "objetivos políticos" cuando el mismo "producto analítico" puede ser contrario a los "objetivos políticos" buscados. Con su enorme experiencia en la guerra de Iraq, Ritter recuerda que la ausencia de "armas de destrucción masiva" se debió a un "fracaso de liderazgo" de EU y no a un "fracaso del espionaje".

En forma persuasiva, aduce que el "preciso análisis de espionaje versa más sobre la comprensión de la naturaleza (sic) humana" y que "el mejor juez de la naturaleza humana es otro humano", ya que "ninguna computadora puede aproximársele".

Ritter concluye que "el hecho de que EU desee subordinar los requerimientos de su espionaje predictivo (sic) de nuestra seguridad nacional colectiva a una computadora, debe ser preocupante para cada estadunidense".

¿Cómo habrán ponderado el vibrante y escéptico artículo de Ritter, los geoestrategas de Rusia y China sobre el GIDE del Pentágono?

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