MARQUINAM, 696-Inflacion-600x320, https://www.flickr.com/photos/marquinam/13418120694/

El actual fenómeno inflacionario tiene 3 características: i) es generalizada, ii) es de costos, iii) está alimentada por las deudas públicas.

La inflación es generalizada

La inflación es generalizada. En los dos últimos años en todos los países están subiendo los precios.

En la gráfica, a modo de ejemplo, se observa la evolución que han tenido los precios en Colombia, los países de la Unión Europea, el Reino Unido, y los Estados Unidos.

En todos los casos, los precios subieron entre 2019 y 2021. Esta tendencia ha sido relativamente similar. En porcentaje en el 2021 en Colombia la inflación fue de 5,6, en la Unión Europea de 5,3, en el Reino Unido de 5,4, y en Estados Unidos de 7,0.

Cuando se observa todo el período (2001-2021), la dinámica de Colombia ha sido muy diferente a la de los otros países, en los que la actual inflación es relativamente excepcional. Se destaca el caso de los Estados Unidos. El nivel de precios del 2021 no se presentaba desde los años 70s. Para recordar, entre 1979 y 1981, la inflación promedio fue de 12 por ciento. Desde entonces, Estados Unidos no tenía inflaciones tan altas. La serie correspondiente a Colombia muestra que la inflación actual no es extraña comparada con la que se observa en años recientes.

La inflación es de costos

La inflación de ahora se podría caracterizar como inflación de costos. Y se expresa de diversas maneras. i) Dificultades en la cadena logística. La capacidad de los puertos se ha saturado, y se presentan embotellamientos. Además, hay problemas con los contenedores y el transporte. ii) El mayor precio de los bienes básicos, como los alimentos. En Colombia ha sido evidente el aumento de los precios de los alimentos. Es inaceptable que el país esté importando, cada año, 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Y estos bienes se han encarecido porque el peso se ha devaluado. En los dos últimos meses los precios de los alimentos subieron 23 por ciento. iii) Los mayores precios del petróleo, que está llegando a 130 dólares barril, y de los insumos causados por la guerra de Ucrania.

La devaluación del peso favorece a los exportadores, como los cafeteros, los floricultores, Ecopetrol, etcétera, porque venden en dólares y por cada dólar obtienen más pesos. Pero la devaluación es perjudicial cuando se trata de las importaciones, como la de alimentos, porque el dólar es más caro y se necesitan más pesos para comprar los mismos bienes. La devaluación también tiene efectos negativos sobre el monto de la deuda pública externa que ha sido contratada en dólares. El dilema de la política económica es, por tanto, ¿favorecer a los exportadores o inclinarse por los consumidores?. Y a esta pregunta se le añade la forma más conveniente de administrar la deuda pública, dadas las fluctuaciones del dólar, sobre las que el gobierno no tiene ningún margen de maniobra.

Puesto que la inflación es de costos, no tiene ningún sentido pretender reducirla mediante aumentos de la tasa de interés. Los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, han subido lentamente la tasa de interés, porque entienden que la inflación no tienen su origen en excesos de la cantidad de moneda, sino en aumentos de los costos de naturaleza estructural. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha sido especialmente reticente a aumentar la tasa de interés. Y, con razón, considera que subir la tasa de interés puede tener un impacto negativo en la reactivación que todavía es incipiente.

En Colombia el Banco de la República no ha entendido que la inflación es de costos, y de manera equivocada subió de un momento a otro la tasa de referencia del 3 al 4 por ciento anual. Esta medida inmediatamente disparó todas las tasa de interés. Con este tipo de decisiones no se corrige la inflación y, además, se frena la dinámica de la economía.

 

 


La deuda pública contribuye a inflar los precios

El saldo de la deuda pública con respecto al PIB está aumentando de manera significativa en la mayoría de los países. Y la razón de este fenómeno es sencilla: los impuestos han bajado y el gasto público continúa creciendo. Desde los años 80s en todo el mundo se comenzaron a predicar las bondades de la menor tributación. Se decía, de manera equivocada, que los impuestos obstaculizan la inversión privada. Los hechos están mostrando que este discurso es equivocado. Sin impuestos los gobiernos tienen que recurrir a la emisión de deuda. No tienen otra forma de financiar sus políticas.

El incremento de la deuda pública le permite al gobierno adelantar obras y ofrecer de manera adecuada sus servicios. En este proceso se crea dinero, y aunque hasta ahora estos movimientos no habían repercutido en mayores precios, se teme que este tipo de medias sí puedan hacerlo. A diferencia de la excesiva ortodoxia del Banco de la República, tanto Estados Unidos como Europa consideran que el banco central debe darle liquidez a la economía, con el fin de estimular la inversión, la producción y el empleo. Y, efectivamente, el monto de las “emisiones”, o compras de títulos en los mercados secundarios han sido colosales. Los datos del cuadro son sorprendentes.

Este tipo de operaciones que aumentan la deuda pero incentivan la actividad económica, cada vez son más frecuentes. Mientras tanto, el Banco de la República de Colombia se niega a realizar cualquier operación de esta naturaleza.

Alternativas de la política económica

De la situación actual se derivan varias lecciones. En primer lugar, es importante que el país se convenza de la importancia de garantizar la seguridad alimentaria. La importación de alimentos debería reducirse de manera sustantiva. Segundo, la bonanza ocasionada por los altos precios del petróleo tiene que ser aprovechada, para no repetir los errores que se cometieron con el mal manejo de la anterior bonanza. Para lograr este propósito, los excedentes derivados del petróleo deben contribuir a la transformación de la matriz energética, de tal forma que se intensifique la economía limpia. Estos recursos también deben servir para estimular la modernización del campo y el desarrollo de la industria nacional. Tercero, la política monetaria tiene que ser más flexible, como lo está siendo en Estados Unidos y Europa. El Banco de la República debe aprender de los bancos centrales de los países desarrollados, que tienen clara su responsabilidad con el empleo y la inversión.

 

Para adquirir suscripción

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Publicado enColombia
Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice la sabiduría popular. ¿Está cumpliendo el Gobierno con matrícula cero, un triunfo de la juventud colombiana y del estudiantado universitario en particular? ¿Qué nos muestran las medidas tomadas para satisfacer esta demanda, entre ellos el decreto 662 de 2020?

 

Un logro hecho realidad en las calles. La aprobación oficial de la matrícula cero para el acceso a la educación superior en el país, si bien aún no alcanza a ser educación pública gratuita y universal para todos y todas, sí representa un importante paso en esa dirección. Un logro que no a pocos estudiantes les costó la pérdida de un ojo producto de disparos del Esmad, y a otros laceraciones de distinto grado en su humanidad.

Aunque esta demanda estuvo en el centro de las motivaciones de miles antes del 2020, fue en este año, tras las inmensas protestas del 2019 cuando el Gobierno la recogió en el decreto 662. Antes había creado el Fondo Solidario para la Educación, por medio de la cual asumía los costos acarreados por miles de estudiantes exonerados de pago de pensión.

Las limitantes de estas medidas fueron interpretadas por los “beneficiados”, como una dilación a su demanda de educación pública gratuita y universal, por lo cual la consigna siguió presente en las protestas, torciendo el brazo gubernamental: el 7 de diciembre de 2021 fue expedido el decreto 1667 que volvía política de Estado la matrícula cero.


El Fondo privatizador para la educación

Según la argumentación oficial, el propósito del decreto 662 de 2020 era el de “mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo” mediante diferentes programas de educación, principalmente enfocados hacia la consolidación del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus covid-19. El decreto recogía mecanismos para ampliar plazos de pago de deuda contraídas con el Icetex, reducía intereses por cancelar y brindaba nuevas oportunidades para acceder a nuevos créditos para el 2020, pero no resolvía lo fundamental: la educación gratuita y universal.

Para garantizar que el Icetex contará con los fondos suficientes para atender los giros permitidos por el decreto antes comentado, el 23 de marzo de 2020 expidieron un nuevo decreto, el 467, por medio del cual se inyectaban $70.247.695.1571 de pesos a esta especie de banco que tiene el gobierno para endeudar aún más a quienes no tienen con que cubrir los costos que le implican tener que pagar lo que le corresponde al Estado.

Como “al que no quiere caldo le dan dos tazas”, el artículo 3 del decreto 662 de 2020, con el supuesto oficial de aliviar la crisis económica en las familias colombianas y así prevenir la deserción de los estudiantes, también daba paso a unas nuevas líneas de crédito para el pago de matrículas de los jóvenes inscritos en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como para el pago de pensiones de jardines y colegios privados.

En últimas, aunque con menor cantidad de recursos asignados, se encontraba un “auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública” que el gobierno nacional priorizaba en su discurso ante los medios de comunicación como matrícula cero, como una evidencia del compromiso duquista con la educación pública.

Esta noticia fue recibida en un primer momento con bombos y platillos por las diversas organizaciones estudiantiles de país y por las diferentes administraciones de las 33 universidades públicas, en especial por aquellas que en su momento se encontraban tomadas por los estudiantes como mecanismo de presión en búsqueda de la denominada matrícula cero2.

La alegría que cundió, aunque no correspondía al logro del propósito central que movilizaba al estudiantado, se debió a que para muchos estudiantes significaba un alivio en los costos educativos y una garantía de poder proseguir sus estudios en el marco de la crisis por la pandemia por covid-19, mientras que para los rectores implicaba un compromiso con la educación pública por parte del gobierno y una desmovilización del movimiento estudiantil, muy convulsionado desde el 2018.


Sin embargo, pocas voces se alzaron en contra de un decreto que en su práctica discrepaba mucho de su objetivo, dado el hecho de que los programas de educación del Fondo Solidario para la Educación iban encaminados principalmente hacia una focalización y un subsidio a la demanda bajo nuevas líneas de crédito. Es decir, poco o nada aportaba a la mitigación de la reducción de la deserción y la promoción de la permanencia en la educación superior, mucho más si tenemos en cuenta tal decreto. La educación superior, gratuita y universal como derecho continúa, no hay duda, envolatada.

El decreto desconocía otros factores importantes que influían considerablemente en la tasa de deserción y permanencia de la educación pública, por ejemplo, las necesidades de alimentación, movilidad y vivienda que sufren la mayoría de los estudiantes de universidades públicas y que solo se solucionan con la superación de las problemáticas presupuestales de la educación pública que permitieran mayor presupuesto para el rubro de bienestar universitario.
Desfinanciación

Son todos estos aspectos en lo que ahonda el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachi3, para quien la matrícula cero ignora el costo real de un estudiante: “¿Qué es lo que hace esta matrícula? Es simple: profundizar la crisis de desfinanciación de las universidades. ¿Y por qué esto? Porque no atiende los costos operacionales de funcionamiento que representa un estudiante para cada universidad pública, es decir, “[…] mientras que Ser pilo paga o Generación E pagan $24.000.0000 de pesos en la Universidad de los Andes, en una universidad como la Pedagógica Nacional el promedio de costo de un estudiante es de $4.500.000 […]”.

Es decir, la matrícula cero tampoco logra resolver el problema del decrecimiento presupuestal en razón del promedio de costos por estudiante que se viene dando desde 1993, momento en que la ley 30 definió que el presupuesto de la educación superior pública iba aumentando anualmente en relación con el IPC y no en relación con el porcentaje de cobertura y su aumento al interior de las universidades públicas, ni mucho menos con el aumento de costos por estudiante, que normalmente duplica el IPC. Como resultado de la ley 30, durante 27 años la cantidad de estudiantes de las universidades públicas, sumados hasta el 2020, aumentó en un 253 por ciento4, mientras que el aumento presupuestal en la misma medida de tiempo no fue superior al 130 por ciento.

