La Justicia chilena frena una licitación del Gobierno de Piñera para entregar la extracción de litio a una empresa china

Los tribunales han suspendido un polémico proyecto que pone en riesgo a los salares del norte de Chile y a las comunidades que los habitan.

 

La Justicia chilena ha puesto en jaque una de las últimas y más controvertidas jugadas del gobierno de Sebastián Piñera. El viernes un tribunal acogió a trámite dos recursos que dejan suspendida una licitación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio que el Ejecutivo había adjudicado a una multinacional china y a una empresa nacional.

"No significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso", señalaron desde el ministerio a través de una declaración pública.

Este domingo el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, insistió que se seguirá adelante con el proceso, una vez que se resuelva el recurso de la Corte de Apelaciones que lo puso en pausa. "Haremos ver nuestros argumentos para continuar […] Estamos confiados que con los argumentos que se presentarán y se seguirá adelante", dijo.

Impacto en los salares del norte

El gobierno quiere producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. Por ahora se adjudicaron dos de ellas: una a la multinacional china ByD y la otra a la firma chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Las ofertas alcanzan los 121 millones de dólares para el Estado. "Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo tierra o lo utilizamos en beneficio de todos los chilenos. Después de ver que se había estancado la producción de litio en Chile –que Australia nos había sobrepasado con largueza– y que países como Argentina y Bolivia estaban amenazando con superar a Chile, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio", explicó Piñera.

El anuncio de los ganadores del concurso se produjo pocas horas antes del inicio de un debate en el Congreso que podría haber paralizado el proceso que, desde que se dio a conocer en octubre, provocó malestar y rechazo ciudadano.

Las adjudicaciones son por un plazo de 7 años –prorrogables por otros dos– para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 de producción. Aún no hay un territorio definido en el que se instalarán las empresas, pero se sabe que será en el norte del país, en Atacama, donde se encuentran los principales salares y yacimientos de litio, en especial, el Salar de Atacama, el más grande del país.

Chile acumula las mayores reservas de litio del mundo, un 40%. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), es el segundo productor mundial de este mineral (32%), solo por detrás de Australia (46%). Entre 2015 y 2018 sus exportaciones se cuadruplicaron a países como Corea del Sur, Japón y China, que son sus principales importadores. Cochilco también pronostica un aumento considerable de la demanda en los próximos años por la progresiva instalación de los coches eléctricos, uno de los usos más prometedores de este material.

"Una vulneración de derechos a las comunidades"

Tanto la comunidad científica, como políticos representantes de la Convención Constitucional y del Congreso se han posicionado en contra de la licitación convocada por Piñera. Pero los principales perjudicados son las comunidades locales, que observan como empresas extranjeras se adueñan de los recursos de sus territorios.

"Esta licitación nos causa mucha preocupación porque hay una vulneración de derechos que afecta directamente a los habitantes del territorio que aún existimos", dice el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra. Critica que el Estado de Chile desconozca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en 2008, y que se basa en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios, reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales y el derecho a decidir sus prioridades en los procesos de desarrollo.

El abogado del Observatorio Ciudadano Marcel Dieder, quien ha estado evaluando el impacto de la extracción de litio en la cuenca del salar de Atacama, destaca también que todos los trabajos que han realizado las empresas del litio en Chile se han hecho "sin la consulta previa, libre e informada y sin el consentimiento de los pueblos indígenas". En su opinión, también se han vulnerado derechos como la libre determinación –por no poder decidir qué se va a hacer en su territorio– y el derecho a la participación en los beneficios. "Si bien se entrega dinero a las comunidades, se ha hecho sin ninguna correlación con las utilidades que ganan las empresas y al margen de los estándares para este tipo de actividades", lamenta Dieder.

A finales del año pasado, el Consejo de Pueblos Atacameños también presentó un recurso ante otro tribunal que, si bien fue acogido, no paralizó el proceso. Por eso ahora se adherirá al que fue interpuesto por el gobernador de Atacama que, junto al presentado por comunidades indígenas, fueron los acogidos este viernes. El gobierno dispone de un plazo de 10 días para entregar su informe sobre el proceso.

"Los contratos son una mala noticia"

Desde el anuncio de la aprobación, ha sido constante el ir y venir de declaraciones cruzadas entre autoridades del gobierno saliente y del que asumirá a partir del 11 de marzo con el izquierdista Gabriel Boric (Frente Amplio) a la cabeza. El equipo de Boric había pedido postergar la licitación al menos hasta la llegada de la nueva administración, pero el actual gobierno señaló que el concurso se habría adjudicado tras tomar en cuenta algunos puntos planteados por el equipo del futuro presidente. Los frenteamplistas lo negaron y Boric, que en su programa de gobierno propuso la creación de una Empresa Nacional del Litio, calificó los contratos como "una mala noticia". El exlíder estudiantil aseguró que "revisará" la licitación una vez asuma el poder, pero sus palabras sentaron mal a las autoridades actuales, que lamentaron "la desinformación" que se ha generado entorno al tema.

Sea como sea, ahora la pelota está en manos de los tribunales y el proceso queda detenido, al menos por diez días. "Es muy difícil que se resuelva todo esto bajo el actual gobierno, por tanto, la licitación de Sebastián Piñera ya no va. Ese es un hecho en relación a los tiempos", asegura el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro.

Para Marcel Dieder, otra forma de revetir los permisos otorgados podría darse cuando empiecen las exploraciones de las empresas en la zona y el futuro gobierno solicite que se consulte a las comunidades indígenas afectadas. Por mientras no se llega a este punto, Manuel Salvatierra sigue denunciando: "Es una falta de respeto a un pueblo originario que existe, que está acá, y también a todo un país que reclama mayor participación en las decisiones de estas características". Y concluye: "Se está poniendo en riesgo la posibilidad de seguir ocupando este territorio por otros miles de años tal y como lo heredaron nuestros abuelos".

17/01/2022 08:23

Meritxell Freixas@MeritxellFr

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Haití se hunde en la inseguridad. Una mujer muestra una señal con su mano junto a una barricada en llamas durante una jornada de protesta, el 6 de enero de 2022, en Pétion-ville (Haití). — Johnson Sabin / efe

Desde el asesinato del presidente Moïse en julio, el país caribeño sigue a la deriva, con un gobierno interino muy cuestionado, el auge de las pandillas criminales y la incompetencia de la comunidad internacional

 

Al periodista haitiano Jean Dominique, azote de los poderosos, lo mataron el 3 de abril de 2000 a la puerta de la emisora de radio donde trabajaba en Puerto Príncipe. Había sido un feroz opositor a la dictadura de los Duvalier (1957-1986) y desde los micrófonos de Radio Haití-Inter también denunciaba la corrupción enquistada en las instituciones democráticas. A día de hoy todavía no se sabe quién lo mandó matar. Dos décadas después de ese crimen que conmocionó a Haití, nada parece haber cambiado en ese rincón del Caribe. La impunidad campa a sus anchas. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado ha dejado un país ingobernable, cada vez más empobrecido, víctima de las constantes rencillas entre la clase política y dominado por unas violentas pandillas que pretenden suplantar al Estado ante la incompetencia de la comunidad internacional.

Secuestros, asesinatos y extorsiones son el pan de cada día en Haití. El año pasado se registraron casi mil secuestros, entre ellos los de 55 extranjeros, según el Centro de Análisis e Investigaciones de Derechos Humanos de Haití (CARDH). El primer ministro, Ariel Henry, salía ileso de un atentado a principios de este mes. Desde el gobierno se acusa del ataque a bandas del crimen organizado. Apoyado en un primer momento por el denominado Core Group (EE.UU., Canadá y Francia, entre otros países), Henry ha ido perdiendo credibilidad desde que la justicia lo vinculara con el magnicidio. El fiscal Bedford Claude reveló en septiembre que Henry había hablado por teléfono horas después del atentado con uno de los principales sospechosos del caso, Joseph Badio, y pidió que se abriera una investigación al respecto. Para defenderse, el primer ministro pasó a la ofensiva y ordenó al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, que cesara al fiscal. Como Vincent no le hizo caso, Henry destituyó al ministro y despidió al fiscal de una tacada.

Hay cerca de medio centenar de personas arrestadas por el asesinato de Moïse, entre ellas 18 mercenarios colombianos y varios mandos policiales haitianos. Pero no se ha podido demostrar todavía quiénes fueron los autores intelectuales de un atentado que tiene muchos interrogantes sin resolver. Los miembros de la seguridad del mandatario no opusieron resistencia al comando armado que irrumpió en la residencia presidencial el 7 de julio. En una entrevista con The New York Times, Rodolphe Jaar, empresario ligado en el pasado al narcotráfico, ha admitido su colaboración en la trama. Según su relato, puso 130.000 dólares de su bolsillo, armas y una casa para albergar a los exmilitares colombianos.

Ahora que acaba de ser detenido en República Dominicana a petición de Estados Unidos, tal vez tenga tiempo para dar más explicaciones. Entre otras revelaciones, Jaar le contó al diario norteamericano que Badio le había hablado maravillas de Henry, un aliado político al que supuestamente tenía bajo su control. El plan inicial era deponer a Moïse pero no matarlo, de acuerdo con la declaración de Jaar, quien se habría unido a la confabulación después de que Badio le asegurara que los conspiradores contaban con el apoyo de Estados Unidos. Según esa hipótesis, Moïse, en el poder desde 2017, habría perdido el favor de Washington por su errática forma de gobernar.

El académico haitiano Laennec Hurbon, lamentaba ya en febrero de 2021 la "deriva autoritaria" de Moïse. En un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad, Hurbon señalaba también la responsabilidad de la Casa Blanca: "La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato (de cinco años) finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional, representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití (…) Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe". Moïse pretendía permanecer en el poder hasta febrero de 2022, bajo el argumento de que tardó un año en asumir el cargo debido a las irregularidades detectadas en los comicios de finales de 2015 y la repetición electoral un año después. En enero de 2020 disolvió el Parlamento y se negó a convocar elecciones legislativas.

Mientras la investigación del magnicidio continúa, Haití sigue tan inestable como siempre. El asesinato de Moïse provocó una dura pugna por el control del poder. Henry, un neurocirujano de 72 años que ya fue ministro del Interior en el gobierno de Michel Martelly (2011-2016), se impuso a sus rivales con la promesa de una reforma constitucional y una convocatoria electoral. No ha cumplido su palabra todavía, aunque se espera que lo haga a lo largo de este año.

En todo caso, Haití precisa de un consenso social y político previo a cualquier proceso electoral, y un mayor esfuerzo de la comunidad internacional para aliviar la grave crisis humanitaria que padece. Como si se tratara de una maldición bíblica, la tierra tembló otra vez un mes después del magnicidio. Aunque el terremoto del 14 de agosto no fue tan devastador como el de 2010 (en el que murieron unas 300.000 personas), hubo más de 2.000 muertos y 300 desaparecidos.

El poder de las pandillas

A la inestabilidad política se suma la cada vez más violenta presencia de las pandillas criminales en las calles de la capital. Hombres armados mataron hace diez días a dos periodistas que investigaban precisamente sobre las disputas entre bandas rivales en un barrio de Puerto Príncipe. Históricamente, el poder político se ha valido de esas pandillas, a las que ha formado y financiado con la ayuda de empresarios sin escrúpulos. Los sátrapas François y Jean-Claude Duvalier tenían como fuerza de choque a los tristemente célebres Tontons-Macoutes. Ya en democracia, Jean-Bertrand Aristide contó en sus diferentes mandatos con el fanatismo de los Chimères. Y Moïse también se apoyó en varias pandillas.

El informe anual de Human Rights Watch denuncia esa connivencia entre actores institucionales y un centenar de grupos armados. Pero esa dinámica podría estar cambiando. Organizaciones de Derechos Humanos de Haití alertan sobre la creciente independencia de las bandas, cuyo perfil va pareciéndose al de las maras centroamericanas. Un caso paradigmático es el de la G-9 an fanmi (G9 y familia, una alianza de nueve pandillas), comandada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y acusada de varias masacres. A mediados de septiembre, las pandillas pusieron en jaque al país al tomar varios puertos y hacerse con el control de los depósitos de combustible.

La encrucijada en la que se encuentra Haití no tiene visos de resolverse a medio plazo. Dos millones de haitianos (casi el 20% de la población) han emigrado en los últimos años. Para el 50% de los que se quedan, la lucha por la vida se libra con menos de dos dólares al día. No hay soluciones fáciles para el país caribeño, hundido en una recesión económica y castigado también por la pandemia. Un reciente informe del International Crisis Group sugiere que antes de embarcarse en un proceso electoral, Haití debería acometer sin más dilación reformas profundas con la ayuda de la comunidad internacional: “Los donantes y organismos extranjeros deben actuar de inmediato para respaldar reformas al poder judicial, a la policía y al sistema penitenciario, enfocadas en la lucha contra los delitos graves de alto impacto".

Jean Dominique era la voz de los que no tienen voz. Desde los micrófonos de Radio Haití-Inter les hablaba en créole a esos miles de haitianos que nacen y mueren en una bidonville. Pese a las amenazas de muerte recibidas, denunció hasta el último momento a políticos y empresarios corruptos. Soñaba con un Haití más justo, menos desigual. Casi veintidós años después de que silenciaran su voz, la corrupción, la violencia institucional y una pobreza secular son todavía las señas de identidad de un territorio ingobernable.

16/01/2022 21:26

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Domingo, 16 Enero 2022 05:55

Cuba, razones de una crisis

Cuba, razones de una crisis

La isla caribeña arrastra una crisis multidimensional, con dificultades similares a otros países del viejo «socialismo real». Una capa de promesas incumplidas, cansancio social y poder burocrático se cierne sobre la población cubana. Los sacrificios que impone una revolución son parte de un horizonte de cambio en la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos.

 

La pandemia de covid-19 colocó al mundo ante una situación terrible. La crisis es global y sus consecuencias serán perdurables. Muchos argumentan, con razón, que las lecciones de esta época imprimirán cambios de toda índole a escala mundial en las relaciones humanas, culturales, laborales y políticas. Cuba no es una excepción. Soportar los embates de la pandemia ha tenido un costo altísimo para las personas, las familias y el Estado. Sin embargo, en nuestro caso, la epidemia encontró a la Isla en uno de sus peores momentos, tanto en el plano económico, como social y político. En este texto examinaré los primeros. Me apoyaré para ello, sobre todo, en publicaciones del equipo de articulistas de La Joven Cuba, que hemos acompañado desde nuestros análisis, con  objetividad, responsabilidad y civismo, a la sociedad cubana.

Mucho antes de que el virus apareciera, la situación en Cuba era en extremo complicada. El desgaste del modelo de socialismo burocrático es de vieja data y, dado el más elemental sentido de discernimiento, requería cambiarse desde que ocurrió el derrumbe del campo socialista. Tenemos treinta años de retraso. De hecho, las reformas anunciadas por Raúl Castro en julio de 2007, casi quince años atrás, ya estaban rezagadas. Por si fuera poco, su demora en aplicarse en unos casos, y su no implementación en la mayoría, generarían resultados fatales. Nuestra burocracia dirigente nunca imaginó que un murciélago pudiera ser su más implacable catalizador.

Un artículo que escribí el último día del 2018 me permite recordar que no necesitábamos de la pandemia para ir cuesta abajo:

«Otro año concluye y con él las esperanzas de que la situación económica de los cubanos mejore. A mediados del 2017 el anterior presidente del Consejo de Estado y de Ministros explicó que la economía decrecería en el segundo semestre de ese año y aún para el primero del 2018, pero que después de esa fecha se apreciaría una recuperación en los suministros y una tendencia hacia la mejoría. Nuestro gobierno, una vez más, ha sido incapaz de un vaticinio correcto en el corto plazo. Los pronósticos de 2018 fueron particularmente erróneos y pendulares. Si el verano comenzó con una campaña totalmente enajenada del contexto insular, donde se le pedía a la familia cubana que disfrutara Cuba con alegría; el año casi finaliza y sabemos que la economía apenas creció 1%, y en las reuniones del presidente Miguel Díaz-Canel con el Consejo de Ministros se ha insistido en que van a disminuir todavía más las importaciones.

Diciembre, que debería ser un mes alegre, se torna sombrío. La escasez de harina ha reducido la producción de pan y existen largas colas en las panaderías; el precio de la carne de cerdo asciende por días en un mes de tradicional aumento de la demanda, y ya es exorbitante; el importe de los vegetales es tal que parecen cosechados en invernaderos del ártico para ser vendidos en el trópico; el detergente y el aceite son acaparados, pues es vox populi que los proveedores vietnamitas de detergente no garantizan el producto hasta que no se les pague lo adeudado, ¿será cierto?».

El 2019 no sería mucho mejor. Los medios cubanos lo anunciaban, apenas comenzado, como un año «de grandes desafíos». Casi en los meses finales se produjo una semiparalización del país, denominada eufemísticamente «situación coyuntural» por el presidente Miguel Díaz-Canel. Todos sabíamos que era una crisis estructural y sistémica. 

Cuba no es ya una nación eminentemente agrícola, como fue durante casi toda su historia, en la actualidad no logramos producir alimentos para el sustento de una población que, lejos de crecer, disminuye de manera constante; mucho menos para exportar. Aunque no éramos un país industrializado, al menos tuvimos una industria base como la azucarera, que generaba cadenas productivas, alimento para las personas y el ganado y energía renovable.

Como bien ha señalado el economista Juan Triana, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, la pérdida de esa industria afectó el desarrollo de diversos sectores asociados que se nutrían de ella:

«(…) además de azúcar, la industria de la caña puede producir energía, alcohol, CO2, levaduras -Torula forrajera y Saccharomyces, que nos permitiría sustituir la importación de alimento para pienso- tableros y composites de bagazo -ahora que necesitamos tanta madera para la construcción- sorbitol, bioestimulantes, productos químicos industriales, furfural y alcohol furfurílico, biofertilizantes, azospirillum, azotobacter y rizobium, compost, residuales líquidos, herbicidas, medicamentos de uso humano y animal, y alimento humano».

La decisión de desmontar la industria del azúcar, anunciada hace dos décadas, bajo la fórmula «reestructuración azucarera» (abril de 2002), fue uno de los mayores desastres económicos de la historia nacional. Nos convertimos, de un país exportador, en importador de azúcar.

La industria nacional, como explica el economista cubano Mauricio de Miranda, profesor titular de la Universidad Javeriana de Cali, en el artículo «El «modelo» económico cubano y la persistencia del subdesarrollo», está colapsada: «Muestra de ello es que muchas empresas industriales estatales se encuentran paralizadas por obsolescencia tecnológica y/o escasez de materias primas, mientras las exiguas divisas en manos del Estado impiden las inversiones necesarias para relanzar el sector industrial».

Los paisajes cubanos, llenos de cañaverales, devinieron terrenos desatendidos donde no se distinguían los sembradíos ni el ganado. En un artículo aparecido en el periódico Granma en diciembre de 2002, el periodista Juan Varela Pérez informaba sobre una intervención de Ulises Rosales del Toro, entonces ministro de la Industria Azucarera, en el Parlamento:

«Varios diputados preguntaron sobre las perspectivas del MINAZ [Ministerio del Azúcar] en el uso de las tierras liberadas de caña y la producción de alimentos. Para cumplir esta misión, puntualizó Rosales del Toro, se trabaja desde mayo último, junto a otros organismos e instituciones, en varios subprogramas y esperamos, dijo, emplear óptimamente los recursos disponibles en beneficio de la alimentación del pueblo».

Otra meta incumplida. La burocracia cifraría sus esperanzas en el desarrollo del turismo y en la exportación de servicios profesionales, dos rubros fluctuantes ante influencias geopolíticas y altibajos globales. La pérdida de la preferencia electoral por algunos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, la crisis en Venezuela y la consiguiente disminución del suministro de petróleo a Cuba, el endurecimiento de la hostilidad de los gobiernos estadounidenses y el endurecimiento del bloqueo, junto a la pandemia de covid-19, han demostrado que una economía eminentemente de servicios es un error garrafal para un país como Cuba, tan dependiente de alianzas ideológicas.

En los últimos años, la estructura de inversiones en la Isla se tornó asimétrica. El turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles, ya no solo en playas sino en ciudades, cada vez más lujosos y confortables, destinados a un sector de turistas de alto nivel adquisitivo. Mientras tanto, se invertía menos en sectores claves como agricultura, salud, educación y ciencia. Se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados, en un país donde los hipertensos y los diabéticos proliferan.

En su exhaustivo reportaje sobre la crisis de medicamentos en Cuba, el periodista José Manuel Pérez Rubines nos dice: «El ‘Portafolio de Inversiones de BioCubaFarma 2018’, último publicado, (…) propone una inversión en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel para erigir una planta con capacidad productora de 5.000 millones de unidades». No obstante, aclara que tales datos «tienen una antigüedad de tres años, por lo que habría que constatar si el proyecto de construcción de la planta productora de medicamentos se concretó».

Todo parece indicar que no se hicieron las inversiones comprometidas, pues, según cifras ofrecidas por el periodista: «en febrero de 2020, un mes antes de que se detectara el primer caso de covid-19 en la Isla, el reporte arrojaba un faltante de 78 fármacos en marzo, 86 en abril, 98 en mayo, 94 en junio, 85 en julio, 88 en agosto, 84 en septiembre, 93 y 80 en octubre, fecha de su última publicación».

Si bien Raúl Castro ocupó la presidencia interina del Consejo de Estado y de Ministros desde 2006 -cuando enfermara su hermano Fidel-, y lanzó su proyecto de reformas en el 2007, durante el primer acto por el 26 de Julio en que fungió como tal; no fue hasta su nombramiento/elección oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, que empezó a poner énfasis en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas».

Tal proceso fue paulatino pero expedito. Si en casi todo el resto del paquete de reformas hubo pausas, aquí sí se actuó con prisas. Entre 2016 y 2020, la inversión en salud y ssistencia social disminuiría en dos tercios: de 232,6 a 84,5 millones de pesos. En consecuencia, aumentaron en esos años la pobreza y la desigualdad. Parámetros exitosos hasta los años 80, como la «tasa de mortalidad», con tendencia a la disminución -aunque con un repunte durante la crisis de la década de 1990-, comenzaron a crecer nuevamente. En el análisis de la variación de ese parámetro en Cuba, Mario Valdés Navia explica que «entre 2007 y 2008 se produjo un salto de 4.496 fallecidos, al incrementarse de 81.927 a 86.423. Otro pico ocurrió desde 2016 a 2017, cuando la cifra de decesos escaló de 99.388 a 106.949, es decir, 7.561 fallecimientos más». A partir de entonces ha continuado en ascenso. En 2020 se produjeron 112.441 muertes. Esto representó 32.779 más defunciones que en el peor año del Período Especial (1996), cuando fallecieron 79.662 cubanos y cubanas.