Desmontados por las orejas. Toca resaltar que si bien las movilizaciones y el paro estudiantil durante el 2018 lograron un acuerdo con el gobierno nacional alrededor de varios puntos, especialmente en términos presupuestales, en el decreto que reglamenta y regula la matrícula cero existe un retroceso en lo firmado en las negociaciones con el gobierno, porque por un lado fortalece los programas de crédito –que son unos de los responsables de la desviación de recursos públicos a universidades privadas– y por otro, desconoce el verdadero costo de la canasta promedio de un estudiante.

“Entonces –amplia el profesor Choachí– miren que no es matrícula cero porque no cubre los costos operacionales, está resolviendo el problema del estudiante pero el problema estructural de desfinanciación de la educación pública persiste [...]; resuelven una necesidad concreta que era urgente y necesaria para que muchos jóvenes pudieran estudiar, pero el problema estructural sigue sin tocarse, o sea, no hay recursos adicionales para cubrir lo que realmente cuesta un estudiante para el funcionamiento en la universidad, entonces por eso decimos que el tema de matrícula cero sigue siendo un engaño”.

De esta manera el gobierno nacional logró convertir unas exigencias colectivas, como son el desmonte del subsidio a la demanda y la solución pronta de las necesidades presupuestales de la educación pública, características de las dos últimas grandes coyunturas de movilización estudiantil (la Mane y la Unees), en un problema individual –el pago de la matrícula–, todo ello mediante un decreto que viene con otros programas de educación, estos incluso con mayor presupuesto y más nocivos para el tan ya golpeado presupuesto de la educación pública.
Desangrar la Universidad
como política de Estado
No satisfechos con el golpe mortal dado al presupuesto de las universidades públicas, los esfuerzos por parte del gobierno nacional, en cabeza de la ministra de educación María Victoria Ángulo, estuvieron enfocados a convertir en política de Estado los programas oficiales contenidos en el decreto 662 de 2020, definiendo de esta manera, como un lineamiento general por parte del Estado, la financiación y promoción del endeudamiento como el mecanismo básico para el acceso a la educación superior.

Para darle más forma a su propósito, en el decreto 27 de la Ley de Inversión Social el gobierno nacional define los criterios de selección para los beneficiarios de la matrícula cero. Allí precisa que solo quienes procedan de estratos 1, 2 y 3 podrán recibir el auxilio en el pago del valor de la matrícula hasta el año 2023, dado que a partir de entonces los recursos se destinarán a los estudiantes que logren clasificar mediante el sisben IV. La consecuencia de esto es que incluso los estudiantes beneficiarios de la matrícula cero podrían verse reducidos, ya que la mayoría de universidades públicas han afrontado su precariedad financiera para poder cumplir con la matrícula cero, llegando incluso a reasignar recursos propios.

 

Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la Educación Superior Pública

 

 

La Ley de Inversión Social también deja claro que “estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a estos programas”, aclaración que reconfirma el interés mercantil –la educación debe ser negocio y producir ganancias al capital– que sobre un derecho fundamental prevalece en la clase que está al frente del gobierno.

Entonces, retoma Choachí, los recursos asignados no están destinados “[…] para garantizar matrícula cero sino para garantizar Generación E y la financiación de Ser pilo paga. ¿Qué significa esto? Que los recursos del presupuesto de la educación pública, que deben ser asignados en la partida presupuestal, en gran proporción serán destinados al Icetex para que cubra la demanda de los estudiantes que están en ese programa”. Es decir, el que quiera estudiar que pague.

Y para los insuficientes recursos asignados para cada universidad, mediante el decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021, el gobierno nacional regula la matrícula cero. En este decreto, de manera más meticulosa, construye un filtro de beneficiarios que al final termina reduciendo la matrícula cero a una cantidad de estudiantes específicas, todo ello a partir de diferentes criterios, con énfasis en el registro en la base de datos de sistema sisben IV. Como puede pensarse, un mecanismo más, no solo para negar el derecho exigido por los estudiantes, sino un conducto más expedito para hacer clientelas.
La larga deuda irresuelta

La transformación de la matrícula cero en política de Estado y bandera falsa del gobierno nacional de un compromiso con la educación pública, deja a un lado las necesidades presupuestales en creciente desde 1993 y cuyo cubrimiento ha sido desde entonces una de las permanentes exigencia del estudiantado, que ve y padece con indignación el declive estructural y presupuestal de sus casas de estudios. Como ya está dicho, lo que sí pretende es endeudar más a los ya empobrecidos estudiantes que acuden a tal recurso. Niegan el derecho a la educación y acrecientan el negocio, además de ampliar el control social de los endeudados, obligados a cumplir con ciertos parámetros en el resultado de sus estudios semestrales.

Esta política educativa de apariencias y manipulación, como lo trae a cuenta el profesor Helberth Choachi: no otorga la base presupuestal para resolver los problemas que en infraestructura, funcionamiento, planta docente, adecuaciones urgentes de los centros de estudios para enfrentar las exigencias locativas que trae la pandemia y la presencialidad en las universidades.

¿Cómo aumentar cupos para una mayor cobertura de estudiantes, se pregunta el profesor de Choachí, si las instalaciones de estos centros de estudio no son mejoradas, ampliadas, incrementado el número de profesores, construidos nuevos laboratorios…? ¿Y qué dicen sobre todo esto los decretos expedidos para financiar la, no cabe duda de ello, mal llamada matrícula cero, traducida por arte de legalismos en un disfraz de la real negación del derecho a educación pública, gratuita y universal?

El panorama no es halagador, y los retos están ante todo el estamento universitario: el gobierno, de nuevo, logra torcer el mandato estudiantil, así como las exigencias de otros estamentos universitarios. ¿Quedarán burladas las conquistas de varios años de lucha y descontento social, familiar, estudiantil, con la negación de un derecho fundamental? ¿Quedarán aplastados los estudiantes por el crédito firmado ante el Icetex o, como movimiento social, alzarán con más fuerza las banderas que les han animado en sus últimas y masivas movilizaciones?

 

1 Decreto 467 de 2020.
2 Para mayor información, recomiendo consultar los reportajes realizados por Desde Abajo a las estudiantiles por la matrícula cero en las universidades públicas con presencia en Bogotá.
3 Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.
4 Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la educación superior pública

* Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Bogotá.

 

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enColombia
Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice la sabiduría popular. ¿Está cumpliendo el Gobierno con matrícula cero, un triunfo de la juventud colombiana y del estudiantado universitario en particular? ¿Qué nos muestran las medidas tomadas para satisfacer esta demanda, entre ellos el decreto 662 de 2020?

 

Un logro hecho realidad en las calles. La aprobación oficial de la matrícula cero para el acceso a la educación superior en el país, si bien aún no alcanza a ser educación pública gratuita y universal para todos y todas, sí representa un importante paso en esa dirección. Un logro que no a pocos estudiantes les costó la pérdida de un ojo producto de disparos del Esmad, y a otros laceraciones de distinto grado en su humanidad.

Aunque esta demanda estuvo en el centro de las motivaciones de miles antes del 2020, fue en este año, tras las inmensas protestas del 2019 cuando el Gobierno la recogió en el decreto 662. Antes había creado el Fondo Solidario para la Educación, por medio de la cual asumía los costos acarreados por miles de estudiantes exonerados de pago de pensión.

Las limitantes de estas medidas fueron interpretadas por los “beneficiados”, como una dilación a su demanda de educación pública gratuita y universal, por lo cual la consigna siguió presente en las protestas, torciendo el brazo gubernamental: el 7 de diciembre de 2021 fue expedido el decreto 1667 que volvía política de Estado la matrícula cero.


El Fondo privatizador para la educación

Según la argumentación oficial, el propósito del decreto 662 de 2020 era el de “mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo” mediante diferentes programas de educación, principalmente enfocados hacia la consolidación del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus covid-19. El decreto recogía mecanismos para ampliar plazos de pago de deuda contraídas con el Icetex, reducía intereses por cancelar y brindaba nuevas oportunidades para acceder a nuevos créditos para el 2020, pero no resolvía lo fundamental: la educación gratuita y universal.

Para garantizar que el Icetex contará con los fondos suficientes para atender los giros permitidos por el decreto antes comentado, el 23 de marzo de 2020 expidieron un nuevo decreto, el 467, por medio del cual se inyectaban $70.247.695.1571 de pesos a esta especie de banco que tiene el gobierno para endeudar aún más a quienes no tienen con que cubrir los costos que le implican tener que pagar lo que le corresponde al Estado.

Como “al que no quiere caldo le dan dos tazas”, el artículo 3 del decreto 662 de 2020, con el supuesto oficial de aliviar la crisis económica en las familias colombianas y así prevenir la deserción de los estudiantes, también daba paso a unas nuevas líneas de crédito para el pago de matrículas de los jóvenes inscritos en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como para el pago de pensiones de jardines y colegios privados.

En últimas, aunque con menor cantidad de recursos asignados, se encontraba un “auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública” que el gobierno nacional priorizaba en su discurso ante los medios de comunicación como matrícula cero, como una evidencia del compromiso duquista con la educación pública.

Esta noticia fue recibida en un primer momento con bombos y platillos por las diversas organizaciones estudiantiles de país y por las diferentes administraciones de las 33 universidades públicas, en especial por aquellas que en su momento se encontraban tomadas por los estudiantes como mecanismo de presión en búsqueda de la denominada matrícula cero2.

La alegría que cundió, aunque no correspondía al logro del propósito central que movilizaba al estudiantado, se debió a que para muchos estudiantes significaba un alivio en los costos educativos y una garantía de poder proseguir sus estudios en el marco de la crisis por la pandemia por covid-19, mientras que para los rectores implicaba un compromiso con la educación pública por parte del gobierno y una desmovilización del movimiento estudiantil, muy convulsionado desde el 2018.


Sin embargo, pocas voces se alzaron en contra de un decreto que en su práctica discrepaba mucho de su objetivo, dado el hecho de que los programas de educación del Fondo Solidario para la Educación iban encaminados principalmente hacia una focalización y un subsidio a la demanda bajo nuevas líneas de crédito. Es decir, poco o nada aportaba a la mitigación de la reducción de la deserción y la promoción de la permanencia en la educación superior, mucho más si tenemos en cuenta tal decreto. La educación superior, gratuita y universal como derecho continúa, no hay duda, envolatada.

El decreto desconocía otros factores importantes que influían considerablemente en la tasa de deserción y permanencia de la educación pública, por ejemplo, las necesidades de alimentación, movilidad y vivienda que sufren la mayoría de los estudiantes de universidades públicas y que solo se solucionan con la superación de las problemáticas presupuestales de la educación pública que permitieran mayor presupuesto para el rubro de bienestar universitario.
Desfinanciación

Son todos estos aspectos en lo que ahonda el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachi3, para quien la matrícula cero ignora el costo real de un estudiante: “¿Qué es lo que hace esta matrícula? Es simple: profundizar la crisis de desfinanciación de las universidades. ¿Y por qué esto? Porque no atiende los costos operacionales de funcionamiento que representa un estudiante para cada universidad pública, es decir, “[…] mientras que Ser pilo paga o Generación E pagan $24.000.0000 de pesos en la Universidad de los Andes, en una universidad como la Pedagógica Nacional el promedio de costo de un estudiante es de $4.500.000 […]”.