El investigador relaciona este aumento de la tasa de mortalidad con dos elementos: «por un lado, la falta de mantenimiento de los hospitales, la reducción de servicios municipales en muchas provincias y la escasez de medicinas, insumos y equipamiento; por otra, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad cubana».

Uno de los servicios hospitalarios afectados fue el de obstetricia. En marzo del 2019, a raíz de la celebración del X Congreso de la FMC, apunté que no se evidenció en las sesiones una preocupación real por las condiciones de las mujeres cubanas al no mencionarse siquiera:

«La desaparición de los programas de atención obstétrica en los municipios donde existían, al menos es lo que ha ocurrido en la provincia de Matanzas, y su concentración en el hospital de la cabecera provincial. Esto ha generado un gran hacinamiento, a pesar del traslado del centro para otro más amplio, y las familias que viven lejos de la ciudad deben desembolsar de la ya precaria economía doméstica para sufragar gastos de transporte».

Evidentemente en todas las provincias aconteció algo parecido, y aunque el aumento de la mortalidad infantil y maternas, dadas a conocer hace pocos díasdadas a conocer hace pocos días, fue relacionada con muertes por covid-19, habría que verificarlo. Las cifras muestran una mortalidad infantil de 7,6 por cada mil niños nacidos vivos. Esto indica un crecimiento de 55,1% en comparación con el año 2020 (4,9) y de 91,77% con el 2018 (3,9). La mortalidad materna fue aún superior: 175 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, que significa un incremento del 341%. La pandemia influyó indudablemente, eso se conoce, pero ¿cuánto lo hizo el inicio inesperado de un parto complejo lejos de servicios especializados?, ¿cuánto se relacionan los niños de bajo peso al nacer o prematuridad con la desnutrición en algunos casos y la falta de tratamientos prenatales y vitaminas para las embarazadas?       

En el análisis de Mario Valdés, también se expone que el recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente en etapas en que los ingresos por exportación de servicios médico-farmacéuticos fueron la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo (2006-2018). Es lógico entonces que arribe a esta conclusión: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción». 

Un sector vulnerable en todos estos años fueron los asistenciados. Así lo expresa el profundo reportaje «El ordenamiento de la resistencia», de la estudiante de periodismo Karla R. Albert. En él se cita a Carmelo Mesa-Lago, economista cubano y catedrático por la Universidad de Pittsburg, que apunta que el valor de las pensiones entre 1989 y 2018, respecto a los precios, había descendido a la mitad ajustado a la inflación. ¿Cuánto representará ese valor actualmente?

En Cuba es difícil acceder a datos estadísticos sobre la pobreza, pues no existen cifras oficiales. Pero la socióloga cubana Mayra Espina, especialista en el tema, afirma que en La Habana el índice de pobreza ascendió del 6 al 20% entre 1988 y el 2002. Podemos imaginar la situación actual.

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población vulnerable, sin embargo, como sostiene Karla R. Albert en su trabajo, «ocurrió lo contrario»: «Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2,2% a 0,3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%». Ello se explica mayormente, según Mesa-Lago, «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles».

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el deterioro marcado de los indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo en un 61% en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total, pasó del 5,3% al 2,1%. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de CUP por «depuración de beneficiarios».

Los jubilados constituyen otro sector vulnerable, que fue creciendo sostenidamente junto al envejecimiento poblacional. Actualmente existen alrededor de 1,7 millones de personas en esa condición. El economista Mauricio de Miranda dedicó su artículo «Los jubilados de la Revolución» a las medidas tomadas respecto de este sector y muestra el desfase considerable del sistema de pensiones cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

¿Cómo entender estos inmensos recortes? Entre 2009 y 2017, la normalización de la deuda externa del país -declarada como «impagable» por Fidel Castro durante años- tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó alrededor de 23.000 millones de dólares, lo que, como concluye Valdés, «limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos».

A ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de París, congelada desde hacía más de tres décadas. Se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en dieciocho años para acceder a créditos. Encaminados a cumplir estas obligaciones, desde 2009 comenzó una política de ajustes que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones. A la par, disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno, en particular los alimentos, al no realizarse en la secuencia lógica las reformas concebidas y prometidas, que debían estimular a los productores nacionales a sustituir importaciones.

Al unísono, se decidieron medidas que afectaron la alimentación pública. Una de las peores fue el cierre de los comedores obreros, iniciada en 2009 y generalizada al siguiente año. Solo en sectores específicos se sustituyó por el pago de un estipendio monetario. Tres millones y medio de personas fueron afectadas por el cierre de 24.000 comedores. La mayor parte de los cubanos debió llevar sus alimentos al trabajo… si podían hacerlo. Un factor agravante fue que también en 2009 se echó por tierra una conquista obrera que había establecido la edad de jubilación laboral en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Desde entonces fueron aumentados cinco años en cada categoría de género. Es decir, personas más envejecidas dejaron de contar con la seguridad de su almuerzo. 

Raúl Castro había dicho en agosto de 2009 , ante los diputados: «Hay subsidios para prestaciones sociales que son poco eficaces o, peor aún, hacen que algunos no sientan la necesidad de trabajar». Imagino que lo aplaudieron. Apenas dos meses después, el 9 de octubre de 2009, el periodista Lázaro Barredo publicó en Granma el artículo «Él es paternalista, tú eres paternalista, yo soy paternalista…». Allí se quejaba de que «la Revolución fue desde sus inicios un torrente de justicia, que no siempre ha sido correspondido», y adjudicaba a la sociedad cubana una serie de «vicios o costumbres» que impedían «que nuestro proyecto socialista salga adelante», uno de ellos era: «El síndrome del pichón: andamos con la boca abierta porque buena parte de los mecanismos que hemos diseñado están concebidos para que nos lo den todo (…)».

Se iniciaba así la tendencia, hoy en su clímax, de culpar al pueblo por los resultados de las políticas erróneas, las pésimas decisiones y la ineptitud de la burocracia dirigente. Muchos de nuestros políticos, y también algunas personas de buena fe, recuerdan con nostalgia el trienio del deshielo con Barack Obama, entre 2014 y 2016, y aseguran que si al menos se quitaran las más de 243 medidas tomadas por Donald Trump y mantenidas por Joa Biden, la economía cubana enrumbaría un sendero exitoso. Pero las estadísticas hablan de una «década perdida» para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020 y de un deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía que viene de antes. Trump asumió el poder en 2017, sería injusto atribuirle toda la responsabilidad.

Puestos entonces entre la espada y la pared, y ya en medio de la pandemia, nuestra burocracia decidió «agilizar» las cosas. Se habían perdido catorce años. O en realidad veintinueve. En diciembre de 2020 fue anunciada la «Tarea Ordenamiento», a comenzar en enero de 2021. En su fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre, sentado al lado de un silencioso primer secretario del Partido que muy pronto entregaría el mando -dudoso honor ante lo que se avecinaba- el presidente resaltó que «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo».

Creo innecesario enjuiciar esa declaración a la altura de los resultados que el Ordenamiento ha ocasionado. Solo citaría lo dicho al respecto por el investigador Mario Valdés: «Es penoso constatar cuánto tiempo se perdió entre los años 2011 y 2018 para reposicionar al peso cubano como divisa nacional y en qué momento tan difícil se decidió ejecutar la “Tarea Ordenamiento”».

Si la extensión de la pobreza y la desigualdad eran innegables desde antes de Trump y la pandemia, la determinación de abrir, en medio de esta crisis, comercios donde únicamente pueden adquirir productos -muchos de ellos de fabricación nacional- los poseedores de dólares y divisas, en ausencia además de otros avituallamientos en moneda nacional, ha creado un abismo de penurias, injusticia y corrupción en la sociedad cubana.

Ya el Informe Central al VIII Congreso del PCC, celebrado en abril de 2021, develó con toda crudeza que los objetivos fundacionales de la Revolución socialista molestaban a los intereses reales de la burocracia. En el artículo «La despedida de Raúl Castro» cuestioné su discurso, que mostró irritación, inflexibilidad y sobre todo, una falta tremenda de empatía. En su intervención señaló que «la economía cubana en los últimos cinco años ha mostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que representa el recrudecido bloqueo», cuando debió reconocer que son las cubanas y cubanos los que hemos mostrado una heroica capacidad de resistencia, no solo contra el bloqueo, sino contra los errores, la lentitud y el dogmatismo de los que determinan la política económica en Cuba.

Convocó también a «borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la capacitación del capital extranjero». Tales prejuicios fueron impuestos por la misma clase burocrática que hoy nos pide un cambio de mentalidad. Seguramente piensa que debemos borrar otras cosas, como el rechazo -del que nos enorgullecíamos-, al crecimiento de la desigualdad social. La crítica del anciano político a la «cierta confusión» de algunos cuadros que alertaron de la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada en Cuba, desconoció un problema de primera magnitud que ha generado lo que Mario Valdés denominó, con amarga ironía, «un malestar general».

El modelo cubano actual, como argumenta De Miranda en su artículo ya citado, solo conduce a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada. Nada diferente a eso hemos tenido en las últimas tres décadas.

El principal eslogan del presidente Díaz-Canel desde su llegada al gobierno ha sido presentarse como «continuidad». Pero claramente no se trata de continuidad respecto a los objetivos sociales fundacionales de la Revolución, sino de una prolongación del proceso de ajustes que se apartó de esos objetivos. En el momento en que fue designado como presidente de Cuba, le dediqué un artículo, «El verdadero cambio», en el cual lo exhortaba:

«(…) rechacemos tanto las gratuidades indebidas, que no sabemos a ciencia cierta cuáles son, y aboguemos por el control y la participación de los trabajadores en las decisiones y en la gestión de los planes de producción. Abandonemos los privilegios con que vive la casta burocrática, empresarial y política, para que sintiéndose más cerca del pueblo, y en condiciones similares, se apresure en lograr resultados. En fin, más prisa y menos pausas. Ese es el verdadero cambio que necesitamos».

En el año que acaba de concluir se cumplieron 35 del anuncio del «Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas», veintisiete de la dualidad monetaria (en su primera temporada), veintiséis de la creación del holding Gaesa, catorce del estreno del «Proceso de actualización de la economía cubana», diez de la puesta en marcha del experimento interminable de Artemisa y Mayabeque y ocho de que se aprobara el decreto de creación de la zona de desarrollo del Mariel.

Ahora será el año I de la indicación de Raúl Castro para la salvación de la industria azucarera. Nos movemos sí, pero en un enorme círculo de consignas, proyectos y planes incumplidos, en el cual se desgastan generaciones, se frustran proyectos vitales y se separan familias. Desde hace tres años mueren en Cuba más personas que las que nacen. El círculo ha devenido órbita de extinción y para ese mal no se crean vacunas, como para el covid-19. Como explica Mauricio de Miranda: «El caso cubano ejemplifica la persistencia de un modelo económico con pésimos resultados en términos de prosperidad y bienestar, al punto de mantener la vida de la mayor parte de la población en constante lucha por la subsistencia cotidiana».

Igual a lo acontecido en otras experiencias del «socialismo real», en las que un partido único y antidemocrático usurpó el poder popular, la burocracia en Cuba paulatinamente se ha convertido en una clase, con modo de vida muy diferente al de la mayor parte de la ciudadanía, lo que es evidente entre sus retoños más nuevos. Con razón Mario Valdés la denominó «la burocracia conquistadora».

Es una clase que no desea perder ningún privilegio político que le impida el derecho a administrar la propiedad que legalmente se reconoce como social, pero que no logra transitar felizmente caminos de reforma, todos se van cerrando al final sin conseguir los objetivos propuestos.

La existencia de una clase de burócratas debe ser considerada también teniendo en cuenta su actitud ante la agudización de la crisis económica. ¿Cuál es su propuesta concreta para sumarse a la austeridad y al ahorro que tanto le piden al pueblo? Es muy cierto lo que afirma en su texto «Ellos y nosotros, sus hijos y los nuestros…» la doctora e investigadora cubana Ivette García: «Una clase que no rinde cuentas, que no declara su patrimonio personal, que tiene un enemigo externo al que puede culpar de todo, que controla los medios, mantiene oculta su vida privada y no precisa del voto popular, no siente compromiso más que con ella misma. Puede construir un capitalismo de la peor especie y vestirse con desfachatez de socialista para la escena pública».

En Cuba existe un enorme aparato de dirección, partidista y estatal, que lejos de disminuir tiende a incrementarse. Un país empobrecido como el nuestro, cuya economía prácticamente no crece desde hace casi una década, no puede mantener tal derroche de recursos materiales y humanos al sostener dos formas de dirección, una que orienta y otra que gobierna. No necesitamos que la doctora Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) nos pida más sacrificio; ni que el presidente Díaz-Canel ofrezca construir un monumento al pueblo. Precisamos que los que dirigen este país se hagan responsables de sus errores, que rindan verdadera cuenta de las finanzas públicas, que informen con transparencia de las decisiones relativas, por ejemplo, al pago de la deuda externa; y sobre todo, exigimos que sea la ciudadanía la que decida si pueden permanecer en sus cargos mediante elecciones generales y secretas para todos los altos cargos públicos.

La intención explícita de los cambios en Cuba, es, como señaló Martha Prieto en un debate en la revista Temas, que «las transformaciones que prevén los Lineamientos y el Modelo son económico-sociales, no políticas». Eso precisamente ha hecho inviable a las reformas. Necesitamos transformaciones políticas, y con urgencia.

En su artículo «La realidad cubana actual y las lecciones de la historia», Mauricio de Miranda analiza cómo el derrumbe del socialismo en Europa Oriental demostró que «(…) cuando el liderazgo no está a la altura de las circunstancias, no evalúa objetivamente la realidad económica, política y social y no interpreta adecuadamente el sentir de la sociedad o de una parte de ella, se producen fracturas que conducen a protestas sociales. La represión de las mismas solo genera un agravamiento de los conflictos y estimula acciones violentas».

Una revolución, y los sacrificios que ella impone, se aceptan para cambiar y mejorar la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos. Lo ocurrido el 11 de julio no fue, como afirma el gobierno, un golpe blando de mercenarios pagados desde el exterior, fue la reacción tardía de una parte del pueblo que no puede sufrir más los rigores de la pobreza y los ajustes de un semi-neoliberalismo con maquillaje socialista.

Fue el alarido de una ciudadanía que necesita cambios y seguridad en el futuro y que no confía en la clase burocrática que nos dirige hace demasiado tiempo. Los gritos de «Libertad» significan, primero que todo, libertad para elegir y sustituir a los corruptos, los ineficientes y los ineptos.

Nota: este artículo fue publicado originalmente en la revistaLa Joven Cuba. Es el primero de dos artículos, el segundo tratará los problemas políticos

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Justicia: el grito de las madres de las víctimas de disparos de la Policía en Colombia

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo

Cali / Medellín - 12 ene 2022 - 16:02 COT

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

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La coalición de Boric dividida ante la privatización del litio en Chile

Este viernes 14 de enero el Gobierno saliente de Sebastián Piñera dará a conocer qué empresa se adjudicará los derechos de exploración y explotación del mineral. El rechazo suscitado por esta medida ha sido "matizado" por el equipo del presidente electo Gabriel Boric, lo que habría reavivado las tensiones en la futura coalición de Gobierno sin que se debata un plan concreto para frenar el saqueo empresarial de los recursos naturales.

 

La coalición Apruebo Dignidad que llevó al triunfo a Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile cruje ante la presión del mandatario saliente, Sebastian Piñera y su ofensiva privatizadora sobre el litio.

La decisión de Piñera de licitar la explotación de 400.000 mil toneladas de litio por 29 años a empresas privadas no sólo encendió el debate público, también se ha visto tensionada la coalición política del presidente electo. La “cuestionada licitación” ha sido objeto de críticas de parte de la opinión pública por diversos factores. El primero de ellos es que el Gobierno se negó a dar a conocer a la cámara de diputados el detalle de las bases de la licitación argumentando que para acceder a ellos los participantes habrían pagado.

El sitio El Mostrador publicó en su portal web las bases de la licitación por las que había que pagar. Si bien la cantidad de toneladas licitadas representa un pequeño porcentaje del total de reservas del mineral que se estima que existen, los detractores a la licitación consideran que esta abre la puerta a una política de estado que mantendrá el saqueo de las trasnacionales y los empresarios de los recursos naturales. Es más, CODELCO, la minera estatal, que ya ha iniciado en pequeña escala proyectos ligados a la exploración del litio, ni siquiera habría sido considerada entre los participantes de la licitación con el argumento de que las ganancias asociadas al mineral no serían comparables con el negocio del cobre.

Las bases de la licitación tampoco incluyeron requisitos detallados respecto a cómo sería la extracción eventual del mineral ni del impacto ambiental en materia de contaminación y afectación de las comunidades atacameñas (las que tampoco fueron consultadas). Esta situación habría generado fuertes discusiones en la coalición oficialista Apruebo Dignidad y en el mundo de la centroizquierda.

Fuertemente tensionado por los medios de comunicación y los empresarios, el equipo de Gabriel Boric se ha esforzado en mostrar, pese a su amplio triunfo en las urnas, una imagen dócil y moderada con los grandes grupos económicos y la legalidad vigente. Esta actitud dócil habría sido replicada por los miembros de su equipo.

Diego Pardow, coordinador programático del equipo de Boric y parte del equipo económico, declaró en el programa de La RED, Mentiras, Verdaderas, que “hemos analizado preliminarmente con nuestro equipo legal los antecedentes, y no hemos visto vicios legales. se adjudica conforme a lo que ha sido este proceso, al siguiente gobierno le tocaría respetar una decisión que fue hecha en los marcos institucionales”.

Estas declaraciones habrían sido reafirmadas por el coordinador de minería de Boric, Willy Kracht, quién declaró a la revista Pulso que “Postergar o suspender aparentemente está fuera de las bases de la licitación. Las bases, como están redactadas, no dejan espacio para suspender o postergar”

Este “apego a la legalidad” de dos voceros del futuro equipo de Gobierno generaron roces en la militancia de los partidos que conforman Apruebo Dignidad y habrían marcado otro capítulo en la ya tensionada relación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Esto debido a que en la bancada parlamentaria de la futura coalición del Gobierno electo, donde el PC es el partido mayoritario, se habría impuesto la línea, al menos discursivamente, de rechazar la licitación del gobierno presentando un proyecto de ley en el congreso para impedir dicha licitación.

Una acción que no deja de ser testimonial y un saludo a la bandera toda vez que está por iniciar el receso parlamentario y la licitación sería adjudicada este día viernes, 14 de enero. En la misma línea “legal” pero sumándose al sector que exige el rechazo a esta licitación, estaría insistiendo el gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz, perteneciente al mundo de la centroizquierda, al presentar en Contraloría un requerimiento para frenar la concesión del Litio.

Esta situación habría generado un “ajuste” en el discurso pero sin salir de su tono dócil, Boric señaló que también estaría en contra de dicha licitación dado que se aleja de una de sus propuestas de campaña de crear una Empresa Nacional del Litio. Según el equipo de Boric los asesores jurídicos del presidente electo estarían estudiando las bases de la licitación para encontrar algún vicio que les permita anular dicha licitación.

Un saqueo imparable

Actualmente las exportaciones de Litio alcanzan los US$1.000 millones. La cifra si bien está lejos de los US$38 mil millones de envíos del cobre, esto se debe a sobre todo a que es un mineral mucho menos escaso y además porque la mayoría de las reservas estimadas del mineral se encuentran sin explorar ni explotar.

Esta enorme fuente de potenciales ganancias estaría atrayendo a importantes inversionistas de empresas trasnacionales. Este interés en invertir en el desarrollo de la extracción del Litio se encuentra impulsada por la batalla global por proveerse de suministro para fabricar artículos electrónicos, en un contexto de escasez de estos, lo que ha disparado la inflación a nivel mundial y augura nuevas guerras comerciales.

Y mientras las grandes empresas internacionales buscan asegurar sus fuentes de futuras ganancias, el gobierno de Piñera estaría nuevamente entregando al saqueo de las potencias imperialistas los recursos naturales, permitiendo que esas ganancias en vez de garantizar derechos para los trabajadores se convierta en fuente de nuevas miserias, saqueo y destrucción del medioambiente.

Las tensiones en Apruebo Dignidad no dejan de mostrar la impotencia, con diferentes énfasis, de quienes apuestan por que el respeto de la legalidad pinochetista pueda frenar este saqueo de los recursos naturales. Pese a declarar que están por una "Empresa Nacional del Litio" ninguno de los partidos que apoyan a Boric han presentado un plan de acción concreta para detener el saqueo de los recursos naturales ni en los lineamientos del futuro gobierno ni en la convención constitucional y todos han manifestado su interés en no "asustar" a los inversionistas extranjeros.

Martes 11 de enero

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La oposición de Venezuela ganó el simbólico estado de Barinas: razones y consecuencias

Sergio Garrido fue electo gobernador en un bastión del chavismo

Se trató de la reedición de la contienda del 21 de noviembre tras la inhabilitación del candidato Freddy Superlano. Es el estado natal de Hugo Chávez y donde gobernaron su padre y sus dos hermanos. Barinas es también un estado marcado por numerosas dificultades materiales. 

 

La oposición venezolana ganó el domingo la elección a gobernador en el estado Barinas. Su candidato, Sergio Garrido, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), venció a Jorge Arreaza, excanciller y ministro de Industria y Producción Nacional. El primero alcanzó 55.37% del apoyo, contra 41.26% del segundo, más de 13 puntos de diferencia, en una elección de la cual participó el 52.23% del padrón. El tercero, Claudio Fermín, también parte de la oposición, obtuvo el 1.77% de los votos.

El resultado fue reconocido por Arreaza, quien, antes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera el boletín oficial twitteó: “Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo”. Garrido, por su parte, anunció su victoria desde su comando de campaña: “ganó Barinas, ganó Venezuela, ganó la Unidad”, afirmó, acompañado de diferentes dirigentes de la oposición.