Es decir, la matrícula cero tampoco logra resolver el problema del decrecimiento presupuestal en razón del promedio de costos por estudiante que se viene dando desde 1993, momento en que la ley 30 definió que el presupuesto de la educación superior pública iba aumentando anualmente en relación con el IPC y no en relación con el porcentaje de cobertura y su aumento al interior de las universidades públicas, ni mucho menos con el aumento de costos por estudiante, que normalmente duplica el IPC. Como resultado de la ley 30, durante 27 años la cantidad de estudiantes de las universidades públicas, sumados hasta el 2020, aumentó en un 253 por ciento4, mientras que el aumento presupuestal en la misma medida de tiempo no fue superior al 130 por ciento.

Desmontados por las orejas. Toca resaltar que si bien las movilizaciones y el paro estudiantil durante el 2018 lograron un acuerdo con el gobierno nacional alrededor de varios puntos, especialmente en términos presupuestales, en el decreto que reglamenta y regula la matrícula cero existe un retroceso en lo firmado en las negociaciones con el gobierno, porque por un lado fortalece los programas de crédito –que son unos de los responsables de la desviación de recursos públicos a universidades privadas– y por otro, desconoce el verdadero costo de la canasta promedio de un estudiante.

“Entonces –amplia el profesor Choachí– miren que no es matrícula cero porque no cubre los costos operacionales, está resolviendo el problema del estudiante pero el problema estructural de desfinanciación de la educación pública persiste [...]; resuelven una necesidad concreta que era urgente y necesaria para que muchos jóvenes pudieran estudiar, pero el problema estructural sigue sin tocarse, o sea, no hay recursos adicionales para cubrir lo que realmente cuesta un estudiante para el funcionamiento en la universidad, entonces por eso decimos que el tema de matrícula cero sigue siendo un engaño”.

De esta manera el gobierno nacional logró convertir unas exigencias colectivas, como son el desmonte del subsidio a la demanda y la solución pronta de las necesidades presupuestales de la educación pública, características de las dos últimas grandes coyunturas de movilización estudiantil (la Mane y la Unees), en un problema individual –el pago de la matrícula–, todo ello mediante un decreto que viene con otros programas de educación, estos incluso con mayor presupuesto y más nocivos para el tan ya golpeado presupuesto de la educación pública.
Desangrar la Universidad
como política de Estado
No satisfechos con el golpe mortal dado al presupuesto de las universidades públicas, los esfuerzos por parte del gobierno nacional, en cabeza de la ministra de educación María Victoria Ángulo, estuvieron enfocados a convertir en política de Estado los programas oficiales contenidos en el decreto 662 de 2020, definiendo de esta manera, como un lineamiento general por parte del Estado, la financiación y promoción del endeudamiento como el mecanismo básico para el acceso a la educación superior.

Para darle más forma a su propósito, en el decreto 27 de la Ley de Inversión Social el gobierno nacional define los criterios de selección para los beneficiarios de la matrícula cero. Allí precisa que solo quienes procedan de estratos 1, 2 y 3 podrán recibir el auxilio en el pago del valor de la matrícula hasta el año 2023, dado que a partir de entonces los recursos se destinarán a los estudiantes que logren clasificar mediante el sisben IV. La consecuencia de esto es que incluso los estudiantes beneficiarios de la matrícula cero podrían verse reducidos, ya que la mayoría de universidades públicas han afrontado su precariedad financiera para poder cumplir con la matrícula cero, llegando incluso a reasignar recursos propios.

 

Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la Educación Superior Pública

 

 

La Ley de Inversión Social también deja claro que “estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a estos programas”, aclaración que reconfirma el interés mercantil –la educación debe ser negocio y producir ganancias al capital– que sobre un derecho fundamental prevalece en la clase que está al frente del gobierno.

Entonces, retoma Choachí, los recursos asignados no están destinados “[…] para garantizar matrícula cero sino para garantizar Generación E y la financiación de Ser pilo paga. ¿Qué significa esto? Que los recursos del presupuesto de la educación pública, que deben ser asignados en la partida presupuestal, en gran proporción serán destinados al Icetex para que cubra la demanda de los estudiantes que están en ese programa”. Es decir, el que quiera estudiar que pague.

Y para los insuficientes recursos asignados para cada universidad, mediante el decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021, el gobierno nacional regula la matrícula cero. En este decreto, de manera más meticulosa, construye un filtro de beneficiarios que al final termina reduciendo la matrícula cero a una cantidad de estudiantes específicas, todo ello a partir de diferentes criterios, con énfasis en el registro en la base de datos de sistema sisben IV. Como puede pensarse, un mecanismo más, no solo para negar el derecho exigido por los estudiantes, sino un conducto más expedito para hacer clientelas.
La larga deuda irresuelta

La transformación de la matrícula cero en política de Estado y bandera falsa del gobierno nacional de un compromiso con la educación pública, deja a un lado las necesidades presupuestales en creciente desde 1993 y cuyo cubrimiento ha sido desde entonces una de las permanentes exigencia del estudiantado, que ve y padece con indignación el declive estructural y presupuestal de sus casas de estudios. Como ya está dicho, lo que sí pretende es endeudar más a los ya empobrecidos estudiantes que acuden a tal recurso. Niegan el derecho a la educación y acrecientan el negocio, además de ampliar el control social de los endeudados, obligados a cumplir con ciertos parámetros en el resultado de sus estudios semestrales.

Esta política educativa de apariencias y manipulación, como lo trae a cuenta el profesor Helberth Choachi: no otorga la base presupuestal para resolver los problemas que en infraestructura, funcionamiento, planta docente, adecuaciones urgentes de los centros de estudios para enfrentar las exigencias locativas que trae la pandemia y la presencialidad en las universidades.

¿Cómo aumentar cupos para una mayor cobertura de estudiantes, se pregunta el profesor de Choachí, si las instalaciones de estos centros de estudio no son mejoradas, ampliadas, incrementado el número de profesores, construidos nuevos laboratorios…? ¿Y qué dicen sobre todo esto los decretos expedidos para financiar la, no cabe duda de ello, mal llamada matrícula cero, traducida por arte de legalismos en un disfraz de la real negación del derecho a educación pública, gratuita y universal?

El panorama no es halagador, y los retos están ante todo el estamento universitario: el gobierno, de nuevo, logra torcer el mandato estudiantil, así como las exigencias de otros estamentos universitarios. ¿Quedarán burladas las conquistas de varios años de lucha y descontento social, familiar, estudiantil, con la negación de un derecho fundamental? ¿Quedarán aplastados los estudiantes por el crédito firmado ante el Icetex o, como movimiento social, alzarán con más fuerza las banderas que les han animado en sus últimas y masivas movilizaciones?

 

1 Decreto 467 de 2020.
2 Para mayor información, recomiendo consultar los reportajes realizados por Desde Abajo a las estudiantiles por la matrícula cero en las universidades públicas con presencia en Bogotá.
3 Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.
4 Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la educación superior pública

* Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Bogotá.

 

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº289
MARQUINAM, 696-Inflacion-600x320, https://www.flickr.com/photos/marquinam/13418120694/

El actual fenómeno inflacionario tiene 3 características: i) es generalizada, ii) es de costos, iii) está alimentada por las deudas públicas.

La inflación es generalizada

La inflación es generalizada. En los dos últimos años en todos los países están subiendo los precios.

En la gráfica, a modo de ejemplo, se observa la evolución que han tenido los precios en Colombia, los países de la Unión Europea, el Reino Unido, y los Estados Unidos.

En todos los casos, los precios subieron entre 2019 y 2021. Esta tendencia ha sido relativamente similar. En porcentaje en el 2021 en Colombia la inflación fue de 5,6, en la Unión Europea de 5,3, en el Reino Unido de 5,4, y en Estados Unidos de 7,0.

Cuando se observa todo el período (2001-2021), la dinámica de Colombia ha sido muy diferente a la de los otros países, en los que la actual inflación es relativamente excepcional. Se destaca el caso de los Estados Unidos. El nivel de precios del 2021 no se presentaba desde los años 70s. Para recordar, entre 1979 y 1981, la inflación promedio fue de 12 por ciento. Desde entonces, Estados Unidos no tenía inflaciones tan altas. La serie correspondiente a Colombia muestra que la inflación actual no es extraña comparada con la que se observa en años recientes.

La inflación es de costos

La inflación de ahora se podría caracterizar como inflación de costos. Y se expresa de diversas maneras. i) Dificultades en la cadena logística. La capacidad de los puertos se ha saturado, y se presentan embotellamientos. Además, hay problemas con los contenedores y el transporte. ii) El mayor precio de los bienes básicos, como los alimentos. En Colombia ha sido evidente el aumento de los precios de los alimentos. Es inaceptable que el país esté importando, cada año, 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Y estos bienes se han encarecido porque el peso se ha devaluado. En los dos últimos meses los precios de los alimentos subieron 23 por ciento. iii) Los mayores precios del petróleo, que está llegando a 130 dólares barril, y de los insumos causados por la guerra de Ucrania.

La devaluación del peso favorece a los exportadores, como los cafeteros, los floricultores, Ecopetrol, etcétera, porque venden en dólares y por cada dólar obtienen más pesos. Pero la devaluación es perjudicial cuando se trata de las importaciones, como la de alimentos, porque el dólar es más caro y se necesitan más pesos para comprar los mismos bienes. La devaluación también tiene efectos negativos sobre el monto de la deuda pública externa que ha sido contratada en dólares. El dilema de la política económica es, por tanto, ¿favorecer a los exportadores o inclinarse por los consumidores?. Y a esta pregunta se le añade la forma más conveniente de administrar la deuda pública, dadas las fluctuaciones del dólar, sobre las que el gobierno no tiene ningún margen de maniobra.

Puesto que la inflación es de costos, no tiene ningún sentido pretender reducirla mediante aumentos de la tasa de interés. Los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, han subido lentamente la tasa de interés, porque entienden que la inflación no tienen su origen en excesos de la cantidad de moneda, sino en aumentos de los costos de naturaleza estructural. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha sido especialmente reticente a aumentar la tasa de interés. Y, con razón, considera que subir la tasa de interés puede tener un impacto negativo en la reactivación que todavía es incipiente.

En Colombia el Banco de la República no ha entendido que la inflación es de costos, y de manera equivocada subió de un momento a otro la tasa de referencia del 3 al 4 por ciento anual. Esta medida inmediatamente disparó todas las tasa de interés. Con este tipo de decisiones no se corrige la inflación y, además, se frena la dinámica de la economía.

 

 


La deuda pública contribuye a inflar los precios

El saldo de la deuda pública con respecto al PIB está aumentando de manera significativa en la mayoría de los países. Y la razón de este fenómeno es sencilla: los impuestos han bajado y el gasto público continúa creciendo. Desde los años 80s en todo el mundo se comenzaron a predicar las bondades de la menor tributación. Se decía, de manera equivocada, que los impuestos obstaculizan la inversión privada. Los hechos están mostrando que este discurso es equivocado. Sin impuestos los gobiernos tienen que recurrir a la emisión de deuda. No tienen otra forma de financiar sus políticas.