La elección en estado llanero de palma y sol fue particularmente importante por varias razones. En primer lugar, se trató de la reedición de la contienda del 21 de noviembre, cuando, luego de que la oposición asomara como vencedora sobre el chavismo por un escaso margen, la Sala Electoral del Tribunal Supremo Justicia declaró que la elección debía repetirse. La razón esgrimida fue la inhabilitación del opositor Freddy Superlano desde el año 2019, una decisión que resultó cuestionada por la oposición, así como por algunas figuras públicas del chavismo.

La historia de los Chávez

La nueva fecha anunciada por el CNE estuvo luego acompañada por denuncias de la inhabilitación de otros candidatos opositores, como Aurora Silva de Superlano, esposa del expostulante, y el candidato del Partido Comunista de Venezuela, Aldemaro Sanoja. En ese contexto tuvo lugar la campaña para una elección en un estado de fuerte carga simbólica por ser el de nacimiento de Hugo Chávez, y por haber sido gobernado por el chavismo durante 23 años seguidos: primero por su padre, Hugo de los Reyes Chávez, luego por su hermano Adán Chávez -actualmente embajador en Cuba-, y finalmente por su otro hermano Argenis Chávez, quien renunció a su intención de ser gobernador luego de la derrota del 21 de noviembre.

Barinas, el pueblo de Sabaneta donde nació y se crío Hugo Chávez, es uno de los puntos fundacionales de la historia del chavismo, parte de su mitología, como, en términos de acontecimientos históricos lo es el caracazo del 27 de febrero de 1989 o el levantamiento del 4 de febrero de 1992 en el cual Chávez apareció en la escena pública. Pero Barinas es también un estado marcado por las numerosas dificultades materiales, de servicios gasolina, gas o luz -como gran parte del país-, así como por las críticas a las gestiones de los gobernadores, algo repetido y conocido desde varios años atrás. Una organización popular chavista, con trabajo en el estado, atribuyó, por ejemplo, la derrota a “una parte, no toda, de la dirigencia, que practica una forma de hacer política autocrática, distanciada de las bases, sin contenido ideológico, meramente asistencialista, que trata al pueblo como reservorio de dádivas”.

Esa situación de desgaste en Barinas fue reconocida implícitamente por Arreaza que levantó la antigua consigna de Chávez, “revisión, rectificación y reimpulso”, en el marco de una campaña que puso al expresidente en el centro, a diferencia de otras apuestas electorales del chavismo que, para el 21 de noviembre, optaron por dejar de lado, o poner en segundo plano, la simbología roja más tradicional. Arreaza apostó a un despliegue de elementos del chavismo, desde la música hasta la espada de Simón Bolívar. “Logramos reconectar con el sentimiento, logramos reconectar con el Chávez que llevamos dentro (…) hubo una desconexión, pero hemos logrado reconectar”, afirmó en una rueda de prensa el día lunes.

Arreaza señaló que se trató por un lado de una “derrota cuantitativa”, pero, por el otro, de una “victoria cualitativa de la revolución bolivariana en un escenario difícil y adverso”. La dimensión cuantitativa fue visible en la diferencia de Garrido y el crecimiento de votos: entre la elección del 21 de noviembre y la del domingo 9 de enero la MUD pasó de 103.809 votos a 172.693, un 66% más, mientras que el chavismo creció de 103.693 a 128.583 votos, es decir un 24% más. Garrido, oriundo de Barinas y militante de Acción Democrática en el sector de Henry Ramos Allup, no era, hasta entonces, un dirigente de gran fuerza o trayectoria reconocida nacionalmente.

El resultado abre diferentes puertas de interpretación y posibles cursos de acción política para cada lado. Por el lado del chavismo, la nueva derrota en Barinas confirma el escenario adverso en el estado de Chávez, que no logró ser revertido aún con un candidato de envergadura nacional y el gran despliegue de fuerzas y recursos. Una pregunta podría ser si ese cuadro es extensible a otros estados del país o no. Si bien visto en términos de mapa el chavismo tiene 19 de las 23 gobernaciones, en las alcaldías ganó en cambio 205 de 322, y, en términos de votos su tendencia es, como se vio en los últimos años, a una disminución. El chavismo, con un núcleo duro y en gran parte organizado, se encuentra ante la pregunta de cómo volver a crecer en un marco de fuerte desgaste político generalizado, donde la división de la oposición no le es, como se vio el domingo, una garantía de victoria.

¿Qué estrategia encarará la oposición?

Del lado de la oposición, el panorama sigue, a pesar de los festejos por Barinas, marcado por la fragmentación y la falta de certeza sobre las estrategias a seguir. El resultado del domingo fue utilizado, por ejemplo, para posicionar en redes sociales la idea del referéndum revocatorio presidencial, cuyo camino podría ser iniciado este año. Sin embargo, esa apuesta no aparece como compartida en las filas de una oposición que puede subdividirse en cerca de cuatro sectores, atravesada por disputas públicas dentro de algunos de ellos, con la figura Juan Guaidó que volvió a ser reconocido como “presidente interino” por Washington, pero que dentro del país se encuentra reducido a una virtualidad por momentos grotesca.

¿Buscará la oposición un proceso de unificación y acumulación de fuerza en el horizonte de las presidenciales del 2024? ¿Intentará antes el revocatorio? ¿Optará nuevamente por un atajo? Las preguntas, que tienen varias de sus respuestas en el departamento de Estado, ocurren en el marco de la que aparece como el freno a la caída económica que se mantuvo desde el 2014, un posible nuevo crecimiento del PIB, con una visible mayor circulación de dinero, dólares, consumo, zonas de opulencia en el este caraqueño, que conviven con las dificultades crónicas de falta de agua, luz, gasolina o gas en numerosas partes del país. 

11 de enero de 2022

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Fuentes: Sin permiso [Crédit Photo Almaas Masood / People’s Archive of Rural India.]

Desde hace más de un año, en uno de los movimientos más largos y masivos que ha conocido el país desde la independencia, los campesinos indios han luchado contra la contrarreforma agraria aprobada por el gobierno nacionalista hindú de Modi en medio de la pandemia. El 19 de noviembre los campesinos consiguieron una enorme victoria al obtener la retirada de las tres leyes impugnadas. En este artículo, escrito sobre el terreno, el periodista y activista P. Sainath, especialista en cuestiones agrarias y autor de una obra de referencia sobre la pobreza rural en India, ofrece su análisis de esta histórica victoria.

Lo que los medios de comunicación nunca podrán admitir abiertamente es que el movimiento democrático y pacífico más importante que ha conocido el mundo en años, sin duda el más grande organizado en el apogeo de la pandemia, ha obtenido una tremenda victoria, una victoria que perpetúa un legado. Agricultores de todas clases, hombres y mujeres, incluidos los de las comunidades adivasi y dalit  [ 1 ], han desempeñado un papel crucial en la lucha de este país por la libertad. Y en este 75 º aniversario de nuestra independencia, los agricultores, a las puertas Delhi, han reavivado el espíritu de esa gran lucha.

El primer ministro Modi ha anunciado que dará marcha atrás y derogará las leyes agrícolas durante la próxima sesión de invierno del Parlamento, que comienza el 29 de este mes [de noviembre de 2021]. Dice que lo hace después de no poder persuadir a «algunos agricultores, a pesar de todos sus esfuerzos». Sólo una parte, tomese nota, no estaba convencida de que estas tres leyes agrícolas desacreditadas fueran realmente buenas para ellos. Ni una palabra sobre, o para, los más de 600 agricultores que han muerto en esta lucha histórica. Su fracaso, lo dice claramente, radica únicamente en su capacidad de persuasión, en el hecho de que no logró convencer a esa «parte de los agricultores» de los méritos de su proyecto.El fracaso no es de las leyes en sí ni de cómo su gobierno las hizo aprobar en medio de una pandemia.

Así que no tenemos más remedio que creer que los partidarios de Khalistan  [ 2 ], los «antinacionales» [ 3 ], Los activistas ocultos que se hacen pasar por agricultores, se han convertido en «parte de los agricultores» que se negaron a dejarse convencer por los aterradores encantos del Sr. Modi. ¿Se negaron a ser persuadido? Pero, ¿cuáles fueron las maneras y los métodos de persuasión empleados? ¿Negarles la entrada a la capital para exponer sus quejas? ¿Bloquearlos con trincheras y alambre de púas? ¿Dispersarlos con cañones de agua? ¿Transformar sus campamentos en pequeños gulags? ¿Asegurarse de que los medios de comunicación coludidos difamen a los campesinos todos los días? ¿Atropellarlos con vehículos, pertenezcan a un ministro del gobierno central o a su hijo? ¿Es esta la idea de persuasión que tiene este gobierno? Si estos son sus «mejores esfuerzos», nos estremece la perspectiva de saber cuales puedan ser los peores.

El Primer Ministro ha realizado al menos siete visitas al extranjero solo este año, la última para la COP26. Pero nunca tuvo tiempo de desplazarse unos kilómetros desde su residencia para visitar, a las puertas de Delhi, a decenas de miles de campesinos cuyos sufrimientos han afectado a tanta gente en todo el país. ¿No habría sido un verdadero esfuerzo de persuasión?

Desde el primer mes de la actual movilización, fui bombardeado con preguntas de los medios que se preguntaban «¿cómo pueden durar tanto?». Los campesinos respondieron a esta pregunta. Pero también saben que su formidable victoria es solo el primer paso. La derogación significa que la bota de las grandes empresas no aplastará el cuello de los agricultores por ahora. Pero aún deben resolverse una serie de otras cuestiones, que van desde el precio mínimo de sostenimiento  [ 4 ] y la contratación pública hasta cuestiones de política económica mucho más amplias.

Los presentadores de televisión nos dicen, como si fuera una revelación asombrosa, que esta retirada del gobierno tiene algo que ver con las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán en cinco estados el próximo mes de febrero.

Estos mismos medios no dijeron nada sobre la trascendencia de los resultados de las elecciones parciales, convocadas el 3 de noviembre, en 29 distritos electorales de las Asambleas [de los estados regionales] y 3 distritos electorales del Parlamento [del estado central]. Lea los editoriales de ese período; vea lo que se analizó en la televisión en ese momento. Hablaban de que los partidos gobernantes generalmente ganaban elecciones parciales, algo de indignación a nivel local, y no solo contra el BJP [el partido de Modi], y cosas así. Pocos editoriales han dicho algo sobre los dos factores que influyen en los resultados de estas encuestas: las protestas campesinas y la mala gestión del Covid-19.

El anuncio de hoy del Sr. Modi muestra que al menos, y finalmente, ha entendido la importancia de estos dos factores. Sabe que ha sufrido enormes derrotas en estados donde el movimiento campesino es fuerte. Estados como Rajasthan e Himachal, pero cuyos medios, que repiten una y otra vez a sus audiencias que todo se desarrolla en Punjab y Haryana, no lo han tenido en cuenta en sus análisis.

Pero, ¿cuándo fue la última vez que vimos al BJP o a una formación de Sangh Parivar  [ 5 ] en tercer y cuarto lugar en dos distritos electorales en Rajasthan? ¿O la paliza que recibieron en Himachal, donde perdieron los tres escaños en la Asamblea y un escaño en el Parlamento?

En Haryana, como denunciaron los manifestantes, «todo el gobierno, desde el CM [Ministro Principal] hasta el DM [Magistrado de Distrito]» estuvo presente para hacer campaña por el BJP. Incluso donde el Congreso presentó estúpidamente un candidato contra Abhay Chautala  [ 6 ], quien había renunciado por la cuestión campesina, incluso donde los ministros del gobierno central estuvieron presentes, el BJP perdió. El candidato del Congreso perdió su respaldo, pero logró reducir un poco el margen de Chautala, que sin embargo ganó por más de 6.000 votos.

En los tres estados, el efecto de las protestas de los agricultores se ha sentido y, a diferencia de los vulgares lacayos  de las grandes empresas, el Primer Ministro lo ha entendido. Combinado con el efecto de las protestas en el oeste de Uttar-Pradesh, a las que se sumaron los espantosos asesinatos de Lakhimpur Kheri  [ 7 ], que tuvieron el efecto de una bala en el pie para su campo, y con elecciones en este estado en tan solo 90 días, ha visto la luz.

En tres meses, el gobierno del BJP tendrá que responder una pregunta, si la oposición tiene suficiente sentido común para plantearla: ¿qué pasó con la promesa de duplicar los ingresos de los agricultores en 2022? La 77a edición de la NSS ( National Sample Survey, 2018-19) muestra una disminución en la participación de los ingresos del cultivo para las mujeres agricultoras; estamos lejos de duplicar los ingresos generales de las mujeres agricultoras. También muestra una disminución absoluta de los ingresos reales de la agricultura.

De hecho, los agricultores han logrado mucho más que su firme exigencia de derogar las leyes agrícolas. Su lucha tuvo una profunda influencia en la política de ese país, al igual que su difícil situación en las elecciones generales de 2004 [que terminaron con la derrota del entonces gobernante BJP].

Este no es en absoluto el final de la crisis agraria. Es el comienzo de una nueva fase en la batalla por los problemas más amplios que plantea esta crisis. Las protestas de los agricultores no son nuevas, y han sido aún más importantes desde 2018, cuando los agricultores adivasi de Maharashtra electrizaron a la nación con su asombrosa marcha desde Nashik a Mumbai, recorriendo 182 kilómetros a pie. Allí también fueron acusados ​​inicialmente de «naxalitas urbanos  [ 8 ]», acusados ​​de no ser «verdaderos agricultores», etc. Su marcha derrotó a sus calumniadores.

El acontecimiento de hoy contiene varias victorias. Una de ellas, y no la menos importante, es que ganaron los campesinos en los medios controlados por los poderes financieros. En la cuestión agrícola (como en tantas otras), estos medios funcionaron como pilas AAA (Amplifying Ambani Adani +  [ 9 ] ).

Entre diciembre de este año y abril del próximo, celebraremos el bicentenario de la creación de dos grandes periódicos (ambos bajo la dirección de Raja Rammohan Roy  [ 10 ]) que se podría decir que marcaron el comienzo de una verdadera prensa india, percibida como tal y propiedad de indios. Uno de ellos – Mirat-ul-Akhbar [Espejo de noticias] – denunció brillantemente a la administración Angrezi (británica)

durante el asesinato de Pratap Narayan Das tras ser condenado al látigo por un juez en Comilla (ahora Chittagong, Bangladesh). El editorial contundente de Roy resultó en el arresto del juez y su juicio por el tribunal más alto entonces.

El gobernador general  [ 11 ] reaccionó aterrorizando a la prensa. Al promulgar una nueva ordenanza draconiana, trató de aplicarla. Negándose a someterse a ella, Roy anunció que cerraba Mirat-ul-Akhbar en lugar de subordinarse a lo que llamó leyes y circunstancias degradantes y humillantes. (Y siguió liderando su lucha en otros periódicos).

Fue un periodismo valiente. No el periodismo de connivencia y capitulación que hemos visto en el tema agrícola. Periodismo realizado con un barniz de «preocupación» por las mujeres campesinas en editoriales sin firmar, mientras las denuncia en las páginas de opinión como unas campesinas adineradas que «exigen socialismo para los ricos».

El Indian Express, el Times of India, casi todos los periódicos, básicamente decían que eran unos chiflados con los que había que hablar amablemente. Los editoriales invariablemente terminaban con este llamamiento: no deroguen estas leyes, son realmente buenas. Lo mismo sucedió con gran parte del resto de los medios de comunicación.

¿Alguna de estas publicaciones le dijo a sus lectores alguna vez -sobre el conflicto entre las mujeres agricultoras y las grandes empresas- que la fortuna personal de Mukesh Ambani (84.5 mil millones de euros según Forbes 2021), se acerca mucho  al PIB del Estado de Punjab ( alrededor de 85,5 mil millones)? ¿Alguna vez dijeron que la riqueza combinada de Ambani y Adani (que alcanzó los $ 50.5 mil millones) es mayor que el PIB de Punjab o Haryana?

O existen circunstancias atenuantes. Ambani es el propietario de medios más grande de la India. Y, en los medios que no le pertenecen, probablemente sea el mayor anunciante. No está prohibido evocar la riqueza de estos dos barones de la industria, pero suele ser, generalmente, en tono de alabanza. Este es el periodismo de los lacayos del capital.

Ya hay rumores de que esta inteligente estrategia, la retirada de las leyes, tendrá un efecto significativo en las próximas elecciones a la Asamblea de Punjab. Amarinder Singh [primer ministro saliente de Punjab y líder local del Partido del Congreso] lo presenta como una victoria que orquestó al dimitir del partido del Congreso y negociar con Modi. Y asegura que cambiará los resultados electorales en esta región.

Pero los cientos de miles de personas en este estado que participaron en esta lucha saben de quién es la victoria. Los corazones de la gente de Punjab están con aquellos que en los campamentos de protesta soportaron uno de los peores inviernos de Delhi en décadas, un verano abrasador, luego el monzón y el trato miserable que les ha dispensado Modi y sus medios de prensa vendidos.

Quizás lo más importante que han logrado los manifestantes es esto: inculcar la resistencia también en otras esferas ante un gobierno que simplemente arroja a sus detractores a la cárcel, los persigue y los acosa. Este gobierno detiene arbitrariamente a ciudadanos, incluidos periodistas, en virtud de la ley UAPA [la ley de «prevención de actividades ilícitas» aprobada en 2019], sanciona a los medios independientes por presuntos «delitos económicos». Hoy no es solo una victoria para los agricultores. Es una victoria en la batalla por las libertades civiles y los derechos humanos. Una victoria para la democracia en India.

11/01/2022

Notas

1 ] El término «adivasi» se refiere a las comunidades tribales del subcontinente indio y el término «dalit» (literalmente «oprimidos») las comunidades designadas como intocables.

2 ] Nota del editor: Khalistán es el nombre del estado que el movimiento separatista sij le gustaría crear en Punjab (región norte de la India).

3 ] Nota del editor: los nacionalistas hindúes utilizan con frecuencia este calificativo para desacreditar cualquier crítica a su política. Esta lista incluye todas las calificaciones utilizadas por estos últimos y más ampliamente por los principales medios de comunicación para descalificar al movimiento campesino.

4 ] Sobre este punto, consulte el artículo: http://www.contretemps.eu/inde-modi-bjp-capitalisme-agrobusiness-mouvement-paysan/

5 ] Nota del editor: Sangh Parivar (literalmente «la familia») se refiere a una nebulosa de organizaciones nacionalistas hindúes. Vea el artículo: https://www.contretemps.eu/catastrophe-indienne-bjp-modi/

6 ] NdT: Abhay Chautala, diputado de un partido regional, ha renunciado a su cargo para retirar su apoyo al BJP y mostrar su solidaridad con el movimiento campesino.

7 ] Nota del editor: en octubre de 2021, durante una protesta de campesinos en el distrito de Lakhimpur Kheri (Uttar Pradesh), una caravana de tres autos volcó y mató a cuatro manifestantes y un periodista; uno de los conductores y dos activistas del BJP fueron muertos por la multitud en represalia. Se cree que dos de los coches pertenecen a uno de los ministros del gobierno central.

8 ] NdT. : El término «naxalita» se refiere a una insurgencia maoísta que comenzó en la década de 1960 contra el gobierno indio, en las zonas rurales. El término «naxalita urbano» es utilizado por los nacionalistas hindúes para desacreditar a sus críticos, especialmente en la esfera intelectual.

9 ] Nota del editor: M. Ambani y G. Adani son dos empresarios indios, muy cercanos al BJP, y que se han aprovechado en gran medida del ascenso al poder de Modi para aumentar su influencia y su fortuna.

10 ] NdT: Reformador de principios del siglo XIX.

11 ] Nota del editor: Durante el período del dominio británico, el gobernador general fue uno de los cargos más importantes de la administración colonial.

Palagummi Sainath es el editor de temas rurales de The Hindu y autor de Everybody Loves a Good Drought: Stories From India’s Poorest Districts.

Texto original: https://lanticapitaliste.org/actualite/international/victoire-historique-des-paysannes-indiennes

Traducción: Enrique García

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/victoria-historica-de-los-campesinos-indios

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La crisis de Kazajistán no es una de las “revolución de colores” made in USA

El 2 de enero, la ciudad obrera de Janaozén volvió a quitar el sueño a la clase gobernante, cuando el presidente Tokaev anunció que iba a duplicar el precio del litro del Gas Natural Licuado (GNL), de 60 tenges a 120 (1 euro equivale a 492,1460 tenges), provocando la mayor crisis de la historia de la República de Kazajistán.

El estallido de protestas populares en el país centroasiático afecta no solo a la población del país y el destino de sus políticos, sino también al resto de los países de Asia Central, considerado por algunas teorías políticas como Heartland "Corazón de la Tierra": quien lo domine controlará el mundo.

Kazajistán en el mapa

"La tierra de los errantes", eso significa Kazajistán, nombre compuesto por el término turco "kaz" «deambulante, nómada» y el sufijo persa de "stán", del verbo indoeuropeo astan-estar, «lugar de hábitat de un pueblo». Antes de formar parte de la Unión Soviética, sus tierras fueron dominadas por tres imperios: persa, mogol y ruso. A mitad de camino, los kazakos se islamizaron y, tras unos 70 años siendo una las repúblicas soviéticas de la URSS, en 1991 por primera vez se convierten en un Estado.

Otros datos claves sobre este país:

- Con sus 2.727.300 kilómetros cuadrados es el noveno país más grande del mundo, el más amplio sin litoral, y siendo de mayoría musulmana (sunnita) es el principal país "musulmán" en cuanto a superficie, aunque el Estado sigue laico y sus musulmanes no son practicantes, al igual que la mayoría de los creyentes del mundo.

- Limita con Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán y el Mar (lago) Caspio.

- Está habitado por solo 18,8 millones de personas, pertenecientes a un centenar de grupos étnicos; el 28% son rusos.

- Hablan una de las lenguas túrquicas, y la escriben en cirílico. Planean adoptar la escritura latina en 2025.

- Cerca del 70% de la población es musulmana sunnita, con minorías chiitas; un 20% se declara cristiana y el resto no creyentes.

- Cuenta con inmensas reservas de petróleo, gas natural, cobre y uranio, siendo el principal productor mundial (el 40%) de la materia radioactiva.