El incremento de la deuda pública le permite al gobierno adelantar obras y ofrecer de manera adecuada sus servicios. En este proceso se crea dinero, y aunque hasta ahora estos movimientos no habían repercutido en mayores precios, se teme que este tipo de medias sí puedan hacerlo. A diferencia de la excesiva ortodoxia del Banco de la República, tanto Estados Unidos como Europa consideran que el banco central debe darle liquidez a la economía, con el fin de estimular la inversión, la producción y el empleo. Y, efectivamente, el monto de las “emisiones”, o compras de títulos en los mercados secundarios han sido colosales. Los datos del cuadro son sorprendentes.

Este tipo de operaciones que aumentan la deuda pero incentivan la actividad económica, cada vez son más frecuentes. Mientras tanto, el Banco de la República de Colombia se niega a realizar cualquier operación de esta naturaleza.

Alternativas de la política económica

De la situación actual se derivan varias lecciones. En primer lugar, es importante que el país se convenza de la importancia de garantizar la seguridad alimentaria. La importación de alimentos debería reducirse de manera sustantiva. Segundo, la bonanza ocasionada por los altos precios del petróleo tiene que ser aprovechada, para no repetir los errores que se cometieron con el mal manejo de la anterior bonanza. Para lograr este propósito, los excedentes derivados del petróleo deben contribuir a la transformación de la matriz energética, de tal forma que se intensifique la economía limpia. Estos recursos también deben servir para estimular la modernización del campo y el desarrollo de la industria nacional. Tercero, la política monetaria tiene que ser más flexible, como lo está siendo en Estados Unidos y Europa. El Banco de la República debe aprender de los bancos centrales de los países desarrollados, que tienen clara su responsabilidad con el empleo y la inversión.

 

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Publicado enEdición Nº289
Lunes, 17 Enero 2022 05:15

Criptomonedas en el radar del FMI

Criptomonedas en el radar del FMI

El organismo pidió regularlas por su impacto en las finanzas

El Fondo advirtió que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales, como las acciones, ya representa un riesgo.

 

El Fondo Monetario Internacional consideró que es necesario regular las criptomonedas. Aseguró que estos activos ya no se encuentran al margen del sistema financiero y por ese motivo requieren nuevos controles. El organismo aseguró que las monedas digitales comienzan a estar cada vez más correlacionadas con lo que ocurre con los activos de renta variable, como las acciones.

El análisis del FMI sobre el riesgo y la necesidad de regulación de las criptomonedas se hizo a través del blog oficial de la entidad en el artículo “Los precios de las criptomonedas se mueven más en sincronía con las acciones, lo que plantea nuevos riesgos".

Entre los problemas que plantea el informe sobre las cripto aparecen los riesgos para los inversores, al verse limitada la posibilidad de diversificación de cartera, lo cual aumenta el riesgo de contagios en los mercados financieros. De todas maneras, las declaraciones del Fondo le dan un nuevo rol a las criptomonedas porque convalidan su crecimiento en los últimos años y consolidan su papel en los mercados globales.

El FMI detalló que el valor de mercado de estos nuevos activos digitales aumentó hasta casi los 3 billones de dólares el pasado mes de noviembre, desde 620 mil millones de dólares en 2017. En tanto, la capitalización de mercado se había reducido en 2022 a alrededor de 2 billones de dólares, lo que de todas formas representa un aumento de casi cuatro veces desde 2017.

Por otro lado, el Fondo indica que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales como las acciones aumentó significativamente, por lo cual esta interconexión creciente se considera un canal de transmisión de shocks que puede desestabilizar al conjunto de los mercados financieros. “Nuestro análisis sugiere que los criptoactivos ya no están al margen del sistema financiero", señala el FMI.

Como resultado, el FMI considera que es hora de adoptar un marco regulatorio global "integral y coordinado" para guiar la regulación y supervisión nacional y mitigar los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado cripto. Propone que este marco debería abarcar regulaciones adaptadas a los principales usos y establecer requisitos claros para las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con estos activos.

"Los criptoactivos como el bitcoin han pasado de ser una clase de activos oscuros con pocos usuarios a una parte integral de la revolución de los activos digitales", afirma el autor del artículo, Tobias Adrian. "Las correlaciones más fuertes sugieren que el bitcoin ha estado actuando como un activo de riesgo en lugar de un valor refugio, como muchos de sus defensores como elemento diversificador de cartera han venido señalando desde hace tiempo”, agrega. "La correlación con las acciones se ha vuelto más alta que la de las acciones y otros activos, como el oro y las principales monedas", completa.

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Viernes, 07 Enero 2022 06:39

La absurda idea de una moneda libertaria

La absurda idea de una moneda libertaria

Una ideología libertaria pueril pretende argumentar que las criptomonedas como Bitcoin constituyen la solución a la arrogancia estatal y a los desmanejos económicos de algunos políticos. Pero lo que se necesita no es una nueva moneda (con características muy discutibles), sino una democracia que ponga límites a la irresponsabilidad de un capitalismo desbocado.

Con el precio del Bitcoin en nuevos máximos y la decisión de El Salvador y Cuba de aceptarlas como moneda legal, las criptomonedas han llegado para quedarse. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el dinero y la política?

El dinero depende de la confianza. Se acepta a cambio de bienes y servicios solo porque la gente puede asumir con seguridad que otros lo aceptarán en el futuro. Esto es tan cierto para el dólar estadounidense como para el oro. Sostener que las criptomonedas como el Bitcoin son un mero juego de confianza -o una burbuja especulativa, como han subrayado muchos economistas- es ignorar su popularidad. Y, sin embargo, las criptomonedas carecen de las bases institucionales estables necesarias para reforzar la confianza del público en ellas. La confianza avanza y retrocede, haciéndolas frágiles y volátiles, como han demostrado ampliamente los giros salvajes de Bitcoin.

Además, con Bitcoin y otras criptomonedas que se basan en mecanismos de «prueba de trabajo», las transacciones deben verificarse y registrarse continuamente en un libro de contabilidad descentralizado (en este caso basado en blockchain o «cadena de bloques»). Esto requiere que millones de computadoras operen continuamente para actualizar y verificar las transacciones, un trabajo que se ve incentivado por la oportunidad de ser recompensado con Bitcoins recién acuñados. La energía consumida en estas operaciones de «minería» supera ya la de un país de tamaño medio como Malasia o Suecia. Ahora que el mundo se ha dado cuenta de los peligros del cambio climático (y de la mezquindad de nuestra respuesta), este desperdicio masivo debería hacer que Bitcoin sea muy poco atractivo.

Sin embargo, a pesar de su volatilidad, fragilidad y enorme huella de carbono, hay cinco factores que han concurrido para hacer de Bitcoin una propuesta atractiva para mucha gente: su narrativa política, las actividades criminales que permite, el señoreaje que distribuye, el tecnooptimismo de la época actual y el deseo de hacerse rico rápidamente en un momento en el que hay pocas oportunidades económicas. Consideremos cada uno de estos puntos en orden inverso.

Vivimos en una época de perspectivas económicas decrecientes. Incluso los trabajadores con un título universitario ya no acceden a un trabajo estable y bien remunerado. Cuando las oportunidades económicas son tan escasas, los planes para enriquecerse rápidamente se vuelven especialmente atractivos. No es sorprendente que ahora exista toda una industria dedicada a decirle a la gente que pueden hacerse ricos invirtiendo en Bitcoin. El dinero se ha volcado en la criptomoneda porque millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo creen que pueden obtener importantes beneficios con ella.

La narrativa de rendimientos masivos para los inversores aficionados y minoristas de una criptodivisa está en consonancia con nuestra era obsesionada por la tecnología. Se nos dice constantemente que el ingenio tecnológico está creando un futuro más brillante. Y, a primera vista, no se puede negar que Bitcoin es una maravilla de la innovación tecnológica. Se ha necesitado auténtica creatividad y maestría para crear un sistema descentralizado tan intrincado y capaz de funcionar sin ninguna supervisión ni aplicación gubernamental.

El señoreaje, o el poder adquisitivo adicional que confiere (normalmente a los gobiernos) el control de la oferta monetaria, es otro factor del atractivo de Bitcoin. Cuando el gobierno estadounidense pone en circulación una nueva moneda, puede utilizarla para comprar servicios o pagar su deuda. La perspectiva de obtener señoreaje es muy atractiva, y probablemente ayuda a explicar por qué hay ahora más de 1.600 criptodivisas cotizadas. En el caso de Bitcoin, la ausencia de una autoridad centralizada significa que el señoreaje está distribuido, lo que supone un incentivo para los esfuerzos de minería (que ahora llevan a cabo más de un millón de personas en todo el mundo).

Una fuente de demanda específica puede ayudar a una nueva moneda a establecerse de forma fiable. Para las criptomonedas en general, y para el Bitcoin en particular, este ancla está firmemente asentada en el mundo criminal. En sus inicios, la demanda de Bitcoin se vio impulsada por sitios web oscuros como Silk Road, que permitían todo tipo de transacciones ilícitas. A día de hoy, las actividades delictivas representan casi la mitad de las transacciones de Bitcoin, según algunas estimaciones.

Cada uno de estos cuatro factores ha impulsado el Bitcoin de forma artificial. Obviamente, los males económicos de nuestra sociedad no se solucionarán porque la gente gane dinero con Bitcoin. Tampoco se ha confirmado en el mundo real el ánimo tecnooptimista imperante. Y cualesquiera que sean los beneficios de la distribución del señoreaje a través de la minería, están más que compensados por el masivo desperdicio de energía.

Eso deja el argumento político a favor de Bitcoin. ¿Nos liberará del indebido poder estatal sobre la economía? Realmente no.

Es cierto que la Reserva Federal de Estados Unidos actúa a veces de forma misteriosa, y el rescate de Wall Street durante la crisis financiera de 2008 fue visto, con razón, como un trabajo interno que benefició a los bancos y a los banqueros a expensas de la gente común. Por tanto, es comprensible el deseo de reducir el excesivo poder de los políticos y los responsables de la administración pública. Pero Bitcoin no es la respuesta. Apela a una ideología libertaria pueril en la que un genio solitario lucha contra un Estado arrogante para liberar la excelencia individual. De hecho, la persona (o personas) del mundo real que diseñó Bitcoin y escribió su inspirador manifiesto bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto merece aún más la etiqueta de «visionario» que el ficticio John Galt (el héroe de La rebelión de Atlas de Ayn Rand).

Sin embargo, la visión de ese «visionario» es pura fantasía. El riesgo de que los gobiernos occidentales produzcan una inflación desbocada o socaven el sistema monetario internacional es prácticamente nulo. La verdadera amenaza existencial reside hoy en la polarización política, el desmantelamiento de la democracia y la incapacidad de los sistemas políticos democráticos para mantener a raya a las élites económicas y a los políticos autoritarios.  Una nueva moneda no resolverá estos problemas. Lo que se necesita son medidas para garantizar que los políticos, los burócratas y los magnates de Silicon Valley y Wall Street actúen de forma responsable. Esto requiere una participación democrática y un compromiso cívico activo. Los trucos como el Bitcoin son una distracción del verdadero trabajo que hay que hacer.

 

Fuente: Project Syndicate

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La Asociación Económica Integral Regional de los miembros del próspero bloque de 10 países del sudeste asiático, que encabeza China, alcanzaría a cubrir 50 por ciento del PIB mundial en 2030. En la imagen, puerto de carga en la ciudad china de Haikou.Foto Afp

En su celebración del año nuevo "occidental", el mandarín Xi Jinping exultó como uno de los mayúsculos logros de la China comunista haber sacado de la pobreza a 850 millones desde hace 43 años, según el Banco Mundial (https://bit.ly/3HwSmq9). El mandarín Xi comentó que había vivido en el campo y entendía el flagelo de la pobreza.

China erradicó la "pobreza absoluta" (sic) de 100 millones de las zonas rurales gracias a su reciente plan de ocho años: "Gran hazaña de China: erradicación de la pobreza extrema, y Chiapas, ¿cuándo?" (https://bit.ly/3FUMUNe). La "segunda larga marcha" del Partido Comunista chino, en cuanto al combate a la pobreza se refiere, no puede ser deslindado de la "primera larga marcha" del Ejército Rojo y del gran timonel Mao Zedong, que también trajo a colación el mandarín Xi, que culminó en Shaanxi, ni mucho menos de su "tercera larga marcha tecnológica" que se despliega en el espacio (https://bit.ly/3JEPzgl).

Tampoco se puede soslayar, en la óptica de la metafórica "tercera larga marcha tecno-industrial", el lanzamiento del máximo bloque geoeconómico del planeta de 15 miembros que encabeza China: el 15-RCEP, Asociación Económica Integral Regional (sic), de los miembros del próspero bloque de 10 países del sudeste asiático (10-ASEAN; https://bit.ly/3pWOmcB), sumando a Japón y Sudcorea (noreste asiático), así como a dos atípicos países anglosajones: Australia y Nueva Zelanda. Llamó poderosamente la atención el retiro in extremis de India.

¿Que advendrá del AUKUS geopolítico anglosajón? (https://bit.ly/3sYO9r9) El 15-RCEP sepultó al ATP (Asociación TransPacífico) forjado por Obama (https://bit.ly/3HBTdWt). El ATP fue otro cataclismo más de los zelotes neoliberales de la tríada aldeana del infatuado Videgaray, el ignaro Peña y el regio locuaz Guajardo, como también había sido otra hecatombe el hilarante "Plan Puebla Panamá" de la dupla Fox/Castañeda Gutman.

Según Andrew Mullen (AM), del SCMP, portal chino de Hong Kong, el 15-RCEP "cubre la tercera parte de la población global y 30 por ciento del PIB mundial" –que alcanzaría 50 por ciento en 2030, de acuerdo con proyecciones del banco británico HSBC–.

El 15-RCEP arrancó el 1º de enero con 10 de sus 15 miembros, mientras Sudcorea se incorporará el 1º de febrero y cuatro países (Indonesia, Malasia, Myanmar y Filipinas) deben ratificar todavía el tratado. Suena también impactante que Japón haya firmado su primer acuerdo de libre comercio en un bloque donde participan China y Sudcorea, pese a la conspicua ausencia de Estados Unidos. Se trata de un acuerdo "intra-asiático" que ya supera el comercio asiático con Norteamérica y Europa juntos (sic).

Se cumple un sueño que China promovió vehementemente desde 2012, con el fin de contrarrestar la apabullante influencia de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico. Quizá el momento clave haya sido en 2017, cuando Trump retiró a su país del disfuncional ATP al que suscribió la aldeana tríada neoliberal Videgaray/Peña/Guajardo, carente de visión geoestratégica. Según AM, las "importaciones y exportaciones entre China y los otros 14 miembros del RCEP alcanzaron 1.72 millones de millones de dólares entre enero y noviembre de 2021, lo que representa 31 por ciento del valor comercial foráneo total de China", lo cual define quién resultó el gran vencedor.

El portal Russia Today aduce que el flamante 15-RCEP constituye "una mala noticia para los exportadores de energía de Estados Unidos" (https://bit.ly/3sZMTEa). Dicho sea con humildad de rigor, se asienta mi hipótesis de hace 13 años (sic): "desglobalización y regionalismos" (https://bit.ly/3JG1Jpk).

Hoy el mundo propende a una lucha de "regionalismos" con sus respectivos bloques comerciales: en primer lugar, se posiciona el 15-RCEP (30.5 por ciento del PIB global); en segundo, el 3-TMEC (28 por ciento) y, en tercer lugar, 27-Unión Europea (17.9 por ciento), según UNCTAD (https://bit.ly/3qJ0rkG).

No hay que perder de vista el peso de India y la Unión Económica Euroasiática de Rusia en sus próximas alianzas "regionales". ¡Llegó el mundo de los "regionalismos"! El "centro de gravedad" geoeconómico es hoy asiático.

 

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Martes, 04 Enero 2022 06:14

La orquesta del caos

La orquesta del caos

Borrón y cuenta nueva.

En el último trimestre de 2021, hasta 111 buques portacontenedores fondeaban en fila india frente a los congestionados puertos californianos, hasta el punto de que el Gobierno estadounidense se planteó movilizar a la Guardia Nacional para acelerar la evacuación de las mercancías; cientos de miles de contenedores vacíos se apilaban en Occidente y faltaban en Asia; transportar y colocar una bola de adorno fabricada en China en un árbol de Navidad holandés costaba hasta diez veces más que dos años antes; el índice de precios del transporte aéreo se disparaba; los retrasos en las entregas, que poco antes se medían en días, ahora se computaban en semanas o en meses; los proveedores informaban de la escasez de madera, de papel, de componentes electrónicos, de medicamentos y hasta de cereales de desayuno; los precios subían como la espuma; más del 55% de los grupos industriales franceses y tres cuartas partes de las empresas alemanas informaban de problemas de suministro. El libre comercio está descarrilando.

Desde 2020 los confinamientos sanitarios han trastornado la frágil infraestructura del comercio mundial. Montadas desde la década de 1990 para fomentar una máxima deslocalización de la producción hacia países de bajos costes laborales, las cadenas de suministro han cedido. La epidemia revela la verdad del sistema: en caso de crisis, sálvese quien pueda. No hay test sin reactivos, no hay reactivos sin industria química, etc. Y no hay vacuna para África. Ocurre que, desde 2008, la sucesión de choques económicos, climáticos, sanitarios y sociales se ha convertido en una nueva rutina. De repente, los Estados contemplan relocalizar.

Que simplemente se contemple ya es demasiado para la Organización Mundial del Comercio (OMC), al mando de esta orquesta del caos. Su último informe sobre el estado del comercio mundial tiene mucho de llamada de atención. “El informe transmite tres mensajes principales: en primer lugar, la actual e hiperconectada economía mundial, caracterizada por sus estrechos vínculos comerciales, ha hecho que el mundo sea más vulnerable a las perturbaciones, pero también más resiliente a ellas cuando se producen; en segundo lugar, las políticas que tratan de reforzar la resiliencia económica revirtiendo la integración comercial –por ejemplo, relocalizando la producción y defendiendo la autosuficiencia– pueden tener a menudo el efecto contrario y, en realidad, disminuir la resiliencia económica; y, en tercer lugar, reforzar esta resiliencia requiere más cooperación internacional” (1).

Causa preocupación que la palabra “resiliencia” solo aparezca 738 veces en 212 páginas. ¿Es esto de verdad suficiente para convencernos de la legitimidad de un sistema que hasta hace poco se presentaba como el remedio a las estrecheces de la Unión Soviética y que en definitiva se muestra incapaz de transportar tostadoras? Máxime cuando dicha legitimidad consiste simplemente en pretender restablecerse después de sus repetidos colapsos. Egresados de las más prestigiosas universidades del mundo, los economistas con rótulo de la OMC sueltan el carrete de una lógica imparable: en caso de choque, el libre comercio entra en barrena, pero la relocalización sería peor porque un comercio aún más desenfrenado gracias a una mayor cooperación internacional nos llevará a la felicidad por su mayor “resiliencia”. En resumen, como explicó una vez el presidente Mao Zedong, “no hay más que caos bajo el cielo, la situación es excelente”.

Nota:

 (1) “World Trade Report 2021. Economic resilience and trade”, World Trade Organization, Ginebra, 2021.

Pierre Rimbert. Redactor jefe de Le Monde diplomatique.

Fuente: https://mondiplo.com/la-orquesta-del-caos?utm_campaign=julio-2018-lmd&utm_medium=email&utm_source=julio-2018-lmd

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MÁS LEÍDOS 2021: El Banco Mundial y la “Tierra prometida del capital”

El Banco Mundial (BM) publicó el 27 de octubre el informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”. El estudio se fundamenta en la teoría del “capital humano”; según ésta, el conocimiento y la salud promueven la equidad y determinan el incremento de la productividad individual y el crecimiento económico. La política fiscal deberá ser el medio para invertir en el “capital humano”: el impuesto extendido a toda renta personal –IRP– y el impuesto universal al valor agregado –IVA– serán las principales fuentes utilizadas por el Estado para redistribuir entre los más pobres. El colofón es sencillo: i) hay pobreza porque los pobres cuentan con poco capital humano; ii) hay desigualdad y pobreza porque el Estado no dispone de los suficientes recursos presupuestales para incrementar el capital humano de los pobres; superados estos impasses, alcanzaremos la “Tierra prometida del capital”.

 

El BM, organización multinacional especializada en finanzas y asistencia creada en 1944, tiene como misión reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en los países en desarrollo (fomentar el aumento de los ingresos de los más pobres). Funcionarios de la institución analizaron la situación de Colombia como sociedad equitativa. Una sociedad equitativa, la define el BM, es aquella en la que las personas tienen las mismas oportunidades para seguir la vida que elijan, independientemente de las circunstancias en las que nacieron, y no están sometidas a la pobreza.

El informe documenta y describe las principales fuentes de desigualdad en Colombia, identifica los impulsores de esas disparidades y propone un menú con opciones de políticas, para abordar las causas de la desigualdad y promover una sociedad más equitativa. Para explorar los factores que conducen a las disparidades entre grupos, el informe se enfoca en el marco basado en activos, esto es, los elementos que determinan la capacidad de un individuo o un hogar para generar ingresos de mercado.

De acuerdo con el BM, la desigualdad de ingresos en Colombia es muy alta (gráfico 1), lo que se constituye en una limitación fundamental para el crecimiento económico y el progreso social. Esta realidad, que es estructural y crónica, en el 2019 fue la más alta entre todos los países de la Ocde y la mayoría de los de América Latina y el Caribe (ALC). Los ingresos del 10 por ciento de la población más rica de los colombianos son once veces mayor que la del 10 por ciento más pobre.

Una constante histórica en aumento desde 2018, agravada, además, por el impacto del covid-19, factor que aumentó la pobreza en 6,8 puntos porcentuales en 2020, y llevó a que 3,6 millones de personas más se volvieron pobres, particularmente en las áreas urbanas, provocando, también, que la pobreza extrema aumentara en 5,5 puntos porcentuales, para dejar a 2,8 millones de personas más sin poder cubrir las necesidades alimentarias básicas.

Estas realidades, la histórica y la coyuntural, al ritmo del declive observado entre 2008 y el 2019, justo antes de que estallara la pandemia, implican que a Colombia le tomaría cerca de cuatro décadas para alcanzar el nivel promedio de desigualdad que resalta entre los países de la Ocde.

El BM sostiene que las políticas tributarias y de transferencias vigentes en Colombia, en el mejor de los casos, solo tienen un impacto positivo modesto sobre estos desequilibrios, por lo que es evidente que existe un amplio potencial para mejorar el papel redistributivo de su política fiscal. Las reformas de políticas en muchas áreas podrían ayudar a trazar un futuro más equitativo para el país.