- Alberga el cosmódromo de Baikonur, el más antiguo del mundo (años 50): desde donde fue lanzado el Sputnik 1, y Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova realizaron sus vuelos espaciales.

Por lo que, su ubicación, su petróleo, gas y uranio le convierten en un país de interés para las potencias mundiales.

Kazajistán o Nazarbáyev SL Company

Nur sultán Nazarbáyev (1940) es la encarnación del chaquetismo: fue el presidente de la República Socialista de Kazajistán entre 1984 y 1991, y después él mismo desmanteló el sistema socialista para sustituirlo por un capitalismo tribal de las estepas. De la noche a mañana, se convirtió en Haji, tras una peregrinación a la Meca, y sembró el país de mezquitas, que lejos de ser un lugar de culto es otra herramienta del control social y retén del progreso.

El mandato de Nazarbáyev ha ido acompañado de una corrupción monumental, dura mano contra la oposición de izquierdas y la clase trabajadora y un obsceno culto a su propia personalidad: ha llegado a cambiar el nombre de la capital de Astaná por el suyo: Nur-Sultán, que también luce en la entrada del aeropuerto a pesar de las protestas ciudadanas.

El clan Nazarbáyev controla los negocios del petróleo y gas, el uranio, la construcción, la minería, la banca y las telecomunicaciones, entre otros. La hija mayor de la "familia", Darigha Nazarbaeva, ha sido presidenta del Senado, viceprimera ministra y, junto con su esposo, fundadora del partido Asar, aliado del partido Nur-Otan de su padre, que copan los escaños del parlamento; la benjamina Dinara y su esposo Timur Kulibaev también se llevan una gran parte del pastel, al igual que el nieto del patriarca, Nurali Aliyev, ex teniente de alcalde de Astaná, banquero y propietario de varias compañías, cuya fortuna conocida asciende a 200 millones dólares.

Un país indignado

Nazarbáyev ya se había enfrentado con varias grandes protestas populares: 

- Abril de 2005 y febrero de 2007: huelgas y manifestaciones de los trabajadores del campo de petróleo de Tengiz. Exigían un convenio colectivo, libertad de actividad sindical y un sueldo decente. La petrolera estadounidense Chevron es el mayor productor extranjero de petróleo en Kazajstán con una participación del 50% en la empresa conjunta Tengizchevroil, y una inversión de 45 mil millones de dólares en la industria, en cuya gestión participa el yernísimo Kulibaev. Parte del pastel también se la llevan la estadounidense ExxonMobily y una contratista de la rusa Lukoil. En 2021, según el Movimiento Socialista de Kazajistán, cerca de 40.000 trabajadores perdieron su empleo en la zona y se han planificado más despidos.

- Diciembre de 2011: ciudad petrolífera de Janaozén. Miles de trabajadores que habían declarado una huelga en protesta por las condiciones de trabajo y los salarios ocuparon las calles tras el despido de varios compañeros. El presidente mandó a la policía dispararles: hubo al menos 15 obreros asesinados y cientos de heridos y detenidos.

- Marzo de 2016: masivas protestas por cambiar la Ley de Tierra y subastar 1.7 millones de hectáreas de tierras agrícolas, antes en gran parte colectivas, en un país que aumenta la nostalgia hacia el pasado socialista, al igual que en el resto de Asia Central.

- Febrero de 2019: manifestación de miles de mujeres que exigían una vivienda digna tras el incendio en un piso en Astaná, que mató a 5 niños de una misma familia.

Aunque Nazarbáyev sacrificase al primer ministro Sagintayev, tuvo que dimitir -sin marcharse-, los continuos escándalos de corrupción de su familia le obligaron a renunciar un mes después. Decidió ejercer el poder desde la sombra, y mientras mantenía el control sobre el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y otros órganos del poder clave, designó a su leal amigo y presidente del Senado Kasim-Yomart Tokaev como presidente, tras unas elecciones a su medida.

En 2021: más huelgas de los mineros y de los obreros del petróleo en regiones de Aktobe, Kazajstán Occidental, ahora con Tokaev de presidente, y la misma clase social, obviamente, no iban a cambiar la situación a mejor. Por lo que hoy regresan las protestas, aunque con más fuerza que nunca.

El contrato social entre el poder y los ciudadanos, que consistía en que éstos se mantuvieran al margen de la política a cambio de recibir alguna ayuda en forma de subsidios, se ha roto, debido a la lógica de la codicia ilimitada inherente a la burguesía que gestiona el país, quien busca más ganancias recortando los "gastos" en los servicios imprescindibles para la población.

¿Por qué decidió subir el precio del gas?

- La presión mundial, sobre todo de Europa, de recibir mayor flujo de hidrocarburo y más barato: dentro de la actual crisis energética. Para más inri, México ha anunciado que la compañía petrolera estatal reducirá las exportaciones para elevar el uso interno del petróleo.

- Las compañías multinacionales italianas y francesas, Eni y Total, han firmado contratos con KazMunayGas, de propiedad estatal de Kazajistán, y han realizado grandes inversiones para explotar los hidrocarburos en Abay y en el sector kazajo del Mar Caspio: pretenden recuperar sus inversiones en el menor tiempo posible, vendiendo un gas caro.

- El afán del gobierno de maximizar las ganancias como vendedor del GNL, reduciendo su consumo por los ciudadanos que no sólo lo usan lo como combustible en automóviles, sino que un 20% lo hace también para cocinar o calentarse. Por lo que, en vez de aumentar la producción, el gobierno planeó eliminar el subsidio de hasta el 60% que aplica al gas, y así disuadir a la gente de su consumo sin ofrecerles otra alternativa, ¡encima durante el invierno!

- En los próximos meses está prevista la inauguración de un nuevo complejo petroquímico que requerirá 550.000 toneladas del GNL al año, por lo que el Estado deberá reducir las exportaciones de este combustible hasta el 40%, provocando inquietud  en sus clientes internaciones, desde Europa hasta China y Rusia.

- Padecer una profunda "Enfermedad Holandesa" que sufre como gran exportador de petróleo: la suma de corrupción gubernamental y abandonar el desarrollar de otros segmentos de la economía.

- En vez de invertir en la modernización de la infraestructura obsoleta de la producción de energía de la era Soviética, que además causa la pérdida de parte de la producción, el régimen capitalista decidió recurrir al manual de represión.

¿Por qué la indignación popular?

Debemos tener en cuenta que:

- Un tercio de los automóviles del país funcionan con GNL, y además la gasolina es cara.

- Una subida en los precios de combustibles generará un efecto inflacionario sobre todos los bienes de consumo.

El PIB de Kazajistán (la economía número 53 en el ranking mundial entre 196 países) es de 171 mil millones de dólares, para una población pequeña: sí, el país es uno de los más ricos del mundo. ¿A dónde va la fortuna creada?

Antes de que Tokaev mandase a disparar a los manifestantes y cuando aún había alguna posibilidad de llegar a un pacto, la demanda de los indignados, que carecen de organización y líderes, era:

- Un cambio real en el poder.

- Elección directa de los gobernadores que son designados por el presidente.

- Restablecer la Constitución de 1993 que limitaba las facultades del jefe del ejecutivo.

- Dejar de perseguir a los opositores y activistas sociales.

Los 400 mineros de Armlormital Temirtau que se han unido a la huelga general en la industria minera exigen también una subida salarial, bajar la edad de jubilación y tener derechos sindicales y huelgas.

La metamorfosis instantánea del presidente

La ira ciudadana y su magnitud cogió por sorpresa a Tokaev, por lo que, en menos de una semana, cambió varias veces de posición:

- El primer día prometió acelerar las reformas sociales y ampliar las libertades políticas. El segundo, dio marcha atrás en la subida del precio de carburantes, culpó a sus ministros por la medida, disolvió el gabinete y apartó al odiado Nazarbáyev del CSN. Al ver que la gente se negaba a creer al presidente "marioneta" de la familia Nazarbáyev, el tercer día declaró el estado de emergencia y, para desacreditar a los manifestantes y justificar la represión, insultó a la inteligencia de los trabajadores y usó el desgastado mantra de la clase burguesa mundial acorralada y sin imaginación, tachándoles de estar manipulados por los "terroristas a sueldo de extranjero", como si fueran tontos, además de vendepatrias. Presentó como intento de golpe de Estado el lanzamiento de unos cócteles molotov al ayuntamiento, el derribo de una estatua (¡de una docena!) del sultán Nazarbáyev y la irrupción de unos cientos de manifestantes en el aeropuerto de Almaty, que horas después fueron desalojados sin más. Una chiquillada para ser un golpe de Estado, que requiere un complot de generales, tanques en las calles, asaltar los medios de comunicación, etc.

La conciencia a su incapacidad de controlar y gestionar la situación, y la desconfianza hacia la lealtad de las fuerzas armadas kazakas, por si se negaban a disparar al pueblo, fueron parte de los motivos del presidente a solicitar la ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) para rescatarle.

El Kremlin, que inicialmente había calificado las protestas como un "problema interno", aceptó enviar las "Fuerzas de mantenimiento de la paz":

  1. ¿Acaso cree que hay una guerra con una potencia extranjera?
  2. Si se trata, del "terrorismo internacional", como afirma Tokaev, ¿de qué "paz" habla entonces?
  3. Se pensaba que esta fuerza se había formado para defender a las naciones miembros del Tratado de una agresión de la OTAN, que no para aplastar a los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho de levantarse contra sus sin vergüenzas autócratas. Ahora, la rabia de los manifestantes se ha dirigido hacia Rusia.

Una cosa es vigilar a EEUU, que intenta arrastrar a Rusia y China a una guerra, y la entrega de Kabul a los Talibán, el acuerdo de Aukus y las provocaciones en Ucrania sólo han sido parte de su estrategia, y otra perder el norte y caer en su trampa: nada beneficia más a EEUU y sus socios que ver cómo, sin disparar una sola bala, sus rivales cavan su propia tumba.

En este escenario gris no podía faltar Tayyab Erdogan, garbanzo que se mete en todo tipo de sopa -como se dice en persa-, el padre del "nacionalislamismo" de Turquía, país miembro de la OTAN: ha ofrecido a su homólogo kazako "proporcionarle cualquier asistencia que necesite". Erdogan ha lanzado un ambicioso proyecto de "unificación del mundo turco" que incluye a Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, para contener la influencia rusa y china en Asia central y en Cáucaso.

Las amistades de Astaná

Kazajistán tiene una política exterior multilateral: además de ser miembro de OTSC, es también socio de la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Beijing y Moscú. Provee el 5% de las importaciones de GNL de China, mientras participa en la mega Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Miles de uigures viven en Kazajistán, al igual que una importante minoría kazaja habita la provincia china de Sinkiang.

En cuanto a Rusia, Astaná le sigue alquilando el cosmódromo de Baikonur y le vende GNL. Kazajistán se abstuvo en la votación del 2014 de la Asamblea General de la ONU, que aprobó una resolución para invalidar el referéndum en Crimea para integrarse a Rusia, y durante sus dos años en el Consejo de Seguridad (2017-2018), votó en numerosas ocasiones en oposición o no alineación con Rusia, incluso cuando presentó una condena a los ataques aéreos estadounidenses sobre Siria.