La estructura

El informe está estructurado en seis capítulos: i) vista general del desafío: impulsores de las desigualdades y opciones de política; ii) principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano; iii) barreras que afectan la utilización y el rendimiento del capital humano en el mercado laboral: las barreras a la movilidad laboral, desde sectores con baja productividad a los sectores más dinámicos, y el acceso desigual a las nuevas tecnologías que limitan el acceso de los pobres a los trabajos del futuro; iv) propiedades redistributivas del sistema fiscal en Colombia y análisis del alcance de los impuestos directos e indirectos, el gasto social y los subsidios en la reducción de la desigualdad; v) impulsores de las diferencias en el bienestar entre territorios; vi) impactos a largo plazo del cambio climático sobre la desigualdad, a través de sus efectos sobre la productividad sectorial, la productividad laboral y el suministro de energía.

El aspecto más grave que describe este informe es el de la persistencia intergeneracional de las desigualdades, la pobreza y las exclusiones. En Colombia no existe movilidad social ascendente: quien nace pobre, vive y muere en igual circunstancia y las generaciones que le siguen heredan la pobreza. Las perspectivas de ingresos y formación de un niño o niña en el país dependen, lamentablemente, de las circunstancias en que nacen, de la situación de sus padres, de su pertenencia étnica, incluso de la región geográfica.

De este modo, las disparidades entre los ingresos en los adultos surgen de las brechas abiertas desde la vida temprana para las oportunidades de alta calidad en desarrollo infantil, nutrición, educación y servicios de atención médica. La desigualdad en el acceso a empleos de calidad amplifica aún más estas brechas, lo que convierte al país en un territorio donde las desigualdades son más persistentes entre generaciones. La desigualdad de larga data entre las regiones se superpone con las grandes brechas en el bienestar entre los afrodescendientes e indígenas y el resto de la población.

De manera crónica y estructural, la evidencia empírica en Colombia muestra históricamente que los pobres se vuelven más pobres mientras los ricos se vuelven más ricos. La intervención del Estado a través de la política fiscal, el gasto social y los subsidios no transforma esta cruda realidad ni reduce las amplias brechas de la desigualdad. No importa que el ingreso social crezca a un ritmo significativamente más rápido que la población; de todos modos la pobreza y la desigualdad se reproducirán de manera ineluctable (gráfico 2). Durante las últimas tres generaciones, de 1950 a 2021, el ingreso per cápita (valor del PIB dividido por el tamaño de la población) creció 3,5 veces en precios constantes y el coeficiente de concentración Gini aumentó en 0,153, esto es, de 0,400 a 0,553 (el valor del coeficiente tiene un rango de 0 a 1, donde 0 es igualdad absoluta y 1 la máxima desigualdad). El sistema está diseñado de tal manera que los pobres transfieren ingresos y riqueza a los más ricos mediante diversos procedimientos.

Una realidad tal que lleva a que Colombia sea uno de los países del mundo donde las desigualdades sean más persistentes entre generaciones. Las desigualdades y las brechas de pobreza entre sus connacionales son abrumadoras, multifactoriales y se generan desde el nacimiento (gráfico 3).

 

 

Una realidad palpable. En general, un niño o niña pobre recibe dos años y medio menos de educación y tiene tres veces más riesgo de sufrir desnutrición que uno que no está en esa condición socioeconómica. La educación que reciben los pobres es de mala calidad y poco pertinente para su desarrollo personal, la inserción en el mercado laboral y el ejercicio de la ciudadanía. Los pobres no tienen acceso a una atención médica de alta calidad; esto contribuye a las disparidades en los resultados: los niños más empobrecidos tienen tasas de retraso en el crecimiento que son tres veces mayores que las de los niños más ricos. El empleo que logran es de bajos e inestables ingresos y sin acceso a la seguridad social; además la informalidad, los puestos de trabajos precarios e inhumanos son la marca imborrable de sus actividades laborales. Cuando el mercado laboral los excluye por vejez, enfermedad o invalidez, los pobres están desprotegidos, esto es, no acceden a una pensión y deben sobrevivir, si lo logran, del asistencialismo público o de la solidaridad familiar, pues carecen de ahorros o medios de vida o sustento que les permitan asegurar sus necesidades vitales.

Debido a la alta informalidad, inestabilidad laboral y desempleo, solo uno de cada cuatro colombianos logra acceder a una mesada pensional. De los cerca de 80 billones de pesos que al año debe sacar el fisco para todos los fines sociales, unos 25 billones de pesos se están yendo a subsidiar las pensiones del régimen público (prima media) y de esos subsidios, el 65 por ciento (unos 16,3 billones de pesos) va al 20 por ciento de mayores ingresos de la población, y menos del uno por ciento (solo 250.000 millones de pesos al año) son apropiados para subsidiar las pensiones del 20 por ciento de la población de menores ingresos. Las pensiones de más de veinte salarios mínimos legales (SML), subsidiadas con recursos públicos, favorecen y benefician a los altos funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas armadas, políticos de carrera y poderosos empresarios. En el régimen de prima media el monto máximo de la mesada pensional no puede exceder al equivalente de 25 SML mínimos mensuales según el artículo 18 de la ley 100 de 1993; no obstante, políticos y magistrados han logrado pensiones infinitamente superiores a ese tope, pero ello no está al alcance del ciudadano común y corriente, quien no podrá aspirar a más de 25 SML mensuales (el 85% de las mesadas pensionales son inferiores a los dos SML mensuales). Este es un ejemplo entre muchos de como la institucionalidad y las leyes favorecen la desigualdad y las profundas brechas de ingresos entre ricos y pobres, entre quienes detentan el poder y el ciudadano de a píe. La teoría del “capital humano” no tiene ni asomo de validez para explicar esta situación de inequidad estructural; ni siquiera el nivel educativo alcanzado es un buen predictor de la distribución de los ingresos. En resumen, el sistema de seguridad social es inequitativo, puesto que los subsidios pensionales se concentran en los sectores más ricos de la población.


Principales hallazgos y recomendaciones


En este plano el informe, “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, plantea:

• La desigualdad en nuestro país se extiende más allá de los aspectos materiales de los medios de vida. Los colombianos con menos educación, la población rural y los desempleados o empobrecidos tienen muchas menos probabilidades de considerarse felices. Cuatro de cada cinco connacionales creen que la distribución del ingreso es injusta o severamente injusta.
• En Colombia, las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Una mujer tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena recibe en promedio dos años menos de escolaridad que otros habitantes del país, y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre.
• Las desigualdades también persisten entre generaciones. Los niños en este país enfrentan perspectivas de vida muy diferentes, debido a las circunstancias en las que nacen: es probable que un hijo de un padre con bajos ingresos gane menos que un hijo de un padre con altos ingresos. Entre un grupo de 75 países, la transferencia de la brecha de ingresos de una generación a la siguiente en Colombia es la más arraigada.
• Las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Promover la acumulación de capital humano desde la primera infancia requiere simplificar los procedimientos administrativos para que los ciudadanos accedan a los servicios de desarrollo de la primera infancia (DPI), introducir un plan de estudios básico para las competencias esenciales en todo el sistema educativo y brindar apoyo pedagógico a sus docentes sobre las pautas del plan de estudios básico. Al mismo tiempo, también requiere fortalecer los vínculos entre la educación primaria y secundaria y terciaria, asegurando la calidad y pertinencia del plan de estudios. En salud, el modelo de prestación de servicios debe transformarse en un sistema de atención primaria que se adapte a las necesidades locales; se deben proporcionar acreditación e incentivos financieros a las aseguradoras de salud.
• Solo el 40 por ciento de los colombianos que trabajan tiene empleo en el sector formal, lo que es una de las tasas más bajas de ALC. Las estrictas regulaciones laborales y los altos salarios mínimos desalientan la creación de empleos en el sector formal, y dejan a la mayoría de los pobladores trabajando en el sector informal. Con una clasificación de 109 entre 141 países, Colombia tiene una de las disparidades más grandes del mundo en el uso de tecnología entre grupos socioeconómicos: aunque el 73 por ciento de las personas en el 60 por ciento superior usa Internet, esa cifra es solo del 53 por ciento entre los del 40 por ciento inferior.
• Las políticas para reducir las distorsiones del mercado laboral que afectan a estos grupos incluyen hacer contribuciones a la seguridad social proporcionales a las horas trabajadas y limitar el crecimiento del salario mínimo a la inflación hasta que alcance un nivel más favorable a la creación de empleo. Cerrar las brechas entre los grupos también exige eliminar las barreras al acceso equitativo a las oportunidades económicas.
• La brecha entre la región más rica y la más pobre de Colombia es más del doble que la de otros países de la Ocde. Las disparidades espaciales se superponen con los grupos de población definidos por etnia. Reducir la desigualdad territorial requiere de políticas que fortalezcan la capacidad técnica y el desempeño fiscal de los gobiernos subnacionales, particularmente entre aquellos que están rezagados y necesitan más apoyo. La expansión de la conectividad, desde las secciones residenciales de las áreas periurbanas y los municipios más pequeños, hasta la red de carreteras terciarias y secundarias, y el refuerzo de los programas de vivienda también pueden aumentar el acceso a las oportunidades y reducir las desigualdades.
• En comparación con otros países de la Ocde y ALC, en Colombia los impuestos y las transferencias impactan poco para reducir la desigualdad de ingresos. Las políticas para aumentar el efecto redistributivo del sistema fiscal incluyen (i) extender el impuesto de renta personal a los dos deciles superiores de la distribución del ingreso en el corto plazo, con el objetivo de extenderlo a la mitad superior de la distribución del ingreso a largo plazo, a medida que aumenta el ingreso y la pobreza se reduce significativamente; (ii) reducir la lista de bienes exentos de IVA, lo que podría hacerse de manera paulatina, imponiendo inicialmente una tasa baja que va aumentando para dar tiempo a las cadenas productivas (especialmente para aquellos bienes que están excluidos del IVA) a adecuar sus precios; y (iii) mejor focalización de las transferencias y reducción de las fugas en los subsidios a los servicios públicos. Además, la creación de un registro social único dinámico, confiable e integrado puede informar el diseño y la implementación de programas de gasto social más efectivos.
• Los programas de asistencia social no están diseñados para proteger de manera flexible a los hogares contra las crisis. Las opciones de política relacionadas con las políticas de mitigación y adaptación climáticas que tienen como objetivo reducir el impacto de los choques climáticos en los más vulnerables incluyen (i) fortalecer el Sistema Nacional de Extensión Agrícola, mediante la incorporación de criterios de mitigación y adaptación en los planes departamentales de extensión y el desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicios de extensión agrícola; (ii) consolidar el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), registros administrativos de asistencia social y otras bases de datos clave en un registro social único dinámico, confiable, integrado y equipado con herramientas de evaluación de riesgos climáticos; y (iii) fortalecer la fijación de precios del carbono, mediante la ampliación del impuesto al carbono y la introducción de un sistema de comercio de emisiones.
• Reducir las desigualdades no es solo un objetivo por motivos morales, también tiene un buen sentido económico. Abordar las desigualdades puede conducir a una fuerza laboral mejor preparada, más capacitada y productiva; un crecimiento económico más fuerte y sostenible, y una cohesión social más estrecha. En síntesis, la “Tierra prometida del capital”.


Trascender la ideología

Una distribución más equitativa del ingreso social ha sido reconocida durante largo tiempo como uno de los fines principales de la política económica. El método más popular y simple a corto plazo para la redistribución del ingreso real consiste en la recaudación de impuestos sobre la renta y sobre el capital altamente progresivo, al mismo tiempo que el gobierno suministra a todo el mundo, de manera gratuita, un mayor número de bienes y servicios1.

Método que ha conducido a la autoreproducción ampliada, parasitaria e imparable del moderno Estado administrativo, intervencionista, fiscalista y policial. Tendencia que recuerda la ley wagneriana, conocida también como “ley de la cuota estatal creciente” o “ley de la ampliación continua de la actividad estatal”. Cada vez son menos los que consideran la ampliación autógena de las actividades estatales dentro del marco de la satisfacción de la necesidad comunitaria, mientras que la mayoría contempla con ojos escépticos y conciencia crítica el complejo del estatalismo, fiscalismo, intervencionismo, autoritarismo y represión, y suponen en él, cada vez más, el teatro absurdo de una sobredimensionada institución de autoservicios y corrupción que es contraproductiva. De este modo, la exigencia actual de “justicia social” tiende a confiscar la propiedad del sector productivo y los ingresos de la clase trabajadora para desviarla “socialmente” al sector improductivo2.

La distribución del ingreso depende de una multitud de factores que ejercen una variada influencia. Los más visibles son el grado de concentración de la propiedad y de la renta del capital, y los niveles de remuneraciones y ocupacionales. La distribución determinada por estos factores (distribución funcional del ingreso) es modificada por la tributación sobre el capital y el trabajo y por el sistema de seguridad social. La distribución que resulta –distribución personal y familiar del ingreso– refleja de manera predominante ingresos de carácter monetario; por lo que es necesario también incorporar la provisión por parte del Estado de bienes y servicios colectivos (educación, salud, vivienda, servicios domiciliarios) y los gastos improductivos del Gobierno (técnicamente llamados de funcionamiento) que genera esta intermediación: sostenimiento de un frondoso aparato burocrático-militar improductivo.

En Colombia siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Las políticas públicas son un reflejo de la lucha de clases cuidadosamente perfiladas y planeadas para favorecer a los ricos y exprimir aún más a los pobres. En la perspectiva de la dinámica sociopolítica, económica, cultural y ambiental sistémica y compleja el modelo de análisis para la determinación de las fuerzas que operan en la distribución y redistribución del ingreso debe contemplar los siguientes elementos y ámbitos:

i) la ideología económica y política preponderante que deriva de la coalición hegemónica existente y que sirve de orientación general para la política económica, en particular, y las políticas públicas, en general (complejo de necesidades e intereses que predominan en el poder y los centros de decisión);
ii) la composición del elenco gobernante que toma las decisiones principales de la política económica; los partidos y grupos políticos de donde provienen y las alianzas que establecen, los intereses sectoriales que representan y las vinculaciones que mantienen con los principales grupos, transnacionales y sectores económicos privados dentro del contexto de las relaciones entre “los negocios” y el gobierno;
iii) los grupos de presión, partidos, movimientos políticos y mafias organizadas: sus principales conexiones y alianzas, grado de influencia y medios a través de los que la ejercen, ideologías respecto a la distribución del ingreso y la riqueza;
iv) la política económica misma, en tanto estrategia para la distribución del ingreso, sus relaciones con la política general y la ideología predominante, su consistencia interna, las reacciones de aceptación y oposición que produce, dinámica y resultados de la lucha de clases;
v) La situación económica general, tendencias del modelo dominante de desarrollo, estado coyuntural de la economía, dependencia, articulaciones y relaciones comerciales con el sistema mundo capitalista, políticas gubernamentales orientadas a mejorar las condiciones de los pobres, heterogeneidad del aparato productivo, vigencia de los derechos humanos y calidad de la democracia, el proceso inflacionario y los precios relativos, etcétera.

Todos estos elementos y ámbitos deben considerarse como unidades de un conjunto analítico estructural y de un tipo histórico que tiene sentido y significado propio al interior de una totalidad sistémica emergente, dinámica, dialéctica, cambiante y en desarrollo3.

1 Mishan, E. J. Los costes del desarrollo económico. Oikos-Tau ediciones, España, p. 44.
2 Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX? Ediciones Ciruela S. A. España, pp. 16 y 82.
3 Graciarena, Jorge. (1974), “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 318-319.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 


 Perspectiva analítica

La desigualdad es un agravio a la justicia. El valor central para definir una desigualdad como iniquidad es la justicia: la iniquidad es una desigualdad considerada injusta. La desigualdad también afecta negativamente la garantía y disfrute de los derechos humanos como también el efectivo ejercicio de la democracia diaria.


Por debajo de la distribución del ingreso subyace una estructura de poder. De una parte, el ingreso es una categoría económica y, de otra, los mecanismos que pueden modificar las pautas dominantes de la distribución son de naturaleza política, dado que son controlados desde los grandes centros de decisión de la sociedad (principalmente el Estado). Por tanto, el punto de convergencia estructural entre el ingreso y el poder social se encuentra en la propiedad y organización de las fuerzas productivas y en las relaciones sociales de producción que dan origen a las clases sociales, o grupos de gentes, que se diferencian unos a otros en su posición en un modo de producción, y en el tamaño de la parte de ingresos sociales y riqueza que les corresponde como consecuencia de su conciencia social, fuerza organizativa, posición y del balance de la lucha de clases.


Generalmente se utilizan cuatro tipos de análisis económico de la distribución del ingreso: i) la funcional (capital/trabajo), ii) la personal o familiar según factores demográficos y socioeconómicos, iii) la dada por categorías socioeconómicas; iv) la propiciada por las fuerzas sociopolíticas que operan en la asignación del ingreso social desde la perspectiva de la dinámica societal sistémica, estructural e histórica.


Un modelo analítico para la determinación de las fuerzas socioeconómicas y políticas que operan en la asignación del ingreso social debe contar con la perspectiva de la dinámica histórica y societal global. En el campo de la lucha sociopolítica, el enfrentamiento entre derechos iguales lo define el poder o la fuerza dominante. Es una regla para el análisis de la dinámica social, primero, que las acciones sociopolíticas están motivadas por necesidades e intereses y, luego, que habitualmente hay una convergencia relativa entre los efectos de la acción y las finalidades perseguidas por los agentes beneficiados por ella. Una de las características centrales de las sociedades capitalistas modernas es la vinculación cada vez más estrecha entre los “negocios” y la política*. Las necesidades e intereses de los grupos que dominan se proyectan en la política económica, monetaria, crediticia, cambiaria, de precios, fiscal y de subsidios.


En la perspectiva analítica del informe del BM, ni el sistema económico ni la estructura de poder son cuestionados, en consecuencia carece del análisis de la dinámica sociopolítica. La distribución del ingreso es un hecho “natural” económico e institucional, sin que nada tenga que ver con el sistema o la estructura del modo de producción y menos aún con la lucha política entre las diferentes clases o grupos sociales. Las participaciones en los ingresos sociales del factor capital y del factor trabajo (distribución funcional) están determinadas por las productividades marginales relativas que, con una tecnología dada, dependen a su vez de los montos relativos de los factores empleados. En este modelo analítico, a nivel microeconómico las participaciones relativas se alteran tanto con los cambios técnicos que modifican las productividades marginales, cuanto con las variaciones en las cantidades relativas de factores empleados; el nexo con el análisis macroeconómico se concreta a través de las funciones agregadas de producción. Dinámica que depende de los precios relativos del capital y el trabajo, en un contexto de maximización de utilidades y de competencia perfecta en el cual operan las fuerzas del mercado.


La productividad del factor trabajo es fruto, según la ideología que sustenta el informe del BM, del “capital humano” que posee cada individuo. En consecuencia, el documento “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” se centra en los principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano. Por esa razón, el BM se centra en los mecanismos que dispone el gobierno para modificar la distribución primaria y secundaria del ingreso a través del sistema fiscal (impuestos directos e indirectos), el gasto social y los subsidios, teniendo como objetivo principal del análisis la reducción de la desigualdad y la pobreza. Corolario del “capital humano”, el BM da preponderancia al uso diferencial y selectivo de mecanismos redistributivos directos al margen del mercado, tales como “inversiones” en educación, salud, vivienda y equipamiento comunitario.


El Grupo Banco Mundial que tiene como eslogan trabajar con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, no toma en cuenta que una estrategia redistributiva, para lograr el éxito, necesita de un sólido apoyo político. El problema consiste en que los grupos sociales a favor de los cuales hay que redistribuir son aquellos que tienen un menor grado de organización, cohesión interna y capacidad de presión sobre el aparato del Estado. Es preciso diseñar estrategias y políticas que abran paso a la participación directa de estos grupos en el poder. La conciencia social, la organización, la lucha por el poder y la profundización de la democracia real y directa son fundamentales en la conquista y construcción de una sociedad igualitaria. Los ricos raramente ayudan a los pobres, más a menudo los explotan.
En resumen, el estudio del BM carece de un análisis sistémico, de una perspectiva histórica crítica y de mecanismos estructurales que permitan superar la desigualdad y garantizar el acceso de todos los connacionales a una vida digna, solidaria y democrática.

* Graciarena, Jorge. (1974). “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, p. 311.


 Retos que tendría un gobierno “progresista” de salir electo en el 2022


Siete son los retos que debe enfrentar un gobierno alternativo a las clases y grupos hegemónicos que han dominado el escenario sociopolítico y económico durante el último medio siglo en Colombia: i) deconstruir los mecanismos de conservación y reproducción que siempre han estado representados o encarnados en las clases o grupos que controlan el poder, son dueños del capital y determinan las instituciones públicas; ii) romper el vínculo entre negocios, política y corrupción; iii) transformar la política social asistencialista en una dinámica que recupere la dignidad humana, el trabajo productivo y asociativo, a la vez que promueve la autonomía territorial y el desarrollo sostenible de las localidades y comunidades; iv) profundizar la democracia radical en una perspectiva universal y sistémica; v) garantizar un ingreso básico ciudadano universal y la satisfacción gratuita de las necesidades vitales de toda persona (educación, salud y seguridad social); vi) emprender una reforma agraria integral y nacional, fortalecida financiera, técnica y comercialmente orientada a abastecer los mercados internos y externos; vii) Control estatal y popular sobre los medios estratégicos y financieros del desarrollo, sustituyendo el modelo económico neoliberal por un sistema de planificación democrático, plural y global, sectorial y regional.


 

La otra cara de la riqueza

El BM encubre la estructura económica y sociopolítica del capitalismo, sus desigualdades, contradicciones y conflictos. Oculta que la otra cara de la riqueza y la concentración del ingreso son la pobreza crónica y la exclusión. El principio guía: “lo que es bueno para los ricos necesariamente debe ser bueno para los pobres”. Ignora que la sociedad capitalista con su estructura definida de clases antagónicas contiene, a la vez, una inmodificable estratificación socioeconómica al interior de las clases. El informe descansa en la utopía de una sociedad sin pobres, armónica, prospera y equitativa. En síntesis, el BM prefigura para Colombia, si se obedecen sus recomendaciones, el que se haga realidad el concepto mesiánico de la “Tierra prometida del capital”. En la lectura del informe, por su ocultamiento o negación, es necesario, entonces, evidenciar las contradicciones y antagonismos del sistema, como también desenmascarar los mecanismos de conservación y reproducción que siempre están representados o encarnados en las clases o grupos controladores del poder y que determinan la estructura de las desigualdades y la pobreza.

 

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Publicado enColombia
Naib Bukele, en la toma de posesión del cargo de presidente de la república de El Salvador en 2019. Foto: Carlos Moronta/Presidencia República Dominicana

En el mes de diciembre, en el ‘Pulgarcito de América’, tres simbólicas efemérides coincidieron con la agitación de tensiones diplomáticas, deudas históricas con la justicia por crímenes de lesa humanidad, y una marcha masiva contra el presidente.