Astaná tiene buenas relaciones con EEUU y las utiliza para contrarrestar la influencia de sus dos vecinos gigantes en el país: aceptó los 240 millones de dólares de EEUU en asistencia a cambio de eliminar sus armas nucleares, cooperó con Washington en el Afganistán ocupado, y recibió en 2020 al secretario de Estado Mike Pompeo, que iba tantear la posibilidad de una base militar en este costado de China y Rusia.

***

Si continúan las huelgas y manifestaciones y se interrumpe el suministro de GNL desde Kazakstán al mercado europeo y sureste asiático, la represión aumentará. En cuanto al uranio, su precio subió en el mercado a 45,50 dólares por libra, aunque los clientes no muestran nerviosismo: suelen tener una reserva para los próximos 10 años, y la empresa estatal kazaka Kazatomprom y la francesa Orano siguen explotando las minas del país, ubicadas lejos de las principales ciudades.

Los manifestantes no están organizados, ni tienen líderes. El Partido Comunista, que cuenta con alrededor de 70.000 miembros y simpatizantes clandestinos, es ilegal. Por otro lado, es dudoso que Tokayev tenga la capacidad de gestionar esta profunda crisis:  Un panorama bastante inquietante y complejo.

Y una lección desde Kazajistán: dividir el mundo en "Oriente" y "Occidente" o "Norte" y "Sur" es una cortina de humo, en el análisis político, que oculta los problemas compartidos por las clases trabajadoras del mundo, y también la alianza de sus líderes (a pesar de sus discrepancias y rivalidades) cuando se trata de salvar el sistema capitalista, aunque unos se declaren "antiestadounidenses" y otros "antirrusos" en falsos bloques .


Aumenta a 164 la cifra de muertos por los disturbios en Kazajistán

El gobierno reconoce nuevo parte policial en el que se multiplica el número de fallecidos y detenidos

Afp

Kazajistán. Los disturbios en Kazajistán causaron 164 muertes y unos 2 mil heridos, en tanto las autoridades anunciaron ayer haber arrestado a casi 6 mil personas vinculadas a estas sangrientas revueltas que han sacudido durante toda la semana al país más grande de Asia central.

Las cifras no pudieron ser confirmadas por una fuente independiente, pero 103 de las muertes se registraron en Almaty, capital económica, informaron varios medios, citando al Ministerio de Salud.

Fuentes oficiales indicaron que murieron 26 "delincuentes armados" y 16 miembros de las fuerzas de seguridad.

En total, unas 5 mil 800 personas fueron detenidas, "entre las cuales hay muchos extranjeros", durante 125 investigaciones distintas, señaló en un comunicado la presidencia kazaja, sin brindar más detalles.

"La situación se ha estabilizado en todo el país", pese a que las fuerzas de seguridad continúan realizando operativos de "limpieza", añadió la fuente, tras una reunión de crisis convocada por el presidente, Kassym Jomart Tokayev.

Adicionalmente las tropas de un contingente multinacional de la organización del tratado de seguridad colectiva (OTSC), dirigida por Rusia, vigilan instalaciones clave.

Kazajistán, un país con 19 millones de habitantes, rico en hidrocarburos, se vio sacudido por disturbios sin precedentes desde su independencia, en 1989, cuando murieron decenas de personas.

La protesta comenzó el domingo pasado en provincias a causa del aumento de los precios del gas, para extenderse a las grandes ciudades, incluida Almaty, donde estallaron disturbios a los que la policía respondió con balas reales contra los manifestantes.

De acuerdo con el Ministerio del Interior kazajo, citado ayer por la prensa local, los daños materiales fueron estimados en unos 199 millones de dólares. Más de 100 empresas y bancos fueron saqueados y unos 400 vehículos destruidos.

El sábado, fue arrestado el exdirector de los servicios de inteligencia, Karim Massimov, primera figura importante detenida, por sospechas de "alta traición".

Rechazando todo diálogo con los manifestantes, Tokayev autorizó el viernes a las fuerzas de seguridad a "disparar a matar".

Almaty retornó a una calma relativa en los últimos días, y allí agentes de policía disparan tiros al aire para evitar que sus habitantes se aproximaran a la plaza central de la ciudad, constató el sábado un periodista de la Afp.

Señal del tímido regreso a la normalidad, unos 30 supermercados reabrieron ayer para evitar la inquietud de la población sobre una posible escasez, informaron los medios.

En estos días, se veían largas colas de vehículos en las estaciones de servicio de combustible. En Almaty quedan cicatrices de los recientes días de violencia, con fachadas de edificios ennegrecidas por el fuego, y automóviles calcinados bloqueando las calles. El aeropuerto local, que debería reabrir el lunes, permanecerá cerrado "hasta una estabilización de la situación", indicaron ayer las autoridades.

Además del aumento del costo de vida, la figura del ex presidente Nazarbayev, quien gobernó con mano de hierro desde 1989 hasta 2019, se encuentra en el meollo de la cólera de los manifestantes.

Su portavoz, Aidos Ukibai, negó nuevamente que Nazarbayev hubiera abandonado el país, asegurando que apoya a Tokayev.

En el marco de rumores sobre una lucha por el poder, también comentó que Tokayev cedió voluntariamente a Nazarbayev el liderazgo del Consejo de Seguridad Nacional, luego del anuncio de que tomaría las riendas del país.

Además, la crisis kazaja ha provocado más tensiones entre Rusia y Estados Unidos, en un contexto de relaciones difíciles entre ambas potencias. La OTSC se reunirá el lunes por videoconferencia para evaluar la situación en Kazajistán.

 

Tomado del diario La Jornada

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El candidato opositor a la Gobernación de Barinas, Sergio Garrido, muestra la bandera del estado durante una rueda de prensa. Garrido se reconoció este domingo como ganador de la repetición de los comicios.

El triunfo en Barinas en un segundo intento fortalece a los opositores de cara a las presidenciales de 2024 o un posible revocatorio a Maduro, que algunos sectores promueven para este año

 

La oposición venezolana volvió a ganar en el estado de Barinas. El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, resultó electo gobernador en la repetición de los comicios que ordenó el Tribunal Supremo tras anular la victoria del opositor Freddy Superlano en las regionales del pasado 21 de noviembre, una juagada que le ha salido mal al chavismo. El triunfo lo obtuvo con 57,6% de los votos, una ventaja de 16 puntos y una participación de más de la mitad del electorado, según el escueto reporte que dio el Consejo Nacional Electoral.

El resultado se conoció inicialmente por la declaración del perdedor Jorge Arreaza, exyerno de Hugo Chávez que fue promovido por el Gobierno. “Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios”, escribió en un tuit pasadas las 10 de la noche, cuando el CNE todavía no anunciaba los resultados.

Luego del reconocimiento de Arreaza, Sergio Garrido y Freddy Superlano dieron una conferencia de prensa en la que confirmaron su victoria. “Barinas ha dado un ejemplo de cómo podemos salir de los obstáculos en unidad”, dijo Superlano, quien asumió como jefe de breve campaña luego de que le despojaran el triunfo en noviembre y lo inhabilitaran.

La oposición venezolana logra una importante victoria, frente al apabullante poder del chavismo. No solo ha puesto fin a la dinastía de los Chávez, que gobernaban el Estado desde hace 20 años, sino que también ha desafiado al Gobierno en todas sus maniobras para intentar torcer los resultados que comenzaron con la anulación de la victoria de Superlano. Sergio Garrido ganó contra todo el derroche de recursos del Estado dirigido por varios ministros de Nicolás Maduro, que se instalaron en Barinas para empujar a su candidato. Las nuevas elecciones se celebraron un enorme despliegue militar y policial de más de 25 mil funcionarios para poco menos de mil mesas de votación, que fue considerado una intimidación. El chavismo repartió neveras y electrodomésticos y abasteció a la región con la gasolina y el gas que escasean en todo el país.

Barinas se suma a Zulia, Guárico y Nueva Esparta entre las gobernaciones ganadas por la oposición, más un tercio de las alcaldías. La elección en Barinas se convirtió en un objetivo común para la oposición, en medio divergencias en la plataforma de apoyos al liderazgo de Juan Guaidó. Dirigentes nacionales de distintos partidos opositores se sumaron a la campaña de Garrido.

Ahora el resultado sirve de base para un cambio de dirección en la estrategia opositora, debilitada por sus fracasos en la búsqueda de una transición política en Venezuela y desdibujada por abstenerse en los comicios de los últimos años. El triunfo de Barinas en un segundo intento los fortalece de cara al escenario electoral de las presidenciales de 2024 o un posible revocatorio a Maduro que algunos sectores promueven para este año.

Caracas - 09 ene 2022

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La nueva Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada ayer en el Congreso colombiano luego de las protestas (en la imagen) contra el gobierno del presidente Iván Duque, que comenzaron en abril pasado. Foto Ap

Sólo falta la firma de Duque para convertirse en ley

La nueva norma viola el derecho a la vida y a la movilización social, denuncia senador de la oposición

 

Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, autoriza la "fuerza letal" en legítima defensa para repeler una incursión violenta a una vivienda o vehículo, en lo que sectores de la oposición consideran que afectará el derecho a la movilización social.

La nueva norma fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año –comenzaron el 28 de abril– contra una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza de la policía que dejaron más de 40 muertos y 3 mil heridos.

Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la "ley de seguridad ciudadana", como fue bautizada por el gobierno del presidente Iván Duque, que la promovió como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para "contrarrestar la delincuencia en las ciudades" y regular las armas "menos letales".

Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que "viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución", como el derecho a la vida y a la movilización social, explicó el senador Iván Cepeda durante la plenaria.

El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma a la que sólo le resta la firma de Duque para convertirse en ley. "Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano y autoriza a disparar a los jóvenes y a los indígenas", advirtió Barreras.

La iniciativa aumenta las penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad usadas durante las protestas, en particular por los integrantes de la llamada "primera línea" que se ponían como escudos humanos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Incluye también la "legítima defensa privilegiada" para particulares que se podrá ejercer cuando un "extraño" use "maniobras o mediante violencia penetre o permanezca de manera arbitraria" en lugares privados o vehículos. "La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno", aclara el proyecto de ley aprobado

Festeja el gobierno

El gobierno celebró la medida. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó en un comunicado que es "garantista" de los derechos y libertades de los ciudadanos y a la vez "implacable" con la delincuencia.

Su par del Interior, Daniel Palacios, resaltó que la ley aumenta las condenas para quienes asesinen a periodistas, elementos de la fuerza pública y defensores de derechos humanos, uno de los principales problemas del país.

Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el estallido social, de 46 muertes que la organización pudo comprobar en las manifestaciones, al menos 28 fueron cometidas presuntamente por policías.

Por lo pronto, 28 congresistas de los opositores Polo Democrático Alternativo, Partido Verde y Comunes enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguran que la nueva ley de Seguridad Ciudadana es un "incumplimiento" a sus recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el contexto de las protestas antigubernamentales de este año.

"El articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social", señalaron, y destacaron que el punto de la "legítima defensa privilegiada" prescinde de responsabilidad penal a quienes la ejerzan y "fortalece acciones de autodefensa".

“La ley crea el delito de obstrucción a la función pública, al señalar que quien mediante violencia o ‘cualquier forma de coacción o intimidación obstruya, impida o dificulte la realización de cualquier función pública’, recibirá una pena de 36 a 60 meses. La condena aumentará cuando se obstruya o impida una orden de captura o procedimientos militares o de policía”, señalaron los opositores en el documento.

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