“Las casualidades no existen, las causalidades, sí”, filosofaba Sebastián Torogoz, ex combatiente del FMLN y actual líder del mítico grupo musical, Los Torogoces de Morazán. Su reflexión coincidía con tres efemérides que, en una misma semana, y mediante actores distintos, han acrecentado las tensiones con las que se dibujan los nuevos paradigmas que afectan a los salvadoreños, a su clase política y a Estados Unidos. Casualidad, causalidad o coincidencia, así fue como transcurrieron esos días.

9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción

A San Salvador le caracteriza el caos de una ciudad centroamericana cualquiera, pero transcurre una paz inquietante. La gente vende, compra, viaja en bus, camina por la calle, llena restaurantes y se desplaza como en cualquier otro lugar del mundo, sólo que hay 19,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llama la atención que, pese al tráfico denso, no suena ni una bocina. “Acá nadie pita porque no sabes si en el carro de enfrente van unos mareros. Las maras ya no son un montón de tipos tatuados, ahora puede ser desde esa señora que está ahí palmeando tortillas, hasta un ejecutivo o un político”, cuenta un lugareño. Esa ‘paz’ deja entrever fotógrafos del gobierno con aparatos carísimos por toda la ciudad, documentando la obra pública del presidente para el universo paralelo de las redes sociales. 

Entre las estampas cotidianas que en el presente sólo pueden divisarse en El Salvador, hombres y mujeres de apariencia humilde buscan asesoría en los puestos de la Chivo Wallet —la cartera oficial de bitcoin del gobierno— para retirar los 30 dólares prometidos a todo aquel que descargase la aplicación en su teléfono.

Lejos de estos cajeros custodiados por militares y policías, las relaciones entre las administraciones de Joe Biden y Nayib Bukele se acercan a un punto de ebullición. Hace un mes que Jean Manes, la Encargada de Negocios interina (máximo representante comercial entre la diplomacia), sorprendió anunciando que dejaba su cargo. En alusión a un acercamiento con la Casa Blanca, Manes declaraba en un programa de televisión local que “no podemos pensar que hay interés si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos todos los días. Ataques a la Embajada, a mi persona y hasta al presidente Biden”. 

Así, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos procuró la primera coincidencia: bajo la Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, tres piezas clave del gobierno de Nayib Bukele fueron sancionadas. El director de Centros Penales y viceministro de Seguridad de El Salvador, Osiris Luna y el encargado de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, protagonizaron el escándalo semanal. Se confirmaba así lo que el diario local El Faro ya había destapado: las negociaciones del gobierno de Bukele con las maras MS-13 y Barrio 18, consideradas organizaciones de crimen transnacional por los Estados Unidos y terroristas por El Salvador. Además, a la jefa de Gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos; se le acusaba de dirigir “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Las negociaciones con las pandillas consistían en que estas mantuvieran bajos los homicidios y la violencia, a cambio de incentivos económicos y otras exigencias. También, se negoció apoyo político al partido Nuevas Ideas de cara a las próximas elecciones y la ayuda de las maras para mantener la cuarentena durante la pandemia en las zonas que ellos controlaban. “Las pandillas también obtuvieron beneficios para los líderes encarcelados en los centros penitenciarios, como la provisión de teléfonos celulares y prostitutas”, señalaba un comunicado del Tesoro estadounidense. Bukele, por su parte, negó los hechos desde su cuenta de Twitter.  

Combatir la corrupción es una de las estrategias con las que la administración Biden dice pretende reducir la inmigración del Triángulo Norte. Así, mientras Estados Unidos excluía a El Salvador de la lista de invitados de la Cumbre por la Democracia que se celebraba el mismo fin de semana, el autodenominado ‘CEO de El Salvador’ arremetía en Twitter publicando pantallazos de supuestas conversaciones privadas de Whatsapp mantenidas con Manes, que posteriormente eliminó. 

En la víspera del 10 de diciembre, un mensaje se difundió por las montañas de Morazán. Alertaba de la visita de Bukele a la plaza central de El Mozote, donde el 11 de diciembre de 1981, en plena guerra civil, el Batallón Atlácal del ejército salvadoreño financiado por Estados Unidos, pronunció frases como éstas: “¡Mayor! Aquí hay uno que dice que no quiere matar niños”, “¿Quién es el hijo de puta que dice eso?”. Asesinaron a 558 pequeños, utilizaron la violación a mujeres y niñas como arma de guerra y los hombres fueron torturados y aniquilados. Después quemaron sus cuerpos y sus casas y prosiguieron a hacer lo mismo en otros caseríos de la zona. ‘Tierra arrasada’ se llamaba la técnica contrainsurgente. No quedó nada. Fueron cerca de mil personas en tres días en varios cantones de la zona. Cuarenta años han pasado de un crimen que permanece impune, y la comunidad llevaba semanas preparando la conmemoración.

Pero Bukele decidió hacer un evento propio y no acompañar a las víctimas en aquel que ellas mismas, sin ayuda del gobierno, habían organizado. Fue acompañado de un equipo de alrededor de cien personas que incluía una veintena de fotógrafos y videógrafos (la materia prima del bukelismo), policías y —en un desliz de tacto con las víctimas— hasta militares. “Todo el mundo sabe que esto es para desestabilizar la conmemoración de mañana. Las instituciones querían apropiársela, pero como no se les permitió, entonces hacen sus escenarios autónomos”, espetaba Nancy Guevara, miembro de la Asociación Promotora para los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).

La masacre de El Mozote y Lugares Aledaños es un punto de inflexión en su historia contemporánea, tanto por la magnitud del crimen, como por los implicados (alto mando militar, apoyo económico y asesoría militar de Estados Unidos) y por el hecho de ser el primer proceso judicial por delitos graves de la guerra civil que se realiza en el país. Pero el juicio se tropezó con varias piedras lanzadas desde la administración. Una de ellas fue la reiterada negativa de los militares a las exigencias del juez Jorge Guzmán de entregar los archivos relacionados con el caso. La otra, un decreto legislativo que jubiló a un tercio de los 690 jueces del país y que acabó por sacar a Guzmán del caso. “No vengo a pedir perdón, qué pidan perdón los asesinos”, dijo Bukele iniciando su discurso. 

“Hace poco atacaron un decreto de la Asamblea Legislativa porque dicen que yo ataco al juez de El Mozote, y pienso: ¿No hubo Asamblea Legislativa, sistema judicial, Corte Suprema de Justicia durante 40 años? ¿No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no?” Así, en su discurso, el autodenominado CEO de El Salvador, prometió una inversión de 32,4 millones de dólares, pero en ningún caso se refirió a la desclasificación de los archivos militares, imprescindibles para la investigación y condena de los autores intelectuales y materiales de la masacre. Varias organizaciones le acusaron —ya que es también comandante general de las Fuerzas Armadas— de “obstruir” la justicia y solicitaron una investigación a la fiscalía. Mientras tanto, Bukele ya prepara constitucionalmente el camino para su reelección, así como la duplicación de los efectivos militares de 20.000 a 40.000 en los próximos cinco años. 

 “El Gobierno de Bukele está exacerbando el militarismo, tiene un pacto muy claro con el alto mando. Es un autoritario que no dialoga con los sectores sociales, que impone y está demoliendo los pocos estándares democráticos que se habían conseguido en El Salvador. En apenas dos años ha desbaratado la separación de poderes y la independencia judicial, además de acosar a la sociedad civil organizada”, explica David Morales, abogado de las víctimas. 

En ese sentido, El Salvador busca aprobar una Ley de Agentes Extranjeros para que las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40% por las donaciones recibidas. Su incumplimiento supondría penas de hasta cinco años de prisión. El Anteproyecto de Ley fue rechazado por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa. “En muchas cosas este gobierno es impredecible, se ha caracterizado por la audacia, impetuosidad, frecuentes cambios de rumbo y desdén por el Estado de derecho. Pero tiene una constante que me preocupa mucho: la ambición desmedida de controlar todos los hilos de la vida política del país”, explica Héctor Lindo, profesor emérito en historia de Fordham University.

11 a 13 de diciembre, Aniversario de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños

Al día siguiente de la visita del presidente, comenzaron las conmemoraciones en medio de un escenario teñido de solemnidad, recuerdos dolorosos y una plaza repleta de víctimas. Hay quienes dicen que el caso de El Mozote es un tema local, sin embargo, entre los asistentes se encontraba Brendan O’Brien, sucesor de Manes, quien aprovechó la ocasión para anunciar la entrega de nuevos documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. “Preservar nuestra memoria histórica es un elemento fundamental para garantizar nuestro futuro. Debemos comprender que impulsó los conflictos del pasado si queremos lograr una reconciliación significativa con ese pasado, una paz duradera, y así asegurar que tales abusos no se repitan”, expresó O’Brien en su intervención. 


Según las investigaciones de la doctora Terry Karl, perito cuyo testimonio fue también clave juicio de la Audiencia Nacional por el asesinato de los jesuitas españoles, la masacre de El Mozote generó una fuerte tensión con Washington. David Morales lo sintetizaba así: “Washington estaba muy incómodo ya que las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador complicaba la aprobación de la ayuda militar por el Congreso estadounidense. Karl demuestra el deliberado rol de encubrimiento de la masacre por parte de Estados Unidos, ya que el interés era seguir financiando la guerra por sus objetivos contrainsurgentes. Hubo un militar estadounidense que estuvo presente en la zona en ese momento, rompiendo las reglas que tenía como militar asesor de los Estados Unidos”.

El domingo 13, mientras unos honraban a sus muertos y desaparecidos, a 150 kilómetros de ese antiguo territorio guerrillero, la policía salvadoreña restringía el acceso de autobuses llenos de manifestantes a la capital. Pese a ello, la sociedad civil, sindicalistas, exjueces, excombatientes militares y guerrilleros y heridos de guerra, tomaron las calles por cuarta vez en una protesta masiva cuyas razones se resumen en un cartel que decía así: “Marchamos por la restauración del Estado de derecho y la independencia judicial. Por la liberación de los presos políticos, por los desaparecidos, por la eliminación del bitcoin, por los despidos masivos en el sector público, por el alza de la canasta básica y el alto costo de la vida, por los salarios y pensiones indignas, por el nepotismo y la misoginia del presidente y sus secuaces”.

Para Lindo, pese a que Bukele cultiva la imagen de un “nuevo tipo de líder”, su comportamiento “no dista de los hombres fuertes de la política salvadoreña del siglo XX”.  En ese sentido, el profesor destaca sus “intentos de silenciar a la prensa, supeditación de los poderes del Estado a la voluntad presidencial, dar privilegios al ejército y total falta de respeto al espíritu y la letra de la Constitución”. Pero más allá de las fantasías distópicas de Nayib Bukele y su Bitcoin City volcánico, ante el fracaso de la implantación del bitcoin como moneda de curso legal, una serie de fracturas políticas, sociales, económicas y diplomáticas comienzan a hacerse sentir y a colarse en viejas consignas de los años 80. Los ojos azules de Sebastián buscan el suelo: “Estoy muy preocupado por El Salvador”, dice. Pero él, quién asegura no haber combatido en las montañas de Morazán para ocupar asientos políticos, bromea: “Si estuve dispuesto a dar mi vida por el cambio social de mi país…¿te imaginas a Sebastián Torogoz, diputado, votando por el Chivo Wallet?”

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